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Document 52006AE1367

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad y por el que se modifica la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas COM(2006) 382 final — 2006/0133 (COD)

OJ C 324, 30.12.2006, p. 42–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 324/42


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad y por el que se modifica la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas»

COM(2006) 382 final — 2006/0133 (COD)

(2006/C 324/19)

El 4 de septiembre de 2006, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

El 12 de septiembre de 2006, la Mesa del Comité Económico y Social Europeo encargó a la Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información la preparación de los trabajos en este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos, en su 430o Pleno del 26 de octubre de 2006 ), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado ponente general al Sr. HERNÁNDEZ BATALLER y ha aprobado por 131 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El Comité comparte los criterios de la Comisión que, ante los elevados precios que tienen que abonar los usuarios por el servicio de «itinerancia internacional» en sus teléfonos móviles, ha presentado una propuesta de Reglamento que propone establecer una base jurídica armonizada para establecer unas medidas que faciliten la realización del mercado interior de las comunicaciones electrónicas, y a la vez colocan a los ciudadanos en el centro de la política comunitaria.

1.2

La propuesta resulta necesaria, proporcionada y eleva el nivel de protección de los consumidores, en concreto incrementando su derecho de acceso a la información con las medidas de transparencia y protegiendo sus intereses económicos con el establecimiento de un mecanismo de los límites máximos de salvaguardia para los precios aplicables a la prestación de servicios de itinerancia en llamadas vocales entre Estados miembros, tanto a nivel minorista como mayorista.

1.3

El Comité prefiere que, en la revisión del funcionamiento del Reglamento, la Comisión fundamente sus ulteriores propuestas basándolas en la orientación de los principios de «el que llama paga» («calling party pays») y de que los precios del abonado de itinerancia sean similares a los que le aplica su operador de origen («home pricing principle»).

2.   Introducción

2.1

La progresiva movilidad de los ciudadanos europeos más allá de sus respectivas fronteras nacionales y, muy especialmente, dentro del ámbito de la UE, ha generado también una creciente necesidad de garantizar las comunicaciones telefónicas a través de los cada vez más extendidos terminales móviles. Se denomina «itinerancia», en este contexto, a la posibilidad de que un usuario pueda efectuar y recibir llamadas cuando se desplaza al extranjero, gracias al acuerdo entre los operadores de los diferentes países.

2.1.1

Se trata, por tanto, de servicios prestados por un operador de redes móviles nacional (red visitada) a un operador de redes móviles de otro país (red base). El mercado, en general, se encuentra integrado por los siguientes servicios:

servicio a operadores móviles de otro Estado miembro o de un tercer Estado de acceso desde una ubicación móvil;

servicio a operadores móviles de otro Estado miembro o de un tercer Estado de originación de llamadas telefónicas desde una ubicación móvil;

servicio a operadores móviles dentro de un Estado miembro o de un tercer Estado de originación de tráfico de datos desde una ubicación móvil;

servicio a operadores móviles dentro de un Estado miembro o de un tercer Estado de transporte tanto de llamadas telefónicas como de tráfico de datos, con destino a usuarios de redes móviles o fijas, nacionales o internacionales.

2.1.2

Se calcula que casi 150 millones de ciudadanos europeos utilizan ya ese servicio, bien sea con motivo de sus desplazamientos turísticos o, en mucha mayor medida (en torno a las tres cuartas partes del total), en el marco de su actividad profesional.

2.2

La itinerancia aporta sin duda indudables beneficios desde el punto de vista económico y social a los ciudadanos, pero también viene suscitando reiteradas críticas por parte de usuarios, organizaciones de consumidores, autoridades reguladoras y responsables políticos a causa de sus tarifas, muy superiores a las que se abonan por las llamadas nacionales. Las críticas consideran que el precio de la itinerancia es además poco transparente para el cliente final; no está justificado si se atiende a los costes subyacentes de la prestación del servicio, y presenta grandes diferencias entre países y operadores: grosso modo, ese precio oscila entre los 0,20 euros pagados por un usuario finlandés que llame a su país desde Suecia y los 13,05 euros de la llamada de un usuario maltés que se encuentra en Letonia. Según diferentes estudios sectoriales, las compañías telefónicas ingresan unos 8.5 000 millones de euros anuales en toda la UE por este servicio, cifra que puede suponer entre un 3 % y un 7 % de su volumen de negocios y que evoluciona al alza.

2.3

La preocupación de la Comisión por las elevadas tarifas de itinerancia aplicadas a los clientes de la telefonía móvil que se desplazan por Europa viene manifestándose, a través de diferentes iniciativas, desde finales de la pasada década:

A mediados de 1999 la Comisión decidió llevar a cabo una investigación sectorial sobre los servicios de itinerancia nacional e internacional, incoando procedimientos por infracción a algunos operadores móviles del Reino Unido y Alemania.

Tras establecer en 2002 el marco regulador europeo de las comunicaciones electrónicas (1), la Recomendación de la Comisión, de 11 de febrero de 2003 (2), sobre mercados de productos y servicios pertinentes dentro del sector de las comunicaciones electrónicas incluyó el mercado nacional al por mayor de la itinerancia internacional en redes públicas de telefonía móvil entre esos servicios pertinentes a efectos de su regulación ex ante.

En mayo de 2005 el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas (3) señaló que las tarifas al por menor eran muy elevadas sin que ello estuviera claramente justificado; que esta situación parecía deberse tanto a las elevadas tarifas al por mayor percibidas por el operador de red extranjero como, en muchos casos, a los elevados márgenes al por menor aplicados por el operador de red del propio cliente; que las reducciones de las tarifas al por mayor no se traducían a menudo en las consiguientes reducciones de las tarifas al por menor, y que los consumidores carecían a menudo de información clara sobre las tarifas de la itinerancia.

En octubre de 2005 la Comisión llamó la atención sobre el problema de las elevadas tarifas de la itinerancia internacional y sobre la falta de transparencia de los precios poniendo en marcha una página electrónica de información al consumidor que no sólo confirmaba que las tarifas eran en muchos casos manifiestamente excesivas, sino que mostraba una diversidad de precios en la Comunidad imposible de justificar, ya que las llamadas poseían las mismas características.

El Parlamento Europeo, en Resolución de 1 de diciembre de 2005 sobre la regulación y los mercados de comunicaciones electrónicas en Europa en 2004 (4), se felicitó de la iniciativa de la Comisión a favor de la transparencia en el sector de la itinerancia internacional, solicitándole la elaboración de nuevas iniciativas encaminadas a reducir los elevados costes del tráfico transfronterizo de telefonía móvil.

En diciembre 2005, el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas comunicó a la Comisión Europea su temor de que las medidas que estaban adoptando las autoridades nacionales no resolvieran el problema de los precios, señalando que la itinerancia constituía un caso manifiestamente excepcional de perjuicio al consumidor que no quedaba resuelto tampoco por la mera aplicación del mencionado marco regulador europeo.

En marzo de 2006, el Consejo Europeo dejó constancia de la importancia que tenía para la competitividad la reducción de las tarifas de itinerancia, en el contexto de la necesidad de unas políticas sobre la tecnología de la información y la comunicación (TIC) selectivas, efectivas e integradas tanto a nivel nacional como europeo para poder conseguir los objetivos del crecimiento económico y productividad fijados en la relanzada estrategia de Lisboa (5).

2.4

A pesar del claro diagnóstico de las críticas, de las iniciativas de las instituciones europeas, de las medidas adoptadas por algunos Estados miembros e incluso de la reducción de tarifas llevada a cabo por ciertos operadores, hasta el momento no ha sido posible adoptar medidas eficaces y rápidas destinadas a conseguir una reducción sustancial y armonizada de los precios de la itinerancia en la UE.

2.5

Finalmente, tras examinar diferentes opciones reguladoras y sus consecuencias, la Comisión presentó el pasado 12 de julio una propuesta de Reglamento relativa a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la UE que busca limitar el precio que los operadores pueden cobrarse mutuamente por gestionar las llamadas a través de teléfono móvil, así como el precio que se carga al usuario por realizar y recibir dichas llamadas fuera de su país de origen, aunque dentro de la Unión Europea. Este Reglamento vendría a modificar el actual marco regulador de las comunicaciones electrónicas, establecido por la Directiva 2002/21/CE.

3.   Propuesta de la Comisión

3.1

Con el Reglamento propuesto, la Comisión pretende establecer una base jurídica armonizada, objetiva, coherente y proporcionada que facilite la realización del mercado interior de las comunicaciones electrónicas; que se ajuste a la estrategia de Lisboa relanzada para el fomento del crecimiento y el empleo a través de una mayor competitividad, y que responda a la iniciativa asociada de la Comisión i-2010.

3.2

Esta base permitiría fijar unas tarifas máximas por minuto aplicables por los operadores de redes móviles terrenales de la Comunidad Europea a la prestación de servicios de itinerancia en llamadas vocales entre Estados miembros, tanto en el caso de las tarifas al por mayor entre operadores de redes como en el de las tarifas al por menor del proveedor de origen. Los límites máximos de los precios habrán de tener en cuenta los distintos elementos que intervienen en la realización de una llamada en itinerancia internacional (incluidos los gastos generales, la señalización y el inicio, tránsito y terminación de la llamada) y las diferencias en los costes subyacentes de la prestación del servicio.

3.3

De acuerdo con el denominado «enfoque del mercado doméstico europeo», se busca garantizar un elevado nivel de protección de los usuarios de las redes públicas de telefonía móvil que se desplazan por la Comunidad, al tiempo que se salvaguarda la competencia entre operadores móviles, permitiéndoles diferenciar sus ofertas y adaptar sus estructuras de precios a las condiciones del mercado y a las preferencias de los consumidores.

3.4

Desde el punto de vista tarifario, las limitaciones de precios quedan establecidas del modo siguiente:

Los precios al por mayor en el caso de las llamadas efectuadas a un destino situado en el interior del país visitado no podrán superar el doble de la tasa de terminación en móvil media en la Comunidad calculada para los operadores de redes móviles que han sido designados como poseedores de peso significativo en el mercado. La tasa de terminación en móvil media se considera un patrón fiable dado que estas tarifas de terminación están ya sometidas a supervisión reglamentaria de conformidad con el marco regulador de las comunicaciones electrónicas de 2002, y deben determinarse aplicando el principio de orientación por los costes.

Cuando se trate de llamadas desde el país visitado al país de origen o a un tercer país comunitario, el precio no podrá superar el triple de la tasa media arriba indicada.

A nivel minorista, para las mismas categorías de llamadas itinerantes el límite se establece en el 130 % del límite aplicable a nivel mayorista, sin incluir el IVA pero sí todos los elementos fijos asociados al suministro de llamadas itinerantes reguladas, tales como los cargos por establecimiento de llamadas o las tasas por adhesión. Los límites de precios previstos en relación con las tarifas al por menor para la realización de llamadas itinerantes reguladas surtirán efecto jurídico a los seis meses de la entrada en vigor de la medida propuesta, con el fin de que los proveedores del servicio puedan llevar a cabo las adaptaciones necesarias.

La propuesta prevé también un límite del 130 % de la tasa de terminación en móvil media para las tarifas que paguen los clientes itinerantes por la recepción de llamadas cuando se encuentran en un país comunitario distinto del de origen, sin incluir el IVA pero sí todos los elementos fijos asociados al suministro de llamadas itinerantes reguladas, tales como los cargos únicos o las tasas por adhesión.

3.5

La propuesta de Reglamento se ocupa también de la necesidad de transparencia en los precios, imponiendo a los proveedores móviles la obligación de facilitar información personalizada sobre las tarifas de itinerancia al por menor a sus clientes itinerantes, previa solicitud por su parte. La información será gratuita, y los clientes podrán optar por recibir esa información mediante un mensaje corto SMS o verbalmente a través de su teléfono móvil. Además, los proveedores móviles están obligados a facilitar información sobre las tarifas de itinerancia cuando se obtiene un abono, con carácter periódico y en caso de producirse modificaciones importantes de las mismas.

3.6

Las exigencias en materia de precios de la propuesta de Reglamento deben aplicarse con independencia de si los clientes itinerantes tienen un contrato de prepago o de pospago con su proveedor de origen, a fin de garantizar que todos los usuarios de la telefonía vocal móvil puedan beneficiarse de sus disposiciones.

3.7

La propuesta de Reglamento confiere a las autoridades nacionales de regulación las competencias necesarias para garantizar su observancia de acuerdo con sus funciones actuales al amparo del marco comunitario regulador de las comunicaciones electrónicas. Además de ser las que informan de la tasa media de terminación en móvil, que publicará periódicamente la Comisión, se les asigna la tarea de llevar a cabo un seguimiento de la evolución de los precios al por mayor y al por menor referidos a la prestación de servicios de comunicaciones de voz y datos, incluidos el servicio de mensajes cortos SMS y el servicio de mensajes multimedia MMS, a los clientes itinerantes dentro de la Comunidad, en particular en las regiones ultraperiféricas, tanto para valorar la viabilidad e recuperación de costes por parte de los operadores como para aplicar, en su caso, las sanciones derivadas del incumplimiento del Reglamento.

3.8

Las medidas necesarias para la aplicación de la propuesta de Reglamento deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (6). El período establecido en al artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE será de tres meses. La Comisión estará asistida por el Comité de comunicaciones creado por el artículo 22 de la Directiva 2002/21/CE.

3.9

La propuesta prevé la revisión del Reglamento a los dos años. Esto significa que, si en ese momento la evolución del mercado hace innecesario el Reglamento, la Comisión estudiará la posibilidad de proponer su derogación, en consonancia con el principio de legislar mejor.

4.   Observaciones generales

4.1

El Comité reconoce el esfuerzo realizado por la Comisión para establecer una base jurídica que permita adoptar medidas eficaces encaminadas a la reducción de tarifas de los servicios de itinerancia en la telefonía vocal móviles Europa. Debe tenerse en cuenta que la Comisión estima hasta en un 70 % la reducción del precio de las tarifas por itinerancia, con un ahorro para los consumidores de en torno a 5 000 millones de euros.

4.1.1

El Comité considera que la medida propuesta conlleva un elevado nivel de protección de los consumidores, por una parte, de sus intereses económicos al reducir los costes de la itinerancia, y por otra, incrementando la transparencia en los precios al promover el derecho de acceso a la información de los usuarios, por lo que comparte los criterios que han llevado a la Comisión a presentar esta propuesta y la apoya.

4.2

El Comité es consciente también de la dificultad de consensuar estas medidas de abaratamiento de la itinerancia, teniendo en cuenta las reticencias de determinadas autoridades reguladoras y de los propios operadores. En general, se ha criticado que la iniciativa de la Comisión va demasiado lejos en sus medidas reguladoras; que no se ha consultado suficientemente con los agentes implicados; que se aplica de forma muy inmediata o perentoria, sin dar a las empresas capacidad de adaptarse; que debería darse a estas empresas oportunidad de autorregularse; que podría haberse actuado sobre los precios minoristas, pero no sobre las tarifas al por mayor; que dicha iniciativa puede perjudicar especialmente a los operadores de aquellos países especialmente receptores de visitantes, o que puede tener el efecto perverso de generar un incremento en el precio de otros servicios de telecomunicaciones y poner en cuestión futuras necesidades de inversión para el desarrollo de las comunicaciones electrónicas (3G, banda ancha, etc.).

4.3

Frente a ello, cabe señalar que los ingresos de los operadores de telefonía son muy elevados, por lo que incluso con esta reducción en las tarifas de itinerancia su viabilidad económica está asegurada, como los propios estudios sectoriales provenientes de la oferta reconocen.

4.3.1

En cuanto a la vía adecuada para la regulación, y aun reconociendo el esfuerzo de bajada de precios por itinerancia que han llevado a cabo ciertos operadores, la experiencia demuestra que esas iniciativas no garantizan ni el ritmo ni la armonización adecuada que la solución del problema exige.

4.3.2

Considera el Comité que la adopción de un reglamento resulta necesaria, ya que puede ser aplicado directamente por los Estados miembros, siendo una medida preferible — en este supuesto — a la mera autorregulación del mercado y a las medidas que puedan adoptar los propios Estados miembros, dado el carácter transnacional de la itinerancia, por tratarse de un problema transfronterizo ante el que las autoridades reguladoras nacionales no pueden actuar.

4.4

Por otra parte, la posibilidad futura de crear operadores virtuales advierte sobre los peligros de adoptar decisiones diferentes para unos u otros territorios de la UE, que sí podrían comprometer el desarrollo global de las comunicaciones electrónicas en el conjunto europeo.

4.5

Junto a todo lo anterior, el CESE lamenta que las medidas de la Comisión para acabar con el cobro abusivo de ese servicio por parte de las compañías ha quedado finalmente muy por debajo de lo esperado por los usuarios, y por debajo también de las propias medidas que la propia Comisión pensaba inicialmente adoptar.

4.6

El Comité considera que el objetivo hacia el que debe tenderse es la eliminación de las diferencias de tarifas entre Estados miembros asociadas a la itinerancia, sin menoscabo de la competencia que pueda establecerse entre las ofertas de los diferentes operadores. Es decir, que los clientes paguen el mismo precio que en el país de origen independientemente de dónde se encuentren (enfoque denominado «home pricing principle»). Y con esta propuesta de Reglamento no se consigue dicho objetivo de equiparación de los precios domésticos y los de itinerancia, a pesar de la reducción de tarifas.

4.7

En cuanto al pago por parte del cliente itinerante de las llamadas recibidas, la propuesta de reglamento establece limitaciones de precio a dicho pago, pero no acaba con el mismo tal y como vienen reclamado desde hace largo tiempo empresas usuarias y consumidores, y como inicialmente se planteó la Comisión. El Comité considera más pertinente que en el futuro se tienda a la implantación del principio de «el que llama paga» («calling party pays»), por resultar más equitativo.

4.8

El CESE lamenta que la Comisión no haya evaluado las consecuencias sociales sobre el empleo que la adopción de esta medida pueda tener, y espera que su aplicación no comporte ninguna merma ni en el empleo ni en las condiciones de trabajo del sector, sino que más bien al contrario, se puedan mantener las expectativas creadas por la Agenda Social Europea (7).

4.8.1

El retraso de seis meses para la entrada en vigor de la limitación de tarifas al por menor, es decir, las que pagan los consumidores finales, se considera excesivo por parte del Comité, teniendo en cuenta la fácil adaptación de los operadores a la nueva situación, y debería suprimirse.

4.8.2

Sin embargo, se considera más razonable la posibilidad de insertar en la propuesta de Reglamento que, durante dicho periodo de seis meses, pudieran existir unas medidas transitorias que contemplasen medidas correctoras ante los desequilibrios que pudiera causar la puesta en vigor del Reglamento a determinados operadores, especialmente los de los nuevos Estados miembros. Siempre que los consumidores de dichos Estados no resulten discriminados ante dicho régimen transitorio.

4.9

El Comité espera que la aplicación del Reglamento no produzca un reajuste de las tarifas de móviles que comporte que ciertos operadores, ante determinadas circunstancias, intenten recuperar los costes a base de incrementar los ingresos generados por otros servicios. Por ello, se debe velar para que los mecanismos de fijación de las tarifas a los niveles mayoristas y minoristas cubran la totalidad de los costes del servicio.

4.9.1

Sin embargo, ante un mercado tan dinámico como el de las comunicaciones electrónicas, el Comité comparte el criterio de la Comisión de revisar el funcionamiento del Reglamento, a más tardar dos años después de su entrada en vigor, debiendo razonar, en el informe previsto, si sigue siendo necesaria la regulación o es posible derogarla a la vista de la evolución del mercado y en relación con la competencia.

4.9.2

Cuando se proceda a la revisión del funcionamiento del Reglamento deberá evaluarse el impacto que ha tenido sobre el empleo y las condiciones de trabajo y sobre las inversiones de los operadores, para extraer las consecuencias procedentes.

4.10

Por otro lado, el Comité considera que debería aprovecharse la adopción del nuevo marco regulador para solucionar otros problemas asociados a la itinerancia, más allá de los abusos relacionados con las tarifas del servicio, como por ejemplo la activación del servicio de itinerancia de forma igualmente abusiva en el caso de zonas limítrofes entre países de la UE.

Bruselas, 26 de octubre de 2006.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Directiva 2002/21/CE, de 7 de marzo, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, conocida como «Directiva marco» (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.). Con la misma fecha se aprueban también la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión, conocida como «Directiva de acceso» (DO L 108 de 24.4.2002, p. 7); la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, conocida como «Directiva de autorización» (DO L 108 de 24.4.2002, p. 21), y la Directiva 2002/22/CE, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, conocida como «Directiva de servicio universal»(DO L 108 de 24.4.2002, p. 51). A ellas cabe añadir la Directiva 2002/58/CE, de 12 de julio, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

(2)  Recomendación de la Comisión, de 11 de febrero de 2003, relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas — C(2003) 497, DO L 114 de 8.5.2003, p. 45. Se identifican 18 mercados que gozan de presunción de haber sido definidos de conformidad con lo establecido en a normativa comunitaria.

(3)  Véase la Decisión 2002/627/CE de la Comisión, de 29 de julio de 2002, por la que se establece el Grupo de entidades reguladoras europeas de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 200 de 30.7.2002, p. 38), modificada por la Decisión 2004/641/CE de la Comisión, de 14 de septiembre de 2004 (DO L 293 de 16.9.2004, p. 30).

(4)  Resolución del PE 2005/2052 (INI).

(5)  Comunicación al Consejo Europeo de Primavera — Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo — Relanzamiento de la estrategia de Lisboa, COM(2005) 24 de 2.2.2005 y Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo, 22-23 de marzo de 2005.

(6)  DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(7)  COM(2005) 33 final. Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social.


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