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Document 32008D0166

2008/166/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de noviembre de 2007 , relativa a la ayuda estatal C 39/06 (ex NN 94/05) — Régimen de nuevos accionistas aplicado por el Reino Unido [notificada con el número C(2007) 5398] (Texto pertinente a efectos del EEE)

OJ L 55, 28.2.2008, p. 27–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/166(1)/oj

28.2.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 55/27


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 13 de noviembre de 2007

relativa a la ayuda estatal C 39/06 (ex NN 94/05) — Régimen de nuevos accionistas aplicado por el Reino Unido

[notificada con el número C(2007) 5398]

(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/166/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Visto el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (1), y, en particular, su artículo 6, apartado 1, y su artículo 14,

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con las disposiciones arriba citadas (2),

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

(1)

Por carta de 15 de junio de 2004, la Comisión fue informada por un ciudadano del Reino Unido de una ayuda ilegal concedida por el Shetland Islands Council, que es la autoridad pública de las islas Shetland de ese país. Por cartas de 24 de agosto de 2004 y de 4 de febrero, 11 de mayo y 16 de diciembre de 2005, la Comisión pidió al Reino Unido que le facilitara información sobre dicha ayuda. El Reino Unido lo hizo así por cartas fechadas el 10 de diciembre de 2004, el 6 de abril y 8 de septiembre de 2005 y el 31 de enero de 2006.

(2)

Por carta de 13 de septiembre de 2006, la Comisión notificó al Reino Unido su decisión de incoar en relación con esa ayuda el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE. El Reino Unido presentó sus observaciones por carta de 16 de octubre de 2006.

(3)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea de 30 de noviembre de 2006 (3). En esta publicación, la Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la ayuda. No se recibió ninguna observación.

II.   DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

(4)

El Shetland Islands Council efectuó una serie de pagos al sector pesquero en el marco de dos medidas de ayuda generales, denominadas «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (ayuda al sector de la pesca y de la transformación) y «Aid to the Fish Farming Industry» (ayuda al sector de la piscicultura). Estas dos medidas consistían en realidad en varios tipos de regímenes de ayuda que habían estado vigentes desde la década de los 70. Uno de ellos era el llamado «First time shareholders scheme» (régimen de nuevos accionistas) (en lo sucesivo el «régimen»), que estuvo en vigor desde 1982 hasta el 14 de enero de 2005. En virtud del régimen, se podían conceder subvenciones para completar la contribución financiera propia destinada a la compra de una primera participación en buques pesqueros ya existentes o nuevos. La ayuda se concedía únicamente a personas mayores de 18 años que no tuvieran todavía ninguna participación en un buque de pesca.

(5)

El nivel de la ayuda se situaba en el 50 % de los costes de compra de la participación, con un máximo de 7 500 libras esterlinas en el caso de los buques ya existentes y de 15 000 en el de los nuevos. El otro 50 % sólo podía financiarse con la propia contribución del beneficiario, y ésta debía proceder necesariamente de sus ahorros personales o de un préstamo familiar. El importe de la ayuda concedida no podía en ningún caso superar el 25 % del valor del buque.

(6)

La ayuda se concedía a condición de que el buque se utilizara para pescar a tiempo completo durante los cinco años siguientes a la recepción de la ayuda y de que el beneficiario mantuviera durante ese mismo plazo su participación.

(7)

La Comisión tenía serias dudas de que las ayudas concedidas a las personas que adquirieran por primera vez una participación en un buque de segunda mano pudieran ser compatibles con los requisitos establecidos en el punto 2.2.3.3 de las Directrices de 1994, 1997 y 2001 para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (4). La Comisión dudaba que ese régimen cumpliera el requisito de que las ayudas se concedan únicamente para participaciones en buques de no más de 10 (5) o de 20 (6) años que puedan utilizarse durante al menos otros 10. Sus dudas se centraban también en la compatibilidad del tipo de la ayuda ofrecido por el régimen (25 % del coste efectivo de adquisición del buque) con las disposiciones de las Directrices de 2001, que son aplicables a los regímenes de ayuda existentes desde el 1 de julio de ese año y que no permiten un tipo de ayuda superior al 20 % (7).

En cuanto a las ayudas concedidas para la adquisición de participaciones en buques nuevos, la Comisión consideraba que el régimen no hacía mención alguna del nivel de referencia fijado para el tamaño de la flota de pesca, ni de los requisitos de higiene y seguridad ni de la obligación de inscripción de esos buques en el registro de la flota pesquera, tal y como disponen los artículos 6, 7, 9 y 10 y el anexo III del Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (8) modificado por el Reglamento (CE) no 2369/2002, de 20 de diciembre de 2002 (9). Además, el régimen no parecía contener ninguna disposición referente a los requisitos complementarios establecidos en esos Reglamentos.

III.   OBSERVACIONES DEL REINO UNIDO

(8)

En su respuesta de 16 de octubre de 2006, el Reino Unido facilitó más información sobre las ayudas concedidas en virtud del régimen examinado y aclaró que el importe total de esas ayudas se había elevado a 581 750 libras esterlinas, y no a los 8 000 000 indicados por la Comisión en su decisión de incoación del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE. El Reino Unido señaló, asimismo, que desde el 1 de julio de 2001 no se había concedido ninguna ayuda para participaciones en nuevos buques y que, por tanto, era irrelevante la cuestión de la compatibilidad o incompatibilidad del régimen a partir de esa fecha.

(9)

Por lo que se refiere a las ayudas para la adquisición de participaciones en buques de segunda mano, el Reino Unido confirmó que el régimen no contenía ninguna condición referente a la edad de los buques, ni disposición alguna por la que se exigiera que éstos pudieran utilizarse durante al menos 10 años más. El Reino Unido argumentó, sin embargo, que el régimen sí contemplaba un requisito de concesión de cinco años y que este requisito representaba un compromiso implícito de que los buques seguirían utilizándose para la pesca durante al menos ese plazo.

(10)

El Reino Unido facilitó una lista de todas las ayudas individuales que se habían concedido entre el 25 de abril de 1996 y el 15 de julio de 2003 para la adquisición de participaciones en buques de segunda mano. En la lista figuraba un total de 78 ayudas, cada una de ellas por un importe de 7 500 libras esterlinas, y en ella se precisaban el nombre del beneficiario y el nombre y edad del buque. Se indicaba, asimismo, que el tipo de la ayuda había oscilado entre un 0,12 % y un 25 % y que, desde el 1 de enero de 2001, dicho tipo no había superado en ningún momento el 3,75 %.

(11)

El Reino Unido señalaba que, de esas 78 ayudas, 36 parecían no cumplir las condiciones aplicables, pero que 28 de ellas habían estado o estaban sujetas en ese momento a un procedimiento de recuperación como consecuencia de la pérdida, embargo, venta o retirada definitiva de los buques en cuestión. Por otra parte, en dos de los ocho casos restantes, no se había emprendido el procedimiento ya que la pérdida se había producido después de la expiración del período de cinco años exigido para la concesión. El Reino Unido concluía así que el número de ayudas potencialmente no conformes se limitaba a sólo seis, correspondientes a buques que seguían todavía en funcionamiento o a buques a los que se había transferido posteriormente el beneficio de la ayuda.

(12)

Por último, el Reino Unido mantenía que, en caso de que la Comisión adoptara una decisión negativa, no debía exigirse la recuperación de las ayudas concedidas antes del 3 de junio de 2003, dado que ello atentaría contra el principio de protección de las expectativas legítimas. A este respecto, el Reino Unido hacía referencia a las Decisiones de la Comisión 2003/612/CE, de 3 de junio de 2003, relativa a los préstamos para la compra de cuotas de pesca en las islas Shetland (Reino Unido) (10), y 2006/226/CE, de 7 de diciembre de 2005, (sobre las) inversiones de Shetland Leasing y Property Developments Ltd en las Islas Shetland (Reino Unido) (11), y argumentaba que, hasta el 3 de junio de 2003, el Shetland Islands Council había considerado legítimamente que los fondos destinados a esas ayudas no eran públicos sino privados.

IV.   EVALUACIÓN DE LA AYUDA

(13)

Es preciso determinar, en primer lugar, si la medida examinada debe o no considerarse una ayuda estatal y, en caso afirmativo, si es o no compatible con el Mercado Común.

(14)

La ayuda se ha concedido a un número limitado de empresas del sector pesquero y tiene, por tanto, un carácter selectivo. La ayuda ha sido concedida por el Shetland Islands Council con fondos estatales y ha beneficiado a una serie de empresas que compiten directamente con otras empresas del sector pesquero del Reino Unido y de otros Estados miembros. Así pues, la ayuda falsea o puede falsear la competencia y representa así una ayuda estatal según los términos del artículo 87 del Tratado CE.

(15)

El Reino Unido argumenta que las dos medidas de ayuda generales que se mencionan en el considerando 4 habían venido aplicándose ya desde antes de la adhesión del país a la Comunidad Económica Europea. La Comisión observa, sin embargo, que la información facilitada indica que el llamado régimen de nuevos accionistas no comenzó a aplicarse hasta 1982. De hecho, debido a la ausencia de registros anteriores, el Reino Unido no ha podido demostrar que la ayuda existiera ya antes de su ingreso en la Comunidad. Además, el Reino Unido ha confirmado que esas medidas de ayuda han sufrido diversos cambios con el paso de los años y que, en contra de lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3 (antiguo artículo 93, apartado 3), del Tratado CE, esos cambios no se notificaron a la Comisión en ningún momento. El resultado de ello es que tales ayudas deben considerarse como una medida nueva.

(16)

El Reglamento (CE) no 659/1999 no establece ningún plazo limitativo para el examen de una «ayuda ilegal» según los términos de la letra f) de su artículo 1, particularmente cuando se trata de una ayuda aplicada antes de que la Comisión pueda llegar a una conclusión respecto de su compatibilidad con el Mercado Común. No obstante, el artículo 15 del mismo Reglamento dispone que la facultad de la Comisión para exigir la recuperación de una ayuda ilegal se sujete a un plazo de prescripción de diez años que comience a contarse desde la fecha en que la ayuda se conceda al beneficiario y que quede interrumpido por cualquier acción emprendida por la Comisión contra ella. Se considera por tanto que no es necesario examinar aquí las ayudas cubiertas por ese plazo de prescripción, es decir, las concedidas más de diez años antes de que la Comisión emprendiera su acción.

(17)

La Comisión estima que, en este caso, la petición de información que envió al Reino Unido el 24 de agosto de 2004 vino a interrumpir el plazo de prescripción establecido en el citado artículo 15. Por consiguiente, dicho plazo se aplica a las ayudas concedidas a los beneficiarios antes del 24 de agosto de 1994 y, en consonancia con ello, la Comisión ha limitado su evaluación a las ayudas otorgadas entre el 24 de agosto de 1994 y el mes de enero de 2005.

(18)

Las ayudas estatales pueden declararse compatibles con el Mercado Común si responden a alguna de las excepciones previstas en el Tratado CE. En el caso de las ayudas estatales al sector pesquero, tales ayudas se consideran compatibles con el Mercado Común si cumplen las condiciones establecidas en las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura. De conformidad con el párrafo segundo del punto 5.3 de las Directrices de 2004, «Una ayuda ilegal en el sentido de la letra f) del artículo 1 del Reglamento (CE) no 659/1999 se examinará con arreglo a las directrices aplicables en el momento de la entrada en vigor del acto administrativo por el que se establece la ayuda». Este criterio se ajusta también a las reglas generales contenidas en la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (12). Por consiguiente, las ayudas aquí examinadas tienen que evaluarse atendiendo a su compatibilidad con las Directrices de 1994, 1997 y 2001.

(19)

Por lo que se refiere a las ayudas concedidas para la adquisición de una participación en un nuevo buque, la Comisión, en su decisión de incoación del procedimiento del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, señaló que las ayudas concedidas antes del 1 de julio de 2001 podían considerarse compatibles con el Mercado Común. En cambio, dado que parecía que desde esa fecha habían dejado de cumplirse los requisitos aplicables, la Comisión manifestó tener serias dudas sobre la compatibilidad de las ayudas concedidas con posterioridad a dicha fecha.

(20)

De la información facilitada por el Reino Unido, se desprende que desde el 1 de julio de 2001 no se concedió ninguna ayuda para la adquisición de participaciones en nuevos buques y que el régimen dejó de estar vigente desde el 14 de enero de 2005.

(21)

De conformidad con el punto 2.2.3.3 de las Directrices de 1994, 1997 y 2001, las ayudas sólo pueden considerarse compatibles con el Mercado Común cuando el buque del que se quiera adquirir una participación pueda utilizarse aún durante al menos diez años más. Además, el buque ha de tener como mínimo diez años, según las Directrices de 1994 y 1997, y al menos 20 años, según las de 2001.

(22)

El régimen examinado no establecía, por el contrario, ninguna condición con respecto a la edad de los buques, y el Reino Unido ha confirmado la inexistencia de otros requisitos o medidas que pudieran garantizar el cumplimiento de esa condición. Tampoco exigía al régimen que el buque se utilizara durante al menos otros diez años. Estos hechos ponen claramente de manifiesto la incompatibilidad del régimen con las Directrices de 1994, 1997 y 2001.

(23)

Tal incompatibilidad no puede quedar contrarrestada por el hecho de que el régimen impusiera el requisito de conservar durante al menos cinco años la participación en el buque y de utilizar éste para la pesca durante esos mismos años. Este requisito sólo garantizaba el funcionamiento de los buques durante los primeros cinco años, es decir, la mitad del tiempo exigido por las Directrices.

(24)

En vista de lo que precede, se consideran incompatibles con el Mercado Común las ayudas concedidas en virtud del régimen aplicado a la adquisición de participaciones en buques de segunda mano.

(25)

Por disposición del artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, «Cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda».

(26)

Argumentando que la Comisión no debe requerir la recuperación de una ayuda si ello contraviene el principio de protección de las expectativas legítimas, el Reino Unido sostiene que tal principio se aplica en este caso.

(27)

Los fondos utilizados para la financiación del régimen fueron los mismos que los destinados a financiar las ayudas que se sujetaron a las decisiones negativas citadas en el considerando 12 (Decisiones 2003/612/CE y 2006/226/CE de la Comisión). En tales casos, la Comisión estimó que los fondos debían considerarse como recursos estatales a los efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, pero reconoció al mismo tiempo que, en las circunstancias concretas de esos casos, las autoridades de las islas Shetland y otros organismos interesados habían creado expectativas legítimas respecto del carácter privado de los fondos en cuestión al combinar una serie de elementos que, tomados conjuntamente, impedían la recuperación de las ayudas estatales concedidas.

(28)

En este caso, en cambio, la Comisión considera que no pueden aplicarse de la misma forma los elementos que se tuvieron en cuenta en las Decisiones 2003/612/CE y 2006/226/CE y que no es posible afirmar aquí que se crearan expectativas legítimas. La Comisión observa en especial las acciones y declaraciones hechas por el Reino Unido, todas las cuales demuestran con claridad que, en los distintos momentos en que se concedieron las ayudas, las autoridades responsables tenían plena conciencia de que el régimen era efectivamente una medida de ayuda estatal y que, por tanto, le eran aplicables las normas en materia de ayudas estatales.

(29)

Para llegar a esa conclusión, la Comisión tiene en cuenta que, a diferencia de las ayudas objeto de las Decisiones 2003/612/CE y 2006/226/CE, la medida aquí examinada se estableció como un régimen de ayuda normal que contemplaba la concesión directa por el Shetland Islands Council de ayudas directas a los pescadores. Además, las circunstancias concretas de este caso demuestran con claridad que el Reino Unido consideraba aplicable la normativa de las ayudas estatales, dado que los gastos del régimen fueron incluidos sistemáticamente por el Estado miembro en los informes anuales de ayudas estatales que presentó a la Comisión cumpliendo sus obligaciones comunitarias. De hecho, en la respuesta que diera en su carta de 10 de diciembre de 2004 a las preguntas formuladas por la Comisión, el Reino Unido declaró que los pagos enmarcados en el régimen habían sido incluidos durante muchos años en el inventario de ayudas estatales que debe enviarse anualmente a la Comisión y, en su carta de 6 de abril de 2005, afirmó que sus autoridades habían actuado a lo largo de los años de buena fe y en el convencimiento de que el régimen respetaba las Directrices de las ayudas estatales.

(30)

Teniendo en cuenta lo declarado en esas cartas así como las circunstancias que concurren en este caso, la Comisión estima que la exigencia de recuperación de las ayudas no puede considerarse contraria a ningún principio general del Derecho comunitario. Por ello, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 y sin perjuicio de los casos que puedan entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 875/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) no 1860/2004 (13), la Comisión considera que el Reino Unido debe tomar cuantas medidas sean necesarias para que los beneficiarios del régimen devuelvan las ayudas recibidas (independientemente de las acciones que ya se hayan emprendido).

(31)

Debe señalarse, además, que, con arreglo al artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999, para poder garantizar el restablecimiento de una competencia efectiva, es preciso que la recuperación incluya también los intereses debidos. Estos intereses deben calcularse como interés compuesto, de conformidad con el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión (14). Por consiguiente, el Reino Unido ha de garantizar que también cumplan esta condición los procedimientos de recuperación ya concluidos o todavía abiertos, tomando las medidas necesarias para que, en los casos en que no se hayan incluido en la recuperación los intereses, su importe sea devuelto asimismo por los beneficiarios.

(32)

La Comisión pide al Reino Unido le devuelva completado el cuestionario adjunto sobre el estado actual del procedimiento de recuperación, acompañándolo de una lista de los beneficiarios a los que éste afecte.

V.   CONCLUSIÓN

(33)

A la vista de la evaluación contenida en la sección IV, la Comisión concluye que el Reino Unido ha infringido el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE al conceder ayudas ilegales en virtud del régimen.

(34)

La Comisión considera que el régimen no es compatible con el Mercado Común en el caso de las ayudas concedidas para la adquisición por primera vez de participaciones en buques pesqueros de segunda mano.

(35)

Dado que desde el 1 de julio de 2001 no se ha concedido ninguna ayuda para la adquisición por primera vez de participaciones en buques pesqueros nuevos, todas las ayudas concedidas con ese fin en virtud del régimen se consideran compatibles con el Mercado Común.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1.   Las ayudas estatales que ha concedido el Reino Unido en el marco del régimen de nuevos accionistas (en lo sucesivo denominado el «régimen») son compatibles con el Mercado Común en la medida en que se hayan destinado a la adquisición por primera vez de participaciones en buques pesqueros nuevos.

2.   Las ayudas estatales que ha concedido el Reino Unido en el marco del régimen son incompatibles con el Mercado Común en la medida en que se hayan destinado a la adquisición por primera vez de participaciones en buques pesqueros de segunda mano.

Artículo 2

Las ayudas individuales contempladas en el artículo 1, apartado 2, de la presente Decisión no serán constitutivas de ayuda si cumplen las condiciones del Reglamento (CE) no 875/2007.

Artículo 3

1.   El Reino Unido adoptará cuantas medidas sean necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas del régimen contempladas en el artículo 1, apartado 2, que no cumplan las condiciones a las que se refiere el artículo 2.

2.   Las sumas por recuperar incluirán los intereses devengados entre la fecha en que las ayudas se hayan puesto a disposición de los beneficiarios y la fecha de su recuperación efectiva.

3.   Los intereses se calcularán como interés compuesto de acuerdo con el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión.

4.   El Reino Unido cancelará con efectos desde la fecha de adopción de la presente Decisión todos los pagos de las ayudas contempladas en el artículo 1, apartado 2, que estén pendientes.

Artículo 4

1.   La recuperación de las ayudas del régimen contempladas en el artículo 1, apartado 2, tendrá carácter inmediato y efectivo.

2.   El Reino Unido garantizará que la presente Decisión comience a aplicarse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de su notificación.

Artículo 5

1.   Dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la presente Decisión, el Reino Unido facilitará a la Comisión la información siguiente:

a)

la lista de los beneficiarios a los que se hayan concedido ayudas contempladas en el artículo 1 de la presente Decisión que no cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 875/2007, y el importe total de la ayuda recibida por cada uno de ellos;

b)

la suma total (importe principal e intereses) que deba recuperarse de cada beneficiario;

c)

una descripción detallada de las medidas que ya se hayan adoptado o se proyecte adoptar para dar cumplimiento a la presente Decisión;

d)

los documentos que prueben la orden de reembolso enviada a los beneficiarios.

2.   Hasta la recuperación completa de las ayudas del régimen a las que se refiere el artículo 1, apartado 2, el Reino Unido mantendrá informada a la Comisión del estado en que se encuentren las medidas nacionales adoptadas para la aplicación de la presente Decisión.

El Reino Unido facilitará inmediatamente la información que pueda pedirle la Comisión con relación a las medidas que ya haya adoptado o proyecte adoptar para dar cumplimiento a esta Decisión.

Asimismo, suministrará información precisa sobre el importe de las ayudas e intereses que ya se hayan recuperado de los beneficiarios.

Artículo 6

El destinatario de la presente Decisión será el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Hecho en Bruselas, el 13 de noviembre de 2007.

Por la Comisión

Joe BORG

Miembro de la Comisión


(1)  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1791/2006 (DO L 363 de 20.12.2006, p. 1).

(2)  DO C 291 de 30.11.2006, p. 5.

(3)  DO C 291 de 30.11.2006, p. 5.

(4)  DO C 260 de 17.9.1994, p. 3; DO C 100 de 27.3.1997, p. 12 y DO C 19 de 20.1.2001, p. 7.

(5)  Directrices de 1994 y 1997.

(6)  Directrices de 2001.

(7)  Punto 2.2.3.3(c) de las Directrices de 2001 para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura.

(8)  DO L 337 de 30.12.1999, p. 10. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1421/2004 (DO L 260 de 6.8.2004, p. 1).

(9)  DO L 358 de 31.12.2002, p. 49.

(10)  DO L 211 de 21.8.2003, p. 63.

(11)  DO L 81 de 18.3.2006, p. 36.

(12)  DO C 119 de 22.5.2002, p. 22.

(13)  DO L 193 de 25.7.2007, p. 6.

(14)  DO L 140 de 30.4.2004, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1935/2006 (DO L 407 de 30.12.2006).


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