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Document 32007D0051

Decisión de la Comisión, de 18 de febrero de 2004 , sobre la ayuda estatal C27/2001 (ex NN 2/2001) relativa a la ejecución por Francia del programa de control de la contaminación de origen agrario (PMPOA) en el período de 1994-2000 [notificada con el número C(2004) 415]

OJ L 32, 6.2.2007, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 32, 6.2.2007, p. 1–1 (BG, RO)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/51(1)/oj

6.2.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 32/1


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 18 de febrero de 2004

sobre la ayuda estatal C27/2001 (ex NN 2/2001) relativa a la ejecución por Francia del programa de control de la contaminación de origen agrario (PMPOA) en el período de 1994-2000

[notificada con el número C(2004) 415]

(El texto en lengua francesa es el único auténtico)

(2007/51/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones de conformidad con el artículo citado (1) y vistas esas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

(1)

Con motivo de la información recibida por los servicios de la Comisión sobre la existencia en Francia de un Programa de control de la contaminación de origen agrario (Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, en lo sucesivo «PMPOA» o «programa»), la Comisión envió una carta a las autoridades francesas el 24 de febrero de 2000 para solicitar precisiones sobre la aplicación de ese programa desde 1994. Mediante carta de 31 de mayo de 2000, Francia envió determinadas informaciones, algunas de las cuales confirman la existencia del PMPOA desde 1994. Por carta de 11 de julio de 2000, la Comisión solicitó información complementaria. Las autoridades francesas contestaron mediante carta de 26 de diciembre de 2000.

(2)

El 13 de febrero de 1991, las autoridades francesas notificaron una ayuda estatal en favor del medio ambiente de las explotaciones porcinas que tenía por objeto conceder ayudas a las inversiones individuales. La Comisión autorizó la ayuda mediante carta de 11 de diciembre de 1991 (2). Además, el 20 de abril de 1993, al amparo de un programa estructural cofinanciado y con arreglo a las disposiciones del artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 2328/91 del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias (3), las autoridades francesas comunicaron las circulares DEPSE/SDEE no 93-7005 de 2 de marzo de 1993 y DEPSE/SDEE no 7027 de 5 de noviembre de 1992, sobre las ayudas a la inversión en el sector de la carne de vacuno. Con arreglo al Reglamento (CEE) no 2328/91, la Comisión adoptó una Decisión el 29 de julio de 1993 por la que se autoriza una participación financiera comunitaria en esta actuación común (4). Sin embargo, la ayuda nacional no se notificó a la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado (5). Según las autoridades francesas, esas disposiciones, anteriores a la entrada en vigor del PMPOA, se incorporaron en él mediante la circular DEPSE no 7016 de 22 de abril de 1994. Constituyen, por lo tanto, el capítulo bovino y porcino del PMPOA. Esta circular tampoco se notificó a la Comisión con arreglo a lo dispuesto en artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(3)

Mediante carta de 13 de junio de 1994, las autoridades francesas notificaron una ayuda estatal a las inversiones para la protección del medio ambiente en el sector avícola. Este régimen, que se integró posteriormente en el PMPOA, del que constituye el capítulo avícola, fue autorizado por la Comisión mediante carta de 26 de abril de 1995 (6).

(4)

Las autoridades francesas no han notificado, con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Tratado, el acuerdo de 8 de octubre de 1993 por el que se crea el programa, ni ningún otro documento en el que se detallen las características del PMPOA relativas, en particular, a la clave de financiación del programa (7). En concreto, no se ha informado a la Comisión de la participación de las agencias del agua en la financiación del citado programa.

(5)

Por otro lado, con respecto al sector bovino, las autoridades francesas no han notificado a la Comisión las ayudas a las inversiones previstas.

(6)

No se ha sometido a la Comisión ninguna notificación sobre los agricultores jóvenes.

(7)

Mediante carta de 11 de abril de 2001, la Comisión informó a Francia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con relación al PMPOA. La presente Decisión sólo atañe a la aplicación del PMPOA durante el periodo de 1994-2000.

(8)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (8). La Comisión invitó a los demás Estados miembros y a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre las ayudas en cuestión. La Comisión no ha recibido observaciones de partes interesadas. Las autoridades francesas enviaron sus comentarios mediante carta de 21 de junio de 2001.

(9)

La Comisión autorizó la prórroga del PMPOA a partir de 2001 mediante carta de 30 de octubre de 2001 (9).

II.   DESCRIPCIÓN

1.   Mecanismo de ayuda

(10)

El PMPOA, resultado de un acuerdo celebrado el 8 de octubre de 1993 entre el Estado francés y las organizaciones profesionales agrícolas francesas, entró en vigor el 1 de enero de 1994. La finalidad del programa es permitir que los agricultores adapten sus equipos y prácticas con objeto de lograr una mayor protección del medio ambiente y, en particular, de las aguas. El programa tiene por objeto la contaminación del agua producida por productos fitosanitarios y por fertilizantes de origen mineral y orgánico.

(11)

Con el PMPOA se desea especialmente dar cumplimiento a la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (10) (en lo sucesivo «la Directiva sobre nitratos»), y a las disposiciones nacionales para la implantación de un código de buenas prácticas agrarias. Este programa abarca el conjunto de los modos de producción: la ganadería y los cultivos.

(12)

A fin de ajustarse a las normas existentes al respecto y evitar la contaminación de los recursos hídricos con deyecciones animales, se consideró necesario emprender obras para la mejora de las instalaciones de cría y gestionar los efluentes. Por entonces, el coste de dichas obras, que se circunscribían a las instalaciones, se evaluó en aproximadamente 1 000 millones de euros por un periodo que finalizaba en 2002. Se inició un programa de inversiones, con el siguiente plan de financiación global: un tercio era aportado por los ganaderos; un tercio por el Estado (a través del Ministerio de Agricultura y Pesca) y las entidades territoriales, a partes iguales, y el tercio restante por las agencias del agua (11). Como contrapartida, los ganaderos que pueden beneficiarse de las ayudas están sujetos al pago de un canon por contaminación que perciben las agencias del agua.

(13)

Mediante nota de 24 de febrero de 1994 dirigida a las instancias administrativas interesadas, los Ministerios franceses de Medio Ambiente y de Agricultura precisaron los elementos de procedimiento señalados por el comité de seguimiento nacional encargado de la ejecución del programa: calendario, claves de financiación y aplicación ante los ganaderos.

(14)

Con respecto al vínculo del programa con las instalaciones declaradas de interés, las autoridades francesas señalan en esa nota que redunda en interés del ganadero, cuando se hayan realizado las obras previstas en el contrato o los contratos de control de la contaminación, ajustarse a los decretos ministeriales de 29 de febrero de 1992 relativos a las explotaciones, en lo concerniente a las disposiciones sobre la protección del agua.

(15)

La ejecución del PMPOA se ha llevado a cabo según un planteamiento sectorial utilizando circulares, en las que se especifican las modalidades de ayuda, del Ministerio de Agricultura y Pesca dirigidas a los prefectos de región y de departamento. A petición de la Comisión, las autoridades francesas le enviaron una copia de las circulares siguientes:

Circular DEPSE/SDEEA no 7016 de 22 de abril de 1994, «Ayudas a la puesta en conformidad de las explotaciones bovinas y porcinas»;

Circular DEPSE/SDEEA no 7021 de 18 de abril de 1995, «Ayudas a la puesta en conformidad de las explotaciones avícolas»;

Circular DEPSE/SDEEA no 7028 de 19 de junio de 1995, «Ayudas a la puesta en conformidad de las explotaciones»;

Circular DEPSE/SDEEA no 7001 de 15 de enero de 1996, «Ayuda a la puesta en conformidad de las explotaciones. Jóvenes agricultores que se instalen a partir del 1 de enero de 1996».

(16)

Los beneficiarios de las ayudas eran agricultores o propietarios de bienes raíces destinados a un uso agrícola, sobre todo en los sectores bovino, porcino y avícola. Por su parte, las inversiones tenían como finalidad el acondicionamiento de edificios existentes para aumentar la capacidad de almacenamiento de deyecciones animales y mejorar los equipos de almacenamiento a fin de situarse al nivel exigido por la normas de la Directiva sobre nitratos (12).

(17)

La financiación consistía en una intervención del Estado equivalente al 35 % de los costes, en forma de subvención de capital que abarcaba el 30 % de los costes, a la que puede añadirse un préstamo bonificado cuyo equivalente de subvención correspondería al 5 % de los costes. La participación de las agencias del agua, del orden de un tercio de los costes, no se indicaba en las circulares mencionadas en el considerando 15.

(18)

Con respecto a los sectores bovino y porcino, también se previeron ayudas para los agricultores que realicen su proyecto con arreglo a un plan de mejora material (PAM) en zonas desfavorecidas, en forma de una ayuda de capital del 30 % y de un préstamo de un equivalente de subvención del 15 %. Tratándose de jóvenes agricultores, se aumentan los porcentajes (43,75 % en zonas de llanura y 56,25 % en zonas desfavorecidas). En el sector avícola, está previsto conceder un aumento del 5 % mediante un préstamo bonificado, en caso de tratarse de jóvenes agricultores.

(19)

La Circular DEPSE/SDEEA no 7001 de 15 de enero de 1996 modificó los porcentajes de ayuda para los jóvenes agricultores que se instalen a partir del 1 de enero de 1996. El porcentaje de la subvención de capital pasa del 30 % al 35 % en las zonas desfavorecidas y los territorios rurales de desarrollo prioritario. No se han previsto préstamos bonificados. En las demás zonas, el porcentaje de ayuda en capital pasa del 30  al 32,5 %. Se permite un préstamo complementario que tenga un efecto de equivalente de subvención del 2,5 %.

(20)

Para poder acogerse a las ayudas, los productores tenían que presentar un estudio preliminar realizado, por encargo, por expertos técnicos autorizados, tras el cual se elaboraba el proyecto de inversión del productor. Este diagnóstico servía de base para la elaboración de un contrato sobre control de la contaminación (véase el considerando 21) y, por consiguiente, para la determinación de los costes de inversión subvencionables por cada uno de los participantes en la financiación pública de las obras. Dichos estudios representaban el 2 % del coste de las inversiones y se han financiado a partes iguales (50 % cada uno) por el Estado y las agencias del agua, sin rebasar la cifra límite de 6 000 francos franceses (FRF), es decir, 914 euros, impuestos excluidos.

(21)

El contrato de control de la contaminación era el elemento que garantizaba al ganadero la aplicación del mecanismo de ayuda previsto en el PMPOA y la compensación de un posible canon a la agencia del agua. Se trata de un contrato de confianza que pone inevitablemente de manifiesto la existencia de problemas medioambientales en una explotación, pero cuya finalidad es ayudar a su resolución. El contrato lo firma el conjunto de los socios financieros, incluido el ganadero.

2.   Argumentos aducidos por la Comisión con motivo de la incoación del procedimiento de examen

(22)

En primer lugar, la Comisión consideró que la participación de las agencia del agua en el PMPOA era una ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado. Las agencias del agua han participado en la financiación de los costes de inversión del PMPOA asumiendo un tercio de éstos. Los servicios de la Comisión no han tenido un conocimiento de su participación hasta la difusión de un informe de evaluación sobre la gestión y el balance del PMPOA, elaborado por la Inspección General de Finanzas (Inspection générale des finances), el Comité Permanente de Coordinación de las Inspecciones del Ministerio de Agricultura y Pesca (Comité permanent de coordination des inspections du Ministère de l'agriculture et la pêche) y el Consejo General de Ingeniería Rural de Aguas y Bosques (Conseil général du génie rural des eaux et forêts) (13).

(23)

La Comisión ha tenido en cuenta que el artículo 2 del Decreto francés no 66-700, de 14 de septiembre de 1966, relativo a las agencias financieras de cuenca, dispone que las agencias del agua son organismos públicos, que gozan de personalidad jurídica y autonomía financiera y, por lo tanto, que la legislación francesa no deja dudas sobre su naturaleza pública.

(24)

La Comisión ha llegado a la conclusión, en la decisión de incoación del procedimiento, de que, a la luz de las disposiciones legislativas adoptadas en Francia sobre las agencias del agua y sus métodos de funcionamiento, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instancia (14), las agencias del agua deben considerarse como una extensión del Estado y que la financiación por esas agencias de inversiones en las explotaciones agrícolas constituye, pues, una ayuda estatal (15).

(25)

La Comisión ha considerado que los importes asignados a los criadores de bovinos, de porcinos y de aves de corral, incluidos los procedentes de las agencias del agua, conferían a esos productores una ventaja con la que no podían contar otras producciones. Se trataba, por lo tanto, de una ayuda concedida por Francia que, al falsear o amenazar falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, era capaz de afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros. En consecuencia, la medida entra en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado.

(26)

La Comisión ha llegado asimismo a la conclusión de que las ayudas estatales llevadas a efecto por Francia constituían ayudas nuevas no notificadas a la Comisión, que podrían, por ello, constituir ayudas ilegales con arreglo al Tratado. La Comisión se basaba, en particular, en el artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (16), en el que se define la ayuda ilegal como una nueva ayuda que se lleve a efecto contraviniendo lo dispuesto en el antiguo artículo 93 (que ha pasado a ser el artículo 88), apartado 3, del Tratado. La noción de nueva ayuda abarca toda ayuda, es decir, todo régimen de ayudas o toda ayuda individual que no sea una ayuda existente, incluida toda modificación de una ayuda existente.

(27)

La Comisión ha recordado que todo régimen de ayudas autorizado por ella en el que posteriormente se realizan modificaciones importantes —en este caso concreto, relacionadas con la participación de un organismo público en la financiación de la ayuda notificada a la Comisión, lo que altera considerablemente la clave de financiación y, en consecuencia, la cuantía de la ayuda— constituye una nueva ayuda que debe notificarse a la Comisión con arreglo al artículo 88 del Tratado y ser autorizada por ésta. La obligación de la notificación se consagra en el artículo 1, letra c), del Reglamento (CE) no 659/1999. Según la Comisión, la variación de la cuantía de la ayuda parecía constituir en sí un elemento modificador de la sustancia de la ayuda, que hace obligatoria la notificación con arreglo al artículo 88, apartado 2, del Tratado.

(28)

La Comisión ha evaluado a continuación las ayudas en cuestión teniendo en cuenta el punto 23.3 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (17) (en lo sucesivo, «directrices agrarias»), según el cual, toda ayuda ilegal con arreglo al artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 debe evaluarse de conformidad con las normas y las directrices vigentes en el momento en que se concede la ayuda.

(29)

Con respecto a las inversiones subvencionadas y a la forma de las ayudas, la Comisión ha considerado que la naturaleza de las inversiones en el sector porcino se recogía efectivamente en el PMPOA y que las inversiones correspondían fundamentalmente a las notificadas a la Comisión y autorizadas por ella. En lo tocante al sector bovino, la Comisión, aunque en su momento no había examinado la ayuda desde el punto de vista de las normas comunitarias de competencia, ha podido comprobar, en el momento de la incoación del procedimiento, su compatibilidad con esas normas. En cuanto al sector avícola, la Comisión ha comprobado que el PMPOA recogía exactamente el mecanismo tal como lo había autorizado anteriormente. Por último, con respecto al régimen para los jóvenes agricultores que se instalasen a partir del 1 de enero de 1996, la Comisión ha comprobado que la parte del régimen relativa a las inversiones subvencionables no experimentaba modificaciones, únicamente se modificaba la forma de la ayuda en la parte financiada por el Estado.

(30)

De este modo, la Comisión ha podido llegar a la conclusión de que, con respecto a la naturaleza de las inversiones y a las formas de ayuda previstas por la autoridades francesas, las ayudas, pese a adolecer de ciertas ilegalidades, se han ejecutado de conformidad con las normas comunitarias de competencia vigentes en su momento. Así pues, la Comisión no ha cuestionado este aspecto de la ejecución de la ayuda.

(31)

Con respecto a la clave de financiación de las ayudas, la Comisión ha recordado que, de acuerdo con el marco normativo aplicable en el momento de la entrada en vigor del programa, el límite de las ayudas a las inversiones para la protección del medio ambiente era del 35 % de los costes realizados (el 45 % en las zonas desfavorecidas). El artículo 12, apartado 5, quinto guión, del Reglamento (CEE) no 2328/91, que contemplaba un examen de las ayudas nacionales con relación a los antiguos artículos 92 y 93 (que han pasado a ser 87 y 88) del Tratado y al artículo 6 del mencionado Reglamento, autorizaba las ayudas a las inversiones encaminadas a la protección y mejora del medio ambiente, siempre que las inversiones no supongan un aumento de la capacidad de producción. En su decisión sobre la ayuda estatal no N 136/91, la Comisión tuvo en cuenta que solía considerar como compatible con el mercado común un porcentaje del 35 % de los costes subvencionables para este tipo de ayudas (el 45 % en las zonas desfavorecidas con arreglo a la Directiva 75/268/CEE del Consejo, de 28 de abril de 1975, sobre la agricultura de montaña y de determinadas zonas desfavorecidas (18). Estos porcentajes de ayuda se han confirmado en el punto 3.2.3 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (19), poco después de la entrada en vigor del programa.

(32)

Por otro lado, las autoridades francesas habían dado a conocer la existencia y la naturaleza de estos límites en las circulares sectoriales de aplicación del PMPOA mencionadas en el considerando 15. En ellas señalan que «la Unión Europea ha autorizado que las ayudas públicas para este tipo de inversiones vinculadas a la mejora del medio ambiente alcancen el porcentaje excepcional del 35 %».

(33)

Teniendo en cuenta que la clave de financiación del programa prevé una participación en los costes de las inversiones de un tercio para el Estado y las entidades territoriales (a partes iguales, es decir, un sexto para cada parte), un tercio para las agencias del agua y un tercio para los agricultores, y teniendo en cuenta, en particular, que la contribución de las agencias del agua constituye una ayuda estatal, la Comisión ha llegado a la conclusión, en la decisión de incoación del procedimiento, que parecía que los límites de ayuda autorizados para este tipo de inversiones no se habían respetado. La contribución de las agencias del agua a la financiación del PMPOA podría haberse traducido en un aumento de la financiación pública hasta los dos tercios de los costes de las inversiones, es decir, hasta el 66,6 %, aproximadamente, de los costes realizados. Según la Comisión, ello habría supuesto rebasar el porcentaje permitido en torno a un 31,6 % (el 21,6 % en las zonas desfavorecidas) de los costes realizados. El mismo rebasamiento podría haberse producido en el caso del régimen para los jóvenes agricultores que se instalasen a partir del 1 de enero de 1996, ya que las modificaciones del régimen sólo atañen a la forma de la ayuda en la parte financiada por el Estado y no provocan, por lo tanto, un aumento global del porcentaje de intervención en favor de éstos.

(34)

La Comisión ha considerado asimismo que, desde el 1 de enero de 2000, fecha de aplicación de las directrices agrarias, autoriza, no obstante, basándose en el punto 4.1.1.2 de las mencionadas directrices, porcentajes de ayuda para este tipo de inversiones del 40 % de los costes en que se haya incurrido (el 50 % para las zonas desfavorecidas). Tratándose de jóvenes agricultores, el porcentaje aceptado es del 45 % (el 55 % en zona desfavorecida). Lo que quiere decir que, en aplicación de estas condiciones más favorables, con respecto a las ayudas concedidas en 2000, el rebasamiento de los porcentajes de la ayuda concedida sólo habría sido del 26,6 % (el 16,6 % en las zonas desfavorecidas) y, en lo tocante a los jóvenes agricultores, del 21,6 % (el 11,6 % en las zonas desfavorecidas), en el caso de las inversiones realizadas a partir del 1 de enero de 2000 que cumplan todas las condiciones previstas en las directrices agrarias.

(35)

Puesto que las ayudas autorizadas por la Comisión para inversiones se basaban en un porcentaje de financiación pública permitido del 35 %, como máximo, de los costes de esas inversiones (el 45 % en las zonas desfavorecidas), pudiendo oscilar entre el 40 % y el 55 %, según las circunstancias, a partir del 1 de enero de 2000, la Comisión ha tenido que constatar, en la decisión de incoación del procedimiento de examen, que la cuantía de las ayudas concedidas en aplicación del PMPOA podría no corresponderse con el porcentaje de ayuda autorizado por ella y que, por lo tanto, toda financiación pública concedida por encima de los límites autorizados constituiría una ayuda estatal incompatible con el Tratado.

(36)

La Comisión, previo examen de la información facilitada por las autoridades francesas, tenía dudas sobre la compatibilidad con el mercado común de la ayuda a las inversiones financiadas en virtud del PMPOA durante el periodo de 1994-2000, en particular con respecto a los importes de las ayudas que pueden haberse concedido por encima de los porcentajes autorizados (el 35 % e incluso el 45 %). Por ello ha incoado el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado.

(37)

La Comisión ha llegado asimismo a la conclusión de que el porcentaje de ayuda utilizado por las autoridades francesas para la realización de los diagnósticos de explotación era conforme a las normas de competencia aplicables.

III.   OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FRANCIA

(38)

Mediante carta de 21 de junio de 2001, las autoridades francesas presentaron sus observaciones sobre la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con relación a la ayuda notificada.

(39)

Las autoridades francesas han tomado nota de la puntualización jurídica de la Comisión sobre el carácter público de las ayudas de las agencias del agua. Según esas autoridades, el Gobierno francés tiene previsto revisar la Ley no 64/1245, de 16 de diciembre de 1964, relativa al régimen y a la distribución del agua y a la lucha contra su contaminación, en la que se definen, en particular, los principios básicos del funcionamiento de las agencias del agua, con el fin, principalmente, de que las normas de cálculo de los cánones y las orientaciones de los programas de intervención financiera de las agencias estén sometidas, en el futuro, al voto del Parlamento.

(40)

No obstante, las autoridades francesas consideran que, para rebasar los porcentajes del 35 % y del 45 %, se podrían haber utilizado las disposiciones del artículo 12, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 2328/91, y las del artículo 12, apartado 3, letra d), del Reglamento (CE) no 950/97 del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias (20). Según las autoridades francesas, esas disposiciones permiten que no se apliquen las prohibiciones de las ayudas y las limitaciones del rebasamiento de esos porcentajes en el caso de determinadas inversiones, como las destinadas a la protección del medio ambiente.

(41)

Con relación al efecto sobre la competencia de la participación de las agencias del agua en el PMPOA, las autoridades francesas consideran que éstas no favorecen de manera injustificable a un sector nacional específico, por los motivos siguientes. Se trata, de hecho, de inversiones improductivas que, incluso con porcentajes de ayuda elevados, pesan sobre la economía de las explotaciones y ponen a los ganaderos en cuestión en una situación desfavorable con relación a los que no realizan tales inversiones. Estos últimos son, además, con mucho, los más numerosos en Francia. En opinión de las autoridades francesas, el falseamiento de la competencia redundaría, pues, en general, en detrimento de los ganaderos afectados y no en su beneficio.

(42)

Según las autoridades francesas, de haber falseamiento de la competencia con relación al artículo 87 del Tratado, sólo podría ser, pues, con respecto a los ganaderos de otros Estados miembros que hubiesen realizado obras parecidas, pero con ayudas financieras limitadas al 35 %, o al 45 % en las zonas desfavorecidas. Según las autoridades francesas, la realidad de un falseamiento de estas características sólo podría apreciarse, de hecho, caso por caso.

(43)

Las autoridades francesas prosiguen su razonamiento afirmando que los porcentajes de las ayudas reales aplicados a esas obras varían considerablemente de un ganadero a otro, habida cuenta de las disposiciones precisas de aplicación del programa. Dichas autoridades explican que esos porcentajes son, de manera muy general, claramente inferiores al 60 % si se calculan tomando el valor de la ayuda expresado como porcentaje del importe de la inversión, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2328/91 y al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 950/97.

(44)

Según las autoridades francesas, las disposiciones de aplicación de las ayudas concedidas por el Estado, comunicadas a la Comisión, definen el marco general de aplicación del programa. Por su parte, las agencias del agua han adoptado la misma lista de obras subvencionables, pero los límites de las ayudas no son siempre los mismos. Además, localmente se han añadido límites técnicos (en m2 de superficies cubiertas de zona de ejercicio, por ejemplo), tanto en el caso de las ayudas de las agencias, como en el de las del Estado o las entidades locales; estos límites reducen con frecuencia la parte que debe financiarse de las obras subvencionables. Por último, en el caso de determinadas agencias del agua, también se ha podido producir una limitación global de la base de la ayuda por unidad de ganado mayor de nitrógeno (UGMN) («unité gros bétail azote» (UGBN)).

(45)

Así pues, de resultas de las diferentes limitaciones, el porcentaje real de ayuda concedido, relativo a los gastos realizados por el ganadero para la ejecución de las obras subvencionables, es siempre, en opinión de las autoridades francesas, prácticamente inferior a los porcentajes máximos permitidos por el programa.

(46)

Las autoridades francesas han explicado que, con motivo de las obras necesarias para la mejora de la eficacia medioambiental, determinados ganaderos realizan obras de modernización. Estas obras no son subvencionables y no reciben, pues, ayudas en virtud del PMPOA.

(47)

En el sector de la ganadería bovina, que representa el 80 % del número de explotaciones que pueden acogerse al PMPOA, el porcentaje de ayuda real medio es más bien bajo —oscila con frecuencia entre el 35 % y el 50 %— y, además, muy variable según los sistemas de producción. Ello se explica por la gran variedad de tipos de deyecciones —líquidas, sólidas y, lo más a menudo, mixtas— y, por lo tanto, de formas de almacenamiento, tanto en lo que se refiere su naturaleza (estercoleros y fosos para recogida de deyecciones), como a su capacidad, y por el hecho de que tanto las inversiones para almacenamiento, como las superficies de las zonas construidas con hormigón y la cobertura de las zonas de ejercicio, están supeditadas a límites técnicos o financieros especialmente bajos.

(48)

En las explotaciones de cría intensiva de cerdos y aves de corral, la capacidad de almacenamiento de efluentes existente es en general suficiente, habida cuenta de los periodos en que se prohíbe su esparcimiento. Las obras consisten entonces en restablecer la estanquidad de las zonas de almacenamiento o de las superficies de hormigón existentes o en instalar sistemas de alimentación bifase, que reduzcan la contaminación en origen en las explotaciones porcinas o que mejoren la gestión de las deyecciones en las explotaciones avícolas. En ese caso, el porcentaje de ayuda real puede llegar hasta el 60 % del importe de las obras subvencionables, como se muestra en el cuadro 1. No obstante, el importe de las obras es con frecuencia netamente menor que en el caso de los bovinos.

(49)

Según las autoridades francesas, un estudio sobre 20 000 expedientes de la cuenca de la agencia del agua Loira-Bretaña pone de manifiesto que el porcentaje de ayuda medio es del 40 %.

(50)

De hecho, una parte de esos expedientes corresponde a construcciones nuevas realizadas en virtud del programa cuando, por motivos diversos, no se ha considerado oportuno realizar las obras preconizadas en los edificios existentes. Según las autoridades francesas, estas situaciones deben tratarse por separado puesto que la ayuda ya no depende de las ayudas para la protección del medio ambiente, sino de las ayudas a la modernización previstas en el artículo 7, apartado 2, letra b), del Reglamento (CEE) no 2328/91 y en el artículo 12, apartado 4, letra c), del Reglamento (CE) no 950/97. El importe de la ayuda no puede superar entonces la cota del 35 % o del 26,25 % (el 45 % o el 38,75 %, respectivamente, en zona desfavorecida) del coste de las obras, dependiendo de que el ganadero pueda obtener o no un plan de mejora material. En esos casos, el porcentaje real de la ayuda que figura en los ejemplos del cuadro 2 es siempre muy inferior a estos porcentajes; la columna a) indica cual habría sido el coste de la realización de las obras medioambientales si se hubiesen conservado los edificios.

(51)

Además, en una misma explotación pueden realizarse obras en edificios existentes y construcciones nuevas.

(52)

Por último, si se tuviese que hacer la comparación caso por caso, según las autoridades francesas, en rigor habría que excluir del campo de la comparación con arreglo al artículo 87 del Tratado a los ganaderos que pagan un canon anual a una agencia del agua.

Cuadro 1

Ejemplos de porcentajes de ayuda reales para adaptación a las normas en virtud del PMPOA

(importes en FRF)

Tipo de explotación

Mejoras necesarias

Importe total obras (a)

Importe obras subvencionables (b)

Importe escogido: Estado (c)

Importe escogido: agencia del agua (d)

Ayuda total (e)

Porcentaje real (e/b)

Explotación mixta:

52 lecheras, 20 nodrizas y renovación, es decir 120 UGM N

Impermeabilización y cobertura zona de ejercicio. Aumento capacidad estercolero. Construcción foso para recogida de deyecciones.

334 154

257 372

236 550

236 550

141 930

55,1 %

60 vacas lecheras y renovación, es decir 80 UGM N

Estanquidad foso existente. Construcción foso descubierto. Impermeabilización zona de ejercicio.

328 178

328 178

272 038

272 038

163 222

49,7 %

90 vacas lecheras y renovación, es decir 120 UGM N

Creación estercolero. Aumento capacidad foso. Separación aguas pluviales. Plan esparcimiento.

1 220 700

671 020

495 800

495 800

252 780

36,7 %

Explotación mixta: 450 cerdos magros, 84 bovinos carne y leche, es decir 115 UGM N

Paso a 9 meses duración almacenamiento efluentes. Cobertura zona ejercicio. Fuente agua cerdos.

196 380

188 330

177 225

177 225

115 195

57,5 %

147 cerdas, 27 verracos, 1 840 cerdos de engorde, es decir 223 UGM N

Red separación aguas. Cubierta patios pequeños.

93 180

305 510

16 163

16 163

10 505

34,4 %

210 cerdas, 1 318 cerdos de engorde, es decir 167 UGM N

Impermeabilización estercolero. Red de evacuación. Alimentación multifase.

100 293

55 375

55 375

55 375

33 225

60 %

242 000 aves de corral reproductoras, es decir 1 128 UGM N

Instalación de evacuación y secado de las deyecciones de las aves.

1 575 200

547 700

310 930

310 930

186 558

34,6 %


Cuadro 2

Ejemplos de porcentajes de ayuda reales en el caso de construcciones de edificios nuevos

(importes en FRF)

Tipo de explotación

Mejoras necesarias

Coste estimado edificios antiguos (a)

Importe total obras (b)

Importe escogido: Estado (c)

Importe escogido: agencia del agua (d)

Ayuda total (e)

Porcentaje real (e/b)

80 lecheras y renovación, es decir 123 UGM N

Construcción estabulación de paja todos animales. Colocación canalones.

380 120

468 502

328 640

90 880

118 592

25,3 %

75 nodrizas y crías, es decir 116 UGM N

Construcción estabulación libre. Aumento almacenamiento deyecciones y estercolero.

280 634

741 807

212 436

111 211

97 094

13,1 %

82 nodrizas y crías, es decir 134 UGM N

Construcción estabulación libre. Estanquidad zonas de hormigón. Aumento almacenamiento deyecciones y estercolero.

605 565

1 197 152

437 153

196 951

190 231

15,9 %

70 nodrizas y crías, es decir 110 UGM N

Construcción estabulación libre. Estanquidad zonas de hormigón. Construcción foso purín.

160 940

565 612

88 550

6 000

26 565

4,7 %

34 650 aves ponedoras, es decir 214 UGM N

Construcción gallineros. Zona de almacenamiento deyecciones de aves. Instalación secado deyecciones de aves.

368 454

2 309 993

368 454

176 454

163 472

7,1 %

IV.   Apreciación

1.   Introducción: el artículo 87, apartado 1, del Tratado

(53)

Según el artículo 87, apartado 1, del Tratado, «Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.»

(54)

Los artículos 87 a 89 del Tratado se han hecho aplicables en el sector de la carne de porcino mediante el artículo 21 del Reglamento (CEE) no 2759/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino (22). Se han hecho aplicables en el sector de la carne de vacuno mediante el artículo 40 del Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno (23). Antes de la adopción de este último, eran aplicables en el mismo sector en virtud del artículo 24 del Reglamento (CEE) no 805/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino (24). Asimismo, se han hecho aplicables en el sector de la carne de aves de corral mediante el artículo 19 del Reglamento (CEE) no 2777/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de aves de corral (25).

1.1.   Existencia de una ventaja selectiva financiada mediante recursos estatales

(55)

Con respecto a la naturaleza de la ayuda, ésta debe determinarse a escala de los ganaderos que hayan realizado inversiones en virtud del PMPOA. La Comisión opina que la financiación del PMPOA ha dado una ventaja selectiva a los agricultores franceses.

(56)

La Comisión considera que, contrariamente a lo que pretenden las autoridades francesas en sus observaciones, el carácter improductivo de las inversiones no anula el efecto de ventaja de la ayuda en términos puramente económicos, ya que ésta sirve para sufragar un coste que normalmente asume el beneficiario, colocándolo de este modo en una situación ventajosa con respecto a los competidores que no reciben una ayuda de este tipo.

(57)

Además, incluso en la hipótesis de que tales inversiones improductivas pudieran suponer inicialmente un lastre para la economía de las explotaciones, colocando, según las autoridades francesas, a los ganaderos afectados en una situación desfavorable con relación a los que no efectúen ese tipo de inversiones, no es menos cierto que éstas obedecen a una obligación legal precisa y que, a la larga, todos los ganaderos en cuestión deberán realizar ese tipo de inversión para evitar encontrarse en una situación de infracción.

1.2.   La alteración de los intercambios comerciales

(58)

Para determinar si la ayuda objeto de la presente Decisión pertenece al ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado, es preciso determinar, en última instancia, si puede afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.

(59)

El Tribunal ha comprobado que, cuando una ventaja concedida por un Estado miembro potencia la posición de una categoría de empresas con relación a otras empresas competidoras en los intercambios intracomunitarios, debe considerarse que tal ventaja influye en estos últimos (26).

(60)

Parece que las ayudas que son objeto de la presente Decisión pueden afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, ya que favorecen la producción nacional en detrimento de la de otros Estados miembros. Los sectores en cuestión están especialmente abiertos a la competencia comunitaria y son, por consiguiente, muy sensibles a toda medida en favor de la producción en uno u otro Estado miembro.

(61)

El cuadro 3 muestra el nivel de los intercambios comerciales entre Francia y los demás Estados miembros de los productos en cuestión en el primer año siguiente a la entrada en vigor del PMPOA.

Cuadro 3

Francia/UE 11

Carne de vacuno

Carne de porcino

Aves de corral

Importaciones 1994

 

 

 

Toneladas

525 000

463 000

85 000

Millones de ecus

1 664

860

170

Exportaciones 1994

 

 

 

Toneladas

796 000

361 000

389 000

Millones de ecus

2 368

669

863

1.3.   Conclusiones sobre el carácter de ayuda con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado

(62)

Las medidas examinadas en la presente Decisión constituyen ayudas estatales con arreglo al Tratado porque proporcionan a los beneficiarios una ventaja económica que no tienen otros sectores. En consecuencia, la Comisión llega a la conclusión de que estas medidas pertenecen al ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado.

2.   La ilegalidad de estas ayudas

(63)

El artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 define la ayuda ilegal como cualquier nueva ayuda que se lleve a efecto contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado. La noción de nueva ayuda abarca, de acuerdo con el artículo 1, letra c), del citado Reglamento, toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes.

(64)

Todo régimen de ayudas autorizado por la Comisión en el que posteriormente se incorporan modificaciones importantes —en el caso que nos ocupa, las relativas a la participación de un organismo público en la financiación de la ayuda notificada a la Comisión, que alteran considerablemente la clave de financiación y, por ende, la cuantía de la ayuda— constituye una nueva ayuda que debe notificarse a la Comisión con arreglo al artículo 88 del Tratado y ser autorizada por ella.

(65)

Según el Tribunal de Justicia, la obligación de comunicar a la Comisión proyectos tendentes a instituir o modificar ayudas, prevista en la primera frase del artículo 88, apartado 3, del Tratado, no se aplica únicamente al proyecto inicial, sino que se hace extensiva asimismo a las modificaciones efectuadas posteriormente en ese proyecto, en el entendimiento de que esas informaciones pueden facilitarse a la Comisión en el marco de las consultas a que dé lugar la notificación inicial (27).

(66)

La obligación de notificación se consagra en el artículo 1, letra c), del Reglamento (CE) no 659/1999.

(67)

Debe precisarse, además, que la inclusión de una ficha informativa en el inventario de ayudas elaborado por el Ministerio francés de Agricultura sólo tiene un valor puramente informativo y no puede calificarse de notificación con arreglo al Tratado. Es más, los datos que se recogen en aquella tampoco hacen referencia a la participación de las agencias del agua en el programa, aunque se afirma que la participación del Estado asciende al 35 % de los costes de las inversiones.

(68)

La Comisión no ha estado en condiciones de evaluar la participación de las agencias del agua en el programa ni los efectos que la cuantía de su participación podría haber tenido sobre la intervención pública a escala de las inversiones de que se trata. De manera más concreta, no ha podido examinar las posibles repercusiones que la participación de un organismo público en la financiación de la ayuda puede tener desde el punto de vista de la cuantía de la ayuda. De lo que se desprende que las ayudas efectivamente concedidas por las autoridades francesas no se ajustaban necesariamente a los mecanismos autorizados por la Comisión con arreglo a las ayudas estatales no N 136/91 y N 342/94.

(69)

La variación de la cuantía de la ayuda constituye en sí un elemento modificador de su naturaleza que hace obligatoria la notificación con arreglo al artículo 88, apartado 2, del Tratado.

(70)

En lo relativo particularmente al sector bovino, las autoridades francesas no han notificado a la Comisión las ayudas a las inversiones previstas. Las autoridades francesas han pretendido, sin embargo, que, puesto que la Comisión consideraba que el mecanismo podía optar a una participación financiera comunitaria, contaban con argumentos para deducir de ello su compatibilidad con la normativa comunitaria. Ahora bien, el Reglamento (CEE) no 2328/91, aplicable entonces, disponía en su artículo 12, apartado 5, que las ayudas a las inversiones relativas a la protección y a la mejora del medio ambiente se autorizan siempre que no supongan un aumento de la producción y sean conformes con los artículos 92 a 94 del Tratado (actualmente, 87 a 89). Ello conlleva la obligación de notificar todo régimen de ayudas estatales con arreglo al antiguo artículo 93, apartado 3, del Tratado, más aún cuando las condiciones aplicadas a las ayudas en 1994 no correspondían a las condiciones comunicadas a la Comisión en 1991.

(71)

De lo expuesto anteriormente se deduce que las ayudas estatales llevadas a efecto por Francia consistían en nuevas ayudas no notificadas a la Comisión y, en consecuencia, ilegales con arreglo al Tratado.

3.   Examen de la compatibilidad de la ayuda

(72)

El artículo 87 del Tratado establece, sin embargo, excepciones, aunque algunas de ellas no son manifiestamente aplicables, en particular las previstas en el apartado 2. Las autoridades francesas no han buscado su amparo.

(73)

Por su parte, las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 3, del Tratado deben interpretarse estrictamente al examinar cualquier programa de ayuda con finalidad regional o sectorial o cualquier caso individual de aplicación de regímenes de ayudas generales. Las excepciones sólo pueden concederse, en particular, en el caso de que la Comisión pudiera demostrar que la ayuda es necesaria para la consecución de uno de los objetivos en cuestión. Conceder el beneficio de las mencionadas excepciones a ayudas que no representen una contrapartida de esta naturaleza equivaldría a permitir dañar los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsear la competencia sin justificación con respecto al interés comunitario y, correlativamente, disfrutar de ventajas indebidas a los agentes económicos de determinados Estados miembros.

(74)

La Comisión considera que estas ayudas no se destinan a favorecer el desarrollo económico de una región en la que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en la que exista una grave situación de subempleo, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado. Tampoco se destinan a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado. Las ayudas no se destinan tampoco a promover la cultura y la conservación del patrimonio, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado.

(75)

El artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado dispone que pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Para poder acogerse a esta excepción, las ayudas deben contribuir al desarrollo del sector de que se trate.

(76)

En lo que respecta a las inversiones subvencionadas y a la forma de las ayudas, la Comisión ha llegado a la conclusión, al incoar el procedimiento, de que, pese a adolecer de ciertas ilegalidades, las ayudas se han llevado a efecto con arreglo a las normas comunitarias de competencia aplicables entonces. La Comisión no tiene motivos para poner en tela de juicio este aspecto de la ejecución de la ayuda.

(77)

El examen de la compatibilidad de las ayudas que se expone a continuación tiene únicamente por objeto, pues, los porcentajes de ayuda aplicados por las autoridades francesas.

(78)

La Comisión ha señalado, al incoar el procedimiento de examen, que, de acuerdo con el marco normativo aplicable en el momento de la entrada en vigor del programa, el límite de las ayudas a las inversiones para la protección del medio ambiente era del 35 % de los costes en que se hubiera incurrido (el 45 % en las zonas desfavorecidas).

(79)

Las autoridades francesas consideran, no obstante, que para superar los porcentajes del 35 % y del 45 % podrían haberse utilizado las disposiciones del artículo 12, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 2328/91 y las del artículo 12, apartado 3, letra d), del Reglamento (CE) no 950/97. Según dichas autoridades, estas disposiciones permiten que no se apliquen las prohibiciones de ayudas y las limitaciones de estos porcentajes para determinadas inversiones, como las encaminadas a la protección del medio ambiente.

(80)

La Comisión señala de entrada que el artículo 12, apartado 5, quinto guión, del Reglamento (CEE) no 2328/91, que contemplaba un examen de las ayudas nacionales con relación a los antiguos artículos 92 y 93 del Tratado (en la actualidad, 87 y 88) y del artículo 6 del citado Reglamento, autorizaba las medidas de ayuda para las inversiones relativas a la protección y mejora del medio ambiente, siempre que las inversiones no supusieran un aumento de la capacidad de producción. La Comisión considera demostrado que las inversiones a las que iban dirigidas estas ayudas no suponían un aumento de la producción, ya que se destinaban exclusivamente a la protección del medio ambiente en zonas rurales (almacenamiento y tratamiento de efluentes, en particular).

(81)

Por lo que se refiere, más concretamente, al porcentaje de ayuda admitido, la Comisión, en su decisión sobre la ayuda estatal no N 136/91 dirigida a Francia, recuerda que solía considerar como compatible con el mercado común un porcentaje del 35 % de los costes subvencionables para este tipo de ayudas (el 45 % en las zonas desfavorecidas).

(82)

Estos porcentajes de ayuda se confirmaron en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, poco después de la ejecución del PMPOA. Así, el punto 3.2.3 de esas directrices disponía que, por regla general, las ayudas a la inversión para fines ambientales pueden admitirse si no superan determinados niveles. La nota a pie de página no 14 precisaba, en su párrafo segundo, que «para las inversiones cubiertas por los apartados 1 y 5 del artículo 12 del Reglamento (CEE) no 2328/91 del Consejo (…), el nivel máximo aplicable es del 35 % o del 45 % en las zonas (…) desfavorecidas. Estos niveles máximos se aplicarán independientemente del tamaño de las empresas. Por lo tanto, no podrán ampliarse para las PYME, como se indica a continuación. Para las inversiones en regiones de los objetivos nos 1 y 5 b), la Comisión se reserva el derecho de aceptar, en casos concretos, niveles de ayuda superiores, si los Estados miembros consiguen demostrar a la Comisión que están justificados.»

(83)

El Reglamento (CE) no 2328/91 se derogó mediante el Reglamento (CE) no 950/97. El artículo 12, apartado 2, letra e), de este último Reglamento precisaba que los Estados miembros pueden conceder ayudas a las inversiones destinadas a «la protección y mejora del medio ambiente, siempre que las inversiones no supongan un aumento de la capacidad de producción». El artículo 12, apartado 3, del citado Reglamento precisaba que, «en las explotaciones individuales o asociadas que cumplen los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 5 y 9, las ayudas a las inversiones que sobrepasen los valores e importes indicados en los apartados 2 y 3 del artículo 7 y en el artículo 11 quedarán prohibidas». No obstante, en virtud del artículo 12, apartado 3, párrafo segundo, letra d), del citado Reglamento, esa prohibición no se aplicaba a las ayudas destinadas a «las inversiones destinadas a la protección y mejora del medio ambiente».

(84)

Ahora bien, el artículo 12, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 950/97 disponía que los artículos 92 a 94 del Tratado (en la actualidad, 87 a 89) se aplicasen a esas ayudas. Ello equivalía a una remisión a las normas de competencia aplicables entonces, es decir, a la práctica comunitaria ya citada en la decisión sobre la ayuda estatal no N 136/91, y a las condiciones que se recogen en las Directrices comunitarias para la protección del medio ambiente.

(85)

La Comisión, basándose en las disposiciones aplicables en el periodo de 1994-1999, tal como se describen en la presente Decisión, no puede sino llegar a la conclusión de que el porcentaje de ayuda máximo aplicable a las ayudas en cuestión era del 35 % de los costes asumidos (el 45 % en las zonas desfavorecidas) y que, por ello, las ayudas concedidas que superasen esos porcentajes no eran conformes a las mencionadas disposiciones.

(86)

No obstante, con respecto al año 2000, tratándose de ayudas a la inversiones en las explotaciones agrarias, el punto 4.1.1.2 de las directrices agrarias, aplicables desde el 1 de enero de 2000, dispone que el porcentaje máximo de ayuda pública, con relación a la inversión subvencionable, se limita al 40 %, o al 50 % en las zonas desfavorecidas. Ahora bien, cuando se trata de inversiones realizadas por jóvenes agricultores en los cinco años siguientes a la fecha de su instalación, el porcentaje máximo de ayuda se aumenta hasta el 45 %, o el 55 % en las zonas desfavorecidas.

(87)

El punto 4.1.2.4 de las directrices agrarias dispone, excepcionalmente, que cuando las inversiones supongan un aumento de costes derivado de la protección y mejora del medio ambiente, el porcentaje máximo de ayuda del 40 % y 50 %, mencionado en el punto 4.1.1.2 de las citadas directrices, puede aumentarse 20 y 25 puntos porcentuales, respectivamente. Así pues, este aumento puede concederse a inversiones necesarias para el cumplimiento de nuevas normas mínimas, según las condiciones fijadas en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1750/1999 de la Comisión, de 23 de julio de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (28). El incremento debe limitarse estrictamente a los costes subvencionables suplementarios necesarios para cumplir el objetivo marcado, y no se aplicará en el caso de inversiones que den lugar a un aumento de la capacidad de producción.

(88)

La entrada en vigor, el 23 de enero de 2004, del Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios (29), ha modificado la situación jurídica en relación con este caso. El citado Reglamento autoriza, en determinadas condiciones, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas agrícolas, eximiéndolas de la obligación de notificación prevista en el artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(89)

Las autoridades francesas han precisado que los beneficiarios de las ayudas a las inversiones financiadas en virtud del PMPOA en el periodo de 1994-2000 eran pequeñas y medianas empresas con arreglo al artículo 2, punto 4), del Reglamento (CE) no 1/2004.

(90)

El artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2004 dispone que las ayudas individuales y los regímenes de ayudas que se pongan en práctica antes de la fecha de entrada en vigor de ese Reglamento, así como las ayudas concedidas en virtud de esos regímenes sin contar con una autorización de la Comisión y que infrinjan la obligación de notificación prevista en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, son compatibles con el mercado común con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado y están exentos en virtud de ese Reglamento si cumplen las condiciones que establece el artículo 3, excepción hecha de los requisitos del apartado 1 y de las letras b) y c) del apartado 2 de ese mismo artículo.

(91)

El artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1/2004 dispone que las ayudas concedidas al amparo de los regímenes mencionados en el apartado 2 de ese artículo son compatibles con el mercado común con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado y están exentas de las obligaciones que establece el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, siempre que cumplan las condiciones del citado Reglamento.

(92)

El artículo 4 del Reglamento (CE) no 1/2004 establece las condiciones que deben cumplirse en este caso, es decir, tratándose de un régimen de ayudas de inversión no notificado para pequeñas y medianas empresas.

(93)

Así, según el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1/2004, las ayudas de inversión en las explotaciones agrarias para la producción de productos agrarios son compatibles con el mercado común y están exentas de las obligaciones de notificación, en particular si la intensidad bruta de la ayuda no supera el 50 % de las inversiones subvencionables en las zonas desfavorecidas y el 40 % en las demás regiones.

(94)

Sin embargo, si las inversiones suponen costes suplementarios relacionados con la protección y la mejora del medio ambiente, los porcentajes máximos de ayuda del 50 % y 40 % pueden aumentarse 25 y 20 puntos porcentuales, respectivamente. Estos incrementos sólo pueden concederse a inversiones que vayan más allá de los requisitos comunitarios mínimos vigentes o a inversiones efectuadas para cumplir normas mínimas de reciente introducción. Los incrementos deben limitarse estrictamente a los costes subvencionables suplementarios necesarios y no se aplican en el caso de inversiones que den lugar a un aumento de la capacidad de producción.

(95)

En este caso concreto es evidente que se trata de inversiones destinadas a la protección y mejora del medio ambiente, reguladas por la Directiva sobre nitratos. Esta norma se adoptó en 1991 y, por consiguiente, ya no podía considerarse nueva norma en 2000.

(96)

Ahora bien, la Comisión ya se ha pronunciado sobre este problema con motivo de la ayuda estatal no N 355/2000, autorizando la continuación del PMPOA a partir de 2001 y hasta 2006. Valiéndose de nuevo del razonamiento seguido entonces, la Comisión insiste actualmente en que no puede ignorar que el primer programa de actuación francés para la aplicación de la Directiva sobre nitratos no se adoptó hasta 1997, y que las primeras obligaciones efectivas impuestas a los ganaderos sobre el terreno, que traducen el mencionado programa, son posteriores a esta fecha. Aunque es evidente que Francia no ha demostrado diligencia en la transposición de la Directiva y que tendría que haber adoptado las disposiciones necesarias dentro de unos plazos que expiraron hace tiempo (30), es innegable que las primeras obligaciones conocidas por los ganaderos son mucho más recientes.

(97)

Además, contrariamente a determinadas otras normas comunitarias, la Directiva sobre nitratos no establece obligaciones precisas a las que los agentes económicos tuvieran que conformarse sin la intervención previa del Estado miembro. Esta Directiva no fija tampoco un plazo para la adaptación de las instalaciones.

(98)

Por este motivo, la Comisión sigue opinando que, a la luz de las circunstancias especiales que concurren en la Directiva sobre nitratos, las obligaciones a que estaban sometidos los ganaderos podían considerarse como nuevas normas con arreglo al Reglamento (CE) no 1/2004. Cualquier otra interpretación penalizaría a los ganaderos por la inacción de Francia en el plano jurídico.

(99)

La Comisión considera que las inversiones realizadas en las zonas no vulnerables con arreglo a la Directiva sobre nitratos, en las que las condiciones que se exigen en ella no son de aplicación, podían, en cualquier caso, disfrutar de porcentajes superiores ya que se aplicaban normas menos exigentes que las establecidas en la mencionada Directiva y que las obras previstas iban más allá de las exigencias mínimas vigentes en esas regiones.

(100)

En lo tocante a las inversiones por realizar en las zonas vulnerables, la Comisión, aunque es coherente con su razonamiento ya expuesto sobre la naturaleza nueva de las normas a que estaban sometidos los ganaderos, debe concluir que, en este caso, podían aumentarse los porcentajes de ayuda, quedando fijados, por lo tanto, en el 60 % de los costes de las inversiones o en el 75 % en las zonas desfavorecidas.

(101)

Dado que las cifras facilitadas por las autoridades francesas ponen de manifiesto que la cuantía de las ayudas no ha superado nunca en la práctica el 60 % de los costes soportados, la Comisión considera que pueden autorizarse las ayudas concedidas en el periodo de 1994-1999 al amparo del PMPOA.

(102)

A la luz del razonamiento expuesto, la Comisión considera que la medida notificada es compatible con las normas comunitarias de competencia y, en particular, con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

V.   CONCLUSIÓN

(103)

La medida consistente en la concesión de una ayuda de inversión para agricultores en virtud del Programa de control de la contaminación de origen agrario (PMPOA) en el periodo de 1994-2000 puede acogerse a la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El régimen de ayudas estatales que Francia ha llevado a efecto para financiar las inversiones realizadas por los agricultores con motivo del Programa de control de la contaminación de origen agrario (PMPOA) de 1994 a 2000 es compatible con el mercado común con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

Artículo 2

La destinataria de la presente Decisión será la República Francesa.

Hecho en Bruselas, el 18 de febrero de 2004.

Por la Comisión

Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión


(1)  DO C 179 de 23.6.2001, p. 18.

(2)  Ayuda estatal no N 136/91.

(3)  DO L 218 de 6.8.1991, p. 1.

(4)  C(93) 1888.

(5)  Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 15 de septiembre de 1998, asuntos acumulados T-126/96 y C-127/96, Breda Fucine Meridionali SpA y otros/Comisión (Rec. p. II-3437). En esa sentencia, el Tribunal sostiene el argumento de la Comisión según el cual una comunicación de un Estado miembro no puede aceptarse como notificación válida cuando no hace referencia explícita al artículo 88, apartado 3, del Tratado ni se ha presentado a la Secretaría General. Por eso, debe considerarse que la ayuda no se ha notificado.

(6)  Ayuda estatal no N 342/94.

(7)  Véase la nota a pie de página no 5.

(8)  Véase la nota a pie de página no 1.

(9)  Ayuda estatal no N 355/2000.

(10)  DO L 375 de 31.12.1991, p. 1.

(11)  De acuerdo con la información que obra en poder de la Comisión —que procede parcialmente de la página Internet que tienen las agencias del agua (http://www.eaufrance.tm)—, estas agencias son organismos públicos, creados en 1964, que gozan de personalidad jurídica y autonomía financiera. Dependen del Ministerio de Medio Ambiente (Ministère de l'environnement) y del Ministerio de Economía (Ministère de l'économie et des finances), y las dirige un consejo de administración cuya composición es representativa de los diferentes usuarios del agua. Las agencias están distribuidas entre seis grandes cuencas que abarcan el conjunto del territorio nacional metropolitano: Adour-Garona, Artois-Picardía, Loira-Bretaña, Rin-Mosa, Ródano-Mediterráneo-Córcega y Sena-Normandía. Su organización es idéntica y consta de un comité de cuenca, de una agencia del agua y de un consejo de administración. Su política la define el Comité de Bassin (Comité de Cuenca) y se articula en torno a cuatro grandes ejes: gestión y recursos hídricos; lucha contra la contaminación; preservación de los medios acuáticos, y seguimiento de la calidad de las aguas continentales y litorales.

Entre 1997 y 2001, las agencias del agua previeron prestar ayuda para la financiación de un volumen de obras evaluado en unos 16 000 millones de euros a fin de preservar los recursos hídricos y luchar contra la contaminación. Las agencias ofrecen asesoramiento técnico a los representantes políticos, empresarios y agricultores y les proporcionan ayudas financieras para la realización de las obras necesarias para luchar contra la contaminación del agua y proteger los recursos hídricos. Las agencias obtienen su financiación de los cánones proporcionales abonados por los contaminadores y usuarios del agua. Estos cánones se redistribuyen después en forma de ayudas (subvenciones y préstamos) entre las entidades locales, la industria y la agricultura (y de manera más general, entre los promotores), para realizar diversas obras, como, por ejemplo, estaciones depuradoras, redes de saneamiento, producción de agua potable, acondicionamiento de ríos, elaboración de estudios o la instauración de redes de medida.

(12)  Los detalles de las inversiones subvencionadas pueden consultarse en la decisión de incoación del procedimiento.

(13)  Informe elaborado el 26 de julio de 1999 y difundido en 2000 mediante la página Internet del Ministerio francés de Agricultura: http://www.agriculture.gouv.fr.

(14)  Véanse en particular: sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1996, Compagnie nationale Air France/Comisión, asunto T-358/94 (Rec. p. II-2109); sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 1977, asunto 78/76, Steinike & Weinlig/RFA (Rec., p. 595); sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, asuntos acumulados T-197/97 y T-198/97, Weyl Beef Products BV y otros/Comisión (Rec. p. II-303); sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de enero de 1985, asunto 290/83, Comisión/Francia (Rec., p. 439); communication de la Commission du 26 mars 1997 sur les impôts, taxes et redevances environnementaux dans le marché unique (COM (97) 9 final).

(15)  Véase la argumentación exhaustiva de la Comisión sobre la naturaleza pública de las agencias del agua en la decisión de incoación del procedimiento.

(16)  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

(17)  DO C 28 de 1.2.2000, p. 2, y Corrección de errores, DO C 232 de 12.8.2000, p. 17.

(18)  DO L 128 de 19.5.1975, p. 1.

(19)  DO C 72 de 10.3.1994, p. 3.

(20)  DO L 142 de 2.6.1997, p. 1.

(21)  1 FRF = 0,15 euros.

(22)  DO L 282 de 1.11.1975, p. 1.

(23)  DO L 160 de 26.6.1999, p. 21.

(24)  DO L 148 de 28.6.1968, p. 24.

(25)  DO L 282 de 1.11.1975, p. 77.

(26)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1980, asunto 730/79, Philip Morris Holland BV/Comisión (Rec. p. 2671, punto 11).

(27)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de octubre de 1984, asuntos acumulados 91 y 127/83, Heineken Brouwerijen BV/Inspecteur der Vennootschapsbelasting en Ámsterdam y en Utrecht (Rec., p. 3435).

(28)  DO L 214 de 13.8.1999, p. 31. El párrafo segundo del citado artículo 2 dispone que «cuando las inversiones se destinen a cumplir con las normas mínimas en materia de medio ambiente (…) establecidas recientemente, podrá concederse ayuda para la observancia de dichas normas. En este caso, podrá concederse un plazo para el cumplimiento de estas normas mínimas, siempre que se considere necesario para solventar los problemas específicos que plantee la observancia de aquellas y siempre que dicho periodo respete la normativa específica en cuestión.»

(29)  DO L 1 de 3.1.2004, p. 1.

(30)  Debe señalarse a este respecto que, de resultas de un procedimiento de infracción emprendido contra Francia, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia por la mala aplicación de la Directiva sobre nitratos en ese Estado. El Tribunal condenó a Francia por no haber procedido a la correcta identificación de las aguas contaminadas y, consecuentemente, a la designación de las zonas vulnerables correspondientes (Sentencia del Tribunal de 27 de junio de 2002, asunto C-258/00, Comisión/Francia (Rec. p. I-05959)).


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