—

Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 2, el artículo 9, el artículo 10, el artículo 19, el artículo 48, el artículo 67, apartado 4, el artículo 153, el artículo 165, el artículo 168, el artículo 174 y el artículo 216, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y en particular sus artículos 3, 6, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 40, 41 y 47,

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular sus principios 1 sobre educación, formación y aprendizaje permanente, 2 sobre igualdad de género, 3 sobre igualdad de oportunidades, 4 sobre apoyo activo para el empleo, 5 sobre empleo seguro y adaptable, 6 sobre salarios, 10 sobre entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y protección de datos, 11 sobre asistencia y apoyo a los niños, 14 sobre renta mínima y 17 sobre inclusión de las personas con discapacidad,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su entrada en vigor el 21 de enero de 2011, de acuerdo con la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (1),

—

Vistas las observaciones generales del Comité de las Naciones Unidas sobre la CDPD como guía autorizada para su aplicación, en particular la observación general n.o 2, de 22 de mayo de 2014, sobre la accesibilidad; la n.o 3, de 25 de noviembre de 2016, sobre las mujeres y las niñas con discapacidad; la n.o 4, de 25 de noviembre de 2016, sobre el derecho a la educación inclusiva; la n.o 5, de 27 de octubre de 2017, sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; la n.o 6, de 26 de abril de 2018, sobre la igualdad y la no discriminación, y la n.o 7, de 9 de noviembre de 2018, sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, a la hora de aplicar y supervisar la Convención,

—

Visto el Código de conducta entre el Consejo, los Estados miembros y la Comisión por el que se establecen disposiciones internas para la aplicación por la Unión Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y para la representación de la Unión Europea en dicha Convención (2),

—

Vistas las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (Comité CDPD), de 2 de octubre de 2015, sobre el informe inicial de la Unión, y la lista de cuestiones previa a la presentación de los informes periódicos segundo y tercero de la Unión, presentada por el Comité CDPD el 20 de abril de 2022,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

—

Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

—

Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular las referencias explícitas a la discapacidad incluidas en los objetivos 1 y 2 sobre el fin de la pobreza y del hambre, 3 sobre la salud, 4 sobre la educación, 8 el sobre crecimiento y el empleo, 10 sobre la reducción de las desigualdades, 11 sobre la accesibilidad de los asentamientos humanos y 17 sobre la recopilación de datos,

—

Vistos los informes de ONU-Mujeres sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, en particular su informe, de 1 de julio de 2021, titulado «COVID-19, gender, and disability checklist: preventing and addressing gender-based violence against women, girls, and gender non-conforming persons with disabilities during the COVID-19 pandemic» (Lista de comprobación de COVID-19, género y discapacidad: prevenir y abordar la violencia de género contra las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad no conformes con el género durante la pandemia de COVID-19) (3),

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul),

—

Vista la investigación estratégica de la Defensora del Pueblo Europea sobre el modo en que la Comisión Europea garantiza que las personas con discapacidad puedan acceder a sus sitios web,

—

Vista la medida del Consejo por la que se establece el marco revisado a escala de la UE previsto en el artículo 33, apartado 2, de la CDPD,

—

Visto el documento informativo del Comité Económico y Social Europeo, de 20 de marzo de 2019, titulado «El derecho real de voto en las elecciones al Parlamento Europeo de las personas con discapacidad» (4),

—

Vista la investigación estratégica de la Defensora del Pueblo Europea sobre cómo la Comisión Europea supervisa los fondos de la UE utilizados para promover el derecho de las personas con discapacidad y de las personas mayores a vivir de forma independiente,

—

Vistos el informe de 2021 y el informe de 2022 sobre los derechos fundamentales de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de diciembre de 2019, titulado «Configurar la agenda de la UE sobre los derechos de las personas con discapacidad 2020-2030» (5),

—

Visto el Índice de igualdad de género elaborado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género en 2021,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (6),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece el programa Europa Creativa (2021 a 2027) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1295/2013 (7),

—

Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo (8),

—

Vista la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público (9),

—

Vista la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado (10),

—

Vista la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (11),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (12),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (13),

—

Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (14),

—

Vista la Recomendación (UE) 2019/786 de la Comisión, de 8 de mayo de 2019, relativa a la renovación de edificios (15),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de diciembre de 2020, titulado «La digitalización de la justicia en la UE — Un abanico de oportunidades», SWD(2020)0540 final,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de octubre de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos» (COM(2020)0620),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de noviembre de 2020, titulada «Una Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2021, titulada «Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030» (COM(2021)0101), y en particular las seis iniciativas emblemáticas que incluye,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2022, sobre el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2022 (COM(2022)0234),

—

Vista la Carta Social Europea (revisada), en particular su artículo 15 sobre el derecho de las personas con discapacidad a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad,

—

Vistas la propuesta de Directiva del Consejo presentada por la Comisión por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426) y la posición del Parlamento de 2 de abril de 2009 (16),

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 4 de junio de 1998, sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad (17),

—

Vista la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea (18),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 5 de diciembre de 2019, sobre los mercados laborales inclusivos: mejorar el empleo de las personas en situación de vulnerabilidad en el mercado laboral (19),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 9 de diciembre de 2021, titulado «Building an economy that works for people: an action plan for the social economy» (Construir una economía al servicio de las personas: plan de acción para la economía social) (SWD(2021)0373),

—

Vista su Resolución, de 23 de junio de 2022, sobre la aplicación de medidas de inclusión en el marco de Erasmus+ 2014-2020 (20),

—

Vista su posición, de 3 de mayo de 2022, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo por el que se deroga la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo y el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a dicha Decisión (21),

—

Vista su Resolución, de 7 de abril de 2022, sobre la protección por parte de la Unión de los niños y jóvenes que huyen de la guerra contra Ucrania (22),

—

Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2022, titulado «Consecuencias sociales y económicas para la Unión de la guerra librada por Rusia en Ucrania: refuerzo de la capacidad de actuación de la Unión» (23),

—

Vista su Resolución, de 24 de junio de 2021, sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres (24),

—

Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia (25),

—

Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2021, sobre la situación de los artistas y la recuperación cultural en la UE (26),

—

Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2021, sobre la protección de las personas con discapacidad a través de las peticiones: lecciones aprendidas (27),

—

Vista su Resolución, de 29 de abril de 2021, sobre la Garantía Infantil Europea (28),

—

Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2021, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, a la luz de la CNUDPD (29),

—

Vista su Resolución, de 8 de julio de 2020, sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias durante la crisis de la COVID-19 (30),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (31),

—

Vista su Resolución, de 18 de junio de 2020, sobre la Estrategia Europea sobre Discapacidad posterior a 2020 (32),

—

Vista su Resolución, de 5 de octubre de 2017, sobre condiciones y sistemas penitenciarios (33),

—

Vista su Resolución, de 29 de noviembre de 2018, sobre la situación de las mujeres con discapacidad (34),

—

Visto el estudio titulado «European Structural and Investment Funds and People with Disabilities in the European Union» (Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y las personas con discapacidad en la Unión Europea), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores el 3 de noviembre de 2016 (35),

—

Visto el estudio titulado «Inclusive education for learners with disabilities» (Educación inclusiva para alumnos con discapacidad), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión el 15 de septiembre de 2017 (36),

—

Visto el estudio titulado «La función de protección de la Comisión de Peticiones en el contexto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», publicado por su Dirección General de Políticas Interiores el 9 de octubre de 2015 (37), y sus actualizaciones de 2016, 2017 y 2018,

—

Visto el análisis en profundidad titulado «The European Accessibility Act» (El Acta Europea de Accesibilidad), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores el 15 de agosto de 2016 (38),

—

Visto el estudio titulado «Transport and tourism for persons with disabilities and persons with reduced mobility» (Transporte y turismo para personas con discapacidad y personas con movilidad reducida), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores el 8 de mayo de 2018 (39),

—

Visto el estudio titulado «The Post-2020 European Disability Strategy» («La Estrategia Europea sobre Discapacidad posterior a 2020»), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores el 15 de julio de 2020 (40),

—

Visto su estudio, de 2 de diciembre de 2021, titulado «The implementation of the 2015 Concluding Observations of the CRPD Committee by the EU» (La aplicación de las observaciones finales de 2015 del Comité CDPD por la UE) publicado por su Dirección General de Políticas Interiores (41),

—

Vista la misión realizada por la delegación ad hoc del Parlamento Europeo en la 15.a Conferencia de los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que se celebró entre los días 14 y 16 de junio de 2022 en Nueva York, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Peticiones,

—

Visto el Informe Especial 10/2021 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 26 de mayo de 2021, titulado «Integración de la perspectiva de género en el presupuesto de la UE: Es el momento de pasar a la acción» (42),

—

Vistos el objetivo de pobreza de Europa 2020, la Declaración de Oporto, la Comunicación de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, titulada «Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales» (COM(2021)0102) y su objetivo para 2030 relativo a la lucha contra la pobreza y la exclusión social,

—

Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (43),

—

Vistos los Reglamentos por los que se establecen las normas relativas a los programas de financiación de la Unión en el marco financiero plurianual, en particular el Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el programa Erasmus y el Fondo de Transición Justa, que proporcionan asistencia financiera de la Unión para mejorar la situación de las personas con discapacidad,

—

Vista la Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre normas relativas a los organismos para la igualdad (44),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2010, titulada «Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras» (COM(2010)0636),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de febrero de 2017, titulado «Informe de situación relativo a la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020» (SWD(2017)0029),

—

Vistos la iniciativa, en ocho Estados miembros, de proyecto piloto de la Comisión de 2016-2018 sobre una Tarjeta Europea de Discapacidad y el estudio de mayo de 2021 de evaluación de la aplicación de la acción piloto sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad y los beneficios asociados a ella,

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 20 de noviembre de 2020, titulado «Evaluation of the European Disability Strategy 2010-2020» (Evaluación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020) (SWD(2020)0289),

—

Visto el informe de la Comisión, de 19 de marzo de 2021, sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato a las personas independientemente de su origen racial o étnico (Directiva de igualdad racial y laboral) y de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (Directiva de igualdad en el empleo) (COM(2021)0139),

—

Visto el informe sobre políticas de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), de 21 de marzo de 2022, titulado «People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey» (Personas con discapacidad y pandemia de COVID 19: conclusiones de la encuesta electrónica Vida, trabajo y COVID-19),

—

Visto el informe de investigación de Eurofound, de 19 de abril de 2021, titulado «Disability and labour market integration: Policy trends and support in EU Member States» (Discapacidad e integración en el mercado laboral: tendencias políticas y apoyo prestado en los Estados miembros de la UE),

—

Visto el resumen de políticas de Eurofound, de 30 de noviembre de 2018, titulado «Social and employment situation of people with disabilities» (Situación social y laboral de las personas con discapacidad),

—

Vista la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea (45),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Peticiones,

—

Vista la carta de la Comisión de Cultura y Educación,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0284/2022),

A.

Considerando que, según los datos disponibles, hay aproximadamente 87 000 000 de personas con alguna forma de discapacidad en la Unión, y de ellas más de 24 000 000 son personas con discapacidad grave;

B.

Considerando que, según la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030, más de un millón de niños y adultos con discapacidad menores de 65 años y más de dos millones de adultos de 65 años o más viven en instituciones; que existe una relación entre el incremento del número de personas con discapacidad y el envejecimiento de la población europea, y que esto debe tenerse en cuenta en las políticas de la Unión;

C.

Considerando que, según la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030, el 50,8 % de las personas con discapacidad están empleadas, frente al 75 % de las personas sin discapacidad; que, según la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030, la evaluación de la Estrategia sobre Discapacidad 2010-2020 «consideró el empleo como una de las cinco prioridades estratégicas principales para futuras acciones»;

D.

Considerando que las personas con discapacidad que viven en la Unión siguen sufriendo discriminación, como denegación de ajustes razonables, acoso y formas de discriminación múltiple e interseccional en todos los ámbitos de sus vidas, en particular desventajas socioeconómicas, aislamiento social, maltrato y violencia, incluida violencia de género, esterilización y abortos forzados, falta de acceso a servicios comunitarios, vivienda de baja calidad, institucionalización, asistencia sanitaria inadecuada y denegación de la oportunidad de contribuir y participar activamente en la sociedad (46);

E.

Considerando que solo veintidós de los veintisiete Estados miembros han firmado y ratificado el Protocolo Facultativo de la CDPC (47); que, en varias resoluciones, el Parlamento ha supervisado, promovido y pedido la plena aplicación de la CDPD, así como la sensibilización sobre los derechos recogidos en ella; que el Parlamento ha subrayado asimismo la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la CDPD, tanto por parte de los Estados miembros que aún no lo han hecho como por parte de la Unión, dado que es una vía que ofrece la oportunidad de revisar casos individuales o sistémicos de discriminación;

F.

Considerando que la base de una Europa accesible e inclusiva de las personas con discapacidad es una Unión cuyos Estados miembros reconozcan la condición de discapacidad de una persona y permitan que las personas con discapacidad disfruten plenamente de su libertad de circulación; que las personas con discapacidad en toda su diversidad tienen derecho a disfrutar de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones; que la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida y la sociedad es vital para el disfrute de sus derechos fundamentales;

G.

Considerando que la Comisión no ha adoptado medidas eficaces para garantizar la armonización jurídica con la CDPD; que hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna revisión de la legislación y la política vigentes, ni de las directrices de evaluación de impacto previas a una propuesta de legislación;

H.

Considerando que la falta, a escala de la Unión, de una definición común de discapacidad constituye un importante obstáculo para la codificación de la evaluación de la discapacidad y el reconocimiento mutuo de las decisiones nacionales en materia de discapacidad, en particular en relación con las condiciones para el acceso a instalaciones y servicios específicos en el ámbito de la seguridad social;

I.

Considerando que los datos fiables y desglosados sobre las personas con discapacidad de que se dispone a nivel de la Unión son muy limitados;

J.

Considerando que la Comisión ha presentado una agenda ambiciosa dentro del marco de la Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030;

K.

Considerando que, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la legislación vigente de la Unión relativa a los derechos de las personas con discapacidad no se aplica ni se hace cumplir de modo efectivo; que la legislación de la Unión no cubre las formas múltiples e interseccionales de discriminación y que sigue habiendo lagunas en el seguimiento de los casos de discriminación;

L.

Considerando que las instituciones de la UE deben reforzar los procesos estructurados para consultar a las personas con discapacidad y a sus organizaciones representativas asegurando el derecho a la información y la accesibilidad de dichos procesos, tanto en términos de la accesibilidad digital de las plataformas en línea como de los plazos otorgados para aportar comentarios, y de garantizar que las aportaciones se recaben en fases del proceso legislativo en que aún pueden marcar una diferencia; que todavía falta transparencia sobre cómo se tratan estas aportaciones y cómo se reflejan en las propuestas finales; que los Estados miembros y los países no pertenecientes a la Unión, en particular los países candidatos, también deben hacer más a este respecto;

M.

Considerando que las personas con discapacidad cuya capacidad jurídica ha sido denegada o limitada pueden no ser capaces de ejercer sus derechos fundamentales, en particular el derecho a acceder a la justicia, al sufragio activo y pasivo, a decidir dónde vivir y a firmar cualquier tipo de contrato;

N.

Considerando que el acceso a la justicia constituye un elemento imprescindible del Estado de Derecho y es un derecho fundamental en la medida en que constituye un requisito previo para el disfrute de los demás derechos humanos, como la igualdad ante la ley y un juicio justo; que el artículo 13 de la CDPD exige a los Estados parte que garanticen a las personas con discapacidad un acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, mediante ajustes de procedimiento y promoviendo la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia;

O.

Considerando que la presencia de una discapacidad no justifica por sí sola la privación de la capacidad jurídica de una persona; que cualquier medida de restricción de su capacidad jurídica debe adecuarse a las condiciones de dicha persona y ser proporcionada a sus necesidades y solo puede tener lugar en determinadas condiciones y con determinadas garantías;

P.

Considerando que, según el informe de 2019 «El derecho real de voto en las elecciones al Parlamento Europeo de las personas con discapacidad» del Comité Económico y Social Europeo, cerca de 800 000 ciudadanos de la Unión fueron privados de su derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo debido a su discapacidad o a problemas de salud mental, y que millones de ciudadanos de la Unión son también incapaces de votar en elecciones al Parlamento Europeo debido a barreras técnicas o a modalidades de organización inadecuadas, que no atienden las necesidades resultantes de una o varias discapacidades;

Q.

Considerando que en catorce Estados miembros se deniega el derecho a voto a personas con discapacidad bajo tutela plena o parcial (48); que solo pueden ejercer su derecho a presentarse como candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo en siete Estados miembros; que esto contraviene claramente los artículos 39 y 40 de la Carta; que muchas barreras de accesibilidad siguen impidiendo a las personas con discapacidad participar en las elecciones;

R.

Considerando que la pandemia ha tenido una grave repercusión en el bienestar psíquico de la infancia y de las personas jóvenes, en particular de aquellas con discapacidad; que la pandemia de COVID-19 afectó a las personas con discapacidad que viven en instituciones más que a las demás, a raíz de la práctica común de prohibir las visitas a dichas instituciones; que los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad durante futuras pandemias;

S.

Considerando que la Unión debe garantizar mejor los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad en sus políticas sanitarias, como las políticas relacionadas con la COVID-19, las estrategias en materia de salud mental y el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer;

T.

Considerando que el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 refleja una agenda de desarrollo sostenible basada en los derechos humanos que incluye a las personas con discapacidad y es accesible por ellas y exige que todas las políticas de reducción del riesgo de desastres integren una perspectiva de discapacidad y promuevan una toma de decisiones inclusiva y consciente de los riesgos, basada en la difusión de información desglosada por discapacidad;

U.

Considerando que la tecnología de inteligencia artificial tiene el potencial, en particular, de simplificar la vida cotidiana de las personas con discapacidades visuales, auditivas, motrices y de aprendizaje, al permitirles un acceso más fácil a la cultura, el arte, el deporte, el trabajo y las actividades sociales, y posibilitarles vivir de manera más independiente;

V.

Considerando que las personas con discapacidad tienen una probabilidad como mínimo tres veces mayor de sufrir violencia física, sexual y emocional que las personas sin discapacidad; que las mujeres y las niñas con discapacidad corren un mayor riesgo de sufrir violencia de género; que las mujeres con discapacidad tienen hasta diez veces más probabilidades de sufrir violencia sexual (49), incluida la esterilización forzada, y que la legislación de la Unión en materia de igualdad de género no tiene plenamente en cuenta sus derechos y necesidades;

W.

Considerando que reconocer la intersección entre violencia, género y discapacidad a que se enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad resulta esencial para la adopción de estrategias de respuesta inclusivas; que muchas personas con discapacidad pueden carecer asimismo de acceso a la educación sexual, que podría ayudarles a identificar y prevenir el abuso, y que afrontan mayores barreras para acceder a la justicia y denunciar actos de violencia; que las mujeres con discapacidad tienen una mayor probabilidad de sufrir pobreza y aislamiento que los hombres con discapacidad o las personas sin discapacidad;

X.

Considerando que los detenidos con discapacidad siguen sufriendo violaciones de sus derechos fundamentales en varios Estados miembros; que los detenidos con una discapacidad no reconocida o no tenida suficientemente en cuenta se enfrentan a condiciones de detención vergonzosas; que con demasiada frecuencia los Estados miembros violan los derechos fundamentales de los detenidos con discapacidad, al no tener en cuenta sus necesidades;

Y.

Considerando que los creadores culturales —como los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes y los artistas— con discapacidad tienen más difícil el acceso a actividades artísticas y culturales profesionales y no profesionales, así como menos oportunidades para desarrollar carreras a largo plazo en los sectores culturales y creativos; que a menudo se ven excluidos de las políticas y de la financiación en los sectores culturales y creativos porque no se tiene en cuenta, por ejemplo, la movilidad restringida o la dificultad de los procedimientos burocráticos para obtener financiación;

Z.

Considerando que la Unión debe proporcionar a los niños con discapacidad que han huido de una guerra un apoyo suplementario para satisfacer sus necesidades; que, según su Resolución sobre la protección por parte de la Unión de los niños y jóvenes que huyen de la guerra contra Ucrania, aprobada en abril de 2022, más de 100 000 niños viven en centros de asistencia institucional e internados en Ucrania y que más de la mitad tiene alguna discapacidad;

AA.

Considerando que la investigación de Eurofound muestra que, entre 2011 y 2016, la brecha entre las personas con y sin discapacidad en lo que respecta a estudios superiores completados creció del 7 % al 9 %; que solo el 29,4 % de las personas con discapacidad obtienen un título de enseñanza superior, frente al 43,8 % de las personas sin discapacidad; que las limitaciones a las que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de acceder a la educación conducen a una participación más limitada en las actividades educativas y de formación y a un riesgo de exclusión social y económica;

AB.

Considerando que la Unión, sus instituciones y sus Estados miembros son partes en la CDPD y están obligados a aplicar plenamente los derechos fundamentales recogidos en ella, incluido su artículo 27 sobre el trabajo y el empleo; que los derechos consagrados en la CDPD distan mucho de ser una realidad para millones de personas con discapacidad en la Unión, sobre todo por las deficiencias de la Directiva de igualdad en el empleo;

AC.

Considerando que la CDPD reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás, incluida la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido y en un entorno abierto, inclusivo y accesible; que toda persona tiene derecho a recibir asistencia personalizada y oportuna a fin de mejorar sus perspectivas de empleo o trabajo autónomo, lo que incluye el derecho a recibir ayuda para la búsqueda de empleo, la formación y el reciclaje, tal como establece el principio 4 del pilar europeo de derechos sociales; que las personas con discapacidad están mayoritariamente excluidas del mercado laboral abierto y que se les niega su derecho a trabajar en igualdad de condiciones con los demás o se enfrentan a grandes dificultades para lograr un acceso equitativo al mercado laboral y formar parte de este en igualdad de condiciones; que las investigaciones de Eurofound han revelado que entre los principales obstáculos al empleo de personas con discapacidad figuran los estereotipos relacionados con la discapacidad, las dificultades burocráticas para acceder a los servicios disponibles, la falta de una visión estratégica para la gobernanza, un seguimiento insuficiente de la aplicación de las políticas, la escasez de recursos de formación para los empleadores y la falta de apoyo especializado;

AD.

Considerando que las personas con discapacidad deben poder acceder a un apoyo individualizado y a medios para su adaptación en el lugar de trabajo; que las personas con discapacidad tienen derecho a una ayuda a la renta que garantice que puedan tener una vida digna, a servicios que les permitan participar en el mercado laboral y en la sociedad, y a un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades; que las desventajas que sufren las personas con discapacidad van mucho más allá del ámbito del empleo; que la situación social y financiera de las personas con discapacidad en la Unión es significativamente peor que la de las personas sin discapacidad y reflejo de la desventaja estructural o educativa y la discriminación; que las medidas de apoyo centradas en ámbitos distintos del empleo, como la reducción de la pobreza, el acceso a la vivienda y la atención a la infancia, la accesibilidad del transporte público y la asistencia personal, también desempeñan un papel clave a la hora de brindar a las personas con discapacidad oportunidades para pasar a formar parte de la población activa y mantenerse en ella;

AE.

Considerando que la Estrategia de la Unión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030 propone crear una Tarjeta Europea de Discapacidad para finales de 2023, con miras a su reconocimiento en todos los Estados miembros;

AF.

Considerando que las innovaciones técnicas, como los sistemas de inteligencia artificial ética y centrada en el ser humano, tienen potencial para desarrollar procesos de contratación eficientes, accesibles y no discriminatorios, pero que los avances tecnológicos no inclusivos podrían entrañar el riesgo de que se añadan nuevas barreras, así como formas de discriminación, contra las personas con discapacidad; que el artículo 9 de la CDPD exige la accesibilidad de la información y de los sistemas y tecnologías de la comunicación en igualdad de condiciones con los demás; que el 64,3 % de las personas con discapacidad de 16 años o más disponen de conexión a internet en casa, frente al 87,9 % de las personas sin discapacidad;

AG.

Considerando que las investigaciones de Eurofound han mostrado que el apoyo a la iniciativa empresarial y al trabajo autónomo a través de la orientación, la formación y la ayuda financiera puede proporcionar a las personas con discapacidad oportunidades para estar activas en el mercado laboral abierto y, con ello, desincentivar su dependencia exclusiva de las prestaciones por discapacidad; que dicho apoyo debe estar bien orientado a sus objetivos y disponer de los recursos adecuados;

AH.

Considerando que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado los obstáculos y las desigualdades existentes para todas las personas con discapacidad; que las investigaciones de Eurofound han mostrado que, durante la pandemia, una media del 71 % de los encuestados con discapacidad se encontraban en riesgo de padecer depresión, y el 25 % de los encuestados con discapacidad indicaron que no podían acceder a los servicios de salud mental, una tasa que duplica a la registrada para las personas sin discapacidad; que un estudio de Eurofound ha mostrado que los confinamientos y las restricciones debidos a la pandemia de COVID-19 afectaron especialmente a los jóvenes con discapacidad con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años, pues el 51 % de dichos encuestados indicaron que se sentían solos, esto es, un 19 % más que entre los jóvenes sin discapacidad; que los planes de reincorporación al trabajo son esenciales para los trabajadores que sufren problemas de salud mental;

AI.

Considerando que, una década después de que la Unión se adhiriera a la CDPD, el nivel de institucionalización sigue siendo el mismo; que, en toda Europa, al menos 1 400 000 personas siguen confinadas en instituciones, un número que se ha mantenido constante desde la adopción de la Convención; que, según la encuesta de 2020 sobre la vida independiente de la Red Europea de Vida Independiente, veinticuatro de los cuarenta y tres países con representación en el Consejo de Europa no disponen de una estrategia de desinstitucionalización, y, con respecto a los dieciocho países que sí disponen de una, el 88 % de los encuestados la describen como deficiente o consideran que requiere mejoras;

AJ.

Considerando que treinta y tres países del Consejo de Europa proporcionan algún tipo de asistencia personal, si bien el 97 % de los encuestados indican que el acceso a ella es deficiente o requiere mejoras;

AK.

Considerando que el marco legislativo actual no impone a los Estados miembros la obligación de designar un organismo de igualdad para proteger a las víctimas de discriminación por razón de discapacidad;

AL.

Considerando que, en 2008, la Comisión presentó una propuesta destinada a ampliar la protección frente a la discriminación más allá del empleo, tal como se recoge en la Directiva de igualdad en el empleo, que prohíbe la discriminación por razón de discapacidad, edad, orientación sexual y religión o creencias en el ámbito del empleo y la ocupación; que la nueva Directiva haría que el principio de igualdad se aplicara a la educación, el acceso a los bienes y servicios y la protección social, incluidas la seguridad social y la atención sanitaria; que esta propuesta aún no se ha adoptado y lleva catorce años bloqueada en el Consejo, donde se requiere la unanimidad para su adopción;

AM.

Considerando que todos los Estados miembros de la Unión han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, por lo que es vinculante para ellos, y que el artículo 3, apartado 3, del TUE establece el objetivo de la Unión de promover la protección de los derechos del niño; que la Carta garantiza que las instituciones de la Unión y los Estados miembros deben proteger los derechos del niño cuando apliquen el Derecho de la Unión; que el Parlamento aprobó con una holgada mayoría su Resolución sobre la Garantía Infantil Europea, en la que se exige que se garantice el acceso a una educación inclusiva desde la primera infancia hasta la adolescencia para todos los niños, incluidos los niños romaníes, los niños con discapacidad, los niños apátridas y migrantes y los niños que viven en contextos de emergencia humanitaria;

AN.

Considerando que el acceso al empleo de calidad, la educación y formación, la atención sanitaria, la protección social, también con carácter transfronterizo, una vivienda adecuada, el apoyo a la vida independiente, y la igualdad de oportunidades para participar en actividades de ocio y en la vida comunitaria resultan esenciales para la calidad de vida de las personas con discapacidad y para reducir la pobreza y la vulnerabilidad, así como para apoyar un crecimiento sostenible e inclusivo; que los regímenes nacionales de renta mínima deben garantizar la igualdad de acceso para las personas con discapacidad; que las personas con discapacidad también deben tener acceso a una asistencia específica para sufragar gastos adicionales relacionados con la discapacidad, es decir, que dichos gastos no los debe cubrir la renta solamente;

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