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Document 52021IR1127

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La aplicación del pilar europeo de derechos sociales desde una perspectiva local y regional

COR 2021/01127

DO C 300 de 27.7.2021, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2021   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 300/7


Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La aplicación del pilar europeo de derechos sociales desde una perspectiva local y regional

(2021/C 300/03)

Ponente general:

Anne KARJALAINEN (FI/PSE), miembro del Consejo Municipal de Kerava

Documento de referencia:

Consulta de la Presidencia portuguesa

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales

COM(2021) 102 final

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones generales

1.

se congratula de que la Presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea haya incorporado como objetivo prioritario de su programa la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y, a petición de la Presidencia, ha elaborado de cara a la Cumbre Social de Oporto un Dictamen sobre la perspectiva local y regional al respecto. Es importante que exista un compromiso al más alto nivel político para promover una Europa social fuerte e impulsar el bienestar de las personas a lo largo de esta década;

2.

acoge con gran satisfacción el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales de la Comisión Europea, que presenta las necesarias políticas e instrumentos concretos a largo plazo que constituirán la base de unos sistemas económicos y sociales más sostenibles para el futuro en todos los Estados miembros de la Unión Europea;

3.

celebra que el Plan de Acción reconozca la importancia de los entes locales y regionales a la hora de aplicar y desarrollar las iniciativas y aportarles valor añadido. Los entes locales y regionales desempeñarán un papel clave para reforzar la vitalidad de las regiones y alcanzar los objetivos cuantitativos principales para 2030 en materia de empleo, capacidades y protección social, a condición de que se pongan a disposición suficientes fondos para la aplicación del Plan de Acción;

4.

señala que el Plan respaldará y promoverá los esfuerzos de los entes locales y regionales para aplicar las políticas sociales y de empleo. Es importante mirar más allá de la crisis actual y llevar a cabo inversiones sociales a fin de reforzar la dimensión social, y también de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior;

5.

observa que una aplicación clara, coordinada y ambiciosa del pilar europeo de derechos sociales reforzará el compromiso de la Unión Europea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como con la aplicación socialmente justa del Pacto Verde Europeo;

6.

observa que, a la hora de aplicar el pilar europeo de derechos sociales, los principios de subsidiariedad y proporcionalidad determinarán el nivel en el que la UE y los Estados miembros podrán utilizar los instrumentos políticos y las medidas legislativas que se han propuesto;

Aunar fuerzas en Oporto

7.

insta a los Estados miembros, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil que participarán en la Cumbre Social de Oporto a que se comprometan conjuntamente a acelerar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales en los ámbitos de su competencia, haciendo de las personas su prioridad. La mayoría de los instrumentos para aplicar los principios del pilar están en manos de los Estados miembros y de los gobiernos regionales y locales, así como de los interlocutores sociales y la sociedad civil. El éxito dependerá del compromiso de los distintos niveles de gobierno y partes interesadas y de una responsabilidad conjunta respaldada por las instituciones europeas. Las regiones y los municipios están dispuestos a desempeñar su papel en la construcción de una Europa social fuerte y resiliente que garantice que las transiciones ecológica y digital sean justas y facilite la recuperación económica y social tras la crisis de la COVID-19. Es algo que la opinión pública apoya de manera clara: nueve de cada diez ciudadanos europeos consideran importante una Europa social (1);

8.

observa que Europa está viviendo la mayor crisis sanitaria, social y económica de esta generación, una crisis que pone a prueba la solidaridad europea. El impacto de la pandemia de COVID-19 en el empleo, los niveles de pobreza y el bienestar psicológico de las personas seguirá notándose durante mucho tiempo y requerirá recursos económicos, combinaciones de políticas eficaces e inversiones sociales y sanitarias en todos los niveles de gobierno. Las inversiones y medidas que se apliquen en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deben tener una fuerte dimensión social para robustecer los sistemas de seguridad social, financiar empleos de buena calidad, mejorar y garantizar los servicios públicos, reducir la pobreza y promover la igualdad de género. La atención debe centrarse en proteger ante todo a las personas más vulnerables, como las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, familias monoparentales y monomarentales con dificultades de conciliación, personas con discapacidad, migrantes, víctimas de violencia de género, entre otras, y en lograr que la recuperación sea inclusiva y socialmente justa. En este sentido, reviste una gran importancia el compromiso fundamental con la libertad de elección económica de los entes públicos para prestar, encargar la prestación y financiar servicios de interés económico general;

9.

destaca que la UE se encuentra en un punto de inflexión en el que las nuevas ideas no solo son posibles, sino también imprescindibles. En un escenario marcado por megatendencias de alcance mundial deben replantearse los sistemas de bienestar social. Invertir en el bienestar de las personas y tener en cuenta los beneficios de la economía del bienestar es más importante que nunca. El CDR ve en la Cumbre Social de Oporto una oportunidad importante para acordar objetivos comunes en los que el bienestar y la igualdad de las personas se sitúen en el centro de las políticas y en los que las cuestiones sociales se conviertan en una prioridad permanente en la Unión Europea;

Objetivos comunes que deben respaldarse en Oporto

10.

apoya los tres objetivos principales en materia de empleo, capacidades y protección social presentados en el Plan de Acción y que deben alcanzarse de aquí al final de la década, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los nuevos objetivos principales propuestos implican que para 2030 al menos el 78 % de la población de la UE de entre 20 y 64 años debe tener trabajo; al menos el 60 % de todas las personas adultas debe participar en actividades de formación cada año; y el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debe reducirse en al menos 15 millones;

11.

señala que alcanzar el objetivo de empleo requerirá la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad, la mejora del empleo femenino, facilitar el acceso de la juventud al empleo, prestando la debida atención a las personas jóvenes que pertenecen a grupos desfavorecidos, y la plena integración en el mercado laboral de colectivos actualmente infrarrepresentados. La crisis de la COVID-19 ha afectado particularmente al empleo de las mujeres, los jóvenes, los migrantes y las personas con discapacidad. También deberá prestarse atención a las dificultades que encuentran las personas que sufren discriminación en el ámbito del empleo por otros motivos como la edad, el origen étnico y racial, la religión o las creencias y la orientación sexual;

12.

coincide en que las iniciativas propuestas en relación con el empleo y con una negociación colectiva de amplio alcance son importantes para garantizar una mejor protección de los trabajadores. Las nuevas formas de empleo, la movilidad laboral, la economía de plataformas, las disposiciones sobre horarios de trabajo flexibles y el trabajo a distancia requieren un diálogo entre los interlocutores sociales y una estrecha participación de estos en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales. Lamenta asimismo que, además de la evaluación de la experiencia con el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE), el Plan de Acción no valore debatir la posibilidad de establecer un régimen europeo de seguro de desempleo con carácter permanente;

13.

señala que las nuevas estrategias en materia de industria, economía circular y pymes, así como la economía social, ayudarán a crear puestos de trabajo de calidad y aumentar la competitividad. Estas estrategias también deberían reducir las brechas de género en el ámbito de las energías renovables y los empleos verdes;

14.

llama la atención sobre los criterios de responsabilidad social en la contratación pública y su contribución para prevenir el dumping social. Por consiguiente, propone que los contratos públicos estén más condicionados por la aplicación de salarios justos y otras condiciones laborales fijados por ley o mediante convenios colectivos, también en las cadenas de subcontratación;

15.

subraya la necesidad de garantizar la conciliación de la vida familiar y profesional, así como un mejor acceso al mercado laboral de las mujeres —que constituyen la inmensa mayoría entre los cuidadores familiares—, prestando especial atención a las familias monoparentales y las familias numerosas. Incrementar la tasa de empleo de las mujeres y reducir la brecha salarial también mejorará las pensiones de las mujeres y reducirá el riesgo de pobreza en la jubilación;

16.

recomienda aplicar la Garantía Juvenil lo antes posible y prestar especial atención a las medidas destinadas a mejorar la situación de las personas jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación. La modernización de la formación de aprendices y la mejora de los programas de prácticas ofrecerán a las personas jóvenes más oportunidades de encontrar trabajo en sectores en crecimiento, lo que resulta importante teniendo en cuenta que el desempleo juvenil ha aumentado drásticamente en toda Europa durante la crisis de la COVID-19. Asimismo, insta a adoptar medidas para evitar que las fórmulas para la promoción del empleo juvenil se conviertan en formas de empleo precario;

17.

destaca que la recuperación tras la crisis de la COVID-19, las transiciones ecológica y digital y los cambios demográficos afectarán en distinta medida a las diferentes regiones y sectores de Europa, lo que requerirá una reasignación de mano de obra y un alto grado de reciclaje profesional. Pide a los Estados miembros, a los entes locales y regionales y a los interlocutores sociales que encuentren soluciones para el acceso de las personas adultas, especialmente de las personas trabajadoras de mayor edad en desempleo, a la mejora de las capacidades y al reciclaje profesional, recurriendo para ello a las buenas prácticas y a medidas EASE (2);

18.

propone que los objetivos en materia de educación y capacidades se integren no solo en la aplicación del Espacio Europeo de Educación, sino también del Espacio Europeo de Investigación y de la Agenda Europea de Capacidades, sin dejar a nadie atrás en las transiciones ecológica y digital;

19.

señala que a los entes locales y regionales les corresponde un papel clave a la hora de desarrollar políticas relacionadas con las competencias y proporcionar formación. El CDR pide que se recurra a la formación de aprendices en el contexto del apoyo activo eficaz para el empleo (3) y del marco europeo para la formación de aprendices (4) de modo que las pymes, en particular, puedan ofrecer este tipo de formación a las personas jóvenes, también con miras a mejorar la situación en el mercado laboral de colectivos infrarrepresentados;

20.

destaca la importancia de garantizar de manera efectiva la Estrategia para la Igualdad de Género de la Unión Europea, con especial atención a la inclusión de mujeres en situación de vulnerabilidad (víctimas de violencia de género, familias monoparentales, entre otras). La igualdad de género, así como el reconocimiento de la diversidad de género, deben integrarse en todos los aspectos de la aplicación del pilar;

21.

señala que, a pesar de los esfuerzos realizados, la pobreza y la exclusión social no se han erradicado en Europa, y que se prevé que la pandemia de COVID-19 agrave aún más la situación. Aunque el objetivo de reducción de la pobreza podría ser más ambicioso —especialmente si se tienen en cuenta los daños sociales causados por la pandemia—, la reducción de la pobreza en quince millones de personas como mínimo, de las que al menos una tercera parte deberían ser niños, ha de ser la máxima prioridad para esta década, lo que requiere centrarse en las causas profundas de la pobreza y en medidas eficaces con intervenciones integrales en las zonas más desfavorecidas para combatirla. Los regímenes nacionales de apoyo a la renta y los servicios conexos constituyen el recurso último para garantizar unas condiciones de vida dignas;

22.

destaca el papel fundamental de los servicios sociales públicos de nivel regional y local en la aplicación de los principios clave en materia de derechos sociales a fin de mitigar las consecuencias sociales negativas de la pandemia: son, en efecto, fundamentales para lograr una recuperación económica más justa y socialmente inclusiva mediante el apoyo al empleo, la salud y la inclusión social de los más vulnerables;

23.

destaca la importancia de aplicar de manera efectiva la Garantía Infantil Europea y la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia mediante planes nacionales de cuidados de la infancia que promuevan la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas y rompan el ciclo intergeneracional de desventaja garantizando el acceso a servicios esenciales para los niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social. Todos los niños y niñas deben tener acceso a servicios de guardería, educación infantil y preescolar de calidad, una nutrición saludable y actividades extraescolares. Debe prestarse especial atención a las niñas y niños en situaciones vulnerables, como los menores sin hogar y los menores carentes de cuidados parentales, a fin de proporcionarles atención basada en la comunidad o la familia y garantizar que ningún menor quede rezagado. Prevenir y luchar contra todos los tipos de violencia y discriminación, fomentar una justicia adaptada a los niños y niñas y reforzar la participación de los niños y niñas en la sociedad son también prioridades clave, como se señala claramente en la nueva Estrategia Integral de la Unión sobre los Derechos de la Infancia. Los derechos de la infancia también deben protegerse en el mundo digital;

24.

destaca, asimismo, la importancia de responder eficazmente a las necesidades de una población mayor cada vez más numerosa y garantizar su calidad de vida protegiendo su derecho a disponer de servicios de asistencia social, centros de día y cuidados de larga duración de calidad, tres sectores que se han visto considerablemente afectados por la pandemia y registran una escasez de mano de obra cualificada;

25.

señala que los municipios y las regiones desempeñan un papel importante en la prestación de servicios públicos y que deben disponer de recursos financieros suficientes para esta importante tarea. Las inversiones en infraestructuras ecológicas, digitales y sociales reducirán las disparidades regionales y mejorarán el acceso a servicios públicos asequibles en las zonas rurales y los barrios urbanos desfavorecidos, las zonas afectadas por la transición industrial y las zonas con desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como aquellas regiones más remotas y alejadas, en las que el acceso a los recursos digitales resulta en muchas ocasiones más limitado;

26.

observa que los municipios y las ciudades desempeñan un papel importante en la planificación urbana y la oferta de viviendas públicas, en régimen de cooperativa, sostenibles y asequibles. Debe haber una mayor oferta de vivienda digna para toda la ciudadanía, adaptada a sus necesidades específicas, como las de las personas mayores y las personas con discapacidad, con el fin de fomentar una vida independiente y evitar su ingreso en instituciones, así como a las necesidades de las familias numerosas y monoparentales, las víctimas de violencia de género y las personas jóvenes que han sido objeto de medidas de protección como menores. Las soluciones de vivienda deben integrarse en planes de desarrollo local centrados en la creación de barrios habitables. Los enfoques que propugnan la inclusión, la protección y la participación deben aplicarse no solo a través de la estrategia para una oleada de renovación de la UE, sino también mediante el firme compromiso de la Unión y sus Estados miembros de construir vivienda nueva en régimen de tenencia de larga duración. Es fundamental que los entes locales y regionales puedan combinar mejor las distintas fuentes de financiación y construir vivienda sostenible. Las situaciones de carencia de hogar deben abordarse de manera integrada y holística, priorizando la mejora de las redes de apoyo sanitario y social de las personas sin hogar. Un ejemplo de ello es el enfoque de «dar prioridad a la vivienda», que ha logrado reducir las situaciones de carencia prolongada de hogar. Por consiguiente, los entes locales y regionales deberían formar parte de la «Plataforma Europea para Combatir la Situación de Carencia de Hogar». Lamenta, a este respecto, que el Plan de Acción no establezca ningún objetivo cuantitativo en lo que atañe a la lucha contra el problema de las personas sin hogar;

27.

subraya que los agentes locales y regionales tienen una gran oportunidad de influir en las emisiones durante las próximas décadas mediante una planificación e inversión sostenibles en los ámbitos de la producción de energía, la construcción y el transporte. Las medidas que se adopten en el marco de la oleada de renovación de edificios en Europa pueden aumentar el empleo, mejorar la calidad de vida y combatir la pobreza energética mediante el apoyo a las inversiones en eficiencia energética en hogares con bajos ingresos. Para proteger los derechos de los inquilinos y evitar la gentrificación deberá aplicarse el modelo de neutralidad de los costes de vivienda (incluidos, entre otros, los costes de alquiler, energía y funcionamiento) cuando se trate de ayudas públicas en el marco de la oleada de renovación;

28.

señala que la pandemia de COVID-19 ha acentuado aún más la brecha digital. El CDR propone promover la «cohesión digital» como objetivo de la Unión Europea para que se cree una infraestructura digital adecuada que garantice que los servicios electrónicos y la educación digital sean accesibles para todo el mundo. Deberá prestarse especial atención al acceso de los grupos desfavorecidos y vulnerables a las herramientas digitales;

Cuadro de indicadores sociales

29.

señala que los valores medios nacionales de los indicadores sociales no reflejan en su totalidad los retos sociales de la Unión Europea. Estas medias pueden resultar engañosas al ocultar las disparidades sociales y regionales que a menudo existen en los Estados miembros. Un cuadro de indicadores sociales a escala regional puede ayudar a establecer una política sólida de seguimiento regional y así garantizar que el pilar social se aplique a todos los niveles y que las inversiones regionales se orienten hacia la consecución de los principios del pilar. El seguimiento regional debe hacer uso de datos ya recopilados y no suponer una carga administrativa para las regiones;

30.

estima necesario impulsar una decidida, eficaz y clara política común europea para una correcta gestión de los movimientos migratorios plenamente compartida por los Estados miembros y las regiones. Reitera una vez más su firme convencimiento de que «los objetivos del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, en particular llevar a la práctica la solidaridad por parte de los Estados miembros y un enfoque global que agrupe las medidas en los ámbitos de la migración, el asilo, la integración y la gestión de las fronteras, solo pueden lograrse a escala de los Estados miembros si actúan conjuntamente en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo y si se reconocen en mayor medida los intereses y capacidades de todos ellos en el mecanismo de solidaridad» (5);

31.

señala la importancia de añadir más indicadores y recurrir a instrumentos promovidos por la propia Unión Europea, como el Índice de Progreso Social Regional, para cubrir en líneas generales los veinte principios del pilar social. La presentación de las cifras en todos los indicadores deberá desglosarse por ámbitos de interés, incluido el género, ya que la igualdad de género es un principio fundamental del pilar europeo. El CDR subraya la necesidad de seguir desarrollando la base de conocimientos y los indicadores de las recomendaciones específicas por país para que los objetivos del pilar puedan alcanzarse de manera más eficaz. Los entes locales y regionales deberían contribuir activamente al debate sobre la mejora del cuadro de indicadores sociales;

Gobernanza socioeconómica

32.

observa que el Semestre Europeo y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia son actualmente los instrumentos legislativos más importantes de que se dispone para alentar, apoyar y orientar a los Gobiernos nacionales a la hora de hacer realidad en la Unión Europea los principios del pilar europeo de derechos sociales. El CDR pide que se dé prioridad al pilar europeo de derechos sociales en el marco del Semestre Europeo de modo que la recuperación tras la crisis actual sea verdaderamente inclusiva y aborde la exclusión social, la pobreza y la desigualdad;

33.

reitera su llamamiento en favor de una mejor coordinación de las políticas económicas y sociales entre los niveles de gobierno europeo y nacional en el marco del Semestre Europeo, y pide a los entes locales y regionales que participen más activamente en esta coordinación, mediante una gestión compartida basada en el principio de subsidiariedad, en virtud del cual las tareas de programación estratégica y ejecución deberían delegarse, no solo en los Estados miembros sino también en los entes locales y regionales, que son los que están mejor situados para responder eficazmente a las necesidades y los desafíos locales (6);

34.

pide que, en el contexto de las finanzas sostenibles, se establezca una «taxonomía social» a modo de instrumento que permita aumentar las inversiones en infraestructuras sociales como las dedicadas a la sanidad, la educación o la vivienda. Este instrumento podría ayudar a abordar los retos en materia de accesibilidad de los servicios esenciales recompensando el uso de las nuevas tecnologías y los esfuerzos para promover una mano de obra cualificada y paliar la escasez de personal, y contribuir simultáneamente a que las inversiones en infraestructuras sociales se reconozcan en mayor medida como activos de inversión valiosos;

Financiación

35.

alienta el uso del marco financiero plurianual y del instrumento de recuperación Next Generation EU para aplicar el pilar europeo de derechos sociales a escala nacional y contribuir así a las transiciones ecológica y digital, a la justicia social y a la resiliencia;

36.

anima a las autoridades de programación a que publiciten claramente el gasto de los Fondos Estructurales y de Inversión relacionado con la aplicación del pilar europeo de derechos sociales;

37.

pide que se asignen más recursos a nivel local y regional procedentes de los presupuestos nacionales y de los fondos de la UE con el fin de financiar inversiones sociales, servicios y medidas a escala local para apoyar en particular a los colectivos más vulnerables, respetando los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación;

38.

hace hincapié en que, al planificar la asignación de recursos financieros, debe recurrirse en mayor medida a evaluaciones de la distribución del impacto para tener mejor en cuenta el impacto de las reformas y las inversiones sociales en los diferentes colectivos.

Bruselas, 7 de mayo de 2021.

El Presidente del Comité Europeo de las Regiones

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Encuesta del Eurobarómetro sobre cuestiones sociales, marzo de 2021.

(2)  Apoyo activo eficaz para el empleo (EASE), C(2021) 1372.

(3)  Ídem.

(4)  Recomendación del Consejo relativa al Marco Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz, 2018.

(5)  CDR 4843/2020.

(6)  CDR 2167/2020.


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