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Document 52017AE0002

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia» [COM(2016) 853 final — 2016/0363 (COD)]

OJ C 173, 31.5.2017, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 173/41


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia»

[COM(2016) 853 final — 2016/0363 (COD)]

(2017/C 173/08)

Ponente general:

Daniel MAREELS

Consulta

Consejo de la Unión Europea, 3.1.2017

Parlamento Europeo, 16.1.2017

Fundamento jurídico

Artículos 114 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

 

 

Sección competente

unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en el pleno

22.2.2017

Pleno n.o

523

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

169/0/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión por la que se modifica la DRRB (1) y, en particular, se realiza una clasificación nacional armonizada de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia. Dicha propuesta forma parte de un paquete más amplio de propuestas, recientemente publicadas, para el proceso de reforma bancaria (2). Fundamentalmente, este paquete tiene como objetivo transponer los textos elaborados tras los trabajos realizados en un marco internacional, como el G-20, el Comité de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera.

1.2.

Para el Comité sigue teniendo una gran importancia el hecho de que el sistema bancario se capitalice de manera sólida y suficiente como condición indispensable y básica para conservar la estabilidad financiera. Al mismo tiempo, es fundamental que, en caso de crisis de un banco, se recurra en primer lugar a los capitales privados de accionistas y otros acreedores bancarios (lo que se conoce como recapitalización interna) de forma que no se tengan que usar recursos del Estado ni de los contribuyentes. Tampoco deberán verse afectados los salarios ni las pensiones de los trabajadores.

1.3.

El Comité está de acuerdo en que la actual propuesta se retire del citado paquete (véase el punto 1.1) y se trate con rapidez y de forma prioritaria. El proceso reciente por el cual los Estados miembros legislan de forma individual y sobre la base de su propia interpretación en este ámbito puede acarrear dificultades, por ejemplo, al aplicar el régimen de recapitalización interna. Es conveniente cambiar el rumbo y dejar de lado el enfoque individual en aras de un enfoque armonizado a nivel de la Unión a fin de que en todas partes se apliquen las mismas normas de la DRRB.

1.4.

Un enfoque armonizado evita asimismo más distorsiones entre los Estados miembros y una competencia indeseable en el mercado. Para el Comité es importante alcanzar unas condiciones de competencia equitativas entre las entidades y los Estados miembros y reducir riesgos en el sector financiero.

1.5.

El Comité celebra que la propuesta contribuya a la robustez del mecanismo de resolución y a la vez mejore y pueda agilizar la aplicación operacional del mismo.

1.6.

Para el Comité debe existir un régimen de absorción de pérdidas para todos los bancos. En este sentido, es positivo que la propuesta actual contribuya a la aplicación de medidas específicas al respecto para los bancos de importancia sistémica a escala mundial. Estas establecen que los G-SIB (3) deben mantener una mayor capacidad de absorción de pérdidas, lo que se conoce como TLAC (4), para poder utilizarla en caso de crisis. La propuesta también contribuye a la aplicación del sistema de recapitalización interna para otros bancos, reduciendo, en su caso, todo riesgo de debate jurídico.

1.7.

El Comité acoge con satisfacción la integración del régimen TLAC anteriormente citado en los requisitos europeos actuales para todos los bancos, conocidos como los requisitos MREL (5), de manera que todos los G-SIB queden sujetos a un régimen armonizado. La integración en un único régimen, por lo demás, deberá favorecer la efectividad y la eficiencia de la resolución.

1.8.

Los bancos desempeñan un papel muy importante en la financiación de la economía, en especial, de los hogares y las pymes. Por ello, el posible efecto negativo en el coste de financiación de los bancos deberá mantenerse lo más limitado posible. Al mismo tiempo, las nuevas normas no solo deberán facilitar y ampliar en la mayor medida posible la emisión prevista de instrumentos de deuda no garantizada, sino que también habrán de ofrecer un máximo de claridad y seguridad jurídica a todas las partes, incluidos los inversores. Sin embargo, es importante que ello se haga sin perjuicio de las normas de protección de los consumidores y que estas normas sigan aplicándose.

1.9.

La aproximación propuesta de adaptar el nuevo régimen solo a las emisiones futuras de instrumentos de deuda previstos parece ser la opción más realista y, por ello, también puede contar con una acogida favorable.

2.   Antecedentes  (6)

2.1.

La actual propuesta (7) se inscribe en un paquete de cinco propuestas legislativas publicadas recientemente (8) por la Comisión referido a la regulación bancaria y basado en la legislación actual en este ámbito (9). Esta propuesta se ha retirado ahora del paquete y se le ha dado prioridad con vistas a una aprobación y una realización más rápidas.

2.2.

Este paquete tiene como objetivo transponer los documentos elaborados tras los trabajos realizados en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presentación de pruebas, organizada por la Comisión con el propósito de evaluar la efectividad y eficiencia de la legislación bancaria actual.

2.3.

En líneas generales, este paquete de propuestas tiene esencialmente como objetivo:

2.3.1.

aumentar la capacidad de recuperación de las entidades financieras de la UE y promover la estabilidad financiera,

2.3.2.

mejorar la capacidad de préstamo de los bancos para que respalden la economía en la Unión Europea y

2.3.3.

promover el papel de los bancos en la consecución de unos mercados de capitales europeos de mayor profundidad y liquidez para dar apoyo a la creación de una Unión de Mercados de Capitales.

2.3.4.

Al mismo tiempo, y esto puede mencionarse aquí, se está trabajando en una aplicación más perfeccionada y profunda del «principio de proporcionalidad» en favor de los bancos pequeños o de poca complejidad.

2.4.

En el contexto previamente indicado, la propuesta actual tiene como objetivo la articulación de una clasificación nacional armonizada de instrumentos de deuda subordinados. Este es un elemento importante en el proceso de resolución de un banco en el marco del régimen de la DRRB.

2.5.

En el caso de una resolución de ese tipo es importante que las pérdidas sean asumidas en primera instancia por los capitales privados y no por los contribuyentes ni las autoridades públicas. Esto se logra mediante la recapitalización interna, esto es, la amortización de las deudas o la conversión de estas en capital de riesgo.

2.6.

Para ello, todos los bancos deben disponer de un mínimo de fondos propios y pasivos admisibles o, dicho de otro modo, deben cumplir los requisitos MREL.

2.7.

La novedad ahora es que existen acuerdos internacionales sobre requisitos adicionales al respecto para organismos mundiales de importancia sistémica (G-SIB), en el marco del enfoque de la cuestión de las entidades «demasiado grandes para quebrar». Una de las otras propuestas, anteriormente mencionadas, del paquete de medidas tiene como objetivo integrar precisamente este requisito, conocido como «capacidad total de absorción de pérdidas» («TLAC»), en el actual sistema MREL para estos bancos.

2.8.

Sin embargo, ambas obligaciones ya han llevado a varios países a ajustar (10), a nivel nacional, su legislación sobre insolvencia respecto a la clasificación de determinados acreedores bancarios.

2.9.

Las modificaciones indicadas anteriormente se han realizado en los Estados miembros de formas distintas y divergentes, lo cual dista de ser óptimo y no es nada deseable a la luz los objetivos descritos anteriormente. La propuesta actual pretende remediarlo definiendo un régimen armonizado (véase punto 2.4).

3.   Observaciones y comentarios

3.1.

En líneas generales, el paquete de medidas y esta propuesta deben aceptarse. Complementan y perfeccionan la importante labor de reforma desempeñada después de la crisis con el objetivo de fortalecer el sector financiero. Contribuyen además a una mayor reducción del riesgo en el mismo sector.

3.2.

En general, el sistema bancario sigue capitalizándose de manera sólida y suficiente. Esto, a su vez, es importante para mantener la estabilidad financiera. Esta estabilidad requiere que, en caso de crisis en un banco, se empleen en primer lugar los capitales privados de accionistas y otros acreedores bancarios (lo que se conoce como recapitalización interna). De este modo se evitará tener que recurrir a los recursos del Estado o de los contribuyentes. Asimismo, deberán preservarse en cualquier caso los pasivos contraídos con empleados, en relación con salarios, pensiones u otras remuneraciones fijas devengadas (11).

3.3.

La aplicación efectiva de este enfoque deber regir invariablemente para todos los bancos. En este sentido, el Comité acoge con satisfacción que se proceda también a elaboración de un régimen para las entidades de importancia sistémica mundial (los G-SIB), en consonancia con los acuerdos celebrados en el ámbito del G-20.

3.4.

Es bueno que en esta propuesta el régimen TLAC se integre en los requisitos MREL actuales, como prevé la DRRB. Ello no solo mejora la aplicación de las reglas vigentes, sino que a la vez establece los fundamentos de un sistema armonizado para los principales bancos significativos. A su vez tendrá un efecto positivo en la aplicación operacional del régimen.

3.5.

Teniendo en cuenta el papel esencial que desempeñan los bancos en la financiación de la economía y, en particular, de los hogares y las pymes, la emisión de instrumentos de este tipo deberá efectuarse en buenas condiciones y ser lo más amplia posible. El nuevo régimen debe ofrecer claridad y seguridad jurídica a todas las partes, incluidos los inversores. También se debe prestar atención a los costes. Las nuevas normas deberán mantener lo más limitado posible el posible efecto negativo en el coste de financiación de los bancos.

3.6.

En sí, resulta extraordinariamente positivo que varios países hayan iniciado con celeridad las modificaciones en el derecho de insolvencia nacional, a fin de tener en cuenta la evolución del asunto en el ámbito europeo e internacional (ver anteriormente).

3.7.

Por desgracia, ello se ha efectuado de forma dispar, dando lugar a diferencias significativas entre los Estados miembros y a algunos efectos indeseados, como la inseguridad para los emisores e inversores, y su trato en caso de aplicación del régimen de recapitalización interna. Esta situación puede dificultar también la aplicación del régimen de la DRRB por lo que respecta a los bancos activos en distintos países.

3.8.

El Comité no considera adecuado que exista un tratamiento distinto de los instrumentos de deuda no garantizada en este aspecto, dado que, además, ello puede dar lugar a distorsiones entre entidades financieras y Estados miembros y a una competencia indeseable en el mercado.

3.9.

Por ello es deseable que se actúe rápidamente y ello no consiste solo en poner fin al enfoque individual por parte de cada uno de los Estados miembros, sino en avanzar hacia un enfoque armonizado. Esto no solo conducirá a unas condiciones de competencia más equitativas entre las entidades y los Estados miembros, sino que contribuye de manera óptima a perseguir los objetivos fundamentales de una mayor estabilidad financiera y la reducción de riesgos en el sector financiero.

3.10.

El nuevo régimen no contiene disposiciones sobre la posibilidad, o no, de que algunos inversores y suscriptores adquieran estos instrumentos de deuda no garantizada. Incluir un sistema de este tipo en la BRRD probablemente sea menos oportuno y, además, lo importante es que la protección de los consumidores (12) en este ámbito se aplique íntegramente y que sea plenamente eficaz en la práctica.

3.11.

Este régimen solo se aplicará a las emisiones futuras contempladas y no a las que existen en la actualidad. En aras de la seguridad jurídica y teniendo en cuenta los efectos —posiblemente indeseados— para los mercados, los emisores y los inversores, este parece ser un enfoque aceptable, aun cuando pueda haber determinadas consecuencias (provisionales) para los supervisores.

3.12.

Finalmente, también parece deseable aspirar a una fecha realista de entrada en vigor (13).

Bruselas, 22 de febrero de 2017.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Georges DASSIS


(1)  Esta Directiva se conoce también por las siglas BRRD, del inglés «Bank Recovery and Resolution Directive». En español se habla de «Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias» (y empresas de servicios de inversión).

(2)  Este paquete legislativo incluye también, junto al mencionado texto, modificaciones del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (Reglamento sobre requisitos de capital, RRC), de la Directiva 2013/36/UE (Directiva sobre requisitos de capital, DRC) y del Reglamento (UE) n.o 806/2014 (Reglamento sobre el mecanismo único de resolución, RMUR). Para las referencias, véase a continuación las notas a pie de página 8 y 10. Respecto de estas propuestas, véase también el dictamen del CESE ECO/424, actualmente en curso de elaboración (febrero de 2017).

(3)  Siglas de la expresión inglesa «Global Systemically Important Institution» (bancos de importancia sistémica mundial).

(4)  Siglas de la expresión inglesa «Total Loss Absorption Capacity» (capacidad total de absorción de pérdidas).

(5)  Siglas de la expresión inglesa «Minimum Requirement for Eligible Liabilities and Own Funds». En español se habla de «requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles».

(6)  El presente texto está basado, entre otros, en la información difundida por la Comisión (incluido un comunicado de prensa, además de preguntas y respuestas) sobre el paquete y la propuesta que se debate actualmente.

(7)  COM(2016) 853 final.

(8)  23 de noviembre de 2016. Véase http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_es.htm

(9)  El paquete contiene modificaciones de:

el Reglamento sobre Requisitos de Capital (RRC) y la Directiva sobre Requisitos de Capital (DRC) de 2013. En ellos se adoptan requisitos prudenciales para entidades de crédito (bancos) y sociedades de inversión, así como disposiciones relativas a la gobernanza y la supervisión;

la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias (DRRB) y el Reglamento sobre el Mecanismo Único de Resolución (RMUR) de 2014, los cuales incluyen las reglas para el restablecimiento y la liquidación de entidades en quiebra y establecen el Mecanismo Único de Resolución.

(10)  O están realizando ahora ajustes similares.

(11)  De conformidad con el artículo 44, apartado 2, letra g), inciso i) de la DRRB.

(12)  Véanse las directivas MiFID y MiFID 2. Esta última entrará en vigor a principios de 2018.

(13)  En este sentido, los textos actuales prevén el día 1 de julio de 2017. Cabe plantearse si tal cosa es factible.


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