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En primer lugar, la parte demandante alega que, al requerir la suspensión, la Comisión incurrió en un error de apreciación manifiesto, extralimitándose con ello en su facultad de apreciación y violando además el principio de proporcionalidad.

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En segundo lugar, la parte demandante sostiene que la práctica de la Comisión en relación con la suspensión puede calificarse de incoherente, derivando de ello la violación de la prohibición de discriminación y del principio de igualdad de trato.

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En tercer lugar, la parte demandante señala, en particular, que al requerir la suspensión la Comisión no cumplió con su obligación de motivación.

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En este contexto, la parte demandante sostiene que a resultas del requerimiento de suspensión por la Comisión se violaron derechos y garantías fundamentales, como son la obligación de cooperación leal y el derecho a la tutela judicial efectiva.

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En este punto, la parte demandante sostiene que cuando la Comisión se pronunció sobre la suspensión ignoró el hecho de que, en los tributos que se gestionan mediante autoliquidación, las autoridades húngaras no están en condiciones de impedir la «concesión» de la ayuda, y añade que lo decidido por la Comisión también es contradictorio por lo que respecta al objeto de la suspensión. En consecuencia, la Comisión no formuló una norma de actuación clara, cuando sin embargo puede exigir a las autoridades húngaras la ejecución de la Decisión.