28.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/23

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recuerda que la cohesión territorial se convertirá en un objetivo político transversal de la UE, como complemento de la cohesión económica y social;

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afirma que este objetivo tiene por objeto dar a cada territorio comunitario un acceso a las infraestructuras y a los servicios de interés económico general (SIEG) para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, lo que requiere la aplicación de mecanismos capaces de garantizar un desarrollo armonioso de la Comunidad en su conjunto;

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considera que la política regional deberá revisarse en función de este nuevo objetivo, lo que supone no renacionalizar esta política y dirigirla hacia un justo equilibrio entre los gastos de competitividad y los gastos destinados a reducir las disparidades entre los territorios. A este respecto, pide a la Comisión que realice un balance de la operación de earmarking (asignación de fondos);

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preconiza la puesta a punto de nuevos indicadores que permitan tener mejor en cuenta las disparidades territoriales en el conjunto de las políticas públicas;

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pide que se asignen recursos económicos adicionales a los tres capítulos de la cooperación territorial, debido a su innegable contribución a la integración europea;

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considera que el objetivo de cohesión territorial requiere la coherencia de las políticas sectoriales y la política de cohesión, dado el impacto territorial de todas las políticas sectoriales desde la fase de concepción de éstas;

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recuerda la importancia de los SIG y los SIEG como vectores de cohesión territorial, y lamenta que el impacto de las políticas comunitarias en estos servicios no se analice antes de la presentación de las propuestas legislativas de la Comisión ni se evalúe posteriormente;

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considera que una buena gobernanza territorial es la clave de la concretización de este objetivo, y destaca la necesidad de mejorar esta gobernanza reforzando la asociación con los entes territoriales, en un esquema de gobernanza a niveles múltiples.

Ponente

:

Jean-Yves Le Drian (PSE/FR) Presidente del Consejo Regional de Bretaña

1.

acoge favorablemente la aprobación por la Comisión Europea del Libro Verde sobre la cohesión territorial, el 6 de octubre de 2008, que permitirá lanzar un amplio debate a nivel europeo sobre este concepto que se convertirá en un objetivo político transversal de la Unión Europea (1), en complemento de la cohesión económica y social, de conformidad con el Tratado en curso de ratificación (artículo 3 del TUE);

2.

considera que el ámbito de aplicación de la cohesión territorial debe definirse con más precisión. Propone que la Comisión se base para esta definición en las tres dimensiones de la política de cohesión territorial que resume el Tercer informe sobre la cohesión y que son las siguientes: una dimensión correctora «reduciendo las disparidades existentes»; una segunda, preventiva «aumentando la coherencia… de las políticas sectoriales que tienen una repercusión territorial» y una tercera, incentivadora, mediante «la integración territorial» y fomentando «la cooperación entre las regiones»;

3.

considera que la cohesión territorial debe integrar la dimensión marítima;

4.

considera necesario, en el futuro, ir más allá de las cuestiones que plantea la Comisión en el Libro Verde, al objeto de hacer justicia al alcance político del concepto de cohesión territorial a nivel comunitario; suscribe la propuesta de intensificar la cooperación entre los distintos agentes y autoridades que participan en ella; se manifiesta al respecto de acuerdo con que «el concepto de cohesión territorial tiende puentes entre la eficacia económica, la cohesión social y el equilibrio ecológico, situando el desarrollo sostenible en el centro de la formulación de las políticas», sobre la base de las condiciones territoriales específicas de cada región;

5.

pide a la Comisión que elabore un Libro Blanco, después del período de consulta, en el que se destaque con mayor claridad el concepto de cohesión territorial y sus objetivos en la esfera de la UE, realizando una evaluación del impacto territorial de cada una de las políticas comunitarias;

6.

recuerda que, en su dictamen sobre el Cuarto informe sobre la cohesión, sugirió que en el futuro la política de cohesión debería tener más en cuenta todos los asuntos relacionados con la cohesión territorial (2), sin olvidar la cohesión social y económica, que constituye un objetivo comunitario importante de reducción de las disparidades;

7.

destaca la importancia de la cohesión territorial como objetivo político junto a la cohesión económica y social, que aporta a la acción comunitaria una mayor capacidad para reforzar la solidaridad en la Unión Europea y contribuir eficazmente al desarrollo sostenible, respetando a la vez el principio de subsidiariedad y el reparto de competencias entre los diferentes niveles de gobierno;

8.

reitera con insistencia que el objetivo de cohesión territorial debe aplicarse a todo el territorio europeo, es decir, al conjunto de las regiones de la Unión Europea, sin que ello menoscabe las prioridades definidas en el marco de la política regional y de las intervenciones de los Fondos Estructurales;

9.

pide a la Comisión que ahonde en sus investigaciones para la elaboración de indicadores pertinentes (llegado el caso, a nivel subregional), en relación con los problemas socioeconómicos propios de los distintos tipos de regiones –en particular, pero no sólo, las montañas, las islas, las zonas con baja densidad de población y las zonas fronterizas–, así como las regiones ultraperiféricas (RUP), cuya situación específica contemplan los artículos 158 y 299 del Tratado CE respectivamente, y ello para poder destacar las oportunidades y desventajas específicas de todas estas regiones;

10.

pide a la Comisión que mejore de manera sustancial los datos estadísticos y su representación cartográfica, para que correspondan a la situación real;

11.

afirma que la cohesión territorial tiene por objeto dar a cada territorio comunitario un acceso a las infraestructuras y a los servicios de interés económico general y contribuir así a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, con arreglo al estándar de vida europeo del siglo XXI, y reconociendo que el acceso no depende únicamente de la situación geográfica, sino que también está determinado por la conectividad, la disponibilidad y la calidad de las infraestructuras y los servicios;

12.

considera que el concepto de cohesión territorial se basa en el principio de solidaridad y exige la aplicación de mecanismos que garanticen un desarrollo armonioso de la Comunidad en su conjunto y reduzcan las disparidades del nivel de desarrollo entre los diferentes territorios;

13.

recuerda que los últimos informes sobre la cohesión ponen de relieve la tendencia a la agravación de algunas disparidades territoriales entre las regiones europeas, así como a nivel infrarregional. Estas disparidades se caracterizan por fenómenos como la segregación territorial, que propician la aparición de cierto tipo de guetos, y el declive continuo de determinadas zonas remotas. Hacen que sea actualmente más necesaria que nunca la inclusión de la cohesión territorial como objetivo transversal de la Unión Europea;

14.

considera que esta necesidad se vuelve aun más imperiosa si se tiene en cuenta el sobrecoste que representa la no cohesión en Europa: sobrecoste medioambiental debido principalmente a la congestión en las zonas urbanas y al calentamiento climático; sobrecoste social generado por la concentración territorial de los problemas sociales; por último, la falta de cohesión territorial entorpece el funcionamiento del mercado único europeo reduciendo el acceso de algunos territorios a las libertades inscritas en los Tratados;

15.

propone hacer de la cohesión territorial un elemento esencial de la estrategia de la UE para afrontar la crisis, tanto financiera como económica, que estamos atravesando; a este respecto, dada la complejidad de los retos que se plantean para los próximos años, pide que los recursos presupuestarios, si no se pueden aumentar, al menos que se mantengan al nivel actual;

16.

se opone a cualquier iniciativa que, utilizando la situación actual u otro motivo como pretexto, vaya encaminada a renacionalizar, incluso parcial o subrepticiamente, la política de cohesión;

17.

considera que el objetivo de cohesión territorial es complementario al de cohesión económica y social y que las tres formas de cohesión deben reforzarse mutuamente, lo que implica que el objetivo de cohesión económica, social y territorial ha de ser tenido en cuenta por todas las políticas comunes con impacto territorial, y muy especialmente por la política regional; pide a la Comisión que desarrolle modelos de integración sectorial a nivel regional que apoyen la cohesión territorial;

18.

insta a la Comisión a que haga un balance de la contribución de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo a la cohesión territorial, en el marco de la operación de earmarking (asignación de fondos) realizada en los Fondos Estructurales en el período 2007-2013;

19.

propone a la Comisión que prevea un cambio de las orientaciones estratégicas que tenga en cuenta, además de la cohesión económica y social, los objetivos de la cohesión territorial para el período 2014-2020; a este respecto, sugiere que la política regional logre un justo equilibrio entre los gastos de competitividad que favorecen el crecimiento económico en un entorno globalizado y los gastos destinados a reducir las disparidades entre los territorios, al objeto de alcanzar los objetivos de la cohesión;

20.

preconiza la puesta a punto de nuevas herramientas y, en particular, de indicadores para conocer las necesidades de poner en práctica la cohesión territorial (3), incluso a través de análisis infrarregionales. Para desarrollar estrategias regionales y respuestas políticas adecuadas, hay que disponer de instrumentos adecuados que permitan considerar las disparidades territoriales en las políticas públicas (por ejemplo, la renta per cápita disponible para tener en cuenta las transferencias, en complemento del PIB/habitante, los ingresos tributarios, la accesibilidad a distintos servicios (transportes, distribución de energía, sanidad, educación), la estructura demográfica y el asentamiento de la población (datos sobre la dispersión del asentamiento, el grado de envejecimiento y el grado de dependencia) o incluso la creación de índices sintéticos de desarrollo humano (4));

21.

recuerda el indudable valor añadido europeo de la cooperación territorial y su contribución al objetivo de cohesión territorial; a este respecto, insta a que se aumente de manera sustancial el presupuesto global de la UE para poder asignar recursos económicos adicionales a este capítulo de la política regional, para que pueda ir más allá de los intercambios de buenas prácticas, aunque ello no debería hacerse a expensas de los otros dos objetivos de cohesión de la UE;

22.

pide a la Comisión que profundice en las nuevas oportunidades estratégicas que abre la cooperación que se lleva a cabo a escala de las eurorregiones, la cuales constituyen una escala estratégica de gobernanza e intervención que resulta del todo adecuada para la resolución de las problemáticas de cohesión territorial; recuerda que la AECT (5), al crear una estructura de cooperación europea vinculada a los proyectos transfronterizos, transnacionales e interregionales, propicia una cooperación real en una amplia gama de actividades, así como el fortalecimiento de las relaciones de vecindad, el acercamiento de las poblaciones, la transferencia de conocimientos y el intercambio de buenas prácticas;

23.

destaca el papel específico de la cooperación transfronteriza en la integración europea y la importancia de los resultados obtenidos: reducción del efecto pantalla en las fronteras interiores de la UE, modificación del papel de las fronteras externas (desarrollo concertado, lucha contra la inmigración y el tráfico ilegales, apoyo al desarrollo de las zonas fronterizas de los terceros países con la UE), apoyo a la transformación de las fronteras externas en fronteras internas con la adhesión de nuevos Estados miembros;

24.

insta a la Comisión a que prosiga su esfuerzo de simplificación y mejora de la gestión de los programas transfronterizos, por ejemplo definiendo asignaciones comunes a ambos lados de la frontera y respalda la intención de la Comisión de hacer un balance de la aplicación de la AECT;

25.

propugna el fomento de esta cooperación en territorios pertinentes (por ejemplo, las cuencas marítimas y fluviales o los macizos de montaña) con el fin de mejorar la integración territorial, reducir las diferencias regionales y subregionales, y tratar eficazmente los problemas de protección del medio ambiente, lucha contra la contaminación y mejora de las redes de transporte, en el marco de estrategias de ordenación territorial establecidas conjuntamente, todo ello sin perjuicio del papel y de las atribuciones de los organismos públicos existentes y de las prioridades estratégicas de cohesión de cada región específica;

26.

considera que deberían impulsarse las medidas estratégicas como el desarrollo de macrorregiones (por ejemplo la futura Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico); en cuanto al nivel transnacional de las cuencas marítimas, deberán introducirse marcos para una gobernanza innovadora, a fin de promover la política marítima integrada que acaba de adoptar la UE y de lograr una mayor coherencia de la acción comunitaria, tanto dentro de la Unión como con los terceros países interesados;

27.

reitera la importancia de la cooperación interregional (que la Comisión Europea no menciona en el Libro Verde) en la medida en que constituye un importante instrumento para el intercambio de experiencias y de buenas prácticas entre territorios que no son contiguos pero comparten proyectos de desarrollo complementarios; sin embargo, desea que el instrumento de cooperación interregional se adapte mejor en el futuro a las necesidades de los entes locales y regionales, a través de una mayor flexibilidad en la elección de los ámbitos de cooperación;

28.

destaca la necesidad de coordinar mejor las intervenciones de cooperación territorial con el componente externo de esta cooperación, en la perspectiva de la ampliación de la UE (Balcanes occidentales y Turquía), con los países beneficiarios de la política europea de vecindad (PEV), la Federación Rusa y los países vecinos de las regiones ultraperiféricas;

29.

considera que el objetivo de cohesión territorial debe aplicarse a todas las políticas comunitarias. Conviene, pues, reforzar la complementariedad entre las políticas sectoriales y la política regional, velando por la coherencia de éstas, ya sean de asignación de fondos o de carácter reglamentario;

30.

lamenta a este respecto que las políticas comunitarias se conciban y se apliquen con demasiada frecuencia sin considerar suficientemente sus consecuencias territoriales, lo que lleva a los entes locales y regionales a tener que afrontar los efectos negativos de estas políticas (pérdidas de actividad o de empleos, daños al medio ambiente, más congestión o desertización);

31.

recuerda la utilidad de la ordenación territorial como conjunto de técnicas que persiguen la disposición armónica de los distintos usos y actividades en el territorio, para garantizar la coherencia entre las políticas públicas comunitarias y los objetivos de cohesión territorial;

32.

reconoce que una parte de estos inconvenientes han sido superados por las intervenciones de la política regional comunitaria, en particular en sus programas de ayuda a los cambios económicos (reconversión industrial, desarrollo rural en el contexto de la reforma de la PAC);

33.

lamenta el grado de incoherencia entre las políticas de IDT+I y la cohesión territorial, y subraya la necesidad de que los territorios tengan más peso en las políticas de investigación e innovación tanto comunitarias como nacionales;

34.

considera, por analogía con la cláusula social horizontal prevista en el Tratado de Lisboa, que es necesario tener en cuenta el impacto territorial de las políticas sectoriales desde la fase de concepción de éstas (looking at the map before implementing policies), con el fin de anticipar sus efectos territoriales;

35.

destaca la enorme influencia que para alcanzar el objetivo de la cohesión territorial tienen las redes transeuropeas de transportes, de energía y telecomunicaciones y anima a la Comisión a insistir especialmente en ellas;

36.

reitera especialmente la necesidad de garantizar la coherencia de las políticas públicas comunitarias en los puntos de conexión entre la tierra y el mar;

37.

considera que la PAC, cuyo impacto territorial es considerable, debe contribuir aun más a la cohesión territorial en vez de aumentar las disparidades entre regiones, anticipando los efectos territoriales de la próxima reforma, al objeto de limitar sus efectos negativos y previendo medidas de adaptación en favor de territorios que podrían verse afectados negativamente por esta reforma;

38.

recomienda que se coordinen mejor las acciones de desarrollo rural del segundo pilar de la PAC con la política regional, al objeto de garantizar más complementariedades entre el desarrollo rural y el urbano con el objetivo final de alcanzar el mayor grado de simplificación y sinergia entre las dos políticas que resulte técnica y políticamente posible en los programas posteriores a 2013;

39.

considera que, en el marco de la evolución de la política común de transporte y su incidencia en el cambio climático, no puede olvidarse la especial importancia que tiene dicha política en regiones cuya accesibilidad depende exclusivamente de ciertos modos de transporte, en particular el aéreo;

40.

propone que en la próxima revisión de las redes transeuropeas de transporte se tenga específicamente en cuenta la necesidad de garantizar la accesibilidad local de los territorios, en función de estándares adecuados, mediante la integración en las redes de transporte urbano, lo cual supondrá un beneficio importante para la conectividad y la cohesión globales;

41.

considera que la sensible cuestión del cambio climático no se plantea de la misma manera en todas las regiones (por ejemplo, de cara a la aplicación del sistema comunitario de intercambio de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero, a la gestión de las zonas costeras, etc.);

42.

recuerda la importancia de los SIEG como auténticos vectores de cohesión territorial, tal como se menciona en el derecho primario comunitario (artículo 16 del Tratado CE), y lamenta a este respecto que el impacto territorial de las políticas comunitarias en los servicios de interés general (SIG) y, en particular, en los servicios de interés económico general (SIEG), no se evalúe antes de la presentación de las propuestas legislativas de la Comisión ni posteriormente;

43.

destaca los riesgos de fragmentación del mercado interior cuando los ciudadanos no tienen acceso a los servicios de proximidad, a pesar de la afirmación del objetivo de mantener un servicio universal;

44.

aboga por el mantenimiento del acceso universal a estos servicios en el marco de las obligaciones tradicionales de servicio público, en nombre de la igualdad de trato y como condición para la integración de las regiones en la economía global;

45.

pide, de conformidad con el principio de subsidiariedad inscrito en el Tratado, así como con el Protocolo sobre los servicios de interés general del proyecto de Tratado de Lisboa, que se preserven el derecho y la libertad de las entidades locales y regionales para tomar disposiciones en su calidad de prestadores de servicios, gestores o beneficiarios de los servicios de interés económico general;

46.

reafirma que la seguridad jurídica es indispensable para los entes territoriales a título de prestatarios, gestores o beneficiarios de los SIEG; a tal fin, considera necesario que se reconozca en los marcos comunitarios pertinentes la compatibilidad de sus especificidades respecto a la legislación en materia de contratos públicos y de ayudas estatales;

47.

destaca que la intervención de varios niveles de gobierno en un único territorio con efectos variados, y a veces contradictorios, acarrea la necesidad de mejorar la calidad de la gobernanza, en particular en su dimensión territorial, en el nivel más cercano posible al ciudadano, con el fin de subsanar la falta de integración de las políticas públicas; este nuevo esquema de gobernanza territorial es la clave de la concretización del objetivo de cohesión territorial;

48.

considera oportuno que la Comisión defina instrumentos que puedan facilitar la cooperación vertical entre distintos niveles de gobierno, más allá de las relaciones institucionales existentes;

49.

recuerda que el objetivo de cohesión territorial no debe traducirse en cambios en el reparto de las competencias, en particular para la ordenación del territorio, que debe seguir siendo competencia de los Estados miembros y de sus entes territoriales. Sin embargo, los gobiernos de los Estados miembros, especialmente los más centralizados, deberían aumentar su compromiso con los agentes locales y regionales para mejorar la coordinación de las políticas sectoriales nacionales a escala local y regional;

50.

pide que en los Estados miembros se proceda a una clarificación de las competencias de los distintos niveles de gobierno y al desarrollo de políticas transversales u horizontales y de las correspondientes funciones de coordinación;

51.

pide mayor capacidad de decisión para las autoridades regionales en el contexto de la gestión de los Fondos Estructurales, debiéndose conceder a todas las regiones de la UE el estatuto de Autoridad de Gestión;

52.

aboga por un refuerzo de la gobernanza a niveles múltiples (6) para llegar a la definición de objetivos estratégicos comunes, por ejemplo para la accesibilidad, el desarrollo sostenible y la política marítima, a los que cada uno de los participantes aportaría una contribución en función de sus medios, lo cual garantizaría la plena aplicación del principio de asociación. Una auténtica gobernanza de múltiples niveles implica también la colaboración en las fases de aplicación y seguimiento;

53.

recuerda en este contexto que en el Primer Programa de Acción para la aplicación de la Agenda Territorial de la Unión Europea del 23 de noviembre de 2007 los ministros competentes expresaron la «convicción de que la gobernanza de múltiples niveles es una herramienta fundamental para garantizar una ordenación del territorio equilibrada en la UE» y se propusieron «reunirse con un grupo de agentes interesados y de entidades locales y regionales a fin de debatir la aplicación de las prioridades recogidas en la Agenda Territorial»;

54.

anima a la Comisión a analizar más detenidamente las prácticas existentes en cuanto a la puesta en marcha de la asociación en los 27 Estados miembros de la Unión, con vistas a reforzar las capacidades de los entes locales y regionales, así como de sus asociaciones, para que puedan convertirse en socios proactivos.