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Document 52006AR0397

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema Paquete legislar mejor 2005 y 2006

OJ C 305, 15.12.2007, p. 38–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 305/38


Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Paquete legislar mejor 2005 y 2006»

(2007/C 305/08)

EL COMITE DE LAS REGIONES

considera imprescindible reforzar la actuación de la Unión Europea, de los Estados miembros y de los entes regionales y locales mediante el establecimiento de una auténtica colaboración, para que aquella resulte más eficiente a la hora de hacer frente a los retos económicos, sociales, medioambientales y democráticos que tiene Europa, todo ello con arreglo a las competencias atribuidas a los distintos niveles de poder;

considera que, para promover una verdadera gobernanza a diversos niveles en el seno de la Unión Europea, resulta prioritario mejorar el marco legislativo, simplificar el acervo comunitario, velar por la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, así como reforzar los métodos de consulta y evaluación de impacto;

lamenta las escasas referencias a la dimensión local y regional que figuran en el Paquete «Legislar mejor», cuando en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea, publicado en 2001, se destacaba la necesidad de construir una mejor asociación entre los distintos niveles de poder, y cuando son en gran medida los entes locales y regionales los encargados de aplicar — e incluso, en función de sus competencias, incorporar — la legislación comunitaria;

desea que la solución institucional a que se llegue en el marco de la actual CIG preserve las disposiciones del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa relativas a los entes locales y regionales y al Comité de las Regiones y, más concretamente, las que versan sobre la definición, la aplicación y el control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

se pronuncia a favor de que la Comisión, así como los parlamentos nacionales y regionales, establezcan cuanto antes un mecanismo de seguimiento del principio de subsidiariedad que permita presentar las propuestas legislativas de la UE en una fase muy precoz del proceso legislativo;

ofrece a la Comisión Europea sus conocimientos para contribuir a efectuar los análisis de impacto relativos a cualquier nueva propuesta legislativa de gran impacto territorial, a la vez que aboga por reforzar la participación del Comité de las Regiones en la evaluación del impacto territorial de las grandes políticas comunitarias;

expresa su deseo de que la iniciativa «Legislar mejor» vaya acompañada de medidas adecuadas de información y comunicación destinadas a los protagonistas de la aplicación de la legislación comunitaria — y especialmente, en la gran mayoría de los casos, los entes locales y regionales —, así como a los destinatarios de la legislación comunitaria, en particular los ciudadanos europeos.

Textos de referencia

Informe «Legislar mejor» 2005

COM(2006) 289 final; SEC(2006) 289

Análisis estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea

COM(2006) 689 final

Documento de trabajo de la Comisión — Primer informe de evolución sobre la estrategia para la simplificación del marco regulador

COM(2006) 690 final

Documento de trabajo de la Comisión: Medir los costes administrativos y reducir las cargas administrativas en la Unión Europea

COM(2006) 691 final

Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea

COM(2007) 23 final; SEC(2007) 84; SEC(2007) 85

Informe «Legislar mejor» 2006

COM(2007) 286 final; SEC(2007) 737

Ponente

:

Sr. VAN DEN BRANDE, Miembro del Parlamento flamenco (BE-PPE)

Recomendaciones políticas

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

Recomendaciones generales

1.

considera imprescindible reforzar la actuación de la Unión Europea, de los Estados miembros y de los entes regionales y locales mediante el establecimiento de una auténtica colaboración, para que aquella resulte más eficiente a la hora de hacer frente a los retos económicos, sociales, medioambientales y democráticos que tiene Europa, todo ello con arreglo a las competencias atribuidas a los distintos niveles de poder;

2.

considera que, para promover una verdadera gobernanza a diversos niveles en el seno de la Unión Europea, resulta prioritario mejorar el marco legislativo, simplificar el acervo comunitario, velar por la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, así como reforzar los métodos de consulta y evaluación de impacto;

3.

destaca, en el contexto del esfuerzo de codificación y refundición de las propuestas legislativas emprendido por la Comisión, que «legislar mejor» no debe significar exclusivamente «legislar menos», ya que, antes de retirar cualquier acto legislativo, la Comisión debe justificar su propuesta legislativa mediante una evaluación de su plusvalía europea efectiva; pide encarecidamente a la Comisión Europea que ejerza plenamente su función de motor central del proceso de integración europea y recuerda que disponer de una visión política coherente a largo plazo que se plasme en una acción política concreta constituye una condición previa para «legislar mejor» y «regular mejor»;

4.

respalda a la Comisión Europea en los esfuerzos que realiza por «legislar mejor», retirando a tal fin — cada vez que se hacía necesario desde el punto de vista del respeto del principio de subsidiariedad — propuestas legislativas en curso, y la exhorta a seguir por esta vía;

5.

lamenta las escasas referencias a la dimensión local y regional que figuran en el Paquete «Legislar mejor», cuando en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea publicado en 2001 se destacaba la necesidad de construir una mejor asociación entre los distintos niveles de poder, y cuando son en gran medida los entes locales y regionales los encargados de aplicar — e incluso, en función de sus competencias, incorporar — la legislación comunitaria; por tanto, deberían tener mayor participación en toda la iniciativa «legislar mejor», en particular a través de la participación del Comité en los distintos grupos de coordinación interinstitucional;

6.

desea que los entes locales, los parlamentos regionales y las asambleas regionales participen, con arreglo a sus competencias, en la elaboración y formulación legislativa comunitaria, con el fin de reforzar la legitimidad democrática del proceso decisorio;

7.

respalda la prioridad enunciada por la Comisión Europea en su Programa de trabajo para 2007 consistente en mejorar el marco normativo, con el fin, entre otros, de alcanzar los objetivos de competitividad, crecimiento, empleo y desarrollo sostenible de la Estrategia de Lisboa y, en consecuencia, reforzar la calidad de vida de los ciudadanos europeos;

8.

acoge favorablemente el Informe «Legislar mejor 2006», en el que se tienen en cuenta sus expectativas con respecto a su consulta y participación en la fase prelegislativa, especialmente en cuanto al respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el marco de los análisis de impacto; insiste, no obstante, en la necesidad de intensificar en adelante estos esfuerzos a la hora de coordinar los diferentes niveles de poder, la comunicación sobre el proceso decisorio comunitario y el alcance de la intervención legislativa comunitaria, e igualmente en su impacto financiero y administrativo en los entes locales y regionales.

Aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad

9.

renueva su compromiso en favor de la dimensión constitucional de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y destaca la importancia para los entes regionales y locales — así como para el Comité de las Regiones — de garantizar, cuanto antes y pese a no estar en vigor el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, la aplicación de los Protocolos, o de su contenido, relativos al papel de los parlamentos nacionales en la UE y a la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

10.

desea que la solución institucional a que se llegue en el marco de la actual CIG preserve las disposiciones del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa relativas a los entes locales y regionales y al Comité de las Regiones y, más concretamente, las que versan sobre la definición, la aplicación y el control de los dos referidos principios;

11.

destaca que, con arreglo a la versión actual del Tratado, los principios de subsidiariedad y proporcionalidad surten un efecto de palanca en relación con la gobernanza a varios niveles; ello implica una responsabilidad compartida en cuanto a la aplicación de dichos principios, lo que requiere la instauración de una verdadera cultura de la subsidiariedad en la Unión Europea;

12.

acoge favorablemente la Declaración de Berlín, de 25 de marzo de 2007, con motivo del 50o aniversario de la firma del Tratado de Roma, en la que se destaca la necesidad de repartir las tareas que han llevarse a cabo entre la Unión Europea, los Estados miembros y sus entes regionales y locales, y en la que, por tanto, se reconoce la gobernanza a diversos niveles;

13.

pide a las demás instituciones europeas que tengan en cuenta de manera periódica y sistemática la dimensión local y regional de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en las distintas etapas del proceso legislativo;

14.

ofrece para ello sus conocimientos, en particular mediante la red de seguimiento de la subsidiariedad, con arreglo a las conclusiones y evaluaciones correspondientes a las dos pruebas piloto efectuadas hasta la fecha;

15.

pide encarecidamente a los parlamentos regionales que constituyan comisiones parlamentarias encargadas de garantizar el control de la aplicación del principio de subsidiariedad, las cuales, por tanto, serían interlocutores privilegiados de la red arriba mencionada;

16.

acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea de transmitir toda nueva propuesta legislativa o documento de consulta directamente a los parlamentos nacionales y pedir a estos que le comuniquen sus reacciones con vistas a mejorar el proceso de elaboración de las políticas, especialmente en lo referente a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y al propio contenido de la propuesta, y pide que esta práctica se haga extensible, con arreglo al reparto de competencias vigente en cada Estado miembro, a los órganos legislativos subnacionales;

17.

aboga por que en los Estados miembros en los que existe un reparto de competencias entre el nivel nacional y regional, se suscriba un acuerdo interno de carácter vinculante que regule el procedimiento a seguir en el marco del mecanismo de alerta precoz relativo al control del respeto del principio de subsidiariedad;

18.

pide, por tanto, a la Comisión Europea que instaure un sistema informatizado que permita a los entes locales y regionales acceder a la información pertinente en cualquiera de las etapas del proceso legislativo;

19.

se pronuncia a favor de que la Comisión, así como los parlamentos nacionales y regionales, establezcan cuanto antes un mecanismo de seguimiento del principio de subsidiariedad que permita someter las propuestas legislativas de la UE, en una fase muy precoz del proceso legislativo, a un meticuloso análisis; hace hincapié en la necesidad de que, para aprovechar las sinergias existentes, se prevean modalidades de cooperación con el Comité con vistas a instaurar dicho mecanismo, y señala que está dispuesto a compartir la experiencia adquirida gracias a su red de seguimiento de la subsidiariedad.

Proceso de consulta y diálogo estructurado

20.

destaca la importancia de la consulta que se le hace en el marco del proceso legislativo en su calidad de representante institucional de los entes locales y regionales de la Unión Europea y de interlocutor institucional de la Comisión Europea; cualquier refuerzo de dicha consulta hará que el proceso decisorio resulte más abierto, incluyente, operativo y democrático, trasladando la toma de decisión al nivel más cercano posible a los ciudadanos europeos;

21.

reitera los compromisos contraídos en el marco del protocolo de cooperación suscrito en noviembre de 2005 con la Comisión Europea, en el que se estipula que «de conformidad con el principio de buen gobierno, el Comité deberá desempeñar plenamente un papel de mediador en el diálogo con las asociaciones de los entes territoriales. La Comisión velará por que el Comité se integre plenamente en la preparación política de las reuniones organizadas en común», y se congratula de que nueve miembros del órgano colegiado de la Comisión Europea y cerca de ochenta asociaciones europeas y nacionales que representan a los entes regionales y locales participen desde 2004 en un diálogo estructurado;

22.

considera que el diálogo estructurado con las asociaciones de entidades territoriales es un instrumento que debe utilizarse, especialmente en la fase de preparación del programa de trabajo legislativo de la Comisión Europea;

23.

presenta algunas propuestas para proseguir el debate con los interlocutores del diálogo estructurado, encaminadas a mejorar sus modalidades y garantizar la consecución de sus objetivos iniciales, así como el papel político e institucional del Comité de las Regiones:

organizar, en un momento del año que resulte conveniente, una sesión de diálogo estructurado, con el fin de que las asociaciones de entes territoriales y la Comisión puedan mantener un debate adecuado sobre las prioridades de trabajo antes de que la Comisión apruebe su programa anual de trabajo legislativo;

elaborar el programa anual del diálogo estructurado y el orden del día de las reuniones en estrecha cooperación entre el Comité y las asociaciones europeas y nacionales de entes territoriales;

desarrollar la interfaz con los medios de comunicación locales y regionales en cooperación con las asociaciones de entes territoriales;

prever la posibilidad de que los entes territoriales formulen observaciones por escrito y susciten temas de debate que les interesen, de acuerdo con el orden del día de la Unión Europea, y reciban una respuesta;

encomendar a los servicios competentes de la Comisión Europea la elaboración de un acta de cada reunión;

hacer hincapié en el refuerzo del seguimiento del diálogo estructurado a través de una evaluación periódica, en estrecha cooperación con el Comité y con las asociaciones nacionales y europeas que representan a los entes territoriales;

24.

expresa, por otra parte, el deseo de que el diálogo estructurado se organice en mayor medida bajo los auspicios del CDR y se establezca una mayor transparencia respecto a este proceso;

25.

reitera las recomendaciones que formuló en su Dictamen sobre el informe anual «Legislar mejor 2004» en cuanto a la sistematización de la consulta de los entes locales y regionales en una fase precoz de la elaboración de la legislación europea; considera indispensable garantizar la eficacia y subsiguiente consideración de dicha consulta.

Mejorar la incorporación al ordenamiento jurídico interno y la aplicación de la legislación y de las políticas comunitarias en los niveles local y regional

26.

recuerda que los entes locales y regionales son mayoritariamente dependientes de la buena o mala incorporación de la legislación comunitaria al ordenamiento jurídico nacional; hace hincapié en la importancia de establecer una mejor coordinación entre el nivel nacional y los entes territoriales;

27.

reitera la necesidad de aplicar concretamente el principio de colaboración, en las fases tanto de elaboración como de aplicación de la legislación y de las políticas comunitarias;

28.

recuerda que la Comisión Europea inició y desarrolló la idea de los contratos y convenios tripartitos por objetivos, reitera su propuesta de revisar dichos instrumentos y, basándose en las enseñanzas de la fase experimental iniciada por la Comisión Europea en relación con los convenios tripartitos, propone suscribir pactos territoriales europeos;

29.

destaca que los pactos territoriales europeos, tal como ocurre con las agrupaciones europeas de cooperación transfronteriza, permitirían aumentar, gracias a una colaboración estructurada entre los distintos niveles de gobernanza, la coherencia territorial y la flexibilidad de las políticas de gran impacto local con vistas a dotarse de objetivos definidos conjuntamente entre los niveles local, regional, nacional y europeo; propone que el recurso a tal instrumento siga siendo voluntario;

30.

hace hincapié en que no cabe establecer una verdadera colaboración sin que cada una de las partes aporte una contribución financiera; propone orientar la reflexión sobre la financiación de los pactos territoriales europeos hacia las posibles sinergias entre, por parte del nivel europeo, las líneas presupuestarias disponibles en los ámbitos de que se trate y los Fondos Estructurales y, por parte de los entes locales regionales y nacionales, sus propias dotaciones; considera que todo ello ha de hacerse sin establecer ningún instrumento financiero complementario en materia de política regional comunitaria ni solicitar recursos financieros adicionales a tal fin;

31.

considera conveniente intensificar la concertación entre la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones en cuanto a la definición y aplicación de los pactos territoriales europeos;

32.

comunica a la Comisión Europea su voluntad de desempeñar un papel proactivo para estimular la conclusión de los pactos territoriales europeos y ser un socio fiable para todos los protagonistas interesados;

33.

pide, no obstante, un mayor apoyo por parte de la Comisión Europea en lo referente a las iniciativas de los entes locales y regionales; por otro lado, hace hincapié en la necesidad de prestar mayor atención a los proyectos existentes, que no pueden abandonarse al término de su fase piloto.

Análisis de impacto y evaluación de las cargas administrativas y financieras

34.

acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea de crear un comité de análisis de impacto independiente bajo la supervisión de su Presidente con el fin de reforzar su control, de acuerdo con una de las recomendaciones formuladas en su Dictamen «Legislar mejor» de 2004;

35.

aboga por reforzar la participación del Comité de las Regiones en la evaluación del impacto territorial de las grandes políticas comunitarias; por otra parte, insiste en el papel determinante que pueden desempeñar los entes regionales y locales, siempre que participen adecuadamente en la elaboración, incorporación al ordenamiento interno y aplicación de los actos legislativos;

36.

apoya la búsqueda de un método común para efectuar los análisis de impacto, así como para evaluar los costes administrativos generados por la legislación europea; sugiere que dicha metodología se adapte a los niveles local y regional con vistas a evaluar del mejor modo posible las cargas financieras y administrativas que gravan los entes locales y regionales; expresa, además, su deseo de asociarse plenamente a la cooperación interinstitucional existente en este ámbito;

37.

acoge favorablemente el Programa de Acción de la Comisión para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea, así como el objetivo propuesto en el Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007 de que la Unión Europea y los Estados miembros reduzcan conjuntamente las cargas en un 25 % para 2012; recuerda, no obstante, la necesidad de tener en cuenta la dimensión local y regional, así como el papel de los entes locales y regionales a la hora de materializar este objetivo;

38.

ofrece a la Comisión Europea, ajustándose al espíritu del acuerdo de cooperación de noviembre de 2005, sus conocimientos para contribuir a efectuar los análisis de impacto relativos a cualquier nueva propuesta legislativa de gran impacto territorial;

39.

se compromete a efectuar al respecto una experiencia piloto en el marco de la Plataforma de Seguimiento de la Estrategia de Lisboa del Comité de las Regiones, para contribuir, por una parte, a la sistematización de la consulta de los entes locales y regionales sobre la legislación europea en fase de elaboración y, por otra parte, a la búsqueda de un método común para el análisis del impacto de dicha legislación en los entes locales y regionales; por tanto, considera conveniente y coherente con el compromiso que ha suscrito en favor de la consecución de los objetivos de Lisboa estar representado en el Consejo Europeo de primavera.

Simplificación de la legislación comunitaria, transparencia e información

40.

reitera su solicitud de incorporar la dimensión regional a los planes nacionales de acción para la simplificación de la legislación;

41.

se congratula de la iniciativa de la Comisión destinada a promover la transparencia y recuerda al respecto que, si la UE desea realmente aumentar su legitimidad democrática, debe esforzarse también en mejorar la participación de los protagonistas locales y regionales en sus procesos legislativos y decisorios; lamenta, por tanto, que en dicha iniciativa no se aluda a la dimensión local y regional e insta a la Comisión a tenerla más en cuenta;

42.

expresa su deseo de que la iniciativa «Legislar mejor» vaya acompañada de medidas adecuadas de información y comunicación destinadas a los protagonistas de la aplicación de la legislación comunitaria — y especialmente, en la gran mayoría de los casos, los entes locales y regionales —, así como a los destinatarios de la legislación comunitaria, en particular los ciudadanos europeos; en efecto, la legislación comunitaria no puede aplicarse correctamente si los interesados no alcanzan a entenderla; de ahí que sea necesario realizar un esfuerzo no sólo de integración en el proceso prelegislativo, sino también de información y comunicación;

43.

advierte por ello a la Comisión Europea de la necesidad de asegurarse de que, antes de que se inicie oficialmente la fase legislativa comunitaria — incluida la consulta al Comité de las Regiones —, las propuestas legislativas aprobadas por ella se traduzcan a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea;

44.

destaca el potencial que presenta su red de seguimiento de la subsidiariedad con vistas a convertirse en un instrumento de información y comunicación eficaz en el marco del proceso legislativo comunitario.

Bruselas, 11 de octubre de 2007.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Michel DELEBARRE


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