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Document 52005IE0376

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Prioridades del mercado único para el período 2005-2010»

OJ C 255, 14.10.2005, p. 22–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 255/22


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Prioridades del mercado único para el período 2005-2010»

(2005/C 255/03)

El 29 de junio de 2004, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre el tema «Prioridades del mercado único para el período 2005-2010»

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 16 de marzo de 2005 (ponente: Sr. CASSIDY).

En su 416o Pleno de los días 6 y 7 de abril de 2005 (sesión del 7 de abril de 2005) el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 97 votos a favor, 58 en contra y 15 abstenciones el presente dictamen.

1.   Introducción

1.1

En relación con el programa de trabajo del Observatorio del Mercado Único (OMU) (1), la Sección INT propone la elaboración de un dictamen adicional sobre las Prioridades del mercado único en el período 2005-2010. Como ha venido haciendo hasta la fecha, el OMU contribuye actualmente a la revisión de unos objetivos y métodos que reflejen los avances hacia el mercado único.

1.2

No se pueden subestimar los logros registrados por la Unión Europea en 2004. Tras un proceso histórico de ampliación que ha supuesto la incorporación de diez nuevos miembros, los ciudadanos de los ahora 25 Estados miembros eligieron un nuevo Parlamento Europeo, mientras que los 25 miembros de la nueva Comisión Europea iniciaron a finales de 2004 su mandato quinquenal.

1.3

Entretanto han visto la luz el informe Kok (2) y el Dictamen del Comité sobre la aplicación de la Estrategia de Lisboa (3), documentos que responden a sendas solicitudes formuladas de manera expresa por el Consejo Europeo en marzo de 2004. Lo ideal sería entroncar con estos trabajos el Dictamen de iniciativa del Comité sobre las prioridades del mercado único para este período, que se corresponde precisamente con el mandato del nuevo Parlamento y de la nueva Comisión, y disponer así de una aportación práctica de la sociedad civil.

1.4

Por consiguiente, urge sentar las bases para la participación del CESE en las consultas programadas por la nueva Comisión.

1.5

El presente documento es la continuación del Dictamen del Comité sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Estrategia para el mercado interior — Prioridades del período de 2003-2006» (COM(2003) 238 final). En este último Dictamen (4) (ponente: Sr. Cassidy), el Comité se centró en diversos aspectos prioritarios para el buen funcionamiento del mercado único como la reducción del impacto de los obstáculos fiscales, la mejora de las condiciones empresariales, un sistema jurídico sólido, normas de calidad más estrictas y transparentes, sobre todo en los servicios de interés general, información mejor y más completa a los ciudadanos, etc.

1.5.1

En dicho dictamen el Comité también destacaba que sólo con medidas de liberalización y de fomento de la competencia no se podrá seguir mejorando el nivel de bienestar, mientras que una política macroeconómica de acompañamiento orientada al crecimiento y al empleo contribuirá de modo esencial a consolidar el mercado único. Asimismo, el debate sobre la futura configuración de los sistemas sociales tampoco debe efectuarse exclusivamente bajo el signo del mercado único y de las exigencias presupuestarias, sino que será preciso considerar los sistemas en su totalidad y tener en cuenta sus objetivos.

1.6

El presente Dictamen se basa también en las «25 conclusiones» extraídas por el Observatorio del Mercado Único con motivo del décimo aniversario de su creación (folleto publicado en octubre de 2004 con el título «Situación actual del Mercado Único ampliado: 25 conclusiones del Observatorio del Mercado Único»). En estas conclusiones, el OMU resaltaba que, a pesar de los avances notables que se han logrado en los últimos años, el número excesivo de persistentes retrasos y el mal funcionamiento del mercado único penalizan a los usuarios europeos y afectan a la competitividad, crecimiento, innovación y empleo de la UE frente a nuestros principales socios internacionales.

1.7

El programa estratégico plurianual 2004-2006 preparado por las seis presidencias (5) sentó una base para el examen de esta cuestión y para la elaboración de recomendaciones para el período crucial 2005-2010 en el que, además del proceso de integración de los nuevos Estados miembros, se constituirán una nueva Comisión y un nuevo Parlamento Europeo. Así pues, se trata de enmarcar las prioridades de la UE en un contexto más amplio, abordando los problemas operativos que han estado aparcados durante mucho tiempo. El programa de las seis presidencias ofrece una solución de continuidad política que ha sido bien recibida. Hasta ahora, las presidencias entrantes han intentado con demasiada frecuencia imponer sus propias agendas, algo que suscita confusión y refuerza la impresión de que la UE no tiene unos objetivos políticos claros.

2.   Una simplificación de la reglamentación que llega con mucho retraso

2.1

Por lo que respecta al mercado único, las prioridades de las seis presidencias se basan en la Estrategia de Lisboa. El objetivo de dicha estrategia es que «la Unión se convierta en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social». La Comisión ha elaborado el Plan de acción «Simplificar y mejorar el marco regulador» (6). Desde el 1 de mayo de 2004, esta iniciativa responde a un amplio mercado compuesto por 25 Estados. El Comité vuelve a hacer hincapié, en el sentido de la Estrategia de Lisboa, en que es preciso diferenciar debidamente entre un despliegue jurídico y administrativo innecesario, por un lado, y las normas y reglamentaciones necesarias para garantizar y crear condiciones de vida y de trabajo que sean conformes con los objetivos comunes de la UE, por otro.

2.2

El modo en que algunos Estados miembros complican innecesariamente la transposición de las directivas de la UE a sus respectivas legislaciones nacionales es motivo de grave preocupación. Las partes interesadas ven con frustración un procedimiento opaco como el de la comitología, que contempla el debate a puerta cerrada de normativas específicamente encaminadas a aplicar directivas marco, sin siquiera someterlas al escrutinio del Parlamento Europeo o de los parlamentos nacionales.

2.3

El lapso de tiempo que transcurre entre la aprobación de una directiva por parte del Consejo y el Parlamento y su transposición a la legislación nacional constituye una de las mayores dificultades.

2.4

A menudo, los Estados miembros no alcanzan a incorporar las directivas comunitarias a sus respectivos ordenamientos jurídicos, con lo que se crea una serie de obstáculos que ocasionan perjuicios económicos. La supresión de estos obstáculos requiere una combinación cuidadosamente sopesada de armonización, reconocimiento mutuo y simplificación.

2.5

La complejidad de las condiciones que rigen la actividad en el mercado único es uno de los obstáculos que han puesto de relieve los operadores. Aunque la simplificación es en gran medida una cuestión de buenas prácticas y de aplicación, siguen faltando disposiciones fundamentales para esta simplificación, especialmente en lo referente a la patente comunitaria, la supresión de la doble imposición, un estatuto jurídico europeo accesible para las PYME, la homogeneidad de las normas europeas en relación con las fusiones y la simplificación de las normas intracomunitarias en materia de IVA.

2.6

La propia Comisión no queda libre de culpa. Los análisis de impacto preliminares no siempre justifican suficientemente algunas iniciativas legislativas de la Comunidad, y en ocasiones adolecen de falta de rigor y transparencia, como en el caso de la Propuesta de segunda Directiva sobre los servicios portuarios (7). Con frecuencia, las directivas europeas no son sino el resultado de complejos compromisos políticos entre los Estados o entre el Consejo y el Parlamento Europeo, algo que no facilita la vida a los destinatarios de estas normativas.

3.   La autorregulación y la corregulación en aras de un mercado único participativo

3.1

Es este objetivo de simplificación del marco regulador lo que precisamente justifica que se permita a los agentes del mercado único manifestar sus pareceres. Así, la autorregulación y la corregulación en el mercado único europeo se centró inicialmente en dos cuestiones: una referencia a las normas para el desarrollo de directivas relacionadas con obstáculos técnicos y la autonomía del diálogo social reconocido en el Tratado de Maastricht.

3.2

Este enfoque fue ampliándose paulatinamente con códigos de conducta y acuerdos de carácter voluntario a otros ámbitos: derechos de los consumidores, especialmente en el comercio electrónico (información, etiquetado, etiquetas, seguridad en el pago, etc.), servicios, incluidos los servicios financieros (reconocimiento recíproco de titulaciones, etc.) y protección medioambiental (cumplimiento de las normas, etc.).

3.3

El 16 de diciembre de 2003 se llegó a un acuerdo interinstitucional (8)entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión por el que se definió y organizó por primera vez la autorregulación y la corregulación en el mercado único. En este contexto, el Comité manifiesta su asombro de que los interlocutores sociales, que desempeñan un papel fundamental en la elaboración de la legislación, no hayan sido consultados.

3.4

Desde hace diez o quince años, las partes interesadas vienen haciendo un uso mucho mayor de la autorregulación y la corregulación a escala europea, tal como ha demostrado PRISM (9), la base de datos del CESE. Entre estas iniciativas, el OMU señala:

la autorregulación en los sectores de la publicidad, la restauración y el turismo;

los códigos éticos aplicables a ingenieros, abogados, consultores, notarios, gestores de cuentas y agentes inmobiliarios;

los acuerdos laborales interprofesionales sobre permisos parentales, trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal y teletrabajo;

las iniciativas y los acuerdos laborales en el ramo de la construcción, el sector hotelero, la peluquería, la agricultura, el sector azucarero y la industria de la aviación civil;

la gestión de los fondos de pensiones en la economía social;

los códigos de los consumidores en ámbitos como la seguridad del comercio electrónico, los proveedores de servicios de Internet, la contratación de seguros en línea, las ventas transfronterizas por correo y los créditos a la vivienda;

los acuerdos medioambientales en materia de reducción de las emisiones y consumo energético;

los métodos alternativos para la resolución de litigios, especialmente a efectos de los consumidores.

3.5

En concreto, el éxito de la autorregulación y la corregulación depende de:

un margen suficiente de libertad para los entornos empresariales y de la sociedad civil;

la actitud abierta, o incluso cooperativa, de las autoridades públicas;

la representatividad de las partes implicadas en la autorregulación;

unos procedimientos transparentes y una aplicación efectiva;

unos controles rigurosos del impacto y el seguimiento, con la imposición, si fuera necesario, de sanciones.

3.6

La autorregulación y la corregulación únicamente podrán aportar soluciones a casos individuales como complemento a la actividad de los legisladores, quienes deberán asumir prerrogativas fundamentales en el desempeño de su labor de interés público. Con vistas a contribuir a la simplificación del marco regulador en determinados ámbitos, sería deseable que la autorregulación en el marco de las organizaciones profesionales europeas estuviera más extendida.

3.7

Estos análisis y conclusiones se examinan detalladamente en un documento informativo sobre «La situación actual de la corregulación y la autorregulación en el mercado único», aprobado por el CESE el 10 de febrero de 2005 (CESE 1182/2004) (10).

4.   Las disposiciones aduaneras en una Europa ampliada

4.1

La propuesta de la Comisión para modificar el Código aduanero comunitario tiene por objeto simplificar la legislación en vigor y lograr una mayor armonización e integración. La ampliación conllevará cambios tanto en la legislación como en las prácticas aduaneras de la UE. Efectivamente, la gestión aduanera en las fronteras exteriores de la UE varía enormemente de un Estado miembro a otro, especialmente por lo que respecta a los recursos humanos y materiales y también en términos de rigor. Esta circunstancia plantea una cuestión que se ha puesto aún más de manifiesto tras la ampliación: ¿cuál es la eficacia de los controles aduaneros a escala europea y, por lo tanto, cuál es el grado de seguridad del mercado interior ante la competencia desleal, el contrabando y la falsificación? Podría ser interesante estudiar la posibilidad de crear en el ámbito aduanero un organismo equivalente a la OLAF para salvaguardar los ingresos fiscales procedentes de los aranceles exteriores y los gravámenes de los productos agrarios. Uno de los riesgos que se corren es que la pérdida de confianza mutua entre las autoridades aduaneras de los distintos Estados miembros pueda conducir al restablecimiento de los controles intracomunitarios, algo que pondría en peligro la unidad y libertad del mercado interior único.

4.2

Para conseguir un funcionamiento adecuado del mercado único, los servicios aduaneros de la UE deberán organizarse de un modo más eficaz y homogéneo. Lo ideal sería establecer un servicio aduanero de la UE, pero los gobiernos de los Estados miembros se han mostrado hasta la fecha poco entusiastas de esta medida porque no confían suficientemente en la eficacia de los servicios aduaneros de los demás países. En este orden de cosas, el CESE propugna que se emprenda paulatinamente una mayor cooperación entre las 25 autoridades nacionales. Se necesitan más programas conjuntos y un mayor intercambio de funcionarios de aduanas para alcanzar este objetivo, pero los Estados miembros muestran todavía poca voluntad política al respecto.

5.   Obstáculos al mercado único

5.1

Se debe distinguir con mayor claridad cuáles son los obstáculos que infringen el principio del mercado único (como las trabas a la patente comunitaria, la doble imposición, la elaboración de contratos públicos para favorecer a los «contendientes nacionales» o la compartimentación de las normativas en materia de propiedad intelectual) y, por consiguiente, establecer su supresión como una cuestión prioritaria, y cuáles son los obstáculos que deberán mantenerse en razón de la especificidad de los distintos Estados miembros y a las que los operadores deberán, sencillamente, adaptarse (aspectos como la diversidad cultural, las peculiaridades lingüísticas y las diferenciales fiscales). Aunque todavía no es lo suficientemente conocida, la red SOLVIT de la Comisión ya ha comenzado a dar sus frutos y deberá desarrollarse en mayor medida.

6.   Las empresas y el mercado único

6.1

Las pequeñas empresas se ven especialmente penalizadas por la burocracia y la subsistencia de los obstáculos comerciales. Son numerosas las voces que se alzan a favor de facilitar el acceso al mercado único, especialmente en las regiones fronterizas. Estas empresas no tienen posibilidad de acceder a un estatuto jurídico simplificado de ámbito europeo.

6.2

El CESE ha hecho un llamamiento para establecer un estatuto empresarial europeo (11) abierto a empresas de todos los tamaños con el fin de facilitar sus actividades dentro del mercado único. En la actualidad se está elaborando un estudio de viabilidad en el que se basará la Comisión a la hora de decidir si existe alguna propuesta adecuada, y de qué tipo, para alcanzar este objetivo (la Comisión espera que este estudio esté terminado para junio de 2005).

6.3

El CESE también aguarda los resultados del estudio de la Comisión en el que se abordan los numerosos acuerdos en materia de doble imposición firmados tanto entre Estados miembros, como entre éstos y terceros países (12). En la actualidad se está llevando a cabo una investigación cuyos resultados se presentarán a finales de este año, junto con posibles soluciones.

7.   Consumidores y trabajadores: los beneficiarios del mercado único

7.1

En todos los países de la UE se reconoce que los avances del mercado único han permitido a los consumidores tener más dónde elegir, especialmente por lo que respecta a las mercancías (una mayor gama y una mejor relación calidad-precio). Al igual que ha ocurrido con las distintas normas de la UE para la protección de los intereses de los consumidores, se han registrado en los últimos años avances en la autorregulación voluntaria o contractual, especialmente en el comercio electrónico por lo que respecta a la seguridad en el pago, las garantías, los servicios postventa y los métodos alternativos para la resolución de diferencias. Entre las mejoras prioritarias se debe hacer especial hincapié en los análisis de impacto de los reglamentos previstos, una aplicación realista –que no gravosa– del principio de cautela, una protección efectiva de los derechos transfronterizos de los consumidores y unos mecanismos alternativos eficaces para ayudar en la resolución de diferencias.

7.2

Cabe recordar que el mercado único también tiene otro cometido: la creación de empleo. Este objetivo únicamente se podrá cumplir si se adoptan medidas determinantes para suprimir los obstáculos actuales. Ahora que ya se ha producido la ampliación, el CESE considera que, para lograr un verdadero efecto multiplicador, es más importante que nunca disponer de una política informativa de carácter proactivo –algo que exige la participación de las autoridades nacionales de los Estados miembros– y garantizar que los Estados asuman sus responsabilidades al respecto. Ya están en funcionamiento las redes de información (como EURES, o servicios para la resolución de problemas como SOLVIT), aunque siguen siendo infrautilizadas como consecuencia de la falta de apoyo e información.

7.3

La creación de empleo y la movilidad de los trabajadores también son objetivos del mercado único, por lo que los programas de formación y educación deberán orientarse más hacia la preparación de la «economía basada en el conocimiento». Como ya se hizo en el Dictamen mencionado en el punto 1.5, el Comité vuelve a señalar que la creación de un mercado único no resolverá por sí sola los problemas del mercado de trabajo europeo, sino que para eso se precisarán otras medidas activas adicionales.

7.4

El CESE respaldará plenamente a la Comisión para avanzar en estos importantes ámbitos políticos y espera que los gobiernos nacionales cooperen haciendo todo lo que esté en su poder para acelerar la adopción y ejecución de sus compromisos. El CESE lamenta las restricciones impuestas por algunos de los «antiguos» Estados miembros a la libre circulación de trabajadores procedentes de los «nuevos» Estados, y solicita que se revisen cuanto antes estos «períodos transitorios».

8.   Un mercado de servicios que se está quedando a la zaga

8.1

La supresión de los obstáculos exige mantener un equilibrio dinámico entre las presiones del mercado, el reconocimiento mutuo y la armonización. Ello implica una nueva cooperación entre las instituciones de la UE, los Estados miembros, los proveedores de servicios y sus usuarios al objeto de efectuar una mejor evaluación de los obstáculos existentes, prevenir la aparición de nuevos obstáculos, coordinar enfoques, simplificar normas, prever posibles períodos transitorios y tomar en consideración la mundialización del comercio.

8.2

En gran medida, se sigue sin explotar el potencial del mercado de servicios como consecuencia de unas exigencias nacionales incompatibles con la libre prestación de servicios. La total realización del mercado único en el ámbito de los servicios se ha convertido en un aspecto fundamental por la internacionalización del comercio –con las negociaciones que se están llevando actualmente a cabo en la OMC sobre este sector– y la existencia del euro, que ha impulsado la competencia y la necesidad de un mercado único de servicios.

8.3

En el caso particular de los servicios financieros en ámbitos como el bancario y los seguros, la lentitud en los avances y en la ejecución del plan de acción sobre dichos servicios en cumplimiento de la Agenda de Lisboa son resultado de la falta de diligencia de algunos Estados miembros. Además, ocurre con demasiada frecuencia que determinados jefes de gobierno dan su acuerdo a las políticas en los Consejos Europeos, dando instrucciones a la Comisión en el sentido de que adopte medidas al respecto, para, una vez que regresan a sus países respectivos, olvidarse de todo ello.

8.4

Por lo que respecta a los servicios financieros, es crucial aplicar de manera coherente las medidas legislativas a escala nacional ahora que llega a su fin la fase legislativa del Plan de acción para los servicios financieros.

8.5

Es necesario renovar el interés por la estrategia que propone la Comisión. No obstante, esto implica tener presente la diversidad de los sectores implicados. Un modo de afrontar esta diversidad es haciendo un mayor uso de la corregulación y la autorregulación profesional a escala europea. Los medios económicos y sociales interesados deberán emprender nuevas iniciativas que les permitan participar plenamente en este proceso de apertura.

8.6

El 10 de febrero de 2005 se aprobó un Dictamen donde se recogían las observaciones del Comité acerca de la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior» (CESE 137/2005) (13).

9.   Conclusiones

9.1

El mercado único –y, con él, el mercado laboral– está sometido a constantes transformaciones. La cuestión de cómo gestionar estos cambios constituye un importante desafío para la Comisión Europea y, en particular, para los interlocutores sociales.

9.1.1

La Comisión debería centrar sus trabajos en simplificar, consolidar y mejorar la coherencia de la legislación europeas vigente a fin de sacar el máximo partido del potencial del mercado único tanto desde el punto de vista del consumidor como del prestador del servicio.

9.2

Además, el CESE insta a los gobiernos de los Estados miembros a que den muestra de voluntad política, estableciendo mecanismos para estrechar la cooperación aduanera.

9.3

A juicio del CESE, el principal obstáculo para la realización del mercado único lo constituyen los Estados miembros. Algunos de ellos se retrasan en la aplicación, mientras que otros llevan a cabo una ejecución excesivamente meticulosa, lo que crea efectos antagónicos hacia el mercado único y la UE. Otros países interponen obstáculos como la aprobación de leyes nacionales que prohíben las adquisiciones transfronterizas de instituciones financieras, como los bancos; a su vez, otros permiten que sus sectores nacionalizados hagan adquisiciones transfronterizas, pero no a la inversa. La concesión de financiación ilimitada a los sectores nacionalizados de algunos países constituye un falseamiento de la competencia que la Comisión se ha mostrado, hasta la fecha, renuente a atajar.

Bruselas, 7 de abril de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  El Observatorio del Mercado Único es una unidad de la Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo (INT) formada por 30 miembros con un presidente y dos vicepresidentes (por un mandato de dos años).

(2)  En su cumbre de primavera de 2004, el Consejo solicitó a un grupo de trabajo presidido por Wim Kok que efectuara una valoración intermedia de la Estrategia de Lisboa y que presentara un informe al respecto antes del 1 de noviembre de 2004.

(3)  DO C 120 de 20.5.2005.

(4)  DO C 234/55 de 30.9.2003.

(5)  Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Austria y Finlandia.

(6)  COM(2002) 278 final.

(7)  COM(2004) 654 final.

(8)  DO C 321de 31.12.2003.

(9)  Prism (Progress Report on Initiatives in the Single Market).

(10)  Ponente: Sr. VEVER.

(11)  DO C 125/100 de 27.5.2002. Dictamen sobre «El acceso de las PYME a un estatuto de Derecho europeo», ponente: Sr. MALOSSE.

(12)  DO C 117/10 de 30.4.2004.

(13)  Ponentes: Sres. METZLER y EHNMARK.


ANEXO

al dictamen del Comité Económico y Social Europeo

A.   Las propuestas de enmienda siguientes, que obtuvieron más de un cuarto de los votos emitidos fueron rechazadas en el transcurso de los debates:

Nuevo punto 7.4 y, al mismo tiempo, suprímase la última frase del antiguo punto 7.4 (nuevo punto 7.5):

«En el ámbito de la libre circulación de los trabajadores, el Comité señala una vez más que los períodos transitorios acordados deben acompañarse de medidas activas que permitan elevar el nivel de las normas sociales y económicas en los nuevos Estados miembros, para conseguir así un mercado de trabajo común en buen estado de funcionamiento para todos los Estados miembros. Se requiere, con miras al progreso, el concurso de todas las políticas de la Unión, al objeto de eliminar las disparidades actuales y lograr rápidamente las condiciones necesarias para la libre circulación de los trabajadores.»

Exposición de motivos

Es preciso dar prioridad a la superación de las disparidades económicas y sociales, con el fin de que el mercado único pueda desarrollarse para provecho de los ciudadanos –y, por tanto también de los trabajadores– y se pueda prevenir el dumping social.

Resultado de la votación

Votos a favor: 67

Votos en contra: 68

Abstenciones: 9

Punto 8.2: Modifíquese del modo siguiente:

«En gran medida, se sigue sin explotar el potencial del mercado de servicios como consecuencia de unas exigencias nacionales incompatibles con la libre prestación de servicios. La total realización del mercado único puede mejorar este potencial. No obstante, en su Dictamen (1) sobre la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior (2), el Comité aboga en favor de una revisión general de la actual propuesta y se pronuncia en contra de una introducción general del principio del país de origen, porque la competencia resultante entre los sistemas tendría por efecto una nivelación “a la baja” de las normas relativas a los consumidores, trabajadores y medio ambiente. en el ámbito de los servicios se ha convertido en un aspecto fundamental por la internacionalización del comercio –con las negociaciones que se están llevando actualmente a cabo en la OMC sobre este sector– y la existencia del euro, que ha impulsado la competencia y la necesidad de un mercado único de servicios.»

Exposición de motivos

Los motivos mencionados en este punto para la creación de un mercado único (internacionalización del comercio, competencia mediante la introducción del euro y ampliación) no son concluyentes, y ni siquiera se presentaron, en la forma en que aquí se describen, durante los debates entablados en torno a la elaboración del Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior». En su forma actual, el punto 8.2 «reproduciría» de una manera bastante distorsionada el amplio debate que tuvo lugar en el CESE sobre los servicios en la UE. La nivelación «a la baja» es incompatible también con los objetivos de la UE tal como aparecen consagrados en los tratados o en el proyecto de Constitución.

Resultado de la votación

Votos a favor: 76

Votos en contra: 77

Abstenciones: 9

Modifíquese el punto 8.7 como sigue:

«El 10 de febrero de 2005 se aprobó un Dictamen donde se recogían las observaciones del Comité acerca de la “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior” (CESE 137/2005) (3). En el anexo I de dicho dictamen se recogen las numerosas enmiendas que fueron rechazadas, aunque obtuvieron como mínimo una cuarta parte de los votos emitidos.»

Exposición de motivos

El dictamen sobre una directiva tan compleja y controvertida es necesariamente ambivalente, frente a lo que puede deducirse de la redacción del punto 8.7. Por lo tanto, conviene precisar que un anexo de dicho dictamen recoge las numerosas enmiendas que, aunque obtuvieron como mínimo una cuarta parte de los votos emitidos, fueron rechazadas.

Resultado de la votación

Votos a favor: 58

Votos en contra: 114

Abstenciones: 4

Añádase un nuevo punto 9.4:

«Aunque se deben respetar y respaldar plenamente las verdaderas preocupaciones relacionadas con el medio ambiente y la protección de los consumidores, el Comité desea destacar que determinados Estados miembros aducen estas consideraciones erróneamente, para oponerse a la aplicación de la legislación comunitaria o mantener una legislación nacional contraria a los principios del mercado único.»

Exposición de motivos

Los Estados miembros tienen derecho a oponerse a unas propuestas con repercusiones negativas sobre el medio ambiente o la protección de los consumidores. Sin embargo, se dan casos de abusos, en los que la verdadera razón para oponerse a los cambios reside en la protección de intereses nacionales.

Resultado de la votación

Votos a favor: 80

Votos en contra: 83

Abstenciones: 10

B.   Los textos siguientes del Dictamen de la Sección fueron rechazados a favor de enmiendas adoptadas por la Asamblea, pero obtuvieron, al menos, un cuarto de los votos emitidos:

2.1

Por lo que respecta al mercado único, las prioridades de las seis presidencias se basan en la Estrategia de Lisboa. Con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos de Lisboa y, en un contexto más general, dar un impulso a la economía europea, la Comisión ha elaborado el Plan de acción «Simplificar y mejorar el marco regulador» (4). Desde el 1 de mayo de 2004, esta iniciativa responde a un amplio mercado compuesto por 25 Estados.

Resultado de la votación

Votos a favor: 53

Votos en contra: 72

Abstenciones: 3

3.3

El 16 de diciembre de 2003 se llegó a un acuerdo interinstitucional (5)entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión por el que se definió y organizó por primera vez la autorregulación y la corregulación en el mercado único.

Resultado de la votación

Votos a favor: 50

Votos en contra: 83

Abstenciones: 3

8.6

La culminación del mercado único sigue constituyendo un objetivo primordial al que, afortunadamente, vienen a añadirse ahora los esfuerzos por abrir el mercado de la UE a la competencia internacional en el contexto de la Ronda de la OMC de Doha. Esta circunstancia exigirá una mayor flexibilidad y la mejora de la competitividad para que la UE pueda aprovechar todo su potencial. Los diez nuevos Estados miembros desean que sea éste el resultado, puesto que son los que más se beneficiarían de la liberalización.

Resultado de la votación

Votos a favor: 68

Votos en contra: 85

Abstenciones: 10

9.1.1

En opinión del CESE, la Comisión Europea debería introducir una pausa legal que permita a los Estados miembros disponer de suficiente tiempo para transponer, en particular, las medidas del plan de acción sobre los servicios financieros al derecho nacional y verificar su eficacia. La Comisión podría aprovechar esta pausa para simplificar las normas europeas vigentes, así como consolidarlas y mejorar su coherencia a fin de sacar el máximo partido del potencial del mercado interior tanto desde el punto de vista del consumidor como del prestador del servicio. En cambio, las nuevas iniciativas sólo deberán emprenderse en casos excepcionales y después de efectuar un análisis riguroso de los costes y beneficios del que se desprenda la necesidad de nuevos actos jurídicos.

Resultado de la votación

Votos a favor: 76

Votos en contra: 94

Abstenciones: 5


(1)  CESE 137/2005.

(2)  «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior» (COM(2004) 2 final).

(3)  Ponentes: Sres. METZLER y EHNMARK.

(4)  COM(2002) 278 final.

(5)  DO C 321 de 31.12.2003.


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