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Document 52004AE1447

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones» — «Modernizar la protección social para el desarrollo de una asistencia sanitaria y una asistencia de larga duración de calidad, accesibles y duraderas: apoyo a las estrategias nacionales a través del método abierto de coordinación»(COM(2004) 304 final)

OJ C 120, 20.5.2005, p. 135–141 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.5.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/135


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones» — «Modernizar la protección social para el desarrollo de una asistencia sanitaria y una asistencia de larga duración de calidad, accesibles y duraderas: apoyo a las estrategias nacionales a través del método abierto de coordinación»

(COM(2004) 304 final)

(2005/C 120/25)

El 20 de abril de 2004, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación mencionada.

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 22 de septiembre de 2004 (ponente: Sr. BRAGHIN).

En su 412o Pleno de los días 27 y 28 de octubre de 2004 (sesión del 28 de octubre de 2004, el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado el presente Dictamen por 104 votos a favor, y 3 abstenciones.

1.   Síntesis de la Comunicación

1.1

La Comunicación que nos ocupa, anunciada en el Informe de Primavera 2004  (1), tiene por objeto favorecer la definición de un marco común que permita apoyar los esfuerzos nacionales de reforma y desarrollo de la asistencia sanitaria y la asistencia de larga duración mediante la aplicación del «método abierto de coordinación».

1.2

La Comisión ha definido tres orientaciones (2), aprobadas por el Consejo Europeo de Barcelona en marzo de 2002, que pueden servir de marco a esta reforma: la accesibilidad de la asistencia sobre la base de los principios de universalidad, equidad y solidaridad; la prestación de una asistencia de calidad; y la sostenibilidad financiera a largo plazo de esta asistencia y una mayor eficacia del sistema.

1.3

Al establecerse la asistencia sanitaria como un servicio en el sentido del Tratado y constatarse la persistencia de desigualdades y dificultades de acceso, una calidad en ocasiones insuficiente en la oferta de los servicios y desequilibrios financieros, se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la coordinación de las políticas nacionales para apoyar los esfuerzos de modernización y desarrollo de este sector sin pasar por alto sus repercusiones en la cohesión social y el empleo ni las intrincadas consecuencias que plantea el envejecimiento de la población.

1.4

Para hacer frente a estos retos, la reforma de los sistemas de protección social ha de llevarse a cabo de manera integrada y coordinada, y la asistencia sanitaria y la asistencia de larga duración constituyen un ámbito en el que resulta necesario aplicar la «racionalización» de los procesos de coordinación en materia de protección social («streamlining») (3): el «método abierto de coordinación» representa una herramienta flexible, que contempla la diversidad de situaciones y competencias nacionales y que, por lo tanto, se adapta particularmente a este fin (4).

1.5

La Comunicación establece las siguientes fases:

un acuerdo sobre los «objetivos comunes en 2004», con el compromiso de los Estados miembros de presentar antes de la próxima cumbre de primavera unos «informes preliminares» sobre los desafíos que afrontan sus respectivos sistemas nacionales;

la elaboración de una primera serie de «estrategias de desarrollo y reforma» de la asistencia sanitaria y de larga duración para el periodo 2006-2009, que la Comisión presentará en el marco del «Informe conjunto sobre la protección social y la inclusión social», previsto para 2007;

la creación de un «Grupo de alto nivel en materia de servicios de salud y atención médica» cuyo principal objetivo estriba en la elaboración de un programa de trabajo coordinado con los grupos de alto nivel que actúen en ámbitos afines;

el establecimiento de posibles indicadores para estos objetivos, al que contribuirán los «informes preliminares» de la primavera de 2005 con el fin de elaborar un primer cuadro comparativo de las distintas situaciones nacionales y medir el progreso en función de los objetivos declarados.

2.   Observaciones generales sobre los problemas de fondo

2.1   Factores socioeconómicos y demográficos

2.1.1

El CESE reafirma su pleno apoyo, ya expresado en anteriores dictámenes, a los objetivos comunes para el desarrollo de los sistemas sanitarios y, en particular, a:

garantizar el acceso a una asistencia sanitaria de calidad sobre la base de los principios de universalidad, equidad y solidaridad, y prevenir el riesgo de pobreza o exclusión social vinculado a la enfermedad, los accidentes, la discapacidad o los cuidados necesarios en la vejez, tanto para los beneficiarios de la asistencia como para sus familias,

promover una asistencia de calidad con el fin de mejorar el estado de salud y la calidad de vida de las personas.

garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de una asistencia accesible para todos y de calidad.

y suscribe la aseveración de que estos objetivos constituyen un conjunto global e integrado cuyo desarrollo y racionalización exigen una gestión eficaz basada en la participación y la responsabilización de los agentes implicados en la medida en que los interlocutores sociales y el conjunto de la sociedad civil deben contribuir a los esfuerzos de reforma.

2.1.2

Por otra parte, el CESE ya ha puesto de manifiesto en un reciente dictamen de iniciativa que la capacidad de los sistemas nacionales de asistencia sanitaria para alcanzar estos objetivos depende de una serie de factores socioeconómicos y demográficos, en los que se deberá ahondar para comprender la complejidad del problema y anticipar aquellas tendencias que pudieran tener efectos perturbadores (5).

2.1.3

Dichos factores influyen de hecho en las necesidades y recursos disponibles en la actualidad y en el futuro. El objetivo de eficiencia de la asistencia sanitaria se impone también porque está entrelazado e interactúa con el resto de componentes del sistema de bienestar social: sus exigencias financieras rivalizan con las de los demás sectores de la protección social y sus disfunciones repercuten en los mismos, y viceversa.

2.1.4

En el ámbito de la propia asistencia sanitaria actúan mecanismos análogos de interacción que compiten por los recursos (por ejemplo, a la hora de distribuir los gastos, una intervención racionalizadora en un sector puede repercutir de manera opuesta en otro sector, o bien el traslado de personal de un tipo de estructura a otro puede provocar un empeoramiento imprevisto de la calidad de los servicios). Estos mecanismos se analizan detenidamente en todo proceso de recalificación del sistema asistencial.

2.1.5

El CESE considera que si se actúa en un aspecto del problema sin tener presentes las repercusiones de dicha intervención en los demás aspectos, o si no se lleva a cabo un seguimiento de las tendencias comunes a más de un sector, se corre el riesgo de que aparezcan efectos distorsionadores o de que no se consigan los objetivos deseados. Por este motivo, se muestra a favor de compartir una visión global de los problemas y de su interdependencia, así como de las oportunidades que brindan las estrategias comunes para hacer frente a dichos problemas.

2.1.6

Además, la asistencia sanitaria tiene un alcance social e incluso psicológico, de gran importancia: ante la enfermedad, el sufrimiento y el riesgo de muerte, siempre se intenta hacer lo más posible sin reparar en problemas de rentabilidad o sostenibilidad. Esta circunstancia revela un delicado aspecto político en la medida en que la autoridad pública ha de elegir entre distintas prioridades y servicios sanitarios eficientes y sostenibles, una elección difícil por los intereses corporativos y las percepciones subjetivas que a veces dificultan la aplicación de las intervenciones de recalificación de la oferta y la demanda de servicios.

2.1.7

En la evaluación de la relación coste-beneficio y de la sostenibilidad financiera deben tenerse en cuenta las necesidades y las expectativas de la población por lo que respecta a la propia salud -que implica no sólo la búsqueda de calidad de vida sino también de una vida de calidad-, no sólo para que cualquier elección de recalificación de la asistencia resulte más racional y válida a largo plazo, sino también para facilitar las decisiones públicas en función de las necesidades reales de la población en su conjunto, así como de los enfermos y de quienes necesitan asistencia específica.

2.1.8

El CESE reitera que la protección de la salud es un derecho y una prioridad de las políticas comunitarias. Considera sin embargo que la propia salvaguarda de este derecho a largo plazo exige determinar unos instrumentos eficaces para garantizar a todos un nivel equitativo de prestaciones compatibles con los recursos disponibles, así como llevar a cabo una comparación a fondo para aclarar cuáles son las necesidades y las expectativas de la población que se pueden justificar en el ámbito sanitario y qué mecanismos de responsabilización de los agentes favorecen el uso adecuado de los recursos y la eficacia del sistema sanitario, permitiendo así una financiación sostenible.

2.2   El envejecimiento demográfico y la nueva epidemiología

2.2.1

El envejecimiento demográfico no implica únicamente un incremento de la población mayor de 65 años, aún más rápido para los mayores de 80 años, acompañado a menudo, pero no necesariamente, de un aumento de las polipatologías que puede dar lugar no a una multiplicación infinita de los actos médicos, sino a un tratamiento más integral de la persona. Este fenómeno plantea también diversos problemas relacionados con esta circunstancia que en ocasiones son desatendidos y que, por el contrario, deberán abordarse:

A falta de medidas relativas a la edad de jubilación, el cambio en la «pirámide demográfica» conllevará una relación menos favorable entre los contribuyentes (esto es, la población en edad laboral) y los usuarios de los servicios no solamente sanitarios (en especial, la tercera edad), por lo que una de las prioridades deberá ser encontrar soluciones para reorientar y «acumular» recursos específicos que permitan financiar los servicios más adecuados a la población no autosuficiente (6) (principalmente la de mayor edad), sin restar recursos a otros pilares de la protección social.

No sólo cambia la frecuencia con que se manifiestan las enfermedades, sino también su tipología: aunque son frecuentes aquellas patologías propias a las edades más avanzadas que no tienen curación, también es cierto que éstas pueden beneficiarse considerablemente de distintas terapias de duración media y larga, con intervenciones médicas y quirúrgicas encaminadas a aliviar sus efectos negativos, aun cuando no sea posible reestablecer el estado de salud anterior. Este hecho implica un planteamiento médico distinto capaz de integrar el tratamiento y la asistencia –que afecta a la investigación, los productos farmacéuticos, los medios de diagnosis y las tecnologías de intervención–, en la medida en que se debe pasar de un enfoque «agudo» a otro «crónico» (lo cual implica una gestión de los problemas médicos con buenos resultados a largo plazo, aun cuando no se puedan resolver dichos problemas).

En el plano epidemiológico, estamos asistiendo a un aumento progresivo de las enfermedades de carácter crónico o de larga duración relacionado también con la eficacia de unas intervenciones sanitarias que, aunque no garantizan su curación, permiten alargar considerablemente la esperanza de vida: esta circunstancia origina un creciente número de discapacidades, físicas y mentales, relacionadas particularmente con traumatismos y enfermedades neurodegenerativas cuyo tratamiento exige una mayor integración entre las intervenciones sanitarias y sociales, y constituye una considerable carga asistencial para la familia (7).

El concepto de «salud» no puede restringirse a su componente físico, sino que se deberán tener también en cuenta los aspectos psíquicos y sociales, como ya pone de manifiesto la propia definición de la OMS (8) (que pide que se evalúe el contexto en el que se encuentra la persona de edad avanzada y se satisfagan sus otras necesidades, como pueden ser la seguridad, el afecto, los contactos sociales, la autoestima y la autorrealización, etc.).

2.2.2

El tejido asistencial, consolidado históricamente en función de una estructura demográfica y un sistema de necesidades diferentes, debe replantearse para contrarrestar la rigidez y la resistencia al cambio que caracterizan a las estructuras demográficas, las funciones profesionales y las actitudes culturales. El CESE considera que esto puede hacerse adoptando como punto de partida el análisis del estado de salud y las necesidades sanitarias de la población, que presentan grandes divergencias dentro de los propios Estados miembros y entre sí, para adelantarse a las transformaciones demográficas que ya están en curso y que van a profundizarse, pero que pueden preverse con facilidad.

2.2.3

Además, se desarrollarán iniciativas para gestionar mejor la relación entre la oferta y la demanda de servicios, calificando la accesibilidad a las prestaciones y la acogida de la demanda, ayudando a los más débiles a beneficiarse de las acciones y garantizando una evaluación integrada de las necesidades y los proyectos personalizados de intervención en un marco de continuidad asistencial y de evaluación sistemática de los resultados. El método abierto de coordinación deberá abarcar también esos aspectos y, por ende, favorecer planteamientos más homogéneos y mecanismos reforzados de cohesión social.

2.2.4

El segundo aspecto de los cambios demográficos que se citan en la Comunicación, la transformación de las familias y el aumento del empleo femenino, conlleva una menor capacidad de asistencia informal a cargo de las familias. Esta realidad exige un replanteamiento de las modalidades de asistencia a domicilio que, en numerosos casos, no pueden confiarse únicamente a los prestadores profesionales de servicios, habida cuenta no sólo del coste y la dificultad que plantea la contratación de personal, sino también de la pérdida de cobertura asistencial las 24 horas del día y, en numerosos casos, de una asistencia «a medida del hombre». Por consiguiente, es preciso replantearse las políticas de apoyo a la asistencia familiar, recurriendo también a mecanismos de remuneración a quien la presta, así como ayudas para garantizar unas condiciones de vivienda, transporte y otros servicios que favorezcan dicha asistencia.

2.2.5

En la actualidad la asistencia a domicilio está claramente garantizada, de forma muy diferenciada, por las autoridades nacionales y locales, las estructuras y mecanismos de seguros y de mutualidad, los organismos y las asociaciones de servicios personales. En general, se observa que no se ha desarrollado todavía lo suficiente en algunos países, a pesar de lo cual se trata de la modalidad asistencial que tiene presentes de la manera más adecuada las distintas necesidades derivadas del componente epidemiológico cada vez mayor de las demencias, las patologías neurovasculares y, en general, las polipatologías con pérdida de autosuficiencia, que afectan, cuando menos, al 30 % de las personas mayores de 75 años.

2.2.6

El CESE propone que se cotejen y estudien con mayor detalle las experiencias que ya han puesto en marcha en algunos Estados miembros, que apoyan de manera estructurada a quienes prestan asistencia informal (por ejemplo, mediante desgravaciones fiscales, derechos de pensión y seguridad social para quienes prestan la asistencia, derecho a permisos laborales, puesta a disposición de personal de asistencia sustitutivo durante los periodos de descanso, acceso a centros de día, etc. (9)).

2.2.7

Las soluciones de este tipo resultan más económicas para las autoridades y más satisfactorias para las personas de mayor edad toda vez que permiten integrar recursos profesionales y recursos solidarios con una sustancial reducción de unos costes asistenciales. Dicho de otro modo, dan lugar a una situación ventajosa: cuando las necesidades son iguales, estos costes serían mucho más elevados en el marco de las estructuras residenciales, a la vez que se garantizaría la asistencia informal que de todas formas se prestaría.

2.3   Empleo

2.3.1

El sector de la asistencia sanitaria y la asistencia de larga duración representa un porcentaje considerable de todo el empleo que se registra en la Unión y, con 1,7 millones de nuevos puestos de trabajo entre 1997 y 2002 en la UE de los 15, es el segundo sector creador de empleo. A pesar de ello, se anuncia una grave crisis profesional relacionada con el envejecimiento del personal y la calidad de las prestaciones que se ofrecen.

2.3.2

Si se pretende garantizar no sólo la calidad de la asistencia sino también la continuidad laboral del personal del sector, también es necesario replantearse la estructura profesional de los procesos de formación y educación permanente para dar respuesta a las nuevas necesidades que puedan surgir:

la formación del personal médico deberá acogerse a un planteamiento distinto que tenga en cuenta la multiplicidad de factores relacionados con la salud del anciano, y no sólo los síntomas e intervenciones de carácter agudo, y en este sentido se debe fomentar la formación en geriatría;

el personal de enfermería deberá adaptarse coherentemente al tipo de estructura en el que actúa, es decir, a los distintos niveles del tejido asistencial (servicios de terapia intensiva, cuidados hospitalarios, cuidados básicos, cuidados de larga duración, asistencia domiciliaria, etc.);

el personal asistencial en general deberá enriquecer su formación profesional para ampliar sus horizontes, desde los servicios sociales hasta los servicios social-sanitarios de las personas mayores, más o menos autosuficientes, pero con unas necesidades y una dignidad dignas de respeto;

la cohesión social plantea situaciones que no permiten percibir claramente los límites entre asistencia sanitaria y asistencia social, en cuyo caso se deberán replantear también los perfiles profesionales exigidos en función de una población con una estructura y una composición muy distintas de las actuales.

2.3.3

Por añadidura, el CESE considera que, además de impulsar la formación de los distintos tipos de operadores en la dirección ya indicada, se deberán desarrollar nuevas capacidades encaminadas a:

recopilar, ofrecer e intercambiar información mediante el uso de redes y aprovechando las nuevas tecnologías informáticas;

trabajar en grupo para mejorar así las competencias en el ámbito de la comunicación y en los estilos de comunicación interprofesional e interinstitucional;

trabajar teniendo presentes la prevención y el fomento de nuevos planteamientos más adecuados a las necesidades emergentes;

trabajar en proyectos asistenciales encaminados a grupos de población específicos, superando la rigidez que imponen los límites disciplinarios tradicionales;

aceptar la dimensión económica del propio trabajo y valorar los resultados obtenidos en función de los servicios prestados para gestionar mejor los recursos que se destinan a dichos servicios.

2.3.4

El CESE apoya el uso del Fondo Social Europeo para los procesos de formación al objeto de adecuar la calidad del empleo en los sectores de la asistencia sanitaria y la asistencia de larga duración, prevenir la jubilación anticipada e incrementar la calidad, la flexibilidad y, por lo tanto, la eficacia del tejido asistencial. Este enfoque es especialmente importante para los nuevos Estados miembros, con un proceso de modernización más profundo y rápido que, por lo tanto planteará unas exigencias de formación profesional más acuciantes.

2.3.5

Para conseguir unos resultados eficaces se deberán replantear también de manera positiva la participación pública y privada, que deberá perseguirse de manera activa no sólo para evitar la competencia entre los prestadores de servicios frente a una población activa que, en comparación con el total de la población, se prevé cada vez menos numerosa (con el consiguiente peligro de que se produzcan cuellos de botella en el ámbito de los recursos humanos o de que se registren costes excesivos), sino también para incorporar plenamente en los sistemas asistenciales tanto los aspectos de eficacia como los de atención a las necesidades, aspectos que hoy por hoy parecen atributos propios de uno u otro sector, pero no de ambos al mismo tiempo.

2.4   Sostenibilidad financiera

2.4.1

Seguir ofreciendo una asistencia accesible y de calidad, sin perjudicar la financiación de otros sectores o políticas prioritarias, constituye un importante reto para todos los Estados miembros, tanto los antiguos como los nuevos. Este objetivo requiere un enfoque receptivo no sólo a una dinámica a largo plazo, sino también a actuaciones que tengan presentes tanto la oferta como la demanda (como se ha demostrado, las intervenciones basadas en uno solo de estos aspectos no son eficaces para contener los costes a medio plazo).

2.4.1.1

Las restricciones al gasto, derivadas también del Pacto de Estabilidad, impiden que se incremente el gasto asistencial de forma proporcional al incremento de la demanda social. Sin embargo pueden conseguirse importantes mejoras mediante la recalificación de la oferta actual a través de prestaciones de eficacia comprobada y reprimiendo el consumo no justificado de prestaciones sanitarias. Una política sanitaria eficiente implica además un replanteamiento de la interacción entre la asistencia sanitaria y la asistencia social con el fin de identificar las estructuras, los procesos de tratamiento y las tipologías de prestaciones profesionales más adecuadas al contexto actual y futuro y a las necesidades de la población.

2.4.1.2

Se han experimentado distintos planteamientos para mantener bajo control este incremento, desde medidas para repercutir una parte de los costes en los usuarios (lo cual no sólo sirve para trasladar los gastos de la financiación hacia los particulares, sino también para limitar la demanda de servicios) hasta el control de los precios y del volumen a efectos de la demanda y de la oferta, de las reformas encaminadas a alentar el uso eficaz de los recursos a la transferencia de recursos de los cuidados hospitalarios y asistenciales a los domiciliarios.

2.4.1.3

La deseada aplicación del «método abierto de coordinación» en este análisis permitirá valorar cuáles de estas medidas han demostrado ser más eficaces y qué combinación de acciones podría ser más válida, y todo ello basándose en un conocimiento más adecuado de los distintos puntos de partida y del impacto previsible en los demás ámbitos del sistema de protección social.

2.4.2

Si las políticas de prevención son, con toda seguridad, importantes y necesarias, también es cierto que se ven desatendidas con demasiada frecuencia. Un plano concreto de medidas de prevención, preferiblemente a largo plazo y mediante instrumentos de alcance global, debería convertirse en un estímulo primordial en el ámbito de las anunciadas «estrategias de desarrollo y reforma» de la asistencia sanitaria y de larga duración. Las diversas medidas posibles de prevención, en especial las que ya se han experimentado a escala nacional, deberían verificarse mediante la aplicación del «método abierto de coordinación» y someterse a un profundo análisis con el fin de lograr acciones concretas. El CESE es consciente de la dificultad que entraña esta prevención, porque requiere una coherencia entre distintas políticas cuya aplicación se presenta aún muy lejana, así como proyectos para lograr que la población adopte estilos de vida diferentes (incluidas una alimentación más sana y actividades físicas y mentales más intensas y vivaces), para fomentar la participación de los sectores de la población con mayor factor de riesgo y más débiles desde el punto de vista económico y para establecer modalidades de trabajo más saludables, proyectos que sólo podrán llevarse a cabo tras muchos años de esfuerzos considerables y conscientes y con resultados, sin embargo, inciertos.

2.4.3

La diferenciación del gasto en función del tejido asistencial y de las correspondientes modalidades de ingresos y gestión interna representa una manera adecuada de racionalización, y toda inversión que mejore la capacidad de respuesta de este tejido a las necesidades o que favorezca su modernización deberá ser considerada un instrumento para lograr la sostenibilidad del gasto asistencial a largo plazo. Por el contrario, ese tipo de inversiones se sacrifica en ocasiones ante exigencias financieras de carácter coyuntural. El CESE considera necesario afianzar la inversión para racionalizar el tejido asistencial y las actuaciones sobre la demanda (modalidades de intervención especializada, umbral máximo de prestaciones –como los costes a cargo del sector privado–, «tickets», etc.) y sobre la oferta (tipos de estructura sanitaria, coste de las tecnologías y los fármacos innovadores –cuya relación coste/beneficio no es evidente en numerosas ocasiones– procedimientos y modalidades de asistencia, asunción de las responsabilidades relacionadas con los costes sanitarios por parte de los operadores sanitarios, etc.).

2.4.3.1

La estructura y las modalidades de funcionamiento del tejido asistencial, así como la movilidad de un segmento a otro, deberán analizarse atentamente para comprobar si su articulación y funcionamiento son verdaderamente eficaces y eficientes: éste debería ser uno de los temas prioritarios del «método abierto de coordinación».

2.4.3.2

Los nuevos Estados miembros están desarrollando una intensa actividad para modernizar sus sistemas de asistencia sanitaria, y el CESE apoya el uso de los Fondos Estructurales –y en especial del FEDER y el Fondo de Cohesión– para contribuir al desarrollo de infraestructuras y estructuras asistenciales. Además, considera que la evaluación por medio del «método abierto de coordinación» de las experiencias que se han registrado puede ser de especial utilidad para los nuevos Estados miembros, evitando así que estos países se orienten hacia modelos que podrían quedar rápidamente obsoletos.

2.4.4

Como ya se sugiere en la Comunicación, probablemente será conveniente reforzar la coordinación entre los prestadores de servicios que actúan de manera aislada (servicios de trato intensivo, asistencia básica, servicios sociales), ya que las personas no autosuficientes necesitan por lo general múltiples prestaciones asistenciales, ya sean de carácter médico o no: una colaboración positiva entre las familias, las instancias encargadas de la asistencia y el personal médico garantiza mejores resultados y un menor dispendio de recursos. El CESE desea atribuir al recientemente creado «Grupo de alto nivel en materia de servicios de salud y atención médica» un mandato claro a este respecto, estableciendo entre sus cometidos institucionales el de proponer modalidades operativas concretas para llevar a cabo esta coordinación.

2.4.5

Aunque la innovación tecnológica y una actitud más cuidadosa por parte de los pacientes podrían seguramente repercutir de manera positiva en el gasto, permitiendo un tratamiento con menor coste de patologías específicas o ralentizando su aparición, plantean al mismo tiempo nuevas necesidades cuya satisfacción se convierte instantáneamente en un derecho, con el consiguiente abandono de los planteamientos diagnósticos y terapéuticos consolidados, más baratos y adecuados en la mayor parte de los casos. Si estos procesos innovadores no adoptan un enfoque más eficaz en el cuidado específico de las personas de mayor edad, el efecto a largo plazo de la innovación podría ser más negativo que positivo a la hora de hacer un balance de la asistencia sanitaria. Las presiones de los grupos de población más instruidos y atentos a las necesidades en materia de salud podrían llevar a una mayor reducción de las prestaciones previstas para los grupos de población más débiles, que son los que ya sufren en la actualidad un acceso reducido a la asistencia sanitaria.

3.   Observaciones específicas sobre los instrumentos operativos

3.1

El CESE, dada la inviabilidad jurídica de una política comunitaria sobre la asistencia sanitaria a largo plazo, sostiene la importancia primordial que reviste el «método abierto de coordinación» como instrumento para alcanzar de manera eficaz los objetivos de modernización y desarrollo de un asistencia sanitaria y una asistencia de larga duración de calidad, accesible y sostenible, así como para garantizar la protección de la salud pública, a pesar de la diversidad de situaciones y de los crecientes presiones y desafíos que ésta debe afrontar.

3.1.1

El análisis y el intercambio de experiencias deberían concentrarse en:

la articulación y la estructura interna de los sistemas y las instituciones asistenciales (desde la asistencia médica básica hasta la de larga duración, así como la asistencia a domicilio);

las modalidades y los plazos de acceso, así como la movilidad de una estructura a otra;

los procesos internos y la elaboración (control y evaluación cualitativa de las prestaciones del sistema);

el volumen y la tipología de los servicios prestados y, en especial, la utilización de las nuevas tecnologías y su uso racional;

los medios utilizados para lograr un uso más eficiente de los recursos y los mecanismos de control de costes que se hayan revelado más eficaces;

la participación del personal médico y de los operadores de los sectores sanitarios y asistenciales en la gestión de los recursos;

el respecto de los derechos del paciente, su acceso a una información adecuada, a las opciones terapéuticas, así como a los historiales médicos;

el respeto de la transparencia en los servicios.

3.2

La materialización de este «método abierto de coordinación» implica el establecimiento de una serie de indicadores que permitan cubrir las actuales carencias cognitivas y, al mismo tiempo, tener en cuenta las situaciones existentes y las dinámicas macrosociales que influyen de manera particular en el sistema de asistencia sanitaria y en la asistencia de larga duración. Este conjunto de indicadores deberá integrar los aspectos estructurales (tejido asistencial, equipamiento y dotación del personal, formación y experiencia, etc), los aspectos inherentes a la calidad del proceso asistencial (modalidades utilizadas para prestar los servicios y efectuar las intervenciones, directrices operativas, normas y prácticas médicas, protección de los derechos del paciente, etc.) y, por último, los aspectos relacionados con la calidad de los resultados específicos de la asistencia en función de sus respectivas tipologías y expectativas sociales.

3.2.1

Será necesario llevar a cabo un esfuerzo especial para que estos indicadores permitan la observación y evaluación específicas de las dinámicas relativas a los ancianos y a su asistencia, aspecto éste que no se incluye en los indicadores utilizados o establecidos en la actualidad. El desarrollo de los indicadores deberá ir acompañado de una clarificación de los objetivos comunes. Entre tanto, sería útil recabar información ya disponible en fuentes como la OMS, la OCDE y el proyecto ECHI (European Community Health Indicators Project o Proyecto de indicadores de salud de la Comunidad Europea). También se deberá tener presente la información que llegue durante 2004 gracias a las nuevas estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC).

3.3

Las «próximas etapas» que se proponen en la Comunicación abordan aspectos muy relevantes de este problema, y abren el debate a ámbitos de gran interés. Por otra parte, se trata de propuestas generales que, por lo tanto, corren el riesgo de ser demasiado genéricas y de no impulsar significativamente el método abierto de coordinación.

3.3.1

El CESE desea que se definan «objetivos comunes» más concretos, siempre que no sean exageradamente prescriptivos ni interfieran negativamente en la organización de los sistemas nacionales, y que las relaciones preliminares previstas se conviertan en un instrumento útil sin incrementar los costes administrativos o cargas excesivas para la reducida capacidad de los nuevos Estados miembros.

3.4

Así pues, el CESE desea que, con la mayor brevedad posible, la Comisión:

ofrezca una definición precisa de términos como protección social, previsión social, asistencia sanitaria, asistencia social–sanitaria, asistencia domiciliaria y de otros conceptos recogidos en la Comunicación, que no siempre tienen el mismo significado en los distintos Estados miembros como consecuencia de sus tradiciones históricas y el modo de realización de los sistemas de bienestar social;

proponga un modelo concreto para el establecimiento previo de unos «informes preliminares», de manera que la información en ellos contenida abarque los mismos asuntos y pueda ser comparable, y no se refiera a todo el conjunto de subobjetivos, sino a los instrumentos más significativos para ilustrar e identificar los principales desafíos planteados y sus orientaciones políticas en el plano nacional;

cree un grupo de expertos (que valorice las contribuciones de las instituciones y organismos nacionales especializados ya activos en este ámbito) al objeto de definir unos indicadores específicos para la asistencia a largo plazo que permitan evaluar eficazmente las tendencias macrosociales y macroeconómicas que influyen en la asistencia sanitaria y en la asistencia de larga duración, y valorar desde una perspectiva global sus distintos aspectos y, sobre todo, el impacto de las predicciones;

desarrolle un «modelo europeo de evaluación del impacto social-sanitario» basado en indicadores tripolares de inversión-financiación (aportación), organización de las respuestas (elaboración) y eficacia de las medidas (resultados), de manera que sea posible representar, mediante indicadores fiables, los niveles de bienestar social alcanzados en los distintos países (10);

aborde el problema que plantea la desigualdad de sexos teniendo en cuenta que las mujeres tienen una esperanza de vida más de cinco años superior a la de los hombres, y que esta circunstancia implica notables diferencias en sus necesidades sanitarias;

facilite la elaboración conjunta de unas directrices de asistencia sanitaria que no se limiten a los aspectos de asistencia farmacológica, sino que tengan también presentes otros aspectos sociales y organizativos y se conviertan así en un punto de referencia para los operadores de los distintos sistemas sanitarios.

3.5

Es especialmente importante y urgente que se lleven a cabo acciones encaminadas a promover la cualificación de los operadores y los profesionales, desarrollando mediante acciones adecuadas de formación un ámbito profesional común a aquellas profesiones del sector sanitario y social que desempeñen actividades asistenciales. Este objetivo requiere una preparación en aspectos no solamente técnicos y la adquisición de nuevas capacidades, como por ejemplo la gestión de datos, especialmente en redes informáticas, y la gestión del gasto con arreglo a planteamientos de amplio alcance. Estos nuevos modelos de formación deberían apoyarse y estimularse mediante acciones comunitarias que permitieran tener presentes las experiencias intercambiadas en el marco del «método abierto de coordinación».

Bruselas, 28 de octubre de 2004.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  «Hagamos Lisboa - Reformas para la Unión ampliada» COM(2004) 29 final.

(2)  COM(2001) 723 final.

(3)  El CESE ya se ha pronunciado a favor de esta racionalización de los procesos en su Dictamen (DO C 32 de 5.2.2004); ponente: Sr. BEIRNAERT.

(4)  Comunicación de la Comisión «Refuerzo de la dimensión social de la estrategia de Lisboa: racionalización del método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social», (COM(2003) 261 final).

(5)  Dictamen del CESE sobre el tema «La asistencia sanitaria», DO C 234 de 30.9.2003; ponente: Sr. BEDOSSA.

(6)  De acuerdo con la terminología de la OMS, que define la persona no autosuficiente como aquélla con una incapacidad total o parcial para desarrollar funciones autónomas en el ámbito orgánico, cognitivo, conductivo e interpersonal o de interacción con el medio (cfr. International Classification of Functioning, Disability and Health, 2001 (ICF).

(7)  En Europa hay entorno a 60 millones de personas autosuficientes, y serán 75 millones en el año 2003 (fuente: Eurostat, La situation sociale dans l'Union européenne 2003, Comisión Europe, DG Empleo y Asuntos Sociales, 2003.

(8)  Véase la International Classification of Functioning, Disability and Health, 2001 (ICF), cit..

(9)  Véase en particular el informe común «Asistencia sanitaria y atención a las personas mayores: apoyar las estrategias nacionales para garantizar un alto nivel de protección social», Comunicación de la COM(2002) 774 final del 3.1.2003, pág. 11.

(10)  Véase el punto 4.5.2 del Dictamen del CESE DO C 80 de 30 de marzo de 2004, ponente. Sr. JAHIER.


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