17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/13

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Vistos los artículos 313 y 314 del Tratado FUE,

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Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (AI) (1),

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Vista su Resolución, de 17 de febrero de 2011, sobre la Estrategia Europa 2020 (2),

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Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2010, sobre la Comunicación de la Comisión sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2011 (3),

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Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas que deberán adoptarse (informe intermedio) (4),

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Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la gobernanza económica (5),

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Vista la programación financiera actualizada 2007-2013 de la Comisión remitida de conformidad con el punto 46 del citado AI de 17 de mayo de 2006,

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Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2011,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de febrero de 2011, sobre las orientaciones presupuestarias para 2012,

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Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0058/2011),

1.

Opina que la Estrategia Europa 2020 debe ayudar a Europa a recuperarse de la crisis y a salir reforzada de ella gracias a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador basado en los cinco objetivos principales de la UE, a saber, la promoción del empleo, la mejora de las condiciones y del gasto público para la innovación, la investigación y el desarrollo, la consecución de nuestros objetivos en materia de cambio climático y energía, la mejora de los niveles de educación y la promoción de la inclusión social, en particular a través de la reducción de la pobreza; recuerda que los propios Estados miembros han asumido plenamente esos cinco objetivos;

2.

Señala que se debe garantizar un cierto grado de coherencia entre la consecución de dichos objetivos y los recursos asignados a los mismos a escala europea y nacional; insiste en que la política presupuestaria de la UE ha de estar en consonancia con este principio; opina que el Semestre Europeo, nuevo mecanismo para una gobernanza económica europea reforzada, debe ofrecer la oportunidad de estudiar la mejor manera de alcanzar esos cinco objetivos principales;

3.

Cree firmemente que el Semestre Europeo debería tener como objetivo la mejora de la coordinación y la coherencia de las políticas económicas y presupuestarias nacionales y europeas; opina que debería centrarse en mejorar las sinergias entre las inversiones públicas europeas y nacionales, con el fin de realizar mejor los objetivos globales de las políticas de la UE; toma nota de las diferencias fundamentales existentes entre la estructura del presupuesto de la UE y la de los presupuestos nacionales; considera, no obstante, que se debe fijar cuanto antes el gasto público de la UE y nacional total para los objetivos políticos comunes;

4.

Toma nota de la inquietud del Consejo ante las limitaciones económicas y presupuestarias a escala nacional, pero recuerda ante todo que, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado, el presupuesto de la UE no puede registrar un déficit público; recuerda asimismo que, en 2009, el déficit público acumulado en la UE ascendió a 801 000 millones de euros, y que el presupuesto de la UE representa solo el 2 % del gasto público total en la UE;

5.

Considera, no obstante, que, debido a la difícil situación económica dentro de la Unión, es más importante que nunca garantizar la correcta ejecución del presupuesto de la UE, la calidad en el gasto y el uso óptimo de la financiación comunitaria existente; sugiere que se lleve a cabo un examen exhaustivo de las líneas que tengan un historial de escasos resultados o en las que hayan surgido problemas en la fase de ejecución;

6.

Opina que el presupuesto de la UE aporta valor añadido al gasto público nacional a la hora de iniciar, apoyar y complementar las inversiones en los ámbitos de las políticas que constituyen el núcleo de la Estrategia Europa 2020; considera, además, que el presupuesto de la UE ha de ser un instrumento que contribuya a que la UE salga de la actual crisis económica y financiera gracias a su capacidad de actuar como catalizador para impulsar la inversión, el crecimiento y el empleo en Europa; opina que el presupuesto de la UE puede cuando menos reducir los efectos de las actuales políticas presupuestarias nacionales restrictivas, al tiempo que apoya los esfuerzos de los gobiernos nacionales; destaca también que, dado el carácter redistributivo del presupuesto de la UE, una reducción de su nivel puede ser perjudicial para la solidaridad europea e influir negativamente en el ritmo de desarrollo económico de la mayoría de los Estados miembros; considera que un enfoque «contribuyente neto / beneficiario neto» en sentido estricto no tiene debidamente en cuenta los efectos indirectos entre los Estados miembros de la UE y, por lo tanto, socava los objetivos comunes de las políticas de la UE;

7.

Recuerda que la realización de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 requerirá un enorme volumen de inversiones orientadas al futuro, que la Comisión, en su Comunicación titulada «Revisión del presupuesto de la UE» (COM(2010)0700), estima en un mínimo de 1 800 millones de euros hasta 2020; subraya que uno de los principales objetivos de la Estrategia Europa 2020 —a saber, el fomento del empleo y de puestos de trabajo de alta calidad para todos lo europeos—, solo se alcanzará si se emprenden ya, y no se dejan para más adelante, las necesarias inversiones en educación, en beneficio de la sociedad del conocimiento, investigación y desarrollo, innovación, PYME y tecnologías verdes y más avanzadas; pide que se asuma un nuevo compromiso político que combine la reducción de los déficits y la deuda públicos con el fomento de dichas inversiones; manifiesta su disposición, con vistas a aumentar los efectos del presupuesto de la UE y contribuir a la respuesta de la Unión a la crisis económica, a estudiar la forma de ampliar los actuales instrumentos para mejorar la sinergia entre el presupuesto de la UE y las acciones del BEI, con el fin de apoyar las inversiones a largo plazo; celebra, además, el lanzamiento de la consulta pública sobre la Iniciativa Europa 2020 sobre bonos de proyectos;

8.

Se opone, por consiguiente, a toda tentativa de reducir los créditos presupuestarios relacionados con la realización de las siete iniciativas emblemáticas y la consecución de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020; señala que toda tentativa de ese tipo sería contraproducente y desembocaría, con toda probabilidad, en el fracaso de la Estrategia Europa 2020, como ocurrió con la Estrategia de Lisboa; opina que la Estrategia Europa 2020 solo puede resultar verosímil si cuenta con la financiación adecuada, y recuerda que el PE ha expuesto en numerosas ocasiones esta profunda preocupación de carácter político; reitera su enérgica solicitud para que la Comisión aclare la dimensión presupuestaria de las iniciativas emblemáticas e informe al Parlamento acerca de los medios presupuestarios necesarios para poner en práctica la Estrategia Europa 2020;

9.

Destaca el hecho de que las medidas presupuestarias no son el único factor de cara al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, sino que los esfuerzos en materia de presupuesto tienen que completarse con propuestas concretas de simplificación, con el fin de crear el entorno necesario para alcanzar nuestros objetivos en los ámbitos del empleo, la investigación y la innovación, y las tecnologías verdes y de la energía; tiene el convencimiento asimismo de que la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 no solo depende del aumento de los medios presupuestarios, sino también de un reajuste cualitativo de las actuales políticas de la UE, incluida la PAC, que preste la debida atención a los criterios de sostenibilidad;

10.

Opina además que los créditos presupuestarios para 2012, incluidos los créditos destinados a los ámbitos que no están relacionados directamente con la realización de la Estrategia Europa 2020, han de mantenerse en un nivel adecuado para garantizar la continuación de las políticas de la UE y la consecución de los objetivos de la misma mucho más allá de la actual crisis económica;

11.

Pide una mayor coherencia entre las políticas externas e internas de la UE, teniendo en cuenta las importantes repercusiones que la evolución mundial tiene en el entorno económico, natural e industrial de la UE, así como en su competitividad y el empleo; subraya, por tanto, la necesidad de dotar a la UE de los medios financieros necesarios para que pueda responder adecuadamente a los creciente desafíos mundiales, y de defender y fomentar eficazmente sus intereses comunes y sus valores fundamentales, tales como los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales y la protección del medio ambiente; recuerda asimismo que, con frecuencia, un incremento moderado del gasto a escala de la UE permite obtener unos ahorros proporcionalmente más elevados a escala de los Estados miembros;

12.

Opina que la UE puede desempeñar un importante papel en la asistencia y la ayuda económica a los países árabes en este momento histórico de su desarrollo democrático y transformación económica y social; saluda, en este contexto, la Comunicación de la Comisión titulada «Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo meridional» (COM(2011)0200);

13.

Lamenta que la puesta en práctica del primer Semestre Europeo carezca totalmente de dimensión parlamentaria a pesar del papel que desempeñan el Parlamento Europeo y los veintisiete Parlamentos nacionales en sus procedimientos presupuestarios respectivos; está firmemente convencido, por el contrario, de que una mayor participación parlamentaria mejoraría considerablemente el componente democrático y la transparencia de su puesta en práctica; apoya la iniciativa de su Comisión de Presupuestos de organizar, como primera acción, una reunión con los Parlamentos nacionales para debatir las líneas maestras de los presupuestos para 2012 de los Estados miembros y de la UE;

14.

Acoge positivamente los compromisos públicos de la Presidencias húngara y polaca de emprender un diálogo abierto y constructivo con el PE sobre asuntos presupuestarios en 2011; reafirma su voluntad de trabajar en estrecha colaboración con el Consejo y la Comisión, de conformidad plena con lo dispuesto en el Tratado de Lisboa; confía en que durante el procedimiento presupuestario 2012 se tendrán plenamente en cuenta las presentes orientaciones;

15.

Toma nota de que, para 2012, el Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2007-2013 prevé un volumen total de créditos de compromiso (CC) de 147 550 millones de euros y un volumen máximo global para los créditos de pago (CP) de 141 360 millones de euros; recuerda que estos importes son, en cualquier caso, muy inferiores (en aproximadamente 25 000 millones de euros en el caso de los CC y 22 000 millones de euros en el caso de los CP) al límite máximo contemplado en la actual Decisión sobre el sistema de recursos propios;

16.

Subraya que la programación financiera presentada por la Comisión el 31 de enero de 2011 es una dotación de referencia indicativa para los créditos de compromiso de cada uno de los programas y acciones actuales de la UE; toma nota de que el nivel global de los créditos de compromiso puede fijarse en 147 880 millones de euros;

17.

Señala que estas cifras constituyen un desglose anual de los importes plurianuales globales acordados por el Parlamento y el Consejo cuando se aprobaron dichos programas y acciones; subraya que los importes anuales programados son créditos que permiten realizar los objetivos y prioridades de la UE, especialmente en el contexto de la Estrategia Europa 2020; reconoce, no obstante, que puede quedar un cierto margen de maniobra en algunas de las rúbricas del MFP dadas las cifras indicativas de carácter muy provisional (particularmente dentro de la rúbrica 2) que presentó la Comisión por entonces;

18.

Destaca que el presupuesto 2012 es el sexto de los siete establecidos bajo el actual MFP; opina que las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria tienen ahora, por lo tanto, una visión más clara de las deficiencias y los avances relativos a los programas plurianuales existentes; toma nota de que ya se han realizado revisiones intermedias de la mayoría de los programas codecididos, y pide a la Comisión que exponga las consiguientes implicaciones presupuestarias; subraya, en este contexto, que, caso de ser necesario para apoyar y afianzar las prioridades de las políticas de la UE, así como para responder a nuevas necesidades políticas, y en estrecha cooperación con sus comisiones especializadas, está decidido a aplicar plenamente, entre otros, el punto 37 del AI (por el que se prevé un margen del 5 % de flexibilidad legislativa);

19.

Destaca que prever unos márgenes suficientes por debajo de todas las rúbricas del MFP no es la única solución para hacer frente a circunstancias imprevistas; hace hincapié en que, de manera recurrente, se registra una financiación insuficiente de determinadas rúbricas del MFP, particularmente las rúbricas 1 a, 3 b y 4, en comparación con las necesidades y prioridades de las políticas de la UE apoyadas por los Estados miembros; opina que el enfoque que subyace a las orientaciones presupuestarias del Consejo para 2012 no refleja una perspectiva a largo plazo, lo que puede poner en peligro las acciones y los programas existentes si se dan situaciones imprevistas o se fijan nuevas prioridades políticas; destaca que los recientes acontecimientos en varios países norteafricanos ya apuntan en esa dirección, y pide a la Comisión que evalúe cómo se podrían utilizar los instrumentos financieros de que dispone la UE para apoyar las aspiraciones democráticas;

20.

Opina, por el contrario, que los diferentes mecanismos de flexibilidad previstos por el AI (como la transferencia de gastos entre rúbricas o la movilización del instrumento de flexibilidad) son instrumentos que se han de aprovechar al máximo; recuerda que han tenido que utilizarse año tras año desde 2007 en respuesta a los diferentes retos que han ido surgiendo; confía en que el Consejo cooperará plenamente de cara a su utilización y participará en una fase temprana en estos debates, con el fin de evitar que las negociaciones sobre su movilización sean desproporcionadamente largas y difíciles;

21.

Destaca, a este respecto, que para mantener los créditos de compromiso bajo un control estricto no solo será necesario proceder a importantes reasignaciones y establecer nuevas prioridades, sino que además las instituciones habrán de determinar conjuntamente las posibles prioridades negativas y los ahorros; insta enérgicamente a sus comisiones especializadas a implicarse seriamente en el proceso de determinación de prioridades políticas claras en todas las políticas de la UE; subraya, no obstante, que para ello es absolutamente necesario un mayor grado de flexibilidad presupuestaria, y que la revisión del MFP (por ejemplo, compensaciones entre las rúbricas del actual MFP) puede resultar necesaria para que la Unión pueda funcionar, no solo para hacer frente a los nuevos desafíos, sino también para facilitar el proceso de toma de decisiones en las instituciones, con el fin de adaptar los recursos presupuestarios a la evolución de las circunstancias y prioridades; subraya que este proceso tiene que ser plenamente transparente;

22.

Pone de relieve que el fortalecimiento de una serie de políticas y las nuevas competencias establecidas a escala de la UE tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa deberían, en buena lógica, conllevar un incremento de la capacidad financiera de la UE, consecuencia que apenas se ha confirmado en 2011, un año después de la entrada en vigor de dicho Tratado; recuerda al Consejo y a la Comisión la declaración política adjunta al presupuesto 2011 por la que la Comisión se compromete a estudiar la manera de reforzar los ámbitos prioritarios del Tratado de Lisboa y a evaluar exhaustivamente las necesidades al preparar el proyecto de presupuesto para 2012; confía en que la Comisión actuará en consecuencia y, por ejemplo, propondrá la transformación de los proyectos pilotos o acciones preparatorias relacionados con Lisboa cuyos resultados hayan sido satisfactorios en programas plurianuales;

23.

Considera que el enfoque de la Comisión para fijar las subvenciones con cargo al presupuesto de la UE que se destinan a las agencias descentralizadas de la misma es digno de confianza y aporta los incentivos adecuados; señala que las asignaciones de créditos a las agencias de la UE distan mucho de destinarse únicamente a gastos administrativos, sino que contribuyen a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y a los objetivos de la UE en general, tal como decidió la autoridad legislativa; reafirma la necesidad de examinar minuciosamente las solicitudes de nuevos puestos en relación con los cometidos asignados recientemente; subraya, no obstante, la importancia que reviste la adecuada financiación de las agencias cuyos cometidos se han ampliado para no entorpecer su labor; pide que se adopte un enfoque específico para la contratación de personal científico especializado con experiencia profesional, especialmente cuando los puestos correspondientes estén financiados exclusivamente mediante honorarios y por lo tanto sean neutros para el presupuesto de la UE; apoya la labor realizada por el Grupo de trabajo interinstitucional sobre el futuro de las agencias, creado a comienzos de 2009, y está a la espera de recibir sus conclusiones, en especial las relativas a los aspectos tratados más arriba;

24.

Observa que el nivel de pagos de 2012 se derivará directamente de los compromisos jurídicos y políticos de los años anteriores; opina que se puede prever un incremento respecto del nivel del presupuesto de 2011, lo cual estaría en consonancia con el perfil general de los pagos a lo largo del periodo de programación 2007-2013 (véanse los cuadros adjuntos);

25.

Hace hincapié en la urgente necesidad de tratar la cuestión relativa al aumento del nivel de los compromisos pendientes de liquidación (RAL) a finales de 2010 (194 000 millones de euros; véase el cuadro adjunto); lamenta la actitud del Consejo, que adopta decisiones a priori sobre el nivel de los pagos sin tener en cuenta una evaluación exacta de las necesidades reales; señala que el nivel de los RAL es particularmente elevado dentro de la rúbrica 1b; no considera que la opción del Consejo de reducir los compromisos presupuestarios de la UE para reducir el nivel de los RAL sea una solución sostenible, porque irá en detrimento de la consecución de los objetivos y prioridades de la UE acordados con anterioridad; destaca, a este respecto, el compromiso del Consejo de realizar una declaración común con el Parlamento sobre la posibilidad de solucionar las necesidades de pagos que surjan en 2011 mediante un presupuesto rectificativo;

26.

Subraya que es inevitable tener un cierto nivel de RAL cuando se ponen en práctica programas plurianuales, y que la existencia de compromisos pendientes de liquidación requiere, por definición, la realización de los pagos correspondientes; solicita, en consecuencia, que se mantenga una relación ordenada entre compromisos y gastos, y hará todo lo que esté en su poder a través del procedimiento presupuestario para reducir las discrepancias entre los créditos de compromiso y los créditos de pago;

27.

Comparte la opinión del Consejo de que se debe fomentar una presupuestación realista; pide a la Comisión que garantice que su proyecto de presupuesto se basa en este principio; observa, no obstante, que la ejecución registrada en el pasado, que ha mejorado en los últimos años, puede no ser un indicador muy preciso de las necesidades de 2012 en algunos casos, dado que la ejecución de los programas debería acelerarse en dicho año y las necesidades en materia de pagos deberían aumentar en consecuencia; apoya el llamamiento del Consejo a los Estados miembros para que faciliten unas previsiones de ejecución de mejor calidad, en particular con el fin de evitar un nivel insuficiente de ejecución, y opina que los propios Estados miembros deben realizar el grueso del esfuerzo, dado que el nivel del proyecto de presupuesto de la Comisión se determina fundamentalmente a partir de las previsiones de los Estados miembros (particularmente dentro de la rúbrica 2) y de su capacidad de ejecución; recuerda que los Estados miembros gestionan, junto con la Comisión, más del 80 % de los recursos de la UE; recuerda asimismo a los Estados miembros su responsabilidad legal a la hora de definir y hacer cumplir la normativa financiera aplicable a los beneficiarios de la financiación de la UE;

28.

Señala que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la protección de los intereses financieros también es responsabilidad de los Estados miembros; destaca la conclusión del Tribunal de Cuentas Europeo de que los sistemas de gestión y control en algunos Estados miembros no son plenamente eficaces; recuerda asimismo que aún no se ha recuperado financiación estructural empleada indebidamente que asciende a miles de millones de euros; toma nota de que en el actual informe anual de la DG REGIO no se puede establecer la legalidad y regularidad del gasto de los Estados miembros porque estos no han cumplido su obligación de presentar en plazo los correspondientes informes; señala que, a consecuencia de la financiación insuficiente del presupuesto de la UE por parte de los Estados miembros, el Parlamento podría verse obligado a determinar prioridades negativas entre los proyectos de la UE y, por ende, a reducir sus presupuestos;

29.

Es consciente de que el nivel de pagos ejecutados finalmente cada año conlleva en ocasiones un excedente significativo en comparación con el nivel de pagos acordado originalmente por la Autoridad Presupuestaria, lo que significa que las contribuciones nacionales de los Estados miembros al presupuesto de la UE se reducen en consecuencia y su situación presupuestaria mejora; no considera que la inquietud del Consejo respecto del nivel y del calendario de este «reembolso» sea pertinente a la hora de abordar la sensible cuestión política subyacente de la financiación del presupuesto de la UE; considera, en cambio, que los pagos no ejecutados del año «n» deben prorrogarse al siguiente ejercicio presupuestario («n+1») en lugar de deducirse del cálculo de las contribuciones nacionales de los Estados miembros; insta con firmeza, por ello, a la Comisión a que presente propuestas para el establecimiento de nuevos y auténticos recursos propios de modo que la Unión se dote de recursos financieros reales y autónomos; insiste asimismo en que cualquier nuevo recurso propio se base en una evaluación exhaustiva de su impacto y tenga por finalidad encontrar formas de reforzar la competitividad y el crecimiento económico de la UE; pide al Consejo que coopere constructivamente en el debate sobre un sistema justo y nuevo de recursos propios para la UE;

30.

Toma debidamente nota de la carta remitida el 3 de febrero de 2011 por el Comisario encargado de la Programación Financiera y del Presupuesto en la que reafirmaba el compromiso de la Comisión con un incremento nulo en lo que a personal se refiere, así como su afán por limitar el aumento nominal (en comparación con 2011) de los créditos administrativos dentro de la rúbrica 5; es consciente, no obstante, de que, si las competencias de la UE siguen aumentando, esta tendencia puede no ser sostenible a largo plazo y puede repercutir negativamente en la ejecución rápida y eficaz de las acciones de la UE;

31.

Pide a la Comisión que estudie el impacto a largo plazo de su política de externalización y de su actitud de aumentar el número de agentes contractuales en la calidad y la independencia del funcionariado europeo; hace hincapié en que, si bien con ello se logran ahorros en salarios y pensiones, también se desemboca en una situación en la que un número cada vez mayor de miembros del personal empleado por la Comisión no está incluido en su organigrama; recuerda que los niveles de las pensiones y los salarios están fijados por acuerdos jurídicamente vinculantes que la Comisión ha de respetar íntegramente;

32.

Subraya que, en el caso de los programas plurianuales, algunos de los gastos administrativos específicos (incluidos los de las agencias ejecutivas) están incluidos en la dotación financiera global de los programas, junto con los denominados gastos operativos; señala que el hábito del Consejo de recortar esas líneas presupuestarias horizontalmente con el fin de reducir el gasto administrativo desembocará inevitablemente en la modificación de toda la dotación presupuestaria codecidida para esos programas y podría afectar a la rapidez y eficacia de su ejecución;

33.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y al Tribunal de Cuentas.