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Document 52008AG0011

Posición Común (CE) n o 11/2008, de 28 de febrero de 2008 , aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles

OJ C 122E , 20.5.2008, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.5.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 122/1


POSICIÓN COMÚN (CE) N o 11/2008

aprobada por el Consejo el 28 de febrero de 2008

con vistas a la adopción de la Directiva 2008/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles

(2008/C 122 E/01)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 61, letra c), y su artículo 67, apartado 5, segundo guión,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1)

La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia donde esté garantizada la libre circulación de personas. Con este fin, la Comunidad debe adoptar, entre otras cosas, las medidas de cooperación judicial en materia civil que sean necesarias para el correcto funcionamiento del mercado interior.

(2)

El principio de acceso a la justicia es fundamental y, con vistas a facilitar y mejorar el acceso a la justicia, el Consejo Europeo, en su reunión de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, instó a los Estados miembros a que instauraran procedimientos alternativos de carácter extrajudicial.

(3)

En mayo de 2000, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre modalidades alternativas de solución de conflictos en asuntos civiles y mercantiles, en las que indicó que la definición de principios fundamentales en ese ámbito constituye un paso fundamental para permitir el desarrollo y funcionamiento adecuados de los procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos en asuntos civiles y mercantiles, de manera que se simplifique y mejore el acceso a la justicia.

(4)

En abril de 2002, la Comisión presentó un Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil en el que hacía balance de la situación imperante en lo que respecta a métodos de solución en la Unión Europea y con el que inició una amplia consulta con los Estados miembros y las partes interesadas sobre posibles medidas para promover el uso de la mediación.

(5)

El objetivo de asegurar un mejor acceso a la justicia, como parte de la política de la Unión Europea encaminada a establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia, debe abarcar el acceso a métodos tanto judiciales como extrajudiciales de resolución de litigios. La presente Directiva debe contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, en particular en lo referente a la disponibilidad de servicios de mediación.

(6)

La mediación puede dar una solución extrajudicial económica y rápida a conflictos en asuntos civiles y mercantiles, mediante procedimientos adaptados a las necesidades de las partes. Es más probable que los acuerdos resultantes de la mediación se cumplan voluntariamente y también que preserven una relación amistosa y viable entre las partes. Estos beneficios son aún más perceptibles en situaciones que presentan elementos transfronterizos.

(7)

Para promover el uso más frecuente de la mediación y garantizar que las partes que recurran a ella puedan contar con marco jurídico predecible, es necesario establecer una legislación marco que aborde, en particular, los aspectos fundamentales del procedimiento civil.

(8)

Las disposiciones de la presente Directiva sólo se refieren a los procedimientos de mediación en litigios transfronterizos, pero nada debe impedir que los Estados miembros apliquen dichas disposiciones también a procedimientos de mediación de carácter nacional.

(9)

La presente Directiva no debe impedir en modo alguno la utilización de las nuevas tecnologías de comunicaciones en los procedimientos de mediación.

(10)

La presente Directiva debe aplicarse a los procedimientos en los que dos o más partes en un conflicto transfronterizo intenten voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo amistoso sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Debe aplicarse a asuntos civiles y mercantiles. No obstante no debe aplicarse a los derechos y obligaciones que las partes no sean libres de decidir por sí mismas en virtud de la legislación aplicable pertinente. Estos derechos y obligaciones son especialmente frecuentes en los ámbitos del Derecho de familia y del Derecho laboral.

(11)

La presente Directiva no debe aplicarse a las negociaciones precontractuales ni a los procedimientos de carácter cuasi jurisdiccional como determinados mecanismos de conciliación judicial, los sistemas aplicables a las reclamaciones de consumo, el arbitraje, y la determinación por experto, y tampoco a los procesos administrados por personas u órganos que formulan recomendaciones formales, ya sean jurídicamente vinculantes o no, sobre la solución del conflicto.

(12)

La presente Directiva debe ser aplicable a los casos en que un órgano jurisdiccional remite a las partes a la mediación o en que la legislación nacional prescribe la mediación. Debe asimismo ser aplicable, en la medida en que el Derecho nacional permita a un juez actuar como mediador, a la mediación llevada a cabo por un juez que no sea responsable de ningún proceso judicial relacionado con la cuestión o cuestiones objeto del litigio. No obstante, deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva las gestiones que el órgano jurisdiccional o juez competente para conocer del conflicto realice en el contexto de un proceso judicial relativo a dicho conflicto, así como los casos en los que el órgano jurisdiccional o el juez solicitan ayuda o asesoramiento de una persona competente.

(13)

La mediación a que se refiere la presente Directiva debe ser un procedimiento voluntario, en el sentido de que las partes se responsabilizan de él y pueden organizarlo como lo deseen y darlo por terminado en cualquier momento. No obstante, el Derecho nacional debe dar a los órganos jurisdiccionales la posibilidad de establecer límites temporales al procedimiento de mediación; por otra parte, también deben poder señalar a las partes la posibilidad de la mediación, cuando resulte oportuno.

(14)

Nada de lo dispuesto en la presente Directiva debe afectar a la legislación nacional que haga obligatorio el uso de la mediación o que la someta a incentivos o sanciones, siempre que tal legislación no impida a las partes el ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial. Tampoco afectará nada de lo dispuesto en la presente Directiva a los sistemas de mediación autorreguladores vigentes, en la medida en que se ocupen de aspectos que no estén cubiertos por la presente Directiva.

(15)

Para ofrecer seguridad jurídica, la presente Directiva debe indicar la fecha que ha de tenerse en cuenta para determinar si un litigio que las partes intentan resolver por mediación reviste o no carácter transfronterizo. A falta de acuerdo escrito, debe considerarse que las partes convienen en recurrir a la mediación en la fecha en que toman medidas concretas para iniciar el procedimiento de mediación.

(16)

Para asegurar la necesaria confianza mutua en lo que respecta a la confidencialidad, el efecto sobre los plazos de caducidad y prescripción, y el reconocimiento y ejecución de los acuerdos resultantes de la mediación, los Estados miembros deben promover, por los medios que consideren adecuados, la formación de mediadores y el establecimiento de mecanismos eficaces de control de calidad relativos a la prestación de servicios de mediación.

(17)

Los Estados miembros deben definir mecanismos de este tipo, que pueden incluir el recurso a soluciones disponibles en el mercado, pero no deben quedar obligados a aportar financiación para ello. Los mencionados mecanismos deben aspirar a preservar la flexibilidad del procedimiento de mediación y la autonomía de las partes, y a garantizar que la mediación se lleve a cabo de una forma eficaz, imparcial y competente. Es importante que se informe a los mediadores de la existencia del Código de conducta europeo para los mediadores, al que también debe poder acceder el público en general a través de Internet.

(18)

En el ámbito de la protección del consumidor, la Comisión adoptó una Recomendación (3) que establece los criterios mínimos de calidad que los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo deben ofrecer a sus usuarios. Se debe alentar a todos los mediadores u organizaciones que entran en el ámbito de aplicación de dicha Recomendación a que respeten sus principios. Para facilitar la difusión de la información relativa a tales órganos, la Comisión debe crear una base de datos de los sistemas extrajudiciales que, a juicio de los Estados miembros, respetan los principios de la Recomendación.

(19)

La mediación no debe considerarse como una alternativa peor que el proceso judicial por el hecho de que el cumplimiento del acuerdo resultante de la mediación dependa de la buena voluntad de las partes. Por tanto, los Estados miembros deben asegurar que las partes en un acuerdo escrito resultante de la mediación puedan hacer que su contenido tenga fuerza ejecutiva. Los Estados miembros solamente deben poder negarse a que un acuerdo tenga fuerza ejecutiva cuando su contenido sea contrario a su legislación, incluido su Derecho internacional privado, o cuando ésta no disponga la fuerza ejecutiva del contenido del acuerdo específico. Así podría ocurrir cuando la obligación especificada en el acuerdo no tuviese fuerza ejecutiva por su propia índole.

(20)

El contenido de los acuerdos resultantes de la mediación que hayan adquirido carácter ejecutivo en un Estado miembro debe ser reconocido y declarado ejecutivo en los demás Estados miembros, de conformidad con la legislación comunitaria o nacional aplicable, por ejemplo sobre la base del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (4), o del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (5).

(21)

El Reglamento (CE) no 2201/2003 dispone expresamente que los acuerdos entre las partes deben tener fuerza ejecutiva en el Estado miembro en el que se han celebrado para poder ser ejecutivos en otro Estado miembro. Por consiguiente, si el contenido de un acuerdo resultante de la mediación en el ámbito del Derecho de familia no tiene fuerza ejecutiva en el Estado miembro en el que ha sido celebrado o en el que se solicita que se le dé carácter ejecutivo, la presente Directiva no debe alentar a las partes a eludir la legislación del Estado miembro en cuestión mediante gestiones encaminadas a dotarlo de fuerza ejecutiva en otro Estado miembro.

(22)

La presente Directiva no afectará a las normas de los Estados miembros aplicables a la ejecución de acuerdos que sean resultado de una mediación.

(23)

Dada la importancia de la confidencialidad en el procedimiento de mediación, es necesario que la presente Directiva contenga disposiciones que estipulen un grado mínimo de compatibilidad de las normas procesales civiles en lo que se refiere al modo en que se protege la confidencialidad de la mediación en todo proceso judicial o de arbitraje ulterior, ya sea de carácter civil o mercantil.

(24)

Con el fin de alentar a las partes a hacer uso de la mediación, los Estados miembros deben garantizar que sus normas sobre plazos de caducidad y prescripción no impidan a las partes recurrir a los tribunales o al arbitraje en caso de que fracase su intento de mediación. Los Estados miembros deben asegurarse de que se obtenga este resultado, aun cuando la presente Directiva no armonice las normas nacionales sobre prescripción y caducidad. Las disposiciones sobre los plazos de caducidad y prescripción de los acuerdos internacionales, tal como se aplican en los Estados miembros, por ejemplo en el ámbito de la legislación sobre transportes, no deben verse afectadas por la presente Directiva.

(25)

Los Estados miembros deben alentar a que se informe al público en general de la forma de entablar contacto con mediadores y organizaciones que presten servicios de mediación. También deben alentar a los profesionales del Derecho a informar a sus clientes de las posibilidades que ofrece la mediación.

(26)

De conformidad con el punto 34 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» (6), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre las directivas y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

(27)

La presente Directiva trata de promover los derechos fundamentales y tiene en cuenta los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(28)

Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión o a los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad está facultada para adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(29)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han comunicado su voluntad de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.

(30)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y, por tanto, no está vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Finalidad y ámbito de aplicación

1.   El objetivo de la presente Directiva es facilitar el acceso a modalidades alternativas de solución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial.

2.   La presente Directiva se aplicará, en los litigios transfronterizos, en los asuntos civiles y mercantiles, con la salvedad de aquellos derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación pertinente. No se aplicará, en particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos ni a la responsabilidad del Estado por actos u omisiones en el ejercicio de su autoridad soberana («acta iure imperii»).

3.   En la presente Directiva, se entenderá por «Estado miembro» cualquier Estado miembro, con excepción de Dinamarca.

Artículo 2

Litigios transfronterizos

1.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por litigio transfronterizo aquél en que al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado miembro distinto del Estado miembro de cualquiera de las otras partes en la fecha en que:

a)

las partes acuerden hacer uso de la mediación una vez surgido el litigio, o

b)

un tribunal dicte la mediación,

c)

sea obligatorio recurrir a la mediación a tenor de la legislación nacional, o

d)

a efectos del artículo5, se remita una invitación a las partes.

2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, a efectos de los artículos 7 y 8 de la presente Directiva, también se entenderá por litigio transfronterizo aquél en el que se inicie un procedimiento judicial o un arbitraje tras la mediación entre las partes en un Estado miembro distinto de aquél en que las partes estén domiciliadas o residan habitualmente en la fecha que contemplan las letras a), b) o c) del apartado 1.

3.   A efectos de los apartados 1 y 2, el domicilio se determinará de conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento (CE) no 44/2001.

Artículo3

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a)

«Mediación»: un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Este procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado miembro.

Incluye la mediación llevada a cabo por un juez que no sea responsable de ningún procedimiento judicial vinculado a dicho litigio. No incluye las gestiones para resolver el litigio que el órgano jurisdiccional o el juez competentes para conocer de él realicen en el curso del proceso judicial referente a ese litigio.

b)

«Mediador»: todo tercero a quien se pida que lleve a cabo una mediación de forma eficaz, imparcial y competente, independientemente de su denominación o profesión en el Estado miembro en cuestión y del modo en que haya sido designado o se le haya solicitado que lleve a cabo la mediación.

Artículo 4

Calidad de la mediación

1.   Los Estados miembros fomentarán, de la forma que consideren conveniente, la elaboración de códigos de conducta voluntarios y la adhesión de los mediadores y las organizaciones que presten servicios de mediación a dichos códigos, así como otros mecanismos efectivos de control de calidad referentes a la prestación de servicios de mediación.

2.   Los Estados miembros fomentarán la formación inicial y continua de mediadores para garantizar que la mediación se lleve a cabo de forma eficaz, imparcial y competente en relación con las partes.

Artículo 5

Recurso a la mediación

1.   El órgano jurisdiccional que conozca de un asunto, cuando proceda y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, podrá proponer a las partes que recurran a la mediación para solucionar el litigio. Asimismo el órgano jurisdiccional podrá pedir a las partes que asistan a una sesión informativa sobre el uso de la mediación, si se celebran tales sesiones y si son fácilmente accesibles.

2.   La presente Directiva no afectará a la legislación nacional que estipule la obligatoriedad de la mediación o que la someta a incentivos o sanciones, ya sea antes o después de la incoación del proceso judicial, siempre que tal legislación no impida a las partes el ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial.

Artículo 6

Carácter ejecutivo de los acuerdos resultantes de la mediación

1.   Los Estados miembros garantizarán que las partes, o una de ellas con el consentimiento explícito de las demás, puedan solicitar que se dé carácter ejecutivo al contenido de un acuerdo escrito resultante de una mediación. El contenido de tal acuerdo se hará ejecutivo a menos que, en el caso de que se trate, bien el contenido de ese acuerdo sea contrario al Derecho del Estado miembro donde se formule la solicitud, bien la legislación de ese Estado miembro no contemple su carácter ejecutivo.

2.   El contenido del acuerdo podrá adquirir carácter ejecutivo en virtud de sentencia, resolución o acto auténtico emanado de un órgano jurisdiccional u otra autoridad competente, de conformidad con la legislación del Estado miembro en el que se formule la solicitud.

3.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los órganos jurisdiccionales u otras autoridades competentes para recibir una solicitud de conformidad con los apartados 1 y 2.

4.   Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las normas aplicables al reconocimiento y a la ejecución en otro Estado miembro de un acuerdo que haya adquirido carácter ejecutivo de conformidad con el apartado 1.

Artículo 7

Confidencialidad de la mediación

1.   Dado que la mediación debe efectuarse de manera que se preserve la confidencialidad, los Estados miembros garantizarán, salvo acuerdo contrario de las partes, que ni los mediadores ni las personas que participan en la administración del procedimiento de mediación estén obligados a declarar, en un proceso judicial civil o mercantil o en un arbitraje, sobre la información derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con dicho proceso, excepto:

a)

cuando sea necesario por razones imperiosas de orden público en el Estado miembro de que se trate, en particular cuando así lo requiera la protección del interés superior del menor o la prevención de daños a la integridad física o psicológica de una persona;

b)

cuando el conocimiento del contenido del acuerdo resultante de la mediación sea necesaria para aplicar o ejecutar dicho acuerdo.

2.   Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirá a los Estados miembros aplicar medidas más estrictas para proteger la confidencialidad de la mediación.

Artículo 8

Efecto de la mediación sobre los plazos de caducidad y prescripción

1.   Los Estados miembros garantizarán que el hecho de que las partes que opten por la mediación con ánimo de solucionar un litigio no les impida posteriormente iniciar un proceso judicial o un arbitraje en relación con dicho litigio por haber vencido los plazos de caducidad o prescripción durante el procedimiento de mediación.

2.   Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de las disposiciones sobre plazos de caducidad o prescripción incluidas en los acuerdos internacionales en que sean partes los Estados miembros.

Artículo 9

Información al público

Los Estados miembros fomentarán, por los medios que consideren oportunos, el acceso del público en general, en particular vía Internet, a la información sobre la forma de ponerse en contacto con mediadores y organismos que presten servicios de mediación.

Artículo 10

Información sobre los órganos jurisdiccionales y autoridades competentes

La Comisión hará accesible públicamente, por los medios que considere oportunos, la información sobre los órganos jurisdiccionales o autoridades competentes que le hayan comunicado los Estados miembros de conformidad con el artículo 6, apartado 3.

Artículo 11

Revisión

A más tardar el … (7), la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. El informe examinará el desarrollo de la mediación en la Unión Europea y el impacto de la presente Directiva en los Estados miembros. Si es necesario, el informe irá acompañado de propuestas de adaptación de la presente Directiva.

Artículo 12

Incorporación al ordenamiento jurídico de los Estados miembros

1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva antes del … (8), con excepción del artículo 8, al que deberá darse cumplimiento el … (9) a más tardar. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 13

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 14

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en …

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente


(1)  DO C 286 de 17.11.2005, p. 1.

(2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 29 de marzo de 2007 (DO C 27 E de 31.1.2008, p. 129) y Posición Común del Consejo de 28 de febrero de 2008 y Posición del Parlamento Europeo de … (no publicada aún en el Diario Oficial).

(3)  Recomendación 2001/310/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo (DO L 109 de 19.4.2001, p. 56).

(4)  DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1791/2006 (DO L 363 de 20.12.2006, p. 1).

(5)  DO L 338 de 23.12.2003, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 2116/2004 (DO L 367 de 14.12.2004, p. 1).

(6)  DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

(7)  8 años tras la adopción de la presente Directiva.

(8)  3 años tras la adopción de la presente Directiva.

(9)  30 meses tras la adopción de la presente Directiva.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I.   INTRODUCCIÓN

1.

La Comisión presentó el 22 de octubre de 2004 su propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

2.

En su sesión de los días 1 y 2 de diciembre de 2005, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior tomó nota del acuerdo alcanzado por el Comité de Derecho Civil (modalidades alternativas de solución de conflictos) (1).

3.

El Parlamento Europeo adoptó su dictamen sobre la propuesta en primera lectura el 29 de marzo de 2007 (2).

4.

El Comité de Derecho Civil (modalidades alternativas de solución de conflictos) estudió las enmiendas del Parlamento Europeo el 13 de abril de 2007. A raíz de este estudio se preparó una versión refundida de la propuesta, que fue posteriormente debatida a lo largo de varias reuniones, modificándose en consecuencia algunos puntos.

5.

El 3 de octubre de 2007, el Coreper refrendó un texto transaccional (3) derivado de los debates del Comité, texto que se utilizó como base para las negociaciones con el Parlamento Europeo con vistas a alcanzar un acuerdo en segunda lectura.

6.

Durante las subsiguientes reuniones con el Parlamento Europeo se acordaron diversas enmiendas al texto transaccional. En su sesión de los días 8 y 9 de noviembre de 2007, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior alcanzó un acuerdo político sobre este nuevo texto (4). El Parlamento Europeo confirmó en tal ocasión que podía aceptar este texto.

7.

El Consejo adoptó por unanimidad su posición común el 28 de febrero de 2008.

II.   ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

8.

La posición común del Consejo corresponde al texto del acuerdo político alcanzado en noviembre de 2007, que reflejaba el resultado de las negociaciones mantenidas por el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo tras la adopción del dictamen en primera lectura del Parlamento.

A.   Enmiendas 1 a 11, relativas a los considerandos

9.

El Consejo ha incorporado en esencia, en la medida de lo posible, las enmiendas 1 a 11, pero muchas de ellas han sido reformuladas e insertadas en un orden diferente del propuesto, para respetar la formulación y la estructura finales del proyecto de Directiva.

10.

El Consejo no ha aceptado la enmienda 2, pero ha mantenido en el considerando 18 una referencia a la Recomendación de la Comisión que se mencionaba en dicha enmienda. La enmienda 4 se ha recogido en el considerando 8, pero en una forma más sucinta. No se ha incorporado al texto de la posición común la última frase de la enmienda 6, ya que el Consejo ha mantenido el texto del artículo 7 bis del texto acordado en diciembre de 2005 (artículo 8 de la posición común). La enmienda 10 se ha incorporado en esencia en el considerando 17, pero sin las referencias expresas a las recomendaciones de la Comisión ni la referencia a la publicación del Código de conducta europeo para los mediadores.

11.

El Consejo ha incluido algunos considerandos nuevos para explicar mejor ciertos aspectos del proyecto de Directiva. Así, ha insertado el considerando 9 con el fin de dejar constancia de que reconoce la inevitabilidad de que las nuevas técnicas de comunicación se empleen cada vez más en el proceso de mediación. También ha aclarado, en el considerando 22, que el proyecto de Directiva no establece normas de ejecución, por lo que las normas vigentes en la materia en los Estados miembros no se verán afectadas por la Directiva. Por último, para dar cumplimiento al Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», ha añadido el considerando 26 en el que insta a los Estados miembros a que elaboren cuadros de concordancia cuando incorporen la Directiva al ordenamiento jurídico interno.

B.   Enmiendas 12 a 34, relativas al articulado

12.

El Consejo ha aceptado las enmiendas 12, 13 y 14 relativas al artículo 1 que, en gran medida, corresponden al texto que se acordó en diciembre de 2005. Aunque no se ha aceptado la sugerencia de que se suprima parte de la primera frase del apartado 2, se ha incorporado, con una formulación diferente, la excepción sugerida, de modo que el texto de la posición común reza ahora como sigue: «con la salvedad de aquellos derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación pertinente». Por otra parte, se ha incluido una aclaración de la disposición en el considerando 10.

13.

El Consejo ha incorporado en esencia la enmienda 15, que proponía un nuevo artículo relativo a la naturaleza transfronteriza de la Directiva, pero reformulando la disposición en cierta medida. Ha insertado asimismo el nuevo considerando 15 para aclarar el contenido del apartado 1.

14.

Las enmiendas 16 y 17 se han plasmado en el texto del actual artículo 3. El Consejo ha aceptado la idea de que se mencione expresamente en el texto que el proceso de mediación tiene carácter voluntario, destacando además este extremo en el considerando 13. En vista de ello, el Consejo ha considerado innecesario insertar un nuevo apartado en este sentido, tal como había sugerido el Parlamento Europeo en su enmienda 21. En cuanto al texto de la letra b) del actual artículo 3, el Consejo ha decidido mantener el texto acordado en diciembre de 2005, por considerar que aclara de manera suficiente qué requisitos ha de cumplir el mediador al llevar a cabo un proceso de mediación.

15.

El Consejo ha incorporado la enmienda 18 en el artículo 4 de la posición común, con la excepción del apartado 3 sugerido, que no ha podido aceptar.

16.

Las enmiendas 19 y 20 relativas al artículo 3 (artículo 5 de la posición común), que correspondían al texto acordado en diciembre de 2005, se han aceptado en su totalidad, al igual que las enmiendas 22 y 27, relativas a la supresión de ciertas disposiciones.

17.

El Consejo ha aceptado las enmiendas 23 a 26 relativas al artículo 5 (artículo 6 de la posición común), pero reformulando ligeramente el apartado 1 para darle mayor claridad.

18.

En cuanto a la enmienda 28, el Consejo ha aceptado sus elementos de fondo, que se han recogido en el texto del artículo 7 de la posición común. Sin embargo, ha decidido mantener la disposición tal como se había formulado en el texto acordado en diciembre de 2005. Esto significa que el Consejo ha rechazado la sugerencia de que quienes intervienen en una mediación tampoco estén facultados para revelar información sobre el proceso de mediación ni que la prohibición de revelar tal información se aplique también a la comunicación de ésta a terceros. Al mantener la formulación del texto acordado, el Consejo ha decidido también no imponer a los Estados miembros la obligación de velar por que los participantes en un proceso de mediación no tengan derecho siquiera a prestar declaración.

19.

El Consejo no ha podido aceptar la enmienda 29, que a su juicio contenía disposiciones excesivamente detalladas para una directiva. En consecuencia, en el artículo 8 de la posición común, ha mantenido el texto acordado en diciembre de 2005. Sin embargo, para destacar la importancia de esta disposición y atender a las inquietudes expresadas por el Parlamento Europeo, el Consejo ha insertado un nuevo considerando (considerando 24) que aclara sin lugar a dudas que la disposición impone a los Estados miembros una obligación en cuanto al resultado. La enmienda 30, relativa al apartado 2 del mismo artículo, ha sido aceptada por el Consejo, pero sin la última parte, que se consideró innecesaria y no se ha incluido por tanto en el texto final.

20.

El Consejo ha aceptado la enmienda 31, recogiéndola en el nuevo artículo 9 de la posición común y en el considerando correspondiente (considerando 25).

21.

El Consejo ha rechazado la enmienda 32 por considerar que sería imposible publicar el Código de conducta europeo para los mediadores en el Diario Oficial, puesto que dicho código no es un texto adoptado oficialmente. Sin embargo, como se indica en el apartado 10 de la presente exposición de motivos, el Consejo ha insertado una referencia al mencionado código en el considerando 17.

22.

La enmienda 33, relativa a la cláusula de revisión, ha sido aceptada en esencia por el Consejo y figura ahora en el artículo 11 de la posición común, aunque con una formulación diferente. El Consejo no ha podido aceptar la última parte de la cláusula de revisión sugerida —relativa a una armonización de los plazos de caducidad y prescripción—, ni la enmienda 29 que trataba del mismo tema. Al haberse tratado esta disposición concreta en las negociaciones con el Parlamento Europeo, el texto actual ha sido ya objeto de un acuerdo.

23.

El Consejo no ha podido aceptar la enmienda 34, porque la aplicación mediante acuerdos voluntarios que se sugiere sería imposible por motivos jurídicos. Sin embargo, se ha añadido en el considerando 14 una frase que aclara que los sistemas de mediación basados en la autorregulación ya existentes pueden mantenerse siempre y cuando versen sobre aspectos no regulados por la Directiva. En cuanto a los plazos de cumplimiento de la Directiva que se sugerían en la enmienda 34, el Consejo ha fijado fechas diferentes: los Estados miembros contarán ahora con 36 meses a partir de la fecha de adopción para dar cumplimiento a la Directiva, si bien deberán comunicar a la Comisión en un plazo de 30 meses los datos de los órganos jurisdiccionales o autoridades competentes.

III.   CONCLUSIÓN

24.

El Consejo considera que su posición común constituye un texto equilibrado que refleja fielmente el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo durante las negociaciones mantenidas en octubre de 2007.


(1)  15043/05 JUSTCIV 217 CODEC 1102.

(2)  8117/1/07 REV 1 CODEC 312 JUSTCIV 76.

(3)  13290/07 JUSTCIV 243 CODEC 1000.

(4)  14316/07 JUSTCIV 278 CODEC 1130.


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