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Document 52016PC0824

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se introduce una tarjeta electrónica europea de servicios y los mecanismos administrativos conexos

COM/2016/0824 final - 2016/0403 (COD)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/04/2021

Bruselas, 10.1.2017

COM(2016) 824 final

2016/0403(COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se introduce una tarjeta electrónica europea de servicios y los mecanismos administrativos conexos

(Texto pertinente a efectos del EEE)

{SWD(2016) 439 final}
{SWD(2016) 442 final}


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

Razones y objetivos de la propuesta

Habida cuenta de que los servicios representan aproximadamente el 70 % del PIB y del empleo de la UE, resulta fundamental promover la competitividad de los mercados de servicios de la UE para generar empleo y crecimiento en la Unión. La Directiva de servicios, adoptada en 2006, introdujo disposiciones generales para facilitar el establecimiento de los prestadores de servicios y su capacidad para ofrecer servicios transfronterizos dentro del mercado único. La Directiva dio lugar a una serie de reformas en los Estados miembros de la UE, lo que hizo que, en los diez años posteriores, el PIB de la Unión aumentara un 0,9 %.

No obstante, sigue existiendo un gran potencial de crecimiento y empleo que no se está aprovechando. Los mercados de servicios de la UE se beneficiarían de un crecimiento más rápido de la productividad y una asignación de recursos más eficiente. El volumen del comercio y la inversión en servicios a nivel transfronterizo sigue siendo bajo. Hacer frente a los obstáculos que siguen dificultando la realización de más actividades transfronterizas en el ámbito de los servicios ayudará a reforzar la competencia, lo que dará lugar a más opciones y a mejores precios para los consumidores, así como a una mayor innovación. La eliminación de estas barreras en el marco creado por la Directiva de servicios podría suponer un incremento adicional del PIB de la UE de un 1,7 % 1 . Además, un mejor funcionamiento de los mercados de servicios repercutirá positivamente sobre la competitividad de la industria, ya que la industria manufacturera de la UE es un importante comprador y usuario final de los servicios. De hecho, en la UE los servicios representan el 40 % del valor de un producto final manufacturado. Por lo tanto, una industria manufacturera competitiva depende de la existencia de mercados de servicios que funcionen correctamente.

Por estos motivos, el Consejo Europeo hizo hincapié en que «[l]a consecución de un mercado único más completo y justo será fundamental para crear nuevos puestos de trabajo, promover la productividad y asegurar un clima propicio a la inversión y la innovación» 2 . De hecho, una de las diez prioridades de la Comisión Europea es mejorar el funcionamiento del mercado interior. En su Estrategia para el Mercado Único adoptada en octubre de 2015, la Comisión anuncio una serie de medidas destinadas a hacer realidad el mercado único de servicios sin fronteras 3 . El objetivo está claro: reducir los obstáculos para que los prestadores de servicios puedan aprovechar más fácilmente nuevas oportunidades empresariales, garantizando al mismo tiempo la calidad de servicios para los consumidores. La presente propuesta toma como punto de partida la Estrategia para el Mercado Único.

La Directiva de servicios facilita un marco jurídico equilibrado para lograr estos objetivos. Garantiza que la legislación nacional sea no discriminatoria, esté justificada y sea proporcionada para alcanzar objetivos de interés general. Además, obliga a los Estados miembros a reducir los obstáculos de carácter administrativo que, en la práctica, disuaden a los prestadores de servicios a la hora de operar a nivel transfronterizo. Ni la Directiva de servicios ni los importantes principios que en ella se fijan se verán afectados por la presente propuesta.

Los principios establecidos en la Directiva de servicios han permitido avanzar hacia un mejor funcionamiento de los mercados de servicios de la UE. Sin embargo, en diversos sectores de servicios fundamentales, siguen existiendo obstáculos que impiden una mayor integración del mercado único. Este es especialmente el caso de diversos servicios prestados a las empresas y el sector de la construcción, en los que los prestadores suelen tener dificultades para aprovechar oportunidades empresariales en otros Estados miembros. Al expandirse hacia el extranjero, se enfrentan a obstáculos administrativos. Esta información se confirmó mediante una serie de consultas exhaustivas con prestadores de servicios 4 .

Los prestadores de servicios se enfrentan a una gran complejidad administrativa a la hora de operar en otros países. Esta complejidad se debe, entre otros factores, a la falta de claridad sobre cómo cumplir las normas en vigor, lo que disuade a las empresas, especialmente a las pymes, de intentar aprovechar oportunidades empresariales en otros Estados miembros. Los prestadores de servicios tienen dificultades para obtener información sobre los requisitos reglamentarios aplicables y sobre los procedimientos que deben llevar a cabo para acceder al mercado de otro Estado miembro. Además, las normas nacionales suelen referirse exclusivamente al contexto nacional, y no especifican cómo deben aplicarse en el caso de prestadores de servicios procedentes de otros Estados miembros de la UE. Como resultado, los prestadores de servicios que desean tener una presencia permanente en otro Estado miembro, o facilitar servicios transfronterizos de manera temporal, suelen tener dificultades para saber qué normas deben aplicar y cómo deben hacerlo. Los trámites administrativos de los diferentes Estados miembros suelen ser complicados, y su realización genera costes importantes para los prestadores de servicios.

Por consiguiente, la tarjeta electrónica europea de servicios tiene como objetivo reducir la complejidad administrativa para los prestadores de servicios que quieren ampliar sus actividades a otros Estados miembros. Asimismo, garantizará que los Estados miembros puedan aplicar una normativa justificada. La tarjeta electrónica se pondrá a disposición de los prestadores de servicios, de manera voluntaria, como vía alternativa para demostrar el cumplimiento de las normas nacionales aplicables. Permitirá a los prestadores de servicios utilizar un procedimiento totalmente electrónico y a escala de la UE para realizar los trámites necesarios para operar en el extranjero, de modo que se les ofrecerá una mayor seguridad jurídica y se reducirá significativamente la complejidad administrativa. Mediante esta tarjeta electrónica, podrán salvar obstáculos administrativos como la incertidumbre sobre los requisitos que resultan de aplicación, la obligación de cumplimentar diversos formularios en idiomas extranjeros, la traducción, certificación o legalización de documentos o la realización de procedimientos no electrónicos. El ahorro de costes en relación con los trámites cubiertos por el procedimiento de la tarjeta electrónica sería importante en comparación con la situación actual, y podría alcanzar el 50 % e incluso cifras superiores 5 .

Cuando un prestador de servicios desee ofrecer un servicio transfronterizo de manera temporal, será el Estado miembro de origen quien emita la tarjeta electrónica. Los Estados miembros de acogida podrán presentar objeciones a la emisión de la tarjeta electrónica siempre que la Directiva de servicios les permita hacerlo en virtud de una de las razones imperiosas de interés general enumeradas en el artículo 16. Una vez emitida, la tarjeta electrónica autorizará al prestador de servicios a facilitar servicios a nivel transfronterizo y de manera temporal en el Estado miembro de acogida. Se mantienen, por tanto, sin cambio alguno los poderes de decisión de los Estados miembros de acogida para denegar una solicitud de tarjeta electrónica europea de servicios, según lo previsto en el artículo 16 de la Directiva de servicios.

Si un prestador de servicios desea facilitar servicios a través de una sucursal, una agencia o una oficina situada en otro Estado miembro, el encargado de emitir la tarjeta electrónica será el Estado miembro de acogida. En este caso, el prestador de servicios aún solicitará la tarjeta electrónica a las autoridades de su país de origen, quienes comprobarán si el prestador de servicios está establecido en su territorio de conformidad con sus normas en vigor. Sin embargo, en una segunda fase, las autoridades del Estado miembro de origen iniciarán un proceso, conjuntamente con la autoridad competente del país de acogida, para permitir que esta última decida si el prestador de servicios que ha solicitado la tarjeta cumple los requisitos reglamentarios del país de acogida según lo previsto en la Directiva de servicios. Por consiguiente, no existirá desigualdad de trato alguna entre los prestadores de servicios nacionales y los extranjeros. Una vez emitida, la tarjeta electrónica permitirá al titular ofrecer servicios a través de un establecimiento secundario (sucursal, agencia u oficina) en el Estado miembro de acogida de que se trate.

La idea de la tarjeta electrónica europea de servicios es similar a la de la tarjeta profesional europea, con la que las autoridades de los Estados miembros ya están familiarizadas. La tarjeta profesional europea, disponible desde enero de 2016, ha recibido una buena acogida por parte de los profesionales a los que va destinada, lo que demuestra que este tipo de instrumentos de simplificación ofrecen beneficios prácticos para sus usuarios. Tanto la tarjeta electrónica europea de servicios como la tarjeta profesional europea son procedimientos electrónicos voluntarios disponibles a escala de la UE. El uso de la tarjeta electrónica europea de servicios es voluntario para los prestadores de servicios. La autoridad del país de origen del solicitante actúa como ventanilla única. Además, el funcionamiento de ambos sistemas se basa en procedimientos de cooperación predefinidos y vinculantes entre el Estado miembro de origen y el de acogida, que se llevan a cabo a través del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) ya existente, establecido por el Reglamento IMI 6 .

No obstante, ambos sistemas tienen objetivos diferentes. La tarjeta profesional europea facilita la prestación transfronteriza de servicios gracias al reconocimiento de las cualificaciones profesionales de personas físicas como trabajadores por cuenta ajena o prestadores de servicios por cuenta propia, de conformidad con lo previsto en la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

La tarjeta electrónica europea de servicios aborda una mayor gama de requisitos. Podrán obtenerla tanto las personas físicas que trabajan por cuenta propia como las empresas que desean prestar servicios en otro Estado miembro. A diferencia de la tarjeta profesional europea, la tarjeta electrónica europea de servicios también ofrecerá mecanismos técnicos para facilitar la realización de los trámites administrativos relacionados con el desplazamiento de personal al territorio de los Estados miembros que hayan comunicado a la Comisión que desean utilizar el IMI para este fin. Esta posibilidad de utilizar el IMI no modificará en modo alguno la esencia de las normas aplicables establecidas en la Directiva 2014/67/UE. Asimismo, incluye normas para facilitar la obtención de una cobertura de seguro para los servicios prestados en el extranjero.

La tarjeta electrónica cubrirá los requisitos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de servicios, por lo que no abarcará áreas como la fiscalidad, el empleo o la seguridad social. Sin embargo, las autoridades de los Estados miembros no deberán pedir al titular de la tarjeta electrónica que facilite información que ya figure en ella para procedimientos o trámites impuestos a dicho prestador en relación con la concesión de un contrato público, un concurso de proyectos o una concesión, con la creación de filiales o el registro de sucursales en virtud del Derecho de sociedades, o con el registro en sistemas de seguros sociales obligatorios.

En una primera fase, la tarjeta electrónica europea de servicios se aplicará a los servicios destinados a las empresas y a los servicios de construcción, en la medida en que las actividades conexas ya se incluyan en el ámbito de aplicación de la Directiva de servicios. Ambos sectores revisten una gran importancia para la economía de la UE 7 . Los prestadores de servicios destinados a las empresas o a la construcción suelen enfrentarse a una gran complejidad administrativa al ampliar sus servicios al extranjero. Además, el crecimiento de la productividad durante la última década ha sido muy reducido en ambos sectores, y el comercio y la inversión a nivel transfronterizo son limitados. Una mayor competencia transfronteriza ayudaría a conservar y mejorar la competitividad de ambos sectores.

Por otro lado, la presente propuesta incluye cláusulas de revisión para que más adelante se estudie la eficacia de la tarjeta electrónica europea de servicios, incluido lo referente a la realización de los trámites necesarios para el desplazamiento de trabajadores y teniendo en cuenta la experiencia adquirida por los Estados miembros que hayan optado por la posibilidad prevista en el artículo 6, apartado 3, del presente proyecto de Reglamento, que contempla que los trámites pertinentes se lleven cabo a través de una plataforma electrónica conectada al IMI.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

El presente Reglamento se presenta junto con una Directiva. El Reglamento introduce la tarjeta electrónica europea de servicios sin modificar las normas de la UE subyacentes. Establece instrumentos que estarán a disposición de los prestadores de servicios de toda la UE. Además, facilita la resolución de problemas vinculados con la cobertura de seguro de un prestador de servicios que opera a nivel transfronterizo. La Directiva establece el marco jurídico y operativo de la tarjeta electrónica europea de servicios, que regula, entre otros, las condiciones de admisibilidad, las competencias de los Estados miembros de origen y de acogida, la validez de la tarjeta electrónica europea de servicios y las condiciones aplicables a su retirada o suspensión.

El presente Reglamento mantiene sin modificación alguna las disposiciones actuales de la UE en materia de cuestiones sociales, condiciones de empleo (especialmente el desplazamiento de trabajadores, los derechos de los trabajadores y el pilar social), salud y seguridad y protección del medio ambiente. No modifica ni cuestiona las salvaguardias existentes a este respecto. La tarjeta electrónica facilitará información adicional sobre la empresa. No se verán afectadas las competencias de los Estados miembros para llevar a cabo inspecciones in situ. Tras la implantación de la tarjeta electrónica europea de servicios, seguirán resultando de aplicación las normas sobre el desplazamiento de trabajadores previstas en las Directivas 96/71/CE y 2014/67/UE, pero deben preverse más mecanismos para cumplir dichas normas. Cuando los Estados miembros hayan establecido procedimientos que permitan completar una declaración relativa al desplazamiento de trabajadores con arreglo al artículo 9 de la Directiva 2014/67/UE por medios electrónicos, la tarjeta electrónica europea de servicios remitirá al titular de la tarjeta a los procedimientos nacionales pertinentes. Los prestadores que posean una tarjeta electrónica europea de servicios también pueden presentar dicha declaración mediante una plataforma electrónica conectada al IMI cuando el Estado miembro de acogida haya comunicado a la Comisión que esta posibilidad debe aplicarse al desplazamiento de trabajadores a su territorio.

La propuesta de la tarjeta electrónica europea de servicios complementa otras iniciativas normativas en el contexto de los servicios previstas en la Estrategia para el Mercado Único con el fin de evitar la aparición de obstáculos a la prestación transfronteriza de servicios a nivel nacional. En ese sentido, complementa la propuesta de la Comisión [XX] de una Directiva que reforme el procedimiento mediante el cual los Estados miembros deben notificar los regímenes y requisitos de autorización relacionados con los servicios.

Esta propuesta también se completará con la iniciativa del Portal Digital Único, anunciada en la Estrategia para el Mercado Único para 2017. El Portal, sobre cuya creación se realizó una consulta pública en el otoño de 2016, hará frente a los vacíos de información que afectan actualmente a las empresas y los ciudadanos al integrar, completar y mejorar la información en línea pertinente disponible en la UE y a nivel nacional. Además, establecerá vínculos con servicios de asistencia. Asimismo, tendrá por objetivo fomentar una mayor digitalización de los procedimientos nacionales que atañen a los ciudadanos y a las empresas que ejercen sus derechos en el marco del mercado único. Se prevé que el alcance del Portal Digital Único vaya más allá de los sectores cubiertos por la presente iniciativa.

En cambio, la tarjeta electrónica europea de servicios debe ofrecer un instrumento plenamente armonizado y normalizado para la prestación transfronteriza de servicios, de modo que se reduzcan los costes de conformidad para mercados de servicios específicos dominados en gran medida por pymes. Su objetivo es lograr la simplificación administrativa gracias a la participación del Estado miembro del que procede el prestador de servicios cuando dicho Estado miembro (de origen) no puede decidir los requisitos que debe cumplir un prestador de servicios en otros Estados miembros. En el contexto de la tarjeta electrónica europea de servicios serán los Estados miembros de acogida quienes deban informar sobre la conformidad y garantizarla, en el marco de un procedimiento predefinido y totalmente normalizado. El Portal Digital Único enlazará con este procedimiento y facilitará la búsqueda para sus beneficiarios

La puesta en marcha de la tarjeta electrónica europea de servicios se armonizará plenamente con la creación del Portal Digital Único y respetará los principios recogidos en el Plan de Acción sobre Administración Electrónica (en concreto, debe ser digital, interoperable, transfronteriza, de «solo una vez» e incluyente por defecto) 8 .

Por último, esta propuesta complementa la política de la Comisión de garantía del cumplimiento de la normativa que se está llevando a cabo en paralelo para hacer frente a las limitaciones nacionales no justificadas o desproporcionadas a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios.

La aplicación de la presente Directiva se respaldará a través del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) creado por el Reglamento IMI 9 . El IMI se encuentra a disposición de aproximadamente 5 000 autoridades desde 2011. Está sujeto a evaluaciones constantes de los usuarios y ha demostrado su potencial a través de la tarjeta profesional europea, introducida en enero de 2016.

Coherencia con otras políticas de la Unión

La propuesta de una tarjeta electrónica europea de servicios en virtud de este Reglamento y de la Directiva propuestas son plenamente coherentes con diversas políticas de la Unión, especialmente con aquellas que persiguen los mismos objetivos de simplificación administrativa y de reducción de requisitos impuestos a los prestadores de servicios.

La simplificación de los trámites relativos a los documentos seguirá de cerca las soluciones que se pondrán en marcha en el marco del Reglamento (UE) 2016/1191 por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea 10 .

En cuanto al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, en 2013 se introdujo un instrumento similar para fomentar la simplificación administrativa, la tarjeta profesional europea mencionada anteriormente, que se encuentra disponible desde enero de 2016 para un conjunto de profesiones concretas (enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, guías de montaña y agentes de la propiedad inmobiliaria). Para evitar todo riesgo de duplicación, la presente propuesta garantiza que los profesionales que puedan solicitar una tarjeta profesional europea no podrán obtener una tarjeta electrónica europea de servicios.

En el marco del procedimiento de la tarjeta electrónica europea de servicios, las autoridades competentes y de coordinación deben recurrir a todas las interconexiones disponibles entre los registros nacionales, incluido el sistema de interconexión de los registros de empresas (BRIS), tal y como estipula la Directiva 2009/101/CE, y de los registros de insolvencia, según lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 2015/848, antes de recurrir a otras vías para obtener o verificar información conseguida con anterioridad para los fines de dicho procedimiento.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

Base jurídica

El presente acto legislativo se enmarca en uno de los ámbitos de competencia compartida según lo previsto en el artículo 4, apartado 2, letra a), del TFUE. Su objetivo es facilitar el establecimiento y la prestación de servicios mediante la adopción de medidas sobre la aproximación de las disposiciones establecidas por ley cuyo objeto es el funcionamiento del mercado interior. El presente Reglamento se basa en el artículo 114 del TFUE, que constituye la base jurídica general para la adopción de tales medidas.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

El objetivo general de la presente propuesta legislativa es garantizar el correcto funcionamiento del mercado único de servicios de la UE, que no se limita al territorio de un único Estado miembro, sino que abarca todo el territorio de la UE. Habida cuenta del carácter transnacional del mercado único de la UE, y de la necesidad de abordar situaciones en contextos transfronterizos de la forma más coherente posible, el empleo de un instrumento informático ya existente en toda la UE —el IMI— constituye una respuesta eficiente que únicamente se puede llevar a cabo mediante una acción a escala de la UE

Proporcionalidad

Las medidas previstas en el presente Reglamento son proporcionales a su objetivo de conseguir una mayor integración de los mercados de servicios a escala de la UE, mediante un fomento de las dinámicas del mercado y de la competencia transfronteriza. También son proporcionales a los objetivos de aumentar la transparencia, reducir los costes y simplificar los procedimientos que imponen los Estados miembros a los prestadores de servicios en situaciones transfronterizas, especialmente en los procedimientos para desplazar personal y los referentes al seguro de responsabilidad profesional. Además, se basa en el IMI, un instrumento informático existente a escala de la UE que está financiado con el presupuesto de la Unión y del que ya hacen uso las administraciones nacionales. El procedimiento a escala de la UE únicamente conllevará ligeras modificaciones para el IMI, lo que comportará un coste limitado para la UE y para los Estados miembros a nivel individual. Estos costes limitados se han evaluado en comparación con otros procedimientos similares ya existentes, como la tarjeta profesional europea.

Estas medidas no exceden de lo necesario para resolver los problemas detectados y cumplir los objetivos fijados. A pesar de que el procedimiento a escala de la UE requiere un papel activo por parte de las autoridades de los Estados miembros, se prevé que los Estados miembros solo deberán hacer un esfuerzo financiero limitado, ya que se empleará el Sistema de Información del Mercado Interior, una plataforma ya existente que se implantó mediante fondos de la UE. Además, las perspectivas que aporta el uso de la tarjeta electrónica europea de servicios en cuanto a un aumento de la competencia en los mercados de servicios y de los agentes del mercado, así como un aumento del volumen de negocios, ejercerán un efecto positivo sobre las economías de los Estados miembros.

El uso de la tarjeta electrónica europea de servicios será voluntario para los prestadores de servicios.

Elección del instrumento

El presente Reglamento se basa en el artículo 114 del TFUE. Incluye disposiciones para facilitar el ejercicio de establecimiento secundario, la libertad de prestar servicios y las situaciones transfronterizas temporales. Partiendo de esta disposición del Tratado, el Reglamento también introduce instrumentos prácticos en relación con el seguro de responsabilidad profesional de los prestadores de servicios para realizar sus actividades en el extranjero.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente

Para la elaboración de la presente propuesta, la Comisión llevó a cabo una evaluación exhaustiva de la Directiva de servicios. Esta evaluación demostró que, por el momento, la Directiva de servicios solo se ha aplicado parcialmente. La Directiva de servicios ha conseguido generar un crecimiento adicional a través de las reformas llevadas a cabo en los Estados miembros. Sin embargo, los prestadores de servicios de sectores clave (como los servicios destinados a las empresas y la construcción) siguen enfrentándose a un número significativo de barreras. Además, el sistema de cooperación administrativa entre los Estados miembros no está generando todos sus beneficios. Un análisis exhaustivo acerca del funcionamiento y la manejabilidad de las ventanillas únicas concluyó que la mayoría aún no habían logrado el nivel de simplificación administrativa esperado en lo relativo a la prestación de servicios transfronterizos de manera temporal o a la creación de empresas.

Además, la evaluación de la Comisión reveló que los Estados miembros adoptan un enfoque muy heterogéneo en cuanto a las obligaciones de seguro y al acceso a los seguros para la prestación de servicios, lo que dificulta y aumenta los costes de la contratación de cobertura de seguro por parte de los prestadores de servicios para la prestación de servicios en el ámbito transfronterizo, especialmente en los servicios destinados a las empresas y a la construcción.

Todos estos obstáculos persistentes perjudican al desarrollo de un mayor nivel de comercio transfronterizo y de inversión en el ámbito de los servicios.

Consultas con las partes interesadas

La Comisión ha llevado a cabo varios análisis y consultas para recabar pruebas sobre los obstáculos que siguen impidiendo el funcionamiento pleno del mercado único de servicios, prestando una mayor atención a los efectos prácticos que han tenido las disposiciones sobre el terreno. Se ha realizado una evaluación económica para analizar los efectos de la reforma nacional sobre los mercados de servicios y sobre el acceso a los seguros para los prestadores de servicios. Además, en 2014, 2015 y 2016, se organizaron talleres para las partes interesadas en el marco del Foro del Mercado Único. Dichos talleres se centraron en los retos a los que se enfrentan las pymes a la hora de ampliar sus actividades en mercados regionales transfronterizos, y en los retos específicos de los sectores de servicios (especialmente los servicios destinados a las empresas y los servicios de construcción) que se ven obstaculizados por un nivel reducido de comercio e inversión transfronterizos a escala de la UE. Las contribuciones y las aportaciones realizadas demostraron que, a pesar de que en los últimos años se han logrado ciertos avances, los prestadores de servicios de diversos sectores económicamente importantes siguen enfrentándose a una serie de obstáculos a la hora de expandirse a otros Estados miembros.

Las partes interesadas han expresado diversas opiniones sobre las posibles vías para mejorar el marco al que están sujetos los mercados de servicios en la UE y a nivel nacional. Las partes interesadas se oponen casi unánimemente a la reapertura de la Directiva de servicios. El presente Reglamento no modifica en modo alguno las normas sustantivas sobre la prestación transfronteriza de servicios fijadas en la Directiva de servicios, ni tampoco las normas relacionadas con el desplazamiento de trabajadores, la salud y la seguridad y la protección del medio ambiente.

Entre el 3 de mayo y el 26 de julio de 2016, se llevó a cabo una consulta pública en línea. Esta consulta permitió recabar nuevas opiniones de los interesados y experiencias de primera mano sobre las barreras que siguen existiendo para la prestación transfronteriza de servicios dentro de la UE, especialmente en estos sectores.

La Comisión también reunió las opiniones de los interesados en varias ocasiones en cuanto a los problemas a los que se enfrentan los prestadores de servicios para obtener una cobertura de seguro para prestar servicios en otro Estado miembro de forma temporal, especialmente mediante dos consultas públicas en 2013 y 2015.

Los resultados de estos ejercicios han confirmado que siguen existiendo requisitos no justificados o desproporcionados a nivel nacional, en detrimento de los prestadores de servicios y de los destinatarios de los servicios en el mercado único. Además, han facilitado información específica sobre las respuestas normativas que esperan los interesados. La mayoría de ellos se mostraron de acuerdo con la necesidad de hacer frente a las barreras que siguen obstaculizando la prestación transfronteriza de servicios, así como de facilitar el acceso a la cobertura de seguro en estas situaciones, conservando al mismo tiempo el acervo de la UE en materia social, de empleo, de salud y seguridad y de medio ambiente y trabajando en aras de una política ambiciosa de garantía del cumplimiento de la normativa. En este sentido, la Comisión aprobó en noviembre de 2016 un conjunto exhaustivo de medidas de garantía del cumplimiento de la normativa para eliminar las limitaciones desproporcionadas introducidas en el ámbito de los servicios en nueve Estados miembros.

Esta iniciativa, cuyo objetivo era fomentar el desarrollo de mercados de servicios transfronterizos, también recibió el apoyo del Consejo de Competitividad en sus conclusiones de 29 de febrero de 2016 sobre la Estrategia para el Mercado Único 11 y del Consejo Europeo en sus conclusiones de 28 de junio de 2016 12 . Además, contó con el apoyo del Parlamento Europeo, reflejado en su informe sobre la Estrategia para el Mercado Único aprobado el 26 de mayo de 2016 13 .

Obtención y uso de asesoramiento especializado

Los resultados de un proceso de evaluación recíproca con los Estados miembros en 2010-2011, las comprobaciones de rendimiento realizadas en 2011-2012 y la revisión inter pares llevada a cabo en el período 2012-2013 han contribuido a la elaboración de la presente propuesta de Reglamento.
Además, los resultados de diferentes consultas públicas, incluida la celebrada durante el verano de 2016, han facilitado una base sólida de conocimientos especializados.

En cuanto a los aspectos relativos a los seguros, también se ha tenido en cuenta el resultado de la consulta pública realizada en 2013 sobre las dificultades afrontadas por los prestadores de servicios a la hora de obtener cobertura de seguro en contextos transfronterizos, y sobre un posible Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor en diciembre de 2015. Esta última consulta también trató cuestiones específicas relacionadas con el acceso al seguro de responsabilidad profesional en un contexto transfronterizo. Además, se han celebrado debates periódicos con los representantes del sector de los seguros.

La Comisión ha organizado numerosos talleres con las partes interesadas, en particular con los interlocutores sociales, reuniendo conocimientos técnicos sobre las dificultades a las que se enfrentan debido a los significativos requisitos administrativos en los Estados miembros. También se han recopilado datos mediante estudios e informes externos. Asimismo, la Comisión se basó en intercambios regulares a nivel técnico llevados a cabo en el marco de su Grupo de Expertos sobre la Aplicación de la Directiva de Servicios.

Evaluación de impacto

Durante la preparación de esta iniciativa, se llevó a cabo una evaluación de impacto. Se ha vuelto a presentar el informe teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por el Comité de Control Reglamentario en su dictamen inicial desfavorable de 14 de octubre de 2016 14 , así como los comentarios adicionales realizados por dicho Comité en su dictamen final favorable de 8 de noviembre de 2016 15 . En concreto, se han aclarado la descripción del problema y el alcance de la evaluación de impacto, se han reagrupado las diferentes opciones normativas en paquetes de opciones claramente reconocibles y se han calculado con mayor precisión las reducciones de los costes administrativos.

En la evaluación de impacto se estudiaron distintas opciones normativas, que posteriormente se agruparon en «paquetes». Se examinaron los siguientes paquetes de opciones normativas:

Un primer paquete de opciones que permitiría al prestador conseguir un certificado del establecimiento legal en el Estado miembro de origen y que demostraría la existencia de una cobertura de seguro para las actividades llevadas a cabo en dicho Estado miembro.

Un segundo paquete de opciones permitiría al prestador de servicios recurrir a un procedimiento a escala de la UE para facilitar su acceso al mercado de otro Estado miembro e incluiría un mecanismo electrónico avanzado conectado al IMI que facilitaría la realización de los trámites para personal desplazado y que los Estados miembros pueden optar por utilizar. Además, abordaría los obstáculos prácticos relacionados con los seguros en situaciones transfronterizas.

Un tercer paquete de opciones que, además de lo previsto en la segunda alternativa, reduciría la disparidad reglamentaria en una serie de servicios fundamentales destinados a las empresas (servicios de arquitectura, ingeniería y contabilidad) a través de la armonización de un número limitado de requisitos aplicables a los prestadores de servicios en estos tres servicios (a saber, limitaciones relativas a la forma jurídica, el porcentaje de acciones que debe reservarse para profesionales y restricciones en cuanto a la prestación de actividades multidisciplinares).

Un cuarto paquete de opciones que, además de lo previsto en el tercer paquete, introduce soluciones concretas para hacer frente a las disparidades reglamentarias mencionadas en lo relativo al establecimiento secundario (sucursales y agencias), de modo que los prestadores de servicios extranjeros quedarían exentos de determinados requisitos y el Estado miembro de acogida podría introducir salvaguardias alternativas.

El primer paquete generaría ciertos efectos de simplificación que, sin embargo, son más limitados que los de los demás paquetes. Mientras que los paquetes tercero y cuarto tendrían una mayor repercusión que el segundo paquete, puesto que también abordan los obstáculos reglamentarios (además de la simplificación administrativa), la Comisión se decantó por el segundo, basándose en los siguientes argumentos: eliminar los requisitos más restrictivos abarcados por los paquetes tercero y cuarto mediante medidas específicas destinadas a garantizar el cumplimiento, complementadas con recomendaciones específicas relativas al marco regulatorio completo aplicable a la profesión que preste el servicio, parece más proporcionado que una propuesta legislativa que introduzca una armonización mínima para un número limitado de requisitos en un número limitado de sectores de servicios. Además, el cuarto paquete quedó descartado, ya que daría la impresión de que se presenta una solución basada en un enfoque de país de origen según el cual los prestadores de servicios extranjeros únicamente están sujetos a la legislación de su Estado miembro de origen, lo que generaría una discriminación inversa para los prestadores de servicios nacionales.

Se espera que el paquete escogido conlleve una mayor seguridad jurídica y un mayor ahorro de costes para los prestadores de servicios que amplíen sus actividades a otros países. Podría conllevar un aumento de la dinámica del mercado y de los niveles de competencia, lo que ofrecería a los consumidores una mayor variedad de opciones y un valor añadido.

Adecuación regulatoria y simplificación

La propuesta de Reglamento por el que se introduce la tarjeta electrónica europea de servicios contribuirá a la adecuación de la normativa en lo relativo al acceso al mercado para los prestadores de servicios y a la simplificación, puesto que mejorará las metodologías empleadas para facilitar a los prestadores de servicios el acceso al mercado de otro Estado miembro. Esto no supondrá modificación alguna de las prerrogativas previstas en la Directiva de servicios para los Estados miembros de acogida.

   Derechos fundamentales

Esta propuesta promueve los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Más concretamente, el artículo 8 de la Carta prevé que deberá garantizarse la protección de los datos personales. Además, el objetivo principal de esta iniciativa es facilitar el derecho de establecimiento y el derecho a prestar servicios en cualquier Estado miembro, según lo previsto en el artículo 15, apartado 2, de la Carta, garantizando que no existe ningún tipo de discriminación, ni siquiera indirecta, por motivos de nacionalidad (por lo que también se aplica el artículo 21, apartado 2, de la Carta). Asimismo, se prevé que el procedimiento a escala de la UE establezca un proceso imparcial, justo y razonablemente rápido, también en lo relativo a la participación de la Comisión, tal y como se estipula en el artículo 41 de la Carta. Por último, se deberá tener debidamente en cuenta la prohibición del abuso de derecho, en concreto de la libertad para prestar servicios, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Carta.

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

Se prevé que la propuesta tenga repercusiones para el presupuesto de la UE, ya que la tarjeta electrónica europea de servicios utilizará el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) como eje operativo. Será necesario adaptar el IMI para respaldar el procedimiento de la tarjeta electrónica europea de servicios y sus requisitos de almacenamiento, y deberá complementarse con determinadas funciones adicionales, concretamente con una interfaz pública para los prestadores de servicios, interconexiones con otros sistemas pertinentes y un servicio de gestión para las autoridades nacionales. Esto se debe al hecho de que, en el marco de la tarjeta electrónica europea de servicios, el IMI se ofrecerá como una herramienta para el intercambio efectivo de información y para la asistencia mutua entre las autoridades competentes de un determinado Estado miembro, sin perjuicio de los demás instrumentos establecidos por los Estados miembros. Las implicaciones para el presupuesto de la UE serán moderadas, puesto que el uso del IMI como base para la tarjeta electrónica europea de servicios conllevará economías de escala y alcance significativas. Además, las principales funciones actuales del IMI, así como las que se encuentran en fase de desarrollo, cumplen en gran medida los requisitos de la tarjeta electrónica europea de servicios. Por consiguiente, los costes de adaptación y desarrollo se verán sustancialmente reducidos.

Sin embargo, las dotaciones que resulte necesario asignar se realizarán a través de la redistribución de fondos. No se prevé ningún impacto presupuestario para el presupuesto de la UE más allá de los créditos ya previstos en la programación financiera oficial de la Comisión.

5.OTROS ELEMENTOS

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

Está previsto realizar una evaluación del presente Reglamento cada cinco años desde la entrada en vigor de la tarjeta electrónica europea de servicios. Esta evaluación incluirá también una valoración de la cooperación entre las autoridades de coordinación en los Estados miembros y considerará la necesidad de adaptar los procedimientos de la tarjeta electrónica europea de servicios habida cuenta de los últimos avances en materia de administración electrónica. Asimismo, se invitará a los Estados miembros, a los prestadores de servicios, a los interlocutores sociales y a las demás partes interesadas a evaluar el funcionamiento de la iniciativa. Se estudiará la opción de utilizar indicadores específicos que permitan evaluar los efectos del Reglamento, como el número de prestadores de servicios que utilizan la tarjeta electrónica europea de servicios, su experiencia en lo relativo a la carga administrativa, la agilidad de los procedimientos empleados o el número de intercambios de información entre Estados miembros.

Dado que en junio de 2019 está previsto realizar una revisión de determinados aspectos de la Directiva 2014/67/UE, el potencial de los mecanismos ofrecidos en virtud del artículo 6 deberá reevaluarse en el marco de dicha revisión. La revisión deberá tener en cuenta la experiencia adquirida por los Estados miembros que hayan optado por la posibilidad prevista en el artículo 6, apartado 3, del presente proyecto de Reglamento, que contempla que los trámites relativos al desplazamiento de trabajadores se lleven cabo a través de la plataforma electrónica conectada al IMI.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

El artículo 1 especifica el objeto del Reglamento propuesto, que introduce la tarjeta electrónica europea de servicios y los mecanismos administrativos conexos que pueden utilizar los prestadores para prestar servicios a nivel transfronterizo. También aclara que la coordinación de las disposiciones nacionales necesaria para poder ofrecer dicha tarjeta electrónica está establecida en la Directiva (de la tarjeta electrónica europea de servicios) que se adoptará al mismo tiempo.

El artículo 2 define el alcance de las actividades para las que se dispone de la tarjeta electrónica europea de servicios, así como las actividades, ámbitos y cuestiones específicos que no abarca la tarjeta electrónica, conforme al patrón establecido por la Directiva 2006/123/CE.

Asimismo, señala que, al igual que la Directiva 2006/123/CE, el presente Reglamento no afecta a la definición u organización de los servicios de interés económico general ni a las normas gobernadas por el Derecho de competencia. Tampoco afecta a la diversidad cultural ni lingüística ni al pluralismo de los medios de comunicación. Por último, el Reglamento no afecta a las disposiciones del Derecho penal general, el Derecho laboral, el Derecho fiscal y el Derecho social.

Al igual que en el caso de la Directiva 2006/123/CE, se indica claramente que el presente Reglamento no resultará de aplicación en aquellos casos en que entre en conflicto con otros actos de la Unión por los que se regulan aspectos concretos del acceso a una actividad de servicios en sectores específicos o para sectores concretos o profesiones determinadas, así como de su ejercicio.

El artículo 3 contiene las definiciones aplicables al presente Reglamento.

El artículo 4 define los elementos básicos de las solicitudes de la tarjeta electrónica europea de servicios, que deben ser los mismos en toda la UE, y otorga competencias de ejecución a la Comisión para que especifique el formulario normalizado y los detalles técnicos, así como los poderes delegados para especificar aún más el tipo de información complementaria y, en circunstancias excepcionales que justifiquen su necesidad, los documentos que deben acompañar a la solicitud.

El artículo 5 establece una obligación impuesta a los distribuidores de seguros y a los organismos designados por los Estados miembros para proporcionar cobertura de seguro obligatoria de aportar un certificado de seguro previa solicitud de sus tomadores de seguros. También define los elementos fundamentales de tal certificado y prevé la posibilidad de que la Comisión defina un formulario normalizado mediante actos de ejecución.

El artículo 6 permite a los titulares de la tarjeta electrónica europea de servicios llevar a cabo los trámites para el traslado de personal conforme a la Directiva 2005/36/CE mediante una plataforma electrónica conectada al IMI y coordinada por la autoridad de coordinación del Estado miembro de origen. Para el desplazamiento de trabajadores de acuerdo con las Directivas 96/71/CE y 2014/67/UE, se aplicará la misma posibilidad en relación con los Estados miembros que comuniquen a la Comisión que debe aplicarse esta posibilidad para el desplazamiento de trabajadores en sus territorios. Además, cuando los Estados miembros hayan establecido procedimientos que permitan completar la declaración relativa al desplazamiento de trabajadores con arreglo al artículo 9 de la Directiva 2014/67/UE por medios electrónicos, la plataforma electrónica conectada al IMI remitirá al titular de la tarjeta a los procedimientos nacionales pertinentes.

El artículo 7 permite a los solicitantes de una tarjeta electrónica europea de servicios llevar a cabo los trámites necesarios para la libre circulación de trabajadores por cuenta propia conforme a la Directiva 2005/36/CE mediante una plataforma electrónica conectada al IMI y coordinada por la autoridad de coordinación del Estado miembro de origen. Permite, asimismo, sustituir los certificados de cualificaciones profesionales exigidos con arreglo a la Directiva 2005/36/CE por un formulario de solicitud completo de una tarjeta electrónica europea de servicios.

El artículo 8 establece que los procedimientos de solicitud, expedición, actualización, suspensión, retirada y cancelación de la tarjeta electrónica europea de servicios serán totalmente electrónicos y estarán disponibles a través de una plataforma electrónica conectada al IMI, sin perjuicio del procedimiento interno entre las autoridades de coordinación y las autoridades competentes de los Estados miembros. También concede competencias de ejecución a la Comisión para que adopte especificaciones técnicas para los procedimientos electrónicos previamente mencionados.

El artículo 9 proporciona normas comunes en cuanto a la forma y los idiomas en los que se presentarán los documentos en el marco del procedimiento para obtener la tarjeta electrónica europea de servicios. También otorga a la Comisión competencias de ejecución para adoptar normas técnicas para la traducción de la información y los documentos utilizados en el marco del procedimiento para obtener la tarjeta electrónica europea de servicios.

El artículo 10 define los principios que aclaran qué tasas cobrarán los Estados miembros de origen y de acogida, que no superarán los costes en los que incurran directamente los Estados miembros. También concede a la Comisión competencias de ejecución para establecer normas técnicas sobre las modalidades y procedimientos de pago.

El artículo 11 establece la obligación de los distribuidores de seguros de emitir, previa solicitud de un tomador de seguros, una certificación de los siniestros de los que se derive responsabilidad frente a terceros en cuanto a las actividades del tomador. También faculta a la Comisión para adoptar normas de ejecución en cuanto a un formato normalizado de la certificación.

El artículo 12 exige a los distribuidores de seguros y a los organismos designados por un Estado miembro para proporcionar cobertura de seguro obligatoria que tengan debidamente en cuenta, y de forma no discriminatoria, la certificación presentada por un prestador en su política de aceptación y en el cálculo de las primas.

El artículo 13 exige a las organizaciones profesionales que ofrecen cobertura de grupo en relación con el seguro de responsabilidad profesional a sus miembros o a otros prestadores de servicios determinados que brinden acceso a ella de forma no discriminatoria a los prestadores procedentes de otros Estados miembros que manifiesten interés, incluidos los titulares de una tarjeta electrónica europea de servicios.

El artículo 14 contempla una obligación mutua de intercambio de información entre las autoridades de coordinación participantes. También se otorgan a la Comisión competencias de ejecución para definir los detalles técnicos relativos al procesamiento de dicho intercambio de información.

El artículo 15 regula el ejercicio de delegación por parte de la Comisión previsto en el artículo 4.

En el artículo 16 se definen el Comité que asistirá a la Comisión en la adopción de los actos de ejecución y el procedimiento aplicable de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

El artículo 17 establece la obligación de los Estados miembros de designar a la autoridad de coordinación facultada para llevar a cabo las tareas previstas en el Reglamento y la Directiva que establece un marco operativo para la tarjeta electrónica europea de servicios, así como de comunicarla a la Comisión y registrarla en el IMI.

Los artículos 18 y 19 imponen a la Comisión obligaciones de seguimiento y evaluación en lo relativo al impacto del presente Reglamento en la libertad de establecimiento y la libertad de prestar servicios en otros Estados miembros. También se hace referencia a la revisión de los mecanismos previstos en virtud del artículo 6, como parte de la revisión con arreglo a la Directiva 2014/67/UE.

El artículo 20 contempla la modificación del Reglamento (UE) n.º 1024/2012 sobre el IMI, con el fin de incluir la tarjeta electrónica europea de servicios en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

El artículo 21 tiene por objeto la entrada en vigor y la aplicación. Las fechas correspondientes se adaptan a las fechas contempladas en la Directiva.

2016/0403 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se introduce una tarjeta electrónica europea de servicios y los mecanismos administrativos conexos

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 16 ,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones 17 ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) garantiza a los prestadores de servicios la libertad de establecimiento en los Estados miembros y la libre prestación de servicios entre Estados miembros.

(2)La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 18 establece disposiciones generales que facilitan el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de servicios. Prevé, entre otras cosas, que los Estados miembros deben velar por la simplificación administrativa, por ejemplo haciendo uso de las ventanillas únicas, así como aceptando los seguros de responsabilidad profesional equivalentes que ya tienen contratados los prestadores de servicios en su Estado miembro de origen.

(3)La Directiva 2006/123/CE requiere que los Estados miembros establezcan y mantengan constantemente actualizadas ventanillas únicas en las que los prestadores de servicios que deseen establecerse o prestar servicios puedan encontrar toda la información necesaria sobre los requisitos que deben cumplir y sobre los procedimientos electrónicos vinculados con cada uno de los trámites, autorizaciones y notificaciones que deben llevar a cabo. No obstante, los prestadores de servicios siguen enfrentándose a obstáculos costosos en materia de información y a dificultades para llevar a cabo los procedimientos nacionales a distancia, especialmente para los requisitos relacionados con un sector específico. En principio, la cooperación entre las administraciones de los distintos Estados miembros debe realizarse mediante el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), una plataforma informática que permite el intercambio transfronterizo de información y asistencia mutua entre las autoridades de diferentes Estados miembros en virtud de la Directiva. A pesar de que en algunas ocasiones las autoridades tienen dudas sobre el establecimiento legal de un prestador en otro Estado miembro, no se están aprovechando al máximo las posibilidades de cooperación que ofrece actualmente el IMI.

(4)Siguen existiendo requisitos que hacen que la expansión de las operaciones de los prestadores de servicios en el mercado interior resulte gravosa y poco atractiva, como por ejemplo los múltiples y diversos regímenes de autorización ante diferentes autoridades, que, en lo relativo al establecimiento, impiden el reconocimiento mutuo de condiciones que ya se cumplen en otros Estados miembros o que, en lo relativo a la prestación transfronteriza de servicios de manera temporal, suponen la aplicación de limitaciones desproporcionadas o injustificadas. Como consecuencia de ello, los prestadores de servicios se enfrentan a múltiples costes de conformidad desproporcionados a la hora de operar de forma transfronteriza.

(5)Los trámites asociados a las autorizaciones y notificaciones con frecuencia exigen rellenar formularios y presentar documentos en papel, que deben traducirse a un coste significativo, y que incluso deben cumplir requisitos de formularios concretos, como certificación o autenticación. La información relativa a estos obstáculos no está disponible en línea o bien es escasa, está incompleta o dispersa, o resulta difícil de interpretar en cuanto a las circunstancias concretas de la expansión transfronteriza de un prestador, ya que a menudo solo trata situaciones del ámbito nacional. A menudo los prestadores de servicios suelen exponerse al riesgo de presentar la información y los documentos varias veces, y a someterse a controles por duplicado con distintas autoridades en el mismo Estado miembro. Los importantes costes de traducción también suponen un gran elemento disuasorio para que las empresas den los primeros pasos hacia el ámbito transfronterizo.

(6)En determinados servicios prestados a las empresas y en determinados servicios de construcción, el comercio y la inversión transfronterizos son especialmente bajos, lo que demuestra que existe un potencial para integrar mejor los mercados de servicios que afecta muy negativamente al resto de la economía. Este rendimiento insuficiente genera situaciones en las que no se está aprovechando plenamente el potencial de crecimiento y empleo adicional en el mercado único.

(7)Hacer frente a los obstáculos que siguen dificultando la realización de más actividades transfronterizas en el ámbito de los servicios ayudará a reforzar la competencia, derivará en más posibilidades de elección y mejores precios para los consumidores, así como en sectores de servicios más competitivos que generarán nuevos puestos de trabajo, promoverán la productividad y garantizarán un clima más atractivo para la inversión y la innovación.

(8)El objetivo del presente Reglamento es facilitar la libertad de establecimiento y libre circulación de servicios dentro del mercado único en los ámbitos que ya abarca la Directiva 2006/123/CE mediante la adopción de medidas adicionales sobre la aproximación de las disposiciones cuyo fin es el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Debe basarse en el artículo 114 del TFUE.

(9)Teniendo esto en cuenta, el presente Reglamento introduce una tarjeta electrónica europea de servicios que debe facilitar que determinados prestadores de servicios amplíen su actividad de prestación de servicios dentro de las fronteras del mercado interior, ya sea mediante la prestación temporal de servicios o mediante el establecimiento secundario a través de sucursales, agencias u oficinas.

(10)De esta forma, el Reglamento va dirigido específicamente a los sectores de servicios prestados a las empresas y servicios de construcción incluidos en la Directiva... [Directiva de la tarjeta electrónica europea de servicios ]... que se enfrentan a los obstáculos reglamentarios y administrativos más estrictos de cara a la expansión transfronteriza y, por tanto, poseen un potencial desaprovechado de integración en el mercado interior.

(11)Todas las cuestiones, actividades y campos excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE deben seguir excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento. En particular, el presente Reglamento no afecta a cuestiones, actividades y campos como los derivados del Derecho fiscal, social o laboral, incluida toda disposición legal o contractual relativa a las condiciones de empleo o de trabajo, como la salud y la seguridad en el trabajo y la relación entre los empleadores y los trabajadores. Del mismo modo, el presente Reglamento no afecta a la legislación de los Estados miembros en materia de seguridad social. El presente Reglamento también deberá entenderse sin perjuicio de cualquier disposición derivada del Derecho de competencia, así como de toda norma sobre la legislación o la jurisdicción aplicables en virtud del Derecho internacional privado.

(12)En aras de la coherencia, cualquier posible conflicto entre el presente Reglamento y otros actos de la UE que rigen aspectos concretos del acceso a una actividad de prestación de servicios en un sector concreto o a su ejercicio debe resolverse con la aplicación de dichos actos, como estipula el artículo 3 de la Directiva 2006/123/CE en relación con los conflictos entre la Directiva y tales actos. Por consiguiente, las disposiciones del presente Reglamento no pueden emplearse para justificar regímenes de autorización previa, regímenes de notificación previa o requisitos de establecimiento que hayan sido prohibidos por otros actos de la UE por los que se rigen aspectos concretos del acceso a una actividad de servicios en un sector específico, así como de su ejercicio, como por ejemplo la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000 19 . Como consecuencia de lo anterior, el presente Reglamento no afecta en modo alguno a las obligaciones que deben respetar los prestadores de servicios con arreglo a la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 20 y la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo  21 .

(13)Debe introducirse la tarjeta electrónica europea de servicios como alternativa voluntaria para los prestadores de servicios. Los prestadores de servicios deben continuar disfrutando de la posibilidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la hora de ampliar sus operaciones a otros países en el marco de otras autorizaciones y notificaciones introducidas en virtud de la legislación nacional de los Estados miembros en cuestión. Un prestador de servicios debe poder optar por no solicitar una tarjeta electrónica europea de servicios cuando no lo considere conveniente.

(14)La tarjeta electrónica europea de servicios debe ser completamente electrónica, basarse casi exclusivamente en datos obtenidos de fuentes fiables, limitar el uso de documentos al mínimo necesario y permitir el procesamiento en múltiples lenguas para evitar costes de traducción. Con el fin de conseguir que el procedimiento sea totalmente electrónico y permita la cooperación administrativa entre los Estados miembros de origen y de acogida, el Sistema de Información del Mercado Interior creado mediante el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 22 debe utilizarse en virtud del presente Reglamento. Debe crearse una plataforma electrónica específica con el fin de expedir, actualizar, suspender, retirar o cancelar las tarjetas electrónicas europeas de servicios, así como para poner las tarjetas electrónicas europeas de servicios válidas a disposición de sus titulares y de las autoridades competentes por medios electrónicos.

(15)Con el fin de presentar una solicitud de una tarjeta electrónica europea de servicios, debe proporcionarse un formulario multilingüe armonizado que garantice que se incluyen los elementos necesarios para identificar al prestador y los servicios para los cuales se solicita la tarjeta electrónica, así como para evaluar los requisitos específicos aplicables a los servicios en cuestión, como los relativos a las pruebas que demuestren el establecimiento en el Estado de origen, la honorabilidad o la cobertura de seguro. De ese modo, dichos elementos se ponen a disposición de las autoridades de coordinación tanto en los Estados miembros de origen como en los de acogida.

(16)Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, con el fin de especificar los detalles de la información que debe contener el formulario de solicitud normalizado y los documentos que deben incluirse en la solicitud como justificante. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(17)Durante la aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros deben informar y notificar a la Comisión acerca de los procedimientos impuestos en virtud de la legislación nacional aplicable a los prestadores transfronterizos entrantes que deseen prestar servicios de forma temporal o a través de una sucursal, agencia u oficina, incluida la información y los documentos a los que pertenecen dichos procedimientos, para permitir la elaboración de los formularios de solicitud. Con el fin de garantizar la aplicación uniforme en cuanto a la información necesaria que debe aportarse para solicitar la tarjeta electrónica europea de servicios, deben concederse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 23 .

(18)Puede resultar complicado encontrar una descripción de las condiciones de cobertura de un seguro obligatorio o voluntario incluido en contratos escritos. Los distribuidores de seguros, así como los organismos designados por un Estado miembro para brindar el seguro obligatorio, deben, por tanto, aportar una descripción de los elementos principales de la cobertura a su cliente en forma de certificado de seguro. Este certificado debe adjuntarse al formulario de solicitud. Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de esta parte del Reglamento, deben otorgarse competencias de ejecución a la Comisión para que adopte un formato armonizado para los certificados. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(19)Es posible que los titulares de la tarjeta electrónica europea de servicios quieran trasladar a trabajadores al territorio del Estado miembro de acogida. Cuando lo hagan, los prestadores de servicios pueden estar sujetos a requisitos, como las declaraciones previas destinadas al Estado miembro de acogida, que son necesarias para proteger a los trabajadores desplazados. La tarjeta electrónica europea de servicios no afectará en modo alguno al contenido de tales declaraciones y las responsabilidades del Estado miembro de acogida a este respecto.

(20)Debe ponerse a disposición de los titulares de una tarjeta electrónica europea de servicios una plataforma electrónica conectada al IMI, que desarrollará la Comisión, con el fin de facilitar la realización de los trámites que, según cada caso, deban completarse en el Estado miembro de acogida. Estos trámites se refieren en particular a la posible obligación de realizar declaraciones previas de las cualificaciones profesionales de los trabajadores de conformidad con la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 24 .

(21)Por lo que se refiere a la declaración previa que puede requerirse conforme al artículo 9 de la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 25 , la plataforma electrónica conectada al IMI debe remitir a los titulares de una tarjeta electrónica europea de servicios a los procedimientos electrónicos nacionales establecidos en el Estado miembro de acogida al que se desplacen los trabajadores, siempre que tales procedimientos nacionales contemplen la presentación electrónica de dicha declaración previa.

(22)La Comisión debe poner la plataforma electrónica conectada al IMI a disposición de a los Estados miembros que hayan comunicado a la Comisión su intención de hacer uso de esta posibilidad. Cuando los Estados miembros decidan permitir la utilización del IMI para el envío de la declaración previa relativa a los trabajadores desplazados a su territorio, los titulares de una tarjeta electrónica europea de servicios deberán poder presentar una declaración con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 2014/67/UE directamente a la autoridad competente del Estado miembro de acogida tal como se define en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2014/67/UE, a través de la plataforma electrónica conectada al IMI. A tal fin, el Estado miembro de acogida debe proporcionar todos los elementos exigidos de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra a), y apartado 2, de la Directiva 2014/67/UE como base de un formulario multilingüe que deberá presentarse para la declaración de los trabajadores desplazados a su territorio. La Comisión debe publicar el formulario en el Diario Oficial y en la plataforma electrónica conectada al IMI. La información pertinente en relación con los elementos exigidos debe estar disponible para el Estado miembro de acogida de que se trate y debe cumplir plenamente los requisitos lingüísticos establecidos en el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2014/67/UE. La experiencia de estos Estados miembros en relación con la utilización de la plataforma electrónica conectada al IMI debe formar parte de la evaluación prevista en el artículo 19, párrafo segundo, del presente Reglamento.

(23)Con el fin de garantizar una aplicación uniforme del presente Reglamento en cuanto a los procedimientos necesarios para expedir y actualizar una tarjeta electrónica europea de servicios, así como para los trámites relativos al traslado de personal y a la circulación de trabajadores por cuenta propia distinto del mencionado en el considerando anterior, deben otorgarse competencias de ejecución a la Comisión para que adopte normas relativas al procesamiento electrónico de tales procedimientos. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(24)Los procedimientos administrativos nacionales en apoyo de los procedimientos que se rigen por el presente Reglamento serán electrónicos si los Estados miembros en cuestión así lo deciden. Sin embargo, los Estados miembros pueden utilizar el Sistema de Información del Mercado Interior establecido por el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 para los fines nacionales de cooperación administrativa.

(25)Los procedimientos para expedir, actualizar, suspender o retirar una tarjeta electrónica europea de servicios deben utilizar documentos solamente en circunstancias excepcionales, cuando sea absolutamente imprescindible contar con información más detallada. En cualquier caso, todos los documentos se utilizarán y aceptarán en forma de copia simple.

(26)En el marco de los trámites para el traslado de personal como profesionales regulados o para la circulación de trabajadores por cuenta propia en relación con el control de cualificaciones profesionales, la legislación de la UE puede prever que los documentos se presenten de manera especial, por ejemplo como documentos certificados o legalizados. Tal certificación y legalización, una vez realizadas en el Estado miembro donde se expidió inicialmente el documento en cuestión, deben aceptarse en toda la UE.

(27)En virtud de este Reglamento no debe exigirse la traducción jurada de documentos. Las plataformas electrónicas en las que se gestionarán los procedimientos deben proporcionar una solución técnica para la traducción de su contenido. Con el fin de garantizar la aplicación uniforme de esta parte del Reglamento, deben otorgarse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este Reglamento no debe abarcar las normas para la traducción de documentos en el contexto del desplazamiento de trabajadores ni para la solicitud de certificados en relación con sus contribuciones a la seguridad social.

(28)Los Estados miembros tienen derecho a cobrar tasas solo en la medida en que cubran los costes específicos asumidos para llevar a cabo el procedimiento. Los costes que ya asuma el presupuesto de la Unión no deben conllevar el cobro de tasas por los Estados miembros. Los Estados miembros deben comunicar las tasas cobradas a la Comisión a través del IMI y publicar la información. Dado que el IMI ofrecerá básicamente todos los mecanismos necesarios, los Estados miembros no deben, entre otras cosas, cobrar tasas por actualizar, suspender, retirar o cancelar una tarjeta electrónica europea de servicios. Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de las disposiciones relativas al pago de tasas, deben otorgarse competencias de ejecución a la Comisión para que adopte normas relativas al procesamiento y las modalidades de pago. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(29)El presente Reglamento se basa en la mejora de la cooperación administrativa entre los Estados miembros de origen y de acogida, que debe incluir intercambios de información y el uso de registros nacionales interconectados para obtener o verificar la información obtenida previamente, como los registros exigidos por la Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 26 y por el Reglamento (UE) n.º 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo 27 . Con el fin de garantizar una aplicación uniforme en cuanto a la gestión y el procesamiento de los intercambios de información y asistencia mutua, deben otorgarse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(30)Los prestadores de servicios que están obligados a contratar un seguro de responsabilidad profesional en los Estados miembros en los que no hayan operado con frecuencia experimentan dificultades para demostrar su historial de siniestralidad en cuanto a la cobertura obtenida en otro país. Los historiales de siniestralidad son un elemento esencial para los distribuidores de seguros a la hora de comprobar y evaluar el perfil de riesgo de un posible cliente. Es difícil de demostrar debido a la escasa comunicación entre los distribuidores de seguros de todo el mercado interior, pero también debido a las disparidades a la hora de describir el historial del asegurado, incluso dentro del mismo Estado miembro. Los distribuidores de seguros y los organismos designados por un Estado miembro para proporcionar cobertura de seguro obligatoria deben, por tanto, estar obligados a emitir una certificación de los siniestros de los que se derive responsabilidad frente a terceros que después pueden utilizarse en otros países e incluso a nivel nacional, en caso de que un prestador de servicios cambie de distribuidor de seguros.

(31)Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de este Reglamento en cuanto a la presentación de la descripción de la responsabilidad, deben otorgarse competencias de ejecución a la Comisión para que adopte normas sobre un formato normalizado para presentar dicha certificación. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(32)Una certificación relativa al historial de siniestralidad debería ayudar a los distribuidores de seguros y a los organismos designados por un Estado miembro para que proporcionen un seguro de responsabilidad profesional obligatorio a prohibir las prácticas discriminatorias contra los prestadores transfronterizos cuya información es más escasa y difícil de conseguir. Debe aplicarse el mismo principio de no discriminación a las organizaciones profesionales que ofrecen cobertura de grupo a sus miembros o a otros prestadores de servicios.

(33)El Estado miembro debe designar una única autoridad de coordinación para que lleve a cabo las tareas contempladas en el presente Reglamento, sin perjuicio de las competencias establecidas en la legislación nacional aplicable. Dichas autoridades deben estar registradas como autoridad competente en el Sistema de Información del Mercado Interior a efectos del Reglamento (UE) n.º 1024/2012 y deben haberlo comunicado a la Comisión.

(34)Debe supervisarse y evaluarse la aplicación de este Reglamento para determinar su impacto en los costes de la ampliación de las operaciones al ámbito transfronterizo, el aumento de la transparencia acerca de los prestadores transfronterizos, la competencia, los precios y la calidad de los servicios prestados. Deben evaluarse periódicamente los efectos del presente Reglamento y el funcionamiento práctico de la cooperación entre las autoridades de coordinación. Esta supervisión se llevará a cabo en colaboración con los Estados miembros, los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes.

(35)Con el fin de adaptar el funcionamiento del IMI a las tareas conferidas por el presente Reglamento, debe modificarse el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 en consecuencia.

(36)Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, habida cuenta del riesgo de complejidad e incoherencia de los enfoques reglamentarios de determinados servicios entre diferentes Estados miembros y gracias a la mejora de la armonización y la coordinación administrativa dentro de la UE, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(37)El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, mediante la introducción de la tarjeta electrónica europea de servicios y los procedimientos y mecanismos administrativos conexos, el presente Reglamento tiene por objeto promover el derecho de establecimiento y el derecho a prestar servicios en cualquier Estado miembro, evitando cualquier discriminación por razón de la nacionalidad y garantizando un procedimiento imparcial, justo y razonablemente rápido, con arreglo a los artículos 15, 21 y 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, garantizando al mismo tiempo el pleno respeto de la protección de datos personales, según lo previsto, entre otros, en el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo 28 , y teniendo en cuenta debidamente el riesgo de abuso de los derechos contemplados en los artículos 8 y 54 de la Carta, respectivamente.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto

El presente Reglamento introduce una tarjeta electrónica europea de servicios y los mecanismos administrativos conexos, accesibles en toda la Unión Europea a los prestadores de servicios que deseen disponer de dicha tarjeta electrónica.

Con el fin de brindar acceso a dicha tarjeta electrónica europea de servicios para iniciar y llevar a cabo actividades como prestador de servicios, la coordinación necesaria de lo dispuesto mediante actos legislativos, reglamentarios o administrativos en un Estado miembro se establece en la Directiva (de la tarjeta electrónica europea de servicios)...

Artículo 2
Ámbito de aplicación

1.El presente Reglamento se aplica a los servicios que figuran en el anexo de la Directiva (de la tarjeta electrónica europea de servicios).

2.Este Reglamento no afecta a las cuestiones mencionadas en el artículo 1, apartados 2 a 7, de la Directiva 2006/123/CE.

No se aplicará a las actividades y los ámbitos a los que se refiere el artículo 2, apartados 2 y 3, de la Directiva 2006/123/CE.

3.Si surge un conflicto entre las disposiciones del presente Reglamento y una disposición de otro acto de la Unión relativo a aspectos concretos del acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio en sectores concretos o para profesiones determinadas, primarán las disposiciones del otro acto y se aplicarán a esas profesiones o sectores concretos.

El presente Reglamento, en particular su capítulo III, se aplicará sin perjuicio a los derechos de los trabajadores, las obligaciones de los prestadores de servicios y los controles relacionados en los Estados miembros en virtud de las Directivas 96/71/CE y 2014/67/UE.

Artículo 3
Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1.«información sobre la honorabilidad de un prestador»: la información tal y como se define en el artículo 33, apartado 1, de la Directiva 2006/123/CE;

2.«documento electrónico»: un documento electrónico según lo definido en el artículo 3, apartado 35, del Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 29 ;

3.«IMI»: el Sistema de Información del Mercado Interior establecido por el Reglamento (CE) n.º 1024/2012;

4.«documento público»: cualquier documento expedido por las autoridades de un Estado miembro con arreglo a su legislación nacional relativo a cuestiones pertinentes para los procedimientos que se rigen por el presente Reglamento, a saber:

a) documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, incluyendo los provenientes del Ministerio Fiscal o de un secretario, oficial o agente judicial («huissier de justice»);

b) documentos administrativos;

c) actas notariales;

d) certificados oficiales pertenecientes a documentos firmados por particulares a título personal, tales como certificados oficiales que reflejan el registro de un documento o el hecho de que existía en una fecha determinada y autenticaciones de firmas oficiales y notariales;

e) documentos elaborados por los agentes diplomáticos o consulares de un Estado miembro que operan en el territorio de cualquier Estado miembro en el ejercicio de sus funciones oficiales, cuando tales documentos tengan que ser presentados en el territorio de otro Estado miembro o a los agentes diplomáticos o consulares de otro Estado miembro que operen en el territorio de un tercer Estado;

5.«legalización»: el procedimiento formal de certificación de la autenticidad de la firma de un funcionario o cargo público, la calidad en la que ha actuado el signatario del documento y, si procede, la identidad del sello o estampilla que figura en el documento;

6.«trámite de la apostilla»: el trámite que puede ser necesario para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en la que ha actuado el signatario del documento y, si procede, la identidad del sello o estampilla que figura en el documento expedido por la autoridad competente del Estado del que procede el documento tal y como contempla el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros (Convenio sobre Apostilla);

7.«copia certificada»: una copia de un documento original firmada y certificada como reproducción completa y precisa del documento original por parte de una autoridad facultada para ello en virtud de la legislación nacional;

8.«traducción jurada»: una traducción llevada a cabo por una persona cualificada para ello según la legislación del Estado miembro;

9.«seguro de responsabilidad profesional»: un seguro de responsabilidad profesional con arreglo a la definición del artículo 23, apartado 5, de la Directiva 2006/123/CE;

10.«servicio»: un servicio según la definición recogida en el artículo 4, punto 1, de la Directiva 2006/123/CE;

11.«prestador»: un prestador según la definición recogida en el artículo 4, punto 2, de la Directiva 2006/123/CE;

12.«Estado miembro de establecimiento»: un Estado miembro de establecimiento según la definición recogida en el artículo 4, punto 4, de la Directiva 2006/123/CE;

13.«establecimiento»: un establecimiento según la definición recogida en el artículo 4, punto 5, de la Directiva 2006/123/CE;

14.«Estado miembro de origen»: Estado miembro ante el que un prestador presenta una solicitud de tarjeta electrónica europea de servicios;

15.«Estado miembro de acogida»: Estado miembro para el que un prestador manifiesta su intención de utilizar una tarjeta electrónica europea de servicios;

16.«requisito»: un requisito según la definición recogida en el artículo 4, punto 7, de la Directiva 2006/123/CE;

17.«autoridad de coordinación»: la autoridad designada de conformidad con el artículo 17;

18.«autoridad competente»: cualquiera de las siguientes:

i) una autoridad competente según la definición recogida en el artículo 4, punto 9, de la Directiva 2006/123/CE;

ii) una autoridad competente según la definición recogida en el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva 2005/36/CE;

iii) cualquier autoridad u organismo encargado del registro central, comercial o mercantil en un Estado miembro;

iv) cualquier autoridad fiscal de un Estado miembro;

19.«distribuidor de seguros»: un distribuidor de seguros según la definición recogida en el artículo 2, apartado 1, punto 8, de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo 30 .

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO PARA EXPEDIR UNA TARJETA ELCTRÓNICA EUROPEA DE SERVICIOS

Artículo 4
Solicitud de la tarjeta electrónica europea de servicios

1.Los prestadores pueden decidir solicitar una tarjeta electrónica europea de servicios.

Todas las solicitudes de tarjetas electrónicas europeas de servicios se presentarán en una plataforma electrónica conectada al IMI mediante un formulario multilingüe normalizado.

El formulario normalizado estará compuesto por los elementos siguientes:

a) identificación del prestador, que incluirá, cuando proceda, los números de registro en registros centrales, comerciales o mercantiles y con fines fiscales y de seguridad social;

b) identificación de la actividad del servicio, el Estado miembro de acogida y el tipo de tarjeta electrónica europea de servicios previstos;

c) determinación de si está previsto prestar servicios de la sociedad de la información;

d) información relativa al establecimiento del prestador en el Estado miembro de acogida en relación con la actividad de servicios identificada con arreglo a lo dispuesto en la letra b), incluida la fecha de establecimiento inicial y la identificación de otros Estados miembros de establecimiento;

e) requisitos a los que está sujeto el solicitante para la prestación del servicio en su Estado miembro de origen, como cualificaciones o certificaciones;

f) información sobre la honorabilidad del prestador;

g) información sobre cualquier seguro de responsabilidad profesional con el que cuente el prestador respecto a la responsabilidad profesional en el territorio del Estado miembro de origen, incluida la información sobre la cobertura de las actividades desempeñadas en el territorio de otros Estados miembros, cuando proceda;

h) una referencia a tarjetas electrónicas europeas de servicios expedidas previamente para el mismo prestador y la misma actividad del servicio identificados conforme a lo dispuesto en las letras a) y b).

2.La Comisión especificará cómo debe presentarse la información mencionada en las letras a) a h) en el formulario normalizado y establecerá la información técnica del formulario normalizado en toda la Unión mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

La solicitud incluirá todos los documentos justificativos necesarios, cargados por el solicitante en la plataforma electrónica en la que se proporcionará el formulario de solicitud normalizado.

3.La Comisión posee competencias para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 15 para especificar con más detalle:

a) detalles sobre los elementos informativos del formulario normalizado enumerados en el apartado 1, letras a) a h), que se recogerán en el formulario normalizado;

b) documentos adicionales o categorías de documentos que excepcionalmente sea necesario incluir como justificación;

4.Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información sobre los pasos del procedimiento relativos a los requisitos impuestos a los prestadores para la prestación de servicios por medio de una sucursal, agencia u oficina y para la prestación temporal de los servicios de carácter transfronterizo contemplados por la Directiva ...[Directiva de la tarjeta electrónica europea de servicios]..., necesaria para la elaboración de los formularios de solicitud normalizados, indicando la información y los documentos que el prestador debe presentar en virtud de la legislación nacional en cuanto a todos los requisitos aplicables, mediante el IMI el [nueve meses tras la entrada en vigor del presente Reglamento] y en la medida en que la información no figure en la notificación del propio requisito ya presentada conforme al artículo 15, apartado 7, y artículo 39, apartado 5, de la Directiva 2006/123/CE.

5.Mediante el IMI los Estados miembros comunicarán a la Comisión los cambios producidos en la información previamente transmitida a la Comisión con arreglo al apartado 4 antes de la entrada en vigor de la legislación en cuestión.

Artículo 5
Certificado de seguro

1.Cuando se introduzca la información sobre la cobertura de seguro en el formulario normalizado, conforme al artículo 4, apartado 1, párrafo tercero, letra g), deberá adjuntarse al formulario de solicitud el correspondiente certificado de seguro.

El distribuidor de seguros o el organismo designado por un Estado miembro para proporcionar el seguro obligatorio proporcionará el certificado al solicitante previa solicitud.

El certificado de seguro contendrá información sobre la existencia de un seguro de responsabilidad profesional que cubra los servicios en cuestión, incluido el alcance territorial de dicha cobertura en otros Estados miembros, los riesgos asegurados, la duración, las cuantías aseguradas para cada siniestro y para todos los siniestros en el transcurso de un año y las posibles exclusiones.

2.La Comisión podrá adoptar un formato armonizado para el certificado de seguro, tal y como se especifica en el apartado 1, párrafo segundo, mediante un acto de ejecución.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

CAPÍTULO III
TRÁMITES DE TRASLADO DE PERSONAL Y CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

Artículo 6
Trámites para personal trasladado

1.Los prestadores que se encuentren en posesión de una tarjeta electrónica europea de servicios pueden presentar una declaración previa tal y como especifica el artículo 7 de la Directiva 2005/36/CE en relación con las cualificaciones profesionales de los trabajadores que tengan previsto trasladar al Estado miembro de acogida, en relación con la actividad de servicios para la que sea aplicable la tarjeta electrónica, a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, con arreglo al artículo 3, apartado 18, inciso ii), del presente Reglamento, mediante una plataforma electrónica conectada al IMI.

El párrafo anterior no se aplicará a las declaraciones previas con respecto a las cualificaciones profesionales de las profesiones reguladas:

i) con implicaciones para la seguridad y la salud públicas, que no se beneficien del reconocimiento automático en virtud del título III, capítulos II, III o III bis, de la Directiva 2005/36/CE;

ii) para las cuales se haya introducido una tarjeta profesional europea, con arreglo a la Directiva 2005/36/CE.

La declaración en cuanto a las cualificaciones profesionales del personal trasladado se presentará como un formulario multilingüe junto con los documentos justificativos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 2005/36/CE.

Una declaración transmitida conforme a este apartado constituirá una declaración en virtud del artículo 7 de la Directiva 2005/36/CE.

2.Los prestadores que posean una tarjeta electrónica europea de servicios y tengan previsto desplazar a trabajadores en relación con la actividad de servicios en cuestión a un Estado miembro de acogida presentarán cualquier declaración de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2014/67/UE teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por los Estados miembros a tal efecto.

Cuando los Estados miembros hayan establecido procedimientos que permitan completar la declaración relativa al desplazamiento de trabajadores con arreglo al artículo 9 de la Directiva 2014/67/UE por medios electrónicos, la plataforma electrónica conectada al IMI mencionada en el apartado 1 remitirá al titular de la tarjeta a los procedimientos nacionales pertinentes.

3.Los prestadores que posean una tarjeta electrónica europea de servicios también pueden presentar una declaración con arreglo al artículo 9 de la Directiva 2014/67/UE, relativa a los trabajadores que tienen previsto desplazar al Estado miembro de acogida en relación con la actividad de servicios para la que la tarjeta es aplicable, a la autoridad competente del Estado miembro de acogida tal como se define en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2014/67/UE mediante la plataforma electrónica conectada al IMI mencionada en el apartado 1 cuando el Estado miembro de acogida haya comunicado a la Comisión que esta posibilidad debe aplicarse al desplazamiento de trabajadores en su territorio.

Para hacer uso de la posibilidad contemplada en el primer párrafo, el Estado miembro de acogida debe proporcionar todos los elementos exigidos de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra a), y apartado 2, de la Directiva 2014/67/UE como base de un formulario multilingüe que deberá presentarse para la declaración de los trabajadores desplazados a su territorio. La Comisión debe publicar el formulario en el Diario Oficial y en la plataforma electrónica conectada al IMI. La información pertinente en relación con los elementos exigidos debe estar disponible para el Estado miembro de acogida de que se trate y debe cumplir plenamente los requisitos lingüísticos establecidos en el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2014/67/UE.

Una declaración transmitida conforme a los párrafos primero y segundo constituirá una declaración válida a efectos del artículo 9, apartado 1, letra a), y apartado 2, de la Directiva 2014/67/UE, sin perjuicio de otros requisitos administrativos y medidas de control impuestas por el Estado miembro de acogida de conformidad con el artículo 9 de dicha Directiva.

Un Estado miembro de acogida podrá notificar a la Comisión que ya no desea aplicar la posibilidad prevista en el párrafo primero.

4.La Comisión tiene competencias para adoptar normas técnicas mediante actos de ejecución en lo que respecta al diseño del formulario multilingüe mencionado en el apartado 1. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

Artículo 7
Trámites para la circulación de trabajadores por cuenta propia

1.Los prestadores que sean personas físicas y soliciten una tarjeta electrónica europea de servicios pueden presentar una declaración previa relativa a sus propias cualificaciones profesionales en una plataforma electrónica conectada al IMI en las mismas condiciones descritas en el artículo 6, apartado 1, en cuanto a sus trabajadores.

En cuanto a las declaraciones previas relativas a las cualificaciones profesionales del prestador, los certificados a los que hace referencia el artículo 7, apartado 2, letras b) y d), de la Directiva 2005/36/CE se sustituirán por el formulario de solicitud para obtener una tarjeta electrónica europea de servicios completado y transmitido al Estado miembro de acogida con arreglo al artículo 11 de la Directiva [Directiva de la tarjeta electrónica europea de servicios]..., que demuestra el establecimiento del prestador.

2.Una declaración transmitida conforme al apartado 1 constituirá una declaración previa en virtud del artículo 7 de la Directiva 2005/36/CE.

3.La Comisión puede adoptar normas técnicas mediante actos de ejecución en lo que respecta al diseño del formulario multilingüe mencionado en el apartado 1. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA TARJETA ELECTRÓNICA EUROPEA DE SERVICIOS

Artículo 8
Procedimientos electrónicos

1.Los prestadores tendrán derecho a una gestión y un procesamiento totalmente electrónicos de los procedimientos para solicitar, expedir y actualizar una tarjeta electrónica europea de servicios, así como a realizar los trámites únicamente por medios electrónicos, con arreglo al artículo 6, apartados 1 y 3, y artículo 7.

La Comisión facilitará dichos procedimientos y trámites electrónicos en una plataforma electrónica conectada al IMI.

Los Estados miembros determinarán si los procedimientos entre sus autoridades de coordinación y las autoridades competentes participantes en los procedimientos de la tarjeta electrónica europea de servicios y en los trámites para el traslado de personal y la circulación de trabajadores por cuenta propia con arreglo a los artículos 6 y 7 serán o no electrónicos.

2.La Comisión adoptará especificaciones técnicas para el procesamiento y la gestión por vía electrónica de los procedimientos a los que hace referencia el apartado 1 mediante actos de ejecución, que incluirán medidas para garantizar la integridad, la confidencialidad y la precisión de la información, así como las condiciones y los procedimientos necesarios para que el titular de una tarjeta electrónica europea de servicios pueda descargar estos datos, con el fin de permitir que terceras partes accedan a dicha información y la verifiquen.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

3.Las autoridades de coordinación de los Estados miembros informarán al público acerca del funcionamiento y el valor añadido de la tarjeta electrónica europea de servicios y de los trámites de traslado de personal y circulación de trabajadores por cuenta propia con arreglo al artículo 6, apartado 1, y artículo 7.

Artículo 9
Formato de los documentos y traducción

1.En el marco de los procedimientos necesarios para expedir, actualizar, suspender o retirar una tarjeta electrónica europea de servicios, las autoridades competentes del Estado miembro aceptarán copias simples de los documentos y no exigirán que los documentos que se les presenten estén sujetos a legalización, trámites de apostilla, certificación ni autenticación.

2.En la medida en que, conforme a la legislación de la UE, sea necesaria una forma especial de los documentos utilizados para los trámites de traslado de personal y circulación de trabajadores por cuenta propia con arreglo al artículo 6, apartado 1, y artículo 7, las autoridades competentes de los Estados miembros según lo definido en el artículo 3, apartado 19, inciso ii), aceptarán:

a) documentos públicos, documentos certificados y sus copias certificadas, exentos del trámite de la apostilla y de toda forma de legalización;

b) documentos certificados o autenticados en el Estado miembro donde se expidieron, con arreglo a sus leyes, reglamentos o disposiciones o prácticas administrativas, en su forma certificada o autenticada;

c) copias certificadas expedidas en cualquier Estado miembro, con arreglo a las leyes del Estado miembro en el que se certificaron.

3.No se exigirá una traducción jurada para los documentos utilizados en el marco de los procedimientos para expedir, actualizar, suspender o retirar una tarjeta electrónica europea de servicios ni en el marco de los trámites del traslado de personal y la circulación de trabajadores por cuenta propia con arreglo al artículo 6, apartado 1, y artículo 7. Esto no afectará al derecho de los Estados miembros de exigir traducciones no juradas de documentos en sus propias lenguas oficiales, conforme a la legislación de la UE.

4.La Comisión adoptará normas técnicas para la traducción automática de la información y los documentos en el marco de los procedimientos para expedir, actualizar, suspender o retirar una tarjeta electrónica europea de servicios o en el contexto de los trámites del traslado de personal y la circulación de trabajadores por cuenta propia con arreglo al artículo 6, apartado 1, y artículo 7 mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

Artículo 10
Tasas por la expedición de una tarjeta electrónica europea de servicios
y relativas a los trámites de traslado de personal y circulación de trabajadores por cuenta propia
 

1.Toda tasa cobrada en el marco de un procedimiento para la expedición de una tarjeta electrónica europea de servicios será razonable y proporcional y no superará el coste directamente incurrido debido a las tareas específicas relacionadas con el procedimiento.

Los prestadores tendrán derecho a recibir el reembolso de las tasas abonadas de antemano ya sea al Estado miembro de origen o al de acogida en relación con las solicitudes que los Estados miembros no hayan examinado, verificado o completado con arreglo al artículo 11, apartado 1, de la Directiva... [Directiva de la tarjeta electrónica europea de servicios]...

No se cobrarán tasas por los siguientes procedimientos:

a) procedimientos para la actualización, suspensión, retirada o cancelación de una tarjeta electrónica europea de servicios;

b) presentación de información adicional por parte del titular de la tarjeta electrónica con arreglo al artículo 17, apartado 4, de la... [Directiva];

c) trámites introducidos con arreglo al artículo 6, apartado 1, y artículo 7 para el traslado de personal y la circulación de trabajadores por cuenta propia.

2.Los Estados miembros comunicarán las tasas y las modalidades de pago introducidas en virtud de este artículo a la Comisión mediante el IMI el [dos años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento] a más tardar y publicarán esta información oportunamente.

3.La Comisión adoptará normas técnicas en cuanto al procesamiento y las modalidades de pago mediante actos de ejecución.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

CAPÍTULO V
SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Artículo 11
Certificación de los siniestros de los que se derive responsabilidad frente a terceros

1.Un distribuidor de seguros emitirá, en un plazo de quince días desde la recepción de la solicitud a tal efecto remitida por el tomador, una certificación de los siniestros de los que se derive responsabilidad frente a terceros en relación con sus actividades conforme al contrato del seguro de responsabilidad profesional, durante los años previos a la relación contractual hasta un máximo de cinco años, o bien de la ausencia de tales siniestros, que describirá las responsabilidades surgidas de la prestación de los servicios correspondientes que fueron objeto de un siniestro.

2.La Comisión adoptará normas en cuanto al formato normalizado de presentación de la certificación a que se refiere el apartado 1 mediante actos de ejecución.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

Artículo 12
Obligaciones de los distribuidores de seguros

Los distribuidores de seguros y los organismos designados por los Estados miembros para proporcionar cobertura de seguro obligatoria tendrán debidamente en cuenta en la política de aceptación y el cálculo de las primas, de forma no discriminatoria, la experiencia del prestador tal y como se refleja en la certificación de siniestros expedida con arreglo al artículo 11 y presentada por el prestador.

Artículo 13
Obligaciones de las organizaciones profesionales

Las organizaciones profesionales, incluidas las autoridades competentes según la definición recogida en el artículo 3, apartado 18, incisos i) y ii), que ofrezcan cobertura de grupo en relación con el seguro de responsabilidad profesional a sus miembros o a los prestadores de servicios conforme a condiciones determinadas, garantizarán el acceso a dicha cobertura, en las mismas condiciones de forma no discriminatoria, a los prestadores de servicios procedentes de otros Estados miembros que se muestren interesados en beneficiarse de dicha cobertura de grupo.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 14
Intercambio de información y asistencia mutua

1.Las autoridades de coordinación y las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros intercambiarán información y se proporcionarán asistencia mutua en el marco de un procedimiento para expedir, suspender, retirar o cancelar una tarjeta electrónica europea de servicios, así como para actualizar la información que esta contiene. Esta obligación también se aplicará en el marco de los trámites según lo recogido en el artículo 6, apartado 1, y artículo 7 para el traslado de personal y la circulación de trabajadores por cuenta propia, en relación con las autoridades competentes según la definición recogida en el artículo 3, apartado 19, inciso ii).

2.Las autoridades de coordinación y las autoridades competentes utilizarán todas las interconexiones disponibles de los registros nacionales con objeto de obtener o verificar información obtenida previamente en el marco de los procedimientos a los que hace referencia el apartado 1, incluida la interconexión de registros centrales, comerciales y mercantiles en virtud de la Directiva 2009/101/CE y los registros de insolvencia en virtud del Reglamento (UE) 2015/848.

3.La Comisión adoptará normas técnicas para la gestión y el procesamiento de los intercambios de información y asistencia mutua a los que se refieren los apartados 1 y 3 mediante actos de ejecución. Esto se entenderá sin perjuicio del funcionamiento de los sistemas de interconexión mencionados en el apartado 2 del presente artículo y sus respectivas especificaciones técnicas.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

Artículo 15
Ejercicio de la delegación

1.Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 4, apartado 3, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del [...]. La Comisión elaborará un informe sobre esa delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.La delegación de poderes mencionada en el artículo 4, apartado 3, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.Cuando la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.Un acto delegado adoptado en virtud del artículo 4, apartado 3, entrará en vigor siempre que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulen objeciones en un plazo de dos meses a partir de la notificación del acto en cuestión a dichas instituciones o cuando ambas instituciones informen a la Comisión, antes de que venza dicho plazo, de que no tienen intención de formular objeciones. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 16
Procedimiento de comité

1.La Comisión estará asistida por el Comité contemplado en el artículo 40, apartado 1, de la Directiva 2006/123/CE. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2.En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 17
Designación y función de las autoridades de coordinación

1.A efectos del presente Reglamento, cada Estado miembro designará una autoridad de coordinación que estará facultada para realizar las tareas que se le asignen de conformidad con este Reglamento.

2.Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la identidad de las autoridades de coordinación designadas con arreglo al apartado 1 el [nueve meses tras la entrada en vigor del presente Reglamento] a más tardar y la inscribirán en el IMI con arreglo al artículo 5, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1024/2012.

3.Este artículo no cuestionará la asignación de competencias realizada por los Estados miembros a nivel local ni regional.

Artículo 18
Supervisión de la aplicación

La Comisión, junto con los Estados miembros, los interlocutores sociales y otras partes interesadas, establecerá mecanismos de supervisión para realizar un seguimiento de la aplicación y el impacto del presente Reglamento, especialmente sus repercusiones sobre la libertad de establecimiento y la libertad de prestar servicios en diferentes Estados miembros para los servicios que abarca, en lo que respecta a los costes sufragados por los prestadores debido a la expansión de su actividad en el ámbito transfronterizo, la mejora de la transparencia en cuanto a los prestadores transfronterizos, y el aumento de la competencia y cómo afecta a los precios y a la calidad de los servicios en cuestión, teniendo en cuenta los indicadores pertinentes.

Artículo 19
Cláusula de revisión

En un plazo de sesenta meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento y a más tardar cada cinco años a partir de dicho plazo, la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre sus resultados, que incluirá un análisis del impacto en la carga administrativa asumida por los prestadores de servicios que operan en distintos Estados miembros. Este informe también incluirá una evaluación de toda la experiencia práctica relevante para la colaboración entre las autoridades de coordinación. Asimismo, contendrá una evaluación de la conveniencia de introducir una tarjeta electrónica europea de servicios para otras actividades de servicios, así como una evaluación de la Directiva... [Directiva de la tarjeta electrónica europea de servicios]... en consonancia con su artículo 21.

En el marco del informe previsto en el artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2014/67/UE, la Comisión debe evaluar si, y en qué medida, la plataforma electrónica conectada al IMI mencionada en el artículo 6 del presente Reglamento podría facilitar la realización de los trámites necesarios para el desplazamiento de los trabajadores en virtud del artículo 9 de la Directiva 2014/67/UE. Dicha evaluación tendrá en cuenta la experiencia de los Estados miembros que hayan optado por utilizar la plataforma electrónica conectada al IMI con arreglo al artículo 6, apartado 3, del presente Reglamento.

Artículo 20
Modificación del Reglamento (UE) n.º 1024/2012

En el anexo del Reglamento (UE) n.º 1024/2012, se añade el punto siguiente:

«9. Reglamento (UE) ……. del Parlamento Europeo y del Consejo, de …………., por el que se introduce una tarjeta electrónica europea de servicios y los mecanismos administrativos conexos.».

Artículo 21
Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los [veinte] días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El artículo 4, apartados 1 a 3; artículo 5, apartado 1; artículo 6, apartados 1 a 4; artículo 7, apartados 1 y 2; artículo 8, apartado 1; artículo 9, apartados 1 a 3; artículo 10, apartado 1; y artículo 14, apartados 1 a 3, se aplicarán a partir del [dos años desde la entrada en vigor] del presente Reglamento.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo    Por el Consejo

El Presidente    El Presidente

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa

1.2.Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA

1.3.Naturaleza de la propuesta/iniciativa

1.4.Objetivo(s)

1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa

1.6.Duración e incidencia financiera

1.7.Modo(s) de gestión previsto(s)

2.MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1.Disposiciones en materia de seguimiento e informes

2.2.Sistema de gestión y de control

2.3.Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

3.2.Incidencia estimada en los gastos 

3.2.1.Resumen de la incidencia estimada en los gastos

3.2.2.Incidencia estimada en los créditos de operaciones

3.2.3.Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo

3.2.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente

3.2.5.Contribución de terceros

3.3.Incidencia estimada en los ingresos

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se introduce una tarjeta electrónica europea de servicios y los mecanismos administrativos conexos

1.2.Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA 31  

Título 02: Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes

Actividad 02 03: Mercado interior de bienes y servicios

1.3.Naturaleza de la propuesta/iniciativa

 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva anunciada en el marco de la Estrategia para el Mercado Único 

 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto/una acción preparatoria 32  

 La propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una acción existente 

 La propuesta o iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva acción 

1.4.Objetivo(s)

1.4.1.Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la propuesta/iniciativa

El Plan Estratégico de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes para el período 2016-2020 identifica un mercado interior más completo y justo, con una base industrial reforzada como prioridad de la Comisión. En su Comunicación sobre la Estrategia para el Mercado Único titulada «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas» (COM(2015) 550 final), la Comisión anunció medidas legislativas encaminadas a eliminar los obstáculos en el mercado de servicios.

En ese contexto, la Estrategia para el Mercado Único propuso la creación de una tarjeta electrónica europea de servicios («pasaporte de servicios») para aumentar la seguridad y reducir los obstáculos a los que se enfrentan los prestadores de servicios que desean acceder a otros mercados de la UE para ampliar sus actividades. Esta noticia fue bien recibida por el Consejo Europeo en sus conclusiones de junio de 2016.

Los objetivos generales de esta iniciativa son mejorar la integración del mercado en los servicios destinados a las empresas y la construcción, y promover el crecimiento de la productividad en ambos sectores.

1.4.2.Objetivo(s) específico(s) y actividad(es) GPA/PPA afectada(s)

Objetivos específicos

Los objetivos específicos de la presente propuesta son:

- conseguir que para las empresas resulte más sencillo y menos costoso prestar servicios en otros Estados miembros;

- generar una mayor confianza en el mercado en cuanto a los prestadores de servicios extranjeros mediante el aumento de la transparencia y de la información disponible;

- aumentar el dinamismo del mercado y la competencia para generar así más posibilidades de elección y un mayor valor añadido para los consumidores.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, están previstas las siguientes actividades:

1. reducir la carga administrativa mediante un procedimiento a escala de la UE con una interfaz pública que permita a los prestadores de servicios llevar a cabo los trámites en línea;

2. poner en contacto al Estado miembro de origen y al Estado miembro de acogida mediante una plataforma informática de alcance europeo. A tal fin, el sistema IMI funcionará como servicio de gestión para las autoridades nacionales. Debe desarrollarse en mayor medida para respaldar el funcionamiento de la tarjeta electrónica europea de servicios.

Actividad(es) GPA/PPA afectada(s)

Capítulo 02 03: Mercado interior de bienes y servicios

1.4.3.Resultado(s) e incidencia esperados

Especifíquense los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios / la población destinataria.

La propuesta, que parte de la Directiva que introdujo la tarjeta electrónica europea de servicios, traerá consigo:

1. una reducción de la carga administrativa para los prestadores de servicios que deseen prestar servicios en otros Estados miembros, dado que podrán utilizar un procedimiento electrónico simplificado para llevar a cabo los trámites y gozarán de transparencia en cuanto al procesamiento de las solicitudes. Esto les permitirá ahorrar tiempo y costes a la hora de prestar servicios en el ámbito transfronterizo o de crear un establecimiento secundario;

2. una reducción de la carga administrativa para las autoridades nacionales, que además facilitará un aumento de la cooperación entre los distintos Estados miembros;

3. un ahorro de costes al partir de una herramienta informática ya existente (el Sistema de Información del Mercado Interior, en adelante, el IMI) en nuevos ámbitos que permitirán beneficiarse de economías de escala y alcance (en lugar de desarrollar una nueva herramienta con un fin único). Las autoridades competentes ya están registradas en el IMI.

1.4.4.Indicadores de resultados e incidencia

Especifíquense los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la propuesta/iniciativa.

La propuesta contribuirá a una aplicación más eficaz de la Directiva de servicios, especialmente en cuanto a los servicios destinados a las empresas y a la construcción.

Su impacto directo puede medirse mediante los siguientes indicadores:

- el número de prestadores de servicios que utilicen la tarjeta electrónica europea de servicios (y los trámites relacionados para el traslado de personal y la circulación de trabajadores por cuenta propia);

- la experiencia de los prestadores de servicios en cuanto a la facilidad para completar los procedimientos electrónicos que ofrece;

- el promedio de tiempo necesario para realizar los procedimientos que se ofrecen;

- el número de intercambios de información entre Estados miembros;

- la experiencia de los Estados miembros que hagan uso de la posibilidad que ofrece el artículo 6, apartado 3, del Reglamento en relación con los criterios anteriores.

1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa

1.5.1.Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo

La propuesta reducirá la carga administrativa y aumentará la seguridad jurídica para los prestadores de servicios que deseen empezar a prestar servicios en otro Estado miembro, ya sea temporalmente o mediante un establecimiento secundario. Además, inspirará más confianza en el mercado en cuanto a los prestadores de servicios al aumentar la transparencia y la información disponible.

La tarjeta electrónica europea de servicios también aportará determinados beneficios a las autoridades de los Estados miembros. En primer lugar, aliviará la carga de trabajo a la que se enfrentan las autoridades competentes tanto en el Estado miembro de origen como en el de acogida, al sustituir los trámites convencionales en papel por un procedimiento electrónico. Este procedimiento podrá armonizarse en gran medida y se ofrecerán mecanismos de traducción automáticos. En segundo lugar, los trámites se racionalizarán mediante una única solicitud electrónica, en lugar de los varios procedimientos paralelos que existen actualmente.

Esto se logrará mediante la creación de un procedimiento a nivel de la UE basado en una plataforma informática paneuropea (el sistema IMI). La Comisión lleva años desarrollando, gestionando y financiando este sistema. Los Estados miembros ya tienen experiencia con él, ya que desde 2011 más de 5 000 autoridades competentes se han registrado en el IMI.

1.5.2.Valor añadido de la intervención de la UE

Las posibles soluciones nacionales o regionales para la simplificación administrativa variarían de unos Estados miembros a otros en cuanto al ahorro en costes y la efectividad. La acción a nivel de la UE garantizaría que los prestadores de servicios disfruten de un enfoque más homogéneo en los distintos Estados miembros a la hora de expandir su actividad en el ámbito transfronterizo.

Dada la naturaleza del IMI como herramienta de comunicación centralizada desarrollada y alojada por la Comisión, este facilitará la introducción y el correcto funcionamiento de la expedición de tarjetas electrónicas europeas de servicios, y además constituirá un sistema eficiente de cooperación entre Estados miembros. La tarjeta electrónica europea de servicios (basada en el sistema IMI) también permitiría superar ciertos obstáculos, como los costes de traducción asumidos por las empresas. La Comisión ofrecerá el IMI como plataforma informática gratuita a los Estados miembros que deseen utilizarla para la presentación electrónica de declaraciones previas de los trabajadores desplazados en su territorio. También pondrá a disposición de los Estados miembros el IMI para los intercambios nacionales relacionados con la tarjeta electrónica europea de servicios siempre que estos lo deseen.

1.5.3.Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores

El sistema IMI ha demostrado ser una herramienta eficaz y fiable en otros ámbitos. El procedimiento de la tarjeta profesional europea para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, introducido en 2013 mediante la modificación de la Directiva 2005/36/CE, es un buen ejemplo de ello.

La tarjeta profesional europea facilita el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de determinados profesionales. Se trata de un procedimiento a nivel de la UE proporcionado de forma centralizada, con un procedimiento claramente definido que funciona en el marco del sistema IMI. Las obligaciones de los Estados miembros en cuanto al procedimiento están establecidas detalladamente, superando así la ambigüedad que conllevarían las normas más generales. Proporciona una solución específica basada en normas concretas sobre cuestiones prácticas, como los documentos, los plazos para la tramitación de solicitudes y la aprobación tácita en el caso de que las autoridades del país de acogida no tomen una decisión final dentro de plazo. De esta forma, la tarjeta profesional europea proporciona una forma más sencilla, rápida y transparente de obtener el reconocimiento de las cualificaciones.

Desde que se puso a disposición del público en enero de 2016, ya se han expedido más de 560 tarjetas profesionales europeas (a 20 de octubre de 2016). La tarjeta profesional europea ha recibido una acogida significativa, lo que refleja una gran demanda por parte de los profesionales que actualmente pueden beneficiarse de la misma (enfermeras, fisioterapeutas, guías de montaña, agentes de la propiedad inmobiliaria y farmacéuticos).

1.5.4.Compatibilidad y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados

Existen una serie de futuras iniciativas de la Comisión que también tienen por objeto la introducción de procedimientos o mecanismos electrónicos, para los cuales se prevé la creación de sinergias en la medida de lo posible. Estas incluyen iniciativas para la interconexión de los registros de empresas (BRIS), la interconexión de registros de insolvencia y la ampliación de la «miniventanilla única» para el IVA. La interconexión de los registros de empresas estará disponible desde mediados de 2017 y ofrecerá un mayor acceso a los datos de las empresas. A partir de 2019 se complementará mediante una interconexión de los registros de insolvencia. La miniventanilla única del IVA reducirá los costes que asumen los prestadores de servicios extranjeros en el ámbito de los trámites del IVA desde 2021 en adelante.

Todas estas iniciativas complementan la tarjeta electrónica europea de servicios. Además, se intentará generar sinergias. Por ejemplo, las autoridades de coordinación deberán utilizar la información disponible mediante la interconexión de los registros de empresas (así como la interconexión de los registros de insolvencia) siempre que resulte técnicamente viable para completar la solicitud de la tarjeta electrónica europea de servicios o para cotejar la información.

1.6.Duración e incidencia financiera

 Propuesta/iniciativa de duración limitada

◻ Propuesta/iniciativa vigente desde [el] [DD.MM]AAAA hasta [el] [DD.MM]AAAA

◻ Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA

 Propuesta/iniciativa de duración ilimitada

Ejecución: fase de puesta en marcha desde 2018 hasta 2021

y pleno funcionamiento a partir de la última fecha. Los costes relativos al alojamiento, funcionamiento y mantenimiento se incluyen en los costes pertinentes para el funcionamiento del sistema IMI.

1.7.Modo(s) de gestión previsto(s) 33  

 Gestión directa a cargo de la Comisión

⌧ por sus servicios, incluido su personal en las Delegaciones de la Unión;

   por las agencias ejecutivas.

 Gestión compartida con los Estados miembros

 Gestión indirecta mediante delegación de tareas de ejecución presupuestaria en:

◻ terceros países o los organismos que estos hayan designado;

◻ organizaciones internacionales y sus agencias (especifíquense);

◻ el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones;

◻ los organismos a que se hace referencia en los artículos 208 y 209 del Reglamento Financiero;

◻ organismos de Derecho público;

◻ organismos de Derecho privado investidos de una misión de servicio público, en la medida en que presenten garantías financieras suficientes;

◻ organismos de Derecho privado de un Estado miembro a los que se haya encomendado la ejecución de una colaboración público-privada y que presenten garantías financieras suficientes;

◻ personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas en el marco de la PESC, de conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea, y que estén identificadas en el acto de base correspondiente.

2.MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1.Disposiciones en materia de seguimiento e informes

Especifíquense la frecuencia y las condiciones de dichas disposiciones.

La Comisión está elaborando informes sobre el desarrollo y los resultados del IMI mediante el cuadro de indicadores en línea del mercado único. En ese sentido, se elaborarán como corresponde informes sobre el uso del IMI para las solicitudes de tarjetas electrónicas europeas de servicios. Además, se presentará periódicamente un informe sobre las cuestiones de protección de datos relativas al IMI, incluida la seguridad, al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Una vez introducida la tarjeta electrónica europea de servicios, los instrumentos jurídicos futuros también preverán una revisión una vez transcurridos cinco años.

2.2.Sistema de gestión y de control

2.2.1.Riesgo(s) definido(s)

El riesgo general que puede detectarse es la no adopción de la tarjeta electrónica europea de servicios por parte de los prestadores de servicios; es decir, el riesgo que supone desarrollar plenamente la tarjeta electrónica europea de servicios y ponerla en funcionamiento y encontrarse con poca o ninguna demanda. Otro riesgo es que a las autoridades competentes les resulte difícil adaptarse y no aporten los recursos necesarios para gestionar las solicitudes de forma oportuna.

Una de las principales características de la propuesta es que la tarjeta electrónica europea de servicios se basará en las funciones del IMI. Se ha determinado el marco general del riesgo del IMI, incluidos los riesgos operativos, en el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 («Reglamento IMI»). La Comisión es la «propietaria del sistema» del IMI y se ocupa de su funcionamiento cotidiano, de su mantenimiento y de su desarrollo. Un proveedor interno se ocupa del desarrollo y alojamiento del sistema, lo cual garantiza un elevado nivel de continuidad de la actividad. En el marco de la introducción de la tarjeta electrónica europea de servicios, también existen riesgos en relación con cuestiones de protección de datos.

2.2.2.Información relativa al sistema de control interno establecido

A la hora de abordar los riesgos generales identificados en la sección 2.2.1 anterior, la Comisión proporcionará asistencia (por ejemplo, talleres, etc.) a todas las partes interesadas (por ejemplo, las autoridades de los Estados miembros, los organismos profesionales, etc.) y promoverá activamente la introducción y el uso del nuevo sistema. También se pedirá a los Estados miembros que promocionen los beneficios de la herramienta propuesta.

Los aspectos operativos de la tarjeta electrónica europea de servicios, en particular de la interfaz pública, el servicio de gestión y el sistema de notificación, están relacionados con el funcionamiento del IMI y deben considerarse en el marco de la configuración de control interno general del IMI, tal y como prevé el Reglamento IMI. El Comité Director del IMI se ocupa de la supervisión y el control de alto nivel. Las reuniones periódicas y los instrumentos de notificación facilitan una estrecha supervisión del trabajo de mantenimiento y desarrollo informático.

Además, con arreglo al artículo 21 del Reglamento IMI, a partir de 2012 el Supervisor Europeo de Protección de Datos garantiza que el tratamiento de datos personales llevado a cabo por la Comisión en el IMI se realice conforme a las normas aplicables. Las autoridades nacionales de protección de datos supervisarán el tratamiento de datos personales realizado por las autoridades competentes a escala del Estado miembro.

2.2.3.Estimación de los costes y beneficios de los controles y evaluación del nivel de riesgo de error esperado

Los riesgos generales se abordarán mediante las medidas correspondientes, incluida la prestación de asistencia e información a las partes interesadas en cuestión.

El funcionamiento de la tarjeta electrónica europea de servicios se basa en las funciones del IMI y estará incluido en el sistema actual de gestión y control del IMI. Se considera que la propuesta no generará un mayor riesgo de error.

2.3.Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

Especifíquense las medidas de prevención y protección existentes o previstas.

Para combatir el fraude, la corrupción y cualquier otro tipo de actividad ilegal, las disposiciones que normalmente se aplican a las actividades de la Comisión, incluido el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se aplicarán en el marco del IMI sin restricción alguna.    

3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

Líneas presupuestarias existentes

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las partidas presupuestarias.

Rúbrica del marco financiero plurianual

Línea presupuestaria

Tipo de
gasto

Contribución

Número
[Rúbrica………………………...…………]

CD/CND 34

de países de la AELC 35

de países candidatos 36

de terceros países

a efectos de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 2, letra b), del Reglamento Financiero

1A

02.03.04

Herramientas de gobernanza del mercado interior

CD

NO

NO

NO

3.2.Incidencia estimada en los gastos

Las dotaciones que se indican en esta sección se conseguirán mediante redistribución. No se prevé ningún impacto presupuestario para el presupuesto de la UE más allá de los créditos ya previstos en la programación financiera oficial de la Comisión.

3.2.1.Resumen de la incidencia estimada en los gastos

En EUR

Rúbrica del marco financiero
plurianual

1A

Competitividad para el crecimiento y el empleo

DG: GROW

2018

2019

2020

2021

TOTAL

•Créditos de operaciones

02.03.04

Compromisos

(1)

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Pagos

(2)

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Número de línea presupuestaria

Compromisos

(1a)

Pagos

(2a)

Créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de programas específicos 37  

Número de línea presupuestaria

(3)

0

0

0

0

0

TOTAL de los créditos
para la DG GROW

Compromisos

=1+1a +3

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Pagos

=2+2a +3

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000



TOTAL de los créditos de operaciones

Compromisos

(4)

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Pagos

(5)

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

•TOTAL de los créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de programas específicos

(6)

0

0

0

0

0

TOTAL de los créditos
para la RÚBRICA 1A
del marco financiero plurianual

Compromisos

=4+ 6

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Pagos

=5+ 6

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000



Rúbrica del marco financiero plurianual

5

«Gastos administrativos»

En EUR

2018

2019

2020

2021

TOTAL

DG: GROW

•Recursos humanos

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

•Otros gastos administrativos

0

0

0

0

0

TOTAL para la DG GROW

Créditos

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

TOTAL de los créditos
para la RÚBRICA 5
del marco financiero plurianual 

(Total de los compromisos = total de los pagos)

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

En EUR

2018

2019

2020

2021

TOTAL

TOTAL de los créditos
para las RÚBRICAS 1 a 5
del marco financiero plurianual 

Compromisos

613 600

1 372 800

1 372 800

358 800

3 718 000

Pagos

613 600

1 372 800

1 372 800

358 800

3 718 000

Incidencia estimada en los créditos de operaciones

   La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación:

Créditos de compromiso en EUR

Indíquense los objetivos y los resultados

2018

2019

2020

2021

TOTAL

Tipo 38

Coste medio

Número

Coste

Número

Coste

Número

Coste

Número

Coste

Número total

Coste total

OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1 39  

Reducción de la carga administrativa

- Resultado

Interfaz pública

200 000

600 000

600 000

0

1 400 000

Subtotal del objetivo específico n.º 1

200 000

600 000

600 000

0

1 400 000

OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 2

Servicio de gestión

- Resultado

Servicio de gestión

110 000

345 000

345 000

0

800 000

Subtotal del objetivo específico n.º 2

110 000

345 000

345 000

0

800 000

COSTE TOTAL

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

3.2.2.Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo

3.2.2.1.Resumen

   La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal como se explica a continuación:

En EUR

2018

2019

2020

2021

TOTAL

RÚBRICA 5
del marco financiero plurianual

Recursos humanos

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

Otros gastos administrativos

Subtotal para la RÚBRICA 5
del marco financiero plurianual

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

Al margen de la RÚBRICA 5 40
del marco financiero plurianual

Recursos humanos

Otros gastos de carácter administrativo

Subtotal
al margen de la RÚBRICA 5
del marco financiero plurianual

TOTAL

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

Las necesidades de recursos humanos serán cubiertas por el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción y/o reorganizado internamente en la DG. Todo impacto derivado de la aplicación de las decisiones propuestas en cuanto al número de trabajadores o el nivel de créditos se sufragarán mediante una redistribución de los recursos existentes.

3.2.2.2.Necesidades estimadas de recursos humanos

   La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos.

   La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación:

Estimación que debe expresarse en unidades de equivalente a jornada completa

2018

2019

2020

2021

• Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)

XX 01 01 01 (Sede y Oficinas de Representación de la Comisión)

2,2

3,1

3,1

2,6

XX 01 01 02 (Delegaciones)

XX 01 05 01 (Investigación indirecta)

10 01 05 01 (Investigación directa)

Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa, EJC) 41

XX 01 02 01 (AC, ENCS, INT de la dotación global)

XX 01 02 02 (AC, LA, ENCS, INT y JED en las Delegaciones)

XX 01 04 yy  42

- en la sede

- en las Delegaciones

XX 01 05 02 (AC, END, INT; investigación indirecta)

10 01 05 02 (AC, INT, ENCS; investigación directa)

Otras líneas presupuestarias (especifíquense)

TOTAL

2,2

3,1

3,1

2,6

XX es el ámbito político o título presupuestario en cuestión.

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG. Todo impacto derivado de la aplicación de las decisiones propuestas en cuanto al número de trabajadores o el nivel de créditos se sufragarán mediante una redistribución de los recursos existentes.

Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo:

Funcionarios y agentes temporales

Apoyo para la adopción de actos de ejecución relacionados, gestión de proyectos, análisis empresarial y actividades de apoyo a la aplicación.

Personal externo

3.2.3.Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente

   La propuesta/iniciativa es compatible con el marco financiero plurianual vigente.

   La propuesta/iniciativa implicará la reprogramación de la rúbrica correspondiente del marco financiero plurianual.

   La propuesta/iniciativa requiere la aplicación del Instrumento de Flexibilidad o la revisión del marco financiero plurianual.

3.2.4.Contribución de terceros

⌧ La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros.

◻ La propuesta/iniciativa prevé la cofinanciación que se estima a continuación:

3.3.Incidencia estimada en los ingresos

   La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos.

   La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a continuación:

   en los recursos propios

   en ingresos diversos

(1) Comisión Europea, Update of the study on the economic impact of the Services Directive, 2015.
(2) Conclusiones del Consejo Europeo, 28 de junio de 2016.
(3) Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas», 28 de octubre de 2015.
(4) Entre otros, nueve seminarios organizados por la Comisión en los que participaron prestadores de servicios de regiones transfronterizas.
(5) Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Evaluación de impacto sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se introduce una tarjeta electrónica europea de servicios y los mecanismos administrativos conexos», 2017.
(6) Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI») (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1).
(7) Estos dos sectores representan aproximadamente el 20 % del PIB y del empleo de la UE (Eurostat).
(8) Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020: Acelerar la transformación digital de la administración (COM(2016)179).
(9) Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI») (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1).
(10) Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (DO L 200 de 26.7.2016, p. 1).
(11) Conclusiones del Consejo sobre la Estrategia para el mercado único de bienes y servicios, de 29 de febrero de 2016 .
(12) Conclusiones del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2016 .
(13) Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre la estrategia para el mercado único .
(14) Las principales recomendaciones realizadas por el Comité en su dictamen inicial sobre la evaluación de impacto eran reforzar la definición del problema, reconsiderar el diseño y la estructuración de las diferentes opciones y facilitar más información sobre los posibles costes para los Estados miembros y sobre las opiniones de las partes interesadas.
(15) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm .
(16) DO C , , p. .
(17) DO C , , p. .
(18) Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).
(19) Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
(20) Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.)
(21) Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») (DO L 159 de 28.5.2014, p. 11).
(22) Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI») (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1).
(23) Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(24) Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, de 30.9.2005).
(25) Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») (DO L 159 de 28.5.2014, p. 11).
(26) Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (DO L 258 de 1.10.2009, p. 11).
(27) Reglamento (UE) n.º 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19).
(28) Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
(29) Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
(30) Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros (versión refundida) (DO L 26 de 2.2.2016, p. 19).
(31) GPA: Gestión por actividades. PPA: Presupuestación por actividades.
(32) Tal como se contempla en el artículo 54, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento Financiero.
(33) Las explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en el sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html .
(34) CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados.
(35) AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.
(36) Países candidatos y, en su caso, países candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales.
(37) Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.
(38) Los resultados son los productos y servicios que van a suministrarse (por ejemplo, número de intercambios de estudiantes financiados, número de kilómetros de carreteras construidos, etc.).
(39) Tal como se describe en el punto 1.4.2. «Objetivo(s) específico(s)...».
(40) Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas y/o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.
(41) AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios; INT = personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»); JED = joven experto en delegación
(42) Por debajo del límite de personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»).
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