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Document 52013DC0083
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014-2020
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020
/* COM/2013/083 final */
52013DC0083
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020 /* COM/2013/083 final */
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL
COMITÉ DE LAS REGIONES Hacia la inversión social para el
crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo
2014-2020 Introducción La Estrategia
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador[1] establece metas
para sacar por lo menos a veinte millones de personas de la pobreza y la
exclusión social y aumentar al 75 % la tasa de empleo del grupo etario de
veinte a sesenta y cuatro años. Las iniciativas emblemáticas de la Estrategia
Europa 2020, en especial la «Plataforma Europea contra la Pobreza y la
Exclusión Social» y la «Agenda de Nuevas Cualificaciones y Empleos», favorecen
los esfuerzos para alcanzar esas metas. El Semestre Europeo ofrece el marco
para orientar las reformas económicas y sociales de los Estados miembros y
hacer un seguimiento de las mismas. El método abierto de coordinación en el
ámbito de la protección social y la inclusión social ha contribuido a orientar
las reformas estructurales de los Estados miembros en este ámbito. La promoción
de la cohesión económica, social y territorial y la lucha contra la exclusión
social y la discriminación son objetivos fundamentales de la Unión Europea consagrados
en el Tratado[2].
En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se establece que
las instituciones de la UE —y los Estados miembros cuando aplican el Derecho de
la UE— deben respetar los derechos personales, civiles, políticos, económicos y
sociales de los ciudadanos. En su discurso
sobre el estado de la Unión de 2012, el Presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Barroso, destacó lo siguiente: «De hecho, son precisamente los países
europeos que tienen los sistemas de protección social más eficaces y la
cooperación social más desarrollada, los que figuran entre las economías
mundiales más competitivas y que más éxito han tenido». Sin embargo, los retos planteados por la crisis han llevado en
muchos países a un riesgo cada vez mayor de pobreza y de exclusión social y laboral[3]. También están
aumentando las diferencias dentro de los Estados miembros y entre unos Estados
miembros y otros. Esto no solo pone en peligro la perspectiva de alcanzar las
metas de Europa 2020 y la competitividad de Europa en un mundo globalizado,
sino que también puede tener amplias consecuencias negativas para la sociedad y
la economía, pues los costes del desempleo, la pobreza y la exclusión social no
solo los soportan las personas, sino la sociedad en su conjunto[4]. Los sistemas de bienestar han ayudado a
obtener mejores resultados sociales, pero se enfrentan ahora a las
consecuencias del cambio demográfico y la crisis financiera y económica. La
presión resultante que se ejerce sobre los presupuestos públicos y el riesgo de
que en el futuro se produzcan carencias estructurales en el mercado de trabajo
hacen aún más imperiosa la necesidad de modernizar las políticas sociales para
optimizar su eficacia y eficiencia, así como la manera de financiarlas. Resulta
esencial hacer el mejor uso posible de los recursos existentes y evitar los potenciales
efectos adversos duraderos de la crisis, tanto en los países con serias
restricciones presupuestarias como en los Estados miembros que disfrutan de un
presupuesto más holgado. La competitividad y el crecimiento económico futuros
requieren que se invierta en capital humano, para así sentar las bases de la
productividad y la innovación[5]. Los sistemas de bienestar cumplen tres
funciones: inversión social, protección social y estabilización de la economía.
La inversión social implica el fortalecimiento de las capacidades actuales y
futuras de las personas. En otras palabras: las políticas sociales, además de
efectos inmediatos, también tienen repercusiones duraderas, pues ofrecen
rendimientos económicos y sociales que se prolongan en el tiempo, concretamente
en cuanto a perspectivas de empleo o rendimientos del trabajo. En particular,
la inversión social ayuda a «preparar» a las personas para enfrentarse a los
riesgos de la vida, más que simplemente a «reparar» las consecuencias. La
modernización de las políticas sociales requiere que las decisiones de
financiación se orienten sistemáticamente a priori hacia los resultados
y que el papel de las políticas sociales en las diferentes fases de la vida
tenga un enfoque igualmente sistemático: desde la educación, pasando por el
trabajo o el desempleo, hasta la enfermedad y la vejez. Las políticas
sociales tienen a menudo dos o incluso las tres funciones mencionadas, y estas
pueden reforzarse mutuamente. Es característico que la función protectora
durante los períodos de adversidad permita preservar las inversiones previas en
capital humano. Por tanto, sería engañoso asignar partes individuales de un
presupuesto a una función específica. La dimensión inversora del gasto de una
política concreta depende en gran medida de su diseño (condicionalidad,
duración, etc.), del contexto nacional específico (complementariedad con otras
políticas) y de las circunstancias temporales (ciclo económico, patrones de
crecimiento, etc.). Por ejemplo, los servicios de guardería tienen un papel
protector, pero también una dimensión inversora significativa si están bien
concebidos, pues potencia las capacidades y la inclusión de la persona. Suecia
tiene una de las tasas de empleo femenino más altas de Europa gracias a sus
políticas de empleo favorables a la familia y a unos permisos parentales
generosos, que se combinan con la inversión en la prestación universal de
servicios de guardería. Los sistemas de bienestar bien diseñados que combinan una marcada
dimensión de inversión social con las otras dos funciones, la de protección y
la de estabilización, aumentan la eficacia y la eficiencia de las políticas
sociales, al tiempo que promueven de manera continua una sociedad más justa e
inclusiva. La modernización de las políticas sociales conlleva, en particular,
que las medidas de activación tengan un papel más prominente. Esto permite a
las personas participar activamente en la sociedad y en la economía de la mejor
forma en que son capaces. Los sistemas de apoyo deberían incluir una estrategia
de salida y, por consiguiente, ser, en principio, temporales. La
condicionalidad para lograr un objetivo adecuado y específico (por ejemplo,
participar en una formación) se inscribe en esta línea. El apoyo debe estar
mejor ajustado y dirigirse a quienes lo necesitan, cuando lo necesitan. La
individualización e integración de los servicios y las prestaciones (por
ejemplo, concediéndolos a través de ventanillas únicas) pueden hacer que las
políticas sociales sean más eficaces. La simplificación de los procedimientos
puede facilitar a las personas necesitadas el acceso a las prestaciones y los
servicios, evitando además la duplicación de sistemas y de costes. La presente
Comunicación va acompañada de la Recomendación de la Comisión «Invertir en la
infancia: romper el ciclo de las desventajas» y de varios documentos de trabajo
de los servicios de la Comisión. Juntos forman el paquete sobre inversión
social. Este paquete ofrece un marco de actuación para reorientar, cuando sea
necesario, las políticas de los Estados miembros hacia la inversión social a lo
largo de la vida, con vistas a garantizar la adecuación y sostenibilidad de los
presupuestos asignados a las políticas sociales y para la administración y el
sector privado en su conjunto, como ha manifestado también el Parlamento
Europeo en su Resolución sobre el pacto de inversión social[6]. Esto está en
consonancia con el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que anima a
los Estados miembros a «invertir en un crecimiento generador de empleo e
inclusivo», y con el llamamiento a seguir modernizando los sistemas de
protección social para asegurar su eficacia, adecuación y sostenibilidad. El
paquete ofrece una guía para ayudar a alcanzar las metas de Europa 2020,
estableciendo un vínculo entre las políticas sociales, las reformas
recomendadas en el Semestre Europeo para alcanzar esas metas y los
correspondientes fondos de la UE. Ello hace también necesario que se mejore la
medición de la pobreza y se ajuste el calendario de las estadísticas sociales a
escala de la UE que permiten el seguimiento de las tendencias y los resultados[7]. Este paquete
complementa plenamente al paquete sobre empleo[8],
que muestra el camino hacia una recuperación rica en puestos de trabajo, al
Libro Blanco sobre las pensiones[9],
que presenta una estrategia para conseguir unas pensiones adecuadas, seguras y
sostenibles, y al paquete sobre empleo juvenil[10],
que se ocupa específicamente de la situación de los jóvenes. También se basa en
el marco reglamentario propuesto para la implementación de la política de
cohesión en el próximo período financiero (2014-2020) y, en particular, en el
ámbito del Fondo Social Europeo (FSE) y la propuesta de destinar como mínimo el
20 % de su asignación en cada Estado miembro al fomento de la inclusión
social y la lucha contra la pobreza.
1.
Los retos
Cambios demográficos A partir de 2013,
el tamaño de la población en edad de trabajar disminuirá por primera vez en
Europa, mientras que la proporción de personas mayores se incrementará con
rapidez. En la actualidad, la proporción es de cuatro personas por cada persona
mayor de sesenta y cinco años, y esta proporción se habrá reducido a la mitad
en 2040. Hay diferencias
entre países, regiones y sectores. Globalmente, la UE ha experimentado en los
últimos años un crecimiento moderado de la población, pero varios Estados
miembros, todos de la parte oriental de la UE, han visto como disminuía
constantemente su población en el último decenio. Algunas regiones
desfavorecidas, en las que está aumentando la población de comunidades
marginadas, se enfrentan a retos particulares. El envejecimiento,
las crecientes tasas de dependencia y el descenso de la población productiva
ponen en peligro la asequibilidad y sostenibilidad de los presupuestos públicos
destinados a políticas sociales[11].
La crisis económica ha elevado el desempleo, reducido los ingresos fiscales e
incrementado el número de personas que necesitan prestaciones, lo que
compromete aún más la sostenibilidad de nuestros sistemas de protección social.
Si bien los retos
demográficos incumben a todos los Estados miembros, hay grandes diferencias en
la UE en cuanto a los años de vida saludable y la esperanza de vida. Esto se
debe a una serie de factores determinantes de la salud, como las diferentes
condiciones de vida y de trabajo y los distintos estilos de vida. También
influyen las diferencias en accesibilidad y calidad de la asistencia sanitaria. Margen para
aumentar la eficiencia de las políticas sociales La crisis ha
agravado los retos que plantean los cambios demográficos, ejerciendo presión
sobre los presupuestos de los Estados miembros en un momento en que han de
redoblarse los esfuerzos para cumplir los objetivos de Europa 2020. Puesto que el gasto
público en políticas sociales, que cubren principalmente las pensiones y la
asistencia sanitaria, constituye en la UE un promedio aproximado del
29,5 % del PIB, es sometido a un estrecho escrutinio en los esfuerzos de
consolidación. Muchas reformas deben centrarse en el aumento de la eficiencia,
prestando atención a su correcto diseño para evitar repercusiones negativas en
los niveles de pobreza, en la productividad y el crecimiento económico, en la
salud de la población y en la cohesión social. Para garantizar la
sostenibilidad y adecuación de las políticas sociales es preciso que los
Estados miembros encuentren la manera de aumentar la eficiencia y la eficacia,
atendiendo al mismo tiempo a los principales retos demográficos y sociales[12]. En algunos casos,
la multiplicidad de prestaciones, entidades y condiciones para tener derecho a
las prestaciones genera costes administrativos extraordinarios y hace que
quienes más las necesitan las aprovechen menos. El seguimiento insuficiente
también conduce a un gasto innecesario. Algunas prestaciones en efectivo y
algunos servicios sociales no tienen los destinatarios adecuados ni llegan a
las personas que requieren ayuda[13]. Hay Estados
miembros que, teniendo un gasto similar en políticas sociales, consiguen resultados
variables en cuanto a pobreza, empleo y salud. Esto sugiere que hay margen de
mejora en la forma de utilizar los recursos[14]. En el Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento que da inicio al Semestre Europeo de 2013 se señala que el proceso
de reestructuración que está teniendo lugar en nuestras economías es perturbador,
políticamente complicado y socialmente difícil, pero necesario para sentar las
bases que garantizarán el carácter inteligente, sostenible e inclusivo del
crecimiento y la competitividad futuros. En dicho Estudio se subraya también la
necesidad de reformas en los sistemas de asistencia sanitaria, con la doble
finalidad de garantizar el acceso a una asistencia de calidad elevada y de
utilizar los recursos públicos con mayor eficiencia. La necesidad de
intensificar la reforma ha quedado ya reflejada en las recomendaciones por país
de 2012, en las que se pide que se prolongue la vida laboral, se aumenten los
incentivos para trabajar, se ofrezcan mejores oportunidades (de empleo) a las mujeres
y los jóvenes, se mejore la eficacia de las transferencias sociales y los
sistemas de asistencia y se garantice el acceso a servicios de calidad. Recursos
privados y del tercer sector para complementar los esfuerzos públicos Los recursos para
políticas sociales no se limitan a los del sector público. Una parte no
despreciable proviene de las personas y las familias. Además, las
organizaciones sin ánimo de lucro ofrecen servicios sociales a una escala
importante. Tales servicios van desde centros de acogida para personas sin
hogar, pasando por la ayuda a personas mayores y personas con discapacidad,
hasta centros de asesoramiento sobre prestaciones sociales en general. Las
empresas sociales[15]
pueden complementar los esfuerzos del sector público y ser pioneras en el
desarrollo de nuevos mercados, pero necesitan más apoyo del que reciben ahora[16]. Habría que animar
más a las partes lucrativas del sector privado a que aprovecharan el potencial
de la inversión social, por ejemplo a través de un entorno social y de trabajo saludable
y seguro. Esto no se limita a la responsabilidad social de las empresas, sino
que incluye, entre otras cosas, la formación en el puesto de trabajo, los
servicios de guardería dentro de la empresa, la promoción de la salud y unos
lugares de trabajo accesibles y favorables a la familia. En el ámbito
social, los Estados miembros siguen sin aplicar suficientemente planteamientos
más innovadores de la financiación, por ejemplo recurriendo a la participación
del sector privado y la ingeniería financiera mediante instrumentos tales como
la microfinanciación, las garantías basadas en políticas concretas y los bonos
de inversión social[17],
que han de perseguir el ahorro presupuestario. Necesidad de invertir en capital humano a lo largo de la vida y de
garantizar un sustento adecuado Si han de hacerse
realidad las metas de Europa 2020, hacen falta remedios en un amplio frente y
es preciso abordar los retos que se presentan en diversas fases de la vida de
las personas. Los niños que
nacen y crecen pobres suelen ser pobres el resto de su vida. Por ejemplo, las
desventajas significativas en cuanto a educación[18] y sanidad que se
sufren en la infancia suelen agravarse a lo largo de la vida. Por tanto, es
importante abordar los determinantes de la salud durante toda la vida de las
personas. El bajo rendimiento en la escuela se traduce directamente en menos
oportunidades de trabajo y menos ingresos en el futuro. Por ejemplo, los niños
gitanos corren un riesgo especial de marginación social y económica y de discriminación.
Solo la mitad de ellos tienen acceso a la educación y los cuidados de la
primera infancia, aproximadamente la mitad del promedio de la UE, y, en algunos
Estados miembros, menos del 10 % terminan la educación secundaria, lo que
conduce a unas tasas de empleo bajas. En la República Checa, solo dos de
cada diez gitanos que viven en localidades marginadas tienen algún tipo de
formación formal o educación secundaria que predestine su carrera profesional[19]. La necesidad de
inversión en capital humano comienza a una edad muy temprana y continúa a lo
largo de la vida. La tasa de desempleo juvenil se sitúa actualmente en el
23,4 % y está aumentando. Al mismo tiempo, sigue sin reducirse el abandono
escolar prematuro y el abandono de los estudios de educación terciaria. Por
otro lado, una proporción preocupantemente elevada de jóvenes no tienen
trabajo, ni estudian ni siguen ninguna formación («nini»): el 12,9 % de
los jóvenes europeos (de quince a veinticuatro años), o un total de siete
millones y medio en 2011. En consecuencia, en algunos Estados miembros los
jóvenes están empezando a correr relativamente más riesgo de pobreza que las
personas mayores. Esos riesgos, junto con la falta de empleo, preocupan mucho
también en numerosas zonas rurales de la UE, donde los jóvenes tienen más
difícil la entrada en el mercado laboral o la búsqueda de empleo que sus
coetáneos de zonas urbanas y grandes ciudades[20]. El rápido aumento
del desempleo de larga duración está afectando a los trabajadores de edad
madura y a los más mayores. Esto les pone en riesgo de pobreza y constituye un
peligro para su empleabilidad, la estabilidad de sus familias y su salud física
y mental. Además de los
jóvenes, las mujeres (mayores), los parados, las personas con discapacidad y
los inmigrantes que viven en Europa se enfrentan a unas duras condiciones de
vida. Sus tasas de desempleo son altísimas (del 19,6 % en 2011, frente a
un 9,7 % de media). La tasa de empleo de las personas con discapacidad es
en torno a un 25 % más baja que la de las personas sin discapacidad. Por
otro lado, las personas de veinticinco a cincuenta y cuatro años nacidas fuera
de la UE corren un riesgo de pobreza y exclusión social que supera al de las
demás personas en un promedio de más de diez puntos porcentuales en el conjunto
de la UE[21].
También es significativa la diferencia en cuanto a riesgo de pobreza, una vez
efectuadas las transferencias sociales, entre inmigrantes y ciudadanos de la
UE: ocho puntos porcentuales[22].
Además, los niños de procedencia inmigrante corren un mayor riesgo de abandono
escolar prematuro. Por otro lado, los
mercados de trabajo todavía no son inclusivos. En algunos países, el
ritmo al que se incorporan al mercado de trabajo las mujeres y las personas de
origen inmigrante sigue creciendo muy lentamente, y el promedio de horas
trabajadas continúa siendo muy bajo. La segmentación y polarización del mercado
de trabajo dan lugar a desigualdades importantes en varios países, y los
sistemas fiscales y de prestaciones generan desincentivos al trabajo, sobre
todo para las personas con rentas bajas y segundas perceptoras. Las prácticas
de jubilación anticipada y las diferencias entre la edad de jubilación efectiva
y obligatoria disminuyen la actividad económica. Para muchas
personas, el puesto de trabajo que ocupan no basta para sacar a sus familias de
la pobreza. Los ocupados pobres constituyen un tercio de los adultos en edad de
trabajar con riesgo de pobreza[23]. A pesar de los
esfuerzos por modernizar los sistemas de bienestar, los avances son irregulares
en la UE, y en varios Estados miembros es demasiado frecuente que las políticas
sociales no consigan evitar que parte de su población caiga en la pobreza y la
exclusión social, o en el desempleo de larga duración. Sin protección social,
los niveles de pobreza podrían duplicarse; no obstante, hay cada vez más gente
que, o recibe prestaciones insuficientes, o no recibe prestación alguna. El
número de familias con apuros económicos va en aumento[24]. Las desigualdades
en cuanto a renta disponible se han agrandado en algunos países, mientras que
los niveles de vida absolutos de muchas personas que ya se encuentran en
situación vulnerable han caído de manera desproporcionada. Eso es incompatible
con el derecho social de los ciudadanos a vivir dignamente[25]. Por ejemplo,
según una estimación correspondiente a 2009[26],
en una noche cualquiera podría haber en la UE hasta cuatrocientas diez mil
personas sin hogar. Esta cifra está aumentando en la mayoría de los Estados
miembros y mucha gente corre un riesgo inminente de desahucio[27]. Tratamiento de
la dimensión de género Los retos
particulares que plantean las continuas desventajas basadas en el género deben
afrontarse de manera más coherente[28].
En la UE hay doce millones más de mujeres que de hombres en situación de pobreza.
Además de recibir salarios más bajos, las mujeres tienen una menor
participación en el mercado de trabajo y trabajan menos horas, en parte debido
a las tareas domésticas, de cuidado de los hijos y de cuidados de larga
duración no remuneradas, en concreto: ·
la tasa de actividad femenina sigue estando un
16,4 % por debajo de la masculina, lo que refleja divisiones de género
persistentes en las responsabilidades del hogar (un 64,9 % frente a un
77,6 % en el grupo etario de quince a sesenta y cuatro años en 2011); ·
una proporción más elevada de mujeres trabajan
a tiempo parcial, lo que supone un promedio de un 17,0 % menos de horas
semanales trabajadas (33,7 horas frente a 40,6 horas en 2011); ·
la diferencia salarial entre mujeres y hombres
es del 16,2 % (retribuciones medias por hora en 2010), en parte debida a
que ellas reciben salarios inferiores por un trabajo de igual valor, y en parte
porque el empleo femenino se concentra en puestos de trabajo peor retribuidos. Tomando todo esto
en consideración, puede estimarse que las mujeres reciben una retribución total
que, en promedio, está más de un 40 % por debajo de la que obtienen los
hombres[29].
Dado que las desigualdades en materia de género perduran toda la vida de la
persona y sus efectos negativos se acumulan a lo largo del tiempo, el resultado
es, por ejemplo, un PIB inferior, unas cotizaciones a la seguridad social
menores y una tasa de pobreza más elevada en las mujeres mayores: el 18 %
de las que superan los sesenta y cinco años corren riesgo de pobreza, frente al
13 % de los hombres. La proveniencia de un entorno desfavorecido o la
pertenencia a una minoría étnica no hacen sino agravar las desigualdades de
género.
2.
Es preciso centrarse en una inversión social simple,
específica y condicional
A pesar de las grandes diferencias existentes entre Estados
miembros, todos ellos se enfrentan a retos de carácter estructural, social y
demográfico. Aquellos que pasaron a un modelo de crecimiento que incluía la
inversión social en el planteamiento de sus políticas sociales, de manera
temprana, coherente y con anterioridad a la crisis, experimentan un crecimiento
más inclusivo que los demás[30].
La modernización de las políticas sociales es una cuestión de interés común a
escala de la UE, pues las políticas sociales ineficaces de un país pueden tener
consecuencias para otros, sobre todo en la zona del euro. La insuficiente
inversión en unas políticas sociales que potencien el desarrollo del capital
humano, por ejemplo en la educación y los cuidados de la primera infancia, se
pone de manifiesto en algunos Estados miembros en unos niveles educativos más
bajos y un desarrollo globalmente inferior de las aptitudes[31]. Esto puede ayudar
a explicar las diferencias entre Estados miembros en cuanto a competitividad
económica, así como los actuales desequilibrios observados en la unión
económica y monetaria, ya que unos niveles educativos bajos y unas aptitudes
poco desarrolladas dan lugar a una mano de obra de menor calidad y menos
productiva. En los Estados miembros de competitividad económica reducida, esto
puede hacer también que las personas altamente cualificadas abandonen su país
de origen para buscar trabajo en el extranjero, reduciendo aún más el potencial
productivo. Ante los retos
estructurales a largo plazo, los Estados miembros tienen que adaptarse para
garantizar la adecuación y sostenibilidad de sus sistemas sociales y su
contribución a la estabilización económica. Si una persona no consigue
encontrar empleo por el momento, la atención debe centrarse en mejorar sus
capacidades, con vistas a su futura reincorporación al mercado de trabajo. Esto
ha de hacerse mediante un planteamiento específico centrado en las necesidades
individuales y puesto en práctica de la manera más rentable posible. Si se quiere que
las personas puedan explotar todo su potencial para participar en la vida
social y económica, es preciso apoyarlas en los momentos críticos de su vida.
Se empieza invirtiendo en los niños y los jóvenes, y después se continúa. La
innovación social debe hacerse parte integrante de los ajustes necesarios,
poniendo a prueba nuevos planteamientos de actuación y seleccionando los más
eficaces.
2.1.
Incrementar la sostenibilidad y adecuación de
los sistemas sociales por medio de la simplificación y de un mejor ajuste
Para alcanzar las metas de Europa 2020 es
necesario adoptar un nuevo enfoque, reconociendo las restricciones
presupuestarias y los retos demográficos a los que se enfrentan los Estados
miembros. Las políticas sociales han de ser adecuadas y presupuestariamente
sostenibles, pues estas son las dos caras de una misma moneda. Esto implica,
ante todo, utilizar los recursos disponibles con más eficiencia y eficacia,
simplificando y ajustando mejor las políticas y teniendo en cuenta la
condicionalidad al diseñarlas. Tanto el universalismo como la selectividad han
de emplearse con inteligencia. Por ejemplo, se ha demostrado que una educación
preescolar ampliamente accesible, como puede ser la de Francia, tiene un efecto
positivo considerable y persistente en la capacidad del niño para tener éxito
en la escuela y, a largo plazo, obtener mejores salarios en el mercado de
trabajo. El documento de
trabajo de los servicios de la Comisión sobre la inversión en sanidad[32] expone cómo las
inversiones inteligentes en este ámbito pueden generar mejores resultados en
cuanto a salud, productividad, empleabilidad, inclusión social y uso rentable
de los recursos públicos, contribuyendo a la sostenibilidad presupuestaria de
los sistemas sanitarios[33],
la inversión en capital humano y la igualdad en materia de salud[34]. Los efectos del
gasto deberían maximizarse aumentando los esfuerzos por reducir el fraude y las
cargas administrativas para los usuarios y los prestadores de los servicios. La
estructura de financiación puede afianzarse mejorando la recaudación de
impuestos, ampliando las bases fiscales, haciendo una revisión crítica de los
elementos de gasto y obrando una estructura fiscal más favorable al
crecimiento, por ejemplo mediante impuestos medioambientales. Por último, las
políticas sociales deberían dirigirse mejor hacia los más necesitados,
garantizando unas tasas de aprovechamiento mejores para aumentar
simultáneamente la adecuación y la sostenibilidad. La Comisión insta a los Estados miembros: ·
A que plasmen mejor la inversión social en la
asignación de recursos y la arquitectura general de la política social. Esto
significa prestar más atención en sus políticas a cuestiones tales como el
cuidado (de la infancia), la educación y la formación, las políticas activas
del mercado de trabajo, el apoyo a la vivienda, la rehabilitación y los
servicios sanitarios. Asimismo, han de mejorar la sostenibilidad de los
sistemas sanitarios[35].
Las estructuras de financiación deben mejorarse, por ejemplo, mediante una
recaudación de fondos eficiente, ampliando las bases fiscales y haciendo la
estructura fiscal más favorable al crecimiento, y evitando los efectos
negativos sobre la demanda de mano de obra. Los avances deben consignarse en
los programas nacionales de reforma. ·
A que simplifiquen los sistemas de prestaciones
y su administración tanto para los usuarios como para los prestadores de los
servicios, y a que reduzcan las cargas administrativas y el fraude y aumenten
el aprovechamiento. Esto podría conseguirse, por ejemplo, estableciendo
ventanillas únicas y evitando la proliferación de diferentes tipos de
prestaciones para una única contingencia. También han de ajustar mejor las
políticas sociales para asegurarse de que quienes más lo necesiten reciban el
apoyo adecuado, reduciendo al mismo tiempo la carga para las finanzas públicas. La Comisión ayudará a los Estados miembros: ·
Efectuando un seguimiento, en el marco del
Semestre Europeo, de la eficiencia y la eficacia de los sistemas sociales y de
su atención especial a la inversión social, con vistas a mejorar también la
adecuación y la sostenibilidad. Siguiendo el mandato del Consejo[36], y tal como se
anunció en su Programa de Trabajo para 2013, el Comité de Protección Social
trabajará sobre la financiación de los sistemas de protección social y sobre la
eficiencia y eficacia del gasto en protección social. Esa labor incluirá el
desarrollo de una metodología ad hoc para antes de que finalice 2013. El
trabajo consistirá en analizar y compartir las mejoras prácticas en el contexto
del método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social y la
inclusión social. ·
Creando, en el transcurso de 2013, un grupo de
expertos que proporcione asesoramiento independiente sobre maneras eficaces de
invertir en salud[37].
2.2.
Aplicar políticas de activación y capacitación
mediante un apoyo selectivo, condicional y más eficaz
Es preciso que las
administraciones y los empleadores de los Estados miembros actúen para
incrementar la participación de la mano de obra, concretamente eliminando los
obstáculos que siguen impidiendo la plena participación, y que aumenten la
creación de empleo y la demanda de mano de obra. Además de las
líneas de actuación expuestas en el paquete sobre empleo y en el paquete sobre
el nuevo concepto de educación[38],
que se centran en la oferta y la demanda del mercado de trabajo, esto significa
invertir en políticas sociales, servicios y prestaciones en efectivo, que
activan y al mismo tiempo capacitan. La inversión social debe atender a los
resultados tanto para la persona como para la sociedad en general. El apoyo ha
de ofrecer a los individuos una estrategia de salida y prestarse mientras sea
necesario, lo cual quiere decir que, en principio, ha de ser de naturaleza temporal.
En algunos casos, los servicios sociales son de más ayuda que las prestaciones
en efectivo. Además, determinados tipos de apoyo han de ser recíprocos: estar
condicionados a que la persona alcance un objetivo adecuado y concreto dentro
de sus posibilidades, como se hace a menudo, por ejemplo, con las prestaciones
por desempleo. A este respecto es
fundamental la implementación de la Recomendación sobre la inclusión activa[39] y de las
orientaciones proporcionadas en el presente paquete[40]. Las medidas deben
conformarse a las necesidades de la persona, en lugar de estar vinculadas a la
naturaleza de la prestación o al «grupo destinatario» al que
circunstancialmente pertenece el individuo. Las ventanillas únicas y los
contratos individuales son ejemplos de enfoques simplificados que se ajustan a
las necesidades de las personas. El establecimiento de presupuestos de
referencia puede ayudar a poner en práctica esta Recomendación[41]. Los sistemas
fiscales y de prestaciones deben hacer que merezca la pena trabajar y las
políticas sociales deben garantizar también un sustento adecuado. Han de abordarse
las barreras a la participación de las mujeres y otros trabajadores
infrarrepresentados en el mercado laboral. Es necesaria la intervención
temprana, complementada con medidas que permitan el acceso a los servicios
básicos, como cuentas de pago básicas, internet, transporte[42], servicios de guardería,
educación y sanidad. Otra parte del mismo esfuerzo consiste en estimular las
opciones basadas en la mejor oferta de precio[43]
para los productos y servicios de consumo y en mejorar la inclusión financiera.
Será fundamental la ejecución del paquete legislativo sobre cuentas bancarias,
que incluye medidas para que todos los consumidores de la UE dispongan de una
cuenta de pago de características básicas, siguiendo la Recomendación de 2011
sobre el acceso a una cuenta de pago básica[44]. La inversión
social desempeña un papel especial para aquellas personas a las que el
desempleo, la pobreza, las malas condiciones de vivienda y sanitarias y la
discriminación afectan de una manera desproporcionada. Así, por ejemplo, muchos
gitanos viven en una marginación extrema y en circunstancias socioeconómicas
muy pobres. Esto exige unas políticas dirigidas específicamente a sus
necesidades y que ofrezcan un apoyo integrado. Si se hace frente a la falta de
hogar poniendo el acento en la prevención y la intervención temprana, pueden
conseguirse ahorros considerables en cuanto a centros de acogida, asistencia
sanitaria y prevención de la delincuencia. Esto conlleva también la revisión de
las normativas y prácticas sobre desahucios. La innovación es
un elemento esencial de la política de inversión social, pues las políticas
sociales requieren una adaptación constante a nuevos retos. Así pues, se han de
desarrollar e implementar nuevos productos, servicios y modelos, ponerlos a
prueba y favorecer al más eficiente y eficaz. Los innovadores de la política
social necesitan un entorno favorable para poner a prueba y promover, por
ejemplo, nuevos mecanismos de financiación, y para medir y evaluar el impacto
de sus actividades. Es preciso aplicar
a mayor escala la innovación en política social, integrarla en el diseño de las
políticas y ponerla en relación con las prioridades, por ejemplo la aplicación
de las recomendaciones por país, incluso a través del FSE. Las empresas
sociales, junto con el tercer sector, pueden complementar los esfuerzos del
sector público y ser pioneras en el desarrollo de nuevos servicios y mercados
para los ciudadanos y las administraciones públicas, pero necesitan obtener las
capacidades y el apoyo necesarios. Es importante que los Estados miembros
proporcionen a los emprendedores sociales planes de apoyo e incentivos para
empresas incipientes, y que establezcan un entorno regulador favorable[45]. En el presente
paquete se incluyen ejemplos de proyectos exitosos y orientaciones para seguir
utilizando los fondos de la UE, concretamente el FSE[46]. La Comisión insta a los Estados miembros: ·
A que pongan plenamente en ejecución sin más
demora la Recomendación de la Comisión sobre inclusión activa (2008), en
especial, cuando sea aplicable, por medio del FSE y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), integrando sus tres pilares: apoyo a la renta
adecuado, mercados de trabajo inclusivos y acceso a los servicios. A que
establezcan unos marcos jurídicos que garanticen el acceso a servicios sociales
eficientes, de gran calidad, asequibles y conformes con las normas de la UE. A
que establezcan, basándose en la metodología que la Comisión desarrollará en
cooperación con el Comité de Protección Social, presupuestos de referencia que
ayuden a diseñar un apoyo a la renta que sea eficiente y adecuado y que tenga
en cuenta las necesidades sociales detectadas a nivel local, regional y
nacional[47].
Los avances en todos estos campos deben consignarse en los programas nacionales
de reforma. ·
A que eliminen las diferencias salariales
entre hombres y mujeres y aborden otras barreras a la participación de las
mujeres y otros trabajadores infrarrepresentados en el mercado de trabajo, por
ejemplo animando a los empleadores a que aborden el problema de la
discriminación en el lugar de trabajo y ofrezcan medidas de conciliación (tales
como servicios de guardería), lugares de trabajo adaptados —incluidas las
soluciones basadas en las TIC—, accesibilidad electrónica, gestión de la
diversidad, programas de formación y mejora de las capacidades y de reconocimiento
de las aptitudes y las cualificaciones, así como de movilidad y desarrollo de
carreras consecutivas. Esto debería conseguirse, por ejemplo, con la
reglamentación del mercado de trabajo y de los permisos parentales y con
incentivos fiscales. Debe actuarse para que los sistemas fiscales y de
prestaciones estén en sintonía y hagan que merezca la pena trabajar (umbrales
de prestaciones decrecientes o incentivos fiscales específicos en función del
empleo). Para ello debe recurrirse al FSE, al FEDER, al Fondo Europeo para la
Integración y al Fondo de Asilo y Migración. ·
A que luchen contra la falta de hogar con
estrategias integrales basadas en la prevención, en enfoques orientados a la
vivienda y en la revisión de las normativas y las prácticas sobre desahucios,
teniendo en cuenta las conclusiones clave de las orientaciones para combatir la
falta de hogar que se ofrecen en el presente paquete. ·
A que hagan un uso adecuado del Fondo de Ayuda
Europea para los Más Necesitados a fin de abordar la privación material y la
falta de hogar, en especial apoyando medidas de acompañamiento que promuevan la
inclusión social. ·
A que pongan en ejecución la Recomendación de
la Comisión sobre el acceso a una cuenta de pago básica[48]. A que estimulen
las opciones basadas en la mejor oferta de precio para los productos y
servicios de consumo y mejoren la inclusión financiera. ·
A que diseñen estrategias concretas de
innovación social, por ejemplo asociaciones entre el sector público, el sector
privado y el tercer sector; a que garanticen un apoyo financiero adecuado y
previsible, incluida la microfinanciación; y a que ofrezcan formación, redes y
asesoramiento en apoyo de políticas de base fáctica. A que para ello, y para aplicar
a mayor escala los proyectos exitosos, aprovechen plenamente las oportunidades
de financiación del FSE, el FEDER, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader), el Fondo Europeo para la Integración y el Programa de la Unión
Europea para el Cambio y la Innovación Sociales. A que den prioridad a la
innovación en política social cuando pongan en ejecución las recomendaciones
por país pertinentes y a que informen sobre ello en los programas nacionales de
reforma. ·
A que apoyen a los emprendedores sociales[49] proporcionando
incentivos para la creación de empresas y para su posterior desarrollo,
ampliando sus conocimientos y redes y ofreciéndoles un marco reglamentario
capacitador en consonancia con la Iniciativa en favor del Emprendimiento Social[50] y el Plan de Acción
sobre Emprendimiento 2020[51]. ·
Explorar y desarrollar modos innovadores de asegurar
una financiación privada adicional para la inversión social, por ejemplo
mediante asociaciones público‑privadas. La Comisión ayudará a los Estados miembros: ·
Efectuando, en el marco del Semestre Europeo,
el seguimiento de las reformas en pos de la inclusión activa[52], desarrollando una
metodología para diseñar presupuestos de referencia en 2013 y supervisando la
adecuación del apoyo a la renta, utilizando para ello dichos presupuestos de
referencia una vez elaborados con los Estados miembros. ·
Aclarando a las autoridades públicas y los
prestadores de servicios cómo se aplican a los servicios sociales las normas de
la UE sobre ayudas estatales, mercado interior y contratación pública[53], por medio de una
guía actualizada[54]
y de intercambios regulares de información con las partes interesadas. ·
Preparando una recomendación sobre las mejores
prácticas para la inclusión de los gitanos, basándose en las experiencias de
los Estados miembros, e informando anualmente sobre los avances en la ejecución
de las Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos en el marco del
Semestre Europeo. Facilitando la inclusión de los gitanos mediante el
intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de la cooperación
transnacional, a través de la red de puntos de contacto nacionales para la
integración de los gitanos. ·
Presentando una iniciativa legislativa para
mejorar el acceso a las cuentas de pago básicas y la transparencia y
comparabilidad de las tarifas bancarias, y para facilitar el cambio de cuentas
bancarias. ·
Informando mejor a los ciudadanos acerca de
sus derechos sociales, mediante guías de protección social de más fácil
consulta, y ayudando a establecer servicios que permitan a las personas seguir
la pista de sus derechos a pensión. Ayudando a prevenir la discriminación por
razón de nacionalidad y a reducir los obstáculos que encuentran los
trabajadores móviles por medio de una directiva destinada a garantizar un mejor
ejercicio y una mejor garantía del derecho a la libre circulación. ·
Ofreciendo en 2013 a los Estados miembros
orientaciones sobre la manera de utilizar la innovación en política social a la
hora de poner en ejecución las recomendaciones por país. Esas orientaciones
incluirán ejemplos sobre cómo emplear los Fondos Estructurales y de Inversiones
Europeos. ·
Presentando un informe en 2013 sobre la implementación
de la Comunicación «Solidaridad en materia de salud: reducción de las
desigualdades en salud en la UE»[55].
2.3.
Inversión social durante toda la vida de la
persona
El apoyo debe dirigirse
a cubrir necesidades concretas que surgen a lo largo de la vida: en la
infancia, en la juventud, en la transición del mundo escolar al mundo laboral,
en la paternidad, desde el principio hasta el final de la carrera profesional y
en la vejez. Esto significa que los servicios integrados, las prestaciones en
efectivo y la asistencia deben adaptarse a los momentos críticos de la vida de
una persona y evitar que esta pase apuros en fases posteriores. La Recomendación
de la Comisión «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas»[56], incluida en este
paquete, ilustra claramente cómo la inversión social selectiva puede formar
parte de una política basada en los derechos y fundamentada en la universalidad,
y aumentar además la igualdad de oportunidades. Para conseguir una
economía del conocimiento sostenible, eficiente y competitiva y una sociedad
intergeneracional justa es preciso centrar la atención en la infancia. La
adecuación de las futuras pensiones depende del capital humano de quienes hoy
en día son niños. Un desequilibrio entre el aumento de la esperanza de vida y
la reducción de la población activa puede dar lugar a una estructura del gasto
desviada hacia la prestaciones de vejez, a unos presupuestos gubernamentales
por lo general más elevados y a menos recursos para la infancia y la juventud.
Existe un amplio consenso en que una educación y unos cuidados de la primera
infancia tempranos y de calidad son un medio eficiente de prevenir el abandono
prematuro de los estudios y mejorar el rendimiento académico, la salud, las
oportunidades de empleo y la movilidad social en el futuro. Para romper el
ciclo de las desventajas entre generaciones es necesario movilizar una serie de
políticas, apoyando no solo a los propios niños, sino también a sus familias y
comunidades. Ello implica una combinación de prestaciones en efectivo y en
especie y un acceso equitativo a la educación de calidad, así como reducir el
abandono escolar prematuro y eliminar la segregación escolar y el uso
inadecuado de la educación para necesidades especiales. La inversión en
salud, desde una temprana edad, permite a las personas permanecer activas
durante más tiempo y con mejor estado de salud, aumenta la productividad de la
mano de obra y mitiga la presión financiera sobre los sistemas sanitarios. La
promoción de la salud y la sanidad preventiva revisten una importancia especial
durante toda la vida. En este contexto, también es importante destacar las
ventajas que se derivan de la inversión en salud y seguridad en el trabajo[57]. El paquete de la Comisión Europea sobre
empleo juvenil[58]
responde a la situación actual de elevado desempleo entre la población joven.
En él se proponen sistemas que garanticen que toda persona joven reciba una
buena oferta de empleo, educación y formación continuas, formación de aprendiz
o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación
formal o quedar desempleada. Esta «Garantía Juvenil» refuerza la seguridad del
empleo en la juventud, fomentando las transiciones de la vida escolar a la vida
laboral. Debe complementarse con oportunidades para mejorar las aptitudes
mediante políticas de aprendizaje permanente. El programa Erasmus para Todos[59] también ayudará a
los jóvenes a formarse y adquirir aptitudes que puedan potenciar su desarrollo
personal, al igual que a obtener nuevas capacidades y adquirir conocimientos de
idiomas y, de ese modo, mejorar sus perspectivas globales de empleo. Las políticas de
salud y envejecimiento activo permiten a las personas aprovechar al máximo su
potencial en fases posteriores de su vida. A menudo se pasa por alto la
contribución de las personas mayores a la sociedad en su calidad de cuidadoras
o voluntarias y ha de dárseles el apoyo apropiado para que continúen
desempeñando ese papel. El Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la
Solidaridad Intergeneracional, celebrado en 2012, sirvió para concienciar de
esa contribución de las personas mayores a la sociedad y dio impulso político a
iniciativas de actuación como el nuevo Plan Federal para las Personas Mayores,
en Austria. El presente
paquete incluye ejemplos de cómo puede satisfacerse la necesidad de cuidados de
larga duración mediante la prevención, la rehabilitación y la creación de
entornos más propicios para las personas mayores, así como concibiendo maneras
más eficientes de prestar los cuidados[60].
Debe abordarse también la gran carencia de mano de obra sanitaria y de cuidados
prolongados, ofreciendo incentivos para promover el empleo en «puestos de bata
blanca» y mejorar las condiciones de trabajo en este ámbito. El transporte
accesible y asequible y las oportunidades de vivienda adaptada también permiten
a las personas mayores y a las personas con discapacidad seguir siendo dueñas
de sus vidas todo el tiempo que sea posible y reducir la necesidad de cuidados
de larga duración. La Comisión insta a los Estados miembros: ·
A que pongan en ejecución la Recomendación
«Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas» de una manera
integrada, combinando las prestaciones en efectivo y en especie y el acceso a
una educación de la primera infancia y unos servicios sanitarios y sociales de
calidad. A que aborden las desigualdades en la infancia eliminando la
segregación escolar y el uso inadecuado de la educación para necesidades
especiales. A que den más visibilidad y disponibilidad a la educación y los
cuidados de la primera infancia, en consonancia con los objetivos de Barcelona[61] sobre el cuidado
de los niños y los objetivos de la UE en materia de educación y cuidados de la
primera infancia[62].
A que informen sobre los avances de los programas nacionales de reforma. A que
hagan uso del FSE, el FEDER y el Feader para promover el acceso a los servicios
sanitarios y sociales y a la educación y los cuidados de la primera infancia. ·
A que pongan en ejecución la Recomendación
relativa a las políticas para reducir el abandono escolar prematuro y diseñen
políticas de base fáctica y de carácter global para combatir ese problema, que
abarquen medidas de prevención, intervención y compensación[63]. ·
A que sigan las orientaciones que han de guiar
el envejecimiento activo y la solidaridad entre las generaciones[64] y a que utilicen
el índice del envejecimiento activo[65],
que sirve para hacer un seguimiento de la participación de las personas mayores
en el empleo y en la sociedad y de sus condiciones de vida independiente, y a
que aprovechen las oportunidades que ofrece la cooperación de innovación
europea sobre el envejecimiento activo y saludable[66] para evaluar en
qué medida pueden las personas mayores explotar todo su potencial. La Comisión ayudará a los Estados miembros: ·
Mejorando la recogida de datos longitudinales,
con una atención especial a la infancia, para que el diseño y el seguimiento de
las políticas sociales enfocadas a todo el ciclo vital de las personas se
realicen con un mejor conocimiento de causa. Informando de los avances
en el informe Employment and Social Developments in Europe (Evolución
social y del empleo en Europa). ·
Poniendo a prueba la eficacia de las transferencias
condicionales de efectivo en apoyo de la educación y los cuidados de la primera
infancia, a través de un proyecto de investigación financiado por Progress. ·
Colaborando en 2013 con el Comité de
Protección Social en la elaboración de un informe sobre las políticas en
materia de cuidados de larga duración para apoyar el envejecimiento saludable y
activo y aumentar la capacidad de vida independiente a cualquier edad,
aprovechando todo el potencial de las nuevas tecnologías, en especial la salud electrónica,
y haciendo un seguimiento de los avances hacia una protección social sostenible
y adecuada contra el riesgo de necesitar cuidados prolongados. La Comisión
elaborará un manual destinado a los diseñadores de las políticas para ayudar a
los Estados miembros a concebir estrategias en materia de cuidados de larga
duración, basado en la labor que llevará a cabo en 2013-2014 el Instituto de
Prospectiva Tecnológica (IPTS) del Centro Común de Investigación (JCR).
3.
Orientaciones para utilizar los fondos de la UE en el
período 2014-2020
El presupuesto de
la UE debe ser «un catalizador del crecimiento y el empleo en toda Europa y en
particular servir de palanca a las inversiones productivas y en capital humano»[67]. Sin embargo, la
proporción de recursos de la UE asignada por los Estados miembros al empleo, el
desarrollo del capital humano, la sanidad y las políticas sociales
—concretamente a través del FSE— está disminuyendo desde 1989. Por eso la
Comisión ha propuesto, para el período 2014-2020, que por lo menos el 25 %
de la financiación de la política de cohesión se asigne al capital humano y la
inversión social, es decir, a la inversión del FSE en las personas. Además, ha
propuesto que el 20 %, como mínimo, de los recursos totales del FSE se
asignen en cada Estado miembro al objetivo temático de promoción de la
inclusión social y lucha contra la pobreza. Durante el período
de programación 2007-2013, el FSE ha llegado hasta ahora a más de cincuenta
millones de personas, en especial, solo en 2011, a más de cuatro millones y
medio de parados y cinco millones de personas inactivas. Lo ha conseguido
aportando 75 000 000 000 EUR para ayudar a las personas a
desplegar todo su potencial, dándoles la posibilidad de adquirir mejores
capacidades y ofreciéndoles mejores perspectivas de empleo. Sus programas han
ayudado a amortiguar los efectos negativos de la crisis, a preservar puestos de
trabajo y a preparar la recuperación. El FEDER ha puesto
18 000 000 000 EUR a disposición de las medidas de inclusión
social, principalmente en apoyo de inversiones en infraestructuras educativas,
sanitarias y sociales. Los Fondos
Estructurales y de Inversiones Europeos[68],
en particular el FSE, el programa Progress 2007-2013, el Programa de la Unión
Europea para el Cambio y la Innovación Sociales 2014-2020 y el Fondo de Ayuda
Europea para los Más Necesitados, son instrumentos importantes para los Estados
miembros a la hora de poner en ejecución la estrategia expuesta en el paquete
sobre inversión social. El apoyo financiero de la política de cohesión, cuyo
objetivo es reforzar la cohesión económica, social y territorial en toda la
Unión, seguirá teniendo un papel importante en el período de programación
2014-2020 para alcanzar los objetivos de Europa 2020, junto con las reformas y
la modernización necesarias señaladas en la presente Comunicación. Para apoyar el
crecimiento inclusivo, la Comisión ha instado a los Estados miembros a que se
aseguren de que sus políticas de empleo, desarrollo del capital humano,
modernización de los servicios públicos, inversión territorial e inclusión
social tengan en cuenta las recomendaciones por país y el análisis subyacente
de los principales retos indicados en los documentos de trabajo de los
servicios de la Comisión que examinan los programas nacionales de reforma y de
estabilidad[69].
La financiación en el marco del FSE[70]
puede complementarse con financiación del FEDER, en concreto para invertir en
infraestructuras sanitarias, sociales, de guardería, de vivienda y educativas,
y para apoyar la regeneración física y económica de comunidades urbanas y
rurales desfavorecidas. Estas inversiones pueden repercutir en la reforma de
las políticas sociales y contribuir, por ejemplo, a la no segregación de las
instalaciones educativas, al cambio a unos cuidados prestados en el seno de la
comunidad y a unas políticas de vivienda integradas. El Reglamento de
disposiciones comunes[71]
presenta las prioridades de financiación de los Fondos Estructurales y de
Inversiones Europeos. Dichos Fondos apoyarán la aplicación de las recomendaciones
por país pertinentes y de los programas nacionales de reforma. El seguimiento
de los avances en la consecución de los objetivos de las políticas se efectuará
en el marco del Semestre Europeo. Los Estados
miembros pueden recurrir a los Fondos Estructurales y de Inversiones Europeos para
apoyar la puesta en práctica de las orientaciones de actuación expuestas en la
presente Comunicación, en especial a través de la innovación social, la
economía social y el emprendimiento social[72].
La atención especial que dedicará el FSE —con la ayuda del FEDER— a la
innovación social[73]
para respaldar la puesta a prueba de enfoques innovadores y su posterior
aplicación a mayor escala contribuirá al desarrollo de políticas sociales más
eficaces. La Comisión
presentará orientaciones más detalladas en el contexto de las orientaciones
operativas que se publicarán a mediados de 2013 sobre la mejor manera en que
los Estados miembros pueden utilizar los Fondos Estructurales y de Inversiones Europeos
para lograr los objetivos temáticos acordados. Esas orientaciones ayudarán a
reformar las políticas y a conseguir unos servicios públicos sostenibles y
eficientes. Por ejemplo, en el ámbito de la pobreza infantil, se destacarán el
tipo de intervenciones que serían necesarias en países con una población gitana
numerosa, deficientes servicios de guardería y grandes desigualdades en cuanto
a resultados educativos. Otros temas posibles serán, por ejemplo, la
innovación, el cuidado de los niños, la salud, la desinstitucionalización y la
inclusión activa. Además de los
Fondos Estructurales y de Inversiones Europeos, también contienen disposiciones
específicas para apoyar financieramente la innovación en política social el
Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales, Horizonte
2020, COSME[74]
y el Programa de Salud. El FSE puede hacer que aquellas políticas
sociales que hayan sido probadas con éxito en el sector público y privado se
apliquen a mayor escala como políticas principales. El Fondo de Ayuda Europea
para los Más Necesitados ayudará a los Estados miembros a garantizar un
sustento adecuado, abordando la privación de alimentos, la falta de hogar y la
privación material de la infancia. Por último, los recursos de la UE pueden
complementarse, por ejemplo, con recursos del Banco Mundial, el Banco de
Desarrollo del Consejo de Europa y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones. La Comisión insta a los Estados miembros: ·
A que asignen recursos de la política de
cohesión y de la política de desarrollo rural a la potenciación del capital
humano, en particular al empleo, la inclusión social, la reducción de las
desigualdades territoriales, el envejecimiento activo y saludable, la
accesibilidad de los servicios sociales, educativos y sanitarios y el
aprendizaje permanente. Los recursos deben ser adecuados para poner en
ejecución los cambios estructurales propuestos en las recomendaciones por país,
teniendo en cuenta las metas de Europa 2020. A que se aseguren de que las
intervenciones apoyadas por los fondos plasman debidamente las recomendaciones
por país y siguen un planteamiento de inversión social. ·
A que aborden las múltiples necesidades de las
personas desfavorecidas, en especial de las que viven en zonas pobres y aisladas,
con una acción coordinada de los Fondos Estructurales y de Inversiones
Europeos. ·
A que busquen la manera de complementar los
recursos de la UE con financiación del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo
del Consejo de Europa y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones. ·
A que pongan a prueba nuevos planteamientos de
las políticas sociales (como la innovación facilitada por las TIC), en especial
a través del Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación
Sociales, y a que apliquen después a mayor escala las innovaciones más eficaces
por medio de los Fondos Estructurales y de Inversiones Europeos. ·
A que hagan participar a las partes
interesadas, en particular las organizaciones de la sociedad civil próximas a
los grupos destinatarios de las intervenciones sociales, en la programación y
la implementación y a que faciliten su acceso a los fondos. La Comisión apoyará los esfuerzos de los
Estados miembros: ·
Elaborando de aquí a mediados de 2013 unas orientaciones
de actuación operativas para los Fondos Estructurales y de Inversiones Europeos
que reflejen plenamente el enfoque de inversión social. Basándose en la
información remitida por los Estados miembros en cumplimiento de lo dispuesto
en los Reglamentos sobre los Fondos Estructurales, la Comisión efectuará el
seguimiento de los productos y resultados obtenidos al implementar los
programas. Si esta implementación planteara dificultades, la Comisión
discutiría el asunto con los Estados miembros en el marco procedimental
establecido en las recomendaciones por país. ·
Facilitando un mayor intercambio de conocimientos.
En particular, la Comisión desarrollará un banco de conocimientos con los
Estados miembros y con Eurofound para ayudar a compartir las lecciones
aprendidas, tanto en lo que se refiere a políticas como a buenas prácticas de
los Fondos Estructurales y de Inversiones Europeos. Apoyará, a través del FSE,
la elaboración de «mapas de pobreza» en los que se señalen las zonas locales
con desventajas múltiples y graves, a fin de que las intervenciones repercutan
en las poblaciones destinatarias. ·
Apoyando, a través del FSE, la generación de
recursos de las autoridades nacionales y regionales para poner en ejecución
políticas eficaces, en especial la de promoción del emprendimiento social.
4.
Iniciativas de la UE específicas
La Comisión presenta en esta sección una
serie de iniciativas a las que se hace referencia en la presente Comunicación y
que son fundamentales para garantizar un enfoque específico e integrado de las
inversiones sociales.
4.1.
Medidas para estimular la financiación en la
inversión social
La Comisión seguirá ofreciendo apoyo de
los Fondos Estructurales, concretamente del FSE, pero pueden utilizarse nuevas
herramientas de financiación, que han de explotarse para facilitar la
consolidación presupuestaria merced a una mayor participación de la financiación
privada. ·
Favorecer el acceso de las empresas
sociales a la financiación: fondos de emprendimiento social europeos Como se señala en la Iniciativa en favor
del Emprendimiento Social, los emprendedores sociales desempeñan un papel
crucial en el fomento de la inclusión social y la inversión en capital humano.
Sin embargo, las empresas sociales necesitan acceder más fácilmente a la
financiación privada, para ayudar a respaldar sus actividades y permitirlas
expandirse. Además de proponer un fondo de apoyo para las empresas sociales
como parte del Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación
Sociales que comenzará en 2014, la Comisión ha propuesto también un Reglamento[75] por el que se
establece el concepto de «fondo de emprendimiento social europeo», a fin de ayudar
a los inversores a identificar con facilidad los fondos que apoyan a las
empresas sociales europeas y acceder a la información clave sobre esos fondos.
El Reglamento propuesto eliminará barreras a la obtención de financiación por
toda Europa y hará que las inversiones sean más simples y eficientes. Por otro
lado, la Comisión desarrollará una metodología para medir los beneficios
socioeconómicos generados por las empresas sociales y organizará una
conferencia de alto nivel a principios de 2014 para difundir buenas prácticas
en materia de apoyo al emprendimiento social. ·
Examinar el empleo de nuevos instrumentos
financieros La financiación innovadora de la
inversión social con recursos procedentes del sector privado y el tercer sector
resulta crucial para complementar los esfuerzos del sector público. A este
respecto puede ser importante el papel de la microfinanciación. El
establecimiento de nuevas pequeñas empresas es fundamental para alcanzar las
metas de la Estrategia Europa 2020 en cuanto a empleo e inclusión social. Sin
embargo, uno de los mayores problemas a la hora de crear una empresa es el
acceso a la financiación, en especial a microcréditos. La Comisión ha propuesto
la continuación del instrumento europeo de microfinanciación Progress en el
marco del Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales,
que cuenta con un presupuesto aproximado de 92 000 000 EUR y que
comenzará en 2014. Dicho instrumento financiará la generación de recursos para
proveedores de microcréditos y facilitará apoyo financiero a personas que
deseen crear su propia pequeña empresa pero tengan dificultades para obtener un
préstamo tradicional. ·
Bonos de impacto social Otra de las vías que hay que explorar es
la de los bonos de impacto social, que incentivan a los inversores privados a
financiar programas sociales, ofreciendo rendimientos del sector público si el
programa en cuestión obtiene resultados sociales positivos. La Comisión ayudará
a los Estados miembros facilitando el intercambio de experiencias.
4.2.
Apoyo a un sustento adecuado / Mayor
concienciación sobre los derechos sociales
La Comisión velará por que se cumplan las
disposiciones encaminadas a proteger a los más necesitados, mejorará la
información ofrecida a los consumidores vulnerables y proporcionará asistencia
específica a las personas en situación desfavorecida, para que elijan con
conocimiento de causa. ·
Garantizar un sustento adecuado La mayoría de los Estados miembros tienen
algún tipo de sistema de renta mínima. No obstante, la calidad de esos sistemas
es con frecuencia mejorable. El nivel debe ser lo bastante elevado para permitir
a la persona llevar una vida digna y al mismo tiempo ayudarla a estar motivada
y preparada para trabajar. Como parte del Semestre Europeo, la Comisión hará un
seguimiento de la adecuación del apoyo a la renta y utilizará para ello los
presupuestos de referencia que elaborará con los Estados miembros. ·
Generación de recursos administrativos y
simplificación para ofrecer ventanillas únicas El modelo de ventanilla única contribuye
a la eficiencia y la eficacia de los sistemas de protección social. Las
ventanillas únicas simplifican la organización, mejoran la prestación y
aumentan el aprovechamiento de los servicios. Este planteamiento hace más
accesible la información de fácil consulta, mejora la coordinación entre los
distintos niveles de la administración y aumenta la capacidad de reducir la
carga administrativa tanto para el cliente como para el prestador del servicio.
La Comisión ayudará a los Estados miembros facilitando el intercambio de buenas
prácticas, entre otras cosas por medio del «banco de conocimientos»
desarrollado con Eurofound. La financiación del FSE estará disponible en el
marco del objetivo temático «mejorar la capacidad institucional y la eficiencia
de la administración pública». La Comisión prestará una atención especial a
estos planteamientos cuando evalúe la aplicación de las estrategias de
inclusión activa por parte de los Estados miembros. ·
Potenciar la inclusión financiera Las cuentas
de pago son una herramienta esencial para que las personas participen en la
economía y la sociedad. Cada vez es más frecuente que los salarios, las
prestaciones y las facturas se paguen a través de cuentas bancarias. También es
esencial una cuenta bancaria para acceder a otros servicios financieros
básicos, como préstamos de consumo, hipotecas, seguros de vida, pagos
electrónicos e inversiones. Para ello, la Comisión ha propuesto una Directiva
sobre el acceso a cuentas de pago de características básicas. ·
Proteger a las personas frente a las dificultades
financieras La crisis financiera ha demostrado el
daño que pueden producir en los consumidores y los prestamistas unas prácticas
de préstamo irresponsables. Los consumidores que adquieren una propiedad o
toman un préstamo poniendo su hogar como aval tienen que estar adecuadamente
informados de los posibles riesgos, y las entidades que realizan estas
actividades deben hacer sus negocios con responsabilidad. La Comisión ha
publicado un documento de trabajo sobre las medidas y las prácticas nacionales
encaminadas a evitar los procedimientos de ejecución hipotecaria[76]. Además, la
Comisión está intentando mejorar la protección de los consumidores proponiendo
una directiva sobre acuerdos crediticios relacionados con inmuebles de uso
residencial. También publicará, a comienzos de 2013, un estudio en el que se
determinen y analicen las diversas técnicas jurídicas y las mejores prácticas
dirigidas a mejorar la protección de los consumidores. Todas estas iniciativas
forman parte de un planteamiento preventivo para mitigar los apuros económicos
y luchar contra la falta de hogar. ·
Eficiencia energética La nueva Directiva sobre eficiencia
energética[77]
anima a los Estados miembros a incluir requisitos con finalidad social en sus
sistemas nacionales, tiene en cuenta las necesidades específicas de las
personas desfavorecidas y ayuda a abordar la pobreza energética estableciendo
el uso de contadores inteligentes y de facturas informativas que ofrezcan a los
consumidores vulnerables información clara, creíble y oportuna sobre su consumo
de energía y sobre las posibilidades concretas de ahorro. ·
Mejorar el acceso a la información para los
ciudadanos La existencia de una información
accesible sobre, por ejemplo, servicios de búsqueda de empleo, prestaciones por
desempleo, asignaciones por hijos, asistencia sanitaria o becas de estudio es
esencial para la igualdad de oportunidades y para la participación de los
ciudadanos en la economía y la sociedad. Para facilitar el acceso de los ciudadanos
a esa información, la Directiva propuesta sobre la accesibilidad de los sitios
web de los organismos del sector público[78]
garantizará la plena accesibilidad de un conjunto de sitios web del sector
público para todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad y
las personas mayores. Asimismo, la Comisión proporcionará a los ciudadanos
información más accesible sobre sus derechos sociales mediante guías de
protección social de fácil consulta, y ayudará a establecer servicios que permitan
a las personas seguir la pista de sus derechos a pensión. Además, la Comisión
presentará, en el primer semestre de 2013, una propuesta de Directiva en apoyo
de un mejor ejercicio y una mejor garantía del derecho a la libre circulación.
4.3.
Invertir en la infancia / Educación y cuidados
de la primera infancia
Debe seguir desarrollándose el potencial
de la educación y los cuidados de la primera infancia, utilizándolos como
inversión social para abordar, mediante la intervención temprana, las
desigualdades y los retos a los que se enfrentan los niños. ·
Mejorar el acceso a los servicios de guardería El acceso a la educación y los cuidados
de la primera infancia tiene efectos positivos durante toda la vida, por
ejemplo previniendo el abandono prematuro de los estudios, mejorando los
resultados en cuanto a empleo y facilitando la movilidad social. La educación y
los cuidados de la primera infancia son fundamentales para abordar los retos a
los que se enfrentan los niños desfavorecidos, ya que aportan una intervención
temprana. Por otro lado, son esenciales para eliminar los obstáculos que se
oponen a la participación de los padres en el mercado de trabajo. En la
Recomendación sobre la inversión en la infancia se pide que la educación y los
cuidados de la primera infancia se hagan más accesibles, como parte de una
estrategia integrada para mejorar las oportunidades de los niños a fin de
alcanzar los objetivos de Barcelona. Además, la Comisión está iniciando un
estudio sobre la manera en que los sistemas de transferencia condicional de
efectivo pueden servir de apoyo a la educación y los cuidados de la primera
infancia. La Comisión Europea y la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) están intensificando su cooperación sobre iniciativas de
actuación para mejorar en toda Europa la calidad y la accesibilidad de la
educación y los cuidados de la primera infancia, determinando las mejores
prácticas. ·
Reducir el abandono prematuro de los
estudios Quienes abandonan
prematuramente los estudios tienen muchas más probabilidades de desempleo o de
riesgo de pobreza y exclusión social. La Estrategia Europa 2020 fija la meta de
reducir el abandono escolar prematuro a menos del 10 %. Sin embargo, el
13,5 % de los jóvenes siguen dejando de estudiar prematuramente. La reducción
del abandono escolar prematuro es una de las prioridades de inversión del FSE,
al que los Estados miembros pueden recurrir para diseñar políticas en
consonancia con la estrategia integrada expuesta en la Recomendación del
Consejo[79]
de 2011, aplicando medidas preventivas, medidas de intervención y medidas
encaminadas a reintegrar en el sistema educativo a quienes lo han abandonado.
La implementación del nuevo programa Erasmus para Todos[80], de educación,
formación, juventud y deporte, que refleja la necesidad de aumentar la
inversión de la UE en educación y formación, puede servir para apoyar
iniciativas de educación inclusivas.
5.
Conclusión. El camino por recorrer
La crisis ha
puesto de manifiesto tanto la interdependencia de las economías de la UE como la
gran divergencia en cuanto a la capacidad de las instituciones del mercado de
trabajo y los sistemas de bienestar para reaccionar a las conmociones. También
ha confirmado el papel de las políticas y los presupuestos sociales en la
estabilidad general de la UE. Aunque las políticas sociales son competencia,
primordialmente, de los Estados miembros, la UE apoya y complementa las
actividades que ellos emprenden. En los Estados
miembros hay ahora una gobernanza económica más sólida y una mejor vigilancia
presupuestaria. Esto debe ir acompañado de una mejor vigilancia de las
políticas en los ámbitos sociales, pues, con el tiempo, ayuda a gestionar las
crisis, encajar los golpes y conseguir un nivel adecuado de inversión social en
toda Europa. Es algo que también debe abordarse en los debates que están
teniendo lugar acerca de la dimensión social de la unión económica y monetaria. El paquete sobre inversión social
pretende reorientar las políticas de los Estados miembros hacia la inversión
social cuando sea necesario, con vistas a garantizar la adecuación y
sostenibilidad de los sistemas sociales haciendo el mejor uso posible de los
fondos de la UE, en concreto el FSE. La Comisión pide a los Estados miembros
que emprendan las acciones y sigan las direcciones expuestas en este paquete en
torno a los tres ejes principales siguientes: 1.
Reforzar la inversión social como parte del Semestre Europeo ·
Se insta a los Estados miembros a que
potencien la participación de las partes interesadas a todos los niveles, sobre
todo los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, en
la modernización de la política social como parte de la Estrategia Europa 2020. ·
Igualmente insta a los Estados miembros a que
plasmen en sus programas nacionales de reforma las orientaciones ofrecidas en
este paquete sobre inversión social, procurando especialmente: ·
prestar cada vez más atención a la inversión
social en sus políticas sociales, en particular las relativas a los cuidados
(de la infancia), la educación y la formación, las políticas activas del
mercado de trabajo, el apoyo a la vivienda, la rehabilitación y los servicios
sanitarios; ·
poner en ejecución estrategias integradas de
inclusión activa, entre otras cosas diseñando presupuestos de referencia, dando
mayor cobertura a las prestaciones y los servicios, simplificando los sistemas
sociales con un planteamiento, por ejemplo, de ventanilla única, y evitando la
proliferación de prestaciones diversas. ·
La Comisión abordará la reforma de la
protección social y la atención acentuada a la inversión social y la inclusión
activa en las recomendaciones por país y en ulteriores semestres europeos.
Además, apoyará a los Estados miembros mejorando el seguimiento de los
resultados con ayuda del Sistema Estadístico Europeo, por medio de estadísticas
mejores y más oportunas[81]
sobre la pobreza y sobre los resultados de las políticas sociales y sanitarias[82]. 2.
Hacer el mejor uso posible de los fondos de la UE para apoyar la inversión
social ·
Se insta a los Estados miembros a que tengan
debidamente en cuenta la inversión social cuando programen los fondos de la UE
y, en concreto, el FSE, para el período 2014-2020. Esto supone explorar
planteamientos innovadores de la financiación y la ingeniería financiera y
aprender de experiencias como las relacionadas con los bonos de inversión
social, la microfinanciación y el apoyo a las empresas sociales. ·
La Comisión apoyará activamente a los Estados
miembros en su labor de programación sobre la base de las orientaciones
contenidas en el presente paquete y proporcionará orientaciones temáticas
operativas relacionadas, por ejemplo, con la innovación social, la
desinstitucionalización y la salud. 3. Simplificar la gobernanza y los
informes ·
Se insta a los Estados miembros a que, a
través de los comités pertinentes, hagan propuestas para reforzar la dimensión
social de la Estrategia Europa 2020, estableciendo mejores vínculos con
procesos existentes como el método abierto de coordinación y la mejora de los
informes sobre los resultados obtenidos por los sistemas sociales de los
Estados miembros. La Comisión seguirá reforzando los instrumentos de
orientación y seguimiento, teniendo en cuenta las herramientas existentes de
gobernanza macroeconómica, presupuestaria y de empleo, con vistas a limitar y
abordar las divergencias relacionadas con las políticas sociales. La evaluación
comparativa y el seguimiento del rendimiento formarán parte de este ejercicio,
sobre la base del Indicador de Rendimiento de la Protección Social[83]. ·
La Comisión colaborará estrechamente con los
Estados miembros, en apoyo de estas consideraciones, en el marco de las
formaciones pertinentes del Consejo, el Comité de Protección Social y otros
comités pertinentes y seguirá dialogando con todas las partes interesadas
pertinentes, concretamente en el marco de la convención anual de la Plataforma
contra la Pobreza y la Exclusión Social. [1] Comunicación de la Comisión «EUROPA 2020: Una
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», COM(2010)
2020 final, de 3 de marzo de 2010; Conclusiones del Consejo Europeo de 17 de
junio de 2010. [2] Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. [3] El número de personas en riesgo de pobreza y
exclusión social ha aumentado desde 2008 en dieciocho de los veintiséis Estados
miembros de los que se disponía de datos en 2011 (Eurostat). [4] Véase el documento de trabajo de los servicios de
la Comisión Europea Evidence on Demography and Social Trends – Social
Policies' Contribution to Inclusion, Employment and the Economy (Datos
sobre las tendencias demográficas y sociales: la contribución de las políticas
sociales a la inclusión, el empleo y la economía), SWD(2013) 38. [5] Como se subraya en la Comunicación de la Comisión
«Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación
económica», COM(2012) 582, de 10 de octubre de 2012. [6] Resolución del Parlamento Europeo sobre el Pacto de
inversión social en respuesta a la crisis, de 20 de noviembre de 2012. [7] Véase el documento de trabajo de los servicios de
la Comisión Europea Evidence on Demography and Social Trends – Social
Policies' Contribution to Inclusion, Employment and the Economy,
SWD(2013) 38. [8] Comunicación de la Comisión «Hacia una recuperación
generadora de empleo», COM(2012) 173, de 18 de abril de 2012. [9] Libro Blanco «Agenda para unas pensiones adecuadas,
seguras y sostenibles», COM(2012) 55, de 16 de febrero de 2012. [10] Comunicación de la Comisión «Promover el empleo
juvenil», COM(2012) 727, de 5 de diciembre de 2012. [11] El informe de 2012 sobre el envejecimiento contiene
una evaluación detallada de las implicaciones presupuestarias del
envejecimiento demográfico: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
[12] Véase el documento de trabajo de los servicios de la
Comisión Europea Evidence on Demography and Social Trends – Social
Policies' Contribution to Inclusion, Employment and the Economy,
SWD(2013) 38. [13] Véase el documento de trabajo de los servicios de la
Comisión Report on Follow-up on the Implementation by the Member States of
the 2008 European Commission Recommendation on Active Inclusion of People
Excluded from the Labour Market – Towards a social investment approach
(Informe del seguimiento de la aplicación por parte de los Estados miembros de la Recomendación de la
Comisión de 2008 sobre la inclusión activa de las personas excluidas del
mercado laboral: hacia un enfoque de inversión social), SWD(2013) 39. [14] Véase el documento de trabajo de los servicios de la
Comisión Europea Evidence on Demography and Social Trends – Social
Policies' Contribution to Inclusion, Employment and the Economy,
SWD(2013) 38. [15] Con el término «economía social», denominada también
«tercer sector», se hace referencia a agentes no gubernamentales, como las
organizaciones locales o de voluntariado y las empresas sociales, que realizan
actividades en beneficio de la sociedad. Las empresas sociales son aquellas con
objetivos primordialmente de carácter social, que normalmente reinvierten sus
superávits en la propia empresa o en la comunidad, en lugar de buscar el máximo
beneficio para sus propietarios y partícipes. [16] Como se subraya en la Comunicación de la Comisión
«Iniciativa en favor del emprendimiento social. Construir un ecosistema para
promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación
sociales», COM(2011) 682, de 25 de octubre de 2011. [17] Lo característico de un bono de impacto social es que
un inversor privado financie a un prestador de servicios sociales para que
ponga en práctica un programa social, a cambio de la promesa («bono») del
sector público de reembolsar la inversión inicial y abonar una retribución si
el programa obtiene unos resultados sociales predefinidos. [18] Tales como el acceso limitado a una educación de gran
calidad o a un apoyo adicional de aprendizaje, o la falta de apoyo parental o
de acceso a oportunidades de aprendizaje adicionales (no formales), etc. [19] Banco Mundial, Unidad Sectorial de Desarrollo Humano,
Región de Europa y Asia Central: Roma Inclusion: An Economic Opportunity for
Bulgaria, Czech Republic, Romania and Serbia (La inclusión de los gitanos:
una oportunidad económica para Bulgaria, Chequia, Rumanía y Serbia), nota
estratégica de 30 de septiembre de 2010. [20] Véase el documento SWD(2012) 44 final, de 7 de marzo
de 2012. [21] Fuente: Eurostat, EU-SILC (Estadísticas de la Unión
Europea sobre la renta y las condiciones de vida) 2008. [22] Fuente: Eurostat, EU-SILC 2008. [23] EU Employment and Social Situation Quarterly
Review (Revisión trimestral de la situación social y laboral en la UE),
diciembre de 2012. [24] Se entiende por «apuros económicos» el hecho de que
un hogar tenga que gastar sus ahorros o endeudarse para afrontar los gastos
corrientes. [25] Véase también la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, que en su título III sobre la igualdad establece los
derechos del niño (artículo 24) y de las personas mayores (artículo 25),
refiriéndose también a la igualdad entre mujeres y hombres (artículo 23) y a la
integración de las personas con discapacidad (artículo 26). [26] Conforme a la tipología ETHOS:
http://www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/EN.pdf [27] H. Frazer, E. Marlier e I. Nicaise: A social
inclusion roadmap for Europe 2020 (Una hoja de ruta de la inclusión social
para Europa 2020), 2010. [28] Véase el documento de trabajo de los servicios de la
Comisión Europea Evidence on Demography and Social Trends – Social
Policies' Contribution to Inclusion, Employment and the Economy, SWD(2013) 38. [29] Basado en cálculos de la Comisión. [30] Véase el documento de trabajo de los servicios de la
Comisión Europea Evidence on Demography and Social Trends – Social
Policies' Contribution to Inclusion, Employment and the Economy,
SWD(2013) 38. [31] En OCDE (2012): Starting Strong III: A quality
toolbox for Early Childhood Education and Care (Empezando fuerte III:
herramientas de calidad para la educación y los cuidados en la primera
infancia), OCDE, París, pueden encontrarse datos sobre cómo las políticas
educativas de educación preprimaria afectaron a los resultados de PISA (2009) y
sobre las diferencias entre Estados miembros en cuanto a inversión en esas
políticas. [32] Véase el documento SWD(2013) 43, sobre la inversión
en sanidad. [33] Conclusiones del Consejo, sesión n° 3054 del Consejo,
Asuntos Económicos y Financieros, Bruselas, 7 de diciembre de 2010. [34] Conclusiones del Consejo sobre los valores y
principios comunes de los sistemas sanitarios de la Unión Europea (2006/C
146/01). [35] Basándose en el informe conjunto sobre los sistemas
sanitarios elaborado por el Comité de Política Económica y la Comisión, así
como en la cooperación de los Estados miembros en los procesos de reflexión del
Consejo sobre los sistemas sanitarios y las enfermedades crónicas. [36] El Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumidores de 17 de febrero de 2012 pidió al Comité de Protección Social que
comenzara a trabajar acerca de la financiación de los sistemas de protección
social y que invitara a otros comités pertinentes a participar en esta
importante labor. [37] Decisión
2012/C 198/06 de la Comisión, de 5 de julio de 2012, por la que se
establece un Grupo de expertos independiente y multisectorial para prestar
asesoramiento sobre formas eficaces de invertir en salud. [38] Comunicación de la Comisión «Un nuevo concepto de
educación: invertir en las aptitudes para lograr mejores resultados
socioeconómicos», COM(2012) 669, de 20 de noviembre de 2012. [39] Recomendación 2008/867/CE de la Comisión, de 3 de
octubre de 2008, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del
mercado laboral, DO L 307 de 18.11.2008. [40] Véase el documento de trabajo de los servicios de la
Comisión Report on Follow-up on the Implementation by the Member States of
the 2008 European Commission Recommendation on Active Inclusion of People
Excluded from the Labour Market – Towards a social investment approach,
SWD(2013) 39. [41] Los presupuestos de referencia contienen una lista de
los bienes y servicios que una familia de un tamaño y composición determinados
necesita para vivir con un nivel determinado de bienestar, junto con los
correspondientes costes anuales o mensuales estimados. Fuente: European
Consumer Debt Network (2009): Handbook of reference budgets (Manual de
presupuestos de referencia), p. 5. [42] Véase también el marco regulador relativo a los
derechos de los pasajeros y los servicios públicos de transporte y el
Reglamento (UE) nº 1177/2010. [43] El precio más bajo que un consumidor podría pagar por
un bien o servicio concreto, incluso, si procede, adquiriendo bienes o
servicios «combinados». [44] Recomendación 2011/442/UE de la Comisión, de 18 de
julio de 2011, sobre el acceso a una cuenta de pago básica. [45] Deben respetarse las normas de la UE en materia de
ayudas estatales (pudiendo recurrir a las posibilidades que ofrecen, por
ejemplo, el Reglamento general de exención por categorías [Reglamento (CE)
nº 800/2008] o el Reglamento (CE) nº 1998/2006, sobre las ayudas de
minimis). [46] Véase el documento SWD(2013) 44, sobre la inversión
social a través del Fondo Social Europeo. [47] Según se dispone en los principios comunes sobre
inclusión activa adoptados por el Consejo el 12 de diciembre de 2008. [48] Recomendación 2011/442/UE de la Comisión, de 18 de
julio de 2011, sobre el acceso a una cuenta de pago básica,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:190:0087:01:ES:HTML
[49] El «eje de emprendimiento social» del Programa de la
Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales (por valor de
90 000 000 EUR) apoya el desarrollo del mercado de inversión social y
facilita a las empresas sociales el acceso a la financiación, poniendo a su
disposición capital, cuasicapital, instrumentos de préstamo y subvenciones. [50] Comunicación de la Comisión «Iniciativa en favor del
emprendimiento social. Construir un ecosistema para promover las empresas
sociales en el centro de la economía y la innovación sociales»,
COM(2011) 682, de 25 de octubre de 2011. [51] Comunicación de la Comisión «Plan de Acción sobre
Emprendimiento 2020», COM(2012) 795, de 9 de enero de 2013. [52] Véanse las notas a pie de página 38 y 39. [53] Actualmente se están negociando las propuestas de la
Comisión de Directiva relativa a la contratación pública [COM(2011) 896 final]
y de Directiva relativa a la contratación por entidades que operan en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales
[COM(2011) 895 final]. [54] «Guía relativa a la aplicación a los servicios de
interés económico general y, en particular, a los servicios sociales de interés
general, de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales, de
contratos públicos y de mercado interior». [55] Comunicación de la Comisión «Solidaridad en materia
de salud: reducción de las desigualdades en salud en la UE», COM(2009) 567
final. [56] Véase la Recomendación C(2013) 778 de la Comisión
«Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas». [57] COM(2007) 62 final, de 21 de febrero de 2007. [58] Comunicación de la Comisión «Promover el empleo
juvenil», COM(2012) 727, de 5 de diciembre de 2012. [59] Comunicación de la Comisión «Erasmus para todos: el
Programa de educación, formación, juventud y deporte de la UE»,
COM(2011) 787, de 23 de noviembre de 2011. [60] Véase el documento SWD(2013) 41 Long-Term Care in
Ageing Societies - Challenges and Policy Options (Los cuidados de larga
duración en una población que envejece: retos y opciones de actuación). [61] En 2002, el Consejo Europeo fijó los objetivos de
prestar para 2010 servicios de cuidado de niños 1) al menos al 90 % de los
niños de edad comprendida entre los tres años y la edad de escolarización
obligatoria y 2) al menos al 33 % de los niños de menos de tres años. [62] Para 2020, al menos un 95 % de los niños con edades
comprendidas entre los cuatro años y la edad de escolarización obligatoria
debería participar en la educación en la primera infancia. Anexo I de las
Conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009 sobre un marco estratégico para
la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»),
DO C 119 de 28.5.2009, p. 7. [63] Recomendación del Consejo, de 28 de junio de 2011,
relativa a las políticas para reducir el abandono escolar prematuro, DO C 191
de 1.7.2011. [64] Conclusiones del Consejo de 6 de diciembre de 2012. [65] Nota de la Comisión Europea y la CEPE (próximamente
en 2013) sobre el índice del envejecimiento activo, disponible en:
http://europa.eu/ey2012 [66] La meta de la cooperación de innovación europea sobre
el envejecimiento activo y saludable es aumentar en dos años la esperanza media
de vida saludable de los ciudadanos de la UE de aquí a 2020. Forma parte de la
iniciativa emblemática «Unión por la innovación» de la Estrategia Europa 2020. [67] Conclusiones del Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero
de 2013. [68] El FSE, el FEDER, el Fondo de Cohesión, el Feader y
el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. [69] http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm [70] Véase el documento SWD(2013) 44, sobre la inversión
social a través del Fondo Social Europeo. [71] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE)
nº 1083/2006 del Consejo. [72] Véase el documento SWD(2013) 44, sobre la inversión
social a través del Fondo Social Europeo. [73] La Comisión ha propuesto en el Reglamento sobre la
política de cohesión 2014-2020 una prioridad de inversión dedicada a la
economía social y las empresas sociales. [74] Programa para la Competitividad de las Empresas y
para las Pequeñas y Medianas Empresas. [75] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre los fondos de emprendimiento social europeos, COM(2011) 862, de 7
de diciembre de 2011. [76] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión:
National measures and practices to avoid foreclosure procedures for
residential mortgage loans (Medidas y prácticas nacionales para evitar los
procedimientos de ejecución hipotecaria relacionados con préstamos hipotecarios
residenciales), SEC(2011) 357, de 31 de marzo de 2011. [77] Artículo 7, apartado 7, letra a), y artículo 10 de la
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y
2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. [78] Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector
público, COM(2012) 721 final, de 3 de diciembre de 2012. [79] Recomendación 2011/C 191/01 del Consejo, relativa a
las políticas para reducir el abandono escolar prematuro. [80] Comunicación de la Comisión «Erasmus para todos: el
Programa de educación, formación, juventud y deporte de la UE»,
COM(2011) 787 final, de 23 de noviembre de 2011. [81] Mejorando los datos estándar ofrecidos por EU-SILC,
ofreciendo variables sobre la estimación de la privación y la situación
financiera al final del año de referencia, recogiendo los datos mensuales sobre
renta doméstica con más rapidez y, posiblemente, sobre una base intraanual, y
examinando la posibilidad de desarrollar un módulo anual sobre estrategias de
superación de dificultades. [82] Utilizando los indicadores de salud de la Comunidad
Europea (ECHI). [83] Documento 13723/12 del Consejo: el Indicador de
Rendimiento de la Protección Social describe desviaciones anuales
estadísticamente significativas («pautas sociales por supervisar») en
indicadores clave acordados como parte de un tablero de mandos de indicadores
de protección social, y pone en marcha la supervisión temática de las pautas
sociales por supervisar.