ECO/674
Consideraciones adicionales sobre el futuro del Semestre Europeo 2025
DICTAMEN
Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social
Consideraciones adicionales sobre el futuro del Semestre Europeo 2025
(Dictamen de iniciativa)
Ponente: Javier DOZ ORRIT
|
Asesor
|
Olivier Cédric VAUZELLE (por el ponente)
|
|
|
|
|
Decisión de la Asamblea
|
27/3/2025
|
|
Base jurídica
|
Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno
Dictamen de iniciativa
|
|
Sección competente
|
Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social
|
|
Aprobado en sección
|
5/9/2025
|
|
Resultado de la votación
(a favor/en contra/abstenciones)
|
40/0/1
|
|
Aprobado en el pleno
|
D/M/AAAA
|
|
Pleno n.º
|
…
|
|
Resultado de la votación
(a favor/en contra/abstenciones)
|
…/…/…
|
1.Conclusiones y recomendaciones
1.1El Comité Económico y Social Europeo (CESE) manifiesta su preocupación por la existencia de múltiples factores que impulsan —y generan— riesgos geopolíticos e inestabilidad, en particular los que constituyen una amenaza para la paz, la democracia y el respeto de los derechos humanos, pero también los que, como la guerra comercial, tienen un impacto en el crecimiento y la inflación, la seguridad de las cadenas de suministro y el acceso a las materias primas fundamentales.
1.2Las previsiones de primavera han rebajado las ya débiles previsiones de crecimiento para la UE y la zona del euro, lo que facilita que la inflación se mantenga dentro de los objetivos monetarios. Al CESE le preocupa el hecho de que las tendencias de inversión, tanto públicas como privadas, estén muy lejos de contribuir a una reducción significativa del enorme déficit de inversión acumulado por las economías europeas o de aproximarse a los objetivos establecidos en el informe Draghi.
1.3El CESE respalda las dos prioridades políticas principales esbozadas en el paquete de primavera del Semestre Europeo de 2025, a saber, reforzar la competitividad y mejorar las capacidades de defensa, y apoya el objetivo principal de realizar las inversiones y reformas de los planes nacionales de recuperación y resiliencia de aquí a 2026. Considera asimismo que las recomendaciones específicas de carácter general son en su mayoría adecuadas. Sin embargo, lamenta que el refuerzo de la cohesión social no se haya incluido como prioridad política clave.
1.4El CESE considera que, una vez controlada la inflación, habrá llegado el momento de desarrollar una política monetaria moderadamente expansionista que fomente las inversiones y, al mismo tiempo, aproveche la debilidad del dólar para reforzar el papel del euro como moneda de reserva a escala mundial a través de las tres medidas siguientes: introducir el euro digital; emplear el volumen de deuda de modo que, a la vez que financia la política de inversión, la haga atractiva para la negociación en los mercados; y completar urgentemente la unión bancaria y la unión de los mercados de capitales.
1.5El CESE juzga que sería necesario que el marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2027 ascendiera al equivalente del 2 % del PIB de la UE, con el fin de alcanzar los objetivos de inversión para reducir la brecha de competitividad, fomentar la investigación y la innovación tecnológica, garantizar un doble transición ecológica y digital justa, reforzar la cohesión social y el cumplimiento del pilar europeo de derechos sociales, impulsar la autonomía estratégica en materia de política exterior, de seguridad y de defensa, y fortalecer la industria europea mediante políticas y medidas que faciliten la inversión para atraer capital interno y externo.
1.6El CESE juzga necesario adoptar un conjunto de medidas para incrementar las inversiones de aquí a 2028, entre otras, garantizar la ejecución de todos los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) con los nuevos objetivos y, en su caso, movilizar los fondos no utilizados para nuevos programas de inversión en bienes públicos europeos; crear un Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas; reforzar la capacidad de préstamo del BEI para ampliar InvestEU; y estudiar la posibilidad de utilizar los fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad.
1.7El CESE reitera su preocupación por los retrasos en la revisión del actual modelo de análisis de la sostenibilidad de la deuda, ya que esto puede dar lugar a que se sacrifique indebidamente el gasto social en aras de otros gastos, en un momento en que los Estados miembros tienen que alcanzar unos objetivos de déficit que no han sido modificados. Esta situación podría verse agravada por el Plan ReArmar Europa, que permitirá a los Estados miembros aumentar su déficit público hasta el 1,5 % del PIB para financiar el gasto adicional en defensa.
1.8El CESE apoya el principio general que subyace a los paquetes legislativos Ómnibus I y II de aclarar y simplificar la legislación europea y reducir las cargas administrativas innecesarias para las empresas, en particular las pymes, pero expresa su preocupación por que algunas de las disposiciones puedan dar lugar a una legislación más laxa en materia de finanzas sostenibles y, por lo tanto, pongan en peligro la consecución de los objetivos del Pacto Verde y su plan de acción. Subraya que el principal instrumento para aumentar la productividad e impulsar la competitividad es la inversión, en particular en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), formación y una mejor organización de las empresas.
1.9El CESE reitera su llamamiento en favor de la participación permanente y estructurada de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en las distintas fases del proceso del Semestre Europeo. Insta a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo a que entablen un diálogo institucional con el CESE y el Comité de las Regiones para examinar qué tipo de medidas deben adoptarse al objeto de garantizar esta participación tanto de la sociedad civil como de los parlamentos nacionales y los entes locales y regionales.
2.El marco geopolítico
2.1A los riesgos y dificultades del marco geopolítico ya detectados por el CESE a principios de año se ha añadido un nuevo factor, a saber, la puesta en marcha de nuevas políticas durante el segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. La guerra comercial ha desencadenado, de manera unilateral y en violación de las normas de la OMC, el desprecio por un orden internacional basado en normas e instituciones multilaterales, un despliegue de hostilidad hacia la Unión Europea y sus valores, y el apoyo a opciones políticas que ponen en cuestión dichos valores. Todos estos factores han introducido nuevas e importantes incertidumbres y riesgos en una situación geopolítica ya de por sí muy compleja. Estos riesgos afectan a la seguridad y la defensa, al comercio y a la economía, a las relaciones políticas y a las instituciones supranacionales y, en última instancia, a la libertad, la democracia y los derechos humanos. El deterioro de la situación respecto de estos tres últimos elementos en todo el mundo ha sido destacado por todas las instituciones independientes que los supervisan.
2.2La crisis del orden internacional y de las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial (Naciones Unidas y otras instituciones asociadas) ha ido agravándose a lo largo de los últimos tres años, como ha quedado patente en las guerras de agresión iniciadas en violación de los principios fundacionales de las Naciones Unidas, el Derecho internacional y los tratados internacionales. Son evidentes las violaciones del Derecho internacional y humanitario en Ucrania y Gaza. Restablecer el cumplimiento de esta legislación internacional es fundamental en cualquier escenario de paz, si se quiere reconstruir la estabilidad política y económica indispensable para el desarrollo y el bienestar humano. Por este motivo, el CESE respalda firmemente tanto la petición del Gobierno ucraniano al Gobierno ruso para que declare un alto el fuego inmediato que haga posible la celebración de negociaciones de paz, como la reciente petición de veinticinco países democráticos de Europa, América y Asia en la que exigen a Israel que ponga fin a la guerra y el sufrimiento de la población civil en Gaza y permita la entrada en el territorio de todos los alimentos y la ayuda médica necesarios.
2.3Si bien, debido en parte a su naturaleza errática, es demasiado pronto para determinar cuáles serán las consecuencias económicas y el impacto de las decisiones políticas de la Casa Blanca, en estos momentos merece la pena destacar la disminución del crecimiento en los Estados Unidos y la tendencia a la devaluación del dólar, junto con la inflación al alza. Por otra parte, las perspectivas de crecimiento del comercio mundial y de la economía han sido revisadas a la baja tanto por la OMC (que prevé una caída del comercio mundial del 0,2 % en lugar del crecimiento previsto anteriormente del 3 %) como por el FMI (que calcula una disminución del crecimiento del PIB mundial en 0,5 puntos porcentuales, con una reducción del crecimiento de 0,9 puntos porcentuales en el caso de los Estados Unidos). Todo ello pone de relieve la dificultad de hacer predicciones precisas en una situación imprevisible y volátil.
2.4Los factores que siempre deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar las políticas son los riesgos para las cadenas de suministro, la seguridad del suministro y los precios de los componentes. Estos riesgos derivan de las consecuencias de la guerra comercial y la intensa competencia para garantizar el suministro, e incluso controlar los suministros de materias primas estratégicas para los sectores con mayor capacidad de innovación tecnológica y los sectores y productos de la economía ecológica.
2.5En la cumbre del G7 y en las reuniones de los ministros de Economía y Finanzas de junio se decidió eximir a las empresas multinacionales estadounidenses con un volumen de negocios superior a 750 millones EUR del impuesto mínimo sobre sociedades del 15 % establecido en el acuerdo del pilar 2 de la OCDE («normas tipo mundiales contra la erosión de las bases imponibles»), que ha sido firmado por 147 países desde 2021. Esta concesión se produjo después de que el Gobierno de Trump blandiera la amenaza de una «venganza fiscal» contra inversores extranjeros en los Estados Unidos; las medidas que implicaba esta «venganza fiscal» se eliminaron finalmente del proyecto de ley de presupuestos de los Estados Unidos a raíz de la decisión del G7. El CESE considera que la decisión del G7 crea una situación muy favorable para las multinacionales estadounidenses con repercusiones negativas para la equidad fiscal, ya que fomenta un entorno completamente desigual para las empresas.
3.Previsiones económicas de primavera y paquete de primavera de 2025
3.1Consciente de que existe una preocupación razonable por la dificultad de elaborar previsiones precisas en un momento especialmente volátil de la geopolítica y la economía mundiales, la Comisión Europea está revisando sus previsiones a la baja con respecto a las ya limitadas expectativas formuladas en las previsiones de otoño. Las previsiones de crecimiento del PIB para 2025 y 2026 se han reducido tanto para la UE como para la zona del euro. Del mismo modo, las previsiones de inflación también se han revisado ligeramente a la baja para ambas regiones, ante la expectativa de que cumplan los objetivos fijados por la política monetaria convencional.
3.2Las previsiones de crecimiento de la inversión global, tanto pública como privada, también se han revisado para los próximos años, e indican que habrá un ligero aumento, pero no suficiente para compensar la caída del crecimiento del año anterior. Se espera una ligera aceleración del crecimiento de las inversiones en 2026, aunque es difícil hacer previsiones precisas, en particular teniendo en cuenta los posibles aumentos del gasto en defensa. Se espera que la inversión pública en porcentaje del PIB se mantenga constante y no se han modificado los objetivos de déficit público. También se han reducido ligeramente las previsiones de formación bruta de capital fijo. Además, se prevé que las ratios de deuda pública sobre PIB aumenten gradualmente en los próximos años.
3.3Las recomendaciones específicas por país se centran en dos ámbitos prioritarios, a saber, mejorar las capacidades de defensa y reforzar la competitividad, y tienen un único objetivo: aplicar los planes nacionales de recuperación y resiliencia (PNRR), es decir, inversiones y reformas con cargo a NextGenerationEU, a fin de garantizar que se completan en la fecha límite de 2026. Las recomendaciones específicas por país también piden aumentar la inversión en I+D, facilitar la financiación pública y privada, mejorar la eficacia del apoyo a la innovación, facilitar el acceso a la financiación, simplificar los procedimientos administrativos y reglamentarios, abordar la escasez de capacidades y modernizar las infraestructuras y los sistemas sociales para responder a los crecientes retos mundiales e impulsar el crecimiento sostenible.
4.Observaciones generales
4.1Desde que el CESE aprobó su Dictamen «Semestre Europeo de 2025 – Paquete de otoño», han tenido lugar numerosos acontecimientos geopolíticos y geoeconómicos, en particular en el primer semestre de 2025, que justifican la elaboración del presente Dictamen para incluir consideraciones adicionales. Estos acontecimientos y tendencias han afectado, o pueden afectar, a indicadores macroeconómicos clave, al comercio mundial, las inversiones, el acceso a las materias primas fundamentales y la seguridad de las cadenas de suministro. Además, las guerras actuales —junto al riesgo de nuevas guerras— tienen un efecto desestabilizador potencialmente más grave, además de la tragedia humana que conllevan.
4.2Los riesgos e incertidumbres de la situación geopolítica y los que se derivan del resultado incierto de la guerra comercial desencadenada por el Gobierno de los Estados Unidos están teniendo un impacto negativo en las decisiones de inversión empresarial en Europa y el resto del mundo. Sin embargo, una política de la UE clara y firme que combine el fomento de la autonomía estratégica en la política exterior, de seguridad y de defensa con una política industrial europea que sirva a los objetivos de una doble transición ecológica y digital justa, junto con políticas y medidas específicas para facilitar la inversión, atraería capital nacional y extranjero —parte del cual podría proceder de fuentes que rechazan invertir en los Estados Unidos— para inversiones productivas, también en el sector de la economía social, que desempeña un papel clave para impulsar un crecimiento inclusivo y la resiliencia. En opinión del CESE, ahora es más necesario que nunca que la UE transmita una imagen de seguridad, coherencia, fuerza y capacidad de acción, fundamentada en la solidez de sus políticas.
4.3Las previsiones indican que en 2025 se alcanzarán objetivos de inflación acordes a los fijados por la política monetaria, y que la inflación podría incluso situarse por debajo de estos objetivos en 2026, en especial en la zona del euro. Dado que el crecimiento sigue siendo débil, el CESE considera que debería existir la posibilidad de poner fin a la política monetaria restrictiva y pasar a aplicar una política moderadamente expansionista que contribuya a impulsarlo.
4.4El otro reto importante de la política monetaria es garantizar que el euro refuerce su papel como moneda de reserva a escala mundial, en un momento en que el dólar está mostrando una debilidad y variabilidad significativas en términos de valor como consecuencia de las políticas del Gobierno de Trump. El CESE considera que, para lograrlo, además de unas políticas monetarias y fiscales coherentes y previsibles, será necesario a) completar sin más demora la unión bancaria y la unión de los mercados de capitales, tal como se propone en los informes Draghi y Letta y como ha pedido el CESE en sus dictámenes de los últimos años; b) utilizar el volumen de deuda común, en euros, siempre dentro de los límites de la sostenibilidad, lo que, al mismo tiempo, contribuiría a satisfacer las necesidades de inversión pública y privada, mediante la amplia gama de instrumentos a disposición de la UE, con el objetivo de impulsar el uso del euro como moneda de reserva; y c) proceder a la implantación del euro digital.
4.5En los próximos años, la UE deberá responder a una serie de objetivos y retos económicos, sociales y de seguridad que requerirán inversiones significativas para colmar el déficit de inversión de las últimas décadas. Este déficit es un factor clave de la debilidad del crecimiento de la UE y la disminución de su productividad y competitividad, en concreto en los sectores más avanzados tecnológicamente de la economía europea. Las medidas de inversión deben incluir un esfuerzo importante destinado a movilizar financiación privada para capital de riesgo a fin de abordar la brecha creciente en materia de innovación.
4.6El informe Draghi sitúa las necesidades anuales adicionales de inversión de las economías europeas (públicas y privadas, nacionales y europeas) en 830 000 millones EUR para cumplir los objetivos de una doble transición justa, tanto ecológica como digital; inversión en I+D+i, en particular en IA, para reducir la brecha en el sector de las tecnologías más avanzadas entre la UE y sus competidores más directos (Estados Unidos y China); una seguridad y defensa reforzadas; y la aplicación del pilar europeo de derechos sociales —incluidas todas las políticas conexas de apoyo al empleo y la inclusión de grupos vulnerables, como las personas con discapacidad— y las políticas de cohesión. El CESE pide a las instituciones de la UE que pongan en marcha los planes necesarios para dar curso a las principales conclusiones del informe Draghi.
4.7El CESE considera que, para abordar los enormes retos y los nuevos requisitos de gasto que afronta la UE, el MFP posterior a 2027 debe mantener al menos el poder adquisitivo del actual MFP y de los fondos NextGenerationEU combinados, lo que significa que debería ascender al 2 % del PIB de la UE, tal como recomienda el CESE en su Dictamen. El CESE también propone que en el próximo MFP se preste especial atención a la determinación y el suministro de bienes públicos europeos.
4.8Sin embargo, también considera que no es posible esperar hasta 2028 para empezar a financiar programas de inversión europeos prioritarios. Por lo tanto, el CESE recomienda que la Comisión:
-actúe para garantizar la ejecución de todos los recursos del MRR y los planes nacionales de recuperación y resiliencia mediante una reorientación de las inversiones y la prestación de ayuda a los Gobiernos nacionales para completar la aplicación, cuando sea necesario; mediante la ampliación del período de ejecución de los fondos hasta 2028, cuando esta sea la única opción para llevar a término programas y proyectos clave; y, si es preciso, utilizando los fondos restantes para nuevos programas de inversión en bienes públicos europeos propuestos por la Comisión Europea;
-cree un Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, financiado de manera combinada —contribuciones de los Estados miembros, nuevos recursos propios y emisión de deuda común europea—, tal como se propone en el Dictamen del CESE, a fin de costear programas europeos estratégicos en ámbitos como la IA, las energías renovables, las interconexiones energéticas, los minerales y materias primas fundamentales, los programas de investigación de alto nivel y los programas de formación prioritarios, entre otros;
-refuerce la capacidad de préstamo del BEI y amplíe InvestEU para financiar inversiones en los ámbitos prioritarios de inversión mencionados anteriormente;
-incremente la capacidad de financiación del Fondo Europeo de Defensa para impulsar la industria europea de defensa;
-examine la posibilidad de utilizar los fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad para financiar proyectos de inversión europeos y de los Estados miembros.
4.9En una Comunicación reciente, la Comisión Europea confirmó que el plazo final para los desembolsos de pagos en el marco del MRR para un proyecto dentro del plan nacional de recuperación y resiliencia es el 31 de diciembre de 2026. El CESE acoge con satisfacción la gama de alternativas propuestas para la utilización de los recursos: ampliación de los proyectos existentes; reducción de los programas con exceso de solicitudes; fraccionamiento de los proyectos de los planes nacionales de recuperación y resiliencia para continuarlos con los fondos nacionales u otros fondos de la UE; creación de instrumentos financieros y de subvención; transferencias a InvestEU; aportaciones de capital a los bancos y entidades nacionales de fomento y contribuciones al Programa para la Industria de Defensa Europea (EDIP) y a los programas de la UE para las comunicaciones por satélite. Sin embargo, no está claro que todas estas alternativas alcancen los objetivos deseados, y es difícil que los Estados miembros aceleren la aplicación de los planes actuales y, en paralelo, preparen alternativas en poco más de un año. Debe reconocerse que es difícil aplicar estos programas, que requieren un diseño adecuado, la participación de la sociedad civil organizada y las garantías inherentes a la utilización de los fondos públicos. El CESE ya ha señalado las desigualdades —tanto de naturaleza administrativa como las derivadas de las diferencias en el tejido empresarial e institucional— que existen entre los Estados miembros en términos de capacidad de gestión de estas inversiones. Teniendo en cuenta todos estos factores, el CESE propone que la sociedad civil organizada participe activamente en la revisión de la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia que tendrá lugar a finales de año, al objeto de fomentar una aplicación más eficaz y adecuada y prestar asistencia técnica cuando sea necesario. Si, tras adoptar todas las medidas para facilitar la aplicación, los fondos siguen sin utilizarse, el CESE propone que la Comisión los use para financiar programas centrados en bienes comunes europeos.
4.10A juicio del CESE, el fomento de la autonomía estratégica en las políticas industrial, comercial y de seguridad y de defensa debe ser una preocupación esencial y permanente de la gobernanza de la UE. También debe existir una estrecha coordinación entre estas políticas y la ampliación de nuestra autonomía estratégica; por otra parte, debe iniciarse la transición hacia la elaboración de políticas europeas comunes en los ámbitos de la industria, la seguridad y la defensa (como ya sucede en la política de comercio) mediante una coordinación estrecha entre estas políticas y, cuando proceda, la utilización del procedimiento de cooperación reforzada. En la actualidad, la seguridad económica en ámbitos sensibles, como el acceso garantizado a las materias primas y a los recursos esenciales y críticos, así como la seguridad de las cadenas de suministro, dependen de la existencia de una política comercial y políticas de seguridad y defensa eficaces que sean comunes o estén estrechamente coordinadas.
4.11El gasto y la inversión en defensa están aumentando en Europa y en todo el mundo. El hecho de que este aumento se esté produciendo en un momento en que muchos países y potencias están socavando los valores democráticos, los derechos humanos y el Derecho internacional, y cuando las instituciones multilaterales del sistema de las Naciones Unidas están siendo atacadas y erosionadas, constituye un motivo de profunda preocupación. El CESE considera que la UE, mediante una política exterior común o estrechamente coordinada, desempeña, ahora más que nunca, un papel de liderazgo en la búsqueda de la paz y de un orden mundial justo que promueva el bienestar generalizado, la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, este enfoque debe inscribirse en una estrategia de paz centrada en la primacía de la diplomacia y la no agresión. Ello no es contradictorio con el hecho de que el CESE también abogue por una mayor inversión en seguridad y defensa europeas como parte de una política común o estrechamente coordinada. En opinión del CESE, la necesidad de reforzar las capacidades de defensa de Europa debería basarse en el fortalecimiento de la industria europea de defensa y en una estrecha coordinación de las fuerzas armadas de los Estados miembros en el seno de la OTAN. Por consiguiente, el CESE lamenta que no haya sido este el enfoque utilizado como base de las propuestas de ReArmar Europa y de la Acción por la Seguridad de Europa (SAFE), programas que se limitan a prever empréstitos europeos y autorizan el endeudamiento nacional mediante la activación de las cláusulas de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), permitiendo a los países europeos adquirir armas y municiones sin definir ni siquiera un plan preciso de requisitos u objetivos comunes ni fijar la preferencia europea como condición.
4.12La participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en el Semestre Europeo, en sus fases nacionales, no está garantizada, y mucho menos aún mediante procesos de consulta estructurados o permanentes, algo que el CESE ha pedido en reiteradas ocasiones. Los planes estructurales y fiscales nacionales del nuevo marco de gobernanza macroeconómica europea, se adoptaron con muy poca información y casi sin participación de la sociedad civil organizada; se alegó que los plazos eran ajustados y no podían retrasarse, por lo que no había tiempo para la consulta. Esto no debe repetirse en el Semestre Europeo. El CESE concuerda en que es importante implicar a los parlamentos nacionales y a los entes locales y regionales en la gobernanza económica europea y apoya la reciente Resolución del Comité de las Regiones (CDR) en este sentido. El CESE pide a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo que inicien un diálogo institucional sobre este tema, en el que participen tanto el CESE como el CDR, con el fin de examinar qué tipo de medidas deberían adoptarse para garantizar la participación que pide el CESE, lo que sin duda tendría un impacto positivo al garantizar una mayor identificación nacional con las medidas que deben adoptarse en el marco del Semestre Europeo.
5.Observaciones particulares
5.1Los paquetes legislativos Ómnibus I y II abordan la simplificación de la legislación en materia de finanzas sostenibles, en particular las normas que rigen la divulgación de información sobre finanzas sostenibles y la diligencia debida de las empresas en esta materia. La razón principal subyacente es la contribución que la reducción de la carga administrativa de las empresas puede aportar al aumento de la competitividad. El CESE se muestra de acuerdo con el principio general de aclarar y simplificar la legislación europea y reducir cualquier carga administrativa innecesaria para las empresas, en particular las pymes, siempre que ello no suponga eliminar los requisitos necesarios para cumplir los objetivos del Pacto Verde y su plan de acción o debilitar la legislación sobre finanzas sostenibles. Además, las pymes deben obtener ayuda de las autoridades competentes para cumplir sus obligaciones a este respecto. Al mismo tiempo, el CESE llama la atención sobre el hecho de que, por sí sola, la simplificación legislativa no puede considerarse la principal palanca para impulsar la competitividad. En primer lugar, debe ir acompañada de medidas que fomenten inversiones con una orientación adecuada, tal y como se señala en el presente Dictamen, que son instrumentos para impulsar la productividad y la competitividad.
5.2El CESE reitera su preocupación por el retraso en la revisión del actual modelo de análisis de la sostenibilidad de la deuda. El último informe Debt Sustainability Monitor califica la situación de sostenibilidad de la deuda en dos Estados miembros de alto riesgo a corto plazo; en once Estados miembros, de alto riesgo a medio plazo; y en cuatro Estados miembros, de alto riesgo a largo plazo. Sin embargo, este análisis se llevó a cabo antes de que, en el marco de ReArmar Europa, se propusiera que los Estados miembros aumentaran su gasto en defensa mediante préstamos de la UE y se les autorizara al mismo tiempo aplicar la cláusula de salvaguardia del PEC, permitiendo un déficit público adicional de hasta el 1,5 % del PIB para obtener préstamos en los mercados de bonos. Por lo tanto, la preocupación expresada por el CESE en el momento de la reforma del marco de gobernanza macroeconómica, en el sentido de que el recurso al actual modelo de análisis de la sostenibilidad supondría sacrificar el gasto social para impulsar el gasto en otros ámbitos con el fin de alcanzar unos objetivos de déficit y deuda no modificados, ha aumentado, ya que los Estados miembros deben hacer frente ahora a un aumento significativo del gasto en defensa.
5.3Igualmente importante es la revisión de los criterios de déficit excesivo, sobre todo después de que la Comisión autorizara a los Estados miembros a aplicar la cláusula de salvaguardia del PEC, permitiendo un déficit público adicional de hasta el 1,5 % del PIB, para obtener préstamos destinados a gastos de defensa. El CESE también considera que los indicadores para la vigilancia de los desequilibrios macroeconómicos utilizados por la Comisión están obsoletos. Si añadimos a ello que la aplicación final de los planes nacionales de recuperación y resiliencia y el inicio de los planes estructurales y fiscales nacionales se solapan con las recomendaciones específicas por país del ciclo ordinario, que se ha anunciado el establecimiento de vínculos entre la herramienta de coordinación de la competitividad y el Semestre Europeo, y que existe una propuesta para crear un posible vínculo entre el Semestre Europeo y los gastos del próximo MFP —al menos en lo que respecta a una parte del futuro Fondo de Cohesión—, es fuerza concluir que existe una necesidad urgente de revisar el marco de gobernanza económica de la UE, es decir, el Semestre Europeo. A la hora de llevar a cabo esta revisión deberá consultarse a los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, y el CESE debería ser un socio privilegiado en este proceso.
5.4El CESE subraya que el proceso del Semestre Europeo también debe centrarse en los criterios sociales, la mejora del nivel de vida y las crecientes desigualdades, así como en cuestiones clave como la crisis de la vivienda y el declive de la negociación colectiva. Las instituciones de la UE deben destacar la calidad de vida como una preocupación fundamental, más allá del cumplimiento de criterios técnicos y económicos.
Bruselas, 5 de septiembre de 2025.
El Presidente de la Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social
Ioannis VARDAKASTANIS
_____________
