(1)

Dada la dimensión transfronteriza del tratamiento de los datos de los mercados, la calidad de los datos y la necesidad de lograr economías de escala y evitar la repercusión negativa de las posibles divergencias tanto en la calidad de los datos como en la tarea de los proveedores de suministro de datos, el Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) transfirió competencias de autorización y supervisión en relación con las actividades de los proveedores de servicios de suministro de datos (en lo sucesivo, «PSSD») en la Unión a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).

(2)

Procede especificar las normas de procedimiento aplicables al ejercicio de la facultad de imponer multas y multas coercitivas por parte de la AEVM en relación con los PSSD incluidos en el ámbito de su supervisión. En particular, el Reglamento (UE) n.o 600/2014 establece que esas normas de procedimiento deben incluir disposiciones relativas a los derechos de defensa, la percepción de las multas o multas coercitivas y los plazos de prescripción para la imposición y ejecución de las multas y multas coercitivas.

(3)

Cuando la AEVM considere que existen indicios serios de la posible existencia de hechos que pudieran constituir una o varias infracciones de los requisitos aplicables a los proveedores de servicios de suministro de datos, nombrará a un agente de investigación independiente dentro de la AEVM para investigar el asunto. Una vez concluida la investigación, el agente de investigación dará a la persona objeto de la investigación la oportunidad de ser oída. Esto significa que la persona debe tener derecho a formular observaciones por escrito en un plazo razonable no inferior a cuatro semanas antes de que el agente de investigación presente sus conclusiones a la AEVM. Se debe permitir a la persona investigada que cuente con la asistencia de un asesor de su elección. El agente de investigación debe considerar si, como resultado de las observaciones formuladas por la persona investigada, es necesario modificar el pliego de conclusiones antes de presentarlo a la AEVM.

(4)

La AEVM debe evaluar si el expediente presentado por el agente de investigación está completo cotejándolo con una lista de documentos. Para garantizar que la persona investigada pueda preparar adecuadamente su defensa, antes de adoptar una decisión definitiva con respecto a multas o medidas de supervisión, la AEVM debe concederle el derecho de presentar observaciones adicionales por escrito.

(5)

A fin de asegurar que las personas investigadas cooperen con la investigación, conviene que la AEVM pueda adoptar determinadas medidas coercitivas. Cuando la AEVM haya adoptado una decisión por la que se exija a una persona que ponga fin a una infracción, o le haya solicitado que suministre de forma completa información o que presente de forma completa los registros, datos o cualquier otra documentación, o haya tomado la decisión de realizar una inspección in situ, podrá imponer multas coercitivas a fin de obligar a la persona objeto de la investigación a cumplir la decisión adoptada. Antes de imponer multas coercitivas, la AEVM debe ofrecer a la persona la oportunidad de presentar observaciones por escrito.

(6)

El derecho de defensa debe ponderarse con la necesidad, en circunstancias específicas, de una actuación urgente de la AEVM. Cuando esté justificada una actuación urgente de conformidad con el artículo 38 terdecies del Reglamento (UE) n.o 600/2014, el derecho de defensa de la persona investigada no debe ser óbice para que la AEVM adopte medidas urgentes. En tal caso, para evitar un daño significativo e inminente al sistema financiero, la AEVM podrá adoptar una decisión provisional sin ofrecer a la persona objeto de la investigación la oportunidad de presentar observaciones. La AEVM debe dar a la persona la oportunidad de ser oída lo antes posible tras la adopción de la decisión provisional y antes de que se adopte una decisión confirmatoria. El procedimiento debe, de todas maneras, conceder a la persona investigada el derecho a ser oída previamente por el agente de investigación.

(7)

Los expedientes elaborados por la AEVM y el agente de investigación contienen información indispensable para que la persona afectada se prepare para los procedimientos judiciales o administrativos. Una vez que la persona investigada reciba la notificación del pliego de conclusiones del agente de investigación o de la AEVM, dicha persona debe tener derecho, por lo tanto, a acceder al expediente, sin perjuicio del interés legítimo de otras personas por lo que respecta a la protección de sus secretos comerciales. El uso de los documentos de los expedientes a los que se acceda solo debe permitirse en el marco de procedimientos judiciales o administrativos relacionados con las infracciones del Reglamento (UE) n.o 600/2014.

(8)

Tanto la facultad de imponer multas y multas coercitivas, como la de ejecutarlas, deben estar sujetas a un plazo de prescripción. Por razones de coherencia, los plazos de prescripción para la imposición y ejecución de multas o multas coercitivas han de tener en cuenta la legislación vigente de la Unión aplicable a la imposición y ejecución de sanciones a entidades supervisadas, así como la experiencia de la AEVM en la aplicación de esa legislación.

(9)

A fin de garantizar la custodia de las multas y multas coercitivas recaudadas, la AEVM debe depositarlas en una cuenta remunerada abierta exclusivamente a efectos de una única multa o multa coercitiva destinada a poner fin a una sola infracción. Por motivos de prudencia presupuestaria, la AEVM solo debe transferir los importes a la Comisión una vez que las decisiones sean definitivas por haberse agotado o haber caducado los derechos de recurso.

(10)

A fin de garantizar el buen funcionamiento del nuevo marco de supervisión de los PSSD, introducido en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 2019/2175, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia.

(1)

De conformidad con el artículo 48 septies y el artículo 48 octies del Reglamento (UE) 2016/1011, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) está facultada para imponer multas y multas coercitivas, en determinadas condiciones, a los administradores de índices de referencia bajo su supervisión. De acuerdo con el artículo 48 decies, apartado 10, del Reglamento (UE) 2016/1011, la Comisión debe especificar las normas de procedimiento para el ejercicio de la facultad de imponer dichas multas o multas coercitivas, incluidas disposiciones sobre los derechos de defensa, la percepción de las multas o multas coercitivas y los plazos de prescripción para la imposición y ejecución de sanciones.

(2)

Cuando la AEVM considere que existen indicios serios de la posible existencia de hechos que pudieran constituir una o varias infracciones de los requisitos establecidos en el artículo 42 del Reglamento (UE) 2016/1011 para los administradores de índices de referencia bajo su supervisión, nombrará a un agente de investigación independiente perteneciente a la AEVM a fin de investigar la cuestión. Una vez finalizado su trabajo, el agente de investigación debe transmitir a la AEVM un expediente completo. Estar informado de estas conclusiones y tener la oportunidad de responder a ellas forma parte integrante del derecho de defensa. Por lo tanto, la persona investigada debe ser informada de las conclusiones del agente de investigación y debe tener la oportunidad de responder a ellas en un plazo razonable. Se debe permitir a las personas investigadas que cuenten con la asistencia de un asesor de su elección. El agente de investigación debe considerar si, como resultado de las observaciones formuladas por la persona investigada, es necesario modificar el pliego de conclusiones antes de presentarlo a la AEVM.

(3)

La AEVM debe evaluar si el expediente presentado por el agente de investigación está completo cotejándolo con una lista de documentos. Para garantizar que la persona investigada pueda preparar adecuadamente su defensa, antes de adoptar una decisión definitiva con respecto a multas o medidas de supervisión, la AEVM debe asegurarse de que se le da la oportunidad de presentar observaciones adicionales por escrito.

(4)

A fin de asegurar que la persona investigada coopere con la investigación, conviene que la AEVM pueda adoptar determinadas medidas coercitivas. Cuando la AEVM haya adoptado una decisión por la que se exija a una persona que ponga fin a una infracción, o le haya solicitado que suministre de forma completa información o que presente de forma completa los registros, datos o cualquier otra documentación, o haya tomado la decisión de realizar una inspección in situ, podrá imponer multas coercitivas a fin de obligar a la persona objeto de la investigación a cumplir la decisión adoptada. Antes de imponer multas coercitivas, la AEVM debe ofrecer a la persona la oportunidad de presentar observaciones por escrito.

(5)

Puesto que el agente de investigación desempeña su labor de manera independiente, la AEVM no debe estar vinculada por el expediente que haya elaborado. No obstante, para garantizar que la persona investigada pueda preparar adecuadamente su defensa, debe ser informada cuando la AEVM no esté de acuerdo y se le debe dar la oportunidad de responder.

(6)

A fin de garantizar que la persona investigada pueda preparar adecuadamente su defensa, debe ser informada y tener la oportunidad de responder cuando la AEVM esté de acuerdo con las conclusiones del agente de investigación o con parte de ellas.

(7)

El derecho a ser oído debe sopesarse con la necesidad, en circunstancias específicas, de una actuación urgente de la AEVM. Cuando esté justificada una actuación urgente de conformidad con el artículo 48 sexies del Reglamento (UE) 2016/1011, el derecho de la persona investigada a ser oída no debe ser óbice para que la AEVM adopte medidas urgentes. En tales casos, el derecho de la persona investigada a ser oída debe garantizarse lo antes posible tras la adopción de la decisión. El procedimiento debe, de todas maneras, conceder a la persona investigada el derecho a ser oída por el agente de investigación.

(8)

La facultad de la AEVM de imponer multas coercitivas debe ejercerse teniendo debidamente en cuenta el derecho de defensa y no debe mantenerse más allá del período necesario. Por lo tanto, cuando la AEVM decida imponer una multa coercitiva, la persona afectada debe tener la oportunidad de ser oída y la multa coercitiva debe dejar de ser exigible a partir del momento en que la persona de que se trate cumpla la orden de la AEVM a la que se refiera.

(9)

Los expedientes elaborados por la AEVM y el agente de investigación contienen información indispensable para que la persona afectada se prepare para los procedimientos judiciales o administrativos. Una vez que la persona investigada reciba la notificación del pliego de conclusiones del agente de investigación o de la AEVM, dicha persona debe tener derecho a acceder al expediente, sin perjuicio del interés legítimo de otras personas por lo que respecta a la protección de sus secretos comerciales. El uso de los documentos de los expedientes a los que se acceda solo debe permitirse en el marco de procedimientos judiciales o administrativos relacionados con las infracciones enumeradas en el artículo 42 del Reglamento (UE) 2016/1011.

(10)

Tanto la facultad de imponer multas y multas coercitivas como la facultad de ejecutar multas y multas coercitivas deben ejercerse dentro de un plazo razonable y, por lo tanto, estar sujetas a un plazo de prescripción. Por razones de coherencia, los plazos de prescripción para la imposición y ejecución de multas o multas coercitivas han de tener en cuenta la legislación vigente de la Unión aplicable a la imposición y ejecución de sanciones a entidades supervisadas, así como la experiencia de la AEVM en la aplicación de esa legislación. A fin de garantizar la custodia de las multas y multas coercitivas recaudadas, la AEVM debe depositarlas en una cuenta remunerada abierta exclusivamente a efectos de una única multa o multa coercitiva destinada a poner fin a una sola infracción. Por motivos de prudencia presupuestaria, la AEVM solo debe transferir los importes a la Comisión una vez que las decisiones sean definitivas por haberse agotado o haber caducado los derechos de recurso.

(11)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/168 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), los índices de referencia de terceros países pueden utilizarse en la Unión sin necesidad de que los administradores correspondientes traten de obtener la equivalencia, el reconocimiento o la validación durante un período transitorio prorrogado hasta 2023. Durante este período transitorio, el reconocimiento en la Unión es un régimen de participación voluntaria para los administradores de índices de referencia radicados en terceros países, lo que indica que sus índices de referencia seguirán estando disponibles para su uso en la Unión una vez finalizado el período transitorio. En consecuencia, durante dicho período, las disposiciones sobre multas deben aplicarse solo a los administradores radicados en terceros países que hayan solicitado voluntariamente el reconocimiento antes de que expire el período transitorio establecido por el Reglamento (UE) 2021/168 y cuando la autoridad nacional competente pertinente o la AEVM hayan concedido el reconocimiento.

(12)

A fin de garantizar el buen funcionamiento de las nuevas facultades de supervisión atribuidas a la AEVM, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia.

(1)

El artículo 48 terdecies del Reglamento (UE) 2016/1011 obliga a la AEVM a cobrar a los administradores de índices de referencia cruciales y a los administradores de índices de referencia de terceros países tasas vinculadas a las solicitudes de autorización, con arreglo al artículo 34 de dicho Reglamento, y de reconocimiento, con arreglo a su artículo 32, así como tasas anuales vinculadas al desempeño de las funciones que le atribuye ese mismo Reglamento en relación con los administradores de índices de referencia cruciales y los administradores de índices de referencia de terceros países reconocidos. El artículo 48 terdecies, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1011 exige que dichas tasas sean proporcionales al volumen de negocios del administrador del índice de referencia de que se trate y cubran todos los gastos en que incurra la AEVM por la autorización o el reconocimiento y por el desempeño de sus funciones en relación con administradores de índices de referencia cruciales y administradores de índices de referencia de terceros países conforme a dicho Reglamento.

(2)

Las tasas cobradas por las actividades de la AEVM relacionadas con los administradores de índices de referencia cruciales e índices de referencia de terceros países deben fijarse en un nivel que permita evitar acumulaciones importantes de déficits o superávits. Cuando se registren déficits o superávits significativos de manera recurrente, se procederá a revisar el nivel de las tasas.

(3)

Las tasas vinculadas a las solicitudes de autorización (en lo sucesivo, «tasas de autorización») y de reconocimiento (en lo sucesivo, «tasas de reconocimiento») deben cobrarse a los administradores de índices de referencia cruciales y de índices de referencia de terceros países para cubrir los costes que implique para la AEVM la tramitación de las solicitudes de autorización y reconocimiento, incluidos los costes que conlleve verificar que las solicitudes son completas, solicitar información adicional y redactar las decisiones, así como los costes relacionados con la evaluación de la importancia sistémica de los índices de referencia cruciales y del cumplimiento de la normativa por los administradores de índices de referencia de terceros países.

(4)

Considerando que la evaluación de las solicitudes requiere la misma cantidad de recursos con independencia de que los administradores que las presenten sean pequeños o grandes, la tasa de reconocimiento debe ser de un importe a tanto alzado idéntico para todos los administradores de terceros países.

(5)

Teniendo en cuenta la carga de trabajo prevista y el coste que esto representa para la AEVM, a fin de que esté íntegramente cubierto con la tasa única de reconocimiento, el coste de la evaluación de una solicitud de reconocimiento debe fijarse en 40 000 EUR.

(6)

Los índices de referencia cruciales están sujetos a un control más exhaustivo en virtud del Reglamento (UE) 2016/1011, y sus administradores deben cumplir requisitos organizativos más estrictos. En consecuencia, el proceso de autorización representa una carga de trabajo mayor para la AEVM. Por tanto, la tasa de autorización para los administradores de índices de referencia cruciales debe ser significativamente superior a la tasa de evaluación de una solicitud de reconocimiento.

(7)

A fin de promover la calidad y la completitud de las solicitudes recibidas y en consonancia con el enfoque de la AEVM respecto al registro de las entidades que supervisa, la tasa de reconocimiento debe ser exigible en el momento en que se presente la solicitud.

(8)

También se cobrarán tasas anuales a los administradores de índices de referencia cruciales y de índices de referencia de terceros países reconocidos para cubrir los costes que conlleve para la AEVM el desempeño de las funciones que le atribuye el Reglamento (UE) 2016/1011 en relación con la supervisión permanente de dichos administradores. En el caso de los índices de referencia de terceros países, dichas tasas deben cubrir la ejecución y el mantenimiento de los acuerdos de cooperación con las autoridades de terceros países y el seguimiento de la evolución en materia de reglamentación y supervisión en terceros países. En el caso de los índices de referencia cruciales, las tasas deben cubrir también los gastos que deba efectuar la AEVM para la supervisión permanente del cumplimiento por dichos administradores de los requisitos establecidos en el artículo 48 terdecies y en el título VI del Reglamento (UE) 2016/1011, incluso mediante equiparabilidad del cumplimiento, cuando esta se conceda.

(9)

El coste de la supervisión permanente de un índice de referencia crucial depende de si exige que la AEVM constituya y presida un colegio de supervisores para dicho índice, lo que representa una carga de trabajo adicional considerable. En consecuencia, conviene diferenciar entre ambos casos a la hora de establecer las tasas de supervisión. En cambio, dentro de la categoría de los índices de referencia cruciales, no debe ser necesario diferenciar las tasas de supervisión en función del volumen de negocios anual del administrador, ya que, por definición, los índices de referencia cruciales tienen un impacto sistémico en la Unión.

(10)

Solicitar el reconocimiento en la Unión es una decisión que toman los administradores de índices de referencia de terceros países por motivos comerciales, ante la expectativa de que la oferta de sus índices de referencia en la Unión genere ingresos. Por lo tanto, para los administradores de índices de referencia de terceros países reconocidos, las tasas de supervisión deben modularse en función de los ingresos que obtengan por la utilización de estos índices de referencia en la Unión. Para los casos en que no se generen ingresos, debe fijarse una tasa mínima de supervisión de 20 000 EUR.

(11)

A fin de desalentar las solicitudes repetidas o infundadas, las tasas de reconocimiento y las tasas de autorización no deben reembolsarse si un solicitante retira su solicitud. Dado que el trabajo administrativo requerido en el caso de que una solicitud de reconocimiento o de autorización sea denegada es el mismo que el requerido en el caso de una solicitud aceptada, las tasas de reconocimiento y de autorización no deben reembolsarse si se deniega la autorización o el reconocimiento.

(12)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/168 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), los índices de referencia de terceros países pueden utilizarse en la Unión sin necesidad de que los administradores correspondientes traten de obtener la equivalencia, el reconocimiento o la validación durante un período transitorio prorrogado hasta 2023. Durante este período transitorio, el reconocimiento en la Unión es un régimen de participación voluntaria para los administradores de índices de referencia radicados en terceros países, lo que indica que sus índices de referencia seguirán estando disponibles para su uso en la Unión una vez finalizado el período transitorio. En consecuencia, durante dicho período, las disposiciones sobre tasas de reconocimiento y de supervisión deben aplicarse solo a los administradores radicados en terceros países que hayan solicitado voluntariamente el reconocimiento antes de que expire el período transitorio establecido por el Reglamento (UE) 2021/168 y cuando la autoridad nacional competente pertinente o la AEVM hayan concedido el reconocimiento.

(13)

A fin de garantizar el buen funcionamiento de las nuevas facultades de supervisión atribuidas a la AEVM, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia.

(1)

El 16 de junio de 2020, la Comisión Europea («Comisión») estableció derechos antidumping definitivos y derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos («TFV») originarios de la República Popular China («China») y Egipto mediante, respectivamente, el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/492 de la Comisión (3) («Reglamento antidumping sobre los TFV») y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/776 de la Comisión (4) («Reglamento antisubvenciones sobre los TFV») («medidas vigentes»).

(2)

El Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), que entró en vigor el 8 de junio de 2018 («paquete de modernización de los instrumentos de defensa comercial»), introdujo los nuevos artículos 14 bis y 24 bis, respectivamente, en el Reglamento (UE) 2016/1036, y en el Reglamento (UE) 2016/1037.

(3)

De conformidad con los artículos mencionados, también se podrá imponer un derecho antidumping o compensatorio a cualquier producto objeto de dumping o subvencionado introducido en cantidades significativas en una isla artificial, una instalación fija o flotante o cualquier otra estructura que se encuentre en la plataforma continental de un Estado miembro o en la zona económica exclusiva declarada por un Estado miembro en virtud de la CNUDM («PC/ZEE») (6) cuando ello suponga un perjuicio para la industria de la Unión.

(4)

Con arreglo a dichos artículos, la Comisión debe adoptar actos de ejecución que establezcan las condiciones para la introducción de tales derechos, así como los procedimientos relativos a la notificación y declaración de dichos productos y de los pagos de dichos derechos, inclusive el cobro, devolución y condonación («instrumento aduanero»); además, la Comisión solo debe imponer tales derechos a partir de la fecha en que esté en funcionamiento el instrumento aduanero. El instrumento aduanero (7) comenzó a ser aplicable el 2 de noviembre de 2019.

(5)

El 27 de mayo de 2021, la Comisión publicó un anuncio (8) de reapertura de las investigaciones que dieron lugar a las medidas antidumping y a las medidas compensatorias sobre las importaciones de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos originarios de China y de Egipto.

(6)

El alcance de la reapertura se limitó al examen de si procedía aplicar las medidas a determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos originarios de China y Egipto («países afectados») introducidos en cantidades significativas en la PC/ZEE, ya que el instrumento aduanero no era aplicable cuando se iniciaron las investigaciones que condujeron a la adopción de las medidas vigentes y, por tanto, la Comisión no pudo llegar a una conclusión sobre la conveniencia de ampliar los derechos a la PC/ZEE.

(7)

La Comisión disponía de suficientes pruebas de que determinados TFV originarios de China y Egipto se habían estado introduciendo en cantidades significativas en virtud del régimen de perfeccionamiento activo para ser transformados en palas eólicas que posteriormente se exportaban a parques eólicos marinos en la PC/ZEE, y de que ello supone un perjuicio para la industria de la Unión. La industria de la UE proporcionó parte de dichas pruebas. Las partes interesadas pudieron consultar una nota del expediente en la que figuraban las pruebas de que disponía la Comisión.

(8)

La Comisión notificó la reapertura de las investigaciones a las partes interesadas que cooperaron en las investigaciones que dieron lugar a las medidas vigentes, a saber, la Representación de la República Popular China, la Representación de Egipto, los productores exportadores y sus empresas vinculadas en China y Egipto, los productores de la Unión, los importadores no vinculados de la Unión y los usuarios de la Unión.

(9)

Las partes interesadas tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus opiniones por escrito y de solicitar audiencia con la Comisión o con el consejero auditor en procedimientos comerciales en el plazo fijado en el anuncio. Ninguna de las partes interesadas solicitó audiencia con los servicios de la Comisión ni con el consejero auditor en procedimientos comerciales.

(10)

La Comisión envió un cuestionario a las partes interesadas que cooperaron en las investigaciones que dieron lugar a las medidas vigentes.

(11)

La Comisión recibió respuestas al cuestionario de cuatro productores de la Unión, la asociación de la industria de la Unión y un usuario.

(12)

No se obtuvo ninguna respuesta al cuestionario de los productores exportadores. La Comisión notificó a las Representaciones de China y Egipto que, debido a la insuficiente cooperación de los productores exportadores de China y Egipto, tenía intención de aplicar el artículo 18 del Reglamento antidumping de base y el artículo 28 del Reglamento antisubvenciones de base, respectivamente, y, por tanto, de basar sus conclusiones en los datos disponibles. No se recibió ninguna observación en respuesta a esta notificación.

(13)

El período de investigación fue el mismo que durante las investigaciones originales, es decir, del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 («período de investigación original»).

(14)

El producto investigado es el mismo que durante las investigaciones que dieron lugar a la imposición de las medidas vigentes, esto es, tejidos de rovings y/o de hilo de fibra de vidrio de filamento continuo, de punto y/o cosidos, con o sin otros elementos, excluidos los productos impregnados o preimpregnados y los tejidos de malla abierta con células de más de 1,8 mm de longitud y anchura y un peso superior a 35 g/m2, clasificados actualmente en los códigos NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 y ex 7019 90 00 (7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 y 7019900084), y originarios de la República Popular China y Egipto («producto investigado»).

(15)

La Representación de Egipto cuestionó la legalidad de las nuevas disposiciones de los Reglamentos antidumping y antisubvenciones de base (artículos 14 bis y 24 bis de los respectivos Reglamentos de base) en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) y las normas aduaneras de la Unión.

(16)

La Comisión rechazó esta alegación. El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) prevé de manera explícita que determinadas disposiciones de la legislación aduanera se podrán aplicar fuera del territorio aduanero de la Unión cuando así se prevea en normas reguladoras de ámbitos específicos o en convenios internacionales. La CNUDM forma parte del Derecho de la Unión. La zona económica exclusiva se rige por la parte V de la CNUDM, mientras que la plataforma continental se contempla en la parte VI de la CNUDM. El artículo 56 de la CNUDM define los «Derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la zona económica exclusiva», que incluyen «el establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras». El artículo 60, apartado 2, de la CNUDM establece que «el Estado ribereño tendrá jurisdicción exclusiva sobre dichas islas artificiales, instalaciones y estructuras, incluida la jurisdicción en materia de leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, sanitarios, de seguridad y de inmigración». La lista de materias enumeradas en esta disposición no es exhaustiva. El artículo 80 de la CNUDM extiende la aplicación del artículo 60 también a la plataforma continental. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha proporcionado orientaciones adicionales sobre la citada disposición de la CNUDM. En su sentencia en el asunto M/V «Saiga», sostuvo que, en la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene jurisdicción para aplicar leyes y reglamentos aduaneros en islas artificiales, instalaciones y estructuras (artículo 60, apartado 2). A juicio del Tribunal, la Convención no faculta a un Estado ribereño para aplicar sus leyes aduaneras en cualquier otra parte de la zona económica exclusiva no mencionada anteriormente (10). Sobre esa base, en virtud de la CNUDM, la Unión tiene competencia para recaudar derechos antidumping y compensatorios, que forman parte de las «leyes y reglamentos aduaneros [y] fiscales». En efecto, la potestad normativa de la Unión se extiende también a los ámbitos en los que los Estados miembros ostentan derechos de soberanía con arreglo al Derecho internacional público (11). En definitiva, la Comisión concluyó que no hay motivos para acceder a la solicitud de la Representación de Egipto de no aplicar los artículos 14 bis y 24 bis de los respectivos Reglamentos de base.

(17)

La Comisión investigó, entre otras, las siguientes operaciones durante el período de investigación original:

(18)

Dos usuarios cooperaron originariamente en la investigación: Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A («SGRE») y Vestas Wind Systems A/S («Vestas»). Sin embargo, tras la reapertura de las investigaciones, solo SGRE respondió al cuestionario.

(19)

Como se indica en el considerando 469 del Reglamento antidumping sobre los TFV y en el considerando 1079 del Reglamento antisubvenciones sobre los TFV, estos dos usuarios se encuentran entre los mayores productores de turbinas eólicas de la Unión y conjuntamente consumen más del 20 % de la demanda total de TFV de la Unión. Entre los dos importan más del 30 % de las importaciones totales procedentes de los países afectados.

(20)

Como se indica en el considerando 464 del Reglamento antidumping sobre los TFV y en el considerando 1075 del Reglamento antisubvenciones sobre los TFV, los productores de turbinas eólicas son los mayores usuarios de TFV, ya que representan entre el 60 y el 70 % de la demanda de este producto en la Unión. Entre los demás usuarios se encuentran los productores de barcos (aproximadamente el 11 %), camiones (alrededor del 8 %) y material deportivo (aproximadamente el 2 %), así como los proveedores de sistemas de rehabilitación de cañerías (alrededor del 8 %).

(21)

Los productores de turbinas eólicas utilizan TFV para la fabricación de palas para instalaciones de torres eólicas en el continente que luego se envían e instalan en tierra o en alta mar en la PC/ZEE.

(22)

Según el cuadro 2 del Reglamento antidumping y el Reglamento antisubvenciones sobre los TFV, en el período de investigación el consumo total de TFV ascendió a 168 270 toneladas.

(23)

Durante el período de investigación de la investigación original, se añadieron aproximadamente 2 600 MW de nueva capacidad eólica marina en la UE. Una turbina eólica marina de 8 MW necesita 60 toneladas de TFV para las tres palas eólicas. En consecuencia, en 2018 las instalaciones en alta mar de la Europa de los Veintiocho requirieron unas 19 958 toneladas de TFV y las instalaciones en alta mar de la Europa de los Veintisiete, unas 10 118 toneladas.

(24)

En 2018 no se realizaron importaciones desde Egipto con arreglo al régimen de perfeccionamiento activo. Como Parte en el Convenio Paneuromediterráneo, Egipto se beneficia de un tratamiento arancelario preferencial. Esto quiere decir que las importaciones de TFV procedentes de Egipto están sujetas a un arancel preferente del 0 %, frente a los aranceles de nación más favorecida («NMF»), del 5-7 %. De ello se desprende que, en 2018, no había ninguna justificación económica para que las partes importaran TFV procedentes de Egipto con arreglo al régimen de perfeccionamiento activo.

(25)

En su respuesta al cuestionario, SGRE indicó que durante el período de investigación no importó TFV de Egipto destinados a usarse en la PC/ZEE. Vestas no facilitó ninguna respuesta al cuestionario que arrojara luz sobre este asunto. A este respecto, la Comisión señaló que ya durante la investigación original Vestas no indicó por separado las importaciones originarias de Egipto. Sin embargo, sobre la base de la información presentada en la investigación original y, en particular, de los datos facilitados directamente por los exportadores egipcios, Vestas importó cantidades significativas de TFV procedentes de Egipto con arreglo al régimen normal, que oscilaban entre el 5 y el 8 % de las importaciones y entre el 2 y el 5 % del consumo de la Europa de los Veintiocho (13). Estos porcentajes serían notablemente superiores si se calculasen respecto a las cifras de la Europa de los Veintisiete.

(26)

Al mismo tiempo, en 2018 Vestas contaba con importantes instalaciones nuevas en alta mar dentro de la UE, que representaban entre el 30 y el 50 % de todas las instalaciones nuevas de este tipo en la Europa de los Veintiocho y la de los Veintisiete. Esto indica que durante el período de investigación de la investigación original se introdujeron cantidades significativas de TFV egipcios en la PC/ZEE. En el expediente no figura información que contradiga esta conclusión.

(27)

Esta conclusión se ve corroborada por el hecho de que las importaciones de TFV originarias de Egipto tuvieron lugar inmediatamente después de la imposición de medidas con arreglo al régimen de perfeccionamiento activo (más de 230 toneladas en el segundo semestre de 2020).

(28)

Por lo tanto, sobre la base de las pruebas disponibles, la Comisión concluyó que en la PC/ZEE se introdujeron cantidades significativas procedentes de Egipto, lo que contribuyó al perjuicio ya constatado en la investigación original.

(29)

En 2018, el volumen de las importaciones de TFV con arreglo al régimen de perfeccionamiento activo procedentes de China ascendió a 5 343 toneladas. De esta cifra, las importaciones de los Estados miembros con instalaciones en alta mar ascendieron a 4 835 toneladas, de las cuales el 15 % correspondía al Reino Unido.

(30)

En su respuesta al cuestionario, SGRE informó de importaciones de TFV procedentes de China en la PC/ZEE de la Unión con arreglo tanto al régimen de perfeccionamiento activo como al régimen normal. Los volúmenes de perfeccionamiento activo solo para la Europa de los Veintisiete representaron entre el 1 y el 3 % del consumo total de TFV en la Europa de los Veintiocho y entre el 4 y el 7 % de las importaciones totales de TFV en la Europa de los Veintiocho durante el período de investigación (14). Esto implica que el porcentaje respecto a las importaciones y el consumo en la Europa de los Veintisiete sería aún mayor. Dado que estas cantidades se sitúan por encima de los niveles mínimos, por sí solas son suficientemente significativas como para causar un perjuicio y contribuir por tanto al perjuicio ya constatado en la investigación original. Además, la Comisión recordó que el análisis del perjuicio en la investigación original se realizó acumulando las importaciones procedentes de Egipto y China. Por lo tanto, cualquier aumento de las importaciones canalizadas a la PC/ZEE solo puede contribuir aún más al perjuicio constatado en la investigación original.

(31)

Las partes fueron informadas de los hechos y las consideraciones esenciales en función de los cuales se proponía ampliar las medidas a determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos originarios de China y Egipto e introducidos en la PC/ZEE. Asimismo, se les concedió un plazo para que pudieran presentar sus observaciones al respecto.

(32)

En sus observaciones sobre la comunicación final, SGRE alegó que la Comisión estaba obligada a llevar a cabo un análisis completo del perjuicio con arreglo a los Reglamentos de base antes de poder decidir cualquier ampliación de las medidas a un nuevo territorio, a saber, la PC/ZEE. Alegó, además, que la Comisión limitó su análisis del perjuicio al volumen de las importaciones de TFV procedentes de China en la PC/ZEE en 2018 y no examinó la tendencia de las importaciones en la PC/ZEE durante el período considerado, es decir, de 2015 a 2018.

(33)

Además, SGRE sostuvo que la Comisión debería haber evaluado si redundaba en interés de la Unión imponer medidas en relación con estas importaciones. Se alegó que el hecho de que el interés de la Unión no impidiera la imposición de las medidas iniciales no significa sine qua non que el interés de la Unión no impida la ampliación de las medidas a la PC/ZEE. SGRE afirmó que la ampliación de las medidas antidumping y compensatorias sobre las importaciones de TFV procedentes de China y Egipto a las importaciones de TFV de China y Egipto en la PC/ZEE no redundaría en interés de la Unión, ya que iría en contra de la política de la UE en materia de energías renovables de apoyar el atractivo y la competitividad de la energía eólica de la UE, que se enfrentaba a la presión sobre los precios y a problemas generales de rentabilidad debido a las actuales condiciones de mercado. Además, sostuvo que los productores de la Unión no tienen capacidad de producción suficiente para satisfacer la creciente demanda. Se declaró que, desde la imposición de las medidas antidumping y compensatorias en 2020, la industria de los TFV de la UE no ha aumentado en suficiente medida su producción y su capacidad de producción de TFV para cubrir la creciente demanda de la UE. La Comisión observó que no se había presentado ninguna prueba a este respecto, aparte de un gráfico que mostraba las previsiones de las instalaciones eólicas marítimas en Europa durante el período de 2020 a 2030.

(34)

SGRE también alegó que la ampliación de las medidas antidumping y compensatorias sobre las importaciones de TFV procedentes de China y Egipto a las importaciones de TFV de China y Egipto en la PC/ZEE obligaría a usuarios como SGRE a ampliar o desplazar su producción de palas de turbinas eólicas marinas de países de la UE a terceros países, lo que afectaría al empleo y a los proveedores de la Unión.

(35)

SGRE sostuvo además que la ampliación de las medidas antidumping y compensatorias sobre las importaciones de TFV procedentes de China y Egipto a las importaciones de TFV de China y Egipto en la PC/ZEE daría lugar a un aumento de los costes para los usuarios del producto afectado.

(36)

La Comisión señaló que el anuncio de reapertura indicaba claramente que el alcance de la reapertura de las investigaciones originales se limitaba únicamente al examen de si las medidas debían aplicarse a los TFV originarios de China y Egipto introducidos en cantidades significativas en la PC/ZEE. La información recogida en la nota del expediente que dio lugar a la reapertura confirmó este alcance limitado. El alcance de la presente investigación se desprende directamente del tenor del artículo 14 bis del Reglamento antidumping de base y del artículo 24 bis del Reglamento antisubvenciones de base y también está plenamente en consonancia con el considerando 24 del paquete de modernización de los instrumentos de defensa comercial (15). La norma jurídica exigida en estas disposiciones es que el producto objeto de dumping o subvencionado introducido en cantidades significativas en la PC/ZEE «suponga un perjuicio para la industria de la Unión».

(37)

Como se explica claramente en el anuncio de reapertura, la particularidad de la situación que dio lugar a la presente investigación fue el hecho de que el instrumento aduanero previsto en los artículos 14 bis y 24 bis no era aplicable en el momento de la apertura de la investigación inicial. De conformidad con el artículo 14 bis, apartado 2, y el artículo 24 bis, apartado 2, el instrumento aduanero comenzó a estar disponible posteriormente y dio lugar a la reapertura de la investigación. No obstante, como también se especifica en el anuncio de reapertura, en las investigaciones originales que dieron lugar a la imposición de derechos antidumping y compensatorios, la Comisión ya incluyó en su examen importaciones del producto afectado en régimen de perfeccionamiento activo y concluyó que la industria de la Unión había sufrido un perjuicio importante durante el período considerado. El análisis del perjuicio en las investigaciones originales abarcó no solo 2018, sino la totalidad del período considerado, es decir, 2015-2018. La presente investigación se basó en esas conclusiones y tenía por objeto determinar si la ampliación de los derechos a la PC/ZEE era adecuada. Por lo tanto, en el Reglamento por el que se imponen los derechos ya se confirmaba que el producto objeto de dumping o subvencionado introducido en cantidades significativas en la PC/ZEE causaba un perjuicio a la Unión. La reapertura de la investigación confirmó la existencia de esas cantidades y la conveniencia de ampliar las medidas vigentes a fin de proteger a la industria de la Unión.

(38)

Habida cuenta de esta situación y de la norma jurídica pertinente, la Comisión se basó en los datos, pruebas y conclusiones relativos al perjuicio de las investigaciones originales. La investigación actual constató que existían importaciones objeto de dumping y subvencionadas que se introducían en la PC/ZEE en cantidades significativas y que causaban un perjuicio adicional a la industria de la Unión, ya que solo podían agravar su situación perjudicial. Por consiguiente, se rechazaron estas alegaciones.

(39)

En cuanto a la alegación de que el interés de la Unión no se incluyó en el ámbito de las investigaciones reabiertas, los artículos 14 bis y 24 bis de los respectivos Reglamentos de base no contienen ninguna referencia a la necesidad de evaluar el interés de la Unión. En cualquier caso, SGRE no presentó observaciones sobre este aspecto tras el inicio de la presente investigación. La Comisión señaló que las observaciones de SGRE sobre el interés de la Unión, o bien son similares a las ya abordadas y rebatidas en los Reglamentos por los que se imponen las medidas originales, o bien no están justificadas. Por lo tanto, se confirma la evaluación de la Comisión sobre la conveniencia de ampliar las medidas vigentes a la PC/ZEE y se rechazan estas alegaciones.

(40)

Sobre la base de lo anterior, los derechos antidumping y compensatorios vigentes sobre las importaciones de tejidos de rovings y/o de hilo de fibra de vidrio de filamento continuo, de punto y/o cosidos, con o sin otros elementos, excluidos los productos impregnados o preimpregnados y los tejidos de malla abierta con células de más de 1,8 mm de longitud y anchura y un peso superior a 35 g/m2, originarios de la República Popular China y Egipto, también deben imponerse a los tejidos de rovings y/o de hilo de fibra de vidrio de filamento continuo, de punto y/o cosidos, con o sin otros elementos, excluidos los productos impregnados o preimpregnados y los tejidos de malla abierta con células de más de 1,8 mm de longitud y anchura y un peso superior a 35 g/m2 originarios de la República Popular China y Egipto e introducidos en una isla artificial, una instalación fija o flotante o cualquier otra estructura que se encuentre en la plataforma continental de un Estado miembro o en la zona económica exclusiva declarada por un Estado miembro en virtud de la CNUDM.

(41)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036.

(1)

Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/191 (2) [«Reglamento de Ejecución (UE) 2022/191»], la Comisión impuso un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China.

(2)

En el considerando 347 y en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/191, el nombre de un productor exportador que cooperó no incluido en la muestra, Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd, contiene un error. Tanto en el considerando 347 como en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/191, el nombre de la empresa figura erróneamente truncado, al haberse omitido las tres últimas palabras («Products Co., Ltd»).

(3)

Debido a esto, el considerando 347 y el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/191 no reflejan el nombre completo y correcto del productor exportador que cooperó no incluido en la muestra Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd. Por lo tanto, la Comisión ha decidido corregir el considerando 347 y el anexo del Reglamento 2022/191 en consecuencia. Esta rectificación debe surtir efecto a partir de la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/191, es decir, el 18 de febrero de 2022.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(1)

En la parte B del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (2) figuran las sustancias activas aprobadas con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(2)

El 30 de julio de 2018 se presentó una solicitud de renovación de la aprobación de la sustancia activa bispiribaco de conformidad con el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 de la Comisión (3).

(3)

El período de aprobación de la sustancia activa bispiribaco se prorrogó del 31 de julio de 2021 al 31 de julio de 2023 mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1916 de la Comisión (4).

(4)

Sin embargo, el 22 de octubre de 2020, el solicitante confirmó que ya no respaldaba la solicitud de renovación de la aprobación.

(5)

Dada la retirada de la solicitud de renovación, la ampliación del período de aprobación de esta sustancia activa, prevista en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1916, no está ya justificada. Por consiguiente, debe fijarse cuanto antes una nueva fecha de expiración, dando a los Estados miembros tiempo suficiente para retirar las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan dicha sustancia.

(6)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

El 28 de febrero de 2022, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2022/338 (1), por la que se establece una medida de asistencia con un importe de referencia financiera de 450 000 000 EUR destinado a cubrir el suministro a las fuerzas armadas ucranianas de equipos y plataformas militares diseñados para producir efectos letales.

(2)

El 23 de marzo de 2022, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2022/471 (2) por la que se modifica la Decisión (PESC) 2022/338, que aumentó el importe de referencia financiera a 900 000 000 EUR.

(3)

El 13 de abril de 2022, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2022/636 (3) por la que se modifica la Decisión (PESC) 2022/338, que aumentó el importe de referencia financiera a 1 350 000 000 EUR.

(4)

Habida cuenta de la agresión armada por parte de la Federación de Rusia contra Ucrania, el importe de referencia financiera debe incrementarse en 490 000 000 EUR adicionales.

(5)

Procede modificar la Decisión (PESC) 2022/338 en consecuencia.

(1)

El 28 de febrero de 2022, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2022/339 (1), por la que se establece una medida de asistencia con un importe de referencia financiera de 50 000 000 EUR destinado a cubrir la financiación de la provisión de equipos y suministros no concebidos para producir efectos letales, como equipos de protección personal, botiquines de primeros auxilios y combustible, a las Fuerzas Armadas ucranianas.

(2)

El 23 de marzo de 2022, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2022/472 (2) por la que se modifica la Decisión (PESC) 2022/339, que aumentó el importe de referencia financiera a 100 000 000 EUR.

(3)

El 13 de abril de 2022, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2022/637 (3) por la que se modifica la Decisión (PESC) 2022/339, que aumentó el importe de referencia financiera a 150 000 000 EUR.

(4)

Habida cuenta de la agresión armada por parte de la Federación de Rusia contra Ucrania, todavía en curso, el importe de referencia financiera debe incrementarse en 10 000 000 EUR adicionales destinados a cubrir la financiación de la provisión de equipos y suministros no concebidos para producir efectos letales, como equipos de protección personal, botiquines de primeros auxilios y combustible, a las Fuerzas Armadas ucranianas.

(5)

Procede modificar la Decisión (PESC) 2022/339 en consecuencia.