EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:210:FULL

Diario Oficial de la Unión Europea, C 210, 25 de mayo de 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 210

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

65.° año
25 de mayo de 2022


Sumario

Página

 

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

 

RECOMENDACIONES

 

Banco Central Europeo

2022/C 210/01

Recomendación del Banco Central Europeo, de 17 de mayo de 2022, al Consejo de la Unión Europea, sobre el auditor externo del Banco de Portugal, (BCE/2022/24)

1


 

II   Comunicaciones

 

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

 

Comisión Europea

2022/C 210/02

No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10526 — CHEVRON / NESTE BASE OIL) ( 1 )

2

2022/C 210/03

No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10683 — APPLIED / TEMASEK / JV) ( 1 )

3

2022/C 210/04

No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10692 — SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS) ( 1 )

4


 

III   Actos preparatorios

 

BANCO CENTRAL EUROPEO

2022/C 210/05

Dictamen del Banco Central Europeo de 16 de febrero de 2022 sobre una propuesta de reglamento por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (CON/2022/4)

5

2022/C 210/06

Dictamen del Banco Central Europeo de 16 de febrero de 2022 acerca de una propuesta de directiva y de reglamento sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (CON/2022/5)

15


 

IV   Información

 

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

 

Comisión Europea

2022/C 210/07

Tipo de cambio del euro — 24 de mayo de 2022

26

 

Tribunal de Cuentas

2022/C 210/08

Informe Especial n.o 11/2022 — Protección del presupuesto de la UE - Es necesario hacer un mejor uso de las listas negras

27

 

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS

2022/C 210/09

Información comunicada por los Estados miembros en relación con el cierre de pesquerías

28

2022/C 210/10

Nota informativa de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares ( 1 )

29

2022/C 210/11

Nota informativa de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares ( 1 )

30

2022/C 210/12

Nota informativa de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Anuncio de licitación para la explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público ( 1 )

31


 

V   Anuncios

 

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

 

Tribunal de la AELC

2022/C 210/13

Solicitud de dictamen consultivo al Tribunal de la AELC por Trygderetten del 26 de enero de 2022 en el asunto A/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Asunto E-2/22)

32

 

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

 

Comisión Europea

2022/C 210/14

Notificación previa de una concentración (Asunto M.10438 – MOL / OMV SLOVENIJA) ( 1 )

33

2022/C 210/15

Notificación previa de una concentración (Asunto M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado ( 1 )

35

2022/C 210/16

Notificación previa de una concentración (Asunto M.10709 — PARTNERS GROUP / FORTERRO) ( 1 )

36

2022/C 210/17

Notificación previa de una concentración (Asunto M.10724 — ITOCHU / UNDER ARMOUR / DOME) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado ( 1 )

37


 

Corrección de errores

 

Corrección de errores de la comunicación de la Comisión relativa a los tipos de interés vigentes a efectos de recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/de actualización aplicables a partir del 1 de mayo de 2022[Publicada de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE ) n.o 794/2004 de la Comisión] ( DO C 192 de 11.5.2022 )

39


 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE.

ES

 


I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

RECOMENDACIONES

Banco Central Europeo

25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/1


RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

de 17 de mayo de 2022

al Consejo de la Unión Europea, sobre el auditor externo del Banco de Portugal

(BCE/2022/24)

(2022/C 210/01)

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,

Considerando lo siguiente:

(1)

Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

(2)

El mandato del actual auditor externo del Banco de Portugal, Deloitte & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas S.A., expiró tras la auditoría del ejercicio de 2021. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2022.

(3)

El Banco de Portugal ha seleccionado a PriceWaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Lda como auditor externo para los ejercicios de 2022 a 2026.

HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

Se recomienda que PriceWaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Lda sea nombrada auditor externo del Banco de Portugal para los ejercicios de 2022 a 2026.

Hecho en Fráncfort del Meno el 17 de mayo 2022.

La Presidenta del BCE

Christine LAGARDE


II Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/2


No oposición a una concentración notificada

(Asunto M.10526 — CHEVRON / NESTE BASE OIL)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 210/02)

El 22 de febrero de 2022, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado interior. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de documento 32022M10526. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.


25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/3


No oposición a una concentración notificada

(Asunto M.10683 — APPLIED / TEMASEK / JV)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 210/03)

El 18 de mayo de 2022, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado interior. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de documento 32022M10683. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.


25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/4


No oposición a una concentración notificada

(Asunto M.10692 — SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 210/04)

El 8 de abril de 2022, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado interior. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de documento 32022M10692. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.


III Actos preparatorios

BANCO CENTRAL EUROPEO

25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/5


DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

de 16 de febrero de 2022

sobre una propuesta de reglamento por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

(CON/2022/4)

(2022/C 210/05)

Introducción y fundamento jurídico

El 20 de julio de 2021, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010, (UE) n.o 1094/2010, (UE) n.o 1095/2010 (1) (en lo sucesivo, el «RALBC»).

El Banco Central Europeo (BCE) considera que la propuesta de reglamento entra dentro de su ámbito de competencia, aunque no ha sido consultado sobre la propuesta de reglamento. Por lo tanto, ejerce su derecho de presentar un dictamen a las instituciones pertinentes de la Unión sobre asuntos de su ámbito de competencia, tal como se establece en el artículo 127, apartado 4, segunda frase, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La competencia consultiva del BCE se basa en el artículo 127, apartado 4, y en el artículo 282, apartado 5, del Tratado, ya que el RALBC contiene disposiciones que afectan a las funciones del BCE relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito con arreglo al artículo 127, apartado 6, del Tratado. De conformidad con la primera frase del artículo 17.5 del Reglamento interno del Banco Central Europeo, el presente dictamen ha sido adoptado por el Consejo de Gobierno.

Observaciones generales

1.   Resumen y consideraciones introductorias

1.1.

El BCE acoge con satisfacción el paquete de cuatro propuestas legislativas, incluida el RALBC, publicado por la Comisión el 20 de julio de 2021, con el objetivo de reforzar las normas de la Unión en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC) y la financiación del terrorismo (LFT) (LBC/LFT). El presente dictamen se centra en el RALBC. Dictámenes independientes del BCE abordan los tres componentes restantes del paquete legislativo: a) la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (2) (en lo sucesivo, «RLBC1»); b) la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/849 (3) (en lo sucesivo, «DLBC6»); y c) la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos (refundición) (4).

1.2.

Como se ha señalado anteriormente (5), el BCE apoya firmemente un régimen de la Unión que garantice que los Estados miembros, las autoridades y organismos de la Unión, así como las entidades obligadas dentro de la UE, dispongan de instrumentos eficaces para contrarrestar el uso indebido del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. El BCE expresó su pleno apoyo a la fase anterior de los esfuerzos de armonización (6), en la que se reforzó el mandato de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en materia de LBC/LFT, y acoge con satisfacción la próxima iteración del proceso mediante la creación de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC).

1.3.

El BCE no tiene encomendada la tarea de supervisar las entidades de crédito por lo que respecta a la prevención de la utilización del sistema financiero a los efectos del BC o de la FT. El artículo 127, apartado 6, del Tratado tampoco permitiría dotar al BCE de competencias de supervisión en materia de LBC/LFT, ya que limita claramente las funciones de supervisión que pueden conferirse al BCE a la supervisión prudencial. Sin embargo, los resultados de la supervisión de LBC/LFT son importantes para el desempeño de las funciones de supervisión prudencial del BCE cuando este tenga en cuenta la información recibida en las actividades de supervisión prudencial pertinentes, incluidos los procesos de evaluación y revisión supervisoras, las evaluaciones de la adecuación de los sistemas, procesos y mecanismos de gobierno de las entidades, y las evaluaciones de la idoneidad de los miembros de los órganos de administración de las entidades supervisadas. Además, de conformidad con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), los supervisores de LBC/LFT de las entidades de crédito y financieras, los supervisores prudenciales y las unidades de inteligencia financiera (UIF) de los Estados miembros están obligados a cooperar estrechamente entre sí en el marco de sus respectivas competencias y a facilitarse mutuamente información pertinente para sus respectivas funciones.

1.4.

El BCE está dispuesto a cooperar con la ALBC y a contribuir al proceso legislativo, entre otras cosas, compartiendo su experiencia como autoridad de supervisión prudencial de la Unión, cuando esta experiencia pueda ser pertinente para desarrollar la supervisión en la Unión en materia de LBC/LFT.

1.5.

La creación de una Autoridad de LBC/LFT a escala de la Unión constituye un paso importante para garantizar una aplicación más armonizada de los requisitos de la Unión en este ámbito en toda la UE. De acuerdo con la experiencia del BCE, para que una autoridad de supervisión prudencial a escala de la Unión facilite la convergencia de las prácticas de supervisión en varios Estados miembros, debe tener un nivel suficiente de responsabilidad, tanto en lo que respecta a la supervisión directa como a la vigilancia supervisora. Estas responsabilidades deben ir acompañadas de competencias de supervisión adecuadas. El RALBC prevé que, además de las competencias de supervisión directa, que se ejercerán sobre un grupo relativamente limitado de entidades obligadas desde el principio, la ALBC lleve a cabo evaluaciones periódicas y revisiones inter pares de las autoridades de supervisión financieras y no financieras de LBC/LFT, respectivamente. Esto ayudará a la ALBC a identificar las mejores prácticas a nivel nacional, tanto para utilizarlas en su propia supervisión directa como para reflejarlas en recomendaciones u otros instrumentos regulatorios dirigidos a las autoridades de LBC/LFT de cada Estado miembro, cuyos representantes también participarán en la Junta General de la ALBC. Mayores armonización y coherencia en la supervisión de la LBC/LFT también beneficiarán a la supervisión prudencial.

Observaciones particulares

2.   Alcance de la supervisión directa e indirecta de la ALBC

2.1.

Los criterios para identificar a las entidades obligadas seleccionadas que estarán bajo la supervisión directa de la ALBC (8) son relativamente estrictos, y los documentos que acompañan a la propuesta legislativa de la Comisión prevén que solo entre 12 y 20 entidades obligadas cumplirán estos criterios. No se calcula cuántas de estas entidades se espera que sean entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la supervisión prudencial directa del BCE con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo (9). En el caso de las entidades supervisadas significativas (10) que estén bajo la supervisión directa del BCE y que cumplan estos criterios, la ALBC se convertirá en la contraparte del BCE para el intercambio de información y la cooperación en la supervisión cotidiana, las evaluaciones de idoneidad y los «procedimientos comunes» (11), que comprenden la evaluación de las solicitudes de autorización para iniciar la actividad de una entidad de crédito, la revocación de dichas autorizaciones y la evaluación de las adquisiciones y cesiones de participaciones cualificadas. Cuando las entidades supervisadas menos significativas (12) cumplan los criterios establecidos en el RALBC, la cooperación entre el BCE y la ALBC se limitará a los aspectos pertinentes de los procedimientos comunes.

2.2.

El BCE toma nota del alcance limitado propuesto de la supervisión directa de la ALBC, a la luz de las limitaciones presupuestarias de la propuesta. De acuerdo con la experiencia del BCE resultaría beneficioso contar con un amplio alcance de la supervisión directa a nivel de la Unión y seleccionar a las entidades que pasen a ser objeto de dicha supervisión directa atendiendo a criterios objetivos y transparentes. Por consiguiente, el BCE apoyaría firmemente la modificación de los criterios para identificar a las entidades obligadas seleccionadas, de modo que el proceso dé lugar a un conjunto más amplio de estas que serán supervisadas directamente por la ALBC, que podría incluir a aquellas con sede en cada uno de los Estados miembros y fomentar una cultura de supervisión común y la convergencia de las prácticas de supervisión en materia de LBC/LFT. Esto también reducirá el riesgo de arbitraje. En el caso del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), este objetivo se ha visto facilitado por los criterios de selección de las entidades supervisadas significativas, cuando el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 exige al BCE que lleve a cabo funciones de supervisión directa con respecto a las tres entidades de crédito más significativas de cada uno de los Estados miembros participantes, a menos que lo justifiquen circunstancias particulares (13). Teniendo en cuenta los criterios de selección relativamente estrictos y basados en el riesgo establecidos en el RALBC, la publicación de la lista de las entidades obligadas seleccionadas, tal como está prevista en ella, equivaldría a hacer pública indirectamente la situación de alto riesgo respecto al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de las entidades supervisadas seleccionadas, que actualmente es información confidencial compartida únicamente entre las autoridades pertinentes en virtud de una estricta necesidad de conocer. Podrían ser preferibles criterios objetivos basados en el riesgo que no den lugar a la divulgación indirecta de dicha información confidencial de supervisión, ya que no enviarían señales no intencionadas a los mercados ni crearían un riesgo para la reputación de las entidades obligadas seleccionadas directamente supervisadas por la ALBC. Además, debe añadirse una disposición para garantizar la comunicación entre la ALBC y los supervisores prudenciales pertinentes dentro de la Unión durante el proceso de evaluación de las entidades obligadas para su selección antes de que se publique la lista de entidades obligadas seleccionadas. Esto permitiría a los supervisores prudenciales analizar con antelación las posibles implicaciones prudenciales de los riesgos asociados a dichas entidades.

2.3.

Con respecto a casi todas las entidades supervisadas significativas y menos significativas, las contrapartes principales del BCE seguirán siendo los supervisores nacionales de la LBC/LFT de las entidades de crédito, entidades financieras y UIF. El BCE ha observado cierto grado de heterogeneidad en la información que le facilitan las distintas autoridades de supervisión de la LBC/LFT, ya que en 2019 se inició la cooperación sistemática entre dichas autoridades nacionales y el BCE, a raíz de los cambios legislativos introducidos por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo (14). Esto dificulta más la consideración sistemática de los resultados de la supervisión de la LBC/LFT en las tareas de supervisión prudencial. A este respecto, el BCE acoge con satisfacción el papel que desempeñará la ALBC en la mejora de la armonización de las evaluaciones de riesgos de BC/FT y otras funciones de supervisión en este ámbito llevadas a cabo por las autoridades de los Estados miembros. En particular, por lo que se refiere a la metodología que debe establecer la ALBC para clasificar el riesgo inherente y los perfiles de riesgo residual de las entidades obligadas, es importante lograr un elevado grado de armonización de ambas metodologías, ya que afectarán a la coherencia de las aportaciones que se recibirán y se tendrán en cuenta en la supervisión prudencial.

2.4.

De cara al futuro, a reserva de las futuras revisiones de la Comisión previstas en el marco del RALBC (15), el BCE acogería con satisfacción un aumento del alcance de las funciones de supervisión directa de la ALBC para abarcar un subconjunto más amplio de entidades que son supervisadas directamente por el BCE. Esto permitiría lograr una mayor coherencia en las evaluaciones de supervisión de dichas entidades en materia de LBC/LFT y, por lo tanto, también podría contribuir a reforzar la supervisión prudencial para la que algunas de esas evaluaciones sirven de base.

3.   Cooperación entre la ALBC y el BCE

3.1.

El RALBC regula la cooperación entre la ALBC y las autoridades que no sean responsables de la LBC/LFT (16). El BCE acoge con satisfacción el hecho de que este último término abarque cuatro tipos de autoridades, incluido el BCE en su función de supervisión prudencial (17). Con respecto a la facilitación del intercambio de información entre los supervisores de la LBC/LFT y los supervisores prudenciales, un valor añadido esencial de la ALBC podría ser la posibilidad de mejorar la cooperación actual en lugar de convertirse en un nivel adicional en el intercambio de información entre otras autoridades. En este sentido, debe añadirse la obligación general de que la ALBC garantice un uso proporcionado y eficiente de los instrumentos de cooperación a fin de minimizar la carga de información para las autoridades que participan en la cooperación con los supervisores de LBC/LFT a través de múltiples canales, incluidos, entre otros, los colegios de LBC/LFT, la base de datos de este ámbito y los acuerdos de cooperación.

3.2.

El RALBC establece que la ALBC debe cooperar con las autoridades que no sean responsables de la LBC/LFT cuando sea necesario para el cumplimiento de las funciones de la ALBC (18). Esta disposición debe ser más general y debe suprimirse la referencia a las funciones de la ALBC. Por definición, la cooperación debe tener en cuenta las funciones de todas las autoridades participantes. De este modo, por ejemplo, el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 (19) exige que el BCE coopere con las autoridades que forman parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, y la Directiva 2013/36/UE (20) exige que las autoridades de LBC/LFT y los supervisores prudenciales compartan la información pertinente para las funciones de la autoridad receptora, sin considerar si dicho intercambio de información es también necesario para el desempeño de las funciones de la autoridad que facilita la información. Aunque en muchos casos puede identificarse tal necesidad, no siempre es así. Por lo tanto, resulta más adecuado sustituir la referencia a las funciones de la ALBC por una referencia más general que exija que esta coopere con las autoridades que no sean responsables de la LBC/LFT dentro de los límites de su mandato, a fin de garantizar que las demás autoridades interesadas solo soliciten formas de cooperación pertinentes. Esto es especialmente cierto y reviste especial importancia para los supervisores prudenciales, como el BCE, dada su obligación de tener en cuenta los datos aportados por la actividad supervisora en materia de LBC/LFT o en sus evaluaciones prudenciales.

3.3.

El RALBC se refiere al suministro de información procedente de la base de datos de LBC/LFT que la ALBC debe crear con arreglo a el RALBC (21). El BCE entiende que esta nueva base de datos sustituirá a la base de datos de las deficiencias relacionadas con la LBC/LFT que la ABE debía elaborar de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (22). Las dos bases de datos difieren en varios aspectos. Aunque la ABE estaba obligada a facilitar información de la base de datos a los supervisores prudenciales también por propia iniciativa (23), la ALBC solo está obligada a hacerlo a petición de los supervisores prudenciales (24). El RALBC debe modificarse para garantizar que la ALBC proporcione información también por iniciativa propia, tanto a los supervisores que sean responsables de la LBC/LFT como a los que no lo son. Si un supervisor desconoce la existencia de la información pertinente, no estará en condiciones de solicitar dicha información en el marco del RALBC (25).

3.4.

Por lo que se refiere a la base de datos de LBC/LFT, el RALBC define los tipos de información que los supervisores deben transmitir a la base de datos (26), la mayoría de los cuales se solapa con la información que los supervisores de LBC/LFT deben compartir también con los supervisores prudenciales pertinentes de conformidad con el artículo 117, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE. En consonancia con el espíritu de las disposiciones actuales sobre la base de datos central de LBC/LFT en virtud del Reglamento (UE) n.o 1093/2010, un centro de datos más accesible podría proporcionar un servicio valioso para mejorar la cooperación entre los supervisores prudenciales y el mecanismo de supervisión de la LBC/LFT, por ejemplo, basándose en soluciones digitales que ya están a disposición de los supervisores de la UE (sin ir más lejos, para la cooperación entre el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y el Mecanismo Único de Resolución). Esta posibilidad reduciría la duplicación y la carga que supone para los supervisores de la LBC/LFT que, de otro modo, tendrían que compartir la misma información dos veces, tanto con la base de datos en el marco del RALBC como con los supervisores prudenciales pertinentes, de conformidad con el artículo 117, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE.

3.5.

El RALBC exige a los supervisores de la LBC/LFT que transmitan a la base de datos el asesoramiento prestado a otras autoridades «nacionales» en relación con los procedimientos de autorización y de revocación de la autorización y las evaluaciones de idoneidad de los accionistas o miembros del órgano de administración de las entidades obligadas concretas (27). Debe suprimirse la palabra «nacionales», ya que los supervisores de la LBC/LFT proporcionarán información a este respecto no solo a las autoridades nacionales, sino también al BCE, de conformidad con la Directiva 2013/36/UE (28) y la AMLD6 (29).

3.6.

El RALBC exige a la ALBC que celebre memorandos de entendimiento con autoridades que no sean responsables de la LBC/LFT cuando sea necesario (30). La condición «cuando sea necesario» es útil, ya que ya existen múltiples plataformas de cooperación entre los supervisores de la LBC/LFT y los supervisores prudenciales. El BCE coopera con los supervisores de la LBC/LFT de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo también en virtud de un acuerdo firmado por el BCE el 10 de enero de 2019 (31), de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, el (32)«Acuerdo sobre la LBC»). El Acuerdo sobre la LCB cuenta con más de 50 signatarios, ya que suele haber más de un supervisor en materia de LBC/LFT de entidades de crédito y financieras en cada uno de los Estados miembros, y permite la cooperación bilateral entre el BCE y cada uno de los supervisores signatarios de la LBC/LFT. Debido al carácter bilateral de dicha cooperación, y dado que la supervisión a nivel de grupo en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 funciona utilizando principios diferentes a la supervisión consolidada en virtud de la Directiva 2013/36/UE, el Acuerdo sobre la LBC no ha demostrado ser tan oportuno y eficaz como otros instrumentos que permiten la cooperación multilateral, como los colegios de LBC/LFT. Si bien el Acuerdo sobre la LBC permite que la ALBC se adhiera fácilmente al acuerdo, y el RALBC también permite celebrar un acuerdo específico entre el BCE y la ALBC, el BCE acoge con satisfacción el hecho de que el RALBC ofrezca la flexibilidad necesaria para estudiar si ello sería necesario habida cuenta de la disponibilidad de otros instrumentos de cooperación que podrían permitir una cooperación multilateral más eficiente, también con vistas a que la ALBC se convierta en más que un mero actor adicional en el proceso de intercambio de información con el BCE.

3.7.

El RALBC también exige que la ALBC garantice una cooperación y un intercambio de información eficaces entre todos los supervisores financieros de LBC/LFT en el sistema de supervisión de dicho ámbito y las autoridades pertinentes no relacionadas con él (33). El BCE acoge con satisfacción esta disposición, ya que en los últimos años se han creado numerosas plataformas de intercambio de información para la LBC/LFT y los supervisores prudenciales, cuya interacción no siempre está clara. Por ejemplo, las autoridades de supervisión mencionadas están obligadas a intercambiar información no solo directamente entre sí, sino también a través de la base de datos de la ABE de LBC/LFT. Esta disposición sobre la garantía de una cooperación eficaz debe ampliarse también para incluir a las UIF y a los supervisores no financieros de LBC/LFT. Las UIF y los supervisores prudenciales de las entidades de crédito ya están obligados a cooperar de conformidad con la Directiva 2013/36/UE. Dado que la Junta General de la ALBC también incluye a las UIF de todos los Estados miembros, y que la ALBC está obligada a gestionar el mecanismo de apoyo y coordinación (34) de las UIF, parece justificado añadirlas al ámbito de aplicación de esta disposición. Por lo que se refiere a los supervisores no financieros de LBC/LFT, los supervisores prudenciales pueden tener que cooperar con ellos si las entidades obligadas no financieras, por ejemplo, los proveedores de servicios de criptoactivos, forman parte del mismo grupo que las entidades financieras o de crédito. En el contexto más general de la cooperación con los supervisores no financieros, y como sugiere el BCE en un dictamen separado que aborda el RLBC1 y la DLBC6, podrían introducirse mejoras generales de los permisos de intercambio de información para los supervisores de LBC/LFT para permitirles compartir información con una gama más amplia de otras autoridades. Esta mejora ampliaría automáticamente, a través del RALBC (35), los permisos para que la ALBC comparta información confidencial con otras autoridades.

3.8.

Dado que puede haber instrumentos regulatorios, como orientaciones o normas técnicas dirigidas o que afecten tanto a los supervisores de LBC/LFT como a los supervisores prudenciales u otras autoridades, es importante que la ALBC coopere con la ABE, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) en la elaboración de estos instrumentos regulatorios. El requisito general de cooperación para que la ALBC coopere con la ABE (36) debe modificarse para incluir una referencia específica a la cooperación en la elaboración de dichos instrumentos regulatorios, similar a la cooperación entre la ALBC y el Consejo Europeo de Protección de Datos, tal como propone la Comisión (37).

4.   Procesos empleados en la supervisión directa e indirecta

4.1.

De forma similar al desempeño por el BCE de sus funciones de supervisión prudencial, se propone que la ALBC utilice equipos conjuntos de supervisión (ECS) en sus funciones directas de supervisión de LBC/LFT. El RALBC especifica que los ECS de la ALBC estarán compuestos tanto por personal de la ALBC como por personal de los supervisores financieros nacionales de LBC/LFT, y que la coordinación del ECS se «delegará» de la ALBC al supervisor financiero nacional de LBC/LFT en el Estado miembro en el que tenga su sede una entidad obligada seleccionada, previo acuerdo de los supervisores financieros nacionales pertinentes de LBC/LFT (38). Los documentos que acompañan a la propuesta legislativa mencionan además que casi todo el personal de la ALBC que formará parte de los ECS tendrá su sede física en los Estados miembros. En este contexto, el BCE entiende que el término «delegado» (39) debe entenderse en el sentido de que el coordinador del ECS será miembro del personal de la ALBC, pero que su lugar habitual de trabajo no estará en la sede de la ALBC, sino en el Estado miembro en el que la entidad supervisada tenga su sede. Por lo tanto, el término «delegado» no significa en modo alguno una delegación de las competencias de la ALBC en el supervisor financiero nacional de LBC/LFT ni en ninguna otra autoridad de los Estados miembros. Además, el BCE observa que el RALBC encomienda a los equipos conjuntos de supervisión tanto la supervisión a distancia como las inspecciones in situ.

4.2.

El BCE acoge con satisfacción la asignación de poderes decisorios de supervisión para determinadas entidades obligadas al Comité Ejecutivo de la ALBC como un paso adelante significativo en el refuerzo de la supervisión de LBC/LFT en la UE. Además, si bien reconoce plenamente que la supervisión de LBC/LFT puede requerir una configuración diferente a la supervisión prudencial, el BCE desearía compartir su experiencia con la creación del ECS en el marco del MUS. Los ECS del MUS también están dirigidos por un coordinador de ECS que siempre es miembro del personal del BCE. Sin embargo, el coordinador del ECS tiene su sede en Fráncfort del Meno, y no en los Estados miembros. Por lo que se refiere a otros miembros de los ECS, son tanto miembros del personal del BCE como miembros del personal de las autoridades nacionales competentes. Los miembros de los ECS que forman parte del personal del BCE también tienen su sede en el BCE, y no en los Estados miembros. Según la experiencia del BCE, esto facilita la comunicación entre las instituciones y el intercambio de mejores prácticas, y contribuye positivamente a la creación de una cultura de supervisión común. Además, con el fin de estimular el diálogo en el seno del ECS sobre los procedimientos de supervisión óptimos para cada una de las entidades supervisadas, por regla general, el coordinador del ECS en el MUS no procede del país en el que el banco supervisado tiene su sede. Por último, en principio, los coordinadores de ECS son nombrados por un período de 3 a 5 años y se espera que roten periódicamente (no pudiendo rotar todos los miembros al mismo tiempo).

4.3.

En lo que respecta a la concentración de tareas in situ y a distancia en el mismo equipo, según la experiencia del BCE, una función de inspección in situ independiente, combinada con un diálogo periódico entre equipos in situ y a distancia, enriquece la calidad de la supervisión permanente del BCE. Esto garantiza, en particular, que los puntos de vista del ECS formados sobre la base de información obtenida previamente no afecten a las conclusiones de las inspecciones in situ. Como se aclara en la guía para inspecciones in situ e investigaciones de modelos internos del BCE, las inspecciones in situ complementan la supervisión permanente. El BCE mantiene un conocimiento detallado constante de las entidades de crédito mediante dos vías: la supervisión continuada a distancia, que depende fundamentalmente de la información facilitada por las entidades, y, a través de inspecciones in situ, el BCE verifica, entre otras cosas, la exactitud de la información utilizada para llevar a cabo la supervisión continuada. El equipo de inspección in situ, incluido el jefe de misión, actúa con independencia del ECS, pero en cooperación con él. Una vez adoptada la decisión supervisora de llevar a cabo una inspección, la responsabilidad de su realización corresponde exclusivamente al jefe de misión, que se encarga de elaborar un informe con las observaciones del equipo de inspección. El artículo 144 del Reglamento Marco del MUS dispone que el BCE es responsable del establecimiento y la composición de los equipos de inspección con la participación de las autoridades nacionales competentes (40) (ANC). Los componentes del equipo de inspección pueden ser supervisores del BCE, supervisores empleados por la ANC del Estado miembro donde esté radicada la persona jurídica inspeccionada y supervisores de otras ANC, así como miembros del ECS y otras personas autorizadas por el BCE, Independientemente de su origen, todos los miembros del equipo trabajan en nombre del BCE bajo la dirección del jefe de misión. Un miembro del ECS no podrá ser nombrado jefe de misión. Según la experiencia del BCE, también puede resultar difícil dotar de recursos eficaces a un equipo que lleve a cabo tanto tareas de supervisión in situ como inspecciones a distancia; lo que podría percibirse como una dotación diaria suficiente podría dar lugar a una falta de personal cuando partes del equipo participan en una inspección in situ (41). Además, la participación de los supervisores de varias ANC en los equipos de inspección in situ ha demostrado ser esencial para desarrollar un enfoque común de las actividades in situ dentro del MUS.

4.4.

El RALBC establece las competencias de supervisión de la ALBC (42) respecto de determinadas entidades obligadas bajo supervisión directa de esta última, que se suman a las competencias de supervisión que corresponderán a todos los supervisores nacionales de LBC/LFT de conformidad con la DLBC6 (43). La ALBC también podrá exigir, mediante instrucciones, a las autoridades nacionales de supervisión financiera de LBC/LFT que hagan uso de sus competencias, en virtud y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación nacional, cuando el RALBC no confiera tales competencias a la ALBC. Estas competencias se solapan en parte con las competencias del BCE con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1024/2013 y, más en general, con las competencias de los supervisores prudenciales de conformidad con la Directiva 2013/36/UE, por ejemplo, la facultad de restringir o limitar la actividad, las operaciones o la red de entidades supervisadas (44), o la facultad de exigir cambios en el órgano de administración de la entidad supervisada (45). Ya existen algunos solapamientos en las competencias de supervisión en lo que respecta a las competencias de los supervisores de LBC/LFT conforme a la Directiva (UE) 2015/849 y a la legislación nacional de aplicación. Este solapamiento de competencias de supervisión requiere la cooperación entre los supervisores prudenciales y los supervisores de LBC/LFT, a fin de evitar conflictos y consecuencias no deseadas, incluida la acumulación descoordinada de medidas de supervisión dirigidas a la misma entidad de crédito. El BCE está dispuesto a cooperar con la ALBC, así como con los supervisores nacionales de LBC/LFT a este respecto. Por otra parte, es importante garantizar que, antes de imponer sanciones y medidas administrativas a las entidades obligadas sujetas a supervisión también por otras autoridades, la ALBC coordine sus acciones de supervisión con las demás autoridades pertinentes y, en particular, con los supervisores prudenciales pertinentes de las entidades de crédito cuando dichas medidas de supervisión afecten a dichas entidades. Por consiguiente, en un dictamen separado sobre la DLBC6, el BCE sugiere que se modifique la DLBC6 para limitar los efectos indeseables del ejercicio potencialmente descoordinado de las competencias de supervisión en relación con la misma entidad obligada. Habida cuenta de las disposiciones pertinentes del RLBC1, la DLBC6 y el RALBC (46), el BCE entiende que este requisito de coordinación establecido en la DLBC6 se aplicaría tanto a los supervisores nacionales de LBC/LFT como a la ALBC.

4.5.

En lo que respecta a la función de supervisión indirecta de la ALBC, el BCE acoge con satisfacción la propuesta de encomendar a la ALBC la tarea de supervisión indirecta de entidades obligadas no seleccionadas, ya que contribuirá a la convergencia en materia de supervisión, y también permitirá a la ALBC solicitar a un supervisor financiero nacional de LBC/LFT que adopte medidas de supervisión en circunstancias excepcionales. En casos claramente previstos, el RALBC también permite a la ALBC solicitar a la Comisión que autorice una transferencia de competencias de supervisión sobre una entidad obligada no seleccionada de un supervisor financiero nacional de LBC/LFT a la ALBC (47). La ALBC solo podrá presentar una solicitud de este tipo a la Comisión si el supervisor nacional de LBC/LFT no da curso a una solicitud de la ALBC de adoptar una decisión dirigida a una entidad obligada. Aunque en la práctica puede haber casos en los que tanto el supervisor nacional de LBC/LFT como la ALBC acuerden una transferencia de competencias de supervisión, el RALBC no prevé un procedimiento para dicha transferencia en ausencia del incumplimiento mencionado por parte del supervisor nacional de LBC/LFT. A este respecto, el BCE señala que tanto el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 (en el caso del BCE) como el Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (48) (en el caso de la Junta Única de Resolución) permiten que las competencias de supervisión se asuman también a petición de la autoridad nacional correspondiente (49). Esta posibilidad también debe estar disponible en el marco del sistema de supervisión de LBC/LFT durante un período máximo de tres años. Si esta opción se incorpora al RALBC, habría que analizar la participación adecuada de la Comisión en este proceso, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los límites impuestos por la doctrina Meroni (50).

4.6.

El BCE acoge con satisfacción la amplia gama de competencias e instrumentos previstos para que la ALBC desempeñe su función de vigilancia y garantice unas normas de supervisión estrictas en toda la Unión. El BCE observa que el conjunto de instrumentos de vigilancia de la ALBC en el ámbito de la recopilación de información sobre entidades obligadas no seleccionadas no incluye algunos de los de que dispone el BCE en relación con la recopilación de información relativa a las entidades menos significativas.

4.7.

Según la experiencia del BCE, la vigilancia eficaz requiere un equilibrio entre el fomento de la convergencia de la supervisión y la vigilancia específica de cada entidad. Esta última es un poderoso instrumento para evaluar la eficacia de los enfoques de supervisión vigentes en los distintos Estados miembros y para permitir que el supervisor indirecto intervenga a su debido tiempo cuando sea necesario. El BCE señala que, en el marco del RALBC, los supervisores financieros están obligados a facilitar información sobre entidades obligadas no seleccionadas a la ALBC solo en un número muy limitado de casos (51).

4.8.

El BCE desea compartir su experiencia con la supervisión de las entidades menos significativas en el marco del MUS. El marco establece la posibilidad de que el BCE cree categorías de entidades menos significativas en función de su riesgo e impacto, y de exigir distintos niveles de información a las ANC (por ejemplo, notificaciones previas únicamente para las entidades menos significativas de alta prioridad, mientras que todas las entidades menos significativas entran en el ámbito de aplicación de la presentación anual de información a posteriori y de la notificación de los deterioros financieros). Este enfoque permite que la función de supervisión sea proporcionada y centre los recursos en los casos más críticos. La presentación anual de un conjunto mínimo de información sobre todas las entidades menos significativas también es útil para el desempeño de las responsabilidades de supervisión (por ejemplo, para las revisiones horizontales, la evaluación de situaciones específicas de cada entidad o un diálogo fundamentado con las ANC). Además, el BCE también ha participado en varias inspecciones in situ relativas a las entidades menos significativas, con el fin de seguir apoyando el ejercicio de su función de vigilancia.

4.9.

En el marco del RALBC (52), los supervisores financieros están obligados a notificar la ALBC si la situación de cualquier entidad obligada no seleccionada se deteriora rápida y significativamente. Dado que estos criterios son relativamente rigurosos y acumulativos, una situación de una entidad obligada no seleccionada que se deteriore de forma significativa, pero no rápidamente, o una situación urgente que requiera atención inmediata, pero sin un deterioro rápido y significativo (por ejemplo, cuando se detecten incumplimientos sustanciales a largo plazo) no daría lugar a tal notificación a la ALBC.

4.10.

El Comité Administrativo de Revisión de la ALBC se ha establecido en el RALBC (53) de forma similar al Comité Administrativo de Revisión en virtud del Reglamento (UE) n.o 1024/2013. El BCE observa que, además de este modelo, existen también otros enfoques posibles, como el utilizado en la ABE, la AEVM, la AESPJ y la Junta Única de Resolución, en los que los órganos de recurso, entre otras cosas, adoptan decisiones vinculantes para los órganos respectivos que adoptan posteriormente las decisiones definitivas revisadas. Por lo tanto, la determinación de la solución más adecuada para la ALBC podría beneficiarse de la comparación de las experiencias obtenidas del funcionamiento de todos los modelos.

4.11.

Cuando la intervención supervisora de la ALBC incluya instrucciones o solicitudes a las autoridades nacionales, las diferencias en sus respectivas competencias y obligaciones en virtud de los marcos jurídicos nacionales derivadas, entre otras cosas, de las leyes administrativas nacionales, pueden constituir factores importantes que deben tenerse en cuenta. En tales situaciones, la ALBC se beneficiaría de la asistencia de las autoridades nacionales a la hora de analizar los efectos y limitaciones de dichas instrucciones, incluida la posible responsabilidad extracontractual de las autoridades implicadas en la adopción de las medidas de supervisión. El BCE entiende que dicha asistencia se reflejaría en las disposiciones generales de cooperación contenidas en el RALBC (54).

5.   Estructura de gobernanza de la ALBC y mecanismos de continuidad

5.1.

La Junta General de la ALBC tendrá dos composiciones: la composición de supervisión y la de las UIF (55). La Junta General, en su composición de supervisión, debe admitir, en calidad de observador, también a un representante del BCE nombrado por el Consejo de Supervisión del BCE y a un representante de cada una de las Autoridades Europeas de Supervisión, cuando se debatan cuestiones dentro del ámbito de sus respectivos mandatos.

5.2.

El BCE acoge con satisfacción esta disposición, ya que facilitará la necesaria interacción entre LBC/LFT y la regulación y supervisión prudenciales. En la actualidad, el BCE contribuye, desde el punto de vista de la supervisión prudencial, al trabajo de la Comisión Permanente de LBC/LFT en el seno de la ABE (56). El BCE entiende que su papel de observador en la ALBC sustituirá, como cuestión práctica, a su actual papel de observador en la Comisión Permanente de LBC/LFT, ya que esta última dejará de existir (57). A este respecto, el RALBC (58) debe modificarse para que haga referencia a un «representante del BCE», en lugar de a un «representante designado por el Consejo de Supervisión del BCE». El BCE reconoce que la redacción utilizada en esta disposición se basa en la ya utilizada en el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (59). Sin embargo, la participación de determinados órganos del BCE en el proceso de designación de representantes del BCE es una cuestión de las competencias de dichos órganos determinadas, en particular, por los Tratados, los Estatutos del SEBC y del BCE y el Reglamento (UE) n.o 1024/2013, y, por tanto, una cuestión de organización interna del BCE. No parece adecuado que el RALBC interfiera en la organización interna del BCE determinando qué órgano del BCE debe ser responsable del nombramiento de su representante.

5.3.

El BCE también acoge con satisfacción el hecho de que el Consejo General de la ALBC en la composición de las UIF comprenda también a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea, y que el RALBC incluya la obligación de que la ALBC coopere con estos organismos de la Unión (60). La cooperación reforzada entre las UIF y los organismos de la Unión con mandatos relacionados con el Derecho penal, que la ALBC está concebida para llevar a cabo, constituye un importante paso adelante en la lucha contra la delincuencia organizada en particular.

Cuando el BCE recomienda la modificación del reglamento propuesto, se presentan propuestas de redacción específicas en un documento de trabajo técnico separado acompañado de un texto explicativo a tal efecto. El documento técnico de trabajo está disponible en inglés en EUR-Lex.

Hecho en Fráncfort del Meno el 16 de febrero de 2022.

La Presidenta del BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM(2021) 421 final.

(2)  COM(2021) 420 final.

(3)  COM(2021) 423 final.

(4)  COM(2021) 422 final.

(5)  Véanse el Dictamen del Banco Central Europeo, de 4 de febrero de 2005, solicitado por el Consejo de la Unión Europea sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo (CON/2005/2) (DO C 40 de 17.2.2005, p. 9), el Dictamen del Banco Central Europeo, de 17 de mayo de 2013 , sobre una propuesta de directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo y sobre una propuesta de reglamento relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos (CON/2013/32) (DO C 166 de 12.6.2013, p. 2), el Dictamen del Banco Central Europeo, de 12 de octubre de 2016, sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la Directiva 2009/101/CE (CON/2016/49) (DO C 459 de 9.12.2016, p. 3), y el Dictamen del Banco Central Europeo, de 7 de diciembre de 2018, sobre una propuesta modificada de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), y otros actos jurídicos conexos (CON/2018/55) (DO C 37 de 30.1.2019, p. 1). Todos los dictámenes emitidos por el BCE se publican en EUR-Lex.

(6)  Véase el apartado 1.1 del Dictamen del BCE CON/2018/55.

(7)  Véase el artículo 117, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

(8)  Véanse los artículos 12 y 13 del RALBC.

(9)  Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo funciones específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

(10)  Según se define en el artículo 2, apartado 16, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (BCE/2014/17) (DO L 141 de 14.5.2014, p. 1).

(11)  Según se definen en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento Marco del MUS.

(12)  Según se definen en el artículo 2, apartado 7, del Reglamento Marco del MUS.

(13)  Véase el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013.

(14)  Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE (DO L 156 de 19.6.2018, p. 43).

(15)  Véase el artículo 88 del RALBC.

(16)  Véase el artículo 78 del RALBC.

(17)  Véase el artículo 2 del RALBC.

(18)  Véase el artículo 78, apartado 1, del RALBC.

(19)  Véase el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013.

(20)  Véase el artículo 117, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE.

(21)  Véanse el artículo 11 y el artículo 78, apartado 3, del RALBC.

(22)  Véase el artículo 9 bis del Reglamento (UE) n.o 1093/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

(23)  Véase el artículo 9 bis, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1093/2010.

(24)  Véanse el artículo 11, apartado 1, que solo se refiere a los supervisores financieros de LBC/LFT, y el artículo 11, apartado 4, de dicho reglamento.

(25)  Véase el artículo 11, apartado 4, del RALBC.

(26)  Véase el artículo 11, apartado 2, del RALBC.

(27)  Véase el artículo 11, apartado 2, letra d), del RALBC.

(28)  Véase el artículo 117, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE.

(29)  Véase el artículo 48, apartado 1, de la AMLD6.

(30)  Véase el artículo 78, apartado 2, del RALBC.

(31)  Véase el acuerdo multilateral sobre las modalidades prácticas para el intercambio de información conforme al artículo 57 bis, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/849.

(32)  Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

(33)  Véase el artículo 78, apartado 3, del RALBC.

(34)  Véanse los artículos 33 a 37 del RALBC.

(35)  Véase el artículo 75 del RALBC.

(36)  Véase el artículo 77, apartado 1, del RALBC.

(37)  Véase el artículo 77, apartado 2, del RALBC.

(38)  Véase el artículo 15 del RALBC.

(39)  Véase el artículo 15, apartado 2, del RALBC.

(40)  El término «autoridad nacional competente» se define en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013.

(41)  En el contexto del MUS, la supervisión in situ (es decir, las inspecciones) es una función específica que opera a través de estructuras específicas en el BCE y las ANC, incluidas las «misiones» ad hoc para cada inspección, con personal que requiere competencias y disponibilidad específicas (largos periodos lejos de la oficina o del país de origen). Para proporcionar un orden de magnitud, para las entidades significativas, el MUS en su conjunto dedica a esta función específica in situ alrededor del 40 % del equivalente a tiempo completo asignado a la supervisión a distancia (a través de los ECS).

(42)  Véase el artículo 20 del RALBC.

(43)  Véase el artículo 41 de la DLBC6.

(44)  Véase el artículo 20, apartado 2, letra d), del RALBC.

(45)  Véase el artículo 41, apartado 1, letra f), de la DLBC6.

(46)  Véase, en particular, el artículo 20, apartado 3, del RALBC, que establece que la ALBC también tendrá todas las competencias y obligaciones que el Derecho aplicable de la Unión confiera a las autoridades de supervisión.

(47)  Véase el artículo 30 del RALBC.

(48)  Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1).

(49)  Véanse el artículo 6, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 y el artículo 7, apartado 4, letra b), del Reglamento (UE) n.o 806/2014.

(50)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 1958 en el asunto C-9/56, Meroni/Alta Autoridad, ECLI:EU:C:1958:7; sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de mayo de 1981 en el asunto C-98/80, Romano/INAMI, ECLI:EU:C:1981:104; sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2005 en los asuntos C-154/04 y C-155/04, Alliance for Natural Health y otros, ECLI:EU:C:2005:449, y sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de enero de 2014 en el asunto C-270/12, Reino Unido/Parlamento y Consejo, ECLI:EU:C:2014:18.

(51)  Véanse los artículos 29 y 30 del RALBC.

(52)  Véase el artículo 30, apartado 1, del RALBC.

(53)  Véanse los artículos 60 a 63 del RALBC.

(54)  Véase el artículo 7, apartado 2, para todas las situaciones, y el artículo 14, apartado 2, para la supervisión de entidades obligadas seleccionadas.

(55)  Véase el artículo 46 del RALBC.

(56)  Véase el artículo 9 bis, apartado 7, del Reglamento (UE) n.o 1093/2010.

(57)  Véase el artículo 86 del RALBC (por el que se derogan los artículos 9 bis y 9 ter y otras disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1093/2010).

(58)  Véase el artículo 46, apartado 4, del RALBC.

(59)  Véase el artículo 9 bis, apartado 8, del Reglamento (UE) n.o 1093/2010.

(60)  Véase el artículo 80 del RALBC.


25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/15


DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

de 16 de febrero de 2022

acerca de una propuesta de directiva y de reglamento sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

(CON/2022/5)

(2022/C 210/06)

Introducción y fundamento jurídico

Los días 8, 14 y 20 de octubre de 2021, el Banco Central Europeo (BCE) recibió del Parlamento Europeo y del Consejo, respectivamente, solicitudes de dictamen sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (1) (en lo sucesivo, el «RLBC1») y sobre una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/849 (2) (en lo sucesivo, la «DLBC6»).

La competencia consultiva del BCE se basa en el artículo 127, apartado 4, y el artículo 282, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, puesto que el reglamento y la directiva propuestos contienen disposiciones que afectan a la función básica del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) de ejecutar la política monetaria de la Unión de conformidad con el artículo 127, apartado 2, primer guion, del Tratado, a la función básica del SEBC de promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago de acuerdo con el artículo 127, apartado 2, cuarto guion, del Tratado, a las funciones del BCE relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito con arreglo al artículo 127, apartado 6, del Tratado, a la condición de moneda de curso legal de los billetes en euros con arreglo al artículo 128, apartado 1, del Tratado, y a la contribución del SEBC a la estabilidad del sistema financiero de conformidad con el artículo 127, apartado 5, del Tratado. De conformidad con la primera frase del artículo 17.5 del Reglamento interno del Banco Central Europeo, el presente dictamen ha sido adoptado por el Consejo de Gobierno.

Observaciones generales

1.   Resumen y consideraciones introductorias

1.1.

El presente dictamen trata aborda el RLBC1 y la DLBC6, que forman parte de un paquete de cuatro propuestas legislativas publicado por la Comisión Europea el 20 de julio de 2021 con el objetivo de reforzar las normas de la Unión en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC) y la financiación del terrorismo (LFT) (LBC/LFT). Otros dictámenes independientes del BCE se refieren a las dos propuestas legislativas restantes: a) la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010, (UE) n.o 1094/2010, (UE) n.o 1095/2010 (en lo sucesivo, el «RALBC») (3), y b) la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos (refundición) (4).

1.2.

El BCE celebra esta iniciativa. En consonancia con dictámenes anteriores del BCE sobre propuestas legislativas relacionadas con la LBC/LFT (5), el BCE apoya firmemente un régimen de la Unión que garantice que los Estados miembros, las autoridades y organismos de la Unión, así como las entidades obligadas dentro de la UE, dispongan de instrumentos eficaces para contrarrestar el uso indebido del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

1.3.

El marco de la Unión de LBC/LFT afecta a las funciones desempeñadas por el BCE en el ámbito de la supervisión prudencial de las entidades de crédito con arreglo al artículo 127, apartado 6, del Tratado y al Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo (6), así como a las funciones previstas en el artículo 127, apartado 2, del Tratado que entran en el ámbito de su mandato de banco central. También afecta al BCE desde una perspectiva institucional.

1.4.

En primer lugar, el BCE no tiene encomendada la tarea de supervisar las entidades de crédito por lo que respecta a la prevención de la utilización del sistema financiero a los efectos del BC o de la FT. Esto queda excluido por el artículo 127, apartado 6, del Tratado, que limita claramente las funciones que pueden atribuirse al BCE a las funciones de supervisión prudencial. No obstante, es importante tener en cuenta los resultados de la supervisión de LBC/LFT en relación con el desempeño de las funciones de supervisión prudencial del BCE. Concretamente, el riesgo de utilización del sistema financiero para el BC o la FT interesa para las decisiones de supervisión prudencial del BCE sobre adquisiciones de participaciones cualificadas en entidades supervisadas, concesión y retirada de autorizaciones a entidades de crédito, y sobre la evaluación de idoneidad de directores presentes o futuros de entidades supervisadas, y para la supervisión diaria en el marco del proceso de revisión y evaluación supervisora. Las infracciones graves de las obligaciones de LBC/LFT pueden afectar negativamente a la reputación de una entidad de crédito y, por tanto, suponer un riesgo para su viabilidad. Estas infracciones también pueden dar lugar a la imposición de sanciones administrativas o penales significativas a las entidades supervisadas y a su personal. En ciertos casos, las infracciones graves de las obligaciones de LBC/LFT pueden provocar directamente la revocación de la autorización de la entidad de crédito. Por consiguiente, son esenciales una supervisión eficaz de LBC/LFT, así como el intercambio de información entre las autoridades de supervisión prudencial y las autoridades de supervisión de LBC/LFT (7). Las modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) en los últimos años, así como el trabajo de las Autoridades Europeas de Supervisión, han dado lugar al establecimiento de procesos para facilitar este intercambio de información, que se ha convertido en parte integrante de la labor del BCE relacionada con la supervisión prudencial de las entidades de crédito.

1.5.

Además, el BCE está en condiciones de actuar como contraparte de una serie de entidades obligadas cuando lleva a cabo operaciones de mercado en el marco de su mandato de banco central. Por lo tanto, el BCE está sujeto a los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente que las entidades obligadas deben llevar a cabo en relación con sus clientes de conformidad con los marcos aplicables en materia de LBC/LFT.

Observaciones particulares

2.   Definición de entidades obligadas

2.1.

El RLBC1 (10) contiene una lista de entidades obligadas a efectos del RLBC1, de la DLBC6 y del RALBC. En consonancia con las directivas de LBC anteriores (11), la lista de entidades obligadas no incluye a los bancos centrales. El BCE observa que los bancos centrales no pertenecen a ninguna de las categorías de entidades obligadas incluidas en el RLBC1, tales como las entidades de crédito o las entidades financieras, ya que estos términos se utilizan por separado de los bancos centrales en el Tratado y en los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «Estatutos del SEBC»). Además, los actos legislativos de la Unión que regulan las actividades de las entidades de crédito y otros operadores del mercado financiero, por ejemplo, el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), la Directiva 2013/36/UE, la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) contienen disposiciones explícitas que aclaran que los bancos centrales no entran en su ámbito de aplicación. Dado que el marco de la Unión de LBC/LFT está avanzando, a través del RLBC1, hacia un reglamento que será directamente aplicable en todos los Estados miembros, podría ser útil que los colegisladores confirmen esta interpretación sobre el estatuto de los bancos centrales del SEBC, en particular en lo que se refiere a las funciones desempeñadas por los bancos centrales del SEBC en virtud de los Tratados. Por lo que se refiere a otras actividades que pueden llevar a cabo algunos bancos centrales nacionales (BCN) del SEBC, el BCE entiende que, cuando los Estados miembros consideren que determinadas actividades realizadas por algunos BCN, por ejemplo, proporcionar cuentas corrientes a sus empleados, deben estar sujetas a los mismos requisitos que los establecidos en el RLBC1, o a un subconjunto pertinente de ellos, podrán seguir haciéndolo a través de la legislación nacional.

3.   Cuestiones de supervisión prudencial

3.1.   Definiciones

3.1.1.

El RLBC1 define el término «supervisor» como un organismo al que se confían responsabilidades destinadas a garantizar el cumplimiento por parte de las entidades obligadas de los requisitos del RLBC1 (15). También define el concepto de «autoridad competente», que incluye, entre otras cosas, a una autoridad pública con responsabilidades específicas en la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (16). Algunas tareas de supervisión prudencial comprenden elementos relacionados con la LBC/LFT que, no obstante, los supervisores prudenciales, incluido el BCE, deben considerar en las evaluaciones de riesgos de BC/FT, en la detección de incumplimientos de los requisitos de LBC/LFT u otras aportaciones de las autoridades de supervisión de LBC/LFT. En consecuencia, el RALBC (17) clasifica tanto a las autoridades responsables de la supervisión prudencial con arreglo a la Directiva 2013/36/UE como al BCE, cuando desempeña sus funciones en virtud del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, como «autoridades no responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo». Por lo tanto, el BCE entiende que ni el término «supervisor» ni el término «autoridad competente» del RLBC1 pretenden incluir al BCE u otras autoridades de supervisión prudencial.

3.2.   Función de cumplimiento dentro de las entidades obligadas

3.2.1.

El RLBC1 (18) define dos categorías de altos directivos como responsables del cumplimiento de la LBC/LFT por parte de las entidades obligadas: el «gerente del cumplimiento» y el «responsable del cumplimiento». El gerente de cumplimiento deberá ser un miembro ejecutivo del consejo de administración (o un órgano de gobierno equivalente) de la entidad obligada, y será responsable de llevar a efecto las políticas, los controles y los procedimientos de la entidad obligada de la entidad obligada para garantizar el cumplimiento del RLBC1, así como de recibir información sobre deficiencias significativas o graves de tales políticas, controles y procedimientos. Esta disposición desarrolla la disposición que figura actualmente en la Directiva (UE) 2015/849 (19), que contiene el término «consejo de administración». La nueva disposición se propone en el RLBC1, que, como reglamento, no se incorporará a la legislación nacional utilizando los términos correspondientes existentes en dichas leyes. Por consiguiente, se propone utilizar el término más general «órgano de dirección», en lugar de la expresión «consejo de administración o, si no hay consejo de administración, de su órgano de gobierno equivalente». El término «órgano de dirección» se utiliza en una serie de actos de la Unión que regulan las actividades de las entidades de crédito y financieras, como la Directiva 2013/36/UE, la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (20) (que contiene el término «órgano de administración, dirección o supervisión»), la Directiva 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.o 600/2014 (21), así como la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo (22) (que suele utilizar el término «órgano de administración o de dirección»). Por lo tanto, el RLBC1 podría modificarse para indicar que el gerente de cumplimiento debe ser un miembro ejecutivo del «órgano de dirección».

3.2.2.

El RLBC1 establece que el gerente de cumplimiento debe informar periódicamente al consejo de administración o al órgano de gobierno equivalente. En las empresas matrices, dicha persona también será responsable de supervisar las políticas, los controles y los procedimientos a escala del grupo. Por lo que se refiere a las entidades de crédito, el órgano de dirección adopta decisiones de forma colectiva y es responsable, entre otras cosas, de aprobar y revisar las estrategias y políticas para asumir, gestionar, supervisar y reducir los riesgos a los que esté o pueda estar expuesta la entidad (23). Por consiguiente, la AMLR1 debe aclarar que la designación del gerente de cumplimiento no afecta a la responsabilidad colectiva del órgano de dirección en virtud de otros actos de la Unión.

3.2.3.

El RLBC1 (24) exige que el responsable de cumplimiento sea nombrado por el consejo de administración o el órgano de gobierno de la entidad supervisada y se encargue de la puesta en práctica diaria de las políticas de LBC/LFT de la entidad obligada, así como de notificar las transacciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera. El responsable de cumplimiento será miembro de la dirección de la entidad obligada (25). El BCE entiende que, en las entidades de crédito, el responsable de cumplimiento y el gerente de cumplimiento formarán parte de las funciones de control interno que deberán ejercerse de conformidad con la Directiva 2013/36/UE, interpretada a la luz de las directrices aplicables de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) (26). Esto implica, entre otras cosas, la independencia del gerente de cumplimiento y del responsable de cumplimiento, la limitación de la combinación de sus funciones con otras funciones dentro de la entidad de crédito, los recursos suficientes para desempeñar sus funciones y el acceso al órgano de dirección.

3.2.4.

El RLBC1 establece además que, en lo que respecta a las entidades obligadas sujetas a controles de su dirección en virtud de otros actos de la Unión, los responsables de cumplimiento deben estar sujetos a la verificación de que cumplen dichos requisitos. El BCE entiende que esta disposición solo se refiere a los requisitos establecidos en otros actos de la Unión y no establece ningún requisito adicional para la verificación de la idoneidad de un responsable de cumplimiento o de un gerente de cumplimiento. Esto implica que solo cuando otros actos de la Unión ya exijan que el responsable de cumplimiento o el gerente de cumplimiento estén sujetos a una verificación de idoneidad, dicha verificación se llevará a cabo de conformidad con esos otros actos de la Unión. Sería aconsejable aclarar varias normas prácticas para situaciones en las que la verificación de la idoneidad de un responsable de cumplimiento o de un gerente de cumplimiento la realiza una autoridad distinta de un supervisor de LBC/LFT. En primer lugar, debe garantizarse que, en tal situación, los respectivos supervisores de LBC/LFT proporcionen a dicha autoridad las aportaciones necesarias, en el marco de sus competencias de supervisión y en colaboración con otras autoridades de LBC/LFT en caso necesario. Por ejemplo, si las autoridades de supervisión prudencial se encargan de llevar a cabo la evaluación de idoneidad de un responsable de cumplimiento o de un gerente de cumplimiento, normalmente serán capaces de evaluar algunos de los criterios de idoneidad, como la reputación, la honestidad y la integridad de la persona de que se trate. Sin embargo, por lo que se refiere a otros criterios, como si la persona tiene los conocimientos, las capacidades y la experiencia adecuados para desempeñar la función de responsable de cumplimiento o de gerente de cumplimiento, los supervisores de LBC/LFT tendrían la experiencia y la información necesarias. En segundo lugar, habida cuenta de la importancia de la contribución de los supervisores de LBC/LFT a la verificación de la idoneidad, y la importancia de los gerentes y responsables de cumplimiento para el mandato de los supervisores de LBC/LFT establecido en el RLBC1 (27), los supervisores de LBC/LFT deben tener la posibilidad de impedir que una persona, a la que no consideren que posee los conocimientos, las capacidades y la experiencia necesarios, ejerza la función de gerente de cumplimiento o responsable de cumplimiento, incluso cuando la verificación de la idoneidad global la realice otra autoridad. No obstante, dado que los candidatos pueden ser nombrados para desempeñar múltiples funciones dentro de la entidad obligada, debe garantizarse que la posición negativa del supervisor de LBC/LFT en lo que respecta a las funciones de gerente de cumplimiento o responsable de cumplimiento no afecte a la posibilidad de que la autoridad responsable de la verificación global de la idoneidad emita una decisión positiva con respecto a cualesquiera otras funciones de los candidatos. A tal fin, también debe aclararse que las tareas del gerente de cumplimiento mencionadas en el RLBC1 (28) solo se refieren a garantizar el cumplimiento del RLBC1. En tercer lugar, dado que las evaluaciones de idoneidad están sujetas a plazos estrictos, debe especificarse que la contribución del supervisor de LBC/LFT a la verificación global de la idoneidad debe realizarse en un plazo adecuado. A este respecto, también se sugiere tener en cuenta las situaciones en las que el supervisor de LBC/LFT no realice la evaluación dentro del plazo. En cuarto lugar, puesto que la autoridad responsable de la verificación global de la idoneidad se basará plenamente en las aportaciones del supervisor de LBC/LFT por lo que se refiere a los conocimientos, las competencias y la experiencia del candidato, se sugiere que la evaluación de los supervisores de LBC/LFT forme parte de la decisión de la autoridad que lleve a cabo la verificación global de la idoneidad. En quinto lugar, se recomienda asimismo que las directrices de cooperación de LBC/LFT previstas en la DLBC6 (29) incluyan también las modalidades prácticas de cooperación de los supervisores de LBC/LFT con el BCE y las autoridades nacionales competentes, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.o 1024/2013, en el proceso de verificación de la idoneidad de los gerentes y responsables de cumplimiento, y establezcan plazos específicos dentro de los cuales deberán facilitarse las aportaciones de los supervisores de LBC/LFT a las verificaciones de idoneidad.

3.3.   Competencias de los supervisores de LBC/LFT para imponer sanciones y medidas administrativas

3.3.1.

La DLBC6 establece una amplia gama de sanciones y medidas administrativas a disposición de los supervisores de LBC/LFT (30) que, en algunas situaciones, pueden coincidir o interferir con las sanciones y medidas impuestas por otras autoridades de supervisión, incluido el BCE en el ejercicio de sus funciones con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1024/2013. Por este motivo, se propone la creación de un instrumento de coordinación adecuado entre los supervisores de LBC/LFT y las demás autoridades interesadas, incluidos los supervisores prudenciales. Estos acuerdos podrían ayudar a las autoridades en la planificación y ejecución de las sanciones y medidas y evitar cualquier conflicto no deseado en sus efectos. A más largo plazo, será importante aclarar en mayor medida los aspectos prácticos de los procesos de coordinación mediante orientaciones (u otro documento normativo) para garantizar que las autoridades afectadas puedan adoptar las medidas necesarias en plazos a menudo cortos y claramente establecidos en la legislación. Esto también es pertinente para la cooperación en relación con las evaluaciones de idoneidad (véase el apartado 3.2.4). Además, cuando se confieran a las autoridades de LBC/LFT y a las autoridades prudenciales competencias de supervisión idénticas o similares, las orientaciones deben garantizar que, en cada caso, las competencias sean ejercidas por la autoridad que esté mejor situada para aplicarlas en ese caso concreto. Dado que la elaboración de dichas orientaciones puede requerir la cooperación entre la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y la ABE (y posiblemente también la Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), el BCE ha sugerido disposiciones específicas que faciliten la cooperación de dichas autoridades al elaborar instrumentos regulatorios en su dictamen específico sobre la RALBC.

3.3.2.

Las competencias propuestas para los supervisores de LBC/LFT en la DLBC6 también incluyen la facultad de retirar o suspender las autorizaciones de las entidades obligadas y de imponer una prohibición temporal que impida a cualquier persona que tenga responsabilidades de dirección en una entidad obligada ejercer funciones de dirección en entidades obligadas (31). Sin embargo, en muchos casos, la autoridad competente para conceder y retirar autorizaciones a los diversos tipos de entidades obligadas, o para tomar decisiones sobre la idoneidad de los miembros de sus órganos de dirección o de los titulares de funciones clave, es distinta del supervisor de LBC/LFT. Asimismo, la competencia para conceder y retirar autorizaciones o tomar decisiones sobre la idoneidad puede regirse por actos legislativos distintos de la legislación de LBC/LFT. Por ejemplo, la concesión de autorizaciones a entidades de crédito dentro de la Unión está regulada principalmente por la Directiva 2013/36/UE y, en el caso de las entidades de crédito establecidas en los Estados miembros que participan en el Mecanismo Único de Supervisión, se ha confiado al BCE la competencia exclusiva para conceder y revocar autorizaciones. Es más, estos actos legislativos pueden no reconocer la posibilidad de suspender la autorización; este es el caso, por ejemplo, de la Directiva 2013/36/UE. El BCE observa que estas disposiciones se encuentran actualmente en la Directiva (UE) 2015/849 y que, con respecto a algunas entidades obligadas, los supervisores de LBC/LFT pueden tener la facultad de conceder y revocar autorizaciones. No obstante, a fin de reflejar que, en algunas situaciones, la facultad exclusiva de retirar las autorizaciones de las entidades obligadas es ejercida por autoridades distintas de los supervisores de LBC/LFT, y para evitar la duplicación de competencias de supervisión en otras situaciones, debe aclararse que, cuando la facultad de revocar la autorización, o de adoptar otra medida con respecto a la autorización de una entidad obligada, corresponde a otra autoridad, los supervisores de LBC/LFT solo tienen la posibilidad de proponer la retirada u otra medida con respecto a una autorización a la autoridad competente para adoptar tales medidas. Del mismo modo, cuando las decisiones sobre la idoneidad de los miembros del órgano de dirección o de los titulares de funciones clave sean competencia de otra autoridad, la DLBC6 debe especificar que los supervisores de LBC/LFT tienen la facultad de proponer la adopción de la decisión a una autoridad competente para adoptar tales medidas. Esta formulación también se ajustaría más estrechamente a la propuesta por la Comisión en el RALBC (32).

3.3.3.

La DLBC6 establece que podrán imponerse medidas administrativas distintas de las sanciones en relación con incumplimientos detectados que no se consideren lo bastante graves como para castigarlos con una sanción administrativa (33). Sin embargo, algunas de las medidas administrativas enumeradas en la DLBC6 pueden tener efectos más graves en una entidad obligada que las sanciones administrativas. Limitar las medidas administrativas distintas de las sanciones a los incumplimientos menos graves podría limitar las autoridades de LBC/LFT a la hora de elegir la respuesta de supervisión más adecuada a los incumplimientos de los requisitos del RLBC1. Por consiguiente, se sugiere que esta formulación se suprima de la DLBC6. También podría considerarse la posibilidad de armonizar las formulaciones del artículo 41, apartado 1, de la DLBC6 y del artículo 20, apartado 1, del RALBC. Si bien la primera de dichas disposiciones exige que los supervisores de LBC/LFT tengan las competencias que en ella se enumeran cuando detecten infracciones del RLBC1, la segunda disposición es más amplia y prevé que la ALBC tendrá competencias de supervisión también en los casos de posibles incumplimientos del RLBC1 y en situaciones en las que los instrumentos aplicados por la entidad obligada seleccionada no garanticen una gestión adecuada de sus riesgos. Cuando se armonicen estas disposiciones, debe garantizarse además que, cuando la DLBC6 y el RALBC vinculen las facultades de supervisión a deficiencias en la gestión de riesgos por parte de las entidades obligadas, se especifique que esto se refiere únicamente a los riesgos de BC/FT y no a otros riesgos, a fin de reducir los posibles conflictos con la legislación prudencial.

3.4.   Cooperación e intercambio de información entre autoridades

3.4.1.

La DLBC6 define las obligaciones de secreto profesional de los supervisores de LBC/LFT de las entidades de crédito y financieras (en lo sucesivo denominadas colectivamente «supervisores financieros de LBC/LFT»), introduciendo exenciones en virtud de las cuales los supervisores financieros de LBC/LFT estarán autorizados a facilitar información confidencial a otras autoridades (34). Estas disposiciones no parecen autorizar el intercambio de información confidencial con una serie de tipos de autoridades, aunque dicho intercambio pueda ser necesario en la práctica. Por ejemplo, mientras que la DLBC6 exige a los supervisores de LBC/LFT que cooperen con las autoridades competentes (35) y con las autoridades tributarias (36), la autorización para facilitar información confidencial a dichas autoridades parece depender de si los Estados miembros optan por permitir dicho intercambio (37). Con el fin de que la lista de exenciones a la obligación de secreto profesional general en virtud de la DLBC6 (38) sea más exhaustiva, podría realizarse una encuesta a los supervisores de LBC/LFT para determinar los tipos de autoridades con las que, en la práctica, comparten (o necesitan compartir) información confidencial. Por otro lado, podrían considerarse posibles interacciones con otras autoridades en virtud del reglamento propuesto sobre los mercados de criptoactivos (39) (en lo sucesivo, el «reglamento propuesto sobre los mercados de criptoactivos»). Además, la DLBC6 no parece establecer un requisito de secreto profesional para los supervisores de LBC/LFT de las entidades obligadas distintas de las entidades de crédito o financieras (en lo sucesivo denominadas colectivamente «supervisores no financieros de LBC/LFT»). No está claro si, en tal situación, los supervisores financieros y no financieros de LBC/LFT pueden cooperar eficazmente entre sí y con otras autoridades.

3.4.2.

La DLBC6 exige que el intercambio de información entre los supervisores prudenciales y financieros de LBC/LFT esté sujeto a los requisitos de secreto profesional establecidos en ella (40). Dado que el régimen de secreto profesional al que están sujetas las autoridades de supervisión prudencial está regulado en otros actos de la Unión, como la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los supervisores prudenciales de las entidades de crédito, se propone modificar las disposiciones pertinentes de la DLBC6 para que también comprendan requisitos equivalentes en materia de secreto profesional. También se propone que este requisito se aplique además a los intercambios de información con otras autoridades enumeradas en la DLBC6 (41), a fin de garantizar un tratamiento coherente de la información compartida, con independencia de qué autoridades participen en el intercambio. Estas modificaciones serían compatibles con la solución propuesta en otras disposiciones de la DLBC6 (42) y adoptada por los legisladores en la Directiva 2013/36/UE (43).

3.4.3.

La DLBC6 no parece autorizar a los supervisores de LBC/LFT a compartir información con los bancos centrales (44). La información de que un supervisor de LBC/LFT tiene la intención de imponer una sanción administrativa sustancial a una entidad de crédito (45), o de proponer la revocación de una autorización de conformidad con la DLBC6 (46), podría ser información importante para un banco central. Se sugiere que la correspondiente autorización para el intercambio de información se añada a la DLBC6, al menos para los supervisores financieros de LBC/LFT. También debe aclararse que los bancos centrales pueden utilizar la información recibida para sus tareas.

3.4.4.

La DLBC6 no parece permitir a los supervisores no financieros de LBC/LFT compartir información confidencial con los supervisores prudenciales de las entidades de crédito y financieras. Este intercambio puede estar justificado cuando entidades obligadas distintas de las entidades de crédito o financieras, como los proveedores de créditos hipotecarios o al consumo (47), formen parte de un grupo que también incluya entidades de crédito o financieras. Por consiguiente, se sugiere que se añada dicha autorización.

3.5.   Aplicación de la diligencia debida con respecto al cliente en situaciones en las que se determine que una entidad es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser

3.5.1.

El RLBC1 exige que, con referencia a las entidades de crédito, la aplicación de la diligencia debida con respecto al cliente también tenga lugar bajo la supervisión de los supervisores de LBC/LFT en el momento en que se haya determinado que una entidad es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser conforme a la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (48), o cuando los depósitos no estén disponibles de conformidad con la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (49). En tales casos, los supervisores deben decidir la intensidad y el alcance de dicha diligencia debida con respecto al cliente teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la entidad de crédito (50). La realización de este ejercicio con respecto a la totalidad o a una parte sustancial de los clientes de la entidad puede resultar relativamente gravosa y llevar mucho tiempo, en particular si la entidad de crédito no ha recopilado la información pertinente de sus clientes. Por lo tanto, se sugiere que se especifique que dicha diligencia debida con respecto al cliente solo debe aplicarse cuando sea necesario.

4.   Límite a los pagos en efectivo

4.1.

El RLBC1 prohíbe a las personas que comercien con bienes y presten servicios que acepten o efectúen pagos en efectivo superiores a 10 000 EUR o el importe equivalente en otras monedas. También permite a los Estados miembros mantener límites más bajos o, previa consulta al BCE, adoptarlos (51). La adopción de esta disposición excluirá el uso de billetes en euros en operaciones entre consumidores y empresas y en operaciones entre estas por encima del umbral indicado.

4.2.

En virtud del Tratado, el Banco Central Europeo (BCE) tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de banco en euros en la Unión (52). Los billetes en euros emitidos por el BCE y los BCN de la zona del euro son los únicos billetes de curso legal dentro de la zona del euro (53). Así pues, el uso del único medio de pago de curso legal consagrado en el Derecho primario sería ilegal por encima del umbral indicado por la prohibición prevista. Corresponde al legislador de la Unión comprobar que esta prohibición no interfiere indebidamente con el derecho fundamental a la propiedad recogido en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (54). En este contexto, el BCE señala que el derecho de propiedad no es un derecho ilimitado, sino que puede estar sujeto a restricciones por razones de interés general y en los casos y condiciones previstos por la ley. En dictámenes anteriores, el BCE ha reconocido que la lucha contra el blanqueo de capitales es de interés público (55). Es importante que tales restricciones se basen en pruebas y cumplan el principio de proporcionalidad, es decir, que sean idóneas para alcanzar los objetivos legítimos y no sobrepasen los límites de lo que es necesario (56).

4.3.

El concepto de «curso legal» ha sido examinado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En particular, el Tribunal de Justicia ha aclarado que el concepto de «curso legal» de un medio de pago denominado en una unidad monetaria significa, en su sentido ordinario, que en general dicho medio de pago no puede rechazarse a la hora del pago de una deuda denominada en la misma unidad monetaria, por su valor nominal y con efecto liberatorio (57). Al aclarar el concepto de «curso legal» en el Derecho de la Unión, el Tribunal tuvo en cuenta la Recomendación 2010/191/UE (58) de la Comisión, que proporciona orientaciones útiles para la interpretación de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión. El apartado 1 de la Recomendación 2010/191/UE establece que, cuando exista una obligación de pago, el curso legal de los billetes y monedas en euros debe implicar lo siguiente: a) la aceptación obligatoria de dichos billetes y monedas; b) su aceptación por su valor nominal, y c) su capacidad de liberar de obligaciones de pago. Según el Tribunal de Justicia, esto demuestra que el concepto de «curso legal» comprende, entre otras, una obligación de principio de aceptación a efectos de pago de los billetes y monedas denominados en euros (59).

4.4.

Sin embargo, el Tribunal aclaró además que la condición de curso legal solo tiene por objeto la aceptación en principio de billetes denominados en euros como medio de pago, y no la aceptación absoluta. En particular, el curso legal de los billetes en euros no impide que un Estado miembro, en el ejercicio de sus propias competencias, introduzca, por razones legítimas de interés público, una excepción a la norma general de aceptación de billetes en euros para la liberación de las obligaciones de pago, siempre que se cumplan determinados requisitos (60). Aunque la sentencia del Tribunal en el caso concreto en cuestión se refería a una medida introducida por un Estado miembro, el BCE considera que el mismo razonamiento se aplica a las medidas que la Unión introduce en el ejercicio de sus competencias.

4.5.

Los requisitos que establece el Tribunal para la normativa destinada a limitar el curso legal de los billetes en euros en particular, son los siguientes: a) que esa normativa no tenga por objeto ni efecto determinar el régimen jurídico del curso legal de los billetes en euros; b) que no lleve de hecho o de derecho a la supresión de esos billetes, en particular al cuestionar la posibilidad de que, por regla general, se cumpla con una obligación pecuniaria mediante el pago en efectivo; c) que se haya adoptado por motivos de interés público; d) que la limitación de los pagos en efectivo que supone sea idónea para alcanzar el objetivo de interés público perseguido, y e) que no exceda de lo necesario para alcanzar ese objetivo (61).

4.6.

El BCE observa que el artículo 59 del RLBC1 no tiene por objeto ni por efecto establecer normas jurídicas que regulen el curso legal de los billetes en euros. Además, el BCE acoge con satisfacción, a pesar de que parece faltar un análisis o una evaluación de sus efectos, que el umbral para la prohibición prevista de las operaciones entre consumidores y empresas, y entre estas, sea lo suficientemente elevado como para evitar consecuencias de hecho que lleven a la supresión de los billetes en euros. Una de las formas en que pueden suprimirse de hecho los billetes en euros es establecer un umbral de prohibición del efectivo tan bajo que ponga en peligro la viabilidad económica de este como medio de pago general y comúnmente aceptado y el funcionamiento del ciclo del efectivo, lo que también afectaría en definitiva a las operaciones por debajo del umbral. En este contexto, el BCE observa que el efectivo sigue desempeñando un papel importante en la sociedad, y que el BCE y los BCN de la zona del euro mantienen su compromiso de salvaguardar su existencia, su disponibilidad general y su facilidad de uso como medio de pago y reserva de valor. Por lo tanto, las autoridades nacionales competentes y de la Unión deben explicar cuidadosamente tales limitaciones de los pagos en efectivo en efectivo en efectivo al público en general, mediante medidas de comunicación adecuadas para mantener su confianza en el efectivo en euros como medio de pago válido, legítimo y fiable. Es recomendable que estas medidas de comunicación comprendan también consideraciones relativas a medidas menos restrictivas, como una obligación de notificación para las operaciones que superen un determinado umbral, y por qué se consideraron menos eficaces.

4.7.

La capacidad de pagar en efectivo sigue siendo especialmente importante para quienes, por diversas razones legítimas, prefieren utilizar efectivo en lugar de otros instrumentos de pago o no tienen acceso al sistema bancario ni a los medios electrónicos de pago. Por lo general, el efectivo también es útil y se considera un instrumento de pago, ya que permite pagos independientes y garantiza la protección de datos y la privacidad. Además, es ampliamente aceptado, rápido y facilita el control del gasto del ordenante. Asimismo, actualmente es el único instrumento de pago que permite a los ciudadanos liquidar una operación en dinero del banco central que también se liquida de forma instantánea (62), sin intermediario y sin gastos adicionales. La liquidación de una operación de pago en efectivo no requiere el uso de servicios prestados por uno o varios terceros, ni la disponibilidad de equipos técnicos para efectuar la transferencia de valor del ordenante al beneficiario. Por lo tanto, el efectivo también tiene una función de reserva en caso de que las opciones de pago electrónico no estén disponibles temporalmente, por ejemplo, debido a fallos en los sistemas electrónicos de autorización y procesamiento de pagos. En la actualidad, todos los pagos distintos del efectivo se basan en servicios prestados por entidades comerciales que cobran comisiones por operaciones de pago individuales. En este contexto, el BCE hace referencia al nuevo paquete de finanzas digitales de la Unión se adoptó en 2020. Este paquete incluye la estrategia de pagos minoristas, cuyo objetivo es ofrecer soluciones de pago paneuropeas seguras, rápidas y fiables para los ciudadanos y las empresas de la UE, así como la estrategia de finanzas digitales, cuyo objetivo es hacer que los servicios financieros europeos sean más respetuosos con la digitalización, manteniendo al mismo tiempo normas muy estrictas en materia de privacidad y protección de datos, en consonancia con la estrategia de datos de la Comisión. Corresponde al legislador de la Unión armonizar las restricciones de pago en efectivo con la futura disponibilidad de soluciones de pago paneuropeas que garanticen elevados niveles de privacidad y protección de datos, a fin de cumplir la condición de que se disponga de otros medios legales plenamente equivalentes para la liquidación de deudas monetarias.

4.8.

Por lo que respecta a la proporcionalidad de una restricción del curso legal de los billetes en euros, el Tribunal de Justicia no solo exige que la medida sea adecuada para alcanzar el objetivo de interés general perseguido, sino también que no vaya más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. El BCE proporcionó orientaciones adicionales en sus dictámenes anteriores sobre la proporcionalidad de las restricciones nacionales de curso legal de los billetes en euros. En particular, el BCE señaló que, cuanto más amplia y general sea la limitación, más estricta será la interpretación del requisito de que la limitación sea proporcionada al objetivo perseguido. A la hora de considerar si una limitación es proporcionada, deben tenerse siempre en cuenta sus efectos adversos y si podrían adoptarse medidas alternativas que cumplirían el objetivo pertinente y tuvieran un impacto menos adverso (63).

4.9.

En el presente contexto, el BCE señala que la prohibición establecida por el RLBC1 sería absoluta. No sigue el enfoque basado en el riesgo aplicado hasta ahora en el marco de LBC/LFT, sino que afecta a todos los ciudadanos y viajeros de la Unión. Sin embargo, el Tribunal de Justicia destacó que los medios de pago alternativos lícitos deben ser fácilmente accesibles para todos los deudores (64) y, por lo tanto, ha señalado la necesidad de excepciones en caso contrario. En esta fase, el legislador no ha propuesto, en particular, la inclusión de excepciones en el RLBC1 para cubrir los casos en que no se disponga de medios de pago alternativos, por ejemplo, debido a cortes de energía u otros fallos de los sistemas de pago electrónico. El BCE desea fomentar la inclusión de tales modificaciones con el fin de reforzar la proporcionalidad de la medida prevista y prever las excepciones necesarias en situaciones en las que no se disponga de otros medios de pago para efectuar pagos directos en persona. Estas excepciones podrían complementarse exigiendo que la trazabilidad de las operaciones de pago realizadas en billetes en euros se determinara de manera comparable a los medios de pago alternativos, por ejemplo, mediante el cumplimiento de una documentación clara o de obligaciones de información.

4.10.

El RLBC1 exige a la Comisión que presente, tres años después de su fecha de aplicación, un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se evalúe la necesidad y la proporcionalidad de seguir reduciendo el límite para los grandes pagos en efectivo (65). En primer lugar, parece útil armonizar los plazos de los artículos 62 y 63 del RLBC1 y prever una primera revisión solo cinco años a partir de la fecha de aplicación de este reglamento para permitir un período suficientemente largo cuando también esté disponible el informe sobre la aplicación del reglamento. En este contexto, el BCE subraya que, para cualquier revisión prevista, la Comisión debe proporcionar investigaciones sólidas y pruebas empíricas sobre los efectos de los límites de pago en efectivo y su eficacia en la consecución de los objetivos perseguidos. Además, estas pruebas empíricas no conducirían automáticamente a la necesidad de reducir aún más los límites de efectivo. Por lo tanto, el alcance de la revisión exigida a la Comisión debe revisarse de modo que se evalúen tanto la necesidad como la proporcionalidad de ajustar los límites de efectivo, en lugar de que esta revisión se lleve a cabo únicamente con la perspectiva de reducirlos aún más.

5.   Factores de riesgo para la diligencia debida con respecto al cliente

5.1.

El RLBC1 establece una lista no exhaustiva de factores y tipos de pruebas que indican un riesgo potencialmente menor a efectos de los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente llevados a cabo por las entidades obligadas en lo que se refiere a sus clientes (66). La lista incluye también a «administraciones públicas y empresas». Se sugiere que se aclare que el término «administraciones públicas» abarca también a las autoridades y organismos públicos y que comprende a los bancos centrales. La Directiva 2005/60/CE (67), tercera Directiva de LBC, empleaba el término «autoridades públicas». La Directiva 2006/70/CE de la Comisión (68), que aplicaba la tercera Directiva de LBC, utilizaba el término «autoridades y organismos públicos». La Directiva (UE) 2015/849, cuarta Directiva de LBC, empleaba el término «empresas o administraciones públicas» (69). Según la experiencia del BCE, la mayoría de las entidades de contrapartida del BCE entienden que estos términos incluyen a los bancos centrales. No obstante, para evitar dudas, se sugiere una aclaración de la formulación.

6.   Definición de criptoactivos

6.1.

El RLCB1 sustituye el término «monedas virtuales», introducido en la Directiva (UE) 2015/849 por la Directiva (UE) 2018/843 (70), por el término «criptoactivos». El BCE acoge con satisfacción este cambio, ya que el término «monedas virtuales» podría dar lugar a percepciones erróneas sobre la naturaleza de estos tipos de activos, que no son monedas.

6.2.

El BCE también entiende que la inclusión de la categoría de proveedores de servicios de criptoactivos en el ámbito de aplicación del reglamento propuesto tiene por objeto armonizar el marco de la Unión de LCB/LFT con las recomendaciones modificadas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A este respecto, no está claro, sin embargo, si todos los tipos de activos virtuales, tal como se definen en las Recomendaciones del GAFI, están cubiertos por la definición de criptoactivos utilizada en el RLBC1. Las Recomendaciones del GAFI definen un activo virtual como «una representación digital del valor que puede negociarse o transferirse digitalmente y que puede utilizarse con fines de pago o inversión. Los activos virtuales no incluyen representaciones digitales de monedas fiduciarias, valores y otros activos financieros que ya están cubiertos en otras partes de las Recomendaciones del GAFI» (71). El RLBC1 recoge la definición de criptoactivo (72), que se ha introducido en el reglamento propuesto sobre los mercados de criptoactivos y establece que por «criptoactivo» se entiende «una representación digital de valor o derechos que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro descentralizado o una tecnología similar» (73). Por lo tanto, la definición del GAFI es tecnológicamente neutra, mientras que la definición del RLBC1 se limita a los activos virtuales basados en tecnología de registro descentralizado o tecnología similar. Parece al menos posible en la teoría que los activos virtuales también puedan basarse en otra tecnología, en cuyo caso no parecen estar cubiertos por el RLBC1.

6.3.

Si los colegisladores consideraran una definición más amplia y neutra desde el punto de vista tecnológico para garantizar la compatibilidad del marco de la Unión con las Recomendaciones del GAFI, habría que tomar decisiones políticas también con respecto a las representaciones digitales de valor, que podrían tener que quedar exentas del ámbito de aplicación del RLBC1.

Cuando el BCE recomienda la modificación de la directiva o reglamento propuestos, se presentan propuestas de redacción específicas en un documento de trabajo técnico separado acompañado de un texto explicativo a tal efecto. El documento técnico de trabajo está disponible en inglés en EUR-Lex.

Hecho en Fráncfort del Meno el 16 de febrero de 2022.

La Presidenta del BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM(2021) 420 final.

(2)  COM(2021) 423 final.

(3)  COM(2021) 421 final.

(4)  COM(2021) 422 final.

(5)  Véanse el Dictamen del Banco Central Europeo, de 4 de febrero de 2005, solicitado por el Consejo de la Unión Europea sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo (CON/2005/2) (COM(2004) 448 final) (DO C 40 de 17.2.2005, p. 9), el Dictamen del Banco Central Europeo, de 17 de mayo de 2013, sobre una propuesta de directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo y sobre una propuesta de reglamento relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos (CON/2013/32) (DO C 166 de 12.6.2013, p. 2), el Dictamen del Banco Central Europeo, de 12 de octubre de 2016, sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la Directiva 2009/101/CE (CON/2016/49) (DO C 459 de 9.12.2016, p. 3), y el Dictamen del Banco Central Europeo, de 7 de diciembre de 2018, sobre una propuesta modificada de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), y otros actos jurídicos conexos (CON/2018/55) (DO C 37 de 30.1.2019, p. 1). Todos los dictámenes emitidos por el BCE se publican en EUR-Lex.

(6)  Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

(7)  Véase el apartado 1.2 del Dictamen CON/2018/55.

(8)  Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

(9)  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

(10)  Véase el artículo 3 del RLBC1.

(11)  Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (DO L 166 de 28.6.1991, p. 77), Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (DO L 344 de 28.12.2001, p. 76), Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15), Directiva (UE) 2015/849 y Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE (DO L 156 de 19.6.2018, p. 43).

(12)  Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p.1).

(13)  Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).

(14)  Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35).

(15)  Véase el artículo 2, apartado 32, del RLBC1.

(16)  Véase el artículo 2, apartado 31, del RLBC1.

(17)  Véase el artículo 2, apartado 1, punto 5, del RALBC.

(18)  Véase el artículo 9 del RLBC1.

(19)  Véase el artículo 46, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/849.

(20)  Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativa al acceso a la actividad de seguro y reaseguro y a su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).

(21)  Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).

(22)  Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).

(23)  Véase el artículo 76, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE.

(24)  Véase el artículo 9, apartado 3, del RLBC1.

(25)  Tal como se define en el artículo 2, apartado 28, del RLBC1.

(26)  Directrices de la ABE sobre gobierno interno conforme a la Directiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/05). Disponible en la dirección de la ABE en internet.

(27)  Véase el artículo 2, apartado 32, del RLBC1.

(28)  Véase el artículo 9, apartados 1 y 2, del RLBC1.

(29)  Véase el artículo 52, letra a), de la DLRB6.

(30)  Véanse los artículos 39 a 41 de la DLBC6.

(31)  Véase el artículo 41, apartado 1, letras e) y f), de la DLBC6.

(32)  Véase el artículo 20, apartado 2, letra i), del RALBC, que establece que la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo tiene la facultad de «proponer la revocación de la licencia de una entidad obligada seleccionada a la autoridad que la haya concedido».

(33)  Véase el artículo 41, apartado 1, de la DLBC6.

(34)  Véanse, en particular, los artículos 50 y 51 de la DLBC6.

(35)  El término «autoridades competentes» se define en el artículo 2, apartado 31, del RLBC1 y comprende a) una Unidad de Información Financiera; b) una autoridad de supervisión de LBC/LFT que sea un organismo público, o la autoridad pública que supervise a los organismos autorreguladores; c) una autoridad pública cuya función sea la investigación o el enjuiciamiento del blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo, así como el rastreo y la incautación o el embargo y el decomiso de activos de origen delictivo; d) una autoridad pública con responsabilidades específicas en la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

(36)  Véase el artículo 45 de la DLBC6.

(37)  Véase el artículo 51, apartado 2, de la DLBC6.

(38)  Véase el capítulo V de la DLBC6.

(39)  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final).

(40)  Véase el artículo 50, apartado 2, último párrafo, de la DLBC6.

(41)  Véase el artículo 50, apartado 2, de la DLBC6.

(42)  Véase el artículo 51, apartados 1 y 2, de la DLBC6.

(43)  Véase, por ejemplo, el artículo 56 de la Directiva 2013/36/UE.

(44)  Véanse los artículos 50 y 51 de la DLBC6.

(45)  Véase el artículo 40 de la DLBC6.

(46)  Véase el artículo 41, apartado 1, letra e) de la DLBC6.

(47)  Véase el artículo 3, apartado 3, letra k) del RLBC1.

(48)  Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).

(49)  Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantías de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

(50)  Véase el artículo 15, apartado 4, del RLBC1.

(51)  Véase el artículo 59 del RLBC1.

(52)  Artículo 128, apartado 1, primera frase, del Tratado, y artículo 16, primera frase, de los Estatutos del SEBC.

(53)  Artículo 128, apartado 1, tercera frase, del Tratado, y artículo 16, tercera frase, de los Estatutos del SEBC.

(54)  Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO C 326 de 26.10.2012, p. 391).

(55)  Véanse el Dictamen CON/2014/37, el Dictamen CON/2017/18 y el Dictamen CON/2019/4.

(56)  Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de enero de 2021, Hessischer Rundfunk, asuntos acumulados C-422/19 y C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, apartados 69 y 70.

(57)  Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de enero de 2021, Hessischer Rundfunk, asuntos acumulados C-422/19 y C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, apartado 46.

(58)  Recomendación 2010/191/UE de la Comisión, de 22 de marzo de 2010, sobre el alcance y los efectos del curso legal de los billetes y monedas en euros (DO L 83 de 30.3.2010, p. 70).

(59)  Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de enero de 2021, Hessischer Rundfunk, asuntos acumulados C-422/19 y C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, apartados 46 y 49.

(60)  Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de enero de 2021, Hessischer Rundfunk, asuntos acumulados C-422/19 y C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, apartado 67.

(61)  Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de enero de 2021, Hessischer Rundfunk, asuntos acumulados C-422/19 y C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, apartado 78.

(62)  Véanse el apartado 2.4 del Dictamen CON/2017/8; el apartado 2.1 del Dictamen CON/2019/41; el apartado 9.2.1 del Dictamen CON/2020/13; el apartado 2.3 del Dictamen CON/2020/21; y el apartado 7.2.1 del Dictamen CON/2021/9.

(63)  Véase el apartado 2.7 del Dictamen CON/2017/8.

(64)  Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de enero de 2021, Hessischer Rundfunk, asuntos acumulados C-422/19 y C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, apartado 77.

(65)  Véase el artículo 63, letra b), del RLBC1.

(66)  Véase el anexo II del RLBC1.

(67)  Véase el artículo 11, apartado 2, letra c) de la Directiva 2005/60/CE.

(68)  Véase el artículo 3 de la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada (DO L 214 de 4.8.2006, p. 29).

(69)  Véase el anexo II, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/849.

(70)  Véase el artículo 1, apartado 2, letra d), de la Directiva (UE) 2018/843.

(71)  Véase la página 130 de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Disponibles en inglés y francés en la dirección del GAFI en Internet: https://www.fatf-gafi.org/

(72)  Véase el artículo 2, apartado 13, del RLBC1.

(73)  Véase el artículo 2, punto 3, del reglamento propuesto relativo a los mercados de criptoactivos.


IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/26


Tipo de cambio del euro (1)

24 de mayo de 2022

(2022/C 210/07)

1 euro =


 

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,0720

JPY

yen japonés

136,49

DKK

corona danesa

7,4411

GBP

libra esterlina

0,85750

SEK

corona sueca

10,5013

CHF

franco suizo

1,0334

ISK

corona islandesa

139,30

NOK

corona noruega

10,2890

BGN

leva búlgara

1,9558

CZK

corona checa

24,663

HUF

forinto húngaro

383,33

PLN

esloti polaco

4,6015

RON

leu rumano

4,9446

TRY

lira turca

17,2572

AUD

dólar australiano

1,5152

CAD

dólar canadiense

1,3714

HKD

dólar de Hong Kong

8,4143

NZD

dólar neozelandés

1,6656

SGD

dólar de Singapur

1,4722

KRW

won de Corea del Sur

1 353,65

ZAR

rand sudafricano

16,7814

CNY

yuan renminbi

7,1449

HRK

kuna croata

7,5285

IDR

rupia indonesia

15 711,88

MYR

ringit malayo

4,7076

PHP

peso filipino

56,152

RUB

rublo ruso

 

THB

bat tailandés

36,609

BRL

real brasileño

5,1793

MXN

peso mexicano

21,2456

INR

rupia india

83,1850


(1)  Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.


Tribunal de Cuentas

25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/27


Informe Especial n.o 11/2022

«Protección del presupuesto de la UE - Es necesario hacer un mejor uso de las listas negras»

(2022/C 210/08)

El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de publicar el Informe Especial n.o 11/2022: «Protección del presupuesto de la UE - Es necesario hacer un mejor uso de las listas negras»

El informe puede consultarse directamente o descargarse en el sitio web del Tribunal de Cuentas Europeo: https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61175


INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS

25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/28


Información comunicada por los Estados miembros en relación con el cierre de pesquerías

(2022/C 210/09)

De conformidad con el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen de control de la Unión para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (1), se ha decidido el cierre de la pesquería indicada en el cuadro siguiente:

Fecha y hora del cierre

3.5.2022

Duración

Del 3.5.2022 al 31.12.2022

Estado miembro

Portugal

Población o grupo de poblaciones

BFT/AVARCH

Especie

Atún rojo (Thunnus Thynnus)

Zona

Archipiélagos específicos de Grecia (las islas Jónicas), España (las islas Canarias) y Portugal (las Azores y Madeira).

Tipos de buques pesqueros

Artesanales

Número de referencia

02/TQ109


(1)  DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.


25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/29


Nota informativa de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad

Obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 210/10)

Estado miembro

Portugal

Ruta en cuestión

Porto Santo – Funchal – Porto Santo

Fecha de entrada en vigor de las obligaciones de servicio público

A partir del 24 de octubre de 2022

Dirección en la que pueden obtenerse el texto y cualquier otra información o documentación relativa a la obligación de servicio público

Todos los documentos están disponibles en: http://www.saphety.com

Para más información, póngase en contacto con:

Ministerio de Infraestructuras y Vivienda

Gabinete del Secretario de Estado de Infraestructuras

Av. Barbosa du Bocage, n.o 5

1049-039 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +351 210426200

Correo electrónico: gabinete.seinf@mih.gov.pt


25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/30


Nota informativa de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad

Obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 210/11)

Estado miembro

Italia

Rutas afectadas

 

Pantelleria - Trapani y viceversa

 

Pantelleria - Palermo y viceversa

 

Pantelleria - Catania y viceversa

 

Lampedusa - Palermo y viceversa

 

Lampedusa - Catania y viceversa

Fecha de entrada en vigor de las obligaciones de servicio público

1 de diciembre de 2022

Dirección en la que pueden obtenerse el texto y cualquier otra información o documentación relativa a la obligación de servicio público

Para más información, póngase en contacto con:

Ministerio de Infraestructuras y Movilidad Sostenibles

Departamento de Movilidad Sostenible

Dirección General de Aeropuertos, Transporte Aéreo y Servicios por Satélite

Via Giuseppe Caraci, 36

00157 Roma

ITALIA

Tel. +39 0644127190

ENAC

Departamento de Transporte Aéreo y Desarrollo de Licencias

Viale Castro Pretorio, n. 118

00185 Roma

ITALIA

Tel. +39 0644596515

Sitio web:

http://www.mit.gov.it

 

http://www.enac.gov.it

Correo electrónico:

dg.ta@pec.mit.gov.it

 

osp@enac.gov.it.


25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/31


Nota informativa de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad

Anuncio de licitación para la explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 210/12)

Estado miembro

Portugal

Ruta afectada

Porto Santo – Funchal – Porto Santo

Período de validez del contrato

Tres años tras el inicio de la explotación

Plazo de presentación de las ofertas

62 días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio

Dirección en la que puede obtenerse el texto de la convocatoria y cualquier otra información o documentación relacionada con la licitación y con las obligaciones de servicio público

Todos los documentos están disponibles en: http://www.saphety.com

Para más información, póngase en contacto con:

Ministerio de Infraestructuras y Vivienda

Gabinete del Secretario de Estado de Infraestructuras

Av. Barbosa du Bocage, n.o 5

1049-039 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +351 210426200

Correo electrónico: gabinete.seinf@mih.gov.pt


V Anuncios

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de la AELC

25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/32


Solicitud de dictamen consultivo al Tribunal de la AELC por Trygderetten del 26 de enero de 2022 en el asunto A/Arbeids- og velferdsdirektoratet

(Asunto E-2/22)

(2022/C 210/13)

El 26 de enero de 2022, el Trygderetten (Tribunal Nacional de Seguros) presentó al Tribunal de la AELC una solicitud de dictamen consultivo, registrada en la Secretaría del Tribunal el 27 de enero de 2022, en el asunto A/Arbeids- og velferdsdirektoratet, sobre las cuestiones siguientes:

1)

¿Está comprendida una prestación como la prestación transitoria (overgangsstønad) — véase el artículo 15-5, párrafo primero de la Ley nacional de seguros, leído en relación con la primera frase del párrafo segundo — en el ámbito de aplicación material del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (1)en conformidad con:

a)

el artículo 3, apartado 1, concretamente la letra j), o

b)

el artículo 3, apartado 3, leído en relación con el artículo 70?

2)

¿Tiene alguna relevancia para la cuestión evaluada en la pregunta 1) que exista un requisito de actividad profesional para tener derecho de forma continua a una prestación cuando el hijo menor cumple un año de edad (véase el artículo 15-6 de la Ley Nacional de Seguros)?


(1)  Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166 de 30.4.2004, p. 1).


PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/33


Notificación previa de una concentración

(Asunto M.10438 – MOL / OMV SLOVENIJA)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 210/14)

1.   

El 13 de mayo de 2022, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1).

Esta notificación se refiere a las empresas siguientes:

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. («MOL», Hungría), empresa matriz de MOL Group.

OMV Slovenija, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. («OMV Slovenija», Eslovenia).

MOL adquiere, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, el control exclusivo de OMV Slovenija.

La concentración se realiza mediante adquisición de acciones.

2.   

Las actividades comerciales de las empresas mencionadas son las siguientes:

MOL Group es un conglomerado integrado verticalmente de petróleo y gas cuyas actividades principales son las siguientes: i) prospección, producción y refinado de petróleo crudo, ii) distribución de productos petrolíferos refinados tanto al por mayor como al por menor, iii) producción y venta de productos petroquímicos, iv) prospección y producción de gas natural y v) transporte de gas natural en Hungría. Con sede en Budapest, MOL Group tiene actividades en más de treinta países y emplea a unas 25 000 personas a escala mundial.

OMV Slovenija es una sociedad anónima eslovena bajo el control exclusivo del grupo OMV, una empresa austriaca integrada de petróleo, gas y productos químicos con actividades a escala mundial. La principal actividad de OMV Slovenija es la venta al por menor de carburante de automoción a través de su red de 119 estaciones de servicio gestionadas por OMV o por arrendatarios asociados.

3.   

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.   

La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la operación propuesta.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación, indicando siempre la referencia siguiente:

M.10438 – MOL / OMV SLOVENIJA

Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la dirección siguiente:

Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Dirección postal:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).


25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/35


Notificación previa de una concentración

(Asunto M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA)

Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 210/15)

1.   

El 17 de mayo de 2022, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1).

Esta notificación se refiere a las empresas siguientes:

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. («Ford Otosan», Turquía).

Ford Romania S.A. («Ford Romania», Rumanía).

Ford Otosan adquiere, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, el control exclusivo de Ford Romania.

La concentración se realiza mediante la adquisición de acciones.

2.   

Las actividades comerciales de las empresas mencionadas son las siguientes:

Ford Otosan es un fabricante y distribuidor automovilístico con sede en Turquía que es propiedad a partes iguales de Ford Motor Company y Koç Holding.

Al concluir la operación, Ford Romania solo mantendrá y explotará una fábrica de montaje y una instalación de fabricación de automóviles situadas en Craiova (Rumanía).

3.   

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (2), el presente asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento establecido en dicha Comunicación.

4.   

La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la operación propuesta.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación, indicando siempre la referencia siguiente:

M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA

Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la dirección siguiente:

Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Dirección postal:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).

(2)  DO C 366 de 14.12.2013, p. 5.


25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/36


Notificación previa de una concentración

(Asunto M.10709 — PARTNERS GROUP / FORTERRO)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 210/16)

1.   

El 17 de mayo de 2022, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1).

Esta notificación se refiere a las empresas siguientes:

Partners Group AG («Partners Group», Suiza).

Jeeves Information Systems AB («Forterro», Suecia).

Partners Group adquiere, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, el control exclusivo de la totalidad de Forterro.

La concentración se realiza mediante la adquisición de acciones.

2.   

Las actividades comerciales de las empresas mencionadas son las siguientes:

Partners Group: oferta a los inversores institucionales internacionales que desean acceder directamente a activos del mercado privado una amplia gama de fondos y carteras de inversión adaptados a las necesidades de los inversores.

Forterro: suministro de soluciones informáticas y programas informáticos de gestión, con hincapié en la provisión de soluciones de programas informáticos de planificación de recursos empresariales a las empresas manufactureras y productoras de mercado medio.

3.   

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.   

La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la operación propuesta.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación, indicando siempre la referencia siguiente:

M.10709 – PARTNERS GROUP / FORTERRO

Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la dirección siguiente:

Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Dirección postal:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).


25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/37


Notificación previa de una concentración

(Asunto M.10724 — ITOCHU / UNDER ARMOUR / DOME)

Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 210/17)

1.   

El 17 de mayo de 2022, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1).

Esta notificación se refiere a las empresas siguientes:

ITOCHU Corporation («Itochu», Japón).

Under Armour Europe («Under Armour», Países Bajos), filial al 100 % de Under Armour Inc. («Under Armour Inc», Estados Unidos).

Dome Corporation («Dome», Japón).

Itochu y Under Armour adquieren, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), y apartado 4, del Reglamento de concentraciones, el control conjunto de la totalidad de Dome.

La concentración se realiza mediante la adquisición de acciones.

2.   

Las actividades comerciales de las empresas mencionadas son las siguientes:

Itochu: sociedad cotizada con actividades en sectores muy variados, por ejemplo, fabricación de productos textiles.

Under Armour: sociedad cotizada dedicada al desarrollo, comercialización y distribución de prendas de vestir (artículos deportivos y ropa de calle), calzado y accesorios relacionados con el deporte.

Dome: sociedad anónima que vende (como minorista), distribuye y publicita prendas deportivas y calzado deportivo de la marca «Under Armour» de Under Armour en Japón.

3.   

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (2), el presente asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento establecido en dicha Comunicación.

4.   

La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la operación propuesta.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación, indicando siempre la referencia siguiente:

M.10724 – ITOCHU / UNDER ARMOUR / DOME

Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la dirección siguiente:

Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Dirección postal:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).

(2)  DO C 366 de 14.12.2013, p. 5.


Corrección de errores

25.5.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/39


Corrección de errores de la comunicación de la Comisión relativa a los tipos de interés vigentes a efectos de recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/de actualización aplicables a partir del 1 de mayo de 2022

[Publicada de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE ) n.o 794/2004 de la Comisión]

( Diario Oficial de la Unión Europea C 192 de 11 de mayo de 2022 )

(2022/C 210/18)

En la página de sumario y en la página 91, en el título:

donde dice:

«Comunicación de la Comisión relativa a los tipos de interés vigentes a efectos de recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/de actualización aplicables a partir del 1 de mayo de 2022»,

debe decir:

«Comunicación de la Comisión relativa a los tipos de interés vigentes a efectos de recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/de actualización aplicables a partir del 1 de junio de 2022».


Top