1.   Un derecho de aduana incluirá todo derecho o gravamen de cualquier tipo aplicado o vinculado a la importación de mercancías y toda forma de tasa o gravamen adicional relacionado con dicha importación, pero no incluirá:

a)	gravámenes equivalentes a impuestos internos recaudados tanto por mercancías importadas como por las producidas a nivel local conforme al artículo 20;

b)	medidas antidumping, compensatorias o de salvaguardia aplicadas con arreglo a las disposiciones del título VI; ni

c)	tasas o demás gravámenes aplicados de conformidad con el artículo 8.

2.   El derecho de aduana básico al que deben aplicarse las reducciones sucesivas será el especificado en el calendario de liberalización arancelaria de cada Parte respecto a cada producto.

1.   La clasificación de las mercancías comerciadas objeto del presente Acuerdo será la establecida en las nomenclaturas arancelarias respectivas de cada Parte, conforme al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA).

2.   Las Partes intercambiarán toda la información necesaria, en un plazo de tres (3) meses tras una modificación arancelaria o un cambio en el SA, sobre los derechos de aduana que aplican y en las nomenclaturas correspondientes a los productos enumerados en los anexos I y II.

1.   A efectos de la presente parte, el término «originario» significa que puede considerarse «originario» con arreglo al Derecho aplicable de la Parte importadora (1) (2).

2.   El Consejo del AAE establecido con arreglo al artículo 104 (en lo sucesivo, «Consejo del AAE») adoptará, mediante decisión, un protocolo que regule las normas de origen a más tardar cinco (5) años después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. El apartado 1 del presente artículo dejará de aplicarse a partir del momento en que dicho protocolo sea aplicable.

3.   Si, al final del período de cinco años mencionado en el apartado 2, las Partes no han adoptado dicho protocolo, el Consejo del AAE evaluará la aplicación del apartado 1 y podrá decidir prorrogar dicho período de cinco años.

1.   Las Partes acuerdan no aumentar los derechos de aduana que apliquen a los productos objeto de liberalización en el marco del presente Acuerdo, con excepción de las medidas adoptadas con arreglo a los artículos 48, 49 y 50.

2.   Con el fin de preservar la perspectiva de procesos más amplios de integración regional africana, las Partes podrán decidir, en el Consejo del AAE, modificar los derechos de aduana establecidos en los anexos II(a), II(b) y II(c) del presente Acuerdo, aplicables a los productos originarios de la UE al ser importados en el Estado o los Estados socios de la CAO. Las Partes garantizarán que una modificación de este tipo no dé lugar a una incompatibilidad del presente Acuerdo con los requisitos del artículo XXIV del GATT de 1994.

1.   Los derechos de aduana se aplicarán una vez a las mercancías originarias de una Parte e importadas en el territorio de la otra Parte.

2.   Todo derecho de aduana pagado por la importación de una mercancía en un Estado socio de la CAO se reembolsará íntegramente si dicha mercancía pasa del Estado socio de la CAO de primera importación a otro Estado socio de la CAO. El derecho se pagará en el Estado socio de la CAO en el que se consuma la mercancía.

3.   Las Partes aceptan cooperar para facilitar la circulación de mercancías y simplificar los procedimientos aduaneros.

1.   Una Parte no establecerá ningún nuevo derecho o impuesto en relación con la exportación de mercancías a la otra Parte que sea superior a los aplicados a productos similares destinados a la venta en el mercado interior.

2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Estado o los Estados socios de la CAO podrán imponer, previa notificación a la UE, un derecho o impuesto temporal en relación con la exportación de mercancías en las circunstancias siguientes:

a)	para fomentar el desarrollo de la industria nacional;

b)	para mantener la estabilidad monetaria, cuando el aumento del precio mundial de una mercancía de exportación cree un riesgo de sobrevaloración de la moneda; o

c)	para proteger la renta, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.

3.   Tales impuestos deberían aplicarse a un número limitado de productos durante un período limitado de tiempo y, al cabo de cuarenta y ocho (48) meses, el Consejo del AAE los revisará para su renovación.

4.   Todo trato más favorable consistente en impuestos aplicados por el Estado o los Estados socios de la CAO a la exportación de cualquier producto a cualquier economía comercial importante, o relacionado con dichos impuestos, se concederá también, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, al producto similar destinado al territorio de la UE.

5.   A efectos del presente artículo y del artículo 15, por «economía comercial importante» se entenderá cualquier país desarrollado, o cualquier país que represente una proporción de las exportaciones de mercancías mundiales superior al 1 % en el año anterior a la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio mencionado en el artículo 15, o cualquier grupo de países que actúen individual o colectivamente o en el marco de un acuerdo de libre comercio que representen colectivamente una proporción de las exportaciones de mercancías mundiales superior al 1,5 % en el año anterior a la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio mencionado en el artículo 15 (3).

1.   Con respecto a las mercancías incluidas en esta parte, la UE concederá al Estado o los Estados socios de la CAO cualquier trato más favorable que resulte de la adhesión de la UE a un acuerdo de libre comercio con una tercera parte después de la firma del presente Acuerdo.

2.   Con respecto a las mercancías incluidas en la presente parte, el Estado o los Estados socios de la CAO concederán a la UE cualquier trato más favorable que resulte de la adhesión del Estado o los Estados socios de la CAO a un acuerdo de libre comercio con una economía comercial importante después de la firma del presente Acuerdo. Siempre que la UE pueda demostrar que ha recibido un trato menos favorable que el ofrecido por el Estado o los Estados socios de la CAO a cualquier otra economía comercial importante, las Partes, en la medida de lo posible, se consultarán y decidirán conjuntamente cómo aplicar de la mejor manera el presente apartado en cada caso.

3.   No podrá interpretarse que las disposiciones de la presente parte obligan a las Partes a concederse recíprocamente cualquier trato preferencial aplicable por ser una de ellas Parte en un acuerdo de libre comercio celebrado con una tercera parte en la fecha de la firma del presente Acuerdo.

4.   El apartado 2 no se aplicará por lo que se refiere a los acuerdos comerciales del Estado o los Estados socios de la CAO con países del Grupo de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico o con otros países y regiones de África.

5.   A efectos del presente artículo, se entenderá por «acuerdo de libre comercio» un acuerdo que liberalice sustancialmente el comercio y elimine sustancialmente las medidas discriminatorias o prohíba la aplicación de medidas discriminatorias nuevas o más discriminatorias entre las Partes a partir de la entrada en vigor de dicho acuerdo o en un plazo de tiempo razonable.

1.   Las Partes acuerdan que la cooperación administrativa es esencial para la aplicación y el control del trato preferencial otorgado en virtud de la presente parte y destacan su compromiso de luchar contra las irregularidades y el fraude en asuntos aduaneros y afines.

2.   Cuando, a partir de una información objetiva, una Parte obtenga la prueba de una falta de cooperación administrativa, de irregularidades o de fraude, la Parte afectada podrá suspender temporalmente el trato preferencial concedido al producto o a los productos afectados con arreglo al presente artículo.

3.   A efectos del presente artículo, se entenderá por falta de cooperación administrativa, entre otras cosas:

a)	el incumplimiento reiterado de la obligación de verificar la condición de originario del producto o de los productos afectados;

b)	la negativa reiterada a realizar la subsiguiente verificación de la prueba del origen del producto o de los productos afectados, o el retraso injustificado de dicha verificación o de la comunicación de sus resultados;

c)	la negativa reiterada o el retraso injustificado en lo que respecta a la obtención de la autorización para llevar a cabo misiones de cooperación administrativa a fin de verificar la autenticidad de documentos o la exactitud de la información pertinente para la concesión del trato preferencial.

4.   Podrán constatarse irregularidades o fraude cuando, entre otras cosas, se produzca un rápido incremento, sin explicación satisfactoria, de las importaciones de mercancías, de tal manera que se sobrepase el nivel normal de la capacidad de producción y de exportación de la otra Parte, unido a información objetiva sobre irregularidades o fraude.

5.   La aplicación de una suspensión temporal estará sujeta a las siguientes condiciones:

a)

la Parte que haya constatado, a partir de información objetiva, una falta de cooperación administrativa, irregularidades o fraude notificará su constatación sin retraso injustificado al Comité de Altos Funcionarios, creado en virtud del artículo 106 (en lo sucesivo, «Comité de Altos Funcionarios»), así como la citada información objetiva, e iniciará consultas con el Comité de Altos Funcionarios, sobre la base de toda la información pertinente y la constatación objetiva, con objeto de alcanzar una solución aceptable para ambas Partes;

b)

en el caso de que las Partes hayan iniciado consultas con el Comité de Altos Funcionarios a que se refiere la letra a) y no hayan podido acordar una solución aceptable en los tres (3) meses siguientes a la notificación, la Parte afectada podrá suspender temporalmente el trato preferencial pertinente del producto o los productos afectados, lo que se notificará al Consejo del AAE sin retraso injustificado;

c)

las suspensiones temporales con arreglo al presente artículo se limitarán a lo estrictamente necesario para proteger los intereses financieros de la Parte afectada, no excederán de un período de seis (6) meses y podrán renovarse, y se someterán a consultas periódicas en el seno del Comité de Altos Funcionarios, en particular para ponerles fin tan pronto como dejen de existir las condiciones para su aplicación.

6.   Al mismo tiempo que se cursa al Comité de Altos Funcionarios la notificación con arreglo al apartado 5, letra a), la Parte notificante debería publicar en su Boletín Oficial un aviso dirigido a los importadores. El aviso a los importadores debería dejar constancia, en relación con el producto afectado y sobre la base de información objetiva, de la falta de cooperación administrativa o de la existencia de irregularidades o fraude.

1.   El artículo VII del GATT de 1994 y el Acuerdo relativo a la aplicación de dicho artículo regularán las normas para determinar el valor en aduana aplicables al comercio entre las Partes.

2.   Las Partes cooperarán con objeto de alcanzar un planteamiento común sobre cuestiones relativas al valor en aduana.

1.   Quedarán eliminadas a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo todas las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o venta para la exportación entre las Partes que sean distintas de los derechos de aduana, impuestos, tasas y otros gravámenes contemplados en el artículo 6, independientemente de que se apliquen mediante contingentes, licencias de importación o de exportación u otras medidas. No se introducirá ninguna nueva medida de este tipo en el comercio entre las Partes. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el título VI de la presente parte.

2.   El apartado 1 no se hará extensivo a lo siguiente:

a)	prohibiciones o restricciones de exportación aplicadas temporalmente para prevenir o aliviar escaseces vitales de alimentos u otros productos esenciales para la Parte contratante exportadora;

b)	prohibiciones o restricciones de importación y exportación necesarias para la aplicación de normas o reglamentaciones con objeto de clasificar, categorizar o comercializar mercancías en el comercio internacional.

1.   Los productos importados originarios de una Parte no estarán sujetos, directa ni indirectamente, a impuestos internos u otros gravámenes internos de cualquier clase que sean superiores a los aplicados, directa o indirectamente, a los productos similares de la otra Parte. Además, las Partes no aplicarán ningún otro impuesto o gravamen interno para proteger sus producciones respectivas.

2.   Los productos importados originarios de una Parte no recibirán un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de la otra Parte, con respecto a cualquier ley, reglamento o requisito que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de estos productos en el mercado interior. El presente apartado no será obstáculo a la aplicación de distintas tarifas internas de transporte, basadas exclusivamente en la actividad económica de los medios de transporte y no en el origen del producto.

3.   Ninguna de las Partes establecerá ni mantendrá una reglamentación interna cuantitativa relacionada con la mezcla, la transformación o la utilización de productos en determinadas cantidades o proporciones que requiera, directa o indirectamente, que una cantidad o una proporción determinada de un producto regulado por dicha reglamentación proceda de fuentes de producción internas. Además, las Partes no aplicarán reglamentaciones cuantitativas internas para proteger sus producciones respectivas.

4.   El presente artículo no impedirá el pago de subvenciones exclusivamente a productores nacionales, incluidos los pagos a productores nacionales con cargo a fondos procedentes de impuestos o gravámenes internos aplicados de conformidad con el presente artículo y las subvenciones en forma de compra de productos nacionales por los poderes públicos.

5.   El presente artículo no se aplicará a leyes, reglamentos, procedimientos o prácticas que regulen la contratación pública.

1.   Las Partes reconocen la importancia de los asuntos de cooperación aduanera y facilitación del comercio en el entorno cambiante del comercio mundial y acuerdan:

a)	reforzar la cooperación y garantizar que la legislación y los procedimientos pertinentes, así como la capacidad administrativa de las administraciones correspondientes, cumplan el objetivo de promover la facilitación del comercio;

b)	que el Estado o los Estados socios de la CAO necesitan períodos de transición y el desarrollo de capacidades para aplicar adecuadamente las disposiciones del presente título.

2.   Los objetivos del presente título consisten en:

a)	facilitar el comercio entre las Partes;

b)	promover la armonización de la legislación y los procedimientos aduaneros a nivel regional;

c)	prestar apoyo al Estado o los Estados socios de la CAO para facilitar aún más el comercio;

d)	proporcionar apoyo a las administraciones aduaneras del Estado o los Estados socios de la CAO para aplicar el presente Acuerdo y otras buenas prácticas aduaneras internacionales;

e)	reforzar la cooperación entre las autoridades aduaneras y otras agencias fronterizas relacionadas de las Partes.

1.   Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente título y alcanzar eficazmente los objetivos establecidos en el artículo 22, las Partes:

a)	intercambiarán información sobre legislación y procedimientos aduaneros;

b)	desarrollarán iniciativas conjuntas en ámbitos acordados en común;

c)

cooperarán en los ámbitos siguientes: i) la modernización de los sistemas y procedimientos aduaneros, así como la reducción de los tiempos de despacho de aduanas; ii) la simplificación y armonización de los procedimientos aduaneros y los trámites comerciales, incluidos los relativos a la importación, la exportación y el tránsito; iii) la mejora de los sistemas de tránsito regionales; iv) la mejora de la transparencia de conformidad con el artículo 24, apartado 3; v) el desarrollo de capacidades, incluida asistencia financiera y técnica al Estado o los Estados socios de la CAO; vi) cualquier otro ámbito aduanero que acuerden las Partes;

d)

adoptarán posiciones comunes, en la medida de lo posible, en las organizaciones internacionales en el ámbito de las aduanas y la facilitación del comercio, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de Aduanas (OMA), las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD);

e)	promoverán la coordinación entre todas las agencias relacionadas con las aduanas, tanto a nivel interno como transfronterizo.

2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las Partes se prestarán ayuda administrativa en materia aduanera de conformidad con las disposiciones del Protocolo 1.

1.   Las Partes acuerdan que sus legislaciones y procedimientos comerciales y aduaneros respectivos se basarán en instrumentos y normas internacionales aplicables en el ámbito de las aduanas y el comercio, incluidos los elementos fundamentales del Convenio de Kioto Revisado para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, hecho en Bruselas el 26 de junio de 1999, los elementos fundamentales del Marco Normativo de la OMA para Asegurar y Facilitar el Comercio Global, el conjunto de datos de la OMA y el Convenio del SA.

2.   Las Partes acuerdan que sus legislaciones y procedimientos comerciales y aduaneros respectivos deberán basarse en:

a)	la necesidad de proteger y facilitar el comercio legítimo mediante la garantía efectiva del cumplimiento y la observancia de los requisitos establecidos en la legislación aduanera;

b)	la necesidad de evitar cargas innecesarias y discriminatorias para los operadores económicos, de proteger contra el fraude y la corrupción y de ofrecer más facilidades a los operadores que presenten un alto nivel de cumplimiento de la legislación y los procedimientos aduaneros;

c)	la necesidad de utilizar un documento administrativo único o su equivalente electrónico para establecer declaraciones aduaneras en la UE y en el Estado o los Estados socios de la CAO;

d)	técnicas aduaneras modernas, incluida la evaluación del riesgo, procedimientos simplificados de entrada y levante de mercancías, controles posteriores al levante y auditorías;

e)	el desarrollo progresivo de sistemas, incluidos los basados en tecnologías de la información, para operaciones de exportación y de tránsito, a fin de facilitar el intercambio de información entre los operadores económicos, las administraciones aduaneras y otras agencias;

f)	el principio de que las sanciones impuestas por infracciones menores de la normativa o los requisitos de procedimiento aduaneros sean proporcionadas y no produzcan retrasos injustificados en el despacho de aduanas;

g)	un sistema de resoluciones vinculantes sobre cuestiones aduaneras, en especial sobre clasificación arancelaria y normas de origen, conforme a lo dispuesto en la legislación regional o nacional;

h)	la necesidad de aplicar tasas y gravámenes que sean proporcionados con respecto al servicio prestado en relación con una transacción específica, y no sean calculados sobre una base ad valorem. No se impondrán tasas ni gravámenes por servicios consulares en relación con el comercio de mercancías;

i)	la supresión de toda exigencia de obligatoriedad de las inspecciones previas a la expedición, tal como se definen en el Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición de la OMC, o cualquier exigencia equivalente;

j)	la supresión de toda exigencia de obligatoriedad de utilizar agentes aduaneros y la aplicación de normas transparentes, no discriminatorias y proporcionadas para la concesión de sus licencias.

3.   Para mejorar los métodos de trabajo y garantizar la transparencia y eficacia de las operaciones aduaneras, las Partes:

a)	darán nuevos pasos hacia la simplificación y normalización de la documentación y los trámites comerciales, en aras del rápido levante y despacho de las mercancías;

b)

establecerán procedimientos eficaces, rápidos y no discriminatorios para ejercer el derecho de recurso contra las actuaciones, resoluciones y decisiones administrativas de las aduanas y otras agencias que afecten a la importación, la exportación o el tránsito de mercancías; todas las empresas accederán fácilmente a tales procedimientos;

c)	velarán por que se mantenga la integridad mediante la aplicación de medidas que reflejen los principios de los convenios e instrumentos internacionales pertinentes.

1.   Las Partes garantizarán que las mercancías transiten libremente por sus territorios, siguiendo las rutas más convenientes. Cualquier restricción, control o requisito deberá ser no discriminatorio y proporcionado, y aplicarse de manera uniforme.

2.   Una Parte podrá exigir que la circulación en tránsito por su territorio sea conducida a la aduana adecuada por rutas designadas. Si una Parte exige el uso de dichas rutas, deberá hacerlo de conformidad con el artículo V, párrafo 3, del GATT de 1994.

3.   Sin perjuicio de los controles aduaneros legítimos, una Parte no concederá a las mercancías en tránsito desde el territorio de la otra Parte un trato menos favorable que el concedido a las mercancías internas.

4.   Las Partes establecerán regímenes de transporte aduanero que permitan que las mercancías transiten sin necesidad de pagar derechos de aduana u otros gravámenes de efecto equivalente, sin perjuicio de la constitución de una garantía apropiada de conformidad con la legislación aduanera regional o nacional.

5.   Las Partes promoverán y aplicarán las disposiciones regionales en materia de tránsito.

6.   Las Partes promoverán la coordinación entre todas las agencias interesadas, tanto a escala interna como transfronteriza.

7.   La legislación de las Partes se basará en normas e instrumentos internacionales pertinentes para el tránsito.

1.   Habida cuenta de la necesidad de reforzar la capacidad del Estado o los Estados socios de la CAO en el ámbito de las aduanas y la facilitación del comercio y sin perjuicio de sus compromisos en el marco de la OMC, las Partes acuerdan que el Estado o los Estados socios de la CAO se beneficiarán de un período de transición de cinco (5) años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, para cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 23, 24 y 25.

2.   Dicho período transitorio podrá prorrogarse previa autorización del Consejo del AAE.

1.   Las Partes establecen un Comité Especial de Aduanas y Facilitación del Comercio, compuesto por sus representantes, que:

a)	se reunirá en una fecha y con un orden del día previamente acordados por las Partes;

b)	será presidido alternativamente por cada Parte; e

c)	informará al Consejo del AAE.

2.   Entre las funciones del Comité Especial de Aduanas y Facilitación del Comercio figurarán las siguientes:

a)	hacer un seguimiento de la aplicación y la administración del presente título y del artículo 9;

b)	proporcionar un foro para consultar y debatir todas las cuestiones relativas a las aduanas, tales como las normas de origen, los procedimientos aduaneros generales, la valoración en aduana, la clasificación arancelaria, el tránsito y la asistencia administrativa mutua en materia aduanera;

c)	fomentar la cooperación en el desarrollo, la aplicación y la garantía del cumplimiento de las normas de origen y de los procedimientos aduaneros correspondientes, los procedimientos aduaneros generales y la asistencia administrativa mutua en materia aduanera;

d)	reforzar la cooperación por lo que se refiere al desarrollo de capacidades y la asistencia técnica;

e)	abordar cualquier otra cuestión acordada por las Partes en relación con el presente título.

1.   Las disposiciones del presente título se aplicarán a las medidas objeto del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo MSF de la OMC).

2.   A efectos del presente título, salvo que se disponga lo contrario, se aplicarán las definiciones del Acuerdo MSF de la OMC, la Comisión del Codex Alimentarius, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

1.   Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones en virtud de los tratados y acuerdos internacionales relacionados con el presente título a los que se hayan adherido.

2.   Cada Parte:

a)	tendrá el derecho soberano de aplicar medidas sanitarias y fitosanitarias, siempre que tales medidas sean conformes con las disposiciones del Acuerdo MSF de la OMC;

b)	consultará a la otra Parte antes de introducir nuevas medidas sanitarias y fitosanitarias, a través de los mecanismos de notificación previstos en el Acuerdo MSF de la OMC y, cuando resulte adecuado, a través de los puntos de contacto de las Partes;

c)	apoyará a la otra Parte en la recogida de la información necesaria para adoptar decisiones con conocimiento de causa;

d)	promoverá conexiones, empresas conjuntas e investigación y desarrollo en común entre las instituciones y los laboratorios del Estado o los Estados socios de la CAO y de la UE.

1.   Las Partes procurarán armonizar sus normas y procedimientos respectivos para la formulación de sus medidas sanitarias y fitosanitarias, incluyendo las inspecciones, los ensayos y los procedimientos de certificación, de conformidad con el Acuerdo MSF de la OMC.

2.   El Comité de Altos Funcionarios desarrollará las modalidades para contribuir al proceso de armonización y supervisarlo.

1.   Las Partes aplicarán las medidas sanitarias y fitosanitarias con transparencia, de conformidad con el Acuerdo MSF de la OMC.

2.   Las Partes reconocen la importancia de contar con mecanismos efectivos de consulta, notificación e intercambio de información respecto a las medidas sanitarias y fitosanitarias de conformidad con el Acuerdo MSF de la OMC.

3.   La Parte importadora informará a la Parte exportadora de cualquier cambio en sus requisitos sanitarios y fitosanitarios para la importación que pueda afectar al comercio objeto del presente título. Las Partes se comprometen también a establecer mecanismos para el intercambio de tal información.

1.   Las autoridades respectivas de las Partes encargadas de las medidas sanitarias y fitosanitarias serán las autoridades competentes del Estado o los Estados socios de la CAO y de la UE para la aplicación de las medidas mencionadas en el presente título.

2.   Las autoridades competentes a las que se hace referencia en el apartado 1 tendrán las funciones que les otorgue el Acuerdo MSF de la OMC.

3.   Las Partes se notificarán recíprocamente sus autoridades competentes respectivas a las que se hace referencia en el apartado 1 y todo cambio al respecto.

1.   Las disposiciones del presente título se aplicarán a la preparación, la adopción y la aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad, con arreglo a lo definido en el Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la OMC (Acuerdo OTC).

2.   A efectos del presente título se aplicarán las definiciones del Acuerdo OTC.

1.   Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones de conformidad con el Acuerdo OTC, teniendo en cuenta sus derechos y compromisos en el marco de otros acuerdos internacionales en los que sean Parte tanto el Estado o los Estados socios de la CAO como la UE, en particular los relativos a la protección del medio ambiente y la biodiversidad.

2.   De conformidad con las disposiciones del Acuerdo OTC, las Partes se asegurarán de que la preparación, adopción o aplicación de los reglamentos técnicos no tengan por objeto o efecto la creación de obstáculos innecesarios al comercio entre ellas.

1.   Las Partes reafirman sus obligaciones relativas a la notificación y el intercambio de información sobre los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad previstos en el Acuerdo OTC.

2.   Las Partes intercambiarán información, a través de puntos de información, sobre asuntos potencialmente pertinentes para sus relaciones comerciales, incluyendo las alertas rápidas y los dictámenes y actos científicos.

3.   Las Partes podrán cooperar en el establecimiento y el mantenimiento de puntos de información y en la creación y el mantenimiento de bases de datos comunes.

1.   Las Partes reafirman sus compromisos relativos a la evaluación de la conformidad con arreglo al Acuerdo OTC.

2.   Las Partes podrán considerar la negociación de acuerdos de reconocimiento mutuo de los procedimientos de evaluación de la conformidad, teniendo en cuenta el nivel armonización de sus reglamentos técnicos, normas e infraestructuras de evaluación de la conformidad.

1.   Los organismos de reglamentación del Estado o los Estados socios de la CAO serán las autoridades competentes en dichos Estados para la aplicación de las medidas a las que se hace referencia en el presente título que tengan la responsabilidad y competencia de garantizar o supervisar la aplicación de la normalización, la metrología, la acreditación y la evaluación de la conformidad.

2.   El organismo responsable en la UE a efectos de la aplicación del presente título es la Comisión Europea.

3.   El Estado o los Estados socios de la CAO notificarán a la UE sus organismos de reglamentación técnica de conformidad con el presente Acuerdo.

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que la UE o el Estado o los Estados socios de la CAO adopten, individual o colectivamente, medidas antidumping o compensatorias de conformidad con los acuerdos pertinentes de la OMC. A efectos del presente artículo, el origen se determinará de conformidad con las normas de origen no preferenciales de las Partes.

2.   Antes de imponer derechos antidumping o compensatorios definitivos respecto a los productos importados de una Parte, las Partes estudiarán la posibilidad de aplicar soluciones constructivas, como se prevé en los acuerdos pertinentes de la OMC.

3.   En el caso de que una Parte haya impuesto una medida antidumping o compensatoria, habrá una sola instancia de examen judicial, incluso en la fase de recurso.

4.   En el caso de que puedan establecerse medidas antidumping o compensatorias a escala regional y a escala nacional, cuando proceda, las Partes se asegurarán de que tales medidas no sean aplicadas simultáneamente con respecto al mismo producto por las autoridades regionales y las autoridades nacionales.

5.   Antes de iniciar una investigación, la Parte importadora informará a la Parte exportadora de que ha recibido una denuncia correctamente documentada.

6.   El presente artículo se aplicará en todas las investigaciones iniciadas una vez que el presente Acuerdo haya entrado en vigor.

7.   Las normas de la OMC sobre solución de diferencias se aplicarán a todas las diferencias relacionadas con medidas antidumping o compensatorias.

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que el Estado o los Estados socios de la CAO y la UE adopten medidas con arreglo al artículo XIX del GATT de 1994, el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC y el artículo 5 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC. A efectos del presente artículo, el origen se determinará de conformidad con las normas de origen no preferenciales de las Partes.

2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, a la vista de los objetivos generales de desarrollo del presente Acuerdo y del reducido tamaño de las economías del Estado o los Estados socios de la CAO, la UE excluirá las importaciones procedentes de cualquier Estado socio de la CAO de toda medida adoptada en aplicación del artículo XIX del GATT de 1994, el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC y el artículo 5 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.

3.   El apartado 2 se aplicará por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. A más tardar ciento veinte (120) días antes de que concluya dicho período, el Consejo del AAE revisará la aplicación del apartado 2 en función de las necesidades de desarrollo del Estado o los Estados socios de la CAO, con objeto de decidir si prorroga su aplicación.

4.   El apartado 1 se entenderá con arreglo al Entendimiento de la OMC relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD).

1.   Tras haber examinado las soluciones alternativas, una Parte podrá aplicar medidas de salvaguardia de duración limitada que establezcan una excepción a lo dispuesto en los artículos 10 y 11, con arreglo a las condiciones y los procedimientos establecidos en el presente artículo.

2.   Podrán adoptarse las medidas de salvaguardia mencionadas en el apartado 1 en caso de que un producto originario de una Parte se esté importando en el territorio de la otra Parte en cantidades tan importantes y en condiciones tales que causen o amenacen causar:

a)	un perjuicio grave a la industria nacional que produce productos similares o directamente competidores en el territorio de la Parte importadora;

b)	perturbaciones en un sector de la economía, particularmente cuando estas generen problemas sociales considerables o dificultades que puedan acarrear un grave deterioro de la situación económica de la Parte importadora; o

c)	perturbaciones en los mercados de productos similares o productos agrícolas que compitan directamente con el producto importado (4) o en los mecanismos que regulan dichos mercados.

3.   Las medidas de salvaguardia mencionadas en el presente artículo no excederán de lo necesario para remediar o impedir el perjuicio grave o las perturbaciones definidas en el apartado 2 y en el apartado 5, letra b). Las medidas de salvaguardia de la Parte importadora solo podrán consistir en una o varias de las medidas siguientes:

a)	la suspensión de la reducción adicional del tipo del arancel de importación del producto afectado, conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo;

b)	un aumento de los derechos de aduana del producto afectado hasta un nivel que no exceda de los derechos de aduana aplicados a otros miembros de la OMC; y

c)	la introducción de contingentes arancelarios sobre el producto afectado.

4.   Sin perjuicio de los apartados 1 a 3, en caso de que cualquier producto originario del Estado o los Estados socios de la CAO se esté importando en cantidades tan importantes y en condiciones tales que causen o amenacen causar una de las situaciones mencionadas en el apartado 2 a una o varias regiones ultraperiféricas de la UE, esta podrá adoptar medidas de vigilancia o salvaguardia limitadas a la región o las regiones afectadas de conformidad con los procedimientos establecidos en los apartados 6 a 9.

5.   a) Sin perjuicio de los apartados 1 a 3, en caso de que cualquier producto originario de la UE se esté importando en cantidades tan importantes y en condiciones tales que causen o amenacen causar una de las situaciones mencionadas en el apartado 2 al Estado o los Estados socios de la CAO, este o estos podrán adoptar medidas de vigilancia o de salvaguardia limitadas a su territorio de conformidad con los procedimientos establecidos en los apartados 6 a 9.

b)

El Estado o los Estados socios de la CAO podrán adoptar medidas de salvaguardia, de conformidad con los procedimientos establecidos en los apartados 6 a 9, en caso de que un producto originario de la UE, a resultas de la reducción de derechos, se esté importando en su territorio en cantidades tan importantes y en condiciones tales que causen o amenacen causar perturbaciones a una industria incipiente que produzca productos similares o directamente competidores. Tal disposición solo es aplicable por un período de diez (10) años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. El Consejo del AAE podrá prorrogar este período por un período máximo de cinco (5) años.

6.   a) Las medidas de salvaguardia mencionadas en el presente artículo se mantendrán solo durante el tiempo necesario para evitar o remediar el perjuicio grave o las perturbaciones definidas en los apartados 2, 4 y 5.

b)

Las medidas de salvaguardia mencionadas en el presente artículo no se aplicarán durante un período superior a dos (2) años. En caso de que las circunstancias justifiquen que continúe la aplicación de medidas de salvaguardia, tales medidas podrán prorrogarse durante un período suplementario no superior a dos (2) años. En caso de que el Estado o los Estados socios de la CAO apliquen una medida de salvaguardia o de que la UE aplique una medida de salvaguardia limitada al territorio de una o varias de sus regiones ultraperiféricas, tales medidas podrán aplicarse, no obstante, durante un período no superior a cuatro (4) años y, en caso de que sigan dándose unas circunstancias que justifiquen la aplicación de medidas de salvaguardia, podrán prorrogarse durante otro período de cuatro (4) años.

c)	Las medidas de salvaguardia mencionadas en el presente artículo que sean superiores a un (1) año incluirán elementos claros que conduzcan progresivamente a su eliminación, que deberá producirse a más tardar al final del período fijado.

d)	No se aplicará ninguna de las medidas de salvaguardia mencionadas en el presente artículo a las importaciones de un producto que haya estado sujeto previamente a tal medida por un período de al menos un (1) año desde la expiración de la medida.

7.   Para la aplicación de los apartados 1 a 6, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones:

a)	cuando una Parte considere que se da una de las circunstancias descritas en los apartados 2, 4 o 5, lo notificará inmediatamente al Comité de Altos Funcionarios para su examen;

b)

el Comité de Altos Funcionarios podrá formular cualquier recomendación necesaria para poner remedio a las circunstancias que se hayan producido; si no formula recomendaciones para poner remedio a dichas circunstancias o si no se encuentra otra solución satisfactoria en los treinta (30) días siguientes a la notificación del asunto al Comité de Altos Funcionarios, la Parte importadora podrá adoptar las medidas adecuadas para ponerles remedio de conformidad con el presente artículo;

c)

antes de adoptar las medidas previstas en el presente artículo o en los casos en los que resulta aplicable el apartado 8 del presente artículo, en cuanto sea posible el Estado o los Estados socios de la CAO comunicarán al Comité de Altos Funcionarios toda la información pertinente que sea necesaria para realizar un examen completo de la situación, con vistas a adoptar una solución aceptable para las Partes afectadas;

d)	al seleccionar medidas de salvaguardia de conformidad con el presente artículo, deberá darse prioridad a las que menos perturben el funcionamiento del presente Acuerdo;

e)

cualquier medida de salvaguardia adoptada de conformidad con el presente artículo se notificará inmediatamente al Comité de Altos Funcionarios y será objeto de consultas periódicas en el seno de este órgano, especialmente con vistas a establecer un calendario para su supresión tan pronto como lo permitan las circunstancias.

8.   Cuando circunstancias excepcionales hagan necesaria la adopción de medidas inmediatas, la Parte importadora afectada podrá adoptar las medidas previstas en los apartados 3, 4 o 5 con carácter provisional, sin tener que cumplir los requisitos del apartado 7. Tales medidas podrán adoptarse durante un período máximo de ciento ochenta (180) días cuando las adopte la UE y de doscientos (200) días cuando lo hagan el Estado o los Estados socios de la CAO o cuando las medidas adoptadas por la UE se limiten al territorio de una o varias de sus regiones ultraperiféricas. La duración de una medida provisional de este tipo se computará como parte del período inicial y de cualquiera de las prórrogas previstas en el apartado 6. Al adoptar tales medidas provisionales, se tendrán en cuenta los intereses de todas las Partes afectadas, incluido su nivel de desarrollo. La Parte importadora afectada informará a la otra Parte y someterá inmediatamente el asunto al Comité de Altos Funcionarios para su examen.

9.   Cuando una Parte importadora someta las importaciones de un producto a un procedimiento administrativo cuyo objeto sea facilitar rápidamente información sobre la evolución de los flujos comerciales que puedan causar los problemas contemplados en el presente artículo, informará sin demora al Comité de Altos Funcionarios.

10.   No podrá invocarse el Acuerdo de la OMC para evitar que una Parte adopte medidas de salvaguardia de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

1.   La cooperación en el comercio y el desarrollo de la pesca abarcará la pesca marina y continental y la acuicultura.

2.   Las Partes reconocen que la pesca constituye un recurso económico clave del Estado o los Estados socios de la CAO, contribuye significativamente a las economías del Estado o los Estados socios de la CAO y tiene un gran potencial para el futuro desarrollo económico de la región y la reducción de la pobreza. También es una fuente importante de alimentos y divisas.

3.   Asimismo, las Partes reconocen que los recursos pesqueros presentan también un interés considerable tanto para la UE como para el Estado o los Estados socios de la CAO, y aceptan cooperar para el desarrollo y la gestión sostenibles del sector pesquero en su interés recíproco, teniendo en cuenta el impacto económico, ambiental y social.

4.   Las Partes acuerdan que la estrategia apropiada para promover el crecimiento económico del sector pesquero y aumentar su contribución a la economía del Estado o los Estados socios de la CAO, tomando al mismo tiempo en consideración su viabilidad a largo plazo, pasa por las actividades que aportan valor añadido en el sector.

1.   Entre los principios de la cooperación pesquera estarán:

a)	apoyar el desarrollo y a la consolidación de la integración regional;

b)	preservar el acervo del Acuerdo de Cotonú y el acuerdo que lo sustituya;

c)	conceder un trato especial y diferenciado;

d)	tomar en consideración la mejor información científica disponible para la evaluación y gestión de los recursos;

e)	garantizar el funcionamiento de los sistemas de seguimiento del impacto ambiental, económico y social en el Estado o los Estados socios de la CAO;

f)	garantizar la conformidad con la normativa nacional vigente y los instrumentos internacionales pertinentes, incluidos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), celebrada en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, y los acuerdos regionales y subregionales;

g)	garantizar la preservación de la pesca artesanal y de subsistencia, así como la prioridad de sus necesidades particulares.

2.   Dichos principios rectores deberían contribuir al desarrollo sostenible y responsable de los recursos vivos continentales y marinos y de la acuicultura, así como a optimizar los beneficios de este sector para las generaciones presentes y futuras, merced a una mayor inversión, al desarrollo de capacidades y a un mejor acceso al mercado.

3.   Las Partes cooperarán para garantizar que se proporcione apoyo, tanto financiero como de otro tipo, a fin de mejorar la competitividad y la capacidad de producción de las factorías de transformación, diversificar más la industria pesquera y desarrollar y mejorar las instalaciones portuarias en el Estado o los Estados socios de la CAO.

4.   En el título IV de la parte V se detallan los ámbitos de cooperación.

1.   Las disposiciones del presente título se aplicarán a la utilización, conservación y gestión de los recursos pesqueros marinos a fin de optimizar los beneficios de la pesca para el Estado o los Estados socios de la CAO mediante la inversión, el desarrollo de capacidades y un mejor acceso al mercado.

2.   Los objetivos de la cooperación entre las Partes con arreglo al presente título son:

a)	promover el desarrollo sostenible y la gestión de la pesca;

b)

reforzar la cooperación para garantizar la explotación y la gestión sostenibles de los recursos pesqueros como base sólida para la integración regional, teniendo en cuenta las especies transzonales y migratorias compartidas entre el Estado o los Estados socios de la CAO costeros, y habida cuenta de que ninguno de estos Estados tiene por sí solo capacidad para garantizar la sostenibilidad de los recursos;

c)	garantizar un reparto más justo de los beneficios derivados del sector pesquero;

d)	velar por la localización, el control y la vigilancia efectivos necesarios para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR);

e)

promover la explotación, la conservación y la gestión efectivas de los recursos marinos vivos de la zona económica exclusiva (ZEE) y las aguas en las que tienen jurisdicción el Estado o los Estados socios de la CAO en virtud de los instrumentos internacionales, incluida la CNUDM, en aras del interés social y económico de las Partes;

f)	promover y desarrollar el comercio regional e internacional basado en las mejores prácticas;

g)	crear un entorno favorable, incluyendo la infraestructura y el desarrollo de capacidades, para que el Estado o los Estados socios de la CAO afronten los exigentes requisitos de mercado a los que se someten tanto la pesca industrial como la pesca a pequeña escala;

h)	apoyar las políticas nacionales y regionales dirigidas a aumentar la productividad y la competitividad del sector pesquero; y

i)	estrechar lazos con otros sectores económicos.

1.   Se aplicará un enfoque cautelar en la determinación de los niveles de capturas sostenibles, la capacidad de pesca y otras estrategias de gestión, para evitar o invertir consecuencias indeseables, como la capacidad excesiva y la sobrepesca, así como los impactos negativos en los ecosistemas y en la pesca artesanal.

2.   Cada uno de los Estados socios de la CAO podrá tomar medidas adecuadas, incluidas las restricciones estacionales y de artes, para proteger sus aguas territoriales y garantizar la continuidad de la pesca artesanal y costera.

3.   Las Partes promoverán la pertenencia del Estado o los Estados socios de la CAO afectados a la Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI) y a otras organizaciones pesqueras pertinentes. El Estado o los Estados socios de la CAO, junto con la UE, deberán coordinar la acción para garantizar la gestión y conservación de todas las especies de peces, incluidos los recursos atuneros y de especies similares al atún, y para facilitar la investigación científica pertinente.

4.   En el caso de que no haya suficientes pruebas científicas para que la autoridad nacional de gestión competente determine límites y objetivos en relación con los niveles de capturas sostenibles en la ZEE del Estado o los Estados socios de la CAO, las Partes, en consulta con la autoridad nacional competente y junto con la CAOI y, en su caso, otras organizaciones regionales de pesca, prestarán apoyo a tales análisis científicos.

5.   Las Partes aceptan tomar las medidas oportunas cuando un aumento del esfuerzo dé lugar a niveles de captura que superen el objetivo de nivel sostenible establecido por la autoridad nacional competente.

6.   Para conservar y gestionar las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, la UE y el Estado o los Estados socios de la CAO velarán por que los buques que enarbolen sus pabellones cumplan las medidas nacionales, regionales y subregionales de gestión de la pesca pertinentes, así como las leyes y los reglamentos nacionales afines.

1.   Se observarán las disposiciones sobre la gestión de los buques y la fase posterior a las capturas emanadas de la CAOI y de las demás organizaciones pesqueras regionales pertinentes. El Estado o los Estados socios de la CAO y la UE establecerán condiciones mínimas para la localización, el control y la vigilancia de los buques pesqueros de la UE que faenen en las aguas del Estado o los Estados socios de la CAO, que deberían incluir las medidas siguientes:

a)	se establecerá un sistema de localización de buques (SLB) para el Estado o los Estados socios de la CAO, y si este o estos no disponen de un SLB, recibirán ayuda de la UE para establecer un SLB compatible;

b)	además de un SLB compatible obligatorio, el Estado o los Estados socios de la CAO, junto con la UE, desarrollarán otros mecanismos para garantizar la localización, el control y la vigilancia efectivos, y la UE los ayudará a establecer y aplicar este sistema acordado;

c)

la UE y el Estado o los Estados socios de la CAO tendrán derecho a situar observadores, en aguas nacionales o internacionales, con procedimientos de despliegue de observadores bien definidos; los observadores tendrán que ser pagados por los gobiernos nacionales, aunque todos los costes a bordo serán sufragados por el propietario del buque; la UE participará en los costes de la formación de observadores;

d)	se desarrollarán y utilizarán en la región sistemas comunes de información pesquera, con parámetros mínimos de información establecidos;

e)

todos los buques que descarguen o transborden sus capturas en un Estado socio de la CAO lo harán en puertos o antepuertos. No se permitirá el transbordo en alta mar, excepto en las condiciones particulares previstas por las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) pertinentes; las Partes cooperarán para desarrollar y modernizar la infraestructura de descarga o transbordo en los puertos del Estado o los Estados socios de la CAO, incluida la capacidad de desarrollo de los productos de la pesca;

f)

la información sobre los descartes será obligatoria; debe darse prioridad a evitar los descartes utilizando métodos de pesca selectivos conforme a los principios de la CAOI y de las organizaciones regionales pesqueras pertinentes; en la medida de lo posible, se llevarán a tierra las capturas accesorias.

2.   Las Partes aceptan cooperar en el desarrollo y la aplicación de programas de formación nacionales o regionales para los nacionales del Estado o los Estados socios de la CAO, a fin de facilitar su participación efectiva en la industria pesquera. Cuando la UE haya negociado un acuerdo pesquero bilateral, se fomentará el empleo de nacionales del Estado o los Estados socios de la CAO. A los marineros enrolados en buques de la UE les será aplicable de pleno derecho la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

3.   Las Partes desplegarán esfuerzos coordinados a fin de mejorar los medios para prevenir, disuadir y eliminar la pesca INDNR, y tomarán las medidas adecuadas para ello. Las autoridades competentes deberían decomisar los buques pesqueros que participen en la pesca INDNR y perseguir a sus propietarios. No se debería permitir a buques volver a faenar en las aguas del Estado o los Estados socios de la CAO de que se trate salvo que obtengan una autorización previa tanto del Estado de abanderamiento como del Estado o los Estados socios de la CAO y, si procede, de la OROP afectada.

1.   Las disposiciones del presente título abarcarán el desarrollo de la pesca continental y costera, así como de la acuicultura, en el Estado o los Estados socios de la CAO, atendiendo al desarrollo de capacidades, la transferencia de tecnologías, las normas sobre MSF, la inversión y la financiación correspondiente, la protección del medio ambiente y los marcos legislativo y regulador.

2.   Los objetivos de la cooperación para el desarrollo de la pesca continental y la acuicultura serán promover la explotación sostenible de los recursos pesqueros continentales y aumentar la producción acuícola, eliminar obstáculos a la oferta, mejorar la calidad del pescado y los productos de la pesca a fin de cumplir las medidas internacionales sobre MSF, mejorar el acceso al mercado de la UE, abordar las barreras comerciales intrarregionales, atraer capital e inversión al sector, desarrollar las capacidades y mejorar el acceso a ayudas financieras para los inversores privados con vistas a desarrollar la pesca continental y la acuicultura.

1.   La cooperación en el desarrollo de infraestructuras físicas abarcará, en particular el transporte, la energía y las tecnologías de la información y la comunicación.

2.   Los objetivos en este ámbito son:

a)	mejorar la competitividad del Estado o los Estados socios de la CAO;

b)	abordar las limitaciones en la oferta a escala institucional, nacional y regional; y

c)	impulsar el desarrollo de asociaciones entre los sectores público y privado.

1.   La cooperación en el transporte incluirá el transporte por carretera, ferroviario, aéreo y por barco.

2.   Los objetivos en este ámbito son:

a)	mejorar la conectividad nacional y regional para profundizar la integración económica regional;

b)	desarrollar, reestructurar, rehabilitar, mejorar y modernizar los sistemas de transporte duraderos y eficientes del Estado o los Estados socios de la CAO;

c)	mejorar los desplazamientos de personas y los flujos de mercancías; y

d)	facilitar el acceso a los mercados gracias a la mejora del transporte por carretera, aéreo, marítimo, por vías navegables interiores y ferroviario.

3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75, las Partes acuerdan cooperar en los ámbitos siguientes:

a)	gestión de los sistemas de transporte;

b)	mejora, desarrollo y modernización de las infraestructuras a todos niveles, incluido el desarrollo de las redes de infraestructuras intermodales;

c)	refuerzo de las capacidades institucionales, técnicas y administrativas del Estado o los Estados socios de la CAO en los servicios relacionados con las normas, la garantía de calidad, la metrología y la evaluación de la conformidad;

d)	desarrollo y transferencia de tecnología, innovación, intercambio y redes de información, y comercialización;

e)	fomento de las asociaciones, las conexiones y las empresas conjuntas entre operadores económicos;

f)	mejora de la seguridad y la fiabilidad del sector del transporte, con inclusión de las previsiones meteorológicas, la gestión de las mercancías peligrosas y las intervenciones de urgencia;

g)	desarrollo de las políticas regionales de transporte y los marcos reglamentarios.

1.   La cooperación en el sector de la energía incluirá la participación del sector público y el sector privado en la generación, transmisión y distribución de energía y el comercio transfronterizo de energía.

2.   Los objetivos en este ámbito son:

a)	desarrollar, aumentar y ampliar la capacidad de generación de energía de la región;

b)	aumentar el número de fuentes de energía alternativas;

c)	desarrollar, aumentar y ampliar las redes;

d)	desarrollar, aumentar y ampliar la distribución y la transmisión;

e)	mejorar el acceso del Estado o los Estados socios de la CAO a fuentes de energía limpia modernas, eficaces, fiables, diversificadas, sostenibles y renovables, a precios competitivos;

f)	aumentar la capacidad de producción, distribución y gestión de la energía a escala nacional y regional;

g)	fomentar la interconectividad eléctrica tanto dentro como fuera del Estado o los Estados socios de la CAO para optimizar el uso de la energía; y

h)	apoyar la creación de un entorno favorable para atraer inversiones en este sector.

3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75, las Partes acuerdan cooperar en los ámbitos siguientes:

a)	la capacidad de producción, transmisión y distribución de las fuentes de energía existentes, en particular la energía hidroeléctrica, el petróleo y la biomasa;

b)	la diversificación de las fuentes de energía para incluir otras fuentes potenciales que sean social y ambientalmente aceptables y reduzcan la dependencia del petróleo;

c)	el desarrollo de infraestructuras energéticas, también en zonas rurales;

d)	el desarrollo de las reformas políticas y reglamentarias apropiadas en el sector de la energía, incluidas la comercialización y la privatización;

e)	la interconectividad regional e interregional y la cooperación en la producción y distribución de energía;

f)	el desarrollo de capacidades en recursos humanos y la mejora de la gestión, las normas de servicio y las estructuras institucionales;

g)	el desarrollo y la transferencia de tecnología, la investigación y el desarrollo, la innovación, el intercambio de información y el desarrollo de bases de datos y redes;

h)	las asociaciones, las conexiones y las empresas conjuntas.

1.   La cooperación en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) incluirá el desarrollo de dichas tecnologías, la competitividad y la innovación, así como la transición adecuada hacia la sociedad de la información.

2.   Los objetivos en este ámbito consisten en:

a)	desarrollar el sector de las TIC; y

b)	aumentar la contribución de las TIC a la facilitación del comercio a través de servicios, comercio, administración y sanidad electrónicos, transacciones seguras y otros sectores socioeconómicos.

3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75, las Partes acuerdan cooperar en los ámbitos siguientes:

a)	la conectividad y rentabilidad de las TIC a nivel nacional, regional y mundial;

b)	la divulgación de nuevas TIC;

c)	el desarrollo de los marcos legislativo y regulador sobre las TIC;

d)	el desarrollo, la transferencia y las aplicaciones de tecnologías, la investigación y el desarrollo, la innovación, el intercambio y las redes de información, y la comercialización;

e)	el desarrollo de la capacidad en recursos humanos, la mejora de las normas de servicio y las estructuras institucionales;

f)	las asociaciones, las conexiones y las empresas conjuntas entre operadores económicos;

g)	la promoción y el apoyo al desarrollo de nichos de mercado para servicios basados en las TIC.

1.   La cooperación con arreglo al presente título se aplicará a los cultivos y la ganadería, incluidos los insectos beneficiosos.

2.   Las Partes convienen en que el principal objetivo del presente título es el desarrollo agrícola sostenible, que incluye, entre otras cosas, la seguridad alimentaria y de los medios de subsistencia, el desarrollo rural y la reducción de la pobreza en el Estado o los Estados socios de la CAO.

3.   Los demás objetivos del presente título figuran en el artículo 58.

1.   Las Partes reconocen la importancia del sector agrícola para las economías del Estado o los Estados socios de la CAO y aceptan cooperar en la promoción de su transformación para aumentar su competitividad, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y el desarrollo rural, y facilitar el ajuste de la agricultura y la economía rural con el fin de compensar los efectos de la aplicación del presente Acuerdo, dedicando una atención particular a los pequeños agricultores.

2.   Las Partes acuerdan cooperar en los ámbitos siguientes:

a)	integración regional: mejora del acceso de los productos agrícolas a los mercados regionales e internacionales, incluido el desarrollo de los sistemas de mercado y las estrategias de desarrollo del mercado;

b)

políticas de habilitación: i) desarrollo de las políticas agrícolas nacionales y regionales y los marcos legislativo y regulador, creación de la capacidad necesaria y apoyo al desarrollo institucional; ii) desarrollo de capacidades en el Estado o los Estados socios de la CAO para aprovechar al máximo el aumento de oportunidades comerciales y maximizar los beneficios de las reformas comerciales;

c)

desarrollo agrícola sostenible: i) realización de actividades conjuntas a escala regional, incluyendo la producción de fertilizantes, la producción de semillas, el desarrollo de la ganadería y el control de enfermedades vegetales y animales; ii) promoción y consolidación de la transformación, la comercialización, la distribución y el transporte, así como la manipulación de los productos agrícolas; iii) desarrollo de capacidades para cumplir las normas internacionales relativas a la producción agrícola, el envasado y las medidas sanitarias y fitosanitarias;

d)

infraestructuras agrícolas: i) desarrollo de infraestructuras de apoyo a la agricultura, con inclusión de sistemas de riego sostenibles, la captación, el almacenamiento y la gestión de agua, la comercialización y la clasificación; ii) desarrollo de infraestructuras de investigación y formación, instalaciones de almacenamiento, ramales y vías de acceso a las poblaciones; iii) desarrollo de infraestructuras agroalimentarias; iv) establecimiento de un centro de agrometeorología en el Estado o los Estados socios de la CAO; v) desarrollo de infraestructuras de mercado modernas para la expansión de los mercados nacionales y regionales;

e)

seguridad alimentaria y nutricional: i) desarrollo de las capacidades de las comunidades rurales y urbanas para la promoción de la mejora de los medios de subsistencia, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible; ii) diversificación de la producción agrícola y desarrollo de productos que satisfagan las necesidades de seguridad alimentaria y nutricional del Estado o los Estados socios de la CAO; iii) elaboración y aplicación de programas que permitan aumentar la producción y la productividad en el sector agrícola, con especial atención para los pequeños agricultores; iv) desarrollo de capacidades para garantizar la seguridad alimentaria nacional y regional; y v) elaboración y aplicación de programas de ajuste social en las regiones afectadas por catástrofes naturales;

f)

gestión de la cadena de valor: i) promoción del uso de tecnologías agrícolas sostenibles y suministro de los insumos agrícolas necesarios; ii) mejora de la producción, la productividad y la competitividad del sector agrícola mediante la promoción de industrias agrarias; iii) aumento del valor añadido a lo largo de la cadena de suministro de productos agrícolas para satisfacer los requisitos de los mercados nacionales, regionales e internacionales; y iv) promoción del desarrollo de actividades en las áreas de la transformación, la comercialización, la distribución y el transporte de productos agrícolas;

g)

sistemas de alerta temprana: i) desarrollo de capacidades en el ámbito de la evaluación y la difusión de información sobre los efectos probables de catástrofes inminentes con suficiente antelación para adoptar medidas de emergencia y respuesta rápida; ii) desarrollo y gestión de sistemas de información nacionales y regionales; iii) desarrollo, refuerzo y conexión de sistemas de alerta temprana, planes de emergencia y estrategias de gestión de la respuesta a las catástrofes a escala nacional y regional; y iv) apoyo a las opciones de adaptación al cambio climático y su mitigación en el Estado o los Estados socios de la CAO;

h)

producción y comercialización de productos agrícolas: i) desarrollo de capacidades para acceder a nichos de mercados y facilitar el cumplimiento de las normas sobre mercancías para satisfacer las condiciones de estos mercados; ii) diversificación de la producción agrícola y los productos de exportación en el Estado o los Estados socios de la CAO; iii) desarrollo de infraestructuras de mercado modernas para la expansión de los mercados nacionales y regionales; y iv) desarrollo de programas de envasado y etiquetado de productos que permitan a los productores del Estado o los Estados socios de la CAO obtener precios más elevados en las exportaciones de mercancías;

i)

desarrollo rural: i) desarrollo de capacidades de los grupos de agricultores en toda la cadena de valor agrícola; ii) mejora del transporte, las comunicaciones y las infraestructuras de los mercados para la comercialización de los insumos y productos agrícolas; iii) eliminación de las barreras socioculturales, como el idioma, los niveles de alfabetismo, los sesgos de género y la salud comunitaria, que influyen en la naturaleza de los sistemas agrícolas; iv) mejora del acceso de los agricultores a los servicios de crédito y la gestión de los recursos naturales y culturales; y v) elaboración de medidas de actuación adecuadas para contribuir a que los pequeños agricultores dispongan de insumos agrícolas adecuados de manera oportuna;

j)	países importadores netos de alimentos: eliminación de las limitaciones de producción, almacenamiento y distribución de alimentos en el Estado o los Estados socios de la CAO;

k)

seguridad de los medios de subsistencia: i) creación de capacidades de desarrollo de servicios sociales para las poblaciones de las zonas rurales y periurbanas; ii) aumento de la renta total de los hogares procedente de la producción agrícola en el Estado o los Estados socios de la CAO, entre otras cosas mediante la diversificación, el valor añadido, el empleo fuera de las explotaciones y la adopción de nuevas tecnologías agrícolas sostenibles; iii) aumento de la productividad del sector agrícola en el Estado o los Estados socios de la CAO; y iv) aumento del uso de tecnologías agrícolas sostenibles;

l)

servicios de apoyo técnico: la UE se compromete a proporcionar recursos y asistencia técnica adecuados para el desarrollo de capacidades al Estado o los Estados socios de la CAO, de manera predecible y sostenible, para: i) reforzar la innovación y la transferencia de tecnología, los conocimientos y la investigación y el desarrollo; ii) desarrollar y extender la mecanización del sector agrícola del Estado o los Estados socios de la CAO; iii) establecer plantas de insumos agrícolas y sistemas de distribución en el Estado o los Estados socios de la CAO; iv) promover y reforzar las inversiones en la investigación agrícola, los servicios de extensión, la formación y la vinculación entre las extensiones de investigación y los agricultores; v) según proceda, establecer y reforzar centros de excelencia regionales, con inclusión de un centro de agrometeorología y laboratorios biotecnológicos, analíticos y de diagnóstico para los cultivos, el ganado y los suelos; y vi) mejorar el acceso a los servicios para la producción vegetal y animal, incluidos los servicios de cría de ganado, los servicios veterinarios y los servicios de protección fitosanitaria;

m)

servicios financieros agrícolas: i) refuerzo de los servicios financieros rurales para los pequeños productores, transformadores y comerciantes; ii) desarrollo de mecanismos de ámbito regional o de un fondo para el desarrollo agrícola y rural; iii) desarrollo de instituciones de microfinanciación y sistemas de seguros agrícolas; iv) facilitación del acceso al crédito de los bancos y otras instituciones financieras para los agricultores, transformadores y comerciantes de productos agrícolas; y v) apoyo a las instituciones financieras del Estado o los Estados socios de la CAO que trabajan con el sector agrícola y facilitación del acceso del sector privado a los mercados de capitales para reunir capital a corto y a largo plazo;

n)

indicaciones geográficas: i) desarrollo de políticas y marcos jurídicos sobre indicaciones geográficas; ii) establecimiento de normas sobre indicaciones geográficas; iii) elaboración de un código de prácticas para definir productos en relación con su origen; iv) ayuda a las organizaciones locales y las instituciones para coordinar a las partes interesadas locales en relación con las indicaciones geográficas y la conformidad de los productos; v) desarrollo de capacidades sobre la identificación, el registro, la comercialización, la trazabilidad y la conformidad de los productos con indicación geográfica; y vi) desarrollo de cualquier otro ámbito de cooperación que pueda surgir en relación con este asunto en el futuro.

1.   La cooperación en el desarrollo del sector privado incluirá el fomento de la inversión y el desarrollo empresarial.

2.   Los objetivos del presente título consisten en:

a)	crear un entorno favorable para la promoción de la inversión y las empresas privadas, incluido el desarrollo de nuevas industrias, la inversión extranjera directa y la transferencia de tecnología;

b)	reforzar las capacidades de abastecimiento, la competitividad y el valor añadido;

c)	mejorar el acceso a la financiación de inversión procedente de las instituciones financieras de la UE, como el Banco Europeo de Inversiones;

d)	crear capacidades y aportar apoyo institucional para el desarrollo del sector privado, como las agencias de promoción de las inversiones, los organismos principales, las cámaras de comercio, las asociaciones, los puntos de contacto y las instituciones de facilitación del comercio;

e)	desarrollar o reforzar un marco político, legislativo y regulador que promueva y proteja las inversiones;

f)	mejorar los mecanismos de apoyo y entrega al sector privado por parte de las instituciones conjuntas ACP-UE, incluido el Centro para el Desarrollo de la Agricultura, entre otros, para la promoción de la inversión en el Estado o los Estados socios de la CAO; y

g)	crear o reforzar las asociaciones, las empresas conjuntas, la subcontratación, la externalización y las conexiones.

1.   La cooperación en materia de pesca marítima incluirá:

a)	la gestión de la pesca y los aspectos de conservación;

b)	la gestión de los buques y las disposiciones en la fase posterior a las capturas;

c)	las medidas financieras y comerciales; y

d)	el desarrollo de la pesca y sus productos y la acuicultura marítima.

2.   La UE contribuirá a movilizar los recursos para la aplicación de los ámbitos de cooperación señalados a los niveles nacional y regional, que también incluirán el apoyo al desarrollo de capacidades regionales.

3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en la parte III y el artículo 75, las Partes acuerdan cooperar en los ámbitos siguientes:

a)	el desarrollo y la mejora de las infraestructuras para el almacenamiento, la comercialización y la distribución del pescado y los productos de la pesca;

b)

el desarrollo de capacidades a nivel nacional y regional para satisfacer los requisitos técnicos en relación con las MSF, los OTC y el Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico, el desarrollo de sistemas de localización, control y vigilancia de las ZEE del Estado o los Estados socios de la CAO, y la introducción y gestión de sistemas de certificación para pescas marítimas específicas;

c)

la inversión y transferencia de tecnología en las operaciones de pesca, la transformación de pescado, los servicios portuarios, el desarrollo y la mejora de las instalaciones portuarias y la diversificación de la pesca para incluir las especies distintas del atún que están subexplotadas o que no se explotan;

d)	el desarrollo de empresas conjuntas y conexiones, especialmente con microempresas, pymes y pesquerías artesanales dentro de la cadena de suministro de la pesca;

e)	la aportación de valor añadido sobre el pescado; y

f)	la investigación y el desarrollo sobre la evaluación de las poblaciones y los niveles de sostenibilidad.

4.   Las Partes se comprometen a cooperar en la promoción de la creación de empresas conjuntas para operaciones de pesca, transformación de pescado, servicios portuarios, aumento de la capacidad de producción, mejora de la competitividad de la pesca y las industrias y los servicios afines, industrias de transformación derivadas, desarrollo y mejora de las instalaciones portuarias y diversificación de la pesca para incluir las especies distintas del atún que están subexplotadas o que no se explotan.

1.   La cooperación con arreglo al presente título incluye los recursos naturales, especialmente el agua, el medioambiente y la biodiversidad.

2.   Los objetivos de cooperación con arreglo al presente título consisten en:

a)	mejorar las conexiones entre el comercio y el medioambiente;

b)	apoyar la aplicación de acuerdos, convenios y tratados internacionales sobre medioambiente;

c)	garantizar el equilibrio entre la gestión medioambiental y la reducción de la pobreza;

d)	proteger el medioambiente y promover la conservación de la biodiversidad y la preservación genética;

e)	promover la utilización equitativa y sostenible de los recursos naturales;

f)	facilitar y fomentar el uso sostenible de los recursos compartidos;

g)	fomentar la participación de los sectores público y privado en la gestión de los recursos naturales.

1.   La cooperación en el ámbito de los recursos hídricos incluirá el riego, la energía hidroeléctrica, la producción y el suministro de agua y la protección de las zonas de captación de agua.

2.   Los objetivos de cooperación en este ámbito consisten en:

a)	desarrollar el uso y la gestión sostenibles de los recursos hídricos en el Estado o los Estados socios de la CAO con el fin de mejorar los medios de subsistencia de la población de dicho o dichos Estados;

b)	promover la cooperación regional para un uso sostenible de los recursos hídricos transfronterizos;

c)	desarrollar infraestructuras de abastecimiento de agua con fines productivos.

3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75, las Partes acuerdan cooperar en los ámbitos siguientes:

a)	el desarrollo de infraestructuras de abastecimiento de agua en la región;

b)	el desarrollo de los marcos legislativo y regulador pertinentes;

c)	la gestión integrada de los recursos hídricos;

d)	el desarrollo de capacidades en recursos humanos, la mejora de las normas de servicios, la gestión del agua y las estructuras institucionales;

e)	el fomento de asociaciones, conexiones y empresas conjuntas entre operadores económicos;

f)	la promoción del desarrollo, la transferencia y la aplicación de tecnologías, la investigación y el desarrollo, la innovación y el intercambio y las redes de información;

g)	el desarrollo del control de la contaminación del agua y de su depuración y conservación, del tratamiento de las aguas residuales y del saneamiento;

h)	la promoción de sistemas de riego sostenibles.

1.   La cooperación sobre medioambiente incluirá su protección y gestión sostenible y la aplicación de políticas medioambientales relacionadas con el comercio.

2.   Los objetivos de cooperación en este ámbito consisten en:

a)	proteger, restaurar y conservar el medioambiente y la biodiversidad (recursos genéticos vegetales, animales y microbianos, incluidos sus ecosistemas);

b)	desarrollar industrias del Estado o los Estados socios de la CAO que utilizan tecnologías respetuosas con el medioambiente;

c)	promover el desarrollo, la transferencia y la aplicación de tecnologías, la investigación y el desarrollo, la innovación y el intercambio de información.

3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75, las Partes acuerdan cooperar en los ámbitos siguientes:

a)	la aplicación de acuerdos, convenios y tratados internacionales sobre medioambiente;

b)	el refuerzo y el fomento del uso, la conservación y la gestión equitativos y sostenibles del medioambiente y la biodiversidad, incluidos los recursos de silvicultura y vida silvestre;

c)	el refuerzo de los marcos institucionales y legales y la capacidad para desarrollar, aplicar, administrar y hacer cumplir leyes, reglamentos, normas y políticas medioambientales;

d)	el fomento de las asociaciones, las conexiones y las empresas conjuntas entre operadores económicos;

e)	la prevención y mitigación de las catástrofes naturales y la pérdida de biodiversidad;

f)	la promoción del desarrollo, la adaptación, la transferencia y la aplicación de tecnologías, la investigación y el desarrollo y la innovación;

g)	la protección y la gestión de los recursos costeros y marítimos y de los recursos biológicos y genéticos autóctonos domésticos y silvestres;

h)	el desarrollo de actividades y medios de subsistencia alternativos que sean respetuosos con el medio ambiente;

i)	la producción y facilitación del comercio de mercancías y servicios para los que sea importante el etiquetado ecológico;

j)	el intercambio de información y la creación de redes sobre productos y sus requisitos en cuanto a procesos de producción, transporte, comercialización y etiquetado;

k)	el desarrollo de infraestructuras relacionadas con los productos respetuosos con el medioambiente;

l)	la implicación de las comunidades locales en la gestión de los recursos de biodiversidad, silvicultura y vida silvestre;

m)	el desarrollo de la gestión de los residuos y la eliminación segura de los residuos industriales y tóxicos;

n)	la promoción de la participación de las partes interesadas en el diálogo internacional sobre medioambiente.

1.   La cooperación con arreglo al presente título incluirá el apoyo y el desarrollo de capacidades para la armonización, la división en zonas y la compartimentación, la evaluación de la conformidad, el intercambio de información y la transparencia de las condiciones comerciales.

2.   Los objetivos de cooperación con arreglo al presente título consisten en:

a)	facilitar el comercio interregional e intrarregional de las Partes, protegiendo al mismo tiempo la salud o la vida humana, animal y vegetal de conformidad con el Acuerdo MSF de la OMC;

b)	abordar problemas derivados de las medidas sanitarias y fitosanitarias sobre sectores y productos prioritarios acordados, prestando la debida atención a la integración regional;

c)	establecer procedimientos y modalidades para facilitar la cooperación en cuestiones sanitarias y fitosanitarias;

d)	garantizar la transparencia con respecto a las medidas sanitarias y fitosanitarias aplicables al comercio entre las Partes y dentro de ellas;

e)	promover la armonización intrarregional de las medidas con las normas internacionales, de conformidad con el Acuerdo MSF de la OMC, y el desarrollo de políticas y marcos legislativos, reguladores e institucionales adecuados en el Estado o los Estados socios de la CAO;

f)	mejorar la participación efectiva del Estado o los Estados socios de la CAO en la Comisión del Codex Alimentarius, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria;

g)	promover las consultas y los intercambios entre las instituciones y los laboratorios de la CAO y de la UE;

h)	facilitar el desarrollo de capacidades para establecer y aplicar las normas regionales y nacionales de acuerdo con las exigencias internacionales, a fin de facilitar la integración regional;

i)	establecer y reforzar la capacidad del Estado o los Estados socios de la CAO para aplicar y supervisar las medidas sanitarias y fitosanitarias de conformidad con el presente artículo; y

j)	promover la transferencia de tecnologías.

3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75, las Partes acuerdan cooperar en los ámbitos siguientes:

a)

el apoyo al Estado o los Estados socios de la CAO para cumplir las medidas sanitarias y fitosanitarias, con inclusión del desarrollo de marcos reguladores adecuados, las políticas, las cuestiones relativas al trabajo de los organismos internacionales de normalización pertinentes, la formación, las actividades de información, la creación de capacidades y la asistencia técnica;

b)

según proceda, el apoyo a la armonización de las medidas sanitarias y fitosanitarias en el Estado o los Estados socios de la CAO y a la creación de comités de coordinación nacionales de dichas medidas, y la promoción de la capacidad de los sectores público y privado para el control sanitario; entre los ámbitos prioritarios figuran la elaboración y aplicación de un programa de calidad, la formación, las actividades de información y la construcción, mejora, modernización y acreditación de laboratorios;

c)	el apoyo en cuestiones relativas al trabajo de los organismos internacionales de normalización pertinentes; tal cooperación podrá incluir formación, actividades de información, desarrollo de capacidades y asistencia técnica;

d)	el apoyo en el ámbito de la pesca con el fin de elaborar reglas, legislación y normas regionales armonizadas sobre los productos de pescado para promover el comercio entre las Partes y en la región de la CAO;

e)	el apoyo destinado a promover la cooperación entre las instituciones sanitarias y fitosanitarias del Estado o los Estados socios de la CAO y las instituciones equivalentes de la UE;

f)	el apoyo a la aplicación del Acuerdo MSF, en particular reforzando las autoridades competentes, la notificación y los puntos de información del Estado o los Estados socios de la CAO;

g)	el apoyo al intercambio de información.

1.   Las Partes procurarán armonizar sus normas y procedimientos respectivos para la formulación de sus medidas sanitarias y fitosanitarias, incluyendo las inspecciones, los ensayos y los procedimientos de certificación, de conformidad con el Acuerdo MSF de la OMC.

2.   Según proceda, el Estado o los Estados socios de la CAO desarrollarán, con el apoyo de la UE, un programa y un calendario para la armonización de las normas sanitarias y fitosanitarias.

3.   El Comité de Altos Funcionarios desarrollará las modalidades para contribuir al proceso de armonización y supervisarlo dentro de las regiones, según proceda.

1.   La UE está de acuerdo en proporcionar asistencia técnica y trato especial y diferenciado de conformidad con los artículos 9 y 10 del Acuerdo MSF de la OMC.

2.   Las Partes cooperarán para satisfacer las necesidades especiales del Estado o los Estados socios de la CAO derivadas de la aplicación de las disposiciones del presente título.

3.   Las Partes están de acuerdo en que se preste asistencia técnica prioritariamente en los ámbitos siguientes:

a)	el desarrollo de la capacidad técnica en los sectores público y privado del Estado o los Estados socios de la CAO para permitir el control sanitario y fitosanitario, lo que incluye actos de formación e información para la inspección, la certificación, la supervisión y el control;

b)	el aumento de la capacidad técnica para la aplicación y el seguimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras cosas promoviendo un mayor uso de las normas internacionales;

c)

el desarrollo de capacidades relacionadas con los análisis de los riesgos, la armonización, el cumplimiento de las normas, la realización de ensayos, la certificación, el seguimiento de los residuos, la trazabilidad y la acreditación, entre otras cosas mediante la modernización o la creación de laboratorios y otros equipos, a fin de ayudar al Estado o los Estados socios de la CAO a cumplir las normas internacionales;

d)	el apoyo a la participación del Estado o los Estados socios de la CAO en los organismos internacionales de normalización pertinentes;

e)	el desarrollo de la capacidad del Estado o los Estados socios de la CAO para participar eficazmente en los procesos de notificación.

1.   La cooperación con arreglo al presente título incluirá la elaboración, la adopción y la aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad, de acuerdo con la definición del Acuerdo OTC.

2.   Los objetivos de cooperación con arreglo al presente título consisten en:

a)	eliminar progresivamente los obstáculos técnicos al comercio, con el fin de facilitar el comercio entre las Partes y en el Estado o los Estados socios de la CAO;

b)	fomentar la integración regional del Estado o los Estados socios de la CAO mediante la armonización de las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad aplicados en el Estado o los Estados socios de la CAO, con arreglo al Acuerdo OTC de la OMC;

c)	promover una mayor utilización de los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad internacionales, incluidas medidas sectoriales específicas;

d)	establecer vínculos funcionales, empresas mixtas y trabajos de investigación y desarrollo conjuntos entre las instituciones de normalización, evaluación de la conformidad y reglamentación del Estado o los Estados socios de la CAO y de la UE;

e)	mejorar el acceso al mercado de los productos originarios del Estado o los Estados socios de la CAO, a través de mejoras en la seguridad, calidad y competitividad de sus productos;

f)	promover una mayor utilización de las mejores prácticas internacionales para los reglamentos técnicos, las normas internacionales y los procedimientos de evaluación de la conformidad;

g)	velar por que la preparación, adopción y aplicación de las normas y reglamentos técnicos sean transparentes y no creen obstáculos innecesarios al comercio entre las Partes, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo OTC;

h)	apoyar el desarrollo de marcos reguladores, políticas y reformas pertinentes en el Estado o los Estados socios de la CAO, para aplicar las prácticas aceptadas a escala internacional;

i)	ayudar al Estado o los Estados socios de la CAO a que apliquen el Acuerdo OTC y cumplan los requisitos en relación con los obstáculos técnicos al comercio de sus socios comerciales en el contexto de dicho Acuerdo.

3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75, las Partes acuerdan cooperar en los ámbitos siguientes:

a)	apoyar la promoción de un mayor uso de normas internacionales, reglamentos técnicos y la evaluación de la conformidad, incluidas medidas sectoriales específicas, en los territorios de las Partes;

b)

apoyar el desarrollo de capacidades del Estado o los Estados socios de la CAO en los ámbitos de la normalización, la metrología, la acreditación y los procedimientos de evaluación de la conformidad, apoyando también la mejora y creación de laboratorios e instituciones pertinentes, así como la adquisición de equipo adecuado;

c)	apoyar la gestión y la garantía de calidad en sectores seleccionados de importancia para el Estado o los Estados socios de la CAO;

d)	apoyar la plena participación de los organismos normativos y otros órganos reguladores técnicos del Estado o los Estados socios de la CAO en los organismos internacionales de normalización y reforzar el papel de las normas internacionales como base de los reglamentos técnicos;

e)	apoyar los esfuerzos de los organismos de evaluación de la conformidad del Estado o los Estados socios de la CAO por obtener la acreditación internacional;

f)	desarrollar vínculos funcionales entre las instituciones de normalización, evaluación de la conformidad y certificación de las Partes;

g)

apoyar el desarrollo de una interpretación común de las buenas prácticas reguladoras, entre las que se incluyen: i) la transparencia en la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad; ii) la necesidad y la proporcionalidad de las medidas reguladoras y de los procedimientos conexos de evaluación de la conformidad, que pueden incluir el uso de las declaraciones de conformidad del proveedor; iii) la utilización de normas internacionales como base para la elaboración de reglamentos técnicos, excepto si tales normas constituyen un medio ineficaz o inapropiado para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos; iv) la garantía del cumplimiento de los reglamentos técnicos y de las actividades de vigilancia del mercado; y v) el establecimiento de métodos y mecanismos para revisar los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad;

h)	determinar, priorizar y apoyar el desarrollo de la infraestructura técnica y de la transferencia de tecnología que sean necesarias en los ámbitos de la metrología, la normalización, los ensayos, la certificación y la acreditación, con vistas a facilitar la reglamentación técnica;

i)	reforzar la cooperación reglamentaria, técnica y científica, entre otras cosas mediante el intercambio de información, experiencias y datos, con objeto de mejorar la calidad y el nivel de sus reglamentos técnicos pertinentes y de hacer un uso eficiente de los recursos reguladores;

j)	desarrollar la compatibilidad y la convergencia de los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad respectivos;

k)	promover y fomentar la cooperación bilateral entre las organizaciones respectivas de las Partes responsables de la metrología, la normalización, los ensayos, la certificación y la acreditación;

l)	promover la cooperación entre las Partes y en la CAO en relación con el trabajo de las instituciones y organizaciones internacionales pertinentes y en los foros que se ocupan de los obstáculos técnicos al comercio.

1.   Las Partes admiten y reconocen la importancia de la cooperación en los asuntos aduaneros y la facilitación del comercio en el contexto cambiante del comercio mundial.

2.   Las Partes acuerdan reforzar la cooperación para garantizar que la legislación y los procedimientos pertinentes, así como la capacidad administrativa de las administraciones correspondientes, cumplan los objetivos de promover la facilitación del comercio.

3.   Las Partes reconocen la necesidad de disponer de una capacidad administrativa adecuada para cumplir dichos objetivos. Coinciden en que el Estado o los Estados socios de la CAO necesitarán períodos de transición y el desarrollo de capacidades para aplicar adecuadamente las disposiciones del presente título.

4.   Los objetivos de cooperación con arreglo al presente título consisten en:

a)	facilitar el comercio entre las Partes;

b)	promover la armonización de la legislación y los procedimientos aduaneros a nivel regional;

c)	prestar apoyo al Estado o los Estados socios de la CAO para facilitar aún más el comercio;

d)	proporcionar apoyo a las administraciones aduaneras del Estado o los Estados socios de la CAO para aplicar el presente Acuerdo y otras buenas prácticas aduaneras internacionales;

e)	reforzar la cooperación entre las autoridades aduaneras y otras agencias fronterizas relacionadas de las Partes.

5.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75, las Partes acuerdan cooperar en los ámbitos siguientes:

a)	el intercambio de información sobre legislación y procedimientos aduaneros;

b)	el desarrollo de iniciativas conjuntas en ámbitos acordados mutuamente;

c)

el apoyo para: i) la modernización de los sistemas y procedimientos aduaneros y la reducción del tiempo de despacho de aduanas; ii) la simplificación y la armonización de los procedimientos aduaneros y los trámites comerciales, incluidos los relativos a la importación, la exportación y el tránsito; iii) la mejora de los sistemas de tránsito regionales; iv) la mejora de la transparencia, de conformidad con el artículo 134; v) el desarrollo de capacidades, incluida asistencia financiera y técnica al Estado o los Estados socios de la CAO en este ámbito; y vi) cualquier otro ámbito aduanero que acuerden las Partes en el presente Acuerdo;

d)	la formulación, en la medida de lo posible, de posiciones comunes en organizaciones internacionales en el ámbito de las aduanas y la facilitación del comercio, como la OMC, la OMA, la ONU y la UNCTAD;

e)	la promoción de la coordinación entre todas las agencias relacionadas, tanto a nivel interno como transfronterizo.

6.   Las Partes cooperarán en materia aduanera y en relación con las normas de origen a través de:

a)	la introducción de procedimientos y prácticas que reflejen los instrumentos y las normas internacionales aplicables en el ámbito de las aduanas y la facilitación del comercio, incluidas las reglas de la OMC y los instrumentos y las normas de la OMA;

b)	la puesta en práctica de actividades destinadas a consolidar la armonización de las normas aduaneras y las medidas de facilitación del comercio;

c)	la aplicación de técnicas aduaneras modernas, entre otras, evaluación del riesgo, resoluciones vinculantes, procedimientos simplificados, controles posteriores al levante y métodos de auditoría;

d)	la automatización de las aduanas y otros procedimientos comerciales, incluido el intercambio electrónico de información aduanera y comercial;

e)	la formación de los funcionarios de aduanas y otros funcionarios de los sectores público y privado pertinentes para las aduanas y la facilitación del comercio; y

f)	en cualquier otra área que puedan identificar las Partes.

1.   Las Partes reconocen que la eliminación o la reducción sustancial de los aranceles aduaneros, tal como se establece en el presente Acuerdo, será un reto para el Estado o los Estados socios de la CAO. Las Partes convienen en que este reto específico se abordará mediante la creación de un marco compensatorio, sin perjuicio de la primacía de las disposiciones del anexo VI.

2.   Las Partes reconocen también que la aplicación del presente Acuerdo puede plantear retos, entre otros, en el ámbito social, económico y medioambiental, a las economías del Estado o los Estados socios de la CAO. Las Partes acuerdan que estos retos serán abordados a través de acciones de cooperación económica y al desarrollo.

3.   La cooperación en virtud del presente título tiene por objeto abordar las dificultades de ajuste reales y potenciales que resulten de la aplicación del presente Acuerdo.

1.   Con respecto a las pérdidas de ingresos relacionadas con la reducción de los aranceles, la UE, sin perjuicio de la primacía de las disposiciones del anexo VI:

a)	entablará un diálogo profundo sobre las reformas y las medidas de adaptación fiscal;

b)	establecerá las modalidades de cooperación en apoyo de la reforma fiscal;

c)	aportará recursos financieros para compensar de forma transitoria las pérdidas de ingresos públicos determinadas de común acuerdo a raíz de la eliminación o la disminución sustancial de los aranceles aduaneros.

2.   Para garantizar que las economías de los Estados socios de la CAO se beneficien plenamente del presente Acuerdo, la UE acuerda trabajar con el Estado o los Estados socios de la CAO con el fin de poner en marcha actividades destinadas a:

a)	mejorar la competitividad de los sectores productivos en el Estado o los Estados socios de la CAO;

b)	mejorar la capacidad productiva y profesional de los trabajadores del Estado o los Estados socios de la CAO, entre otras cosas formando a los trabajadores desplazados debido al cierre de empresas, dotándolos de nuevas capacidades para nuevas actividades, etc.;

c)	apoyar medidas para un medioambiente sostenible;

d)	crear capacidades para mejorar la disciplina macroeconómica;

e)	mitigar las posibles repercusiones que afectan a la seguridad alimentaria y nutricional, el desarrollo rural, la seguridad de los medios de subsistencia y los ingresos de la exportación en el Estado o los Estados socios de la CAO;

f)	abordar otros posibles ámbitos de cooperación en relación con las dificultades de aplicación del presente Acuerdo.

1.   Reconociendo el compromiso de la UE de apoyar la aplicación del presente Acuerdo y los esfuerzos de los propios Estados socios de la CAO por financiar sus necesidades de desarrollo, las Partes acuerdan trabajar tanto conjunta como independientemente a fin de movilizar los recursos financieros necesarios para la aplicación del presente Acuerdo, la integración regional y las estrategias de desarrollo del Estado o los Estados socios de la CAO.

2.   El objetivo de la movilización conjunta de recursos es complementar, apoyar y promover, en un espíritu de interdependencia, los esfuerzos del Estado o de los Estados socios de la CAO por buscar fuentes de financiación alternativas para apoyar la integración regional y las estrategias de desarrollo, en particular la matriz de desarrollo del AAE establecida en el anexo III(a), sin perjuicio de la primacía de las disposiciones del anexo VI.

1.   Sin perjuicio de la primacía de las disposiciones del anexo VI, el Estado o los Estados socios de la CAO:

a)	comprometerán recursos de sus mecanismos de financiación de forma oportuna y predecible para apoyar la integración regional y las estrategias y los proyectos de desarrollo relacionados con el AAE que figuran en la matriz de desarrollo del AAE;

b)	elaborarán sus estrategias de desarrollo teniendo debidamente en cuenta el derecho del Estado o los Estados socios de la CAO a determinar la orientación y la secuencia de sus estrategias y prioridades de desarrollo;

c)	establecerán un fondo del AAE para canalizar los recursos relacionados con dicho Acuerdo;

d)	incorporarán las prioridades de la matriz de desarrollo del AAE en las estrategias regionales y nacionales.

2.   Sin perjuicio de la primacía de las disposiciones del anexo VI, el Estado o los Estados socios de la CAO formularán normas y reglamentos sobre la gestión del Fondo del AAE para garantizar un uso transparente, responsable y rentable de estos recursos. Sin perjuicio de las contribuciones de otros socios al Fondo del AAE, la canalización de los recursos de la UE será provisional y dependerá de una evaluación favorable del funcionamiento del Fondo del AAE por parte de la UE.

3.   Sin perjuicio de la primacía de las disposiciones del anexo VI, la UE comprometerá recursos de manera oportuna y predecible, teniendo especialmente en cuenta las limitaciones de la oferta en el Estado o los Estados socios de la CAO en relación con la aplicación del presente Acuerdo, incluidos los déficits de financiación determinados en la matriz de desarrollo del AAE, a través de:

a)	el presupuesto de la UE;

b)	cualquier otro instrumento que se utilice para prestar la ayuda oficial al desarrollo de la UE.

4.   Las Partes se comprometerán conjuntamente a trabajar para movilizar los recursos siguientes:

a)	fondos de otros donantes (multilaterales y bilaterales);

b)	subvenciones, préstamos en condiciones favorables, asociaciones público-privadas y entidades especializadas;

c)	cualquier otro tipo de recursos de la ayuda oficial al desarrollo que puedan poner a disposición los socios en materia de desarrollo.

1.   Las Partes iniciarán consultas y procurarán resolver de buena fe cualquier diferencia relativa a la interpretación y aplicación del presente Acuerdo para llegar a una solución consensuada.

2.   Cuando una Parte desee iniciar una consulta, presentará una solicitud escrita a la otra Parte, con copia al Comité de Altos Funcionarios, precisando la medida en cuestión y las disposiciones del Acuerdo que, en su opinión, es incompatible dicha medida.

3.   Salvo que las Partes acuerden otra cosa, las consultas tendrán lugar en el territorio de la Parte demandada y se llevarán a cabo en los veinte (20) días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. Las consultas se considerarán concluidas en los sesenta (60) días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de la Parte demandada, salvo que las Partes acepten continuar las consultas. Toda información revelada durante las consultas se mantendrá confidencial.

4.   Las consultas sobre cuestiones urgentes, incluidas las relativas a mercancías perecederas o estacionales, se celebrarán tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, en los quince (15) días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud y se considerarán concluidas en los treinta (30) días siguientes a esa misma fecha, salvo que las Partes acuerden continuar las consultas.

5.   Si la Parte a la cual se presenta la solicitud de consultas no responde en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de su recepción, si las consultas no se celebran en los plazos respectivos establecidos en los apartados 3 y 4 del presente artículo, o si estas concluyen sin haber alcanzado una solución de mutuo acuerdo, cualquiera de las Partes podrá solicitar que la diferencia se resuelva mediante procedimiento de arbitraje con arreglo al artículo 112.

6.   Las Partes podrán acordar una modificación de los plazos previstos en los apartados 3 a 5, teniendo en cuenta las dificultades o la complejidad de la situación en que se encuentre cualquiera de las Partes.

1.   Si con las consultas no se llega a una solución de mutuo acuerdo, las Partes podrán acordar recurrir a un mediador. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el mandato de mediación será el asunto mencionado en la solicitud de consultas.

2.   Cualquiera de las Partes podrá iniciar el procedimiento de arbitraje con arreglo al artículo 112 sin recurrir a la mediación.

3.   Salvo que las Partes designen un mediador en los quince (15) días siguientes al acuerdo de solicitud de mediación, el presidente del Comité de Altos Funcionarios, o su delegado, seleccionará por sorteo un mediador entre las personas que figuren en la lista contemplada en el artículo 125 y no sean nacionales de ninguna de las Partes. La selección se hará en el plazo de veinticinco (25) días a partir de la fecha de presentación del acuerdo de solicitar mediación y en presencia de un representante de cada Parte. El mediador convocará una reunión con las Partes a más tardar treinta (30) días después de su designación. Recibirá las alegaciones de cada Parte a más tardar quince (15) días antes de la reunión y presentará un dictamen a más tardar cuarenta y cinco (45) días después de su designación.

4.   El dictamen del mediador podrá incluir una recomendación sobre cómo resolver la diferencia de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo. El dictamen del mediador no será vinculante.

5.   Las Partes podrán acordar modificar los plazos previstos en el apartado 3. El mediador también podrá decidir que se modifiquen dichos plazos a petición de una de las Partes o por iniciativa propia, en función de las dificultades que tenga la Parte afectada o de la complejidad del asunto.

6.   Los procedimientos que incluyan mediación, en particular toda la información revelada y las posiciones adoptadas por las Partes durante dichos procedimientos, se mantendrán confidenciales.

1.   En caso de que las partes no hayan conseguido resolver la diferencia mediante consultas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 110, la Parte demandante podrá avisar del inicio del procedimiento de constitución de un órgano arbitral de conformidad con el artículo 113.

2.   El aviso de constitución de un órgano arbitral se dirigirá, por escrito, a la Parte demandada y al Comité de Altos Funcionarios. La Parte demandante indicará en su aviso las medidas específicas cuestionadas y expondrá claramente los motivos por los que considera que dichas medidas incumplen lo dispuesto en el presente Acuerdo.

1.   El órgano arbitral estará compuesto por tres árbitros.

2.   En los diez (10) días siguientes a la presentación del aviso de establecimiento de un órgano arbitral al Comité de Altos Funcionarios, las Partes se consultarán para llegar a un acuerdo sobre la composición de dicho órgano arbitral.

3.   En el caso de que las Partes no consigan llegar a un acuerdo sobre la composición del órgano arbitral en el plazo previsto en el apartado 2 del presente artículo, cada Parte seleccionará un árbitro de la lista de árbitros establecida de conformidad con el artículo 125 en el plazo de cinco (5) días. Si una de las Partes no nombra a su árbitro, el presidente del Comité de Altos Funcionarios, o su delegado, a petición de la otra Parte, lo seleccionará por sorteo a partir de la sublista de esa Parte establecida de conformidad con el artículo 125.

4.   Salvo que las Partes lleguen a un acuerdo sobre el presidente del órgano arbitral en el plazo establecido en el apartado 2 del presente artículo, los dos árbitros, en los cinco (5) días siguientes a su nombramiento, nombrarán, a su vez, a un tercer árbitro como presidente del órgano arbitral a partir de la lista establecida de conformidad con el artículo 125 y notificarán la designación al Comité de Altos Funcionarios. En caso de que no se consiga designar al presidente del órgano arbitral, una de las Partes podrá pedir al presidente del Comité de Altos Funcionarios, o a su delegado, que seleccione por sorteo, en el plazo de cinco (5) días, al presidente del órgano arbitral a partir de la sublista de presidentes que figurará en la lista establecida de conformidad con el artículo 125.

5.   La fecha de constitución del órgano arbitral será la fecha en la que se haya seleccionado a los tres árbitros y estos hayan aceptado su nombramiento de conformidad con el reglamento interno adoptado con arreglo al artículo 120.

1.   El órgano arbitral presentará a las Partes un informe provisional que incluirá tanto una sección descriptiva como las constataciones y conclusiones, como regla general en el plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de constitución del órgano arbitral. Si considera que este plazo no puede cumplirse, el presidente del órgano arbitral deberá notificarlo por escrito a las Partes y al Comité de Altos Funcionarios, indicando las razones del retraso y la fecha en la que el órgano arbitral prevé emitir su informe provisional. El informe provisional no debería emitirse en ningún caso en un plazo superior a ciento veinte (120) días a partir de la fecha de constitución del órgano arbitral. Cualquier Parte podrá hacer observaciones por escrito al órgano arbitral sobre aspectos concretos de su informe provisional en los quince (15) días siguientes a la notificación del informe.

2.   En situaciones urgentes, como la existencia de mercancías perecederas o estacionales, el órgano arbitral hará todo lo posible por emitir su informe provisional en un plazo de treinta (30) días y, en cualquier caso, en un máximo de cuarenta y cinco (45) días a partir de su constitución. Cualquier Parte podrá solicitar por escrito al órgano arbitral que reconsidere aspectos concretos de su informe provisional en los siete (7) días siguientes a la notificación de dicho informe.

3.   Tras examinar las eventuales observaciones escritas de las Partes sobre el informe provisional, el órgano arbitral podrá modificar dicho informe y realizar cualquier otro examen que considere apropiado. El laudo final del órgano arbitral incluirá un análisis de las alegaciones presentadas en la etapa de reconsideración provisional y responderá claramente a las preguntas y observaciones de las Partes.

1.   El órgano arbitral notificará su laudo a las Partes y al Comité de Altos Funcionarios en el plazo de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de su constitución.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, si dicho plazo no puede cumplirse, el presidente del órgano arbitral lo notificará por escrito a las Partes y al Comité de Altos Funcionarios, indicando las razones del retraso y la fecha en la que el órgano arbitral prevé emitir su laudo. El laudo no podrá notificarse en ningún caso más de ciento cincuenta (150) días a partir de la fecha de su constitución.

2.   En casos de urgencia, como la existencia de mercancías perecederas y estacionales, el órgano arbitral:

a)	notificará su laudo en el plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de su constitución;

b)	podrá emitir un laudo preliminar en el que determine si considera urgente el caso, tan pronto como sea posible en la práctica y, en cualquier caso, en los siete (7) días a partir de la fecha de su constitución.

3.   El laudo del órgano arbitral podrá incluir recomendaciones sobre cómo lograr su cumplimiento la Parte demandada.

4.   No obstante lo dispuesto en los apartados 6 a 10 sobre el plazo razonable, la Parte demandada adoptará las medidas necesarias para cumplir inmediatamente y de buena fe el laudo del órgano arbitral.

5.   Si no se puede cumplir el laudo inmediatamente, las Partes procurarán llegar a un acuerdo sobre el plazo para su cumplimiento. En tal caso, la Parte demandada informará a la Parte demandante y al Comité de Altos Funcionarios, en el plazo de veintiún (21) días a partir de la notificación del laudo del órgano arbitral, del tiempo que necesitará para cumplirlo.

6.   En caso de desacuerdo entre las Partes sobre el plazo razonable para cumplir el laudo del órgano arbitral, la Parte demandante solicitará por escrito al órgano arbitral, en el plazo de catorce (14) días a partir de la notificación realizada con arreglo al apartado 1, que determine la duración de dicho plazo razonable. Esta solicitud se notificará simultáneamente a la Parte demandada y al Comité de Altos Funcionarios. El órgano arbitral notificará su laudo a las Partes y al Comité de Altos Funcionarios en el plazo de veintiún (21) días a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

7.   Si el órgano arbitral inicial o algunos de sus miembros no pudieran reunirse de nuevo, se aplicarán los procedimientos fijados en el artículo 113. El plazo para notificar el laudo será de treinta y cinco (35) días a partir de la fecha de presentación de la solicitud contemplada en el apartado 6 del presente artículo.

8.   Al determinar el plazo razonable, el órgano arbitral tomará en consideración el tiempo que normalmente le llevaría a la Parte demandada adoptar medidas legislativas o administrativas comparables a las identificadas por dicha Parte como necesarias para garantizar el cumplimiento y, en particular, tendrá también en cuenta las dificultades que puedan encontrar el Estado o los Estados socios de la CAO debido a la falta de capacidad necesaria.

9.   Las Partes podrán ampliar el plazo razonable de mutuo acuerdo.

1.   Antes del final del plazo razonable, la Parte demandada notificará a la Parte demandante y al Comité de Altos Funcionarios toda medida que haya adoptado para cumplir el laudo del órgano arbitral.

2.   Si al término del plazo razonable la Parte demandada no cumple lo indicado en el apartado 1 del presente artículo, la Parte demandante podrá, previa notificación a la Parte demandada y al Comité de Altos Funcionarios, adoptar las medidas adecuadas de conformidad con el artículo 118, apartado 2.

3.   En caso de desacuerdo entre las Partes acerca de si la Parte demandada ha cumplido con las disposiciones del presente Acuerdo, cualquiera de ellas podrá solicitar por escrito al órgano arbitral que se pronuncie al respecto. Dicha solicitud indicará la medida específica en cuestión y expondrá claramente los motivos por los que dicha medida es o no compatible con las disposiciones del presente Acuerdo y el laudo del órgano arbitral.

4.   El órgano arbitral procurará notificar su laudo en el plazo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la que se hace referencia en el apartado 3. En casos de urgencia, como la presencia de mercancías perecederas y estacionales, el órgano arbitral notificará su laudo en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

5.   Si el órgano arbitral inicial o algunos de sus miembros no pudieran reunirse de nuevo en el plazo de quince (15) días, se aplicarán los procedimientos fijados en el artículo 113. En tales casos, el plazo para notificar el laudo será de ochenta (80) días a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la que se hace referencia en el apartado 3 del presente artículo.

1.   Si la Parte demandada no notifica ninguna medida adoptada para cumplir el laudo del órgano arbitral antes del final del plazo razonable o si el órgano arbitral considera que la medida notificada con arreglo al artículo 116, apartado 1, no es compatible con las obligaciones de la Parte demandada en virtud de lo dispuesto en el presente Acuerdo, la Parte demandante tendrá derecho, previa notificación a la Parte demandada, a adoptar medidas adecuadas.

2.   Al adoptar dichas medidas, la Parte demandante procurará optar por las medidas que menos afecten a la consecución de los objetivos del presente Acuerdo y tomará en consideración su impacto en la economía de la Parte demandada. Además, si la UE ha adquirido el derecho de adoptar tales medidas, optará por medidas destinadas específicamente a lograr que el Estado socio de la CAO cuyas medidas se consideraron incumplían el presente Acuerdo se conforme a él.

3.   En cualquier momento después de la expiración del plazo razonable, la Parte demandante podrá solicitar a la Parte demandada que presente una oferta de compensación temporal y la Parte demandada presentará dicha oferta.

4.   La compensación o las medidas de represalia tendrán carácter temporal y se aplicarán únicamente hasta que la medida que se consideró incumplía las disposiciones del presente Acuerdo se haya retirado o modificado para que sea conforme con dichas disposiciones o hasta que las Partes hayan llegado a un acuerdo para resolver la diferencia.

1.   La Parte demandada notificará a la otra Parte y al Comité de Altos Funcionarios toda medida que adopte para cumplir el laudo del órgano arbitral y su solicitud de que la Parte demandante deje de aplicar las medidas adecuadas.

2.   Si las Partes no alcanzan un acuerdo sobre la compatibilidad de la medida notificada con las disposiciones del presente Acuerdo en el plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de presentación de la notificación, la Parte demandante solicitará por escrito al órgano arbitral que decida sobre el asunto. Dicha solicitud se notificará simultáneamente a la Parte demandada y al Comité de Altos Funcionarios. El laudo del órgano arbitral se notificará a las Partes y al Comité de Altos Funcionarios en el plazo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

3.   Si el órgano arbitral considera que alguna medida de cumplimiento adoptada no es conforme con las disposiciones el presente Acuerdo, determinará si la Parte demandante puede seguir aplicando las medidas adecuadas. Si el órgano arbitral considera que alguna medida de cumplimiento adoptada es conforme con las disposiciones el presente Acuerdo, se darán por concluidas las medidas adecuadas inmediatamente después de la fecha del laudo.

4.   En caso de que el órgano arbitral inicial o algunos de sus miembros no puedan reunirse de nuevo, se aplicarán los procedimientos establecidos en el artículo 113. El plazo para notificar el laudo será de sesenta (60) días a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la que se hace referencia en el apartado 2 del presente artículo.

1.   Las Partes presentarán sus alegaciones escritas y orales en cualquier lengua oficial de dichas Partes.

2.   Las Partes procurarán acordar una lengua de trabajo común para cualquier procedimiento específico con arreglo a la presente parte. Si dichas Partes no pueden acordar una lengua de trabajo común, cada Parte organizará y costeará por su cuenta la traducción de las alegaciones escritas y la interpretación de las audiencias a la lengua elegida por la Parte demandada, a menos que esa lengua sea lengua oficial de dicha Parte (5).

1.   Los órganos arbitrales de arbitraje interpretarán las disposiciones del presente Acuerdo de conformidad con las normas habituales de interpretación del Derecho internacional público, incluidas las que figuran en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, firmada en Viena el 23 de mayo de 1969.

2.   Las interpretaciones y los laudos del órgano arbitral no podrán ampliar ni recortar los derechos ni las obligaciones que establece el presente Acuerdo.

1.   El órgano arbitral hará todo lo posible para adoptar todas las decisiones por consenso. No obstante, cuando la decisión sobre la cuestión examinada no pueda adoptarse por consenso, se adoptará por mayoría de votos.

2.   Todo laudo del órgano arbitral establecerá las constataciones de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo y la fundamentación de las constataciones, recomendaciones o conclusiones que haga. El Comité de Altos Funcionarios hará públicos los laudos del órgano arbitral.

3.   Los laudos del órgano arbitral serán definitivos y vinculantes para las Partes.

1.   En el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité de Altos Funcionarios establecerá una lista de al menos quince (15) personas que estén dispuestas a ejercer de árbitro y puedan hacerlo. La lista estará compuesta por tres sublistas: una sublista para cada Parte de personas que actuarán como árbitros; y una sublista de personas que no sean nacionales de ninguna de las Partes y que estarán disponibles para actuar como presidente del órgano arbitral. Cada sublista estará compuesta de un mínimo de cinco (5) personas. El Comité de Altos Funcionarios garantizará que la lista se mantenga siempre a ese nivel, de conformidad con el reglamento interno adoptado con arreglo al artículo 120.

2.   En el caso de que no se haya establecido alguna de las sublistas o estas no contengan suficientes nombres de personas en el momento en que se emita un aviso con arreglo al artículo 113, apartado 2, los árbitros serán elegidos por sorteo entre las personas que una o ambas Partes hayan propuesto formalmente para las sublistas respectivas. Si solamente una de las Partes ha propuesto nombres, los tres árbitros serán elegidos por sorteo entre esos nombres.

3.   Si no se ha establecido ninguna lista de árbitros con arreglo al apartado 1 ni se han propuesto nombres de árbitros con arreglo al apartado 2, la Parte que inicie el procedimiento de arbitraje pedirá al Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje que actúe como autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

4.   Los árbitros tendrán conocimientos especializados y experiencia en Derecho y comercio internacional. Serán independientes, actuarán a título personal, no aceptarán instrucciones de ninguna organización o administración pública ni estarán afiliados a la administración pública de ninguna de las Partes y respetarán el código de conducta anejo al reglamento interno adoptado con arreglo al artículo 120.

1.   Los órganos arbitrales creados en virtud del presente Acuerdo no decidirán sobre diferencias acerca de los derechos o las obligaciones de las Partes en virtud de los acuerdos de la OMC.

2.   El recurso a las disposiciones sobre solución de diferencias del presente Acuerdo se hará sin perjuicio de cualquier acción en el marco de la OMC, incluidas las acciones de solución de diferencias. Sin embargo, si una Parte ha iniciado un procedimiento de solución de diferencias conforme al presente título o al Acuerdo de la OMC en relación con una medida concreta, no podrá incoar ningún procedimiento de solución de diferencias con respecto a la misma medida en el otro foro hasta que haya concluido el primer procedimiento. Además, una Parte no solicitará reparación en ambos foros por el incumplimiento de una obligación que sea idéntica en virtud del presente Acuerdo y del Acuerdo de la OMC. En tal caso, una vez que se haya iniciado un procedimiento de solución de diferencias, una Parte no presentará al otro foro una demanda de reparación por incumplimiento de la obligación idéntica en virtud del otro Acuerdo, a menos que el foro seleccionado no se pronuncie, por razones procesales o jurisdiccionales, sobre la solicitud de compensación.

3.   Una Parte podrá, en relación con una medida concreta, incoar un procedimiento de solución de diferencias con arreglo a la presente parte o al Acuerdo de la OMC, de la manera siguiente:

a)

un procedimiento de solución de diferencias con arreglo a la presente parte se considerará iniciado cuando una Parte solicite la constitución de un órgano arbitral de conformidad con el artículo 112, y se considerará finalizado cuando el órgano arbitral notifique su laudo a las Partes y al Comité de Altos Funcionarios con arreglo al artículo 115 o cuando se alcance una solución de mutuo acuerdo con arreglo al artículo 119;

b)

un procedimiento de solución de diferencias conforme al Acuerdo de la OMC se considerará iniciado cuando una Parte solicite el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el artículo 6 del ESD y se considerará finalizado cuando el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC adopte el informe del grupo especial de la OMC o del Órgano de Apelación, según proceda, con arreglo al artículo 16 y al artículo 17, párrafo 14, del ESD.

4.   Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a una Parte aplicar la suspensión de obligaciones autorizada por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. El Acuerdo de la OMC no será óbice para que una Parte suspenda las obligaciones derivadas del presente Acuerdo.

1.   Todos los plazos fijados en la presente parte, incluidos los plazos para que los órganos arbitrales notifiquen sus laudos, se contarán en días civiles a partir del día siguiente al acto o hecho al que hacen referencia.

2.   Los plazos contemplados en la presente parte podrán ser ampliados de mutuo acuerdo entre las Partes.