(1)

El mercado interior es una piedra angular de la Unión. Desde sus inicios, ha resultado ser un impulsor fundamental del crecimiento, la competitividad y el empleo, y debe seguir redundando en beneficio de todos los ciudadanos y empresas por igual. Ha generado nuevas oportunidades y economías de escala para las empresas de la Unión, en particular para las microempresas, y las pequeñas y medianas empresas (pymes), y ha reforzado su competitividad industrial. El mercado interior ha contribuido a crear puestos de trabajo y ha aportado a los consumidores más variedad de productos y servicios de elevada calidad a precios más bajos. Sigue siendo un motor para el establecimiento de un mercado más integrado y una economía más sólida, más equilibrada y más justa. Constituye uno de los principales logros de la Unión y su mejor baza en un mundo cada vez más global, además de un elemento crucial para lograr una transformación ecológica y digital en pos de una economía sostenible, en respuesta a las crecientes presiones que ejerce el cambio climático.

(2)

El mercado interior tiene que adaptarse continuamente a un entorno de revolución digital y globalización en permanente cambio. La nueva era de innovación digital sigue brindando oportunidades a las empresas y a los particulares, y crea nuevos productos, servicios, procesos y modelos empresariales, así como nuevas oportunidades para la elaboración eficiente de estadísticas de calidad. También constituye un reto en cuanto a regulación, garantía de cumplimiento, protección de los consumidores y seguridad.

(3)

Una rama troncal del Derecho de la Unión sustenta el funcionamiento del mercado interior. Regula, en particular, la competitividad, la normalización, el reconocimiento mutuo, la evaluación de la conformidad, la protección de los consumidores y la vigilancia del mercado. También contiene normas relativas a las empresas, el comercio y las transacciones financieras, al ámbito de los vegetales, animales, alimentos y piensos, a la elaboración de estadísticas europeas y al fomento de la competencia leal. Esa rama troncal del Derecho de la Unión establece unas condiciones de igualdad que son esenciales para el funcionamiento del mercado interior en beneficio de los consumidores y de las empresas.

(4)

Sin embargo, aún persisten barreras discriminatorias, injustificadas o desproporcionadas que impiden el funcionamiento adecuado del mercado interior, y están surgiendo nuevos obstáculos. Establecer normas es tan solo el primer paso, y hacer que funcionen es igual de importante. Los retos actuales relativos a la garantía de cumplimiento de la normativa vigente, los obstáculos a la libre circulación de mercancías y servicios y los bajos niveles de contratación pública transfronteriza limitan las oportunidades a disposición de las empresas y los consumidores. Abordar estas dificultades es, en última instancia, una cuestión de confianza de los ciudadanos en la Unión, en su capacidad de cumplir y en su habilidad para generar empleo y crecimiento al tiempo que protege el interés público.

(5)

Con anterioridad, han existido distintos programas de acción de la Unión en los ámbitos de la competitividad de las empresas, en particular las pymes, la protección de los consumidores, los clientes y usuarios finales de servicios financieros, y la elaboración de políticas sobre servicios financieros y en el ámbito de los vegetales, animales, alimentos y piensos. Algunas actividades adicionales han sido financiadas directamente con cargo a las líneas presupuestarias del mercado interior. Ahora es necesario racionalizar y aprovechar las sinergias entre distintas acciones y proporcionar un marco más flexible, transparente, simplificado y ágil para financiar actividades destinadas a lograr un mercado interior sostenible que funcione adecuadamente. Por tanto, debe establecerse un nuevo programa que reúna actividades financiadas previamente con cargo a otros programas y a otras líneas presupuestarias pertinentes. Dicho programa debe incluir también nuevas iniciativas destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado interior, evitando duplicidades con programas y acciones de la Unión relacionados.

(6)

El desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas con arreglo al Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) han sido objeto de un programa estadístico europeo distinto, establecido en virtud del Reglamento (UE) n.o 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Con el fin de preservar la continuidad en la elaboración y difusión de estadísticas europeas, el nuevo programa también debe incluir actividades cubiertas por el programa estadístico europeo anterior, por medio de un marco para el desarrollo, la elaboración y la difusión de dichas estadísticas con arreglo al Reglamento (CE) n.o 223/2009. El nuevo programa debe establecer el marco financiero para que la estadística europea proporcione datos europeos de calidad, comparables y fiables, que sirvan de base al diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de todas las políticas de la Unión. La independencia profesional es un requisito previo necesario para el desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas.

(7)

Por tanto, procede establecer un programa para mejorar el funcionamiento del mercado interior, la competitividad y sostenibilidad de las empresas, en particular las pymes, la normalización, la vigilancia del mercado y la protección de los consumidores, para el ámbito de los vegetales, animales, alimentos y piensos, así como para las estadísticas europeas (Programa para el Mercado Único) (en lo sucesivo, «Programa»). El Programa debe establecerse por un período de siete años a fin de ajustar su duración a la del marco financiero plurianual para los ejercicios 2021 a 2027, establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (6).

(8)

El Programa debe apoyar el diseño, la aplicación y la garantía de cumplimiento de la legislación de la Unión que sustenta el funcionamiento adecuado del mercado interior. Debe impulsar la creación de las condiciones adecuadas para capacitar a todas las partes que intervienen en el mercado interior, incluyendo a las empresas, los ciudadanos, incluidos los consumidores y los trabajadores, los representantes de la sociedad civil y las autoridades públicas. Para ello, el Programa debe tener como objetivo impulsar la competitividad, el desarrollo de las capacidades y la sostenibilidad de las empresas, en particular de las pymes, también las que operan en el sector del turismo. La sostenibilidad de las empresas es importante para mantener su competitividad a largo plazo y contribuye a la transición hacia una Unión más sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental y social, que debe ir de la mano de la digitalización y la participación en prácticas empresariales sostenibles. Asimismo, el Programa debe reforzar la garantía de cumplimiento de la normativa en materia de protección y seguridad de los consumidores. Debe también concienciar a las empresas y a los particulares de sus derechos, suministrándoles las herramientas, la información y la asistencia adecuadas para que adopten decisiones con conocimiento de causa y participen más en la elaboración de políticas de la Unión. Por otro lado, el Programa también debe tener como objetivo reforzar la cooperación normativa y administrativa, en particular por medio de programas de formación, el intercambio de las mejores prácticas y la creación de bases de conocimientos y competencias, también recurriendo a la contratación pública estratégica. El Programa debe asimismo perseguir apoyar el desarrollo a escala internacional y de la Unión de normas y procedimientos normativos de alta calidad, también a través de una amplia participación de las partes interesadas, que respalde la aplicación de la legislación de la Unión.

Debe abarcar el ámbito de la información financiera y la auditoría, para así contribuir a la transparencia y al buen funcionamiento de los mercados de capitales de la Unión, y a la mejora de la protección de los inversores. Otro de los objetivos del Programa debe ser apoyar la aplicación y la garantía de cumplimiento de la legislación de la Unión que prevé un elevado nivel de salud para las personas, los animales y los vegetales, la protección del bienestar de las personas y los animales y la seguridad de los alimentos y los piensos, al mismo tiempo que se respetan los principios del desarrollo sostenible y se garantiza un alto nivel de protección de los consumidores. Además, el Programa debe fomentar la elaboración de estadísticas europeas de calidad, conforme a los principios estadísticos establecidos en el Reglamento (CE) n.o 223/2009 y desarrollados con más detalle en el Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas.

(9)

Un mercado interior moderno, basado en los principios de equidad, transparencia y confianza mutua promueve la competencia y beneficia a los consumidores, las empresas y los trabajadores. Aprovechar mejor el mercado interior de los servicios, en permanente cambio, debería ayudar a las empresas de la Unión a crear empleo y a crecer en los mercados de otros países, a ofrecer una mayor variedad de servicios a mejores precios y a mantener unos niveles de exigencia elevados para los consumidores y los trabajadores. Para ello, el Programa debe contribuir a mejorar el seguimiento de la evolución del mercado interior, así como a detectar y eliminar las barreras injustificadas, discriminatorias o desproporcionadas que persistan y a garantizar que el marco regulador permita acoger todas las modalidades de innovación, también los avances y procesos tecnológicos recientes, los modelos empresariales de innovación en servicios y los de la economía colaborativa y social, la innovación social y la innovación no tecnológica.

(10)

Se han eliminado obstáculos regulatorios en el mercado interior en relación con numerosos productos industriales por medio de mecanismos de prevención, la adopción de normas comunes y, cuando no existen tales normas en la Unión, a través del principio de reconocimiento mutuo. En ámbitos en los que no existe legislación de la Unión, se aplica el principio de reconocimiento mutuo con el resultado de que las mercancías que se comercializan lícitamente en un Estado miembro pueden circular libremente y ser vendidas en otro Estado miembro. Cuando el Estado miembro de que se trate tenga motivos para oponerse a la comercialización de las mercancías, podrá imponer una restricción, siempre que dicha restricción sea no discriminatoria, esté justificada por objetivos legítimos de interés público, como se establece en el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), o la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya estimado que responde a una razón imperiosa de interés general, y sea proporcionada en relación con el objetivo perseguido. La aplicación inadecuada del principio de reconocimiento mutuo, por ejemplo la imposición de restricciones injustificadas o desproporcionadas, dificulta el acceso de las empresas a los mercados de otros Estados miembros. A pesar del alto grado de integración del mercado en el ámbito de las mercancías, esa situación hace que se pierdan oportunidades para el conjunto de la economía. Se espera que la adopción del Reglamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) potencie los beneficios económicos en este ámbito. El Programa debe consecuentemente tratar de mejorar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en el ámbito de las mercancías, aprovechando todo el potencial que ofrece. También debe tratar de reducir el número de mercancías ilegales y no conformes que entran en el mercado mediante campañas de concienciación y formación específicas, el apoyo a los puntos de contacto de productos a que se refiere el Reglamento (UE) 2019/515 y una mejor cooperación entre las autoridades competentes para el reconocimiento mutuo.

(11)

Existen nuevos retos normativos y de garantía de cumplimiento que están relacionados con el entorno de revolución digital en permanente cambio y tienen que ver con cuestiones como la ciberseguridad, la protección de datos y la privacidad, el internet de las cosas o la inteligencia artificial y las normas éticas relacionadas. Es fundamental contar con unas normas estrictas en materia de seguridad de los productos y claridad en cuanto a la responsabilidad civil, con el fin de garantizar que los ciudadanos de la Unión, incluidos los consumidores, y las empresas puedan gozar de la protección adecuada en caso de daños. Por tanto, el Programa debería contribuir a la rápida adaptación y a una mejor garantía de cumplimiento de un régimen de la Unión de responsabilidad civil por productos defectuosos que fomente la innovación y garantice al mismo tiempo la seguridad y la protección de los usuarios.

(12)

La introducción en el mercado de productos, también los importados de terceros países, no conformes con el Derecho de la Unión supone un riesgo para los ciudadanos, así como para los consumidores y otros usuarios finales. Los operadores económicos que venden productos conformes se enfrentan a una competencia falseada por parte de quienes incumplen las normas, bien por ignorancia, bien deliberadamente para obtener una ventaja competitiva, o como resultado de la fragmentación de la vigilancia del mercado en toda la Unión. Con frecuencia, las autoridades de vigilancia del mercado carecen de fondos suficientes y se ven limitadas por las fronteras nacionales, mientras que los emprendedores operan a nivel de la Unión o incluso mundial. En concreto, en el caso del comercio electrónico, las autoridades de vigilancia del mercado tienen grandes dificultades para rastrear los productos no conformes importados de terceros países a fin de identificar a los operadores económicos responsables dentro de su territorio.

También tienen grandes dificultades para efectuar evaluaciones y pruebas de riesgo debido a la falta de acceso físico a los productos. Por consiguiente, el Programa debe tratar de reforzar la conformidad de los productos difundiendo información sobre las normas aplicables de la Unión en materia de seguridad de los productos, intensificando los controles de cumplimiento con arreglo al Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y promoviendo una cooperación transfronteriza más estrecha entre las autoridades garantes del cumplimiento. Asimismo, el Programa debe contribuir a la consolidación del marco vigente para las actividades de vigilancia del mercado, impulsar las acciones conjuntas entre autoridades de vigilancia del mercado de diferentes Estados miembros, mejorar el intercambio de información y promover tanto la convergencia como una mayor integración de las actividades de vigilancia del mercado. El Programa debe hacerlo, en particular, asegurándose de que los nuevos requisitos introducidos por el Reglamento (UE) 2019/1020 se apliquen estrictamente a fin de evitar la venta de productos no conformes a los consumidores y a otros usuarios finales. El Programa debe consecuentemente reforzar la capacidad de las autoridades de vigilancia del mercado en toda la Unión, contribuir a una mayor homogeneidad en la garantía del cumplimiento de las normas entre los Estados miembros y permitirles beneficiarse por igual del mercado interior en términos de crecimiento económico y sostenibilidad.

(13)

El Programa no incluye objetivos ni acciones en apoyo de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial; no obstante, conviene tener en cuenta que a menudo los productos falsificados no cumplen los requisitos establecidos en la legislación de la Unión en materia de seguridad de los productos y protección de los consumidores, y presentan riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores, en particular cuando se compran en línea. Por tanto, el Programa debe potenciar las sinergias con otros programas de la Unión en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, en particular el Instrumento para equipo de control aduanero, establecido en virtud de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establezca, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero.

(14)

Para facilitar la conformidad de categorías de productos armonizados con mayor riesgo inherente, la Unión ha creado un sistema de acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad por el que se verifica su competencia, imparcialidad e independencia. Es fundamental que los organismos de evaluación de la conformidad sean fiables y competentes puesto que comprueban si los productos cumplen los requisitos de seguridad antes de su introducción en el mercado. A partir de ahora, el principal reto consiste en asegurar que el sistema de acreditación sea el más avanzado y que se aplique con el mismo rigor en toda la Unión. El Programa debe apoyar medidas destinadas a garantizar que los organismos de evaluación de la conformidad sigan cumpliendo sus requisitos normativos, como la imparcialidad e independencia, en concreto mediante el uso de la acreditación. Asimismo, el Programa debe apoyar también medidas para mejorar el sistema de acreditación europeo, en particular en nuevos ámbitos de las políticas, mediante el apoyo a la cooperación europea en materia de acreditación contemplada en el Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(15)

Dado que, con el desarrollo del comercio y los servicios de viajes en línea, los mercados de consumo no conocen fronteras, es importante garantizar que los consumidores que residen en la Unión puedan beneficiarse del mismo alto nivel de protección cuando se importan mercancías y servicios procedentes de operadores económicos radicados en terceros países, también si se adquieren en línea. Por tanto, el Programa debe permitir el apoyo a la cooperación con organismos pertinentes radicados en terceros países cuando sea necesario, por ejemplo, en lo que respecta al intercambio de información sobre productos no conformes.

(16)

Las autoridades públicas recurren a la contratación pública para garantizar una rentabilización óptima del dinero público gastado y para contribuir al establecimiento de un mercado interior más innovador, sostenible, inclusivo y competitivo. Ello incluye la aplicación de criterios de evaluación que no solo determinen la oferta económicamente más rentable, sino también la más ventajosa en términos de optimización del valor público, al adjudicar las licitaciones en función de la «mejor relación calidad-precio». Para que sea conforme con el Derecho de la Unión aplicable, deben tomarse en consideración los aspectos medioambientales, de comercio justo y sociales, y debe promoverse la división en lotes de las licitaciones relativas a grandes infraestructuras. Las Directivas 2014/23/UE (10), 2014/24/UE (11) y 2014/25/UE (12) del Parlamento Europeo y del Consejo proporcionan el marco jurídico para la integración y el funcionamiento eficaz de los mercados de contratación pública, que representan el 14 % del producto interior bruto de la Unión, para beneficio de las autoridades públicas, las empresas y los ciudadanos, incluidos los consumidores. Si se aplican adecuadamente, las normas de contratación pública son un instrumento fundamental para reforzar el mercado interior y estimular el crecimiento de las sociedades y el empleo en la Unión. Por tanto, el Programa debe apoyar medidas destinadas a garantizar un uso más extendido de la contratación pública estratégica, la profesionalización de los compradores del sector público, la simplificación y la mejora del acceso de las pymes a los mercados de contratación pública, en particular a través de servicios de asesoramiento y formación, un aumento de la transparencia, integridad y calidad de los datos, el impulso de la transformación digital de la contratación pública y el fomento de la contratación pública conjunta, todo ello mediante el fortalecimiento de un enfoque de colaboración con los Estados miembros, las mejoras en la recogida y análisis de datos, incluso a través del desarrollo de herramientas informáticas especializadas, así como el apoyo al intercambio de experiencias y buenas prácticas, la referencia a las normas europeas e internacionales, la impartición de orientaciones, la celebración de acuerdos comerciales ventajosos, el refuerzo de la cooperación entre autoridades nacionales y la puesta en marcha de proyectos piloto.

(17)

Con el fin de cumplir los objetivos del Programa y de facilitar la vida a los ciudadanos y las empresas, es necesario crear unos servicios públicos de alta calidad centrados en el usuario, cada vez más digitalizados y plenamente accesibles. Asimismo, es necesario impulsar los esfuerzos en materia de administración electrónica y de gobierno electrónico con unas garantías adecuadas de protección de datos y privacidad. Ello implica que las administraciones públicas consecuentemente se involucren en la creación de esos servicios públicos conjuntamente con los ciudadanos y las empresas. Además, el aumento continuo y sostenido de actividades transfronterizas en el mercado interior hace necesario disponer de información actualizada, precisa y fácil de entender sobre los derechos de las empresas y los ciudadanos. Esto supone que se tenga que presentar información simplificada que explique los trámites administrativos. Asimismo, es fundamental proporcionar asesoramiento jurídico y ayudar a resolver los problemas que se plantean a nivel transnacional. Para la consecución de dichos objetivos debe además prestarse apoyo a las autoridades públicas mediante, por ejemplo, la interconexión de las administraciones nacionales de manera simple y eficaz, el aporte de información y la promoción de los intercambios de información en torno a cómo funciona el mercado interior sobre el terreno. Las herramientas existentes de gobernanza del mercado interior ya desempeñan un papel importante a este respecto y deben seguir reforzándose en cuanto a calidad, visibilidad, transparencia y fiabilidad. Así pues, el Programa debe apoyar las siguientes herramientas existentes de gobernanza del mercado interior: el portal «Tu Europa», que debe convertirse en la columna vertebral de la futura pasarela digital única, «Tu Europa – Asesoramiento», SOLVIT, el Sistema de Información del Mercado Interior y el Cuadro de indicadores del mercado único.

(18)

El Programa debe apoyar el desarrollo del marco regulador de la Unión en los ámbitos del Derecho de sociedades, la gobernanza empresarial y el Derecho contractual, con vistas a lograr que las empresas, en particular las pymes, sean más eficientes y competitivas, sin dejar de proteger a las partes interesadas que resulten afectadas por las operaciones mercantiles, y con vistas a reaccionar a los retos que surjan en materia de políticas. También debe garantizar la evaluación, aplicación y garantía de cumplimiento adecuadas del acervo pertinente, informar y ayudar a las partes interesadas y promover el intercambio de información en este ámbito. El programa debe, asimismo, apoyar las iniciativas de la Comisión en favor de un marco jurídico claro y adaptado para la economía de los datos y la innovación. Estas iniciativas son necesarias para mejorar la seguridad jurídica con respecto a las obligaciones contractuales y extracontractuales, en particular por lo que respecta a la responsabilidad civil, la seguridad, la ética y la privacidad en el contexto de las tecnologías emergentes, como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica y la impresión en 3D. El Programa debe tratar de estimular el desarrollo de los negocios basados en datos, ya que estos serán decisivos para el rendimiento de la economía de la Unión en la competencia mundial.

(19)

El Programa también debe promover la implantación y aplicación correcta y plena por los Estados miembros del marco jurídico de la Unión para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y el desarrollo de políticas futuras para abordar nuevos retos en esos ámbitos. Asimismo, debe apoyar las actividades pertinentes de las organizaciones internacionales de interés europeo, como el Comité de expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, del Consejo de Europa.

(20)

El objetivo de realizar y desarrollar el mercado interior en el ámbito de los servicios financieros, la estabilidad financiera y la unión de los mercados de capitales, incluidas las finanzas sostenibles, depende en gran medida de las medidas estratégicas basadas en datos contrastados adoptadas por la Unión. Con el fin de alcanzar este objetivo, la Comisión debe desempeñar un papel activo en el seguimiento constante de los mercados financieros y la estabilidad financiera, evaluando la aplicación de la legislación de la Unión por parte de los Estados miembros, valorando si la legislación vigente es adecuada para el fin perseguido y, cuando surjan nuevos riesgos, detectando posibles ámbitos de actuación, todo ello con la participación permanente de las partes interesadas a lo largo de todo el ciclo estratégico. Estas actividades se basan en la elaboración de análisis, estudios, materiales de formación, encuestas, evaluaciones de conformidad, valoraciones y estadísticas de calidad, y se apoyan en sistemas informáticos y herramientas de comunicación.

(21)

El TFUE incluye un sistema de normas que garantiza que no se falsee la competencia en el mercado interior. El Programa debe contribuir a la política de competencia de la Unión, entre otros medios, mejorando y reforzando la cooperación con las redes y con las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales, e impulsando la cooperación internacional, así como velando por que llegue a un grupo más amplio de interesados la comunicación y la explicación de los derechos, ventajas y obligaciones de la política de competencia de la Unión. El Programa también debe ayudar a mejorar el análisis y la evaluación de la evolución del mercado, incluso mediante el uso de investigaciones sectoriales y otras herramientas de investigación de mercado, así como mediante un intercambio sistemático de información y de mejores prácticas en el marco de la Red Europea de Competencia. Esto debe contribuir a una competencia leal y una igualdad de condiciones, también a escala mundial, y a dotar a las empresas, en particular a las pymes, y a los consumidores de la capacidad que necesitan para aprovechar el mercado interior.

(22)

En particular, el Programa tiene que gestionar las implicaciones radicales para la competencia y el funcionamiento del mercado interior que se derivan de la transición ecológica y digital en curso del entorno económico y empresarial, en concreto a través del crecimiento exponencial de la cantidad de datos y de su utilización, teniendo en cuenta el recurso creciente a la inteligencia artificial, los algoritmos basados en macrodatos y otras herramientas y logros informáticos por las sociedades. Es esencial, asimismo, que el Programa apoye a las redes y fomente una cooperación mayor y más profunda con los Estados miembros y sus autoridades y órganos jurisdiccionales, dado que la competencia no distorsionada y el funcionamiento del mercado interior dependen enormemente de la actuación de estas entidades. Habida cuenta del particular papel que desempeña la política de competencia en la prevención del daño al mercado interior que resulta de la conducta anticompetitiva fuera de las fronteras de la Unión, el Programa también debe fomentar la cooperación con las autoridades de terceros países, según corresponda. Por último, es necesario ampliar las actividades de divulgación, para que un número mayor de ciudadanos y empresas aprovechen al máximo las ventajas de una competencia leal en el mercado interior. Esto debería apoyar los esfuerzos para demostrar mejor a los ciudadanos de la Unión los beneficios de la política de competencia de la Unión, incluso entablando una relación con representantes de grupos de la sociedad civil y con las partes interesadas pertinentes. Previsiblemente será necesaria flexibilidad en la ejecución de la parte del Programa dedicada a la competencia para responder a las necesidades cambiantes que se ven afectadas por la evolución dinámica y rápida de las condiciones de competencia en el mercado interior, difíciles de estimar en términos de ritmo y magnitud. Esto se refiere, en particular, a los avances relacionados con la digitalización, la inteligencia artificial, los algoritmos, los macrodatos, la ciberseguridad y la tecnología forense.

(23)

Es fundamental reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión, al tiempo que se garantizan unas condiciones efectivas de igualdad y un mercado interior abierto y competitivo. Las pymes son el motor de la economía de la Unión. Constituyen el 99,8 % del total de las empresas en la Unión, generan dos tercios del empleo y contribuyen considerablemente a la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad de dimensión regional y local en todos los sectores y, por tanto, a la creación de cohesión social. Las pymes son fundamentales para modernizar la industria y para la transformación ecológica y digital de la economía, incluida la consecución de la neutralidad climática. Por consiguiente, el Programa debe apoyar sus esfuerzos por aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y por desarrollar productos y servicios de alta calidad respetuosos con el medio ambiente. De esta forma, el Programa debe contribuir también a mejorar la competitividad de las pymes en el mercado mundial.

(24)

Las pymes comparten retos comunes que no afectan en la misma medida a las grandes empresas. Entre esos retos comunes figuran conseguir financiación, contratar mano de obra cualificada, reducir su carga administrativa, asimilar la creatividad y la innovación, entre otros medios a través de la contratación pública, y acceder a los mercados mundiales y a las cadenas de valor para desarrollar sus actividades de internacionalización. El Programa debe abordar estas deficiencias del mercado de manera proporcionada, sin falsear indebidamente la competencia en el mercado interior. El Programa también debe tener en cuenta las necesidades particulares de tipos específicos de pymes, como las microempresas, las pymes dedicadas a servicios y las pymes dedicadas a actividades artesanales, así como las pymes compuestas por trabajadores autónomos, los profesionales liberales y las empresas de la economía social. Las empresas de la economía social en la Unión incluyen diferentes tipos de empresas y entidades pertenecientes a la economía social, como cooperativas, mutualidades, asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, empresas sociales y otras formas de empresa. Dado que su principal objetivo es crear un valor compartido y un impacto social para las personas más que la obtención de beneficios, pueden actuar como motor de innovación social, gobernanza transparente y solidaridad, reinvirtiendo la mayoría de sus beneficios o excedentes en sus objetivos. También debe prestarse atención a las necesidades particulares de los potenciales nuevos emprendedores, como los emprendedores jóvenes y las emprendedoras, las personas mayores y las personas con discapacidad.

(25)

El Programa debe tener en cuenta a las pymes, tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (13). Para la aplicación del presente Reglamento por lo que respecta a las pymes, la Comisión debe consultar a todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las organizaciones públicas y privadas que representan a las pymes y las organizaciones de promoción del comercio de los Estados miembros.

(26)

El Programa debe apoyar y promover una cultura de la innovación, desarrollando ecosistemas industriales capaces de favorecer la creación de empresas y el crecimiento de las pymes, centrándose en todas las pymes capaces de responder a los retos de la transición ecológica y digital y de un entorno cada vez más competitivo y dinámico. El Programa debe tratar de apoyar el proceso de adopción de innovaciones mediante la promoción de nuevos modelos empresariales colaborativos, la creación de redes y la puesta en común de conocimientos y recursos, entre otros medios, a través de acuerdos de colaboración europeos entre agrupaciones empresariales y organizaciones de redes empresariales.

(27)

Al establecer los programas de trabajo para prestar apoyo a las pymes, deben tenerse en cuenta las disposiciones estratégicas de la estrategia para las pymes y de la iniciativa en favor de las pequeñas empresas (Small Business Act), así como el contexto en el que operan las pymes, tal como se describe en la evaluación del rendimiento de las pymes. Asimismo, debe prestarse atención a la red de representantes para las pymes.

(28)

Muchos de los problemas de competitividad que tiene la Unión están relacionados con las dificultades que afrontan las pymes para obtener acceso a financiación. Dichas dificultades surgen porque las pymes tienen que esforzarse por demostrar su solvencia y no disponen de activos suficientes como garantía en licitaciones (es decir, depósitos/fianzas), o porque tienen un escaso conocimiento de los mecanismos existentes destinados a apoyar sus actividades a nivel de la Unión, nacional o local. Otros retos de financiación surgen de la necesidad de las pymes de seguir siendo competitivas mediante la participación, entre otras, en actividades de adopción de innovaciones, digitalización e internacionalización, así como en la capacitación y reconversión de su mano de obra. El acceso limitado a la financiación tiene un efecto negativo en la tasa de creación, crecimiento y supervivencia de las empresas, así como en la disposición de los nuevos emprendedores para hacerse cargo de sociedades viables en el contexto de una sucesión empresarial.

(29)

La falta de cualificaciones es un obstáculo importante para el crecimiento empresarial en la Unión. Para fomentar el espíritu de emprendimiento en la Unión y apoyar el crecimiento de las pymes y su transición digital y ecológica, el Programa debe promover y facilitar el acceso de las pymes a los sistemas de capacitación y tutorización, y en particular el desarrollo de capacidades tecnológicas, empresariales y de gestión. De este modo, la Comisión debería coordinarse con las iniciativas emprendidas en otros programas de la Unión, nacionales y regionales para aumentar las sinergias y evitar duplicidades.

(30)

Para subsanar las deficiencias del mercado y para garantizar que las pymes, incluidas las empresas emergentes y las empresas emergentes en expansión, sigan desempeñando su papel como base de la competitividad de la economía de la Unión, las pymes necesitan recibir más ayuda en forma de instrumentos de deuda y de capital creados en el marco del eje de actuación para pymes del Fondo InvestEU establecido mediante el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo (14). El Instrumento de Garantía de Préstamo, establecido mediante el Reglamento (UE) n.o 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), presenta un valor añadido demostrado y se espera que aporte una contribución positiva a 500 000 pymes como mínimo. Podría incidirse más en aumentar el conocimiento de la disponibilidad del Programa para las pymes de InvestEU por parte de sus posibles beneficiarios.

(31)

Las acciones en el marco del Programa deben tratar de alcanzar sus objetivos estratégicos no solo mediante subvenciones, sino también facilitando el acceso a instrumentos financieros y garantías presupuestarias creadas en el marco del eje de actuación para pymes del Fondo InvestEU y deben reforzar sinergias con otros programas de la Unión. Todas las acciones deben tener un claro valor añadido de la Unión.

(32)

El Programa debe proporcionar ayuda eficaz a las pymes a lo largo de todo su ciclo de vida, prestando una asistencia que abarque desde la ayuda a las pymes para encontrar socios en proyectos conjuntos hasta la comercialización y el acceso al mercado, el desarrollo de capacidades y el fomento de la cooperación entre agrupaciones empresariales y organizaciones de redes empresariales. Debe apoyar también la transición ecológica y digital de las pymes y aprovechar los conocimientos y experiencia únicos desarrollados con respecto a las pymes, así como la amplia experiencia de colaboración con las partes interesadas regionales, nacionales y de la Unión. Esa ayuda debe basarse en la experiencia de la Red Europea para las Empresas como ventanilla única, para mejorar la competitividad de las pymes y desarrollar su negocio en el mercado interior y fuera de él. Dicha red sigue prestando servicios en nombre de otros programas de la Unión, en particular Horizonte Europa, establecido mediante el Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), utilizando los recursos financieros de esos programas. La Red también debe facilitar una mayor participación de las pymes en la preparación de las iniciativas relativas a la política del mercado interior, por ejemplo en lo tocante a contratación pública y los procesos de normalización. La Red debe mejorar la cooperación con los centros europeos de innovación digital del Programa Europa Digital, establecidos mediante el Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), y el centro de asesoramiento InvestEU. Además, el exitoso programa de tutorización «Erasmus para Jóvenes Emprendedores» debe seguir siendo la herramienta que permita a los emprendedores nuevos o aspirantes adquirir experiencia empresarial y de gestión mediante su puesta en relación con un emprendedor experimentado de otro país y las enseñanzas de este, para reforzar así su talento empresarial. El Programa debe ampliar la cobertura geográfica y ofrecer a los emprendedores una gama más amplia de posibilidades de puesta en relación, en complementariedad con otras iniciativas de la Unión cuando proceda.

(33)

Se deben realizar esfuerzos adicionales para reducir la carga administrativa y mejorar la accesibilidad a las iniciativas del Programa reduciendo los costes para las pymes de los complicados procedimientos de solicitud y los requisitos de participación. En este contexto, la Red debe ser el principal punto de información para las pymes interesadas en acceder a los fondos de la Unión, funcionar como ventanilla única y proporcionarles orientación adecuada. Es importante partir de la experiencia de las actuales medidas de apoyo a las pymes, al mismo tiempo que se mantiene una apertura a su adaptación habida cuenta de las cambiantes condiciones en las que operan las pymes en el mercado interior, en particular por lo que respecta a la digitalización y la carga normativa.

(34)

Dado que las agrupaciones empresariales ofrecen un entorno empresarial favorable y resiliente, constituyen una herramienta estratégica de apoyo a la competitividad y la expansión de las pymes. Pueden facilitar la transición ecológica y digital de la industria, incluidos los servicios, y reforzar el desarrollo económico de las regiones mediante la creación de crecimiento y empleo. Es importante que las iniciativas conjuntas de agrupaciones empresariales alcancen una masa crítica puesto que esto acelerará el crecimiento de las pymes. Conectando ecosistemas industriales especializados, las agrupaciones empresariales crean nuevas oportunidades empresariales para las pymes y las integran mejor en las cadenas de valor estratégicas de la Unión y mundiales. Debe prestarse ayuda al desarrollo de estrategias de colaboración transnacionales e interregionales, y a la realización de actividades conjuntas, con el apoyo de la Plataforma Europea sobre colaboración en agrupaciones y su Centro Europeo de Conocimiento sobre Utilización Eficiente de los Recursos. La ayuda también debe incluir el apoyo a las pymes para asociarse con pymes de terceros países. Debe fomentarse la colaboración sostenible manteniendo la financiación si se alcanzan hitos de rendimiento y participación. El apoyo directo a las pymes debe canalizarse por medio de organizaciones de agrupaciones empresariales en los casos siguientes: fomento de la adopción de tecnologías avanzadas, nuevos modelos empresariales, soluciones hipocarbónicas y eficientes en el uso de recursos, creatividad y diseño, mejora de capacidades, atracción de talento, aceleración del emprendimiento e internacionalización. Conviene que otros actores especializados en apoyar a las pymes se asocien a ese apoyo directo a las pymes con el fin de facilitar la transformación industrial y la implantación de estrategias de especialización inteligente. Por tanto, el Programa debe contribuir a los centros de innovación, en particular los centros de innovación digital, y establecer vínculos con ellos, y a las inversiones de la Unión realizadas en el marco de la política de cohesión y de Horizonte Europa. También se podrían explorar las sinergias con el Programa Erasmus+, establecido mediante el Reglamento (UE) XXXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo (18).

(35)

El Programa debe contribuir a reforzar la relación de las empresas, en particular las pymes, con las universidades, los centros de investigación y otras instituciones relacionadas con la creación y difusión de conocimientos. Esta relación puede ayudar a mejorar la capacidad de las empresas para abordar los desafíos estratégicos que plantea el nuevo entorno internacional.

(36)

Las pymes, debido a su menor tamaño, se enfrentan a obstáculos específicos al crecimiento. Les resulta especialmente difícil crecer y expandir algunas de sus actividades empresariales. Sobre la base del éxito y de las lecciones aprendidas, así como de las experiencias del instrumento para las pymes y de los proyectos de agrupaciones empresariales de la Unión para las nuevas cadenas de valor industrial en el marco de Horizonte 2020, establecido mediante el Reglamento (UE) n.o 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), el Programa debe apoyar la ampliación de las actividades de las pymes en todas las fases cruciales de su desarrollo, incluido el apoyo a la internacionalización, la adopción de innovaciones y de actividades de comercialización. Este apoyo complementaría el apoyo del Consejo Europeo de Innovación en el marco de Horizonte Europa, que se centrará principalmente en innovación radical y disruptiva, y, por tanto, en las pymes innovadoras, centrándose especialmente en la innovación creadora de mercados, apoyando al mismo tiempo todos los tipos de innovación, incluida la innovación gradual.

(37)

La creatividad y todas las formas de innovación, incluida la mejora de la eficiencia energética y de los recursos, son cruciales para la competitividad de las cadenas de valor industrial de la Unión. Son catalizadores de la modernización de los sectores empresarial e industrial y contribuyen al crecimiento sostenible inclusivo e inteligente. Sin embargo, las pymes todavía van a la zaga en este ámbito. Por tanto, el Programa debe apoyar acciones, redes y acuerdos de colaboración específicos para impulsar una innovación orientada a la creatividad para permitir a las pymes encauzar la transición ecológica y digital a lo largo de todas las cadenas de valor y ecosistemas industriales.

(38)

Las normas europeas desempeñan un papel importante en el mercado interior. Su interés es vital para la competitividad de las empresas, en particular de las pymes. Las normas europeas también constituyen una herramienta fundamental de apoyo a la legislación y las políticas de la Unión en varios ámbitos clave que tratan de impulsar la transición ecológica y digital, como la energía, el cambio climático y la protección del medio ambiente, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, el uso sostenible y el reciclado de los recursos, la innovación, la seguridad de los productos, la protección de los consumidores, la seguridad de los trabajadores y las condiciones laborales, y el envejecimiento de la población, por lo que aportan una contribución positiva a la sociedad en su conjunto. Para aprovechar al máximo su contribución, la experiencia ha demostrado que es necesario elaborar las normas con mayor rapidez y puntualidad y redoblar los esfuerzos con el fin de implicar de manera más acertada a las partes interesadas pertinentes, incluidas aquellas que representan a los consumidores.

(39)

Las actividades de normalización europea se rigen por el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) y se desarrollan a través de un acuerdo de colaboración público-privada de larga duración que es fundamental para lograr los objetivos establecidos en dicho Reglamento, así como los de las políticas de normalización generales y sectoriales de la Unión.

(40)

Un marco común de información financiera y no financiera que funcione adecuadamente es esencial para el mercado interior, el funcionamiento eficaz de los mercados financieros y la realización del mercado integrado de servicios financieros en el contexto de la unión bancaria y de la unión de los mercados de capitales.

(41)

De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (21), las normas internacionales de información financiera (NIIF) adoptadas por el Consejo de normas internacionales de contabilidad y las interpretaciones correspondientes del comité de interpretaciones de las NIIF deben incorporarse al Derecho de la Unión para ser aplicadas por las sociedades cuyos valores coticen en un mercado regulado de la Unión solo si dichas normas cumplen los requisitos establecidos en el referido Reglamento, incluido el requisito de que las cuentas ofrezcan una «imagen fiel» previsto en la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (22), y si favorecen el interés público europeo. Las normas internacionales de contabilidad deben elaborarse de forma transparente y bajo control democrático. Así pues, las NIIF desempeñan un papel esencial en el funcionamiento del mercado interior, por lo que la Unión tiene un interés directo en garantizar que del proceso a través del cual se elaboran y adoptan surjan unas normas acordes con los requisitos del marco jurídico del mercado interior. Por consiguiente, es importante implantar en el Programa un sistema adecuado de financiación de la Fundación NIIF.

(42)

Habida cuenta del papel que desempeña el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) en el análisis de si las NIIF cumplen los requisitos del Derecho y las políticas de la Unión establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1606/2002, también es necesario que la Unión garantice al EFRAG una financiación estable y, por tanto, que contribuya a esa financiación a través del Programa. La labor técnica del EFRAG debe centrarse en el asesoramiento técnico a la Comisión sobre la adopción de las NIIF, así como sobre el nivel adecuado de participación de la Unión en el proceso de desarrollo de estas, y en velar por que los intereses de la Unión sean debidamente tenidos en cuenta en el proceso internacional de fijación de normas. Entre esos intereses deben estar el concepto de «prudencia» y el mantenimiento de los requisitos de «imagen fiel», establecido en la Directiva 2013/34/UE, y de interés público europeo, establecido en el Reglamento (CE) n.o 1606/2002, teniendo debidamente en cuenta el impacto de las NIIF en la estabilidad financiera y la economía. Se ha creado el Laboratorio Europeo de Información Corporativa en el marco del EFRAG, con el fin de promover la innovación y el desarrollo de las mejores prácticas en la elaboración de informes corporativos. Ofrece un foro en el que las sociedades y los inversores pueden compartir las mejores prácticas, en particular en el ámbito de la información no financiera y de sostenibilidad. Sobre la base de este trabajo, el EFRAG también debe contribuir al desarrollo de normas de información no financiera.

(43)

En el ámbito de la auditoría legal, en 2005 el Grupo de Supervisión creó el Consejo Internacional de Supervisión Pública (PIOB), organización internacional responsable de supervisar la reforma de la gobernanza de la Federación Internacional de Contables (IFAC). La función del PIOB consiste en supervisar el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y desarrollar otras actividades de interés público de la IFAC. Las NIA pueden adoptarse para ser aplicadas en la Unión, siempre que, en particular, hayan sido desarrolladas siguiendo el procedimiento, la supervisión pública y la transparencia apropiados, de conformidad con la obligación impuesta en el artículo 26 de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (23). Por tanto, teniendo en cuenta la introducción de las NIA en la Unión y el papel fundamental del PIOB en garantizar que cumplan los requisitos establecidos en la Directiva 2006/43/CE, es importante establecer en el Programa un sistema adecuado de financiación del PIOB.

(44)

La Unión contribuye a garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, a capacitarlos y a situarlos en el núcleo del mercado interior apoyando y complementando las políticas de los Estados miembros, con la finalidad de garantizar que los ciudadanos, en su faceta de consumidores, puedan disfrutar plenamente de las ventajas del mercado interior, y que al hacerlo su seguridad y sus intereses jurídicos y económicos gocen de la protección adecuada, por medio de actuaciones concretas. También es necesario que la Unión garantice el cumplimiento adecuado y homogéneo sobre el terreno de la legislación en materia de seguridad de los consumidores y de los productos, y que las empresas disfruten de unas condiciones de igualdad y que, por tanto, la competencia en el mercado interior sea leal. Por otro lado, es necesario capacitar, animar y ayudar a los consumidores a realizar elecciones de manera sostenible y con conocimiento de causa, contribuyendo así a una economía sostenible, circular y eficiente en el uso de los recursos y la energía.

(45)

El Programa debe aspirar a concienciar a los consumidores, las empresas, los representantes de la sociedad civil y las autoridades acerca de la legislación de la Unión sobre seguridad y consumo. Asimismo, debe capacitar a los consumidores y a las organizaciones que los representan a nivel nacional y de la Unión. Debe hacerlo, en particular, mediante el apoyo a la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, BEUC), organización no gubernamental que goza de una larga tradición y de un excelente reconocimiento como representante de los intereses de los consumidores en relación con todas las políticas pertinentes de la Unión, lo cual ha permitido que dicha organización desarrolle y mejore las sinergias con objeto de fortalecer la defensa de los consumidores. También debe hacerlo, en concreto, mediante el apoyo a la Asociación Europea para la Coordinación de la Representación de los Consumidores en la Normalización (ANEC), que representa los intereses de los consumidores en relación con asuntos de normalización. En este sentido, debe prestarse especial atención a las nuevas necesidades del mercado por lo que respecta al fomento del consumo sostenible insistiendo especialmente en las acciones que combatan las prácticas de obsolescencia programada que resulten engañosas y otras prácticas engañosas como las falsas afirmaciones de responsabilidad medioambiental, mediante la mejora de la información que se facilita a los consumidores en materia de durabilidad y reparabilidad de los productos. Debe prestarse también especial atención a la prevención de las vulnerabilidades y a hacer frente a los retos derivados de la digitalización de la economía, en relación, por ejemplo, con los productos conectados, el internet de las cosas, la inteligencia artificial y el uso de algoritmos, y del desarrollo de nuevos patrones de consumo y modelos empresariales. El Programa debe apoyar acciones para el desarrollo de información pertinente sobre mercados, incluida la publicación de los cuadros de indicadores de consumo de la Unión.

(46)

Asimismo, el Programa debe apoyar a las autoridades nacionales competentes, en particular a las responsables del seguimiento de la seguridad de los productos, que cooperan principalmente a través del sistema de alerta rápida para productos peligrosos de la Unión. También debe apoyar la garantía de cumplimiento de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (24) y del Reglamento (CE) n.o 765/2008, relativos a la protección de los consumidores y la seguridad de los productos, e impulsar la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores y la cooperación internacional entre las autoridades pertinentes de terceros países y de la Unión. El Programa también debe estar dirigido a garantizar el acceso de todos los consumidores y comerciantes a mecanismos de resolución de litigios extrajudiciales y en línea de calidad y a información sobre el proceso de participación en acciones resarcitorias.

(47)

El Programa también debe apoyar la Red de Centros Europeos del Consumidor, que ayuda a los consumidores a disfrutar de los beneficios de sus derechos como consumidores de la Unión cuando compran productos o servicios en otro país dentro del mercado interior o del Espacio Económico Europeo, ya sea en línea o con ocasión de un viaje. Esta red, que consta de veintinueve centros y lleva más de quince años cofinanciándose a través de los programas de la Unión en materia de consumidores, ha demostrado que aporta valor añadido a la hora de reforzar la confianza de los consumidores y los comerciantes en el mercado interior. Tramita más de 120 000 peticiones de consumidores al año y llega a millones de ciudadanos a través de sus actividades de prensa e información en línea. Es una de las redes de asistencia a los ciudadanos más valoradas de la Unión, la mayoría de sus centros albergan puntos de contacto que ofrecen asesoramiento en materia de Derecho del mercado interior, como la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (25). Las evaluaciones han hecho hincapié en la importancia de que los centros sigan operando. La Red de Centros Europeos del Consumidor puede ser también una fuente importante de información sobre los retos y problemas a los que se enfrentan los consumidores a nivel local que son pertinentes para la elaboración de las políticas de la Unión y para la protección de los intereses de los consumidores. También existen planes para que esta red establezca acuerdos de reciprocidad con organismos similares en terceros países.

(48)

Se han adoptado las Directivas 98/6/CE (26), 2005/29/CE (27), 2011/83/UE (28), (UE) 2019/2161 (29), y (UE) 2020/1828 (30) del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de garantizar, entre otros aspectos, el trato igualitario de los consumidores en todo el mercado interior en relación con asuntos transfronterizos, tales como la venta de productos no conformes en el sector de los vehículos de motor, las normas de calidad dual de los productos o los problemas que afectan a los pasajeros en caso de cancelaciones o grandes retrasos de los vuelos. Se proponen también reforzar las capacidades de los Estados miembros como garantes del cumplimiento, la mejora de la seguridad de los productos y el aumento de la cooperación internacional y nuevas posibilidades de resarcimiento, en particular a través de acciones de representación por entidades habilitadas. En mayo de 2017, la Comisión llevó a cabo un control de adecuación de la normativa en materia de consumo y comercialización de la Unión que puso de manifiesto la necesidad de mejorar la garantía de cumplimiento de las normas y facilitar el resarcimiento cuando los consumidores hayan resultado perjudicados como consecuencia de una infracción. En vista a dicho control de adecuación, debe ser prioritario apoyar la plena aplicación de dichas Directivas y acciones y promover una garantía de cumplimiento transfronteriza.

(49)

Los ciudadanos resultan particularmente afectados por el funcionamiento de los mercados financieros y, por tanto, deben recibir más información sobre los derechos, riesgos y beneficios pertinentes. Los mercados financieros constituyen un componente clave del mercado interior y requieren un marco sólido de regulación y supervisión, que no solo garantice estabilidad financiera y una economía sostenible, sino que proporcione también un elevado nivel de protección de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros, como son los inversores minoristas, los ahorradores, los titulares de una póliza de seguros, los miembros y beneficiarios de un fondo de pensiones, los accionistas individuales, los prestatarios o las pymes. El Programa debe contribuir a mejorar la capacidad de consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros de participación en la elaboración de políticas, en particular mediante la elaboración y la difusión de información clara, completa y de fácil uso sobre los productos que se ofrecen en los mercados financieros.

(50)

Por tanto, el programa debe seguir apoyando las actividades específicas cubiertas por el programa de desarrollo de capacidades 2017-2020 para el fomento de la participación de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros en la formulación de políticas de la Unión, establecido en el Reglamento (UE) 2017/826 del Parlamento Europeo y del Consejo (31), y que es continuación del proyecto piloto y la acción preparatoria de los ejercicios 2012-2017. Ello es necesario para garantizar que los responsables de la elaboración de políticas conozcan las opiniones de las partes interesadas distintas de los profesionales del sector financiero y para garantizar una mejor representación de los intereses de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros. El Programa debe desarrollar continuamente su metodología y sus mejores prácticas sobre cómo aumentar la participación de los consumidores y los usuarios finales de servicios financieros con el fin de identificar las cuestiones pertinentes para la formulación de políticas de la Unión y velar por que se protejan los intereses de los consumidores en el ámbito de los servicios financieros. El resultado ha de mejorar las políticas en materia de servicios financieros, particularmente aquellas dirigidas a fomentar una mejor comprensión general de las cuestiones que se plantean en la normativa financiera y una mayor cultura en materia de finanzas.

(51)

En el contexto del proyecto piloto y de la acción preparatoria para los ejercicios 2012 a 2017, la Comisión concedió subvenciones a dos organizaciones a raíz de una convocatoria abierta de propuestas de carácter anual. Las dos organizaciones son Finance Watch, creada con subvenciones de la Unión en 2011 como asociación internacional sin ánimo de lucro al amparo del Derecho belga, y Better Finance, que es el resultado de sucesivas reorganizaciones y cambios de nombre de varias federaciones de inversores y socios que existían previamente en Europa desde 2009. En el programa de desarrollo de capacidades establecido con arreglo al Reglamento (UE) 2017/826 figuran esas dos organizaciones como las únicas beneficiarias. Por tanto, es necesario seguir cofinanciándolas en el contexto del Programa. No obstante, esta financiación debe estar sujeta a una evaluación exhaustiva de la eficacia e impacto alcanzados en aras de la consecución de los objetivos perseguidos. En este sentido, si surgieran otros beneficiarios potenciales, que tuvieran por objetivos y actividades primordiales representar los intereses de los consumidores y otros usuarios finales a nivel de la Unión y que, por su composición, demostrasen una amplia cobertura en términos geográficos y de abanico de intereses, la convocatoria de solicitudes debería ampliarse a ellos.

(52)

Para proteger a los consumidores y para que el mercado interior pueda operar de manera eficiente, es necesario un elevado nivel de protección de la salud en el ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y los piensos. Una cadena de suministro alimentario segura y sostenible es un requisito previo tanto para el funcionamiento de la sociedad y del mercado interior. Es de vital importancia prevenir las crisis sanitarias y las alarmas alimentarias transfronterizas, por cuanto perturban el funcionamiento del mercado interior, al limitar la circulación de personas y mercancías y afectan a la producción y el consumo. Por ende, el Programa debe apoyar acciones específicas, como la implantación de medidas de emergencia en caso de crisis que afecten a la salud animal o vegetal.

(53)

El objetivo general del Derecho de la Unión en el ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y los piensos es garantizar un elevado nivel de salud para las personas, los animales y los vegetales a lo largo de la cadena alimentaria, fomentar la mejora del bienestar de los animales y contribuir a lograr un elevado nivel de protección y de información de los consumidores y un elevado nivel de protección del medio ambiente, incluso para la conservación de la biodiversidad y teniendo en cuenta las situaciones causadas por las posibles repercusiones del cambio climático en los Estados miembros, sin dejar de mejorar la sostenibilidad de la producción de alimentos y piensos y de contribuir a la seguridad alimentaria y a la asequibilidad de los precios, reducir el desperdicio de alimentos, aumentar los niveles de calidad de los productos en toda la Unión, y potenciar la competitividad de la industria de alimentos y piensos de la Unión y la creación de empleo, también mediante la estimulación de la investigación y la innovación.

(54)

Habida cuenta de la naturaleza específica de las acciones destinadas a lograr un elevado nivel de salud para las personas, los animales y los vegetales, es necesario establecer unos criterios de admisibilidad especiales por lo que respecta a la concesión de subvenciones y al recurso a la contratación pública en el presente Reglamento. En particular, como excepción al principio de no retroactividad dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (32) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»), los gastos correspondientes a las medidas de emergencia, debido a su naturaleza urgente e imprevisible, deben ser subvencionables e incluir también los gastos derivados de la presunta aparición de una enfermedad o de presencia de una plaga, siempre que la enfermedad o la plaga se confirmen posteriormente y se notifiquen a la Comisión. La Comisión debe efectuar los correspondientes compromisos presupuestarios y el pago de los gastos admisibles, tras la firma de los compromisos jurídicos y previa evaluación de las solicitudes de pago presentadas por los Estados miembros. También deben ser subvencionables los gastos de las medidas de vigilancia, prevención y protección adoptadas en caso de amenaza directa a la situación sanitaria de la Unión como resultado de la aparición o el desarrollo, en el territorio de un tercer país o Estado miembro, o en sus países y territorios de ultramar, de determinadas enfermedades de los animales o zoonosis, así como de las medidas de protección adoptadas en apoyo de la situación fitosanitaria en la Unión u otras actividades pertinentes desarrolladas con ese fin.

(55)

Habida cuenta de la creciente globalización del ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y los piensos, los controles oficiales efectuados por los Estados miembros son una herramienta esencial para comprobar y hacer el seguimiento de la aplicación, el cumplimiento y la garantía de cumplimiento de los requisitos de la Unión pertinentes, en particular por lo que respecta a las importaciones. La eficacia y la eficiencia de los sistemas de control oficiales es fundamental para mantener un elevado nivel de seguridad a lo largo de la cadena alimentaria, así como la confianza de los consumidores, al mismo tiempo que se garantiza un elevado nivel de protección del medio ambiente y el bienestar animal. Estas medidas de control deben contar con apoyo financiero de la Unión. En particular, debe concederse una contribución financiera a los laboratorios de referencia de la Unión Europea para ayudarles a sufragar los costes derivados de la ejecución de los programas de trabajo aprobados por la Comisión; dicha contribución puede ponerse a disposición de los laboratorios nacionales de referencia en materia de fitosanidad y sanidad animal, los cuales, según el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo (33), deben beneficiarse de recursos financieros adecuados facilitados por los Estados miembros, a condición de que se pueda mostrar claramente que las acciones realizadas representan un valor añadido de la Unión y de que el Programa disponga de los fondos necesarios para apoyar a dichas acciones. Por otra parte, dado que la eficacia de los controles oficiales depende también de que las autoridades de control dispongan de personal bien preparado con un conocimiento adecuado del Derecho de la Unión, esta debe poder contribuir a su formación y a los programas de intercambio pertinentes organizados por las autoridades competentes.

(56)

La resistencia a los antimicrobianos es un problema sanitario cada vez mayor en la Unión y en todo el mundo. Por consiguiente, debe ser posible cofinanciar en el marco del Programa medidas de apoyo a la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos.

(57)

Para la toma de decisiones basada en datos contrastados, es fundamental contar con unas estadísticas europeas de calidad desarrolladas, elaboradas y difundidas en el marco del Programa con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 223/2009. Estas estadísticas deben estar disponibles a tiempo y contribuir a la aplicación de las políticas de la Unión a que se refiere el TFUE, en particular por lo que respecta al refuerzo y la integración de la gobernanza económica, la cohesión social, económica y territorial, el desarrollo sostenible, la política agrícola, la dimensión social de Europa y la globalización.

(58)

Las estadísticas europeas son indispensables para la toma de decisiones de la Unión y para medir los resultados y el impacto de las iniciativas de esta. Por tanto, es importante garantizar el suministro y desarrollo continuados de estadísticas europeas, por medio de un enfoque a escala de la Unión que vaya más allá de la perspectiva del mercado interior, con el fin de englobar todas las actividades y políticas de la Unión, incluidas la capacitación de las empresas y los ciudadanos para la toma de decisiones fundadas.

(59)

Habida cuenta de su carácter horizontal, el marco para el desarrollo, la elaboración y la difusión de las estadísticas europeas a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 223/2009 está sujeto a requisitos específicos, y en particular a los establecidos en dicho Reglamento, en relación con el respeto de los principios estadísticos, así como el funcionamiento del sistema estadístico europeo y su gobernanza, incluidas la función y las tareas asignadas al Comité del Sistema Estadístico Europeo y a la Comisión (Eurostat), y el establecimiento y la ejecución de la programación de las actividades estadísticas.

(60)

La parte del proyecto del Programa relativa al marco para desarrollar, elaborar y difundir estadísticas europeas ha sido sometida al examen previo del Comité del Sistema Estadístico Europeo de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 223/2009.

(61)

La Unión y los Estados miembros se han comprometido a estar entre los primeros en poner en práctica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas. Al contribuir a la aplicación de la Agenda 2030, la Unión y los Estados miembros van a impulsar una Europa más fuerte, más sostenible, más inclusiva, más segura y más próspera. El Programa debe contribuir a la aplicación de la Agenda 2030, entre otros medios, equilibrando los aspectos económico, social y medioambiental del desarrollo sostenible y, a tal fin, demostrando un compromiso claro e inequívoco con la integración general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(62)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París adoptado con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Programa pretende contribuir a integrar las acciones por el clima en las políticas de la Unión y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto de la Unión a respaldar los objetivos climáticos. En este contexto, las acciones pertinentes deben determinarse durante la preparación y la ejecución del Programa, y valorarse de nuevo en el contexto de las evaluaciones y de los procesos de revisión correspondientes. En este contexto, el Programa debe prestar apoyo a las actividades que respeten las normas en materia de clima y medio ambiente y las prioridades de la Unión, y que no causen un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales en el sentido del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (34).

(63)

El presente Reglamento establece una dotación financiera para el Programa, que debe constituir el importe de referencia privilegiado, en el sentido del punto 18 del Acuerdo interinstitucional, de 16 de diciembre de 2020, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (35), para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(64)

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (36) establece la cooperación en los ámbitos objeto del Programa entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio que participan en el Espacio Económico Europeo (EEE), por otra. También debe ser posible abrir el Programa a la participación de los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, los países de la política europea de vecindad y otros terceros países. Además, en el ámbito de las estadísticas europeas, el Programa debe estar abierto a la participación de Suiza de conformidad con el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre cooperación en el ámbito de la estadística (37).

(65)

Los terceros países miembros del EEE pueden participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que prevé la ejecución de los programas sobre la base de una decisión adoptada en virtud de dicho Acuerdo. Los terceros países también pueden participar sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Debe introducirse en el presente Reglamento una disposición específica que obligue a los terceros países a conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas ejerzan plenamente sus competencias respectivas.

(66)

El Reglamento Financiero es aplicable al presente Programa. El Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos.

(67)

Las acciones realizadas en el marco de los programas y líneas presupuestarias que antecedieron a estos han demostrado ser adecuadas y deben mantenerse. El objetivo de las nuevas acciones introducidas en el marco del Programa es, en particular, reforzar el buen funcionamiento del mercado interior. En aras de una mayor simplicidad y flexibilidad en la ejecución del Programa, y para alcanzar sus objetivos de manera más adecuada, las acciones deben definirse solo en términos de categorías genéricas globales. También deben incluirse en el Programa listas de actividades indicativas relacionadas con objetivos específicos en los ámbitos de la competitividad y la protección de los consumidores o actividades específicas derivadas de requisitos normativos, como actividades específicas en los ámbitos de la normalización, la vigilancia del mercado, el ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y los piensos y las estadísticas europeas.

(68)

Es necesario especificar determinadas categorías de entidades que puedan optar a financiación, así como aquellas entidades que hayan de poder optar a financiación sin convocatoria de propuestas.

(69)

Dada la creciente interconectividad y digitalización de la economía mundial, el Programa ha de seguir ofreciendo la posibilidad de que intervengan en algunas actividades expertos externos tales como funcionarios de terceros países, representantes de organizaciones internacionales u operadores económicos.

(70)

Es necesario indicar criterios específicos relativos a las normas de cofinanciación y los gastos subvencionables. Dado que puede ser necesario financiar íntegramente los gastos subvencionables para ciertos objetivos específicos, debe ser posible establecer excepciones al artículo 190 del Reglamento Financiero.

(71)

Con arreglo al artículo 193, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento Financiero, las acciones ya iniciadas solo pueden ser subvencionadas cuando el solicitante pueda demostrar la necesidad de comenzar la acción antes de la firma del convenio de subvención. Si bien en tales casos los gastos en que se haya incurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención en principio no se no se considerarían subvencionables, esto debe ser excepcionalmente posible habida cuenta del retraso en la entrada en vigor del presente Programa y a fin de evitar perturbaciones en el apoyo prestado por la Unión que pudieran perjudicar a los intereses de la Unión. Por tanto, cuando sea necesario para garantizar la continuidad y por un tiempo limitado al inicio del período del marco financiero plurianual 2021-2027, los gastos relativos a una acción ya iniciada deben ser subvencionables a partir del 1 de enero de 2021, aunque dichos gastos se hayan efectuado antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención. Por las mismas razones y en las mismas condiciones y como excepción al artículo 193, apartado 4, del Reglamento Financiero, los gastos en que se haya incurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención deben ser subvencionables en el caso de subvenciones de funcionamiento.

(72)

En consonancia con el compromiso de la Comisión establecido en su Comunicación de 19 de octubre de 2010 titulada «Revisión del presupuesto de la UE», y en aras de la coherencia y la simplificación de los programas de financiación, si las acciones previstas en el marco del Programa persiguen objetivos comunes a varios instrumentos de financiación de la Unión, deben compartirse los recursos con otros instrumentos de financiación, excluyendo, no obstante, la doble financiación.

(73)

El Programa debe contribuir a la ayuda global destinada a las necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas y a su integración en el mercado interior, como volvió a quedar confirmado recientemente en la Comunicación de la Comisión titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea».

(74)

El Programa debe promover las sinergias, si bien evitando duplicidades con programas y acciones de la Unión afines. Las acciones en el marco del Programa deben complementar las de los programas Aduanas y Fiscalis, establecidos mediante el Reglamento (UE) 2021/444 del Parlamento Europeo y del Consejo (38) y mediante un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establezca el programa «Fiscalis» para la cooperación en el ámbito de la fiscalidad respectivamente, cuyo objetivo es también apoyar y mejorar el funcionamiento del mercado interior.

(75)

El Programa debe promover sinergias y complementariedades, así como la adicionalidad, con respecto a la ayuda a las pymes y el emprendimiento en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional establecido mediante un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión. Por otra parte, el eje de actuación para pymes del Fondo InvestEU va a garantizar la ayuda por medio de instrumentos de deuda y de capital para mejorar el acceso y la disponibilidad de financiación para las pymes. El Programa también debe buscar sinergias con el Programa Espacial establecido mediante el Reglamento (UE) 2021/696 del Parlamento Europeo y del Consejo (39), con el fin de animar a las pymes a beneficiarse de la innovación radical y otras soluciones desarrolladas en el marco de dicho programa.

(76)

El Programa debe promover las sinergias con Horizonte Europa, que pretende promover la investigación y la innovación. Tales sinergias deben abordar, en particular, la complementariedad con las acciones del futuro Consejo Europeo de Innovación para las sociedades innovadoras y la ayuda a los servicios para pymes, en particular a través de la Red Europea para las Empresas.

(77)

El Programa debe promover las sinergias y complementariedades con respecto al Programa Europa Digital, cuyo objetivo es promover la digitalización de la economía de la Unión y el sector público, mejorando al mismo tiempo la ciberseguridad.

(78)

Además, el Programa también debe buscar sinergias con el Programa Justicia, establecido mediante el Reglamento (UE) 2021/693 del Parlamento Europeo y del Consejo (40), cuyo objetivo es apoyar la profundización en el desarrollo del Espacio Europeo de Justicia en aras de la eficacia de los sistemas nacionales de justicia, puesto que ello es clave para permitir la creación de una economía de la Unión justa y eficaz en relación con los costes.

(79)

El Programa debe promover las sinergias con el Programa Erasmus+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, establecido mediante el Reglamento (UE) XXXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo (41) y el Fondo Social Europeo Plus, establecido mediante un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el ámbito de la movilidad laboral y juvenil, que es esencial para el buen funcionamiento del mercado interior.

(80)

Por último, las acciones como las medidas veterinarias y fitosanitarias en caso de crisis zoosanitarias y fitosanitarias, podrían complementarse con intervenciones basadas en el mercado procedentes de la programación de la política agrícola común de la Unión.

(81)

Las acciones ejecutadas en el marco del Programa deben tener un claro valor añadido de la Unión y destinarse a subsanar las deficiencias del mercado o a mejorar las situaciones de inversión mejorables, de manera proporcionada, sin duplicidades ni desplazamientos de la financiación privada.

(82)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (42). Debe utilizarse el procedimiento consultivo para la adopción de los programas de trabajo que ejecuten las acciones que contribuyan a la capacitación de los consumidores. Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de actos de ejecución relacionados con las acciones que contribuyan a la competitividad de las pymes y para la adopción de actos de ejecución relacionados con los programas de trabajo que ejecuten las acciones que contribuyan a lograr un elevado nivel de salud para las personas, los animales y los vegetales, así como para establecer porcentajes de cofinanciación más bajos cuando sea necesario para las acciones relativas a las medidas de emergencia veterinarias y fitosanitarias y los programas nacionales veterinarios y fitosanitarios anuales y plurianuales, así como para la adopción de actos de ejecución relacionados con los programas de trabajo que ejecutan las acciones que contribuyen a la seguridad de los alimentos y los piensos.

(83)

Cuando puedan lograrse sinergias entre objetivos específicos del Programa, las disposiciones necesarias podrían ejecutarse en un programa de trabajo conjunto.

(84)

Las formas de financiación de la Unión y los métodos de ejecución del Programa deben elegirse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos específicos de las acciones y para obtener resultados, teniendo en cuenta, en particular, el valor añadido europeo, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo esperado de incumplimiento. Ello debe incluir que se considere la utilización de sumas a tanto alzado, tipos fijos y costes unitarios, así como una financiación no vinculada a los costes, tal como se contempla en el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(85)

A fin de garantizar el seguimiento y la elaboración de informes periódicos sobre los progresos en la eficacia y la eficiencia del Programa, debe implantarse desde el inicio un marco adecuado de seguimiento de las acciones y los resultados del Programa. Tanto el seguimiento como la elaboración de informes deben basarse en indicadores que midan los efectos de las acciones realizadas en el marco del Programa en comparación con unos valores de referencia predefinidos.

(86)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (43), el presente Programa debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del Programa en la práctica. La Comisión debe elaborar un informe de evaluación intermedia sobre el logro de los objetivos de las acciones financiadas en el marco del Programa, los resultados y repercusiones, la eficiencia en el uso de los recursos y su valor añadido de la Unión, así como un informe de evaluación final sobre las repercusiones, los resultados y la sostenibilidad de las acciones a largo plazo y las sinergias con otros programas.

(87)

Para hacer un seguimiento del apoyo a las pymes, el Programa debe utilizar indicadores de rendimiento mensurables. A reserva de disponibilidad de información y cuando proceda, dichos indicadores deben medir los resultados y repercusiones alcanzados por el Programa en relación con objetivos específicos y grupos destinatarios concretos (por ejemplo, mujeres, jóvenes y personas mayores). En particular, al hacer el seguimiento, es importante medir el apoyo a la transición ecológica y digital, la internalización y la innovación. Además, el seguimiento debe tomar en consideración indicadores contextuales, que no midan el rendimiento del Programa, sino que ofrezcan una visión general del entorno en el que operan las pymes.

(88)

Debe establecerse una lista no exhaustiva de enfermedades de los animales y zoonosis para las que se pueda optar a financiación en el marco de medidas de emergencia y de programas de erradicación, control y vigilancia sobre la base de las enfermedades de los animales que figuran en el Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (44), en el Reglamento (CE) n.o 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (45), en la Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (46) y en el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo (47).

(89)

Con el fin de tener en cuenta las situaciones causadas por enfermedades de los animales que hayan tenido un impacto significativo en la producción o el comercio de ganado, el desarrollo de zoonosis que supongan una amenaza para los seres humanos o los nuevos avances científicos o epidemiológicos, así como las enfermedades de los animales que puedan constituir una nueva amenaza para la Unión, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del TFUE, con el fin de modificar la lista de enfermedades de los animales y zoonosis. A fin de tener en cuenta la evolución futura por lo que respecta a las entidades a las que se puede conceder una subvención en el marco del Programa en relación con la representación de los intereses de los consumidores a nivel de la Unión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la modificación de la lista de dichas entidades. Con el fin de garantizar la evaluación eficaz de los progresos del Programa en la consecución de sus objetivos, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del TFUE, con el fin de modificar, cuando sea necesario, la lista de indicadores utilizados para medir los logros de los objetivos específicos y así como para completar el presente Reglamento mediante el establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. También se debería consultar a las partes interesadas y a las asociaciones de consumidores. A fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(90)

En virtud de la Decisión 2013/755/UE del Consejo (48), las personas y entidades establecidas en los países o territorios de ultramar pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del Programa y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate.

(91)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (49) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (50), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (51) y (UE) 2017/1939 (52) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la OLAF está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (53). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(92)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del TFUE. Dichas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, premios, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(93)

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (54) rige el tratamiento de datos personales en los Estados miembros en el contexto del presente Reglamento bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros. El Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (55) rige el tratamiento de datos personales por parte de la Comisión en el marco del presente Reglamento bajo la supervisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Todo intercambio o transmisión de información por parte de las autoridades competentes debe cumplir las normas sobre transferencia de datos personales establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 y todo intercambio o transmisión de información por parte de la Comisión debe cumplir las normas sobre transmisión de datos personales establecidas en el Reglamento (UE) 2018/1725.

(94)

El Reglamento (CE) n.o 223/2009 establece las normas para la elaboración de estadísticas de conformidad con el principio de secreto estadístico y estipula que los institutos nacionales de estadística, otras autoridades nacionales y la Comisión (Eurostat) han de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la armonización de los principios y directrices relativos a la protección física y lógica de los datos confidenciales.

(95)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de un programa para mejorar el funcionamiento del mercado interior, la competitividad y sostenibilidad de las empresas, en particular las pymes, y la protección de los consumidores, para el ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y piensos, así como para el marco de programación y financiación para el desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas para el período 2021-2027, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido al carácter transfronterizo de las cuestiones que se suscitan, sino que, debido al mayor potencial de acción de la Unión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(96)

El Programa también debe garantizar una mayor visibilidad y coherencia del mercado interior de la Unión, la competitividad y sostenibilidad de las empresas, en particular las pymes, y las actividades en materia de estadística europea de cara a los ciudadanos, las empresas y las administraciones de la Unión.

(97)

Dado que las disposiciones modificativas de los actos jurídicos agotan sus efectos en el momento de su entrada en vigor y las modificaciones que introducen en otros actos jurídicos pasan así a formar parte de dichos actos jurídicos en ese mismo momento, la derogación del Reglamento (UE) n.o 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (56) no tiene efecto en las modificaciones ya introducidas en otros actos jurídicos por sus disposiciones modificativas, y en particular en el Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (57) y en la Directiva 2008/90/CE del Consejo (58) con respecto a la creación del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, que sigue en vigor pese a la derogación del Reglamento (UE) n.o 652/2014.

(98)

A fin de garantizar continuidad en la prestación de ayuda entre los programas 2014-2020 en los ámbitos de la competitividad y sostenibilidad de las empresas, en particular las pymes, la protección de los consumidores, los clientes y usuarios finales de servicios financieros, la elaboración de políticas sobre servicios financieros, los vegetales, animales, alimentos y piensos y las estadísticas europeas establecidos mediante los Reglamentos (UE) n.o 1287/2013, (UE) n.o 254/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (59), (UE) 2017/826, (UE) n.o 258/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (60), (UE) n.o 652/2014 y (UE) n.o 99/2013 y el Programa, en particular con respecto a la continuación de las medidas plurianuales y a la evaluación de los logros de los programas anteriores, y a fin de permitir la ejecución desde el inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia y aplicarse retroactivamente a partir del 1 de enero de 2021. A 1 de enero de 2028, los créditos de asistencia administrativa y técnica deben, en caso necesario, cubrir los gastos relativos a la gestión de las acciones que todavía no hayan concluido para cuando finalice el Programa.

(99)

Debido al retraso en la entrada en vigor del presente Reglamento, no es posible respetar los plazos para la adopción de los programas de trabajo en el ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y los piensos, ni para la presentación por los Estados miembros de sus programas en materia veterinaria y fitosanitaria de 2021 y 2022, ni es posible para la Comisión respetar los plazos para la aprobación de dichos programas. A fin de garantizar la correcta ejecución de las acciones en el ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y los piensos en 2021 y 2022, dichos plazos no serán de aplicación para los ejercicios 2021 y 2022.

(100)

Por tanto, procede derogar, con efecto a partir del 1 de enero de 2021, los Reglamentos (UE) n.o 99/2013, (UE) n.o 1287/2013, (UE) n.o 254/2014 y (UE) n.o 652/2014.

(1)

En la ejecución de los fondos de la Unión deben respetarse los principios horizontales establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en los artículos 9 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), incluidos los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 del TUE, teniendo en consideración la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En virtud de los artículos 8 y 10 del TFUE, la Unión debe aspirar a eliminar las desigualdades y a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, así como luchar contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. La Comisión y los Estados miembros deben aspirar a integrar la perspectiva de género en la ejecución de los fondos. Los objetivos de los fondos de la Unión deben perseguirse en el marco de un desarrollo sostenible y de los objetivos de la Unión de conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, tal como se recoge en el artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE y teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga.

(2)

El 17 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron conjuntamente el pilar europeo de derechos sociales (en lo sucesivo, «pilar») en respuesta a los retos sociales de Europa. Teniendo en consideración la evolución del mundo laboral, es necesario que la Unión se prepare para afrontar los retos actuales y futuros de la globalización y la digitalización, mediante un crecimiento más integrador y la mejora de las políticas de empleo y sociales. Los veinte principios clave del pilar se estructuran en tres categorías: igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo; condiciones de trabajo justas; protección e inclusión social. El pilar constituye el marco general del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos (FEAG), establecido por el presente Reglamento, permitiendo a la Unión poner en práctica los principios pertinentes en el caso de que se produzcan reestructuraciones importantes.

(3)

El 20 de junio de 2017, el Consejo refrendó la respuesta de la Unión a la «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas». El Consejo subrayó la importancia de lograr un desarrollo sostenible en las tres dimensiones —económica, social y medioambiental— de un modo equilibrado e integrado. Resulta esencial que el desarrollo sostenible se incorpore al marco de las políticas de la Unión, y que la Unión sea ambiciosa en relación con las políticas que pone en marcha para abordar los retos globales. El Consejo acogió satisfactoriamente la Comunicación de la Comisión de 22 de noviembre de 2016 titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible» como primer paso para incorporar de manera generalizada los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y aplicar el desarrollo sostenible como un principio guía esencial para todas las políticas de la Unión, también a través de sus instrumentos financieros.

(4)

En febrero de 2018, la Comisión adoptó una comunicación titulada «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020». La Comunicación hace hincapié en que el presupuesto de la Unión apoya la economía social de mercado europea, que es un fenómeno único. La automatización y la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, respetando plenamente el Acuerdo de París, adoptado con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «Acuerdo de París») son de la máxima importancia para mejorar las oportunidades de empleo y abordar los retos relativos a las cualificaciones, especialmente, las relacionadas con la digitalización. La flexibilidad presupuestaria será un principio clave del marco financiero plurianual 2021-2027 establecido por el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (4). Seguirán aplicándose mecanismos de flexibilidad para permitir a la Unión reaccionar de manera más oportuna y para garantizar que los recursos presupuestarios se utilicen donde se necesitan con más urgencia.

(5)

En su «Libro Blanco sobre el futuro de Europa» de 1 de marzo de 2017, la Comisión expresa su preocupación con respecto a los movimientos aislacionistas y las crecientes dudas sobre los beneficios del comercio abierto y la economía social de mercado de la Unión en general.

(6)

En su «Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización» de 10 de mayo de 2017, la Comisión considera que la combinación de la globalización relacionada con el comercio y el cambio tecnológico es el principal elemento impulsor de una demanda cada vez mayor de mano de obra cualificada y de la reducción en el número de empleos que requieren bajas cualificaciones. Aun reconociendo las ventajas de un comercio más abierto, la Comisión considera que son necesarios medios adecuados para atajar los efectos colaterales negativos. Habida cuenta de que la distribución de los beneficios actuales de la globalización ya es desigual entre las personas y las regiones, lo que causa un impacto significativo en aquellos a los que afecta negativamente, existe el riesgo de que los cambios tecnológicos y medioambientales aviven aún más estos efectos. Por lo tanto, en línea con los principios de solidaridad y sostenibilidad, será necesario garantizar que los beneficios de la globalización se compartan de manera más justa reconciliando el crecimiento económico y los avances tecnológicos con una protección social adecuada y un apoyo activo para acceder a las oportunidades de empleo asalariado o por cuenta propia.

(7)

En su «Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE» de 28 de junio de 2017, la Comisión subraya la necesidad de reducir las divergencias económicas y sociales entre los Estados miembros y dentro de estos y considera, por lo tanto, que es una prioridad esencial invertir en desarrollo sostenible, igualdad, inclusión social, educación y formación, así como en salud.

(8)

Es probable que la globalización, el cambio tecnológico y el cambio climático incrementen la interconectividad y la interdependencia de las economías mundiales. La redistribución de los puestos de trabajo es una parte integral e inevitable de dicho cambio. Para que los beneficios del cambio se distribuyan de forma justa, resulta de vital importancia ofrecer asistencia a los trabajadores despedidos y a los trabajadores amenazados de despido. Los principales instrumentos con los que cuenta la Unión para ayudar a los trabajadores afectados son el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que se establecerá en virtud de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo y que ha sido pensado para ofrecer asistencia de manera preventiva y el FEAG, que está pensado para ofrecer ayuda de manera reactiva en caso de que se produzcan reestructuraciones importantes. La Comunicación de la Comisión titulada «Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración» de 13 de diciembre de 2013 es el instrumento estratégico de la Unión que establece el marco de las mejores prácticas para la anticipación y la gestión de la reestructuración empresarial. Proporciona un marco integral sobre la manera en que deben abordarse los retos de la reestructuración y el ajuste económicos y su impacto social y en el empleo mediante políticas adecuadas. Insta además a los Estados miembros a utilizar la financiación nacional y de la Unión de forma que se pueda amortiguar de forma más eficaz el impacto social de la reestructuración, especialmente los efectos negativos en el empleo.

(9)

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, creado en virtud del Reglamento (CE) n.o 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) para el período de vigencia del marco financiero plurianual 2007-2013 (en lo sucesivo, «Fondo»), fue establecido para que la Unión Europea pudiera dar muestras de solidaridad hacia los trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo como consecuencia de los importantes cambios estructurales registrados en los patrones del comercio mundial con la globalización.

(10)

El ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1927/2006 se amplió mediante el Reglamento (CE) n.o 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) en el marco del Plan Europeo de Recuperación Económica, establecido en la Comunicación de la Comisión de 26 de noviembre de 2008, para incluir en él a los trabajadores que habían perdido sus empleos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial.

(11)

Durante el período de vigencia del marco financiero plurianual 2014-2020, el Reglamento (UE) n.o 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) amplió el ámbito de aplicación del Fondo para cubrir los despidos generados no solo por graves perturbaciones económicas provocadas por la continuación de la crisis económica y financiera mundial que aborda el Reglamento (CE) n.o 546/2009, sino también por cualquier otra nueva crisis económica y financiera mundial. Asimismo, el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») modificó el Reglamento (UE) n.o 1309/2013 para introducir, entre otras cosas, normas que permiten al Fondo incluir de manera excepcional solicitudes colectivas en las que participen pequeñas y medianas empresas (pymes) situadas en una región y que operen en diferentes sectores económicos definidos en una división de la NACE Revisión 2, en los casos en que el Estado miembro solicitante demuestre que las pymes constituyen el único o principal tipo de negocio en la citada región.

(12)

Como respuesta a la posible retirada del Reino Unido de la Unión sin acuerdo de retirada, el Reglamento (UE) 2019/1796 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) modificó el Reglamento (UE) n.o 1309/2013 para establecer que los despidos derivados de tal retirada entrarían en el ámbito de aplicación del Fondo. Habida cuenta de la retirada del Reino Unido mediante un acuerdo de retirada, dicho Reglamento no fue de aplicación.

(13)

La Comisión llevó a cabo una evaluación intermedia del Fondo para valorar cómo y en qué medida logró sus objetivos. El Fondo demostró su eficacia, logrando un índice de reinserción de trabajadores despedidos superior al del anterior período de programación. En la evaluación también se puso de manifiesto que el Fondo generó valor añadido de la Unión. Esto es especialmente cierto en relación con los efectos de su volumen, lo que significa que la asistencia del Fondo no solo incrementó el número y la variedad de servicios ofrecidos, sino también el nivel de intensidad de dichos servicios. Además, las intervenciones del Fondo tuvieron una gran visibilidad y demostraron el valor añadido de la Unión directamente al público. No obstante, se detectaron varios retos. El procedimiento de movilización se consideró demasiado largo. Además, numerosos Estados miembros informaron de que habían tenido problemas al preparar el extenso análisis de los antecedentes de la situación que había dado lugar a los despidos. Los motivos principales que desalentaron a los Estados miembros de solicitar la ayuda del Fondo fueron los problemas relativos a la capacidad institucional y financiera. Podría tratarse simplemente de una falta de personal: en la actualidad, los Estados miembros pueden pedir asistencia técnica solo una vez que ejecutan la ayuda del Fondo. Habida cuenta de que los despidos pueden producirse inesperadamente, es importante garantizar que los Estados miembros estén preparados para reaccionar de forma inmediata y sean capaces de presentar una solicitud sin demora. Además, en algunos Estados miembros, parece necesario intensificar los esfuerzos en materia de desarrollo de capacidades institucionales con el fin de garantizar la ejecución eficiente y efectiva de las medidas financiadas por el FEAG. Además, el límite de quinientos despidos ha sido criticado por ser excesivamente elevado, especialmente en las regiones con menos población.

(14)

El papel del FEAG continúa siendo importante como fondo flexible para apoyar a los trabajadores que hayan perdido su empleo en reestructuraciones de gran escala y ayudarles a encontrar otros trabajos cuanto antes. La Unión debe seguir concediendo ayudas únicas y específicas destinadas a facilitar la reinserción en empleos dignos y sostenibles de los trabajadores despedidos en regiones, sectores, territorios o mercados laborales damnificados por perturbaciones económicas graves. Teniendo en cuenta la interacción y los efectos recíprocos del comercio abierto y los acontecimientos económicos y financieros, tales como las perturbaciones económicas asimétricas, el cambio tecnológico, la digitalización, cambios significativos en las relaciones comerciales de la Unión o en la composición del mercado interior, así como otros factores incluida la transición a una economía baja en carbono, y tomando en consideración el hecho de que cada vez resulta más difícil establecer un único factor como el causante de los despidos, la movilización del FEAG solo debe basarse en el impacto significativo de una reestructuración. Dado el objetivo del FEAG, consistente en proporcionar ayuda en situaciones de emergencia, y como complemento de la asistencia más anticipatoria que ofrece el FSE+, el FEAG debe seguir siendo un instrumento especial y flexible al margen de los límites presupuestarios máximos del marco financiero plurianual, tal y como establece la Comunicación de la Comisión de 2 de mayo de 2018 titulada «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad – El marco financiero plurianual para el período 2021-2027» y su anexo.

(15)

Con el fin de mantener la naturaleza europea del FEAG, deberá ponerse en marcha una solicitud de ayuda cuando una situación de reestructuración importante tenga un impacto significativo en la economía regional o local. Un impacto de estas características debe determinarse con referencia a un número mínimo de despidos dentro de un período de referencia específico. Teniendo en cuenta las conclusiones de la evaluación intermedia, el mínimo debe fijarse en 200 despidos dentro de un período de referencia de cuatro meses (o seis meses en casos sectoriales). Dado que las olas de despidos que afectan a diferentes sectores dentro de la misma región tienen un impacto igualmente significativo en el mercado laboral local, también deben ser posibles las solicitudes regionales. En los mercados laborales de pequeña escala, como en Estados miembros pequeños o regiones alejadas, incluidas las regiones ultraperiféricas a las que hace referencia el artículo 349 del TFUE, o en circunstancias excepcionales, debe ser posible presentar solicitudes en casos con un número de despidos menor. En general, los Estados miembros deberían presentar sus solicitudes de ayuda del FEAG dentro de las doce semanas siguientes a la finalización del período de referencia. No obstante, a fin de evitar un déficit de financiación debido al hecho de que el presente Reglamento entrará en vigor después del 1 de enero de 2021, y a fin de proporcionar seguridad jurídica, este plazo debe suspenderse entre el 1 de enero de 2021 y la entrada en vigor del presente Reglamento.

(16)

El FEAG, como fondo pensado para reestructuraciones importantes, no debe ser movilizado en casos de despidos en el sector público que son consecuencia de los recortes presupuestarios. No obstante, el FEAG debe poder ofrecer ayuda a los trabajadores despedidos de empresas activas en un mercado competitivo que presten servicios o proporcionen bienes a entidades financiadas con dinero público que se hayan visto afectadas por los recortes presupuestarios. El FEAG también debe poder ofrecer ayuda a trabajadores por cuenta propia que hayan cesado en sus actividades como consecuencia de recortes presupuestarios.

(17)

Con el fin de expresar la solidaridad de la Unión con las personas desempleadas, el porcentaje de cofinanciación del FEAG, fondo de reacción, debe ajustarse al porcentaje de cofinanciación más elevado del FSE+, fondo proactivo, en el Estado miembro afectado, pero dicho porcentaje no debe ser, en ningún caso, inferior al 60 %.

(18)

Parte del presupuesto de la Unión asignada al FEAG debe ser ejecutada por la Comisión en régimen de gestión compartida con los Estados miembros, en el sentido del Reglamento financiero. Por ello, al aplicar el FEAG en gestión compartida, la Comisión y los Estados miembros deben respetar los principios contemplados en el Reglamento Financiero, tales como la buena gestión financiera, la transparencia y la no discriminación.

(19)

El Observatorio Europeo del Cambio, que está basado en la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo con sede en Dublín, asiste a la Comisión y a los Estados miembros realizando análisis cualitativos y cuantitativos para ayudarles en la evaluación de las tendencias de la globalización, los cambios tecnológicos y medioambientales, la reestructuración y la utilización del FEAG. El Observatorio Europeo de la Reestructuración, actualizado a diario, sigue la notificación de las reestructuraciones a gran escala en toda la Unión, sobre la base de una red de corresponsales nacionales. Podría ayudar a identificar posibles casos de intervención en una fase temprana.

(20)

Los trabajadores despedidos y los trabajadores por cuenta propia que cesan en su actividad laboral deben tener igual derecho al FEAG con independencia del tipo de contrato o relación laboral. Por lo tanto, a los efectos del presente Reglamento, deben considerarse posibles beneficiarios del FEAG los trabajadores despedidos y los trabajadores por cuenta propia que cesen en sus actividades.

(21)

La contribución financiera del FEAG debe concentrarse en medidas de política activa del mercado laboral y los servicios personalizados que fomenten una rápida reinserción de los beneficiarios en empleos dignos y sostenibles, dentro o fuera de su sector de actividad inicial, y los preparen al mismo tiempo para una economía europea más ecológica y digital. La ayuda también debe tratar de promover el trabajo por cuenta propia y la creación de empresas, también mediante el establecimiento de cooperativas. Las medidas deben reflejar las necesidades potenciales del mercado laboral regional o local. Sin embargo, siempre que sea pertinente, también debe apoyarse la movilidad de los trabajadores despedidos con el fin de ayudarles a encontrar empleo en algún otro lugar. Se debe dar especial importancia a la difusión de las capacidades necesarias en la era digital y a la superación de los estereotipos de género en el empleo, cuando proceda. Conviene restringir la inclusión de prestaciones económicas en paquetes coordinados de servicios personalizados. Las medidas que reciban apoyo del FEAG no deben sustituir a las medidas pasivas de protección social. Se podría animar a los empleadores a participar en la cofinanciación nacional de las medidas apoyadas por el FEAG, además de las medidas que están obligados a proporcionar en virtud del Derecho nacional o de convenios colectivos.

(22)

Al aplicar y diseñar un paquete coordinado de servicios personalizados destinado a facilitar la reinserción de los beneficiarios previstos, los Estados miembros deben abordar los objetivos de la Agenda Digital y de la Estrategia para el Mercado Único Digital. Debe prestarse especial atención a la brecha salarial entre mujeres y hombres en los sectores de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), promoviendo el reciclaje y la reconversión profesional de las mujeres en dichos sectores. Al aplicar y diseñar un paquete coordinado de servicios personalizados, los Estados miembros deben procurar aumentar la representación del género menos representado, contribuyendo así a reducir la brecha salarial y la brecha en las pensiones entre mujeres y hombres.

(23)

Teniendo en cuenta el hecho de que la transformación digital de la economía exige un cierto grado de competencia digital de la mano de obra, la difusión de las capacidades necesarias en la era digital debe ser considerada un elemento horizontal de cualquier paquete coordinado de servicios personalizados ofrecidos.

(24)

Al elaborar medidas de política activa del mercado laboral, los Estados miembros deben conceder especial atención a las medidas que contribuyan significativamente a potenciar la capacidad de los beneficiarios para encontrar empleo. Los Estados miembros deben esforzarse por que el mayor número posible de beneficiarios que participen en estas medidas pueda reincorporarse lo antes posible a empleos sostenibles en un plazo de seis meses tras haber finalizado el período de ejecución. La elaboración del paquete coordinado de servicios personalizados debe tener en cuenta las razones subyacentes de los despidos, en su caso, y anticipar las perspectivas futuras en el mercado laboral y las competencias exigidas. El paquete coordinado de servicios personalizados debe ser compatible con la transición hacia una economía que utilice eficientemente los recursos y que sea sostenible.

(25)

Al elaborar medidas de política activa del mercado laboral, los Estados miembros deben prestar una atención particular a los beneficiarios desfavorecidos, incluidas las personas con discapacidad, las personas con familiares dependientes, las personas desempleadas jóvenes y mayores, las personas con un nivel de cualificaciones bajo, las personas de origen migrante y las personas que se encuentren en riesgo de pobreza, ya que estos grupos se enfrentan a problemas específicos al reincorporarse al mercado laboral. No obstante, al ejecutar el FEAG, deben respetarse y fomentarse los principios de igualdad de género y de no discriminación, que forman parte de los valores fundamentales de la Unión y están consagrados en el pilar.

(26)

Para poder apoyar más rápida y eficazmente a los beneficiarios, los Estados miembros deben hacer cuanto esté en su mano por presentar solicitudes completas al solicitar una contribución financiera del FEAG. En caso de que la Comisión exija más información para la valoración de una solicitud, la presentación de tal información debe estar sujeta a un plazo. Tanto los Estados miembros como las instituciones de la Unión deben procurar tramitar las solicitudes lo más rápido posible.

(27)

En interés de los beneficiarios y de los organismos responsables de la aplicación de las medidas, el Estado miembro solicitante debe mantener informados a todos los agentes que participen en el proceso de solicitud sobre el progreso de esta e involucrarles, cuando sea posible, durante la aplicación de las medidas.

(28)

De conformidad con el principio de buena gestión financiera, las contribuciones financieras del FEAG no deben sustituir las medidas de apoyo disponibles para los beneficiarios dentro de los fondos de la Unión u otros programas o políticas de la Unión sino que deben, siempre que sea posible, complementar dichas medidas.

(29)

Conviene incluir disposiciones especiales para las actividades de información y comunicación relacionadas con las medidas financiadas por el FEAG y sus resultados. Los Estados miembros y las partes interesadas del FEAG deben concienciar sobre los logros alcanzados con la financiación de la Unión informando al público. Las actividades relacionadas con la transparencia y la comunicación son esenciales para hacer visible en la práctica la actuación de la Unión, y deben basarse en una información exacta y actualizada. Con el fin de promover el FEAG y demostrar su valor añadido como parte del presupuesto de la Unión, el material de comunicación y visibilidad desarrollado por los Estados miembros debe ponerse a disposición de las instituciones, órganos y organismos de la Unión previa solicitud. Por consiguiente, debe concederse a la Unión una licencia exenta de derechos, no exclusiva e irrevocable para utilizar dicho material y cualesquiera derechos preexistentes vinculados a ella.

(30)

Con el fin de facilitar la aplicación del presente Reglamento, los gastos deben poder optar a una contribución financiera del FEAG bien desde la fecha en que un Estado miembro comience a prestar servicios personalizados o bien desde que incurra en gastos administrativos para ejecutar el FEAG.

(31)

Para satisfacer las necesidades que surjan fundamentalmente durante los primeros meses de cada año, cuando las posibilidades de transferencia desde otras líneas presupuestarias son especialmente difíciles, debe consignarse un importe adecuado en créditos de pagos en la línea presupuestaria del FEAG durante el procedimiento presupuestario anual.

(32)

El marco presupuestario del FEAG está establecido en el marco financiero plurianual 2021-2027 y el Acuerdo Interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (10).

(33)

En interés de los beneficiarios, la asistencia debe prestarse del modo más rápido y eficiente posible. Los Estados miembros y las instituciones de la Unión que intervienen en el proceso de toma de decisiones relacionado con el FEAG deben hacer todo lo posible por reducir el tiempo de tramitación y simplificar los procedimientos con objeto de garantizar una toma de decisiones rápida y fácil sobre la movilización del FEAG.

(34)

Las pymes son la columna vertebral de la economía de la Unión. Por lo tanto, es fundamental promover el espíritu empresarial y apoyar a las pymes para garantizar el crecimiento económico, la innovación, la creación de empleo y la integración social. La Unión promueve activamente el espíritu empresarial animando a las personas a crear su propio negocio. Cuando se produzcan reestructuraciones importantes, debe ser posible ayudar a los trabajadores despedidos a poner en marcha su propia empresa. En caso de cese de la actividad de una empresa, también debe ser posible ayudar a los trabajadores despedidos por la empresa a asumir algunas o todas las actividades de su anterior empleador.

(35)

A efectos de transparencia e información, los Estados miembros deben incluir en los informes finales datos sobre cualquier ayuda estatal o financiación de la Unión que la empresa que haya despedido a los trabajadores haya recibido en los cinco años anteriores al informe. No obstante, este requisito no debe aplicarse a las microempresas o a las pymes, en particular a las empresas emergentes y en expansión, a fin de evitar una carga administrativa desproporcionada para los Estados miembros, en particular en el caso de las solicitudes sectoriales del FEAG en las que participen más de una microempresa o pyme.

(36)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (11), el FEAG debe ser evaluado sobre la base de la información que se recabe de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del FEAG en la práctica.

(37)

Con el fin de que el Parlamento Europeo pueda realizar un control político y la Comisión pueda hacer un seguimiento continuo de los resultados obtenidos con la asistencia del FEAG, los Estados miembros de que se trata deben presentar un informe final sobre la ejecución del FEAG.

(38)

Los Estados miembros deben ayudar a la Comisión a llevar a cabo evaluaciones, facilitando los datos pertinentes de que disponen.

(39)

A fin de facilitar futuras evaluaciones, debe realizarse una encuesta a los beneficiarios después de la ejecución de cada contribución financiera. La encuesta a los beneficiarios debe estar abierta a los participantes durante al menos cuatro semanas y debe ponerse en marcha durante el sexto mes tras la finalización del período de ejecución. Los Estados miembros deben ayudar a la Comisión a realizar la encuesta a los beneficiarios y fomentarán la participación de los beneficiarios enviándoles la invitación a participar y al menos un recordatorio. Los Estados miembros deben informar a la Comisión sobre los esfuerzos realizados para contactar con los beneficiarios. La Comisión debe utilizar los datos recogidos con fines de evaluación. Para garantizar que los casos puedan compararse, la Comisión debe diseñar el modelo de encuesta a los beneficiarios en estrecha cooperación con los Estados miembros, y debe facilitar la traducción a todas las lenguas oficiales de la Unión.

(40)

De conformidad con el objetivo de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre hombres y mujeres, los análisis y los informes relacionados con el FEAG deben incluir información desglosada por género.

(41)

En un anexo del presente Reglamento debe establecerse una lista de indicadores para el seguimiento de la utilización del FEAG y, en particular, los progresos hacia la consecución de sus objetivos. En caso necesario, la Comisión puede presentar una propuesta legislativa para modificar dichos indicadores.

(42)

Los Estados miembros deben seguir siendo responsables de la ejecución de la contribución financiera y de la gestión y el control de las operaciones financiadas por la Unión con arreglo a las disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero. Los Estados miembros deben justificar el uso dado a la contribución financiera recibida del FEAG. Habida cuenta de la brevedad del período de ejecución de las intervenciones en el marco del FEAG, la obligación de presentar informes debe reflejar el carácter particular de dichas intervenciones.

(43)

Los Estados miembros deben prevenir, detectar y resolver eficazmente cualquier irregularidad, incluido el fraude, cometida por los beneficiarios. Además, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) y con los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (13) y (Euratom, CE) n.o 2185/96 (14) del Consejo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (15), la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (16).

Los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para garantizar que toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión coopere plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceda los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantice que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes. Los Estados miembros deben informar a la Comisión acerca de las irregularidades detectadas, entre ellas el fraude, y de toda actuación de seguimiento que hayan emprendido con respecto a dichas irregularidades y con respecto a cualquier investigación de la OLAF. Los Estados miembros deben cooperar con la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, con la Fiscalía Europea, de conformidad con el artículo 63, apartado 2, letra d), del Reglamento Financiero sobre todas las cuestiones relacionadas con el fraude presunto o demostrado.

(44)

Para mejorar la protección del presupuesto de la Unión, la Comisión debe poner a disposición un sistema integrado e interoperable de información y seguimiento que incluya una única herramienta de prospección de datos y puntuación del riesgo para acceder a los datos pertinentes y analizarlos, y la Comisión debe fomentar su uso con vistas a una aplicación generalizada por parte de los Estados miembros.

(45)

El Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso de los expertos externos. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(46)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, las acciones en el marco del presente Reglamento deben contribuir a que se alcance el objetivo de destinar el 30 % del gasto del presupuesto de la Unión al apoyo de los objetivos climáticos y a la ambición de que el 7,5 % del presupuesto refleje gastos en materia de biodiversidad en 2024 y el 10 % en 2026 y en 2027, teniendo en cuenta al mismo tiempo los solapamientos existentes entre los objetivos climáticos y la biodiversidad.

(47)

A fin de permitir un mejor seguimiento del uso del FEAG, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE con el fin de complementar el presente Reglamento estableciendo los criterios para determinar los casos de irregularidad que deben notificar los Estados miembros y los datos que estos deben facilitar con el fin de prevenir, detectar y corregir irregularidades, incluido el fraude, y recuperar los importes abonados indebidamente, junto con los intereses de mora. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(48)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento en lo relativo a la realización de las encuestas a los beneficiarios y el modelo para notificar irregularidades, deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(49)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(50)

Con el fin de garantizar una continuidad en la prestación de ayuda en el ámbito de actuación pertinente y permitir la ejecución desde el inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, es necesario prever la aplicación del presente Reglamento a partir del inicio del ejercicio presupuestario de 2021. No obstante, la Comisión debe iniciar el procedimiento presupuestario solo a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(51)

Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (UE) n.o 1309/2013.