a)

que se presente urgentemente una nueva medida comercial integral que sustituya a la actual salvaguardia del acero antes de que esta expire el 1 de julio de 2026, la cual debería abarcar a todos los países y todos los productos siderúrgicos afectados por un exceso de capacidad mundial y usar el sistema de contingentes arancelarios vinculado a la cuota de mercado de las importaciones y a la utilización de la capacidad interna, a fin de evitar perjudicar a los usuarios intermedios y mantener al mismo tiempo la viabilidad del sector;

b)

que se introduzca de inmediato una norma de «fundido y vertido» para luchar eficazmente contra la elusión y mejorar la trazabilidad del origen del acero, así como una suspensión selectiva de la regla del derecho inferior;

c)

que se publique la propuesta legislativa sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), con disposiciones para mantener la asignación gratuita de derechos de emisión para las exportaciones a terceros países que carezcan de compromisos climáticos equiparables. La propuesta debe establecer valores por defecto sólidos de las emisiones con el fin de desalentar la redistribución de recursos y salvaguardar los objetivos medioambientales del MAFC, así como ampliar el ámbito de aplicación de dicho mecanismo para abarcar sectores transformadores con utilización intensiva de acero;

d)

que se adopte con rapidez la propuesta Ómnibus I (1) para proteger a las pymes ante cargas administrativas y costes innecesarios derivados del MAFC, cuidando de no socavar los objetivos medioambientales y sociales;

e)

que la Comisión reconozca el papel estratégico de la chatarra como materia prima secundaria y que proponga un sistema de seguimiento sólido de las exportaciones de chatarra. Esta iniciativa debe incluir medidas como derechos de exportación o contingentes arancelarios al objeto de garantizar el suministro interno, un refuerzo de la aplicación de la normativa para impedir las exportaciones ilegales de chatarra y la incorporación del reciclado de la chatarra de hierro a la legislación relativa a los productos al final de su vida útil;

f)

que se adopte legislación derivada, como parte de la aplicación del Reglamento relativo a los traslados de residuos, para garantizar que solo se permitan las exportaciones de residuos a países que cumplan normas medioambientales y sociales equivalentes a las de la UE;

g)

que se lleven a cabo una reforma estructural del mercado de la electricidad y una evaluación de impacto exhaustiva de diseños alternativos del mercado con el fin de trasladar los costes y beneficios de la electricidad limpia tanto a los hogares como a los consumidores industriales;

h)

que se introduzcan, dentro del marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia, orientaciones específicas dirigidas a los Estados miembros sobre la aplicación de regímenes de reducción temporal de los precios de la energía para las industrias de gran consumo de energía expuestas al comercio internacional;

i)

que sea factible que una parte predefinida de la electricidad subvencionada obtenida a través de contratos de compraventa de electricidad se ofrezca a determinadas industrias de gran consumo de energía a precios calculados conforme al método del coste incrementado, con arreglo a nuevas directrices sobre los contratos de compraventa de electricidad y los contratos por diferencia;

j)

que la Comisión dé prioridad al acceso al hidrógeno por parte de los usuarios industriales mediante la asignación de presupuestos sectoriales específicos en el marco de las futuras subastas del Banco Europeo del Hidrógeno, que revise el acto delegado sobre el hidrógeno renovable para propiciar una producción interna eficiente en términos de costes y que adopte con prontitud un acto delegado sobre el hidrógeno hipocarbónico; además, los criterios relativos a la electricidad verde deben flexibilizarse para facilitar un despliegue más rápido del hidrógeno;

k)

que se presente una propuesta sobre criterios ambiciosos de resiliencia y sostenibilidad con el fin de reforzar la producción en la UE de productos limpios, que conlleve empleos de calidad, como parte de la Ley de Aceleración de la Descarbonización Industrial;

l)

que la Comisión evalúe las necesidades de inversión y financiación de las industrias siderúrgica y metalúrgica, y que considere la posibilidad de conceder un mayor apoyo financiero específico, acompañado de condicionalidades sociales cuando proceda, en particular mediante la asignación y canalización de recursos financieros del MAFC a los sectores cubiertos por este, así como destinando los ingresos del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) al apoyo de proyectos de escala industrial en los sectores siderúrgico y metalúrgico, por ejemplo a través del futuro Banco de Descarbonización Industrial;

m)

que se cree un Fondo de Transición Justa específico para las industrias de gran consumo de energía que haga hincapié tanto en los programas de reciclaje y perfeccionamiento profesional como en el apoyo a la movilidad para ayudar a los trabajadores a cambiar de unas regiones y sectores a otros; y

n)

que se garantice la participación efectiva de los interlocutores sociales en todas las políticas en materia de transición ecológica, respaldada por compromisos claros para promover el diálogo social, la negociación colectiva y las normas aplicables en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo.