—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 11, 13, 39 y 168, apartado 1, su artículo 169, apartado 1, sus artículos 191 y 192, apartado 1, y su artículo 349,

—

Visto el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, de 2004,

—

Visto el Reglamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del riesgo en la UE en la cadena alimentaria (1),

—

Visto el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios (2),

—

Vistos el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (3), la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (4), y el Reglamento (CE) n.o 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a las estadísticas de plaguicidas (5),

—

Vista la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (6),

—

Vistas la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (7), la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (8), y la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (9),

—

Vistos la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas (10), la Directiva 1999/74/CE del Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras (11), la Directiva 2007/43/CE del Consejo, de 28 de junio de 2007, por la que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne (12), la Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos (13), la Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas para la protección de terneros (14), el Reglamento (CE) n.o 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas (15), el Reglamento (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza (16), el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (17) y la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos (18),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, sobre una Estrategia «de la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente (COM(2020)0381),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2020, sobre la protección europea de los trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la crisis de la COVID-19 (19),

—

Vistas su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la Iniciativa de la UE sobre los polinizadores (20) y su Resolución, de 23 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 546/2011 en lo que respecta a la evaluación del impacto de los productos fitosanitarios en las abejas (21),

—

Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental (22),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2019, sobre una Europa que protege: aire puro para todos (23),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2018, sobre el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos (24),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (25),

—

Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2017, sobre la iniciativa sobre el uso eficiente de los recursos: reducir el desperdicio de alimentos, mejorar la seguridad alimentaria (26),

—

Vistas su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales (27) y su Resolución, de 16 de enero de 2018, sobre mujeres, igualdad de género y justicia climática (28),

—

Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre soluciones tecnológicas para una agricultura sostenible en la Unión (29),

—

Vista su Resolución legislativa, de 8 de septiembre de 2015, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la clonación de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina criados y reproducidos con fines ganaderos (30),

—

Vistas su Resolución, de 11 de febrero de 2015, sobre el etiquetado del país de origen de la carne en los alimentos procesados (31) y su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de determinados alimentos (32),

—

Vistos los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo n.o 15/2020, de 9 de julio de 2020, titulado «Protección de los polinizadores silvestres en la UE — Las iniciativas de la Comisión no han dado fruto», n.o 13/2020, de 5 de junio de 2020, titulado «Biodiversidad agrícola: La contribución de la PAC no ha frenado el declive», n.o 5/2020, de 5 de febrero de 2020, titulado «Uso sostenible de productos fitosanitarios: pocos progresos en la medición y en la reducción de riesgos», n.o 2/2019, de 15 de enero de 2019, titulado «Peligros químicos en nuestros alimentos: la política de seguridad alimentaria de la UE nos protege, pero se enfrenta a dificultades», n.o 31/2018, de 14 de noviembre de 2018, titulado «Bienestar animal en la UE: reducir la diferencia entre unos objetivos ambiciosos y su aplicación práctica», n.o 34/2016, de 17 de enero de 2017, titulado «La lucha contra el despilfarro de alimentos: una oportunidad para la UE de hacer más eficiente el empleo de recursos en la cadena de suministro alimentario», y n.o 21/2019, de 19 de noviembre de 2019, sobre la actuación contra la resistencia a los antimicrobianos,

—

Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de 11 de mayo de 2020, titulado «The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe» (El medio ambiente en Europa — Estado y perspectivas 2020: conocimientos para la transición hacia una Europa sostenible),

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales,

—

Visto el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de diciembre de 2020, sobre la Estrategia «de la Granja a la Mesa» titulado «Del productor al consumidor (de la granja a la mesa): la dimensión local y regional» (NAT-VII/005),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Pesca,

—

Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A9-0271/2021),

A.

Considerando que en la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia de la granja a la mesa se establece un enfoque holístico del sistema alimentario europeo, en el que la agricultura, en cuanto fuente proveedora de alimentos ocupa un lugar central, y se reconoce la interconexión de todos los agentes a lo largo de toda la cadena de suministro y su responsabilidad compartida para lograr los objetivos de la estrategia, así como el papel clave de los agricultores a la hora de aportar bienes públicos, también en la lucha contra el cambio climático; que, no obstante, la estrategia debe ir más allá y tener en cuenta el papel, los derechos y las responsabilidades de los consumidores y la viabilidad económica a largo plazo para los agricultores; que la estrategia tiene importantes implicaciones para la producción agrícola no alimentaria y que esto debe tenerse plenamente en cuenta;

B.

Considerando que el reciente informe del Centro Común de Investigación titulado «Modelling environmental and climate ambition in the agricultural sector with the CAPRI model: Exploring the potential effects of selected Farm to Fork and Biodiversity strategies targets in the framework of the 2030 Climate targets and the post 2020 Common Agricultural Policy» (Modelar la ambición medioambiental y climática en el sector agrícola con el modelo CAPRI: examen de las posibles repercusiones de ciertos objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y de la Estrategia sobre la Biodiversidad en el marco de los objetivos climáticos para 2030 y la política agrícola común posterior a 2020) concluye, al igual que otros estudios recientes, que la aplicación de los objetivos de la estrategia afectaría significativamente a la producción agrícola de la Unión; que estos estudios hacen hincapié en la necesidad de realizar evaluaciones de impacto ex ante que sean sólidas y científicas y en las que se examine la sostenibilidad desde las perspectivas económica, social y medioambiental, así como de tener en cuenta los efectos acumulativos, los posibles compromisos, la disponibilidad de medios para lograr los objetivos y los diferentes modelos agrícolas de los Estados miembros a la hora de elaborar propuestas legislativas en el marco del Estrategia «De la Granja a la Mesa»;

C.

Considerando que el sistema alimentario europeo debería garantizar alimentos de alta calidad y la seguridad nutricional de una manera que contribuya al bienestar social y a la salud pública, mantenga y restablezca la salud de los ecosistemas, respete los límites del planeta y garantice el bienestar y la salud de los animales; que, en la actualidad, todo el sistema alimentario es el causante de una serie de efectos en la salud y el bienestar de humanos y animales, así como en el medio ambiente, el clima y la biodiversidad, incluida la deforestación y la degradación de ecosistemas fuera de la Unión; que es necesario que la manera en que producimos y consumimos alimentos, bebidas y otros productos agrícolas se adapte para garantizar la coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y las políticas y compromisos de la Unión, así como, en general, para lograr un equilibrio coherente entre los tres pilares de la sostenibilidad, incluidos el medio ambiente, el clima, la salud pública, la economía y asequibilidad de los alimentos, el bienestar animal y la sostenibilidad económica de los agricultores, los pescadores y los agentes en fases posteriores de la cadena alimentaria, de las zonas rurales y costeras, además de aspectos sociales como las condiciones laborales y de empleo y las normas de seguridad y de salud; que han de tenerse en cuenta otros factores importantes como la investigación y la innovación, la política comercial y sobre residuos;

D.

Considerando que es necesario garantizar la coherencia entre las medidas previstas en la Estrategia «de la Granja a la Mesa» y las políticas agrícola y pesquera comunes, la política comercial de la Unión y su estrategia sobre biodiversidad para 2030, la estrategia forestal de la Unión, el plan de acción para la economía circular, el plan de acción sobre bioeconomía, así como otras políticas y estrategias conexas de la Unión; que se debe subrayar que todos los alimentos importados deben cumplir las mismas normas en materia de sostenibilidad y de seguridad agroalimentaria aplicables en la Unión;

E.

Considerando que la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) estima que se prevé que el 90 % de la tierra sea significativamente alterado de aquí a 2050 y que el 75 % de la tierra ya lo está; que ya se ha perdido el 85 % de las zonas de humedales (33); que la biodiversidad es fundamental para la seguridad alimentaria, el bienestar humano y el desarrollo en todo el mundo; que la pérdida de biodiversidad pone en riesgo la producción agrícola, el sistema alimentario y la nutrición europeos y mundiales; que se calcula que los costes sociales y económicos totales relacionados con la degradación del suelo ascienden a entre 5 500 000 000 000 y 10 500 000 000 000 EUR anuales (34);

F.

Considerando que aproximadamente el 80 % de la deforestación mundial se debe a la expansión de los terrenos agrícolas (35); que la demanda de la Unión de productos como aceite de palma, carne, soja, cacao, maíz, madera y caucho, incluso en forma de productos transformados o de servicios, es un factor que conduce a la deforestación, la degradación de los bosques y los suelos, la destrucción de los ecosistemas y la violación asociada de los derechos humanos en terceros países, y representa alrededor del 10 % de la parte de la deforestación mundial incorporada en el consumo final total (36); que la pesca no sostenible tiene graves repercusiones para la biodiversidad;

G.

Considerando que los hábitats seminaturales que dependen de la agricultura, como los pastizales, están particularmente amenazados y que su estado de conservación es significativamente peor que el de otros tipos de hábitat que no dependen de la agricultura; que el 45 % de los hábitats que dependen de la agricultura se cualifican como malos, frente al 31 % en el caso de otros hábitats;

H.

Considerando que el uso imprudente de plaguicidas es una fuente significativa de contaminación del suelo, del agua y del aire, y afecta negativamente a la salud de los seres humanos, de los animales y de las plantas; que, por tanto, es necesario redoblar los esfuerzos para reducir significativamente la dependencia, el riesgo y el uso de plaguicidas nocivos, así como el uso de fertilizantes y antibióticos; que las prácticas agrícolas sostenibles, como la correcta aplicación de la gestión integrada de plagas, la agrosilvicultura, la agroecología y la agricultura ecológica, así como las técnicas de agricultura de precisión, pueden contribuir a hallar soluciones para reducir el uso de plaguicidas en la Unión y a escala mundial, y que deben fomentarse; que investigaciones científicas (37) indican que puede reducirse sustancialmente el uso de plaguicidas sin afectar negativamente a la rentabilidad y la productividad, en especial si se acompañan de una mayor disponibilidad de alternativas sostenibles;

I.

Considerando que en 2018 los Estados miembros de la Unión aprobaron la exportación de más de 81 000 toneladas de plaguicidas que contenían sustancias prohibidas en Europa (38); que estos plaguicidas peligrosos plantean riesgos incluso mayores en los países de destino dado que las condiciones de uso (por ejemplo, equipos de protección, pulverización aérea) no son tan estrictas como en la Unión; que estos plaguicidas prohibidos pueden volver al mercado de la Unión como residuos en alimentos importados; que programas de vigilancia han revelado que residuos de varios plaguicidas cuyo uso está prohibido en la Unión se detectaron en alimentos comercializados en el mercado de la UE, en 4,5 % de los casos incluso en niveles superiores al límite máximo de residuos (LMR) establecido para estas sustancias a fin de garantizar la seguridad de los consumidores (39);

J.

Considerando que el sobrepeso y la obesidad están aumentando a un ritmo rápido en la Unión (40), donde uno de cada dos adultos padece sobrepeso u obesidad (41); que las causas del sobrepeso y la obesidad son múltiples, pero una dieta y una nutrición inadecuadas son uno de los factores clave que conducen a una alta prevalencia del sobrepeso y la obesidad;

K.

Considerando que se calcula que, en 2017, más de 950 000 muertes (una de cada cinco) y la pérdida de más de 16 millones de años de vida saludable en la Unión, principalmente debido a enfermedades cardiovasculares y al cáncer, pueden atribuirse a dietas poco saludables (42); que la exposición a alteradores endocrinos a través de los alimentos y los envases alimentarios también constituye una amenaza creciente a la salud pública (43);

L.

Considerando que alrededor de la mitad de las enfermedades zoonóticas que han aparecido en seres humanos desde 1940 se derivaron de cambios en el uso de la tierra (44); que la salud animal es un elemento esencial de cualquier sistema alimentario sostenible y que los efectos sobre la salud animal tienen un impacto directo sobre la sostenibilidad del sistema alimentario;

M.

Considerando que se calcula que en la Unión se generan cada año 88 millones de toneladas de residuos alimentarios, cuyos costes asociados se estiman en 143 000 000 000 EUR (45); que el desperdicio de alimentos tiene un enorme impacto ambiental, ya que representa alrededor del 6 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión (46); que los principales contribuyentes al desperdicio de alimentos en la Unión son los hogares (53 %) y la transformación (19 %) (47); que el 10 % del desperdicio de alimentos en la Unión guarda relación con la indicación de fechas y los malentendidos de los consumidores sobre cómo leer y utilizar el sistema de indicación de fechas (48);

N.

Considerando que el volumen de venta de antibióticos a las explotaciones ganaderas europeas disminuyó un 18,5 % entre 2011 y 2016 (49), lo que dio lugar a una reducción de la carga de antibióticos en la agricultura en un 35 % en el período 2011-2018, mientras que en la mayoría de Estados miembros el consumo de antimicrobianos en animales productores de alimentos es inferior o muy inferior al de los humanos (50); que, no obstante, existen grandes diferencias entre los Estados miembros y que el consumo de algunos antimicrobianos sigue siendo demasiado elevado (51); que la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza importante para la salud humana; que reducir y minimizar el uso de antibióticos en la cría de animales ayudará a ralentizar su aparición y propagación;

O.

Considerando que, ya en 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) publicó su informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 oC, en el que se afirmaba que limitar el calentamiento global a 1,5 oC requeriría cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad; que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad constituyen amenazas crecientes a la seguridad alimentaria y los medios de vida debido a sequías, inundaciones, incendios forestales y nuevas plagas; que los sistemas alimentarios son responsables del 29 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial, y tienen un profundo efecto en el clima, la biodiversidad, el agua, el aire, el suelo y los sumideros de carbono; que el sector agrícola de la Unión produce alrededor del 10 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión, con variaciones considerables entre los Estados miembros, en los que la agricultura representa entre el 3 % y el 33 % de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (52);

P.

Considerando que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura europea se han reducido en torno a un 20 % desde 1990; que las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura se han ralentizado desde 2012 e incluso han aumentado en algunos años (53); que la agricultura puede contribuir activamente a la captura de carbono aumentando los sumideros naturales de carbono mediante la adopción de soluciones basadas en la naturaleza y en los ecosistemas, como rotaciones extensas de cultivos, cultivos intercalados, permacultura, agrosilvicultura, silvicultura, agroecología y restauración de los ecosistemas, y en especial la restauración y el mantenimiento de zonas de turberas como medio para aumentar los sumideros naturales de carbono y su captura;

Q.

Considerando que la agricultura es la tercera fuente más importante de emisiones primarias de PM10 en la Unión, como subraya la Agencia Europea de Medio Ambiente; que las emisiones de amoníaco (NH3) procedentes de la agricultura contribuyen a episodios en que se experimentan altas concentraciones de PM en toda Europa cada primavera, así como a efectos negativos sobre la salud a corto y largo plazo;

R.

Considerando que la Unión consume siete veces más nitrógeno y tres veces más fósforo de lo que sería sostenible y equitativo dentro de los límites del planeta (54);

S.

Considerando que se hace necesario el refuerzo de la información sobre el ciclo de vida, junto con la mejora del rastreo y la supervisión de la información de la cadena de suministro, para cuantificar el progreso hacia la reducción del impacto ambiental del sistema alimentario europeo;

T.

Considerando que el modelo europeo de sector agroalimentario multifuncional, consistente en varios modelos de explotación y cuya fuerza motriz son las explotaciones agrícolas familiares, es un elemento clave de la economía y la sociedad de la Unión, y debe seguir garantizando una producción de alimentos de calidad competitiva y diversificada, la seguridad alimentaria, las cadenas de suministro locales, las buenas prácticas agrícolas, la protección del suelo y de los recursos hídricos, unas normas medioambientales y de bienestar animal rigurosas y unas zonas rurales dinámicas en toda la Unión; que una política agrícola con el apoyo adecuado fomentará la transición hacia cadenas de suministro más locales y prácticas agrícolas más sostenibles, a fin de lograr normas más estrictas en materia de medio ambiente y bienestar animal;

U.

Considerando que es importante destacar el papel clave que desempeñan las microempresas y las pymes en el sector agroalimentario de la Unión en todas las fases de la cadena de suministro, desde la transformación hasta la venta al por menor, a la hora de lograr los objetivos de la estrategia;

V.

Considerando que el sector agrícola debe seguir produciendo alimentos seguros y nutritivos, manteniendo y gestionando la tierra de forma más sostenible, lo que contrarresta la despoblación de las zonas rurales; que los agricultores europeos cumplen las normas más estrictas a escala mundial y proporcionan alimentos de gran calidad, no solo a los ciudadanos europeos, sino también en todo el mundo; que el sector agrícola tiene un inmenso valor estratégico pero, en poco más de un decenio, varios millones de explotaciones han dejado de existir, lo que representa más de un tercio de todas las explotaciones en Europa, siendo la gran mayoría de ellas pequeñas empresas familiares;

W.

Considerando que la transición de la agricultura europea hacia prácticas más sostenibles y la circularidad requerirá inversiones sustanciales con el acceso adecuado a la financiación como condición previa; que el BEI está comprometido a aumentar el porcentaje de su financiación a inversiones en acción por el clima y sostenibilidad medioambiental para alcanzar el 50 % de sus operaciones en 2025 y en adelante; que esto se podría utilizar para desplegar tecnologías que contribuyan a prácticas sostenibles y a reforzar el vínculo de la agricultura con la economía circular;

X.

Considerando que la buena salud del suelo mejora la capacidad de la tierra para la producción de alimentos, el filtrado de aguas y la absorción de carbono, contribuyendo así no solo a estabilizar el clima, sino también a garantizar la seguridad alimentaria, restaurar la biodiversidad, proteger nuestras tierras agrícolas y construir un sistema alimentario más saludable; que la agricultura regenerativa como enfoque para la producción de alimentos y la gestión de la tierra podría mitigar estos desafíos, contribuyendo a la transición hacia un sistema agrícola altamente resiliente basado en la gestión adecuada de las tierras y los suelos;

Y.

Considerando que es importante que los consumidores estén completamente informados y empoderados y sean capaces de tomar decisiones con conocimiento de causa en cuanto a la alimentación; que esto requiere un entorno alimentario sano y seguro que garantice la transparencia y permita que la opción saludable y sostenible sea también una opción fácil y asequible para todos, y que fomente e incentive modelos de consumo que apoyen la salud humana, salvaguardando al mismo tiempo el uso sostenible de los recursos naturales y humanos y un alto nivel de bienestar de los animales; que las campañas de información, educación y sensibilización son insuficientes por sí solas para lograr el cambio necesario hacia unas elecciones más sostenibles y saludables de los consumidores, ya que estas pueden verse influidas por aspectos como las normas y convenciones, el precio, la comodidad, el hábito y la manera en que se presenta la elección de alimentos; que, no obstante, unos ciudadanos informados y educados pueden desempeñar un papel importante para la consecución de los objetivos de Europa en materia de clima, eficiencia en el uso de los recursos y biodiversidad desde el lado de la demanda; que la información de etiquetado obligatorio sobre el contenido de nutrientes y el origen, así como información exhaustiva sobre bienestar animal y sostenibilidad, en principio sobre todos los alimentos, y la difusión pública de información sobre el verdadero coste de la producción pueden ayudar a orientar a los consumidores hacia una nutrición saludable, segura y sostenible; que la información al consumidor debe también adaptarse a la era digital, sin dejar a nadie atrás;

Z.

Considerando que la dieta mediterránea, reconocida por la Unesco en 2010 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es conocida como una dieta saludable y equilibrada, con un alto valor nutricional, social y cultural, basada en el respeto del territorio y de la biodiversidad, que garantiza la conservación y el desarrollo de actividades y oficios tradicionales relacionados con la pesca, la caza sostenible y la agricultura y desempeña un papel protector en la prevención primaria y secundaria de las principales enfermedades degenerativas crónicas;

AA.

Considerando que el agua y la agricultura están inextricablemente vinculadas y que la gestión sostenible del agua en el sector agrícola resulta fundamental para garantizar la producción de alimentos de alta calidad y adecuados y la conservación de los recursos hídricos;

AB.

Considerando que se ha agravado la globalización del mercado alimentario, lo que ha comportado un aumento de la importancia de los acuerdos de libre comercio entre la Unión y terceros países;

AC.

Considerando que es necesario tener en cuenta los resultados obtenidos con la aplicación de las normas en materia de medio ambiente actualmente vigentes;

AD.

Considerando que la grave situación creada por la pandemia de COVID-19 ha repercutido en todos los agentes de la cadena agroalimentaria europea, de la producción primaria al sector de la hostelería;

AE.

Considerando que el sistema alimentario europeo ha desempeñado un papel crucial durante la pandemia de COVID-19 y ha demostrado su resiliencia de la mano de agricultores y sus cooperativas u organizaciones de productores, trabajadores empleados de toda la cadena de valor alimentaria, transformadores, distribuidores y minoristas que han trabajado juntos en condiciones difíciles, también durante confinamientos, y exponiéndose a riesgos sanitarios, a fin de garantizar que los consumidores europeos siguieran teniendo acceso a productos seguros, asequibles y de alta calidad sin impedimentos, respetando al mismo tiempo la integridad del mercado interior; que el mercado interior y el sistema agrícola de la Unión superaron en gran medida y rápidamente las interrupciones del suministro durante la crisis de la COVID-19, lo que, sin embargo, puso de manifiesto ciertas vulnerabilidades en las intricadas cadenas de suministro alimentario, lo que demuestra la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo, la resiliencia y las cadenas de suministro cortas; que, en este contexto, resulta fundamental hacer hincapié en el valor de la seguridad alimentaria y de las cadenas de suministro para todos los ciudadanos de la Unión, así como en la importancia de disponer de todos los instrumentos necesarios para que los agricultores puedan producir alimentos diversos de manera sostenible;

AF.

Considerando que, aunque los derechos de los agricultores se consagraron en 2004 en virtud del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, las normas de propiedad intelectual a menudo les han perjudicado, poniendo en peligro los sistemas locales, tradicionales e indígenas de semillas;

AG.

Considerando que los consumidores están cada vez más preocupados por el bienestar y la salud de los animales; que un nivel elevado de bienestar animal es importante para el desarrollo sostenible y puede reforzar la sostenibilidad económica y ambiental de los agricultores europeos, creando un nuevo mercado para que estos vendan productos basados en normas más estrictas en materia de bienestar animal; que la Comisión ha anunciado una evaluación y revisión de la legislación vigente en materia de bienestar animal, también sobre el transporte y el sacrificio de animales; que unas normas horizontales para proteger a los animales en la agricultura, combinadas con requisitos de bienestar animal basados en la ciencia y específicos de cada especie para todas las especies ganaderas, mejorarían significativamente el bienestar animal; que los períodos de transición y el apoyo a los agricultores son esenciales en relación con los cambios legislativos para permitir una agricultura más sostenible y lograr mejoras para el bienestar animal;

AH.

Considerando que las indicaciones geográficas se derivan del patrimonio inmemorial de la Unión y son fruto de la adaptación de la humanidad a su entorno y una expresión de la identidad de la Unión;

AI.

Considerando que es muy importante hacer frente al fraude alimentario y a las prácticas desleales detectando e investigando actividades fraudulentas;

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143.

144.

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2021, titulada «Coordinación de las políticas económicas en 2021: superar la COVID-19, apoyar la recuperación y modernizar nuestra economía» (COM(2021)0500),

—

Visto el paquete de primavera de 2021 del Semestre Europeo de la Comisión: informe de conjunto con arreglo al artículo 126, apartado 3 (COM(2021)0529),

—

Vistas las previsiones económicas europeas de primavera de 2021, publicadas por la Comisión el 12 de mayo de 2021 (1),

—

Vistas las Perspectivas económicas de la OCDE, volumen de 2021, número 1: versión preliminar (2),

—

Visto el compromiso social de Oporto, firmado por la Presidencia portuguesa del Consejo, el presidente del Parlamento y los representantes de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil (3),

—

Vista la Declaración de Oporto, del 8 de mayo de 2021, aprobada por el Consejo Europeo (4),

—

Vista su Resolución, de 10 de junio de 2021, sobre la posición del Parlamento sobre la evaluación en curso por la Comisión y el Consejo de los planes nacionales de recuperación y resiliencia (5),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2020, sobre la estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 (COM(2020)0575),

—

Visto el Informe conjunto sobre el empleo de 2021 de la Comisión, adoptado por el Consejo el 9 de marzo de 2021 (6),

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales (7),

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 2020, titulada «Una Europa social fuerte para unas transiciones justas» (COM(2020)0014),

—

Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» (COM(2020)0456),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (8) (Reglamento MRR),

—

Visto el informe encargado por el Comité de las Regiones titulado «Application of the principles of partnership and multi-level governance in Cohesion Policy programming 2021-2027» (Aplicación de los principios de asociación y gobernanza multinivel en la programación de la política de cohesión 2021-2027) (9),

—

Vista la conferencia anual sobre el Semestre Europeo del Comité Económico y Social Europeo, celebrada el 31 de mayo de 2021 (10),

—

Vista la resolución del Comité Económico y Social Europeo de febrero de 2021 titulada «Involvement of Organised Civil Society in the National Recovery and Resilience Plans — What works and what does not?» (Participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia — ¿Qué funciona y qué no funciona?) (11),

—

Vista la declaración de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y los interlocutores sociales europeos de 2016 titulada «Un nuevo comienzo para el diálogo social»,

—

Visto el estudio de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), de 23 de marzo de 2021, titulado «COVID-19: Implicaciones para el empleo y la vida laboral» (12),

—

Visto el estudio de Eurofound de abril de 2021 titulado «La vida, el trabajo y la COVID-19: La salud mental y la pérdida de confianza en toda la UE» (13),

—

Visto el Informe Especial 10/2021 del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado «Integración de la perspectiva de género en el presupuesto de la UE: Es el momento de pasar a la acción» (14),

—

Visto el informe de 2021 sobre cuidados de larga duración, elaborado por la Comisión y el Comité de Protección Social (15),

—

Visto el Informe Especial 09/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado «Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados» (16),

—

Visto el informe de Olivier De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, a raíz de su visita las instituciones de la UE entre el 25 de noviembre de 2020 y el 29 de enero de 2021 (17),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9-0274/2021),

A.

Considerando que la crisis de la COVID-19 ha tenido, y muy probablemente seguirá teniendo, un impacto significativo pero desproporcionado en los diferentes Estados miembros, grupos sociales, sectores y regiones, y está dando lugar a un aumento de los niveles de pobreza en toda la Unión; que los más vulnerables han sido los más afectados; que la crisis ha tenido un efecto devastador en diversos grupos vulnerables y ha representado un reto sin precedentes para los trabajadores que proporcionan cuidados a las personas de edad avanzada; que las mujeres, en comparación con los hombres, así como los jóvenes, los trabajadores con una baja cualificación, los migrantes, las personas con discapacidad, las personas procedentes de entornos desfavorecidos, las personas de edad avanzada y las personas con contratos temporales u otras modalidades de empleo no convencionales, además de los trabajadores por cuenta propia, se han visto afectados de una manera desproporcionada; que ha repercutido gravemente en algunas empresas, y en particular en nuestras pymes y microempresas;

B.

Considerando que, con arreglo a las previsiones económicas de primavera 2021 de la Comisión Europea (18), la economía de la Unión crecerá un 4,2 % en 2021 y un 4,4 % en 2022; que se prevé que la tasa de desempleo en la Unión se sitúe en un 7,6 % en 2021 y en el 7 % en 2022; que estas tasas siguen siendo superiores a los niveles previos a la crisis;

C.

Considerando que la pandemia de coronavirus provocó una perturbación de proporciones históricas de las economías europeas, con una contracción de estas cifrada en un 6,1 % en 2020; que, aunque las empresas y los consumidores se han adaptado para afrontar mejor las medidas de contención, ciertos sectores, como el turismo y los servicios presenciales, se siguen resintiendo;

D.

Considerando que combatir la discriminación por motivos de edad y eliminar barreras para que los ciudadanos de edad avanzada puedan trabajar como voluntarios más allá de la edad de jubilación ordinaria reviste importancia para el envejecimiento activo y una mayor solidaridad entre generaciones;

E.

Considerando que el aumento de la desigualdad en las sociedades europeas durante la crisis de la COVID-19 ha acelerado unas tendencias sociales peligrosas, que pueden crear un clima de división, estrés y desilusión que conduce a que el nivel de bienestar de todos los miembros de la sociedad, y no solo de los más desfavorecidos, sea bajo; que la reducción de las desigualdades constituye un requisito previo crucial para alcanzar una sostenibilidad y un bienestar para todos, debido a su efecto negativo en el desempeño general de las sociedades atendiendo a todos los indicadores clave del bienestar, como la salud mental y física y la confianza en las instituciones democráticas, así como en la seguridad y la paz social; que los sistemas de protección social están sometidos a una fuerte presión para mitigar el impacto social de la crisis y garantizar a todos unas condiciones de vida dignas, así como el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y la vivienda;

F.

Considerando que en la Cumbre Social de Oporto de los días 7 y 8 de mayo de 2021 los dirigentes de la Unión reconocieron el pilar europeo de derechos sociales como elemento fundamental de la recuperación, y en la Declaración de Oporto subrayaron su determinación de seguir profundizando en su aplicación a escala nacional y de la Unión;

G.

Considerando que los jóvenes han experimentado el descenso del empleo más acusado (19), así como una pérdida de oportunidades debido a la falta de oportunidades de formación o de prácticas; que en algunos Estados miembros los trabajadores con condiciones laborales precarias se han visto especialmente expuestos a la pérdida de puestos de trabajo a causa de la pandemia, y han sufrido una falta de protección social; que hace falta más inversión en educación y formación profesionales (EFP) asequibles, accesibles, inclusivas y de alta calidad, de modo que toda persona disponga de las competencias y cualificaciones adecuadas, incluidas las necesarias para las transiciones ecológica y digital; que una de las principales prioridades consiste en evitar otra «generación perdida» de jóvenes; que las políticas que aumentan las desigualdades entre generaciones afectan a la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar y a nuestra democracia;

H.

Considerando que la digitalización del mercado laboral constituye una oportunidad cuyos beneficios debemos aprovechar, garantizando al mismo tiempo que el teletrabajo y la flexibilidad relativa al tiempo de trabajo no den lugar a que se conculquen los derechos de los trabajadores;

I.

Considerando que será fundamental contar con sistemas de reducción de jornada que puedan activarse en caso de crisis y que posibiliten el ajuste estructural de las economías y los recursos humanos; que una sólida participación de los interlocutores sociales evitaría exclusiones inesperadas en lo que atañe a la elegibilidad; que estos programas de mantenimiento del empleo han seguido atenuando la evolución del mercado laboral, al cubrir, según las estimaciones, al 5,6 % de la población activa en febrero de 2021, por encima del 5 % aproximado registrado en octubre de 2020, en respuesta a las últimas medidas de confinamiento (20);

J.

Considerando que la pandemia ha demostrado claramente la importancia de la atención integrada, prestando atención a la provisión de servicios de calidad a lo largo de todo el ciclo de vida y especialmente al cuidado de los menores, las personas con discapacidad, la población vulnerable y las personas de edad avanzada; que, durante los confinamientos, las mujeres realizaron la mayor parte del trabajo no remunerado, a pesar de que los hombres asumieron las tareas domésticas en mayor medida que antes (21) (las mujeres dedicaron 18,4 horas semanales a cocinar y a tareas domésticas, frente a las 12,1 horas de los hombres, mientras que antes de la pandemia las mujeres dedicaban 15,8 horas a estas tareas y los hombres 6,8 horas); que la escasez de personal en los sectores sanitario y asistencial, a la que ya se enfrentaban algunos Estados miembros antes de la pandemia (22), provocada por la falta de inversiones o la falta de previsión del cambio demográfico, puede haberse visto exacerbada por la crisis, debido también a la enorme presión laboral y al estrés psicológico resultante de la pandemia (23); que los interlocutores sociales en los servicios sanitarios y sociales están pidiendo diversas mejoras en la prestación de asistencia sanitaria y social para garantizar la resiliencia y la preparación (24);

K.

Considerando que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha señalado que el ciclo presupuestario de la Unión no ha tenido en cuenta la igualdad de género suficientemente; que el TCE ha recomendado a la Comisión que evalúe y refiera si los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros abordan la igualdad de género; que el instrumento Next Generation EU está destinado a las transiciones ecológica y digital, y afecta fundamentalmente a sectores y profesiones dominados por los hombres;

L.

Considerando que, con relación a la dimensión social del MRR, el Reglamento del MRR establece el objetivo general de promover la cohesión económica, social y territorial de la Unión mediante el aumento de la resiliencia, la preparación frente a las crisis, la capacidad de ajuste y el potencial de crecimiento de los Estados miembros, mediante la mitigación del impacto social y económico de la crisis, mediante la contribución a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y a la convergencia social al alza, mediante la restauración y la promoción del crecimiento sostenible, y mediante el fomento de la creación de empleo de calidad;

M.

Considerando que algunos desafíos mundiales, como la digitalización y la lucha contra el cambio climático, perduran con independencia de la crisis de la COVID-19 y exigen una transición justa que no deje a nadie atrás; que el cambio climático, el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad se están acelerando exponencialmente, de acuerdo con el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC); que los ciudadanos y los trabajadores de la Unión están sufriendo con mayor intensidad y frecuencia que en el pasado las consecuencias de la crisis climática y de fenómenos meteorológicos extremos; que los objetivos de descarbonización de 2030 se han elevado con el fin de alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2050; que unos esfuerzos ampliados en materia de mitigación y adaptación exigirían una profunda transformación de los mercados laborales y las economías nacionales y europeos;

N.

Considerando que el objetivo específico del MRR debe ser proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros con vistas a alcanzar los hitos y objetivos de las reformas e inversiones definidos en sus planes macionales de recuperación y resiliencia; que esto significa que toda acción contemplada en los planes (incluidas las inversiones digitales y ecológicas) y las reformas convenidas deben contribuir al respeto de los principios del pilar europeo de derechos sociales, a la creación de empleo de calidad y a la convergencia social al alza; que las acciones que no contribuyen a estos objetivos social no guardan consonancia con los requisitos del Reglamento del MRR;

O.

Considerando que, de acuerdo con el artículo 17, apartado 3, del Reglamento del MRR, los planes nacionales deben ser coherentes con los retos y prioridades específicos de cada país, determinados en el marco del Semestre Europeo, así como con los determinados en la recomendación más reciente del Consejo sobre la política económica de la zona del euro para los Estados miembros cuya moneda es el euro;

P.

Considerando que las reformas socialmente sostenibles son las que se basan en la solidaridad, la integración, la justicia social, una distribución justa de la riqueza, la igualdad de género, un sistema de educación pública de calidad para todos, un empleo de calidad y un crecimiento sostenible, lo que constituye un modelo que garantiza la igualdad y la protección social, capacita a los grupos vulnerables, refuerza la participación y la ciudadanía y mejora los niveles de vida de todos;

Q.

Considerando que la crisis de la COVID-19 ha acelerado la transición digital de las economías nacionales y europeas y el desarrollo de nuevos métodos de trabajo; que la digitalización, la robotización, la automatización y la inteligencia artificial deben beneficiar a los trabajadores y a la sociedad mediante la mejora de las condiciones laborales y de la calidad de vida, garantizando un buen equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, creando mejores oportunidades de empleo y contribuyendo a la convergencia socioeconómica;

1.

2.

3.

4.

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7.

8.

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10.

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49.

50.

51.

52.

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Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los artículos 152 y 154 del TFUE relativos al papel de los interlocutores sociales y la consulta a los interlocutores sociales,

—

Visto el artículo 153, apartados 1 y 2, del TFUE,

—

Visto el artículo 192, apartados 1, 3, 4 y 5, del TFUE,

—

Visto el artículo 194, apartado 2, del TFUE,

—

Visto el artículo 114, apartado 1, del TFUE,

—

Visto el artículo 168 del TFUE,

—

Visto el artículo 169, apartado 3, del TFUE,

—

Vista la Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (1),

—

Vista la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (2),

—

Vista la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (3),

—

Vista la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo) (4),

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales, proclamado el 17 de noviembre de 2017 conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, titulada «Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales» (COM(2021)0102),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2013, sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente (5),

—

Vistas las directrices prácticas de la Comisión sobre la información y la formación de los trabajadores que realizan tareas de retirada o mantenimiento del amianto (2012),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de junio de 2014, relativa a un marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo, 2014-2020 (COM(2014)0332),

—

Visto el informe de la Comisión de noviembre de 2015 titulado «Evaluation of the Practical Implementation of the EU Occupational Safety and Health (OSH) Directives in EU Member States» (Evaluación de la aplicación práctica de las Directivas de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) en los Estados miembros de la UE),

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 15 de mayo de 2019 titulado «Trabajo con amianto en la renovación energética»,

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 18 de febrero de 2015 sobre «Erradicar el amianto en la UE»,

—

Vista su Resolución de 10 de marzo de 2021 sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.o 305/2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción (el Reglamento sobre los productos de construcción) (6),

—

Vista su Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad (7),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, titulada «Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas. Hacia un entorno sin sustancias tóxicas» (COM(2020)0667),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de marzo de 2021, tituladas «Estrategia de la Unión para la sostenibilidad de las sustancias químicas: la hora de los resultados»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, titulada «Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas» (COM(2020)0662),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2021, titulada «Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer» (COM(2021)0044),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan de acción para la economía circular. por una Europa más limpia y más competitiva» (COM(2020)0098),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, titulada «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas» (COM(2015)0550),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de julio de 2020, titulada «Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia» (COM(2020)0274),

—

Visto el informe científico de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, de 1 de febrero de 2021, titulado «ECHA Scientific report for evaluation of limit values for asbestos at the workplace» (Informe científico de la ECHA para la evaluación de los valores límite del amianto en el lugar de trabajo),

—

Visto el informe de la Comisión, de septiembre de 2020, titulado «Conquering cancer: mission possible» (Vencer al cáncer: una misión posible),

—

Vistas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de marzo de 2014 formuladas en la ficha informativa titulada «Eliminación de las enfermedades relacionadas con el asbesto»,

—

Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo 3 para garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades,

—

Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,

—

Visto el Informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9-0275/2021),

A.

Considerando que al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana;

B.

Considerando que el amianto causa entre 30 000 y 90 000 muertes al año en la Unión;

C.

Considerando que el cáncer profesional más frecuente es el cáncer de pulmón, que representa entre el 54 % y el 75 % de los cánceres profesionales, y que el amianto es la principal causa de cáncer de pulmón (45 %) (8); que la exposición al amianto en combinación con el consumo de tabaco aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón (9);

D.

Considerando que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), reconoció el amianto como un carcinógeno (grupo 1) responsable de asbestosis, cánceres de pulmón y mesotelioma, así como de cánceres de laringe y ovarios; que debe fomentarse la investigación sobre otros tipos de cáncer inducidos por el amianto, así como sobre otras enfermedades no cancerosas (10); que se ha observado un aumento del riesgo de sufrir cáncer incluso entre la población expuesta a niveles muy reducidos de fibras de amianto, incluidas fibras de amianto crisótilo; que el amianto puede causar otros trastornos pulmonares y pleurales no malignos, como placas pleurales, espesamiento pleural y efusiones pleurales benignas;

E.

Considerando que el amianto está prohibido en la Unión desde 2005; que algunos Estados miembros prohibieron el amianto ya en la década de 1980; que los Estados miembros deben velar por que las fibras de amianto se vayan retirando gradualmente hasta desaparecer por completo lo antes posible; que la naturaleza y el alcance del uso del amianto varían considerablemente de un Estado miembro a otro;

F.

Considerando que el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH) (11) especifica que está prohibida la fabricación, la venta y la utilización de fibras de amianto y de productos que contengan estas fibras añadidas intencionadamente, y que el Reglamento (UE) 2016/1005 de la Comisión (12), por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento REACH, tiene por objeto garantizar la retirada progresiva completa de los productos del amianto en los Estados miembros a más tardar el 1 de julio de 2025;

G.

Considerando que el amianto es un agente carcinógeno sumamente peligroso utilizado en todo el mundo en la construcción y en otros materiales en numerosos ámbitos de la vida cotidiana; que numerosos grupos diferentes se encuentran en riesgo de exposición al amianto, entre ellos, los trabajadores del sector de la construcción y la renovación, la minería, la gestión de residuos, los bomberos, así como los propietarios de viviendas y los inquilinos; que los efectos más nocivos para la salud de las fibras de amianto inhaladas y de las enfermedades relacionadas con el amianto pueden tardar hasta 40 años en manifestarse; que se espera que los casos en la Unión alcancen un máximo en torno a 2025 (13);

H.

Considerando que, a pesar de la normativa vigente tanto a escala de la Unión como nacional, muchos casos de enfermedades relacionadas con el amianto demasiado a menudo no se reconocen como una enfermedad profesional y, por lo tanto, las víctimas no pueden optar a indemnizaciones por motivos laborales, lo que se suma al sufrimiento físico derivado de la enfermedad; que los sindicatos y los asociaciones de representación de las víctimas desempeñan una función importante en la asistencia a las víctimas de enfermedades profesionales en los procedimientos de reconocimiento y las peticiones de indemnización;

I.

Considerando que la gestión del amianto en los edificios, incluidos los abandonados, y su retirada segura requiere que se considere plenamente la salud y la seguridad en el trabajo en relación con el plan de la Unión de mejorar el aislamiento térmico de su entorno construido con vistas al ahorro energético y a convertirse en el primer continente climáticamente neutro en 2050; que la renovación de los edificios para aumentar la eficiencia energética suele implicar la manipulación de materiales como tejados, paredes o ajustes eléctricos que podrían contener amianto en caso de haber sido construidos con anterioridad a los reglamentos y prohibiciones de la Unión y nacionales; que una parte sustancial del entorno construido existente en la Unión tiene más de cincuenta años; que el deterioro del parque inmobiliario de la Unión acrecienta el riesgo de exposición medioambiental, lo que supone una amenaza para numerosos colectivos de la población, que, en particular, podría dar lugar a más casos de mesotelioma; que se han observado enfermedades relacionadas con el amianto en poblaciones residentes en las proximidades de zonas industriales; que los efectos sobre la salud de la exposición ambiental se han infravalorado en gran medida (14); que los niveles de exposición medioambiental al amianto pueden alcanzar los niveles de la exposición profesional; que es necesario investigar más los riesgos relacionados con el amianto a través de estas vías ambientales;

J.

Considerando que los vertidos de residuos de amianto no son una solución viable a largo plazo, dado que la gestión de los residuos se extenderá a futuras generaciones, al ser las fibras de amianto prácticamente indestructibles con el paso del tiempo; que debe evitarse la liberación de fibras de amianto en el medio ambiente; que es necesario desarrollar métodos con buena relación entre coste y eficacia para la inertización de los residuos que contengan amianto, desactivar las fibras de amianto activas y convertirlas en materiales que no representen riesgos para la salud pública;

K.

Considerando que, de manera más general, deben fomentarse la investigación y la innovación a fin de mejorar la detección del amianto, la identificación de otros cánceres relacionados con el amianto distintos del cáncer de pulmón y los mesoteliomas, las técnicas seguras de retirada, la gestión de los residuos y la seguridad de los trabajadores expuestos y los ocupantes de los edificios, incluidas alertas de presencia de amianto en tiempo real y tecnologías de detección;

L.

Considerando que, en virtud del artículo 191, apartado 1, del TFUE, la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar objetivos tales como la protección de la salud de sus ciudadanos, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, el fomento de la utilización prudente y racional de los recursos naturales y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente;

M.

Considerando que, en virtud del artículo 191, apartado 2, del TFUE, la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de que quien contamina paga;

N.

Considerando que el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea exige que en las políticas de la Unión se integren y garanticen, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad;

O.

Considerando que el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible se está convirtiendo en un derecho universalmente reconocido, dado que el número de países que reconocen este derecho ha aumentado durante los últimos años, con más de 155 países que reconocen este derecho, o elementos de este derecho, en sus sistemas jurídicos nacionales;

P.

Considerando que, según la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), el amianto es un carcinógeno sin umbral; que el actual valor límite de exposición profesional vinculante (OELV) para el amianto es de 0,1 fibras/cm3 como media ponderada en el tiempo de 8 horas; que el Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) ha elaborado un dictamen para una reducción del OELV vinculante para el amianto; que siempre se debe reducir la exposición en la medida de lo técnicamente posible, especialmente cuando no exista un umbral seguro; que el OELV debe por ende revisarse para tener en cuenta los últimos avances científicos y técnicos y revisarse en consecuencia;

Q.

Considerando que el 80 % de los cánceres profesionales reconocidos en los Estados miembros están relacionados con el amianto; que los trabajadores soportan el 98 % de los costes humanos, incluido el impacto en la calidad de vida y en las familias de los trabajadores; que las estimaciones indican que el coste de los cánceres profesionales en la Unión representa entre 270 y 610 000 000 000 EUR al año, es decir, entre el 1,8 % y el 4,1 % del PIB (15); que la adopción de medidas para mejorar las políticas de prevención de enfermedades es fundamental para garantizar que los trabajadores y sus familias puedan vivir con más salud;

R.

Considerando que el amianto se ha utilizado ampliamente en las viviendas y plantea riesgos para la salud; que el derecho a una vivienda digna, cuya definición incluye, entre otras cosas, el derecho a una protección contra las amenazas para la salud, ha sido reconocido como un derecho humano y como un elemento fundamental para abordar las desigualdades en materia de salud por parte de las organizaciones internacionales y los Estados miembros; que la retirada segura del amianto contribuirá a garantizar una vivienda de calidad para todos, en particular para los propietarios con bajos ingresos y los inquilinos cuyas condiciones de vivienda se hayan deteriorado en las últimas décadas;

S.

Considerando que la retirada segura del amianto no debe utilizarse como pretexto para prácticas como el desahucio de inquilinos por el hecho de que sus hogares deban renovarse;

T.

Considerando que la introducción de requisitos para la retirada segura del amianto debe ser justa desde el punto de vista social e ir acompañada de medidas adecuadas para ayudar a los propietarios de edificios a financiar las renovaciones necesarias, así como de medidas complementarias de capacitación para las pymes que lleven a cabo las obras; que, al mismo tiempo, deben protegerse los fondos de la Unión en el marco de la oleada de renovación para Europa, establecidos en la Comunicación de la Comisión de 14 de octubre de 2020 (en lo sucesivo, «oleada de renovación»), para los beneficiarios que cumplan la normativa nacional y de la Unión destinada a proteger a los trabajadores frente a la exposición al amianto;

U.

Considerando que el amianto sigue presente en muchos edificios administrativos, colegios, viviendas, infraestructuras e instalaciones de transporte público y redes de suministro de agua; que el conocimiento sobre el uso y la presencia de esta sustancia disminuye con el tiempo; que la presencia de amianto y la falta de conocimiento sobre esta sustancia constituye un peligro para todos los trabajadores y los usuarios de estos edificios;

V.

Considerando que, en la Resolución del Parlamento, de 17 de diciembre de 2020, sobre una Europa social fuerte para unas transiciones justas (16), se pide a los Estados miembros que eliminen la mortalidad laboral y reduzcan las enfermedades relacionadas con el trabajo de aquí a 2030, y a la Comisión que revise la Directiva 2004/37/CE;

W.

Considerando que la Comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2021,afirma que el 52 % de las muertes profesionales anuales en la Unión pueden atribuirse a cánceres relacionados con el trabajo; que la mejora del diagnóstico temprano, los tratamientos y la rehabilitación son prioridades del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y deben beneficiar a pacientes que sufren enfermedades relacionadas con el amianto; que la Comisión tiene previsto presentar una propuesta legislativa en 2022 para seguir reduciendo la exposición de los trabajadores al amianto como parte de su plan;

X.

Considerando que el pilar europeo de derechos sociales (en lo sucesivo, «pilar») se aprobó como respuesta a los retos sociales en la Unión; que el pilar recoge veinte principios divididos en tres categorías: igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, condiciones laborales equitativas y protección e inclusión sociales; que el principio 10 establece un alto nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el trabajo, lo que debe incluir la protección de los trabajadores frente a la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos en el lugar de trabajo;

Y.

Considerando que la crisis ha puesto de relieve la importancia de prevenir las enfermedades relacionadas con el trabajo y de invertir en una salud pública asequible para todos; que las inspecciones de trabajo, los sindicatos y los representantes de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo desempeñan una función fundamental en una inspección eficaz y en el cumplimiento de las normas y los reglamentos relacionados con el amianto; que unas sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias resultan fundamentales para desalentar el incumplimiento de los reglamentos sobre salud y seguridad en el trabajo por parte de los empleadores y garantizar una competencia justa en el mercado interior;

Z.

Considerando que el entorno construido tiene repercusiones significativas en muchos sectores económicos, en el empleo local y en la calidad de vida; que la nueva estrategia de la Comisión en materia de entorno construido sostenible tiene por objeto, entre otras cosas, promover los principios de circularidad a lo largo del ciclo de vida de los edificios; que el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular de la Comisión establecido en su Comunicación de 11 de marzo de 2020 incluye iniciativas dirigidas a abordar cadenas de valor clave de los productos, como la construcción y los edificios; que en la Comunicación de la Comisión de 1 de julio de 2020 se reconoce que el sector de la construcción deberá invertir en la mejora de las capacidades para atender las necesidades de la transición ecológica, en lo referente al diseño y materiales verdes, la eficiencia energética, la circularidad y la renovación; que la disponibilidad de trabajadores cualificados para la construcción es clave para el éxito de la oleada de renovación;

AA.

Considerando que el amianto y los materiales y productos que contienen amianto aún pueden ser producidos, transformados, importados y exportados legalmente en más de 100 países de todo el mundo, incluidos los países de las regiones vecinas de la Unión; que el Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (17) establece la aplicación del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, en su versión revisada de 2019 (el «Convenio de Rotterdam»), por el cual se exige un acuerdo específico de un país antes de exportar un producto que contenga químicos tóxicos; que en la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, se determinó que era prioritario redoblar los esfuerzos destinados a evitar que los productos no conformes se comercialicen en el mercado de la Unión; que pese a las prohibiciones nacionales y de la Unión y de la normativa vigente el amianto sigue entrando en el mercado interior (18); considerando que mientras el amianto se produzca y comercialice de manera legal a nivel mundial, siempre existirá el riesgo de que entre en el mercado interior;

AB.

Considerando que es importante mantener unos amplios registros de las personas que hayan estado expuestas al amianto en el pasado y en la actualidad a fin de garantizar una vigilancia médica y de facilitar el reconocimiento de las enfermedades profesionales, cumpliendo al mismo tiempo el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (19); que los Estados miembros disponen de diferentes maneras de organizar los sistemas nacionales de seguridad social en lo que respecta a las lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo, incluida la función complementaria de los convenios colectivos; que deben respetarse los principios que subyacen a dichos sistemas y la autonomía de los interlocutores sociales;

AC.

Considerando que en el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de febrero de 2015, sobre «Erradicar el amianto en la UE» se afirma que se debe asegurar que en los Estados miembros se registran todos los casos de asbestosis, mesotelioma y otras enfermedades relacionadas con el amianto por medio de la recogida sistemática de datos sobre enfermedades profesionales y no profesionales relacionadas con el amianto, que se clasifican y registran oficialmente las placas pleurales como enfermedad relacionada con el amianto, que se elaboran, con la ayuda de observatorios especializados, mapas fiables sobre la presencia de amianto y que el personal médico necesita una formación apropiada para poder llevar a cabo un diagnóstico sólido;

AD.

Considerando que la legislación en vigor en algunos Estados miembros solo impone determinadas obligaciones a los propietarios, administradores o gestores de edificios que contienen amianto cuando empiezan a utilizar el edificio o se proponen iniciar su demolición, y no cuando venden un edificio con productos que contienen amianto;

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