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El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se introdujo en el contexto de la tercera fase de la unión económica y monetaria y fue concebido para asegurar que los países de la Unión Europea (UE) mantuvieran unas finanzas públicas saneadas tras la introducción de la moneda única.
Desde el punto de vista formal, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento consta de una resolución del Consejo Europeo (adoptada en 1997) y dos reglamentos del Consejo, de 7 de julio de 1997, en los que se detallan las modalidades técnicas (uno sobre la supervisión de las situaciones presupuestarias y la coordinación de las políticas económicas, y otro sobre la aplicación del procedimiento de déficit excesivo).
Los dos reglamentos se modificaron en 2005, a raíz de los debates sobre la aplicación del Pacto. Sin embargo, su débil ejecución generó graves desequilibrios presupuestarios en algunos países de la UE, que se pusieron de manifiesto cuando estalló la crisis económica y financiera en 2008.
A partir de la crisis, se ha reforzado la normativa sobre gobernanza económica de la UE mediante ocho reglamentos de la UE y un tratado internacional:
Esta serie de medidas es ahora parte integrante del Semestre Europeo, el mecanismo de coordinación de la política económica de la UE.
En enero de 2015, tras llevar a cabo una revisión, la Comisión Europea publicó unas orientaciones detalladas sobre la aplicación de las normas existentes en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el fin de reforzar el vínculo entre las reformas estructurales, la inversión (en concreto, en vista de la reciente creación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas) y la responsabilidad fiscal en apoyo a la creación de empleo y el crecimiento.
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