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Document 52021DC0389

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO, EL BANCO CENTRAL EUROPEO, EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y EL COMITÉ DE LAS REGIONES Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021

COM/2021/389 final

Bruselas, 8.7.2021

COM(2021) 389 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO, EL BANCO CENTRAL EUROPEO, EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021


   1.    Introducción

Unos sistemas judiciales eficaces son esenciales para la aplicación del Derecho de la Unión y para la defensa del Estado de Derecho y de los valores en que se fundamenta la Unión. Los órganos jurisdiccionales nacionales actúan como órganos jurisdiccionales de la UE cuando aplican el Derecho de la Unión. Son los órganos jurisdiccionales nacionales los que, en primer lugar, garantizan que los derechos y obligaciones previstos en el Derecho de la Unión se apliquen de manera efectiva [artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE)].

Unos sistemas judiciales eficaces también son fundamentales para fomentar la confianza mutua, un clima de inversión y la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. Por ello, la mejora de la eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales nacionales continúa siendo una de las prioridades del Semestre Europeo (el ciclo anual de la UE de coordinación de las políticas económicas). La Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021( 1 ), que define las prioridades en materia de política económica y de empleo para la Unión, reitera el vínculo que existe entre unos sistemas judiciales eficaces y el entorno empresarial en los Estados miembros. Unos sistemas judiciales plenamente independientes y que funcionen de manera adecuada pueden ejercer un efecto positivo en la inversión, contribuyendo de ese modo a la productividad y la competitividad. También son importantes para garantizar una ejecución transfronteriza eficaz de los contratos y las resoluciones administrativas, así como para una correcta resolución de las controversias, que son esenciales para el funcionamiento del mercado único( 2 ).

En este contexto, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE presenta una relación anual de indicadores centrados en los parámetros fundamentales de unos sistemas judiciales eficaces:

·eficiencia,

·calidad, e

·independencia.

La edición de 2021 (en lo sucesivo, «el cuadro de indicadores») profundiza en los indicadores correspondientes a estos tres elementos, así como en la digitalización de la justicia, que reviste especial importancia para mantener los órganos judiciales en funcionamiento durante la pandemia de COVID-19 y, más en general, para promover la eficiencia y accesibilidad de los sistemas judiciales( 3 ).

 El mecanismo europeo sobre el Estado de Derecho

Como se anunció en las directrices políticas de la presidenta Von der Leyen, la Comisión ha establecido un mecanismo europeo general sobre el Estado de Derecho con el objetivo de llevar a cabo un seguimiento más estrecho de la situación en los Estados miembros. Este mecanismo actúa como herramienta preventiva: intensifica el diálogo y mejora el conocimiento conjunto de las cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. En el centro del nuevo mecanismo se encuentra el informe anual sobre el Estado de Derecho, que ofrece un resumen de los principales hechos acaecidos en todos los Estados miembros y en el conjunto de la Unión, tanto positivos como negativos. El informe de 2020 sobre el Estado de Derecho se publicó el 30 de septiembre de 2020 y tomó como base diversas fuentes, entre ellas el cuadro de indicadores de la justicia en la UE( 4 ). El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021 se ha perfeccionado asimismo para reflejar la necesidad de disponer de más información comparativa que se observó durante la elaboración del informe de 2020 sobre el Estado de Derecho, y para continuar respaldando los informes anuales sobre el Estado de Derecho.



¿Qué es el cuadro de indicadores de la justicia en la UE?

El cuadro de indicadores de la justicia en la UE es una herramienta anual de información comparativa. Su propósito es ayudar a la Unión y a sus Estados miembros a mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales nacionales mediante la facilitación de datos objetivos, fiables y comparables sobre diversos indicadores pertinentes para la evaluación de la i) eficiencia, ii) calidad e iii) independencia de los sistemas judiciales en todos los Estados miembros. No presenta una clasificación única general, sino una visión de conjunto de cómo funcionan todos los sistemas judiciales, basándose en indicadores que son de interés y pertinencia comunes para todos los Estados miembros.

El cuadro de indicadores no favorece un tipo concreto de sistema judicial y trata a todos los Estados miembros en pie de igualdad.

La eficiencia, calidad e independencia son parámetros esenciales de un sistema judicial eficaz, independientemente del modelo de sistema judicial nacional o de la tradición jurídica en que se fundamente. Las cifras sobre estos tres parámetros deben interpretarse conjuntamente, ya que a menudo los tres se encuentran interrelacionados (las iniciativas encaminadas a mejorar uno de ellos pueden influir en otro).

El cuadro contiene principalmente indicadores relativos a asuntos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos, así como a determinados asuntos penales, con el fin de ayudar a los Estados miembros en su esfuerzo por crear un entorno más eficiente y favorable a la inversión, las empresas y los ciudadanos. Se trata de una herramienta de comparación que evoluciona a la par del diálogo con los Estados miembros y el Parlamento Europeo( 5 ). Su objetivo es determinar los parámetros esenciales de un sistema de justicia eficaz y proporcionar datos anuales pertinentes.

¿Qué metodología sigue el cuadro de indicadores de la justicia en la UE?

El cuadro de indicadores utiliza diferentes fuentes de información. La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), con la que la Comisión ha suscrito un contrato para realizar un estudio anual específico, aporta gran parte de los datos cuantitativos. Estos datos corresponden al período 2012-2019, y han sido comunicados por los Estados miembros con arreglo a la metodología de la CEPEJ. Asimismo, el estudio proporciona comentarios detallados y fichas informativas específicas de cada país que ofrecen más contexto y que deben leerse junto con los gráficos( 6 ).

Los datos recabados por la CEPEJ sobre la duración de los procedimientos muestran el «plazo de resolución», que es la duración calculada de los procedimientos judiciales (basada en la relación entre los asuntos pendientes y los asuntos resueltos). Los datos sobre la eficacia de los órganos jurisdiccionales al aplicar la legislación europea en ámbitos específicos muestran que la duración media de los procedimientos está directamente relacionada con el plazo de resolución de los asuntos judiciales. Cabe señalar que la duración de los procedimientos judiciales puede variar sustancialmente entre las diferentes zonas de un mismo Estado miembro, en particular en el caso de los centros urbanos, en los que la actividad comercial puede generar un número de asuntos más elevado.

Otras fuentes de información, que abarcan el período comprendido entre 2012 y 2020, son las siguientes: el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales( 7 ), la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECPJ)( 8 ), la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión Europea (RPTSUE)( 9 ), la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos de lo Contencioso-Administrativo de la Unión Europea (ACA-Europa)( 10 ), la Red Europea de Competencia (REC)( 11 ), el Comité de Comunicaciones (COCOM)( 12 ), el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual( 13 ), la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC)( 14 ), el Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (EGMLTF)( 15 ), Eurostat( 16 ), y la Red Europea de Formación Judicial (REFJ).

A lo largo de los años, la metodología del cuadro de indicadores se ha seguido desarrollando y perfeccionando en estrecha cooperación con el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales, en particular mediante un cuestionario (que se actualiza con frecuencia anual) y la recopilación de datos sobre determinados aspectos del funcionamiento de dichos sistemas.

La disponibilidad de datos, en particular de indicadores sobre la eficiencia de los sistemas judiciales, sigue mejorando, ya que muchos Estados miembros han invertido en su capacidad para elaborar mejores estadísticas judiciales. En los casos en los que aún existen dificultades para recopilar o proporcionar datos, estas se deben a una capacidad estadística insuficiente o al hecho de que las categorías nacionales para las que se obtienen datos no corresponden exactamente a las utilizadas en el cuadro de indicadores. Solo en muy pocos casos puede atribuirse la insuficiencia de datos a la falta de cooperación por parte de las autoridades nacionales. La Comisión sigue instando a los Estados miembros a reducir aún más esta carencia de información.

¿Cómo aporta información el cuadro de indicadores de la justicia en la UE al Semestre Europeo y de qué forma se relaciona con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia?

El cuadro de indicadores ofrece elementos para evaluar la eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales nacionales y, por tanto, tiene como objetivo ayudar a los Estados miembros a mejorar la eficacia de dichos sistemas. Al comparar la información relativa a los sistemas judiciales, el cuadro de identificadores facilita la identificación de las mejores prácticas y las deficiencias, así como el seguimiento de los desafíos y los avances logrados. En el contexto del Semestre Europeo se llevan a cabo evaluaciones por país a través de un diálogo bilateral con las autoridades nacionales y las partes interesadas. Cuando se identifican deficiencias que revisten importancia desde el punto de vista macroeconómico, el análisis en el marco del Semestre Europeo puede conducir a que la Comisión proponga al Consejo que adopte recomendaciones específicas por país sobre la mejora de los sistemas judiciales nacionales en cada Estado miembro( 17 ). El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) pondrá a disposición más de 670 000 millones EUR en préstamos y subvenciones, de los que cada Estado miembro tendría que destinar, como mínimo, un 20 % a la transición digital. El MRR brinda la oportunidad de abordar las recomendaciones específicas por país relativas a los sistemas judiciales nacionales y agilizar los esfuerzos de los Estados miembros dirigidos a culminar la transformación digital de dichos sistemas. En este contexto, la Comisión ha de determinar si está previsto que el plan de recuperación y resiliencia contribuya a hacer frente de manera efectiva a la totalidad o a una parte significativa de los retos determinados en las correspondientes recomendaciones específicas por país o en otros documentos pertinentes adoptados por la Comisión en el marco del Semestre Europeo( 18 ).

¿Por qué son importantes unos sistemas judiciales eficaces para un entorno empresarial favorable a la inversión?

Los sistemas judiciales eficaces que defienden el Estado de Derecho tienen un impacto económico positivo. Cuando los sistemas judiciales garantizan la tutela de los derechos, es más probable que se concedan créditos, se disuade a las empresas de conductas oportunistas, se reducen los costes de transacción y es más probable que las empresas innovadoras inviertan. El efecto beneficioso del buen funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales para la economía se ha constatado en diversos estudios y publicaciones académicas, en particular del Fondo Monetario Internacional( 19 ), el Banco Central Europeo( 20 ), la OCDE( 21 ), el Foro Económico Mundial( 22 ) y el Banco Mundial( 23 ).

Un estudio ha llegado a la conclusión de que la reducción de la duración de los procedimientos judiciales en un 1 % [medido en plazo de resolución( 24 )] puede aumentar la tasa de crecimiento del número de empresas( 25 ), y que un aumento del 1 % en el porcentaje de empresas que perciben que el sistema judicial es independiente tiende a asociarse con un mayor crecimiento de la facturación y la productividad( 26 ). Otro estudio ha indicado una correlación positiva entre la independencia judicial percibida y los flujos de inversión extranjera directa( 27 ). 

Además, varias encuestas han puesto de relieve la importancia que tiene la eficacia de los sistemas judiciales nacionales para las empresas. Por ejemplo, en una de ellas, el 93 % de las grandes empresas respondieron que revisan de manera sistemática y constante las condiciones del Estado de Derecho (incluida la independencia judicial) en los países en los que invierten( 28 ). En otra encuesta, más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) contestaron que los costes y la excesiva duración de los procedimientos judiciales, respectivamente, eran las principales razones para no incoar este tipo de procedimientos en el ámbito de la vulneración de derechos de propiedad intelectual e industrial (DPII)( 29 ). La Comunicación de la Comisión titulada «Determinar y abordar las barreras del mercado único»( 30 ) y el plan de acción para mejorar el cumplimiento de las normas del mercado único( 31 ) permiten asimismo vislumbrar la importancia de unos sistemas judiciales eficaces para el funcionamiento del mercado único, en especial para las empresas.

¿Cómo respalda la Comisión la aplicación de reformas judiciales adecuadas a través del apoyo técnico?

Los Estados miembros pueden recurrir al apoyo técnico de la Comisión a través de la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales (DG Apoyo a las Reformas Estructurales) en el marco del instrumento de apoyo técnico( 32 ), que cuenta con un presupuesto total de 864,4 millones EUR para el período 2021-2027. De 2017 a 2020, el programa de apoyo a las reformas estructurales tuvo una dotación de 222,8 millones EUR y ha respaldado más de mil proyectos de reforma en múltiples ámbitos en veintisiete Estados miembros. En el ámbito de la justicia, se prestó apoyo técnico, por ejemplo, para mejorar la eficiencia del sistema judicial, para la reforma del mapa judicial, para la organización de los órganos jurisdiccionales, para el diseño o la implantación de programas de justicia electrónica y de la justicia digital, para los sistemas de gestión de asuntos, para el proceso de selección y promoción de los jueces, para la formación de los jueces, para la mejora de los regímenes de insolvencia y para la resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo. Por otro lado, el instrumento de apoyo técnico también complementa las medidas de la Comisión para abordar las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, en particular el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ya que puede ayudar a los Estados miembros a elaborar y aplicar sus planes de recuperación y resiliencia.

¿Por qué supervisa la Comisión la digitalización de los sistemas judiciales nacionales?

La digitalización de la justicia resulta fundamental para aumentar la eficacia de los sistemas judiciales y es una clara herramienta para mejorar y facilitar el acceso a la justicia. La pandemia de COVID-19 sacó a relucir la necesidad de los Estados miembros de agilizar las reformas de modernización en este ámbito.

Desde 2013, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE ha incluido determinada información comparativa en cuanto a la digitalización de la justicia en los Estados miembros, por ejemplo, con respecto al acceso electrónico a las sentencias o la presentación y seguimiento en línea de las demandas.

La Comunicación de la Comisión sobre «La digitalización de la justicia en la UE: Un abanico de oportunidades»( 33 ), adoptada en diciembre de 2020, constituye una estrategia destinada a mejorar el acceso a la justicia y la eficacia de los sistemas judiciales mediante el uso de la tecnología. Tal como se describe en la Comunicación, a partir de 2021 se incluirá una serie de indicadores adicionales en el cuadro de indicadores de la justicia en la UE al objeto de garantizar una supervisión exhaustiva y oportuna de las áreas de progreso y las dificultades experimentadas por los Estados miembros en sus esfuerzos dirigidos a la digitalización de sus sistemas judiciales.


2.    Contexto: Acontecimientos en el ámbito de las reformas de la justicia en 2020

En 2020, un gran número de Estados miembros continuaron sus esfuerzos para seguir mejorando la eficacia de sus sistemas judiciales. En el gráfico 1 se presenta una visión general actualizada de las medidas adoptadas y previstas en numerosos ámbitos de los sistemas judiciales de los Estados miembros que han emprendido actividades de reforma.

Gráfico 1: Actividad legislativa y reglamentaria en relación con los sistemas judiciales en 2020 (medidas adoptadas / iniciativas en fase de negociación por Estado miembro) [fuente: Comisión Europea( 34 )]

En 2020 el Derecho procesal siguió siendo un ámbito de especial atención en muchos Estados miembros, en los que concentraba una parte significativa de la actividad legislativa en curso o prevista. Las reformas que afectaban al estatuto de los jueces y las normas aplicables a los profesionales del Derecho también registraron gran actividad. Varios Estados miembros se hallaban en proceso de introducir legislación sobre el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en sus sistemas judiciales. El impulso de los anteriores años para medidas relativas a la administración de los órganos jurisdiccionales prosiguió en 2020. En otros ámbitos, como los métodos de resolución alternativa de litigios (RAL), las normas aplicables a los fiscales o las tasas judiciales, la actividad se ralentizó. Algunos Estados miembros ya están utilizando o planeando utilizar activamente la inteligencia artificial en sus sistemas de justicia. Esta visión general confirma la observación de que las reformas judiciales requieren un tiempo —a veces varios años— desde que son anunciadas hasta que se adoptan las medidas legislativas y reglamentarias pertinentes y se aplican en efecto sobre el terreno.

La pandemia de COVID-19 ha planteado asimismo nuevos retos que han puesto de relieve la importancia de agilizar las reformas para digitalizar los sistemas judiciales. En este contexto, varios Estados miembros han adoptado nuevas medidas para garantizar el funcionamiento normal de los órganos jurisdiccionales y asegurar, al mismo tiempo, el continuo y fácil acceso a la justicia para todos, en particular mediante la adaptación de las normas procesales. La Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos de lo Contencioso-Administrativo de la Unión Europea (ACA-Europa) elaboró un cuestionario para examinar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la actividad profesional de los tribunales supremos. El cuestionario se dirigió tanto a los tribunales supremos de lo contencioso-administrativo como a los tribunales supremos [miembros de la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión Europea (RPTSUE)]. Sin examinar las medidas sustantivas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, el gráfico 2 presenta las modificaciones introducidas en el Derecho procesal por los Estados miembros para facilitar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, ya sea mediante legislación nueva, sentencias de los tribunales supremos, o reglamentos o prácticas judiciales.

Gráfico 2: Modificaciones introducidas en las normas procesales de los tribunales supremos a causa de la pandemia de COVID-19 [fuente: ACA-Europa y la RPTSUE( 35 )]

(*) Para cada Estado miembro, la columna de la izquierda presenta las prácticas de los tribunales supremos y la columna de la derecha, las prácticas de los tribunales supremos de lo contencioso-administrativo (columna marcada con la letra A). Los Estados miembros aparecen por el orden alfabético de sus nombres geográficos en la lengua original. BE: Conseil d’Etat (Consejo de Estado) y Cour de Cassation (Tribunal Supremo). BG: Върховен административен съд (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo). CZ: Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) y Nejvyšší soud (Tribunal Supremo). DE: Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo). EE: Riikohus (Tribunal Supremo). IE: Chúirt Uachtarach (Tribunal Supremo). EL: Συμβούλιο της Επικρατείας (Consejo de Estado). ES: Tribunal Supremo. FR: Conseil d’Etat (Consejo de Estado) y Cour de Cassation (Tribunal Supremo). HR: Visoki upravni (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo). IT: Consiglio de Stato (Consejo de Estado). CY: Supreme Court (Tribunal Supremo). LV: Augstākā tiesa (Tribunal Supremo). LT: Vyriausiasis Administracinis Teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo). LU: Cour administrative (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo) y Cour de Cassation (Tribunal Supremo). HU: Kúria (Tribunal Supremo). MT: Tribunal de Apelación. NL: Hoge Raad (Tribunal Supremo), Centrale Raad van Beroep (la más alta jurisdicción de lo contencioso-administrativo en materia social), Raad van State (Consejo de Estado). AT: Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), Personalsenat (comité de evaluación especial) del tribunal superior, Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo). PL: Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) PT: Supremo Tribunal Administrativo (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo). RO: Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo). SI: Vrhovno sodišče (Tribunal Supremo). SK: Nejvyšší soud (Tribunal Supremo). FI: Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo). SE: Högsta förvaltningsdomstolen (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo). No se dispone de datos sobre: BG: Върховен касационен съд (Tribunal Supremo); HR: Vrhovni sud (Tribunal Supremo); IT: Corte Suprema di Cassazione (Tribunal Supremo); SE: Högsta domstolen (Tribunal Supremo).

3.    Principales constataciones del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021

Eficiencia, calidad e independencia son los principales parámetros de un sistema judicial eficaz, y el cuadro de indicadores presenta indicadores de estos tres parámetros.

3.1. Eficiencia de los sistemas judiciales

El cuadro presenta indicadores de la eficiencia de los procedimientos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos y en ámbitos específicos en los que los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas aplican el Derecho de la Unión( 36 ).

3.1.1. Evolución de la carga de trabajo

La carga de trabajo de los sistemas judiciales nacionales aumentó en varios Estados miembros con respecto al año anterior, mientras que en otros disminuyó o permaneció estable. En general, siguen observándose grandes variaciones de un Estado miembro a otro (gráfico 3). De ahí la importancia de continuar prestando atención a la evolución de la carga de trabajo para garantizar la eficacia de los sistemas judiciales.

Gráfico 3: Número de asuntos entrantes civiles, mercantiles, contencioso-administrativos y de otra índole en 2012, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / por cada 100 habitantes) [fuente: estudio de la CEPEJ( 37 )]

(*) Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos civiles y mercantiles tanto contenciosos como no contenciosos, los asuntos no contenciosos de los registros mercantil y de la propiedad, otros asuntos registrales, otros asuntos no contenciosos, los asuntos contencioso-administrativos y otros asuntos no penales. Cambios de metodología en LV (aplicados con carácter retroactivo a 2017), SK y SE (los datos correspondientes a 2017 se han adaptado para incluir los asuntos en materia de Derecho migratorio en la categoría de asuntos contencioso-administrativos, en consonancia con la metodología de la CEPEJ).

Gráfico 4: Número de asuntos entrantes civiles y mercantiles contenciosos en 2012, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos civiles y mercantiles contenciosos conciernen litigios entre partes, por ejemplo, en relación con contratos. Los asuntos civiles y mercantiles no contenciosos se refieren a procedimientos de jurisdicción voluntaria, como órdenes de pago no impugnadas. Cambios de metodología en EL y SK. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos.

Gráfico 5: Número de asuntos entrantes contencioso-administrativos en 2012, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos contencioso-administrativos se refieren a litigios entre particulares y entes locales, regionales o nacionales. DK e IE no registran los asuntos contencioso-administrativos por separado. En RO se desjudicializaron algunos procedimientos contencioso-administrativos en 2018. Cambios de metodología en EL, SK y SE. En SE, los asuntos migratorios se han incluido en la categoría de los asuntos contencioso-administrativos (con aplicación retroactiva a 2017).

 

3.1.2. Datos generales sobre la eficiencia

Los indicadores sobre la eficiencia de los procedimientos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos son: i) la duración estimada de los procedimientos (plazo de resolución), ii) la tasa de resolución, y iii) el número de asuntos pendientes.

 Duración estimada de los procedimientos

La duración de los procedimientos expresa el tiempo estimado necesario (en días) para resolver un asunto ante un órgano jurisdiccional, es decir, el tiempo que este tarda en emitir un fallo en primera instancia. El indicador «plazo de resolución» representa el número de asuntos pendientes dividido por el número de asuntos resueltos al cabo de un año, multiplicado por 365 (días)( 38 ). Se trata de una cantidad calculada que indica el tiempo mínimo que se estima que necesitará un órgano jurisdiccional para resolver un asunto si se mantienen las condiciones de trabajo vigentes. Cuanto mayor sea dicho valor, mayor es la probabilidad de que el órgano jurisdiccional tarde más en emitir su fallo. Las cifras se refieren en su mayoría a procesos en primera instancia, cotejando, en su caso, los datos de 2012, 2017, 2018 y 2019( 39 ). Los gráficos 8 y 10 muestran el plazo de resolución de los asuntos civiles y mercantiles contenciosos y de los asuntos contencioso-administrativos en todas las instancias judiciales en 2019, y el gráfico 22 muestra la duración media de los procedimientos relacionados con el blanqueo de capitales en órganos jurisdiccionales de primera instancia.

Gráfico 6: Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos civiles, mercantiles, contencioso-administrativos y de otra índole en 2012, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos civiles y mercantiles tanto contenciosos como no contenciosos, los asuntos no contenciosos de los registros mercantil y de la propiedad, otros asuntos registrales, otros asuntos no contenciosos, los asuntos contencioso-administrativos y otros asuntos no penales. Cambios de metodología en SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. LV: el marcado descenso se debe a la reforma del sistema judicial, así como a verificaciones de errores y procesos de limpieza de datos en el sistema informático de la judicatura.

Gráfico 7: Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos civiles y mercantiles contenciosos en primera instancia en 2012, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos civiles y mercantiles contenciosos conciernen litigios entre partes, por ejemplo, en relación con contratos. Los asuntos civiles y mercantiles no contenciosos se refieren a procedimientos de jurisdicción voluntaria, como órdenes de pago no impugnadas. Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos.

Gráfico 8: Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos civiles y mercantiles contenciosos en todas las instancias en 2019 (*) (primera, segunda y tercera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) El orden viene determinado por la instancia judicial con procedimientos más largos en cada Estado miembro. No se dispone de datos para los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia de BE, BG e IE, para los de segunda instancia de NL, para los de segunda y tercera instancia de AT ni para los de tercera instancia de DE y HR. En MT no existen órganos jurisdiccionales de tercera instancia. El acceso a un órgano jurisdiccional de tercera instancia puede estar limitado en algunos Estados miembros.

Gráfico 9: Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos contencioso-administrativos en primera instancia en 2012, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos contencioso-administrativos se refieren a litigios entre particulares y entes locales, regionales o nacionales. Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. DK e IE no registran los asuntos contencioso-administrativos por separado. CY: en 2018, el número de asuntos resueltos aumentó como consecuencia de la agrupación de asuntos, la renuncia o desistimiento en 2 724 asuntos acumulados y la creación de un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en 2015.

Gráfico 10: Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos contencioso-administrativos en todas las instancias en 2019 (*) (primera instancia y, cuando corresponda, segunda y tercera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) El orden viene determinado por la instancia judicial con procedimientos más largos en cada Estado miembro. No se dispone de datos: para el órgano jurisdiccional de primera instancia de LU, para los de segunda instancia de MT y RO ni para el de tercera instancia de PL. El Tribunal Supremo u otro órgano jurisdiccional más elevado es la única instancia de recurso en CZ, IT, CY, AT, SI y FI. No existe órgano jurisdiccional de tercera instancia para este tipo de asuntos en HR, LT, LU, y MT. El órgano jurisdiccional superior de lo contencioso-administrativo es la primera y única instancia para determinados asuntos en BE. El acceso a un órgano jurisdiccional de tercera instancia puede estar limitado en algunos Estados miembros. DK e IE no registran los asuntos contencioso-administrativos por separado.



 Tasa de resolución

La tasa de resolución es la ratio entre el número de asuntos resueltos y el número de asuntos admitidos a trámite. Permite valorar si un órgano jurisdiccional despacha con solvencia su carga de trabajo. Cuando la tasa de resolución se sitúa en torno al 100 % o más, significa que el sistema judicial es capaz de resolver, como mínimo, tantos asuntos como se admiten a trámite. Cuando la tasa es inferior al 100 %, quiere decir que los órganos jurisdiccionales resuelven menos asuntos de los que reciben.

Gráfico 11: Tasa de resolución de los asuntos civiles, mercantiles, contencioso-administrativos y de otra índole en 2012, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / en %; los valores superiores al 100 % indican que se resuelven más asuntos de los que entran, mientras que valores inferiores indican que se resuelven menos asuntos de los que entran) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos civiles y mercantiles tanto contenciosos como no contenciosos, los asuntos no contenciosos de los registros mercantil y de la propiedad, otros asuntos registrales, otros asuntos no contenciosos, los asuntos contencioso-administrativos y otros asuntos no penales. Cambios de metodología en SK. IE: se estima que el número de asuntos resueltos está infravalorado debido a la metodología aplicada. IT: en 2013 se introdujo una clasificación diferente de los asuntos civiles.

Gráfico 12: Tasa de resolución de los asuntos civiles y mercantiles contenciosos en 2012, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / en %) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) Cambios de metodología en EL y SK. IE: se estima que el número de asuntos resueltos está infravalorado debido a la metodología aplicada. IT: en 2013 se introdujo una clasificación diferente de los asuntos civiles. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos.

Gráfico 13: Tasa de resolución de los asuntos contencioso-administrativos en 2012, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / en %) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) Los valores pasados de algunos Estados miembros se han reducido a efectos de presentación (CY en 2018 = 219 %; IT en 2012 = 279,8 %). Cambios de metodología en EL y SK. DK e IE no registran los asuntos contencioso-administrativos por separado. En CY el número de asuntos resueltos aumentó como consecuencia de la agrupación de asuntos, la renuncia o desistimiento en 2 724 asuntos acumulados y la creación de un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en 2015.

 Asuntos pendientes

El número de asuntos pendientes expresa el número de asuntos que aún deben tramitarse al final del año correspondiente. Influye también en el plazo de resolución.

Gráfico 14: Número de asuntos civiles, mercantiles, contencioso-administrativos y de otra índole pendientes en 2012, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos civiles y mercantiles tanto contenciosos como no contenciosos, los asuntos no contenciosos de los registros mercantil y de la propiedad, otros asuntos registrales, otros asuntos no contenciosos, los asuntos contencioso-administrativos y otros asuntos no penales. Cambios de metodología en SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. IT: en 2013 se introdujo una clasificación diferente de los asuntos civiles.

Gráfico 15: Número de asuntos civiles y mercantiles contenciosos pendientes en 2012, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. IT: en 2013 se introdujo una clasificación diferente de los asuntos civiles. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos.

Gráfico 16: Número de asuntos contencioso-administrativos pendientes en 2012, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) Los valores pasados de algunos Estados miembros se han reducido a efectos de presentación (EL en 2012 = 3,5). Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. DK e IE no registran los asuntos contencioso-administrativos por separado.



3.1.3. Eficiencia en ámbitos específicos del Derecho de la Unión

Esta sección complementa los datos generales sobre la eficiencia de los sistemas judiciales y presenta la duración media de los procedimientos( 40 ) en ámbitos específicos de aplicación del Derecho de la Unión. El cuadro de indicadores de 2021 se fundamenta en datos anteriores en materia de competencia, comunicaciones electrónicas, marca de la UE, normativa de protección de los consumidores y lucha contra el blanqueo de capitales. Los ámbitos han sido seleccionados por su pertinencia para el mercado único y el entorno empresarial. Por lo general, los grandes retrasos en los procedimientos judiciales pueden tener consecuencias negativas sobre los derechos derivados del Derecho de la Unión, por ejemplo, cuando ya no es posible recurrir o cuando se han producido graves perjuicios financieros irrecuperables.

– Competencia –

La aplicación efectiva de la legislación sobre competencia garantiza la igualdad de condiciones para las empresas y, por tanto, resulta fundamental para crear un entorno empresarial atractivo. El gráfico 17 presenta el tiempo medio necesario para resolver los recursos judiciales interpuestos contra decisiones de autoridades nacionales de competencia que aplican los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)( 41 ).

Gráfico 17: Competencia: duración media del control jurisdiccional en 2013, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red Europea de Competencia)

(*) IE y AT: no procede en este contexto, ya que las autoridades no tienen competencias para adoptar las respectivas decisiones. AT: los datos incluyen todos los asuntos resueltos por el Kartellgericht (Tribunal de Competencia) que supongan una infracción de los artículos 101 y 102 del TFUE, pero no están basados en recursos contra una autoridad nacional de competencia. En IT se aplicó una estimación de la duración de los procedimientos. Una columna vacía puede indicar que el Estado miembro no ha notificado ningún asunto ese año. El número limitado de asuntos (menos de cinco al año) de muchos Estados miembros puede hacer que los datos anuales dependan de un asunto excepcionalmente largo o breve.

– Comunicaciones electrónicas –

El objetivo de la legislación de la Unión en materia de comunicaciones electrónicas es aumentar la competencia, contribuir al desarrollo del mercado único y generar inversión, innovación y crecimiento. Los efectos positivos para los consumidores pueden alcanzarse mediante una aplicación eficaz de esta legislación, que puede dar lugar a unos precios más bajos para los consumidores y mayor calidad de los servicios. El gráfico 18 indica el tiempo medio necesario para resolver los recursos judiciales interpuestos contra las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales que aplican la legislación de la Unión en materia de comunicaciones electrónicas( 42 ). Abarca un amplio espectro de asuntos, que van desde revisiones de «análisis de mercado» más complejas hasta asuntos centrados en el consumidor.

Gráfico 18: Comunicaciones electrónicas: duración media del control jurisdiccional en 2013, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Comité de Comunicaciones)

(*) El número de asuntos varía de un Estado miembro a otro. Una columna vacía indica que el Estado miembro no ha notificado ningún asunto ese año (excepto PT de 2017 a 2019 y RO en 2018: sin datos). En algunos casos, el número limitado de asuntos pertinentes (CY, MT, SK, FI, SE) puede hacer que los datos anuales dependan de un asunto excepcionalmente largo o breve y dar lugar a grandes variaciones de un año a otro. DK: un órgano cuasijudicial conoce de los recursos en primera instancia. EE: la duración media de los procedimientos de control jurisdiccional en 2013 fue de dieciocho días. ES, AT y PL: diferentes órganos jurisdiccionales competentes en función del objeto del asunto.

– Marca de la UE –

La aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual e industrial es esencial para estimular la inversión en innovación. La legislación europea sobre marcas de la UE( 43 ) concede un papel importante a los órganos jurisdiccionales nacionales, que actúan como órganos jurisdiccionales de la Unión y toman decisiones que afectan al mercado único. El gráfico 19 muestra la duración media de los asuntos de violación de marca de la UE en litigios entre particulares.



Gráfico 19: Marca de la UE: duración media de los asuntos de violación de marca de la UE en 2013, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual)

(*) FR, IT, LT, LU: para los datos de algunos años se ha utilizado una muestra de asuntos. DK: datos de todos los asuntos de marcas, no solo en la UE, en tribunales superiores mercantiles y marítimos; no hay datos correspondientes a 2018 y 2019 sobre la duración media de estos asuntos debido a los cambios introducidos en el sistema de recopilación de datos. EL: los datos se basan en la duración media ponderada de dos órganos jurisdiccionales. ES: el cálculo de la duración media incluye los asuntos relativos a otros títulos de propiedad intelectual e industrial de la Unión.

– Protección de los consumidores –

La aplicación efectiva del Derecho en materia de protección de los consumidores garantiza que estos últimos disfruten de sus derechos y que las empresas que vulneren las leyes correspondientes no obtengan ventajas desleales. Las autoridades de protección de los consumidores y los órganos jurisdiccionales desempeñan un papel fundamental en la aplicación del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores( 44 ) en los diferentes sistemas de ejecución nacionales. El gráfico 20 ilustra la duración media de los procedimientos de control jurisdiccional de las decisiones de las autoridades de protección de los consumidores que aplican el Derecho de la Unión.

En la aplicación efectiva de la legislación en lo que respecta a los consumidores y las empresas pueden intervenir una cadena de agentes, no solo del sistema judicial, sino también de la Administración. Con objeto de examinar más a fondo esta cadena de aplicación, se presenta la duración de los procedimientos llevados a cabo por las autoridades responsables. El gráfico 21 muestra la duración media de los procedimientos para la adopción de resoluciones administrativas por parte de las autoridades nacionales de protección de los consumidores en 2014, 2016, 2018 y 2019 desde el momento en que se forma el expediente. Entre las decisiones pertinentes se incluyen la declaración de infracciones de las normas sustantivas, las medidas cautelares, las órdenes de cese y desistimiento de actividades, la incoación de procedimientos judiciales o el cierre de un asunto judicial.

Gráfico 20: Protección de los consumidores: duración media del control jurisdiccional en 2013, 2016, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores)

(*) DE, LU, AT: el supuesto no es aplicable dado que las autoridades de protección de los consumidores no tienen facultades decisorias sobre las infracciones de las normas pertinentes. El número de asuntos pertinentes correspondientes a 2019 es reducido (menos de cinco) en EE, CY, NL, SI y FI. EL y RO facilitaron una estimación de la duración media para determinados años.

Gráfico 21: Protección de los consumidores: duración media del procedimiento para la adopción de resoluciones administrativas por parte de las autoridades de protección de los consumidores en 2014, 2016, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores)

(*) DE, LU, AT: el supuesto no es aplicable dado que las autoridades de protección de los consumidores no tienen facultades decisorias sobre las infracciones de las normas pertinentes. El número de asuntos pertinentes correspondiente a 2019 es reducido (inferior a cinco) en CY. DK, EL, FR, RO y FI facilitaron una estimación de la duración media para determinados años.

– Blanqueo de capitales –

Además de contribuir a la lucha contra la delincuencia, la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales es fundamental para la solidez, la integridad y la estabilidad del sector financiero, así como para la confianza en el sistema financiero en su conjunto y la competencia leal en el mercado único( 45 ). El blanqueo de capitales puede desalentar la inversión extranjera, distorsionar los flujos internacionales de capital e incidir negativamente en la evolución macroeconómica de un país al disminuir el bienestar desviando recursos de actividades económicas más productivas( 46 ). La Directiva contra el blanqueo de capitales exige que los Estados miembros dispongan de estadísticas sobre la eficacia de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo( 47 ). En cooperación con los Estados miembros, se utilizó un cuestionario actualizado para recoger datos relativos a las fases judiciales de los regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales. El gráfico 22 muestra la duración media de los asuntos judiciales en primera instancia en el ámbito de los delitos por blanqueo de capitales.

Gráfico 22: Blanqueo de capitales: duración media de los asuntos judiciales en 2014, 2017, 2018 y 2019 (*) (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo)

(*) No se dispone de datos correspondientes a 2019: BE, DE, IE, EL, FR, HR, CY y PL. BG: la duración media de los asuntos se calcula en meses desde el día en que se forma el expediente judicial hasta el día en que se emite el fallo correspondiente. LU: mediana en 2019: 36 días, y en 2018: 49 días; duración media en 2018: 57 días (7 asuntos). ES, NL: duración estimada. CZ: duración en meses. HU: el cálculo del número medio de días se basó únicamente en el número de asuntos resueltos con una condena. PT: el cálculo del número medio de días se basó en una muestra. IT: los datos se refieren a los órganos jurisdiccionales que respondieron, que abarcaron alrededor del 99 % en 2017; los datos se refieren tanto a juicios como a vistas preliminares.
CY: en promedio, los delitos graves se juzgan ante el Tribunal de lo Penal en el plazo de un año. Los delitos menos graves tardan más en juzgarse ante los Tribunales de Distrito. SK*: los datos corresponden a la duración media de todo el procedimiento, incluidos los recursos ante el tribunal de apelación.

3.1.4. Resumen sobre la eficiencia de los sistemas judiciales

Un sistema judicial eficiente gestiona su carga de trabajo y los retrasos, y dicta sus decisiones sin dilación indebida. Los principales parámetros que utiliza el cuadro de indicadores de la justicia en la UE para hacer el seguimiento de la eficiencia de los sistemas judiciales son, por tanto, la duración de los procedimientos (tiempo estimado o medio necesario para resolver un asunto, expresado en días), la tasa de resolución (la relación entre el número de asuntos resueltos y el número de asuntos entrantes) y el número de asuntos pendientes (que aún deben resolverse al final del año).

Datos generales sobre la eficiencia

El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021 contiene datos sobre la eficiencia que abarcan un período de ocho años (2012-2019). Este lapso de tiempo permite identificar ciertas tendencias y tener en cuenta que, con frecuencia, las reformas de la justicia tardan un tiempo en mostrar su efecto.

Si se examinan los datos disponibles desde 2012 sobre asuntos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos, la eficiencia ha mejorado o se ha mantenido estable en diez Estados miembros, mientras que ha disminuido, aunque a menudo solo de forma marginal, en nueve Estados miembros.

Se puede apreciar una evolución positiva en algunos de los Estados miembros que, en el contexto del Semestre Europeo, se enfrentan a problemas específicos ( 48 ):

·Desde 2012, y sobre la base de los datos existentes con respecto a estos Estados miembros, en la mayoría de ellos se ha reducido o se ha mantenido estable la duración de los procedimientos judiciales en primera instancia en la categoría amplia de «todos los asuntos» (gráfico 6) y en los contenciosos civiles y mercantiles (gráfico 7). En los asuntos contencioso-administrativos (gráfico 9), la duración de los procedimientos ha disminuido o se ha mantenido estable desde 2012 en casi todos estos Estados miembros. En conjunto, la duración de los procedimientos aumentó en la mitad de los Estados miembros en 2019.

·El cuadro de indicadores presenta datos relativos a la duración de los procedimientos en todas las instancias judiciales en los asuntos contenciosos civiles y mercantiles (gráfico 8) y los asuntos contencioso-administrativos (gráfico 10). Los datos muestran que en varios Estados miembros en los que se han observado problemas relacionados con la duración de los procedimientos en los órganos jurisdiccionales de primera instancia, las instancias superiores son más eficientes en sus actuaciones. Sin embargo, en otros Estados miembros que experimentan dificultades, la duración media de los procedimientos en órganos jurisdiccionales de instancias superiores es incluso mayor que en primera instancia.

·En la categoría amplia de «todos los asuntos» y en la de asuntos contenciosos civiles y mercantiles (gráficos 11 y 12), el número total de Estados miembros donde la tasa de resolución es superior al 100 % ha aumentado desde 2012. En 2019, la mayoría de los Estados miembros, incluidos la mayoría de los que experimentan dificultades, notificaron una elevada tasa de resolución (superior al 97 %), lo que significa que, por lo general, los órganos jurisdiccionales son capaces de hacer frente a los asuntos entrantes en estas categorías. En los asuntos contencioso-administrativos (gráfico 13) puede observarse una mayor variación de la tasa de resolución de un año a otro y mientras que, por lo general, sigue siendo inferior que en otras categorías de asuntos, algunos Estados miembros han seguido logrando avances importantes. En particular, más de la mitad de los Estados miembros que experimentan dificultades notifican un incremento de la tasa de resolución en los asuntos contencioso-administrativos desde 2012.

·Desde 2012 prosiguen los avances en casi todos los Estados miembros que experimentan mayores dificultades en materia de asuntos pendientes, con independencia de su categoría. A menudo, los avances más importantes en la reducción de los asuntos pendientes se han logrado tanto en los asuntos contenciosos civiles y mercantiles (gráfico 15) como en los asuntos contencioso-administrativos (gráfico 16). A pesar de estas mejoras, continúan existiendo diferencias significativas entre los Estados miembros con relativamente pocos asuntos pendientes y aquellos con un elevado número de estos.

Eficiencia en ámbitos específicos del Derecho de la Unión

Los datos sobre la duración media de los procedimientos en ámbitos específicos del Derecho de la Unión (gráficos 17 a 22) proporcionan una mejor perspectiva del funcionamiento de los sistemas judiciales en estos tipos de litigios relativos a empresas.

Los datos sobre la eficiencia en ámbitos específicos del Derecho se recopilan sobre la base de hipótesis definidas de forma restrictiva, por lo que el número de asuntos pertinentes puede parecer reducido. Sin embargo, en comparación con la duración calculada de los procedimientos en los datos generales sobre la eficiencia, estas cifras presentan una duración media real de todos los asuntos pertinentes en ámbitos específicos en un año. Por tanto, merece la pena señalar que varios Estados miembros que no parecen experimentar dificultades según los datos generales sobre la eficiencia notifican una duración media considerablemente superior de los asuntos en determinados ámbitos del Derecho de la Unión. Al mismo tiempo, la duración de los procedimientos en distintos ámbitos específicos también puede variar en gran medida dentro de un mismo Estado miembro.

Los gráficos sobre ámbitos específicos del Derecho de la Unión muestran las siguientes tendencias:

·En el caso de los asuntos de competencia (gráfico 17), así como la carga de trabajo total a la que se enfrentan los órganos jurisdiccionales de los distintos Estados miembros disminuyó ligeramente, la duración de los procedimientos de control jurisdiccional también se redujo o permaneció estable en siete Estados miembros, mientras que en otros nueve aumentó. Al igual que en 2018, solo dos Estados miembros notificaron una duración media superior a los mil días en 2019, por lo que se mantienen las tendencias positivas a este respecto.

·En cuanto a las comunicaciones electrónicas (gráfico 18), la carga de trabajo asumida por los órganos jurisdiccionales disminuyó en comparación con años anteriores, invirtiendo la tendencia negativa observada en 2018 con respecto al incremento de la duración de los procedimientos. En la mayoría de los Estados miembros la duración media de los procedimientos se redujo o permaneció estable en 2019 con respecto a 2018, y solo en unos pocos registró un aumento.

·En lo concerniente a los asuntos de violación de marca de la UE (gráfico 19), en 2019 se estabilizaron las tendencias en relación con años anteriores. La mayoría de los Estados miembros consiguieron gestionar mejor su carga de trabajo y registraron duraciones menores o estables de los procedimientos, mientras que en unos pocos se produjo un claro aumento de la duración media de los asuntos.

·El posible efecto combinado de la cadena de aplicación consistente en procedimientos administrativos y de control jurisdiccional se presenta en el ámbito del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores (gráficos 20 y 21). Seis Estados miembros notificaron en 2019 que sus autoridades de protección de los consumidores habían tardado de media menos de tres meses en dictar una resolución en un asunto amparado por el Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores, mientras que en otros seis tardaron más de seis meses. Por lo que respecta a las decisiones de las autoridades de protección de los consumidores impugnadas ante los órganos jurisdiccionales, en 2019 se observaron tendencias divergentes en cuanto a la duración del control jurisdiccional de resoluciones administrativas, con aumentos en seis Estados miembros y reducciones en otros seis con respecto a 2018. En dos Estados miembros la duración media de los procedimientos de control jurisdiccional se mantiene por encima de los mil días.

·La lucha eficaz contra el blanqueo de capitales es crucial para proteger el sistema financiero y la competencia leal, así como para prevenir las consecuencias económicas negativas. Las dificultades experimentadas en cuanto a la duración de los procedimientos judiciales relacionados con delitos de blanqueo de capitales pueden influir en la eficacia de la lucha contra este fenómeno. El gráfico 22 presenta datos actualizados sobre la duración de los procedimientos judiciales relacionados con delitos de blanqueo de capitales y muestra que, si bien en más de la mitad de los Estados miembros los procedimientos judiciales en primera instancia pueden durar hasta un año de media, en otros se alargan una media de alrededor de dos años( 49 ).

3.2. Calidad de los sistemas judiciales

No hay una sola forma de medir la calidad de los sistemas judiciales. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021 continúa estudiando los factores que en general se aceptan como pertinentes para mejorar la calidad de la justicia. Se agrupan en cuatro categorías:

1) accesibilidad de los ciudadanos y las empresas a la justicia;

2) recursos financieros y humanos adecuados;

3) establecimiento de instrumentos de evaluación; y

4) digitalización.

3.2.1. Accesibilidad

La accesibilidad es necesaria a lo largo de toda la cadena de la justicia para permitir que las personas obtengan información pertinente —sobre el sistema judicial, la presentación de una demanda y los aspectos financieros conexos, y el estado de tramitación del procedimiento hasta su finalización—, así como acceso electrónico a la sentencia.

Asistencia jurídica gratuita, tasas judiciales y gastos de defensa jurídica

El coste de los litigios es un factor clave en el acceso a la justicia. Si los gastos procesales, que incluyen las tasas judiciales( 50 ) y los gastos de defensa jurídica( 51 ), son elevados, pueden obstaculizar dicho acceso. Los gastos procesales en asuntos civiles y mercantiles no están armonizados a escala de la Unión. Se rigen por leyes nacionales, por lo que varían de un Estado miembro a otro.

El acceso a la asistencia jurídica gratuita es un derecho fundamental consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea( 52 ). Permite acceder a la justicia a las personas que no pueden asumir o anticipar los gastos procesales. La mayor parte de los Estados miembros se basan en los ingresos del solicitante a la hora de conceder asistencia jurídica gratuita( 53 ).

El gráfico 23 muestra la disponibilidad de asistencia jurídica gratuita plena o parcial en un asunto específico de protección de los consumidores relacionado con una demanda por importe de 6 000 EUR. Compara los umbrales de ingresos para la concesión de asistencia jurídica gratuita, expresados como porcentaje del umbral de pobreza de Eurostat en cada Estado miembro( 54 ). Por ejemplo, si el umbral para la asistencia jurídica gratuita es superior al 20 %, significa que un solicitante con ingresos superiores en un 20 % al umbral de pobreza de Eurostat en su Estado miembro seguirá teniendo derecho a dicha asistencia. Sin embargo, si el umbral para la asistencia jurídica gratuita se sitúa por debajo de cero, significa que una persona con ingresos inferiores al umbral de pobreza podría no tener derecho a esta asistencia.

Algunos Estados miembros disponen de un sistema de asistencia jurídica gratuita que prevé una cobertura del 100 % de los gastos relacionados con el litigio (asistencia jurídica gratuita plena), complementado por un sistema que cubre parte de los gastos (asistencia jurídica parcial) al que se aplican criterios de admisibilidad diferentes al anterior. Otros Estados miembros cuentan únicamente con un sistema de asistencia jurídica gratuita, o bien plena, o bien parcial.

Gráfico 23: Umbral de ingresos para obtener asistencia jurídica gratuita en un asunto específico de protección de los consumidores, 2020 (*) (diferencias en % respecto del umbral de pobreza de Eurostat) [fuente: Comisión Europea en cooperación con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE)( 55 )]

(*) EE: la decisión de conceder asistencia jurídica gratuita no se basa en el nivel de recursos financieros del solicitante. IE: la asistencia jurídica gratuita parcial también debe tener en cuenta los activos de los que dispone el solicitante. LV: los umbrales varían según el municipio; en el gráfico se representa el límite superior. PT: la decisión de conceder asistencia jurídica gratuita corresponde a la Administración Pública, y el Ministerio de Seguridad Social se encarga de evaluar las condiciones financieras del solicitante con arreglo a lo dispuesto en la legislación.

La mayoría de los Estados miembros exige a las partes el pago de una tasa judicial al iniciar un procedimiento judicial. Los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita se benefician a menudo de una exención del pago de las tasas judiciales. Solamente en Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Países Bajos y Polonia los beneficiarios de asistencia jurídica gratuita quedan automáticamente exentos del pago de las tasas judiciales. En Chequia, el órgano jurisdiccional competente decide en cada caso si eximir del pago de las tasas judiciales al beneficiario de asistencia jurídica gratuita. En Luxemburgo, las partes litigantes que disfrutan de asistencia jurídica gratuita no tienen que pagar tasas de secretaría judicial. El gráfico 24 compara en los dos supuestos cuál es el porcentaje de la tasa judicial indicada respecto a la cuantía total de la demanda. Si, por ejemplo, en el gráfico siguiente, la tasa judicial es del 10 % de una demanda de 6 000 EUR, el consumidor tendrá que pagar una tasa judicial de 600 EUR para iniciar un procedimiento judicial. La demanda de escasa cuantía se basa en el umbral de riesgo de pobreza de Eurostat para cada Estado miembro.

Gráfico 24: Tasa judicial por iniciar un procedimiento judicial en un asunto específico de protección de los consumidores, 2020 (*) (importe de la tasa como porcentaje de la cuantía total de la demanda) [fuente: Comisión Europea en cooperación con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE)( 56 )]

(*) Por «demanda de escasa cuantía» se entiende una demanda que se corresponde con el umbral de pobreza de Eurostat para una única persona en cada Estado miembro, convertido a ingresos mensuales (por ejemplo, en 2019 este valor fluctuó entre 193 EUR en RO y 1 824 EUR en LU). ES, PT: no se aportaron datos. BG, RO: no se ha facilitado información sobre las tasas judiciales para una demanda de escasa cuantía. LU: los litigantes deben pagar tasas de secretaría judicial para iniciar el procedimiento en calidad de demandante, salvo si son beneficiarios de asistencia jurídica gratuita. NL: tasas judiciales para ingresos inferiores a 2 325 EUR/mes. AT: el importe máximo de las tasas judiciales depende de la instancia competente. SE: las tasas judiciales en materia civil varían en función del tipo de asunto; para los litigios en los que la cuantía de la demanda es inferior a 2 253 EUR, la tasa judicial es de 86 EUR; en los asuntos en los que la cuantía de la demanda supera los 2 253 EUR, la tasa judicial correspondiente es de 267 EUR; en otros tipos de demandas se aplican otras tasas judiciales.



Una ejecución eficiente de los contratos es esencial para la economía. La probabilidad de recuperar los costes reales de los procedimientos judiciales fortalece la posición del acreedor que pretende ejecutar un contrato. Por lo general, cuando el acreedor actúa como demandante, debe abonar una tasa judicial para iniciar un procedimiento ante un órgano jurisdiccional. Los órganos jurisdiccionales suelen ordenar al demandado que pierde el juicio que reembolse en su totalidad las tasas judiciales adelantadas por el demandante que ha resultado ganador. El gráfico 25 muestra el importe de la tasa judicial exigida para iniciar un procedimiento judicial en un asunto específico de naturaleza mercantil relativo a un litigio mercantil transfronterizo entre dos empresas con respecto a la ejecución de un contrato, con una cuantía demandada de 20 000 EUR.

Gráfico 25: Tasa judicial exigida para iniciar un procedimiento judicial en un asunto específico de naturaleza mercantil, 2020 (*) (en EUR) [fuente: Comisión Europea en cooperación con el CCBE ( 57 )]

(*) En ES y EL la recuperación de las tasas judiciales se decide caso por caso. En HU la parte ganadora no recupera la totalidad de las tasas judiciales abonadas.

Es habitual que el acreedor adelante el pago de los honorarios de su letrado, no solo en la fase contenciosa, sino también en la fase previa a esta. Por lo que respecta al reembolso, la mayoría de los Estados miembros aplican la norma que dicta que la parte perdedora no solo debe asumir sus propias costas procesales, sino también las de la parte ganadora. Esta norma disuade de presentar asuntos con baja probabilidad de éxito, al tiempo que alienta a iniciar actuaciones cuando la probabilidad de victoria es elevada. El gráfico 26 muestra la cuantía que el órgano jurisdiccional adjudicaría al demandante ganador en un hipotético asunto específico de naturaleza mercantil (véase la nota a pie de página n.º 58).

Cabe distinguir tres sistemas principales de honorarios:

1) en los Estados miembros que cuentan con un sistema de tasas legalmente establecido, el reembolso de los gastos de defensa jurídica depende de la cuantía de la tasa legalmente establecida para la labor del letrado, que varía de forma significativa según los Estados miembros;

2) en los Estados miembros que carecen de un sistema de tasas legalmente establecido, se prevé el reembolso íntegro (Hungría, Portugal, Finlandia) o parcial (Polonia, Letonia, Luxemburgo) de los gastos de defensa jurídica; y

y 3) en varios Estados miembros el órgano jurisdiccional competente resuelve sobre el reembolso caso por caso.

Gráfico 26: Recuperabilidad de los gastos de defensa jurídica en un juicio mercantil, 2020 (*) (en EUR) [fuente: Comisión Europea en cooperación con el CCBE( 58 )]

(*) En este gráfico, los gastos de defensa jurídica no incluyen los gastos administrativos ni el IVA, en el caso de que sea exigible. En este supuesto, los gastos de defensa jurídica de la fase contenciosa ascienden a 1 650 EUR. La recuperación íntegra prevista en los sistemas en los que no existe una tasa legalmente establecida significa que se puede recuperar la cantidad de 1 650 EUR. Los Estados miembros que prevén la recuperación parcial (PL, LV, LU) aparecen ordenados en función de la cuantía recuperable de los gastos de defensa jurídica (de mayor a menor; las cantidades varían desde 1 275 EUR hasta 500 EUR). El gráfico no incluye información sobre la recuperabilidad de los gastos de defensa jurídica correspondientes a la fase previa a la contenciosa, algo que no está previsto en todos los Estados miembros. AT: el supuesto no es plenamente aplicable al sistema de reembolso establecido en AT. MT: en MT no existe el concepto de tarifa horaria para los gastos de defensa jurídica; el reembolso se determina en función del valor de la demanda. IT: en IT existe una tasa legalmente establecida (de 3 235 EUR en el supuesto planteado), aunque el órgano jurisdiccional puede decidir sobre el reembolso dentro de un intervalo determinado. LT: el órgano jurisdiccional decide teniendo en cuenta la orientación del Ministerio de Justicia; la cuantía máxima en el supuesto planteado sería de 3 350 EUR.



Acceso a métodos de resolución alternativa de litigios

El gráfico 27 muestra los esfuerzos de los Estados miembros por promover el uso voluntario de métodos de resolución alternativa de litigios (RAL) a través de incentivos específicos, que pueden variar en función del ámbito del Derecho( 59 ).

Gráfico 27: Promoción e incentivos para la utilización de los métodos de RAL, 2020 (*) [fuente: Comisión Europea( 60 )]

(*) Puntuación máxima posible: 68 puntos. Indicadores agregados basados en los siguientes indicadores: 1) sitio web que facilita información sobre la RAL; 2) campañas publicitarias en medios de comunicación; 3) folletos para el público en general; 4) el órgano jurisdiccional organiza sesiones de información específicas sobre la RAL previa solicitud; 5) coordinador de RAL/mediación en los órganos jurisdiccionales; 6) publicación de evaluaciones sobre la utilización de la RAL; 7) publicación de estadísticas sobre la utilización de la RAL; 8) la asistencia jurídica gratuita cubre (en parte o en su totalidad) los costes de la RAL; 9) reembolso total o parcial de las tasas judiciales, incluidos los impuestos sobre el timbre, si prospera la RAL; 10) no se exige abogado para el procedimiento de RAL; 11) el juez puede actuar como mediador; 12) un acuerdo alcanzado por las partes tiene fuerza ejecutiva en un órgano jurisdiccional; 13) posibilidad de incoar un procedimiento / interponer una demanda y presentar pruebas documentales por vía telemática; 14) posibilidad de que las partes sean informadas por vía electrónica de la incoación de un procedimiento y de su estado de tramitación; 15) posibilidad de pago electrónico de las tasas aplicables; 16) utilización de tecnologías (aplicaciones de inteligencia artificial, asistentes virtuales) para facilitar la presentación y resolución de litigios, y 17) otros medios. A cada uno de estos diecisiete indicadores se le asigna un punto por cada ámbito del Derecho. IE: los asuntos contencioso-administrativos están incluidos dentro de la categoría de asuntos civiles y mercantiles. EL: en los procedimientos de contratación pública existe la RAL ante los tribunales de apelación de lo contencioso-administrativo. ES: la RAL es obligatoria en los asuntos de Derecho laboral. PT: en los litigios civiles y mercantiles, las tasas judiciales se devuelven solamente en el caso de los litigios de escasa cuantía. SK: el ordenamiento jurídico eslovaco no apoya el uso de la RAL con fines administrativos. FI: los litigios laborales y en materia de consumidores también se consideran asuntos civiles. SE: los jueces tienen discrecionalidad en materia de RAL. El juez tiene la obligación de tratar de que el litigio se resuelva de manera amistosa, a menos que esto resulte inadecuado por la naturaleza del asunto.



– Justicia adaptada a los menores –

El gráfico 28 muestra los diversos mecanismos que existen en los Estados miembros para hacer que el sistema judicial sea más accesible para los menores y responda mejor a sus necesidades, como la provisión de información adaptada sobre los procedimientos o la adopción de medidas para evitar que un menor tenga que enfrentarse a varias vistas judiciales.

Gráfico 28: Justicia adaptada a los menores, 2020 (*) [fuente: Comisión Europea( 61 )]

3.2.2. Recursos

Para el buen funcionamiento del sistema judicial se necesitan recursos suficientes, incluidas las inversiones necesarias en infraestructuras físicas y técnicas y personal cualificado, formado y adecuadamente remunerado de todas las categorías. Sin las instalaciones y herramientas adecuadas o el personal con las cualificaciones y competencias necesarias y acceso a formación continua, la calidad de los procedimientos y las decisiones está en riesgo.

Recursos financieros

Los gráficos a continuación muestran el gasto real de las administraciones públicas en el funcionamiento del sistema judicial (excluidas las cárceles), tanto por habitante (gráfico 29) como en porcentaje del producto interior bruto (PIB) (gráfico 30) y, por último, las principales categorías de gasto en los órganos jurisdiccionales (gráfico 31)( 62 ).

Gráfico 29: Gasto total de las administraciones públicas en órganos jurisdiccionales en EUR por habitante, 2012, 2017, 2018 y 2019 (*) (fuente: Eurostat).

(*) Los Estados miembros están ordenados según los gastos de 2019 (de mayor a menor). Los siguientes datos son provisionales: ES (2019), FR (2018, 2019), PT (2019) y SK (todos los años). Datos extraídos el 8 de abril de 2021.

Gráfico 30: Gasto total de las administraciones públicas en órganos jurisdiccionales como porcentaje del PIB, 2012, 2017, 2018 y 2019 (*) (fuente: Eurostat).

(*) Los Estados miembros están ordenados según los gastos de 2019 (de mayor a menor). Los siguientes datos son provisionales: ES (2019), FR (2018, 2019), PT (2019) y SK (todos los años). Datos extraídos el 8 de abril de 2021.

El gráfico 31 muestra las principales categorías económicas que componen el gasto de las administraciones públicas en órganos jurisdiccionales:

1) los sueldos y salarios de los jueces y del personal de justicia, incluidas las cotizaciones sociales [«remuneración de los asalariados»( 63 )];

2) los gastos de funcionamiento derivados de los bienes y servicios que consumen los órganos jurisdiccionales, como el alquiler de edificios, los consumibles de oficina, la energía y la asistencia jurídica gratuita [«consumo intermedio»( 64 )];

3) la inversión en activos fijos, como los edificios de los órganos jurisdiccionales y los programas informáticos [«formación bruta de capital fijo»( 65 )]; y

4) otros gastos.

Gráfico 31: Gasto total de las administraciones públicas en órganos jurisdiccionales por categoría (*) (en 2019, en % del gasto total) (fuente: Eurostat).

(*) Los siguientes datos son provisionales: ES (2019), FR (2018, 2019), PT (2019) y SK (todos los años).

Datos extraídos el 8 de abril de 2021.



Recursos humanos

Unos recursos humanos adecuados son esenciales para la calidad de un sistema judicial. La diversidad entre los jueces, incluido el equilibrio de género, añade conocimientos, capacidades y experiencia complementarios y refleja la realidad de la sociedad.

Gráfico 32: Número de jueces, 2012-2019 (*) (por cada 100 000 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) Esta categoría está compuesta por jueces que trabajan a tiempo completo, con arreglo a la metodología de la CEPEJ. No incluye los Rechtspfleger/secretarios judiciales que existen en algunos Estados miembros. AT: a partir de 2016 se introducen datos sobre la jurisdicción contencioso-administrativa. EL: desde 2016, los datos sobre el número de jueces profesionales incluyen todas las categorías de las jurisdicciones penal y civil, así como la jurisdicción contencioso-administrativa. IT: no se tienen en cuenta las comisiones regionales de auditoría, las comisiones fiscales locales ni los tribunales militares. La jurisdicción contencioso-administrativa se ha tenido en cuenta desde 2018.

Gráfico 33: Proporción de juezas profesionales en tribunales supremos en el período 2018-2020 (*) [fuente: Comisión Europea( 66 )]

(*) Los datos están ordenados de mayor a menor valor, según valores correspondientes a 2020.



Gráfico 34: Número de abogados, 2012-2019 (*) (por cada 100 000 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ)

(*) De acuerdo con la metodología de la CEPEJ, un abogado es una persona cualificada y autorizada con arreglo a la legislación nacional para pleitear y actuar en nombre de sus clientes, intervenir en la praxis jurídica, comparecer ante los órganos jurisdiccionales o asesorar y representar a sus clientes en asuntos jurídicos [Recomendación Rec (2000)21 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la libertad de ejercicio de la profesión de abogado]. DE: no se hace ninguna distinción entre los diferentes grupos de abogados en Alemania, como por ejemplo entre abogados y procuradores. FI: desde 2015, la cifra de abogados proporcionada incluye tanto el número de abogados que trabajan en el sector privado como el número de los que trabajan en el sector público. 

– Formación

La formación judicial es importante para contribuir a la calidad de las sentencias y del servicio prestado a los ciudadanos en el ámbito de la justicia. Los datos expuestos a continuación abarcan la formación judicial en una amplia gama de ámbitos, en particular la comunicación con las partes y la prensa y las competencias judiciales.

Gráfico 35: Porcentaje de actividades de formación judicial continua sobre diferentes tipos de competencias, 2019 (*) (en % del número total de jueces que reciben este tipo de formación) [fuente: Comisión Europea( 67 )]

(*) En el gráfico 35 figura la distribución de los jueces que participan en actividades de formación continua (es decir, las que tienen lugar tras el período de formación inicial para ser juez) en cada uno de los cuatro ámbitos idénticos, como porcentaje del número total de jueces que participan en este tipo de formación. Las actividades de formación jurídica no se tienen en cuenta. Las autoridades de formación judicial en EL, MT y PT no proporcionaron actividades específicas de formación en las competencias seleccionadas. DK: incluido el personal de justicia. AT: incluidos los fiscales.

Gráfico 36: Disponibilidad de formación en materia de comunicación para los jueces, 2020 (*) [fuente: Comisión Europea( 68 )]

(*) Puntuación máxima posible: 14 puntos. A los Estados miembros se les ha asignado 1 punto si tienen formación inicial y 1 punto si tienen formación continua (máximo de 2 puntos por cada tipo de formación). La fuente de los datos ha cambiado con respecto a ediciones anteriores del cuadro de indicadores de la justicia, lo que influye en su comparabilidad. DK: la pandemia de COVID-19 perjudicó en gran medida la oferta de cursos y seminarios continuos en 2020. HU: algunos cursos de formación se tuvieron que cancelar debido a la pandemia de COVID-19.

3.2.3. Instrumentos de evaluación

Una evaluación periódica podría mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial ante los retos actuales y futuros y contribuir, por tanto, al aumento de la calidad del sistema judicial. Las encuestas (gráfico 37) son esenciales para evaluar el funcionamiento de los sistemas judiciales desde la perspectiva de los profesionales del Derecho y de los usuarios de los órganos jurisdiccionales. Es importante efectuar un seguimiento adecuado de las conclusiones de las encuestas (gráfico 38) para mejorar la calidad de los sistemas judiciales.

Gráfico 37: Temas de encuestas realizadas a usuarios de los órganos jurisdiccionales o a profesionales del Derecho, 2019 (*) [fuente: Comisión Europea( 69 )]

(*) Se asignó un punto a los Estados miembros por cada tema de encuesta indicado, independientemente de si la encuesta se había realizado a nivel nacional, regional o de los órganos jurisdiccionales. «Otros temas» incluyen: encuestas a abogados sobre el funcionamiento de determinados órganos jurisdiccionales (ES); encuestas a litigantes sobre la labor de determinados órganos jurisdiccionales (LV); encuesta a jueces y auxiliares de justicia sobre una serie de temas, entre ellos la accesibilidad física y los servicios prestados a los menores, el trato respetuoso de las partes y la necesidad de una política sobre la imposición de penas (MT). En DE se realizaron diferentes encuestas en los estados federados.

Gráfico 38: Seguimiento de las encuestas realizadas a usuarios de los órganos jurisdiccionales o a profesionales del Derecho, 2019 (*) [fuente: Comisión Europea( 70 )]

(*) Se asignó un punto a los Estados miembros por tipo de seguimiento.



3.2.4. Digitalización

La utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) puede reforzar los sistemas judiciales de los Estados miembros y hacerlos más accesibles, eficientes, resilientes y preparados para afrontar los retos presentes y futuros. La pandemia de COVID-19 también ha redundado en perjuicio de los sistemas judiciales nacionales y ha puesto de relieve una serie de retos que afectan al funcionamiento del poder judicial.

En ediciones anteriores del cuadro de indicadores de la justicia en la UE se aportaban datos comparativos sobre determinados aspectos de las TIC en los sistemas judiciales. Como ya anunció la Comisión en su Comunicación de 2 de diciembre de 2020 sobre la digitalización de la justicia en la UE( 71 ), el cuadro de indicadores se ha ampliado de forma sustancial con más datos sobre la digitalización en los Estados miembros, lo que debería permitir una supervisión más exhaustiva de las áreas de progreso y de las dificultades persistentes.

Una justicia favorable para los ciudadanos exige que la información sobre los sistemas judiciales nacionales no solo sea fácilmente accesible, sino que además se adapte a grupos específicos de la sociedad que de otro modo tendrían dificultades para acceder a la información. El gráfico 39 muestra la disponibilidad de información en línea sobre determinados aspectos de los sistemas judiciales nacionales y para grupos específicos de la sociedad.

Gráfico 39: Disponibilidad de información en línea para el público general sobre el sistema judicial, 2020 (*) [fuente: Comisión Europea( 72 )]

(*) DE: cada estado federado y el nivel federal deciden individualmente qué información se proporciona en línea.



Normas preparadas para la digitalización

El uso de soluciones digitales en los asuntos civiles/mercantiles, contencioso-administrativos y penales exige a menudo una regulación adecuada a través de normas nacionales de procedimiento. El gráfico 40 ilustra la posibilidad que tienen distintos tipos de agentes de participar mediante tecnologías de comunicación a distancia (como la videoconferencia) y refleja la situación actual con respecto a la admisibilidad de pruebas en formato digital.

Gráfico 40: Normas procesales que permiten el uso de tecnologías digitales en órganos jurisdiccionales para asuntos civiles/mercantiles, contencioso-administrativos y penales (*)

(*) Para cada Estado miembro, la primera columna presenta las normas de procedimiento civil/mercantil, la segunda se refiere a las de procedimiento contencioso-administrativo, y la tercera, a las de procedimiento penal. Puntuación máxima posible: 12 puntos. Se asignaron dos puntos por cada criterio cuando existe la posibilidad de utilizar dichas tecnologías en todos los asuntos civiles/mercantiles, contencioso-administrativos y penales, respectivamente (en los asuntos penales, la posibilidad de oír a las partes se dividió en dos para abarcar tanto a los acusados como a las víctimas). Los puntos se reducen a la mitad cuando esta posibilidad no se contempla en todos los asuntos. A los Estados miembros que no distinguen entre asuntos civiles/mercantiles y contencioso-administrativos se les han asignado los mismos puntos para ambos ámbitos. LU, CY y HR: no contemplado en los asuntos contencioso-administrativos.



Uso de herramientas digitales

Aparte de unas normas procesales preparadas para la digitalización, los órganos jurisdiccionales y los ministerios fiscales necesitan disponer de unas herramientas e infraestructuras adecuadas que permitan la comunicación a distancia y el acceso remoto seguro al lugar de trabajo (gráfico 41). También es preciso contar con infraestructuras y equipos suficientes para garantizar la seguridad de las comunicaciones electrónicas entre los órganos jurisdiccionales y ministerios fiscales, por una parte, y los profesionales del Derecho y las instituciones, por otra (gráficos 42 y 43).

Las TIC, y en particular las tecnologías innovadoras, contribuyen en gran medida a facilitar la labor de las autoridades judiciales y, por ende, a la calidad de los sistemas de justicia. La accesibilidad de los jueces, fiscales y personal judicial a diversas herramientas digitales puede optimizar los procesos de trabajo, asegurar un reparto equitativo de la carga de trabajo y traducirse en una reducción significativa de los plazos.

Gráfico 41: Uso de tecnologías digitales en los órganos jurisdiccionales y ministerios fiscales (*)

(*) Puntuación máxima posible: 7 puntos. Se asignó un punto por cada criterio si los órganos jurisdiccionales y los ministerios fiscales, respectivamente, utilizan una determinada tecnología, y medio punto si no siempre la utilizan.



Una comunicación electrónica segura puede ayudar a mejorar la calidad de los sistemas judiciales. La posibilidad de que los órganos jurisdiccionales se comuniquen por vía electrónica entre sí, así como con los profesionales del Derecho y otras instituciones, puede optimizar los procesos y reducir la necesidad de emitir comunicaciones en papel y de presentarse físicamente, lo que se traduciría en una menor duración de la fase de instrucción y de los procedimientos judiciales.

Gráfico 42: Órganos jurisdiccionales: herramientas de comunicación electrónica (*)

(*) Puntuación máxima posible: 5 puntos. Se asignó un punto por cada criterio si los órganos jurisdiccionales tienen acceso a una comunicación electrónica segura, y medio punto cuando no siempre existe esta posibilidad.

Los ministerios fiscales son fundamentales para el funcionamiento del sistema de justicia penal y también pueden beneficiarse de la posibilidad de acceder a un canal seguro de comunicación electrónica, lo que facilitaría su labor y contribuiría a mejorar la calidad de los procedimientos judiciales. La posibilidad de entablar una comunicación electrónica segura entre los ministerios fiscales y las autoridades de instrucción, los abogados defensores y los órganos jurisdiccionales permitiría preparar los procedimientos judiciales de forma más oportuna y eficiente.

Gráfico 43: Ministerio Fiscal: herramientas de comunicación electrónica (*)

(*) Puntuación máxima posible: 5 puntos. Se asignó un punto por cada criterio si los ministerios fiscales tienen acceso a una comunicación electrónica segura, y medio punto cuando no siempre existe esta posibilidad. La disponibilidad de herramientas de comunicación electrónica en el Ministerio Fiscal abarca la comunicación con los letrados que trabajan para dicho ministerio.



– Acceso en línea a los órganos jurisdiccionales –

La capacidad de realizar determinados trámites de un procedimiento judicial por vía electrónica representa una parte importante de la calidad de los sistemas judiciales. La presentación electrónica de demandas, la posibilidad de hacer el seguimiento y avanzar en la tramitación de un procedimiento en línea, o la notificación electrónica de documentos pueden facilitar de forma tangible el acceso de los ciudadanos y las empresas (o de sus representantes legales) a la justicia y reducir los retrasos y los gastos. La disponibilidad de estos servicios públicos digitales ayudaría a acercar los órganos jurisdiccionales un poco más a los ciudadanos y las empresas y, por extensión, a fomentar el aumento de la confianza en el sistema judicial.

Gráfico 44: Soluciones digitales para la incoación y el seguimiento de procedimientos civiles/mercantiles y contencioso-administrativos (*)

(*) Puntuación máxima posible: 9 puntos. Se asignó un punto por cada criterio en caso de existir esta posibilidad en todos los asuntos civiles/mercantiles y contencioso-administrativos, respectivamente, y medio punto cuando no se contempla en todos ellos. A los Estados miembros que no distinguen entre asuntos civiles/mercantiles y contencioso-administrativos se les han asignado los mismos puntos para ambos ámbitos. HR: no contemplado en los asuntos contencioso-administrativos.



El uso de herramientas digitales para la sustanciación y el seguimiento de los procedimientos judiciales en materia penal también puede ayudar a garantizar los derechos de las víctimas y de los acusados. Por ejemplo, las soluciones digitales pueden posibilitar la comunicación confidencial a distancia entre los acusados y sus abogados, permitir a los acusados que se encuentran detenidos preparar la vista, o ayudar a las víctimas de delitos a evitar una victimización secundaria.

Gráfico 45: Soluciones digitales para la sustanciación y el seguimiento de los procedimientos judiciales en materia penal (*)

(*) Puntuación máxima posible: 6 puntos. Se asignó un punto por cada criterio en caso de existir esta posibilidad en todos los asuntos penales, y medio punto cuando no se contempla en todos ellos.

Acceso a las sentencias

Garantizar el acceso en línea a las sentencias aumenta la transparencia de los sistemas judiciales, ayuda a que ciudadanos y empresas conozcan sus derechos y puede contribuir a la coherencia de la jurisprudencia. Las modalidades de publicación en línea de las sentencias son esenciales para crear buscadores fáciles de utilizar( 73 ) que hacen que la jurisprudencia sea más accesible para los profesionales del Derecho y el público en general. La fluidez del acceso a la jurisprudencia y la facilidad para reutilizarla permiten emplear innovadoras aplicaciones de «tecnología legal» de gran utilidad para los profesionales.

La publicación en línea de las decisiones judiciales requiere equilibrar una variedad de intereses, dentro de los límites establecidos por los marcos legales y políticos. El Reglamento General de Protección de Datos( 74 ) es plenamente aplicable al tratamiento de datos personales por parte de los órganos jurisdiccionales. A la hora de valorar qué datos se harán públicos es preciso encontrar un equilibrio adecuado entre el derecho a la protección de datos y el derecho a la publicidad de las decisiones judiciales y a la transparencia del sistema judicial. Esto es particularmente pertinente en los casos en que el interés público justifica la divulgación de tales datos. En muchos países, la legislación o la práctica exigen anonimizar o seudonimizar( 75 ) las decisiones judiciales antes de su publicación, ya sea de manera sistemática o a petición de los interesados. Los datos que genera el poder judicial también se rigen por la legislación de la UE relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público( 76 ).

La disponibilidad de decisiones judiciales en un formato legible por máquina( 77 ) facilita la utilización de algoritmos en el sistema de justicia( 78 ).

Gráfico 46: Accesibilidad en línea del público general a las sentencias publicadas, 2020 (*) (asuntos civiles/mercantiles, contencioso-administrativos y penales, todas las instancias) [fuente: Comisión Europea( 79 )]

(*) Puntuación máxima posible: 9 puntos. Para cada instancia judicial, se asignó un punto cuando están disponibles todas las sentencias en los asuntos civiles/mercantiles, contencioso-administrativos y penales, respectivamente, y medio punto si solo están disponibles algunas sentencias. En el caso de Estados miembros que solo disponen de dos instancias judiciales, se han asignado puntos a tres instancias reproduciendo la instancia superior correspondiente de la instancia inexistente. A los Estados miembros que no distinguen entre los dos ámbitos del Derecho (contencioso-administrativo y civil/mercantil) se les han asignado los mismos puntos para ambos. BE: en los asuntos civiles y penales, cada órgano jurisdiccional se encarga de decidir sobre la publicación de sus propias sentencias. DE: es responsabilidad de cada estado federado decidir sobre la publicación en línea de las sentencias en primera instancia. IE: en los asuntos penales, los juicios sumarios no suelen ser objeto de una sentencia escrita. AT: en primera y segunda instancia, los jueces deciden sobre las sentencias que deben publicarse. No se publican las resoluciones del Tribunal Supremo que desestimen un recurso sin una motivación sustancial. NL: los órganos jurisdiccionales deciden sobre la publicación de acuerdo con los criterios publicados. PT: en los asuntos civiles y penales, una comisión del órgano jurisdiccional competente decide sobre la publicación. SK: en los asuntos civiles y penales, no se publican las resoluciones dictadas en procedimientos en los que el juicio se celebre a puerta cerrada ni las órdenes de pago. FI: los órganos jurisdiccionales deciden las sentencias que se publican.

Gráfico 47: Medidas adoptadas para producir decisiones judiciales legibles por máquina, 2020 (*) (asuntos civiles/mercantiles, contencioso-administrativos y penales, todas las instancias) [fuente: Comisión Europea( 80 )]

(*) Puntuación máxima posible: 24 puntos por cada tipo de asuntos. Se puede asignar un punto a cada una de las tres instancias (primera, segunda, última) si las medidas abarcan todas las decisiones judiciales. Si en una instancia determinada las medidas solo abarcan algunas de las decisiones judiciales, se asigna únicamente medio punto. Cuando un Estado miembro tiene solo dos instancias, se han asignado puntos para tres instancias reproduciendo la instancia superior correspondiente como la instancia inexistente. Para aquellos Estados miembros que no distinguen entre asuntos contencioso-administrativos y civiles/mercantiles, se han asignado los mismos puntos para ambos ámbitos. ES: no está permitido el uso de la base de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con fines comerciales, ni la descarga masiva de información. La reutilización de esta información para la elaboración de bases de datos o con fines comerciales debe seguir el procedimiento y las condiciones que establece el CPGJ a través de su Centro de Documentación Judicial. IE: en los procesos penales se anonimizan las sentencias (a saber, cuando la legislación o un juez, con arreglo a los principios establecidos en la jurisprudencia, disponen que no se divulguen las identidades de las partes o personas) y el juez que dicta sentencia tiene la obligación de indicar el contenido que ha de ocultarse porque pueda identificar a una persona cuya identidad deba protegerse.


3.2.5. Resumen sobre la calidad de los sistemas judiciales

Un acceso fácil, unos recursos suficientes, unos instrumentos de evaluación eficaces y la digitalización son los factores que contribuyen a la alta calidad de los sistemas judiciales. Los ciudadanos y las empresas esperan decisiones de alta de calidad por parte de un sistema judicial eficaz. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021 realiza un análisis comparativo de estos factores.

Accesibilidad

La presente edición examina de nuevo una serie de elementos que contribuyen a un sistema judicial orientado a los ciudadanos:

·La disponibilidad de asistencia jurídica gratuita y la cuantía de las tasas judiciales repercuten en gran medida en el acceso a la justicia, en particular para las personas en situación de pobreza. El gráfico 23 muestra que, en algunos Estados miembros, los consumidores cuyos ingresos son inferiores al umbral de pobreza de Eurostat no recibirían asistencia jurídica gratuita. Con respecto a 2019, la accesibilidad de la asistencia jurídica gratuita ha disminuido en cerca de una tercera parte de los Estados miembros y se ha ampliado en cinco, sobre todo en lo concerniente a la modalidad parcial. Esta evolución se corresponde con la tendencia a más largo plazo, según la cual en algunos Estados miembros se ha dificultado el acceso a dicha asistencia. La cuantía de las tasas judiciales (gráfico 24) se ha mantenido en gran medida estable desde 2016, aunque algunos Estados miembros han elevado su importe en las demandas de escasa cuantía, para las que estas tasas continúan siendo proporcionalmente más elevadas. La dificultad para beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita, junto con unas tasas judiciales a veces muy elevadas en algunos Estados miembros, podría tener un efecto disuasorio para el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en situación de pobreza.

·La cuantía de las tasas judiciales en los litigios mercantiles (gráfico 25) varía de forma significativa entre los Estados miembros (fluctuando desde el 0,1 % hasta el 6 % del valor de la demanda); tan solo hay dos Estados miembros que no aplican ningún tipo de tasa judicial. El gráfico 26 muestra en qué medida los gastos de defensa jurídica pueden ser recuperados por la parte ganadora en un asunto mercantil. Se aprecian grandes diferencias con respecto a la recuperabilidad de los gastos de defensa jurídica en la fase contenciosa entre los Estados miembros que cuentan con un sistema de tasas legalmente establecido y los que no, así como dentro de cada uno de estos grupos (en particular, entre los sistemas de tasas legalmente establecidos más y menos generosos). Asimismo, en muchos Estados miembros la recuperabilidad de los gastos de defensa jurídica depende del criterio de los órganos jurisdiccionales. El nivel de generosidad del sistema para recuperar los gastos de defensa jurídica puede tener efectos tanto incentivadores como disuasorios sobre la probabilidad de presentar una demanda y, por tanto, sobre el acceso global a la justicia.

·El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021 amplía el análisis de las formas en que los Estados miembros promueven el uso voluntario de métodos de resolución alternativa de litigios (RAL) (gráfico 27) en litigios particulares, en particular la posibilidad de utilizar tecnologías digitales. Diecisiete Estados miembros ofrecen la posibilidad de incoar procedimientos o de interponer una demanda y presentar pruebas documentales por vía telemática, al menos en determinados tipos de litigios. En diecinueve Estados miembros se puede notificar por vía electrónica a las partes la incoación de un procedimiento y su estado de tramitación, y en doce Estados miembros se permite el pago electrónico de las tasas aplicables. Ocho Estados miembros contemplan la utilización de tecnologías como aplicaciones de inteligencia artificial o asistentes virtuales para facilitar la presentación y resolución de litigios.

·Por segunda vez, el cuadro de indicadores de la Justicia en la UE de 2021 presenta una visión general consolidada de las medidas que han adoptado los Estados miembros en favor de un sistema judicial adaptado a los menores (gráfico 28). Todos los Estados miembros realizan como mínimo algún tipo de adaptación, sobre todo mediante medidas para adecuar (incluso físicamente) las vistas a la presencia de menores y evitar que estos tengan que comparecer más de una vez. Casi todos los Estados miembros imparten asimismo cursos de formación para jueces sobre cómo adaptar la justicia a los menores.

Recursos

Unos sistemas judiciales de alta calidad en los Estados miembros exigen niveles suficientes de recursos financieros y humanos, en particular las inversiones necesarias en infraestructuras físicas y técnicas, formación adecuada, tanto inicial como permanente, así como diversidad entre los jueces, incluido el equilibrio de género. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021 muestra:

·En términos de recursos financieros, los datos revelan que, en general, en 2019, el gasto total de las administraciones públicas en los órganos jurisdiccionales se mantuvo en su mayor parte estable en los Estados miembros, con diferencias significativas persistentes entre ellos en cuanto a los importes reales, tanto en EUR por habitante como en porcentaje del PIB (gráficos 29 y 30). Casi todos los Estados miembros incrementaron su gasto per cápita en 2019 (en comparación con 2018), y la mayoría elevó también su nivel de gasto como porcentaje del PIB.

·A partir de 2020, el cuadro de indicadores de la Justicia en la UE de 2021 muestra asimismo el desglose del gasto total en las diferentes categorías basándose en los datos recopilados por Eurostat. El gráfico 31 muestra diferencias importantes en los patrones de gasto entre los Estados miembros. Por una parte, mientras que los sueldos y salarios de los jueces y del personal de justicia (incluidas las cotizaciones sociales) representan la parte principal en la mayoría de los Estados miembros, la inversión en activos fijos, como los edificios de los órganos jurisdiccionales y los programas informáticos, constituye una proporción inferior. Por otra parte, los gastos de funcionamiento (por ejemplo, alquiler de edificios, asistencia jurídica gratuita y otros bienes fungibles) son significativamente más elevados en una minoría de Estados miembros que en el resto. Este desglose se ha mantenido relativamente estable año tras año.

·Las mujeres siguen representando menos del 50 % de los jueces en los tribunales supremos de la mayoría de los Estados miembros (gráfico 33). La evolución registrada en los tres años transcurridos entre 2018 y 2020 pone de manifiesto que las tendencias divergen de unos Estados miembros a otros, aunque la proporción de juezas en los tribunales supremos ha aumentado en la mayoría de ellos desde 2010.

·Con respecto a la formación de los jueces, pese a que todos los Estados miembros proporcionan como mínimo cierta formación continua sobre la judicatura, no son tantos los que ofrecen formación en conocimientos informáticos, gestión de órganos jurisdiccionales y deontología judicial. El porcentaje de jueces que han recibido formación en conocimientos informáticos ha aumentado ligeramente con respecto al año anterior (gráfico 35). En cuanto a la formación para comunicarse con grupos vulnerables de partes (gráfico 36), la mayoría de los Estados miembros imparten formación sobre las víctimas de violencia de género y más de la mitad forma acerca de prácticas sensibles al género, solicitantes de asilo o personas de distintos orígenes culturales, religiosos, étnicos o lingüísticos. Aproximadamente la mitad de los Estados miembros proporcionan formación sobre la comunicación con las personas con discapacidad visual o auditiva. La formación en materia de sensibilización y lucha contra la desinformación solo está disponible en poco más de la mitad de los Estados miembros.

Instrumentos de evaluación

·La realización de encuestas a los usuarios de los órganos jurisdiccionales y los profesionales del Derecho (gráfico 37) aumentó ligeramente en 2019 con respecto a los años anteriores y se ha mantenido estable el número de Estados miembros que opta por no realizar ninguna. Sin embargo, parece observarse alguna variación en cuanto a los Estados miembros que no realizaron encuestas, lo que podría indicar que, en ocasiones, estas se llevan a cabo en años alternos o cada cierto número de años. La accesibilidad, la atención al cliente, las vistas y las sentencias judiciales, así como la confianza general en el sistema judicial, siguen siendo temas recurrentes en las encuestas, pero solo unos pocos Estados miembros preguntaron acerca de la satisfacción de los grupos con necesidades especiales o por el conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos. Todos los Estados miembros que realizaron encuestas también garantizaron su seguimiento (gráfico 38), aunque el alcance de este siguió variando en gran medida. Por lo general, los resultados de las encuestas se incorporaron en informes anuales o específicos; asimismo, en muchos Estados miembros se tuvieron en cuenta dichos resultados en una evaluación o se utilizaron para identificar la necesidad de modificar alguna ley.

Digitalización

·A partir de su edición de 2021, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE incluye un componente ampliado que examina en detalle los aspectos relacionados con la digitalización de la justicia. Aunque la mayoría de los Estados miembros ya utilizan soluciones digitales en diferentes contextos y en distinta medida, todavía existe un considerable margen de mejora.

·Casi todos los Estados miembros ofrecen alguna información en línea acerca de su sistema judicial, incluido un portal web centralizado con formularios en línea y educación interactiva sobre los derechos legales (gráfico 39). Las diferencias se refieren al contenido de la información y a su grado de adecuación para responder a las necesidades de los ciudadanos. Por ejemplo, solamente un número limitado de Estados miembros (doce) permiten a los ciudadanos conocer si tienen derecho a asistencia jurídica gratuita a través de una simulación interactiva en línea. No obstante, la mayoría de los Estados miembros disponen de un sitio web con formularios en línea para ciudadanos y empresas o información destinada a los hablantes no nativos.

·Menos de la mitad de los Estados miembros han adoptado normas procesales preparadas para la digitalización, que contemplan el uso de la comunicación a distancia y la admisibilidad de pruebas presentadas únicamente en formato digital. Los demás Estados miembros solo ofrecen esta posibilidad en determinadas situaciones.

·Por lo que respecta al uso de tecnologías digitales en los órganos jurisdiccionales y los ministerios fiscales, la mayoría de los Estados miembros ya han puesto diversas herramientas digitales a disposición de dichos órganos, de los fiscales y del resto del personal judicial. Si bien la mayoría de los Estados miembros han implantado sistemas de gestión de asuntos, sistemas de videoconferencia y la posibilidad de teletrabajo, aún es necesario seguir avanzando con vistas a ampliar la disponibilidad de sistemas de reparto automático de los asuntos, así como de tecnologías de inteligencia artificial y de cadenas de bloques.

·La mayor parte de los Estados miembros ofrecen herramientas de comunicación electrónica seguras a los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, en varios de ellos dichos órganos solo pueden comunicarse a través de soluciones electrónicas seguras con determinados profesionales del Derecho o autoridades nacionales. En cuanto a los ministerios fiscales, menos de una tercera parte de los Estados miembros prevén de forma exhaustiva una comunicación electrónica segura con los profesionales del Derecho y las instituciones nacionales.

·En los asuntos civiles/mercantiles y contencioso-administrativos, la mayoría de los Estados miembros proporcionan a ciudadanos y empresas (o a sus representantes legales) acceso en línea a sus asuntos en curso o archivados, aunque en distinta medida. Sin embargo, en el ámbito penal, los acusados y las víctimas de la mayoría de los Estados miembros tienen muy pocas posibilidades de hacer un seguimiento de su asunto o realizar parte de los trámites por vía electrónica, mientras que algunos Estados miembros ni siquiera contemplan esta opción.

·En comparación con años anteriores, el acceso en línea a las sentencias judiciales (gráfico 46) no ha evolucionado, especialmente en lo que se refiere a la publicación de las sentencias de la más alta instancia: diecisiete Estados miembros publican todas las sentencias civiles/mercantiles y contencioso-administrativas, y quince publican también las sentencias penales correspondientes a la más alta instancia. Estas cifras invitan a todos los Estados miembros a seguir mejorando, ya que las decisiones de la más alta instancia desempeñan una función importante para la coherencia de la jurisprudencia. La publicación de las sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales de segunda instancia tampoco ha evolucionado. En 2020, solo nueve Estados miembros publicaron en línea todas las sentencias civiles/mercantiles y contencioso-administrativas de los órganos jurisdiccionales de segunda instancia y seis Estados miembros publicaron las sentencias penales dictadas en dicha instancia, lo que supone un retroceso con respecto a 2019.

·El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021 continúa analizando los mecanismos existentes en los Estados miembros que pueden ayudar a producir decisiones judiciales legibles por máquina (gráfico 47). Todos los Estados miembros han adoptado, como mínimo, alguna medida en este sentido para los asuntos civiles/mercantiles, contencioso-administrativos y penales, aunque se puede apreciar una variación considerable entre ellos. Al parecer, los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo están relativamente más avanzados en cuanto a la creación de los factores que propician el uso de algoritmos en el sistema judicial. En general, puede observarse una tendencia a introducir más mecanismos, sobre todo en relación con la disponibilidad de metadatos en las sentencias sobre palabras clave, la fecha de las decisiones y la regulación de los datos personales en las sentencias publicadas. La mayoría de los Estados miembros han notificado una mejora en 2020 con respecto a 2019. Los sistemas de justicia en los que se han implantado mecanismos para la producción de sentencias con base en estándares que permitan su lectura por máquina parecen encontrarse en una posición más favorable para obtener mejores resultados en el futuro.



3.3. Independencia

La independencia judicial, un aspecto integral de la toma de decisiones judiciales, es un requisito derivado del principio de tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 19 del TUE y del derecho a la tutela judicial efectiva ante un órgano jurisdiccional consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE( 81 ). Este requisito presume que existe:

a) independencia externa, cuando el órgano afectado ejerce sus funciones con autonomía, sin sujeción a ningún tipo de restricción jerárquica ni subordinación a otro órgano, y sin recibir órdenes o instrucciones de ninguna fuente, estando de ese modo protegido frente a intervenciones o presiones externas que afecten al criterio independiente de sus miembros e influyan en sus decisiones; y

b) independencia e imparcialidad internas, entendidas como la equidistancia con respecto a las partes en los procedimientos y sus intereses respectivos en el asunto tratado en dichos procedimientos( 82 ).

La independencia judicial garantiza la protección de todos los derechos que emanan para los ciudadanos del Derecho de la UE, así como la salvaguardia de los valores comunes a los Estados miembros recogidos en el artículo 2 del TUE, en particular el valor del Estado de Derecho( 83 ). La preservación del ordenamiento jurídico de la UE es fundamental para todos los ciudadanos y empresas cuyos derechos y libertades están protegidos por el Derecho de la Unión.

La percepción de la independencia del sistema judicial es un factor que potencia el crecimiento, al igual que la percepción de falta de independencia puede disuadir las inversiones( 84 ). Además de los indicadores sobre la percepción de diversas fuentes sobre la independencia judicial, el cuadro de indicadores presenta una serie de indicadores sobre la forma en que se organizan los sistemas judiciales para proteger la independencia judicial en determinadas situaciones en las que pueda peligrar. Como reflejo de las aportaciones de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECPJ), la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión Europea (RPTSUE) y del Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, el cuadro de indicadores muestra indicadores sobre las autoridades implicadas y el estatuto de los candidatos a jueces del Tribunal Supremo, un resumen de las competencias jerárquicas en los Ministerios Fiscales, así como la posibilidad de revisar la decisión de un fiscal de no iniciar actuaciones.


3.3.1. Percepción de la independencia judicial

Gráfico 48: Percepción de la independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces entre el público general (*) (fuente: Eurobarómetro( 85 ) — colores claros: 2016, 2019 y 2020, colores oscuros: 2021)

(*) Los Estados miembros están ordenados en primer lugar por el porcentaje de encuestados que afirman que la independencia de los órganos jurisdiccionales y de los jueces es muy buena o bastante buena (total de buena); si algunos Estados miembros tienen el mismo porcentaje del total de buena, están ordenados por el porcentaje de encuestados que afirman que la independencia de los órganos jurisdiccionales y de los jueces es bastante mala o muy mala (total de mala); si algunos Estados miembros tienen el mismo porcentaje del total de buena y mala, están ordenados por el porcentaje de encuestados que afirman que la independencia de los órganos jurisdiccionales y de los jueces es muy buena; si algunos Estados miembros tienen el mismo porcentaje del total de buena, mala y muy buena, están ordenados por el porcentaje de encuestados que afirman que la independencia de los órganos jurisdiccionales y de los jueces es muy mala.

El gráfico 49 muestra las principales razones de la percepción de la falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces dadas por los encuestados. Los encuestados entre el público en general, que valoraron la independencia del sistema judicial como «bastante mala» o «muy mala», podían elegir entre tres razones para explicar su calificación. Los Estados miembros figuran en el mismo orden que se indica en el gráfico 48.

Gráfico 49: Razones principales aducidas por el público de su percepción de falta de independencia (porcentaje de todos los encuestados cuanto más elevado es el valor, mayor es su influencia) [fuente: Eurobarómetro( 86 )].

Gráfico 50: Percepción de la independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces entre las empresas (*) [fuente: Eurobarómetro ( 87 )] colores claros: 2016, 2019 y 2020, colores oscuros: 2021)

(*) Los Estados miembros están ordenados en primer lugar por el porcentaje de encuestados que afirman que la independencia de los órganos jurisdiccionales y de los jueces es muy buena o bastante buena (total de buena); si algunos Estados miembros tienen el mismo porcentaje del total de buena, están ordenados por el porcentaje de encuestados que afirman que la independencia de los órganos jurisdiccionales y de los jueces es bastante mala o muy mala (total de mala); si algunos Estados miembros tienen el mismo porcentaje del total de buena y mala, están ordenados por el porcentaje de encuestados que afirman que la independencia de los órganos jurisdiccionales y de los jueces es muy buena; si algunos Estados miembros tienen el mismo porcentaje del total de buena, mala y muy buena, están ordenados por el porcentaje de encuestados que afirman que la independencia de los órganos jurisdiccionales y de los jueces es muy mala.

El gráfico 51 muestra las principales razones de la percepción de la falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces dadas por los encuestados. Las empresas encuestadas, que valoraron la independencia del sistema judicial como «bastante mala» o «muy mala», podían elegir entre tres razones para explicar su calificación. Los Estados miembros figuran en el mismo orden que se indica en el gráfico 50.

Gráfico 51: Razones principales aducidas por las empresas sobre su percepción de falta de independencia (porcentaje de todos los encuestados cuanto más elevado es el valor, mayor es su influencia) [fuente: Eurobarómetro( 88 )].



3.3.2. Independencia estructural

Las garantías de independencia estructural requieren normas, en particular en lo que se refiere a la composición del órgano jurisdiccional y al nombramiento, la duración del servicio y los motivos de abstención, recusación y destitución de sus miembros, a fin de disipar cualquier duda razonable en la mente de los particulares sobre la impermeabilidad de ese órgano jurisdiccional a factores externos y su neutralidad con respecto a los intereses en pugna( 89 ). En particular, dichas normas no solo deben impedir cualquier influencia directa en forma de instrucciones, sino también otros tipos de influencia más indirecta que pueden tener un efecto sobre las decisiones de los jueces afectados( 90 ).

Se han elaborado normas europeas, en particular por parte del Consejo de Europa, por ejemplo en la Recomendación del Consejo de Europa de 2010 sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades( 91 ). El cuadro de indicadores de la justicia en la UE presenta determinados indicadores sobre cuestiones pertinentes a la hora de evaluar la forma en la que se organizan los sistemas judiciales para salvaguardar la independencia judicial.

En concreto, esta edición del cuadro de indicadores de la justicia en la UE incluye nuevos indicadores sobre las autoridades implicadas y el estatus de los candidatos a ser nombrados jueces del Tribunal Supremo (gráficos 52 a 54)( 92 ). También presenta una visión general de las competencias jerárquicas en los ministerios fiscales, así como de la posibilidad de revisar la decisión de un fiscal de no iniciar actuaciones (gráficos 55 a 57)( 93 ). Los gráficos presentan los marcos nacionales vigentes en diciembre de 2020.

Los datos presentados en el cuadro de indicadores no facilitan una evaluación ni datos cuantitativos sobre la eficacia de las salvaguardias. No pretenden reflejar la complejidad y los detalles de los procedimientos y las salvaguardias correspondientes. También cabe señalar que la aplicación de políticas y prácticas destinadas a promover la integridad y prevenir la corrupción en la judicatura también es esencial para garantizar la independencia judicial. En última instancia, la protección efectiva de la independencia judicial también requiere, más allá de las normas que sean necesarias, una cultura de integridad e imparcialidad, compartida por los magistrados y respetada por el conjunto de la sociedad.

– Nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo

Los Tribunales Supremos, como órganos jurisdiccionales de última instancia, son fundamentales para garantizar la aplicación uniforme de la ley en los Estados miembros. Corresponde a los Estados miembros organizar el procedimiento de nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo de manera que garantice su independencia e imparcialidad. A este respecto, el Derecho europeo exige a los Estados miembros que garanticen que, una vez nombrados, los jueces estarán libres de cualquier influencia o presión por parte de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el desempeño de su función( 94 ). También es necesario garantizar que los requisitos de fondo y las normas procesales detalladas que rigen la adopción de las decisiones de nombramiento no pueden dar lugar a dudas razonables, en la mente de los particulares, sobre la impermeabilidad de los jueces en cuestión a factores externos y sobre su neutralidad con respecto a los intereses en pugna( 95 ). La participación de organismos independientes, como los consejos del poder judicial, en el proceso de nombramiento de los jueces puede, en principio, contribuir a hacer más objetivo ese proceso, siempre que dicho organismo sea a su vez suficientemente independiente del poder legislativo y ejecutivo( 96 ).



El gráfico 52 muestra una visión general de los organismos y las autoridades que proponen a los jueces para su nombramiento como jueces del Tribunal Supremo y las autoridades que los nombran, así como de las autoridades que son consultadas (por ejemplo, jueces).

Gráfico 52: Nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo: autoridades que los proponen y nombran (*)( 97 )

AT: propuesta: sala especial del Tribunal Supremo; nombramiento: presidente previo dictamen del ministro de Justicia. LU: propuesta y nombramiento: Cour supérieure de justice (Tribunal Superior de Justicia). DE: propuesta: Richterwahlausschuss [Comité de selección de jueces, integrado por los ministros de Justicia de los dieciséis Estados federados y dieciséis miembros elegidos por el Parlamento Federal (“Bundestag”)] o el Ministerio de Justicia; nombramiento: Richterwahlausschuss, previo dictamen consultivo del Präsidialrat (Consejo Presidencial del Tribunal Supremo, integrado por su presidente y los jueces elegidos por todos los jueces del órgano jurisdiccional, que emite un dictamen motivado sobre la aptitud personal y profesional de cada candidato) y con el consentimiento obligatorio del ministro de Justicia; nombramiento oficial por el presidente; SK: propuesta: presidentes del órgano jurisdiccional o Consejo del Poder Judicial; nombramiento: Jefe del Estado previo dictamen del Consejo del Poder Judicial. SE: propuesta: la Comisión de Propuestas de Nombramientos Judiciales; nombramiento: Gobierno. HR: propuesta: los propios candidatos se presentan al concurso. EE: propuesta: presidente del Tribunal Supremo tras un concurso público; el presidente considerará en primer lugar la opinión del Tribunal supremo en pleno y del Consejo del Poder Judicial. NL: propuesta: Tribunal Supremo; nombramiento: Parlamento. PL: propuesta: Consejo Nacional del Poder Judicial; nombramiento: Presidente de la República. RO: no hay propuesta de nombramiento: un concurso organizado por el Consejo Superior de la Magistratura a través del Instituto Nacional de la Magistratura. CY: el presidente nombra previo dictamen del presidente del Tribunal Supremo. EL: propuesta: Ministro de Justicia; nombramiento: Consejo del Poder Judicial, seguido de un decreto presidencial que ejecuta la decisión. BG: no hay una propuesta: procedimiento abierto a la competencia; nombramiento: el Colegio del Consejo Superior de la Magistratura correspondiente. LT: el gráfico muestra el proceso para el Tribunal Supremo. Un juez del Tribunal Supremo será nombrado por el Seimas (propuesta: presidente de la República). Los candidatos seleccionados por el Comité de Selección. El Consejo del Poder Judicial también asesora al presidente. nombramiento: Parlamento. Los jueces del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo son nombrados por el presidente de la República. LV: propuesta: presidente del Tribunal con el dictamen preceptivo de la Sala del Tribunal Supremo; nombramiento: el Parlamento para los candidatos externos y el Consejo del Poder Judicial para los jueces. IT: a propuesta del Consejo Superior de la Magistratura (CPGA, abarca los tribunales de lo contencioso-administrativo), el presidente de la República publica un decreto de nombramiento de los jueces del Consejo de Estado. FR: la autoridad facultada para proceder a los nombramientos es el presidente de la República, que debe nombrar formalmente a los jueces [a recomendación del Consejo Superior de la Magistratura (CSM)] mediante un decreto. BE: propuesta: Consejo del Poder Judicial previo dictamen preceptivo del Tribunal Supremo. DK: Consejo de Nombramientos Judiciales, con un procedimiento de examen por parte del Tribunal Supremo, propone un candidato al ministro de Justicia (nombramiento oficial por el Jefe del Estado). IE: propuesta: la Junta Consultiva de Designaciones Judiciales selecciona a los candidatos que aún no ocupan un cargo judicial y los recomienda al Gobierno como idóneos para ocupar un cargo judicial. El Gobierno puede elegir a jueces en funciones para que ocupen un cargo judicial superior; nombramiento: el presidente de Irlanda siguiendo el asesoramiento del Gobierno. HU: el presidente de la Kúria (Tribunal Supremo) informa al presidente de la ONJ (Oficina Nacional de la Judicatura) de la vacante en un cargo de juez. El presidente de la ONJ anuncia una convocatoria pública de presentación candidaturas al cargo de juez vacante. El departamento competente de la Kúria emite un dictamen sobre cada candidato mediante una votación secreta. Da una puntuación de 0 a 20 a los candidatos. El Consejo del Poder Judicial de la Kúria evalúa a los candidatos y los clasifica mediante puntuaciones para evaluar sus capacidades y características. Las puntuaciones se definen mediante un decreto del ministro de Justicia. Las puntuaciones pueden ser las mismas para todos los cargos judiciales inferiores. El presidente del Kúria puede decir lo siguiente: a) nombrar al candidato mejor clasificado. Si el candidato no ha sido juez con anterioridad, el presidente del Kúria debe enviar la candidatura al presidente de la República para que lo nombre; b) si el presidente del Kúria quiere nombrar al segundo o tercer clasificado, necesita la aprobación del CNJ (Consejo Nacional de la Judicatura). En la propuesta, debe justificar sus motivos al CNJ. El candidato clasificado en segundo o tercer lugar solo puede ser nombrado si el CNJ da su consentimiento; c) anular la candidatura si: no hay una candidatura admisible, el Consejo del Poder Judicial infringió el reglamento interno, el nombramiento causaría un conflicto de intereses, la justificación por parte del Consejo del Poder Judicial es insuficiente, hay un cambio en la carga de trabajo, por problemas presupuestarios acaecidos desde el inicio del procedimiento de selección de candidaturas, o si, de conformidad con la ley, el cargo debe cubrirse sin candidaturas de debido a determinadas circunstancias acaecidas desde el inicio del procedimiento de selección de candidaturas. MT: propuesta: Primer Ministro previo dictamen consultivo de la Comisión para la Administración de la Justicia; nombramiento: jefe del Estado previo dictamen del Primer Ministro. ES: nombramiento: jefe del Estado (el Rey) previo dictamen del Consejo General del Poder Judicial.

El gráfico 53 muestra si el nombramiento como juez del Tribunal Supremo solo es posible para aquellos que ya sean jueces o si los candidatos externos pueden ser nombrados jueces del Tribunal Supremo, bien siguiendo el mismo procedimiento que los jueces o bien siguiendo un procedimiento especial aplicable solo a las personas que no son jueces en los órganos jurisdiccionales de lo civil, penal o contencioso-administrativo.

Gráfico 53: Estatus de los candidatos a ser nombrados jueces del Tribunal Supremo (*)

(*) BE: además de los requisitos mínimos para convertirse en juez, el candidato a juez del Tribunal Supremo, debe tener quince años de experiencia profesional, y los últimos diez deben ser como magistrado. BG: el candidato a juez del Tribunal Supremo de Casación o del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo debe participar en un concurso. CZ: el candidato debe haber ejercido una actividad jurídica durante al menos diez años, y demostrar un alto grado de conocimientos y experiencia profesional. DK: el candidato debe haber demostrado su idoneidad para ocupar un puesto en el órgano jurisdiccional mediante una prueba en la que vota, en primer lugar, en al menos cuatro asuntos, de los cuales, al menos uno, debe ser civil. DE: además de los requisitos para convertirse en juez, los candidatos solo pueden ascender en función de su aptitud, cualificación y logros profesionales. EE: el candidato debe tener las capacidades y características personales necesarias para ejercer como juez, y ser un abogado experimentado y reconocido. IE: High Court (Tribunal Superior): haber ejercido como barrister (abogado especializado en asuntos litigiosos) o solicitor (asesor jurídico) durante un mínimo de doce años, incluido un periodo ininterrumpido de al menos dos años inmediatamente anterior al nombramiento. La persona que, durante este periodo de dos años, haya sido: juez del TJUE, del Tribunal General, abogado general del TJUE, juez del TEDH, juez del CIJ, juez de la CPI, juez de un tribunal internacional en el sentido de la sección 2 de la International War Crimes Tribunals Act (Ley del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra) de 1998 y ejercía como barrister o solicitor con anterioridad a su nombramiento para dicho cargo judicial, podrá ser nombrada juez del Tribunal Supremo, del Tribunal de Apelación o del Tribunal Superior. EL: un mínimo de quince años de servicio en órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, con un excelente desempeño de sus funciones. ES: formación, edad y méritos. FR: el candidato no puede ser nombrado sin haber ejercido en otro puesto jerárquico o en otro puesto de primer rango tras haber prestado servicio en el Tribunal Supremo como Conseiller référendaire (secretario ponente), debiendo haber ejercido el cargo un mínimo de tres años debido a la formación necesaria para dominar la técnica de la casación. HR: un mínimo de quince años como funcionario judicial, abogado o notario; profesor universitario de Derecho (con un mínimo de quince años de experiencia profesional tras haber superado el examen de judicatura); un abogado de renombre que haya aprobado el examen de judicatura y que tenga un mínimo de veinte años de experiencia profesional, que haya demostrado su valía a través de su labor profesional en un ámbito específico del Derecho, y a través de la publicación de trabajos profesionales y de investigación. IT: los profesores universitarios de Derecho y los abogados en activo durante quince años pueden ser nombrados por méritos extraordinarios. Los jueces del Consejo de Estado pueden ser nombrados de entre los altos funcionarios. CY: haber ejercido, como mínimo, doce años (incluyendo también el servicio en cualquier cargo judicial) y tener una gran integridad moral. LV: una persona que haya alcanzado la edad de cuarenta años. Juez de primera o segunda instancia: que haya ejercido al menos durante diez años como juez y que tenga un dictamen positivo de la sección del Tribunal Supremo; que haya ejercido, como mínimo, durante quince años en un puesto de personal académico jurídico en una institución de enseñanza superior, que sea un abogado o un fiscal, que haya superado el examen de calificación, y que tenga un dictamen positivo de la sección del Tribunal Supremo; una persona que haya desempeñado el cargo de juez del Tribunal Constitucional, un juez de un tribunal internacional o un juez de un tribunal supranacional, y un dictamen positivo de la sección del Tribunal Supremo. LT: un juez o una persona que tenga el título de Doctor en Derecho, que haya ejercido, como mínimo, durante diez años como juez o (y) que tenga experiencia docente en materia de Derecho. LU: un juez que haya llegado, como mínimo, a los treinta y cinco años de edad y que haya ejercido, al menos, durante siete años. HU: Procedimiento especial: los miembros del Tribunal Constitucional podrán, si así lo desean, convertirse en jueces, y cuando abandonen el Tribunal Constitucional pasarán automáticamente a ser jueces del Tribunal Supremo. Procedimiento ordinario: Para los que ya son jueces, el procedimiento es similar al de presentación de candidaturas a cualquier otro cargo de juez, si bien en la práctica los candidatos suelen ser magistrados con mayor experiencia judicial. Si el candidato no ha sido juez con anterioridad, el presidente de la Kúria debe enviar la candidatura al presidente de la República para que lo nombre; MT: doce años de experiencia en el Colegio de Abogados. NL: debe tener una amplia experiencia como profesional del Derecho, y debe destacar en uno o más ámbitos del Derecho. AT: no hay requisitos formales específicos, al margen de los que se exigen para ser juez. Por lo general; solo se nombran jueces de los tribunales de apelación o fiscales de los tribunales de apelación o del Tribunal Supremo. PL: una persona que haya cursado estudios superiores en materia de Derecho en la República de Polonia con el título de maestría; haya desempeñado las funciones de un juez, fiscal, presidente, vicepresidente, abogado de la Abogacía General de Polonia durante al menos diez años, o haya trabajado como abogado, asesor jurídico o notario durante un mínimo de diez años; no haya prestado servicio, no haya trabajado para las autoridades de seguridad enumeradas en la Ley relativa al Instituto de la Memoria Nacional – Comisión para el Enjuiciamiento de los Crímenes contra la Nación Polaca, ni haya sido asociado de estas; un doctor habilitado en ciencias jurídicas que haya trabajado en una escuela polaca de educación superior, en la Academia Polaca de Ciencias, en un instituto de investigación o en otra institución académica. PT: ser juez de segunda instancia y ser candidato del concurso público. RO: un examen organizado por la sección de jueces del Consejo Superior de la Magistratura, entre los jueces que, durante los tres años anteriores, hayan ostentado el cargo de juez en los tribunales de apelación, hayan recibido la calificación «muy bien» en sus últimas tres evaluaciones, no hayan sido sancionados disciplinariamente en los últimos tres años, y tengan una antigüedad mínima de dieciocho años como juez. SI: la persona que cumple las condiciones generales para ser nombrada juez si ha ejercido con éxito una función judicial durante al menos quince años, o si tiene un mínimo de veinte años de experiencia profesional en el ámbito del Derecho tras superar el examen estatal de abogacía. Un profesor asociado universitario de Derecho también puede ser elegido juez del Tribunal Supremo. SK: un examen profesional de judicatura y todos los conocimientos judiciales necesarios para convertirse en juez y más de quince años de experiencia en una profesión jurídica (abogado, juez, académico...). FI: el candidato ha demostrado, mediante su servicio anterior en un órgano jurisdiccional o en otro cargo, que tiene los conocimientos del campo en cuestión y las características personales necesarias para ejercer con éxito las funciones del cargo a ocupar. SE: los jueces del Tribunal Supremo se complementan entre sí al estar integrados por abogados con distintas experiencias de las distintas profesiones jurídicas.

El gráfico 54 muestra la competencia del poder ejecutivo y el Parlamento para nombrar a los jueces del Tribunal Supremo a propuesta de las autoridades competentes (por ejemplo, el Consejo del Poder Judicial o el órgano jurisdiccional). El tamaño de la columna depende de si el poder ejecutivo o el Parlamento pueden rechazar a un candidato a juez del Tribunal Supremo, si puede elegir solo entre los candidatos propuestos, o si puede elegir y nombrar a cualquier otro candidato, incluso si este no ha sido propuesto por la autoridad competente. En el caso en que no se nombre a un candidato, la obligación de indicar el motivo( 98 ) y la posibilidad de controlar judicialmente la decisión( 99 ) son una salvaguardia importante.



Gráfico 54: Nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo: competencia del poder ejecutivo y del Parlamento (*)

(*) DK: el Consejo de Nombramientos Judiciales recomienda un candidato por vacante al ministro de Justicia en todos los nombramientos judiciales, salvo en el del presidente del Tribunal Supremo. DE: el ministro debe justificar su decisión si se niega a dar su consentimiento a la decisión del Comité de selección de jueces, o si da su consentimiento a la elección de una persona considerada no cualificada por el Präsidialrat [el «Präsidialrat» (Consejo Presidencial del Tribunal Supremo), integrado por su presidente y los jueces elegidos por todos los jueces del órgano jurisdiccional]. IE: el gráfico refleja la competencia del Gobierno. De conformidad con el artículo 13, apartado 9, de la Constitución (es decir, un requisito constitucional en lugar de una costumbre), el poder de nombramiento del Presidente solo puede ejercerse previo dictamen del Gobierno. EL: a propuesta del Ministro de Justicia, el presidente de la República publica un decreto presidencial de conformidad con la decisión del Consejo Superior de la Magistratura. IT*: el Tribunal Supremo de Casación (con salas de lo civil y de lo penal): el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) nombra a los jueces. IT: el Consejo de Estado (con salas de lo contencioso-administrativo): a propuesta del Consejo Superior de la Magistratura (CPGA), el presidente de la República nombra a los jueces, sin tener poder discrecional a este respecto. CY: cuando nombra a un juez del Tribunal Supremo, el presidente de la República no tiene la obligación constitucional o jurídica de seguir el dictamen del Tribunal Supremo, pero, por regla general, lo sigue. HU: el presidente de la República debe continuar con la propuesta. El presidente del Kúria puede anular la candidatura. MT: la autoridad presentada es el Primer Ministro. AT: en virtud de la Constitución, las propuestas del Tribunal Supremo no son vinculantes. Sin embargo, es práctica habitual designar exclusivamente a los candidatos propuestos por el Tribunal Supremo. En cuanto al presidente del Tribunal Supremo, el presidente federal puede rechazar al candidato propuesto por el ministro de Justicia, pero no puede nombrar a una persona que no haya sido propuesta. LU: no hay ningún texto vinculante sobre este tema, pero, hasta la fecha, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos nunca ha rechazado el nombramiento de un candidato propuesto por el Tribunal. SK: nunca ha sucedido que si no se nombra un candidato a juez o presidente del Tribunal Supremo, se exija a la autoridad o el organismo facultado para proceder a los nombramientos que indique los motivos de esa decisión. HR: el Consejo del Poder Judicial puede decidir no nombrar un candidato a juez del Tribunal Supremo. Solo un candidato a juez del Tribunal Supremo puede apelar o solicitar una revisión, en caso de no ser nombrado. ES: el jefe del Estado (el Rey), como autoridad facultada para proceder a los nombramientos, debe seguir obligatoriamente la propuesta del Consejo General del Poder Judicial relativa a los nombramientos y ascensos judiciales. El Rey no tiene, por tanto, poder discrecional ni ninguna obligación de indicar sus motivos. La decisión del Rey adopta la forma de Real Decreto, se publica en el Boletín Oficial del Estado y no puede impugnarse como tal. Es la decisión anterior del Consejo de proponer un candidato para su nombramiento o ascenso judicial la que puede ser recurrida, inicialmente a través de un recurso contencioso-administrativo (resuelto por el Pleno del Consejo) y, posteriormente, a través de un recurso judicial ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. PL: el presidente de la República no está legalmente obligado a justificar el no nombramiento de un juez, ni a nombrar un candidato propuesto por el Consejo. Sus prerrogativas no necesitan motivarse ni hay un plazo fijo para hacer uso de ellas.

– Salvaguardias relativas al funcionamiento de los ministerios fiscales nacionales en la UE

El Ministerio Fiscal desempeña un papel importante en el sistema de justicia penal, así como en la cooperación entre los Estados miembros en materia penal. El correcto funcionamiento del Ministerio Fiscal nacional es crucial para luchar eficazmente contra la delincuencia, incluidos los delitos económicos y financieros (como el blanqueo de capitales y la corrupción). De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el marco de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea( 100 ), la fiscalía puede considerarse una autoridad judicial del Estado miembro a efectos de la emisión y ejecución de una orden de detención europea siempre y cuando pueda actuar de forma independiente, sin verse expuesta al riesgo de recibir, de forma directa o indirecta, órdenes o instrucciones del poder ejecutivo (como el ministro de Justicia) en un asunto específico( 101 ).

La organización de los ministerios fiscales nacionales varía en toda la UE y no existe un modelo uniforme para todos los Estados miembros. Sin embargo, se observa una tendencia general a tener una fiscalía más independiente, más que una fiscalía subordinada o vinculada al poder ejecutivo( 102 ). Según el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, una fiscalía eficaz y autónoma comprometida con la defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos en la administración de la justicia es uno de los pilares de un Estado democrático( 103 ). Cualquiera que sea el modelo de sistema judicial nacional o la tradición jurídica en la que se basa, las normas europeas exigen que los Estados miembros adopten medidas eficaces para garantizar que los fiscales puedan cumplir sus obligaciones y responsabilidades profesionales en condiciones jurídicas y organizativas adecuadas( 104 ) y sin injerencias injustificadas( 105 ). En particular, cuando el Gobierno imparta instrucciones de carácter general, por ejemplo en materia de política penal, dichas instrucciones deberán constar por escrito y publicarse de forma apropiada( 106 ). Cuando el Gobierno esté habilitado para dar instrucciones de enjuiciar un asunto específico, dichas instrucciones deben ir acompañadas de las garantías adecuadas( 107 ). De acuerdo con la Recomendación de 2000 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, las instrucciones de no proceder al enjuiciamiento deberían, en principio, prohibirse o ser excepcionales y estar sujetas a salvaguardias específicas( 108 ). Las partes interesadas (incluidas las víctimas) deben poder impugnar la decisión del fiscal de no proceder al enjuiciamiento( 109 ), lo que también supone una forma de responsabilidad de los fiscales( 110 ).

Para presentar la autonomía de los ministerios fiscales de los Estados miembros, los gráficos siguientes ofrecen una visión general de las competencias jerárquicas en los ministerios fiscales, así como de la posibilidad de revisar la decisión de un fiscal de no enjuiciar un asunto. Estos gráficos no evalúan el funcionamiento efectivo de los ministerios fiscales, lo que requiere una evaluación cualitativa que tenga en cuenta las circunstancias específicas de cada Estado miembro.

El gráfico 55 muestra las principales facultades de gestión del fiscal general sobre los fiscales de menor rango para:

1) publicar orientaciones generales sobre la política de enjuiciamiento;

2) impartir instrucciones sobre el enjuiciamiento de asuntos individuales;

3) evaluar a un fiscal;

4) ascender a un fiscal;

5) retirar a un fiscal de un asunto individual que se le había asignado (transferir un asunto);

6) decidir sobre una medida disciplinaria respecto de un fiscal; y

7) trasladar a fiscales sin su consentimiento.

Además de estas facultades de gestión principales, el fiscal general u otras autoridades pueden tener facultades adicionales sobre los ministerios fiscales nacionales( 111 ). Cabe señalar que otras autoridades pueden desempeñar un papel en las facultades de gestión antes mencionadas (por ejemplo, un tribunal disciplinario puede decidir sobre determinadas medidas disciplinarias)( 112 ).



Gráfico 55: Facultades de gestión del fiscal general (*) (Fuente: Comisión Europea en cooperación con el Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo).

* Los Estados miembros aparecen por el orden alfabético de sus nombres geográficos en el idioma original. BE: el Código de Procedimiento Penal prevé un derecho de requerimiento de enjuiciamiento al fiscal. CZ: facultad de impartir instrucciones relativas a asuntos individuales únicamente en la Fiscalía General y para las fiscalías superiores. EL: el fiscal general tiene derecho a transmitir a todos los fiscales del país instrucciones y recomendaciones generales, sin que sus destinatarios estén obligados por la formulación y expresión de su opinión. ES: el fiscal general dicta órdenes e instrucciones internas apropiadas para la fiscalía y para el ejercicio de las funciones de enjuiciamiento, que pueden ser generales o estar relacionadas con asuntos específicos. El traslado sin consentimiento solo es posible en casos de gran carga de trabajo. IT: los fiscales generales del Tribunal de Apelación tienen la facultad de retirar un asunto individual en caso de inacción; además, pueden obtener datos e información de las fiscalías de distrito y enviarlos al fiscal general del Tribunal de Casación, con el fin de verificar el funcionamiento correcto y uniforme de las fiscalías y el cumplimiento de las normas sobre garantías procesales. El fiscal general del Tribunal de Casación se encarga, por ley, del control de la Dirección Nacional de Lucha contra la Mafia, así como de resolver los conflictos de competencia entre dos o más fiscalías territoriales. CY: el fiscal general decide sobre las infracciones disciplinarias menores. En las faltas disciplinarias graves, el fiscal general no propone sanciones, pero recomienda que la Comisión de la Administración Pública inicie la aplicación de medidas disciplinarias. LT: en cuanto a las instrucciones sobre asuntos individuales, el fiscal general no puede impartir instrucciones sobre qué decisión tomar; en cuanto al ascenso de los fiscales, el fiscal general decide basándose en las conclusiones de la Comisión de Selección de Fiscales o de la Comisión de Selección del Fiscal Jefe; en cuanto a la decisión sobre las medidas disciplinarias, el fiscal general decide basándose en las conclusiones de la Comisión de Ética de la Fiscalía o la Comisión Interna de Investigación. El fiscal general no tendrá derecho a retirar al fiscal de la investigación en fase de instrucción. LU: el fiscal general tiene la facultad de ordenar a las fiscalías que enjuicien un asunto (pero no puede ordenar que no se enjuicie). Respecto del ascenso de un fiscal, el fiscal general o estatal, con un dictamen favorable, sugiere el ascenso al poder ejecutivo y el jefe del Estado firma el nombramiento. AT: las facultades del fiscal general no incluyen la gestión directa la fiscalía, como se indica en el gráfico. El Órgano de Personal independiente, compuesto por cuatro fiscales, evalúa al fiscal. PL: el fiscal general es también el Ministro de Justicia. RO: el fiscal general tiene la facultad de transferir un asunto individual de una unidad fiscal a otra y de emitir orientaciones generales sobre las políticas de enjuiciamiento, a fin de garantizar un enfoque unitario de las investigaciones penales. SI: tanto el fiscal general como la jefatura de la Fiscalía General del Estado tienen la facultad de emitir orientaciones generales sobre la política de enjuiciamiento y de retirar un asunto individual asignado a un fiscal.

El gráfico 56 muestra una visión general basada en hechos de las principales facultades de gestión de los fiscales superiores respecto de los fiscales de menor rango, que consisten en:

1)impartir instrucciones sobre el enjuiciamiento de asuntos individuales;

2)revocar, modificar o anular la decisión de (no) investigar una denuncia, información o una declaración penal;

3)revocar, modificar o anular la decisión de interrumpir una investigación en curso;

4)revocar, modificar o anular la decisión de (no) enjuiciar; y

5)retirar a un fiscal de un asunto individual que se le había asignado (transferir un asunto).

Aparte de estas principales facultades de gestión seleccionadas, los fiscales superiores pueden tener otras facultades no enumeradas anteriormente.

Gráfico 56: Facultades de gestión de los fiscales superiores (*) (Fuente: Comisión Europea en cooperación con el Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo)

(*) FR: los fiscales superiores pueden impartir instrucciones en caso de impugnación del sobreseimiento de un asunto (classements sans suite). IT: la retirada debe razonarse y presentarse por escrito. LT: el fiscal superior no tiene facultades para impartir instrucciones sobre el tipo de decisión procesal que debe adoptarse. El fiscal superior no tendrá derecho a retirar al fiscal de la investigación en fase de instrucción. NL: en cuanto a las instrucciones en asuntos individuales, la ley ofrece una base jurídica para que los fiscales superiores impartan instrucciones generales o específicas. La ley no especifica sobre qué tema (por ejemplo, asuntos específicos). Por lo tanto, la práctica tiende a variar entre las distintas secciones de la fiscalía en cuanto a las instrucciones que los fiscales superiores dan en asuntos específicos.

El gráfico 57 presenta las autoridades que deciden sobre la solicitud de revisión de la decisión de un fiscal de no enjuiciar un asunto individual. Muestra quién lleva a cabo un control del trabajo de los fiscales individuales, lo que afecta al funcionamiento del Ministerio Fiscal. Según las normas europeas, la decisión de no enjuiciar crea un problema en cuanto a la responsabilidad de los fiscales, por lo que es importante contar con un recurso( 113 ). En algunos Estados miembros, esta decisión es revisada por distintas autoridades: bien por los fiscales superiores (incluido, en su caso, el fiscal general), bien por un órgano jurisdiccional o por otras autoridades (Defensor del Pueblo o Canciller de Justicia). En algunos Estados miembros, no puede revisarse esta decisión. En aquellos en los que sí existe dicha revisión, esta puede iniciarse por una presunta víctima, o de oficio por los fiscales superiores. En algunos Estados miembros, la decisión de revisión del fiscal superior puede ser objeto de control jurisdiccional. El gráfico no presenta el derecho a ejercer la acusación particular, en la que quienes se consideran víctimas de un delito tienen derecho a continuar el enjuiciamiento mediante la contratación de un abogado privado que las represente ante un órgano jurisdiccional penal en el papel de un acusador particular (existe en Bélgica, Alemania, España, Francia, Croacia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Austria, Polonia, Eslovenia, Finlandia y Suecia)( 114 ).

Gráfico 57: Autoridad que revisa la decisión del fiscal de no enjuiciar (*) (Fuente: Comisión Europea en cooperación con el Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo)

(*) BG: el fiscal decide si se cumplen los requisitos legales para iniciar el procedimiento preliminar. Si no se cumplen, el fiscal dicta un decreto de denegación de inicio del procedimiento preliminar (la denegación de apertura de una investigación). Esta denegación solo es susceptible de recurso ante la fiscalía superior, salvo la denegación de apertura de una investigación del fiscal para la investigación del fiscal general o sus adjuntos, que es susceptible de recurso judicial ante el Tribunal Penal Especial. Si se inició el procedimiento preliminar, una vez concluido, el fiscal puede poner fin al procedimiento o llevar el asunto ante el órgano jurisdiccional (decisión de enjuiciar). El decreto por el que se decide no iniciar actuaciones por delitos con víctima, es susceptible de recurso ante el órgano jurisdiccional en un plazo de siete días. Si no se cumple este plazo, la decisión aún puede ser recurrida, si bien únicamente ante la fiscalía superior. En los casos de delitos sin víctima, la decisión de no enjuiciar solo puede revocarse de oficio por la fiscalía superior tras una denuncia o de oficio. DE: las decisiones pueden ser revisadas por el fiscal general. Además, la víctima puede recurrir al Tribunal Superior Regional si el fiscal general ha aprobado la decisión de no enjuiciar. EE: no se aplica en caso de un delito sin víctimas. Una víctima puede presentar un recurso ante la fiscalía contra la decisión del organismo investigador de no iniciar actuaciones penales. La decisión de la fiscalía de no enjuiciar o de poner fin al procedimiento penal puede recurrirse ante la Fiscalía General. La decisión de la Fiscalía General puede recurrirse ante el Tribunal de Distrito. ES: ante la negativa a tramitar las órdenes, solo la persona que lo ha solicitado podrá requerir un recurso de modificación, en un plazo de tres días después de la notificación. Los acusados a quienes se refieren estas decisiones del instructor sobre la resolución del recurso de modificación pueden utilizar un recurso ordinario, en un plazo de cinco días después de la notificación de la orden recurrida o de la resolución del recurso de modificación. FR: a petición de la víctima, el fiscal general puede revisar la decisión del fiscal de no enjuiciar. La víctima también puede interponer una reclamación ante el juez de instrucción. HR: en los delitos sin víctimas, si la Oficina de Prevención de la Corrupción y la Delincuencia Organizada (USKOK) desestima la notificación, la institución o persona que presentó la notificación penal puede solicitar la revisión ante la sala de la USKOK y, a continuación, ante la sala de la Oficina de la Fiscalía del Estado. La víctima puede constituirse como acusación particular ante el órgano jurisdiccional competente. CY: si el fiscal general decide no enjuiciar un asunto (en función de las pruebas disponibles y las recomendaciones de los abogados de la Oficina Jurídica), solo el fiscal general tiene la facultad de invertir dicha decisión. IE: la víctima puede solicitar tanto la motivación como la revisión de la decisión de no enjuiciar, realizada por un abogado de la Unidad de víctimas de la Oficina del Fiscal Jefe. En los crímenes sin víctimas, la An Garda Síochána puede solicitar la revisión de la decisión de no iniciar actuaciones, realizada por un abogado experimentado de la División de dirección de la Oficina del Fiscal Jefe. LT: la decisión del funcionario encargado de la investigación en fase de instrucción de no enjuiciar solo se toma con el consentimiento de la jefatura de la autoridad encargada de la instrucción. La decisión de no iniciar la investigación en fase de instrucción en un plazo de veinticuatro horas se enviará al fiscal, que comprobará la decisión en un plazo de diez días. La decisión rechazada del fiscal puede ser recurrida ante un órgano jurisdiccional. La decisión del funcionario encargado de la investigación en fase de instrucción también puede ser recurrida ante el fiscal. Si se rechaza, la decisión del fiscal puede recurrirse ante el órgano jurisdiccional. La decisión del juez puede recurrirse de nuevo ante el órgano jurisdiccional superior. MT: el enjuiciamiento de los delitos se está transfiriendo de la policía al fiscal general. En octubre de 2020, el fiscal general se hizo cargo de la decisión de enjuiciar y del inicio de actuaciones ante los órganos jurisdiccionales inferiores en relación con determinados delitos graves. Está previsto que la transición concluya a finales de 2024. El Reglamento, que entró en vigor en octubre de 2020, prevé el control jurisdiccional (ante los tribunales civiles), por motivos de ilegalidad o falta de racionalidad, de las decisiones de no enjuiciar del fiscal general. Cuando el Comisionado de Policía está facultado a tomar la decisión de enjuiciar y a iniciar el enjuiciamiento, puede incoarse el procedimiento de recusación ante el Tribunal de Primera Instancia, Penal e Instrucción. AT: la revisión puede iniciarse por la víctima, o en algunos casos (incluidos los delitos sin víctimas de carácter grave), por el Comisionado de Protección Jurídica. PT: la decisión del fiscal de no enjuiciar puede revisarse a través de una fase procedimental autónoma, la instrução (reapertura de la investigación), que prevé en concreto la confirmación judicial de la decisión de acusar o de archivar la investigación. Esta repaertura de la investigación puede solicitarla un «asistente», si el procedimiento no depende de la acusación particular, respecto de los hechos de los que el Ministerio Fiscal no ha acusado. La decisión del fiscal de no enjuiciar también puede revisarse ante un superior jerárquico del fiscal en un plazo de veinte días desde la fecha en que ya no se pueda solicitar la apertura de la investigación. En este caso, el superior jerárquico del fiscal podrá, de oficio o previa solicitud, disponer que se presenten cargos o que avance la investigación. RO: el fiscal superior puede revisar (de oficio) cualquier decisión de no enjuiciar; la decisión de reabrir la investigación debe confirmarse por el juez. Toda persona cuyos intereses legítimos se vieron afectados por la decisión de no enjuiciar puede presentar una reclamación ante el juez competente de la sala de cuestiones preliminares. En los delitos sin víctimas, el fiscal superior puede revisar la decisión de no enjuiciar. FI: cualquier persona puede reclamar la decisión ante el fiscal general, el Canciller de Justicia o el Defensor del Pueblo del Parlamento. SI: los fiscales del Estado no pueden desestimar las denuncias de determinados delitos sin la firma de la jefatura de la Fiscalía del Estado. Los fiscales del Estado notificarán a ciertas categorías de personas y autoridades estatales [incluyendo la Unidad de Información Financiera (UIF)] que interpongan una denuncia acerca de su intención de desestimarla y la motivación para ello, y les permitirán emitir un dictamen sobre los motivos de la desestimación. Una vez se ha tomado la decisión de desestimar una denuncia o de sobreseer la acción penal, es definitiva, pero la parte perjudicada podrá asumir la acusación (de manera privada). SE: la decisión es pública. Tanto la víctima de un delito como el sospechoso pueden solicitar una revisión. La solicitud es atendida por el fiscal que tomó la decisión. En caso de que aparezcan nuevas pruebas o circunstancias, el fiscal puede decidir emprender acciones. Si no hay informaciones nuevas, el Centro de Desarrollo decide sobre la revisión.

- Independencia de los colegios de abogados y los abogados de la UE -

Los abogados y sus asociaciones profesionales desempeñan un papel fundamental para garantizar la protección de los derechos fundamentales y reforzar el Estado de Derecho. Un sistema justo de administración de justicia requiere que los abogados tengan libertad para ejercer sus actividades de asesoramiento y representación de sus clientes. La pertenencia de los abogados a una profesión liberal y la autoridad que se desprende de esta membresía ayudan a mantener su independencia, y los colegios de abogados desempeñan un papel importante para ayudar a garantizar la independencia de los abogados. Las normas europeas exigen, entre otras cosas, la libertad para ejercer la profesión de abogado y la independencia de los colegios de abogados, y establecen los principios básicos de los procedimientos disciplinarios contra los abogados( 115 ).



Gráfico 58: Independencia de los colegios de abogados y los abogados, 2020 (*) [fuente: Comisión Europea en cooperación con el CCBE ( 116 )]

(*) Puntuación máxima posible: 9 puntos. En la pregunta relativa a las garantías de confidencialidad de la relación entre el abogado y el cliente, se otorgaron 0,5 puntos por cada uno de los cuatro escenarios (búsqueda e incautación de los datos electrónicos en poder del abogado, registro de las instalaciones del abogado, interceptación de las comunicaciones entre el abogado y el cliente, vigilancia del abogado o sus instalaciones) cubiertos en su totalidad. Por todos los demás criterios plenamente cumplidos, se otorgó un punto. En aquellos casos en los que el criterio no se cumplía plenamente, los puntos otorgados se dividieron por dos.



3.3.3. Resumen sobre la independencia judicial

La independencia judicial es un elemento fundamental de un sistema judicial eficaz. Es de vital importancia para la defensa del Estado de Derecho, la imparcialidad de los procedimientos judiciales y la confianza de los ciudadanos y las empresas en el sistema judicial. Por esta razón, toda reforma de la justicia debe respetar el Estado de Derecho y cumplir las normas europeas sobre independencia judicial. El cuadro de indicadores muestra las tendencias en la percepción de la independencia judicial entre el público general y las empresas. Esta edición también presenta ciertos indicadores relativos al nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo y una visión general de las competencias jerárquicas en los ministerios fiscales, así como de la posibilidad de revisar la decisión de un fiscal de no enjuiciar un asunto. Los indicadores estructurales no permiten por sí solos extraer conclusiones sobre la independencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, sino que representan elementos que pueden tomarse como punto de partida para dicho análisis.

·El cuadro de indicadores de 2021 presenta la evolución de la percepción de la independencia a partir de encuestas al público general (Eurobarómetro) y las empresas (Eurobarómetro):

-La encuesta del Eurobarómetro entre el público general (gráfico 48), presentada por sexta vez, muestra que la percepción de independencia ha mejorado en más de dos tercios de los Estados miembros frente a 2016. La percepción de independencia del público general ha mejorado en más de tres quintos entre los Estados miembros que se enfrentan a retos específicos examinando el período de cinco años. Sin embargo, en comparación con el año pasado, la percepción de independencia del público general empeoró en casi la mitad de todos los Estados miembros y en aproximadamente la mitad de los Estados miembros que se enfrentan a retos específicos; además, en un reducido número de Estados miembros, el nivel de percepción de la independencia continúa siendo particularmente bajo.

-La encuesta del Eurobarómetro entre las empresas (gráfico 49), presentada por sexta vez, muestra que la percepción de independencia ha mejorado en más de la mitad de los Estados miembros frente a 2016. Sin embargo, en comparación con el año anterior, la percepción de independencia de las empresas empeoró en más de la mitad de los Estados miembros (en comparación con el año anterior, este fue el caso en tres tercios de los otros Estados miembros) y en cerca de tres quintos de los Estados miembros que se enfrentan a retos específicos. En unos pocos Estados miembros, el nivel de percepción de la independencia continúa siendo particularmente bajo.

-Entre las razones por las que se percibe la falta de independencia de los tribunales y los jueces, la injerencia o la presión del Gobierno y los políticos fue la razón más indicada, seguida de la presión de los intereses económicos u otros intereses específicos. En comparación con años anteriores, ambas razones siguen siendo importantes en varios Estados miembros en los que la percepción de independencia es muy baja (gráficos 50 y 51).

-Entre las razones para una buena percepción de la independencia de los tribunales y los jueces, casi dos quintos de las empresas y del público general (lo cual equivale al 43 % y al 38 % de todos los encuestados, respectivamente) mencionaron las garantías proporcionadas por el estatuto y la posición de los jueces.

·Los gráficos 52 a 54 presentan la situación relativa al nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo en todos los Estados miembros. El gráfico 52 muestra las autoridades que proponen candidatos para su nombramiento como jueces del Tribunal Supremo y las autoridades que los nombran. El gráfico 53 muestra si el nombramiento como juez del Tribunal Supremo solo es posible para aquellos que ya sean jueces o si los candidatos externos pueden ser nombrados para el Tribunal Supremo, bien siguiendo el mismo procedimiento que los jueces o bien siguiendo un procedimiento especial aplicable solo a las personas que no son jueces en los órganos jurisdiccionales de lo civil, penal o contencioso-administrativo. El gráfico 54 muestra la competencia del poder ejecutivo y el Parlamento para nombrar a los jueces del Tribunal Supremo a propuesta de las autoridades competentes.

·Los gráficos 55 a 57 presentan la primera visión general del funcionamiento interno y la revisión de la labor de la fiscalía. Los gráficos 54 y 55 muestran las facultades de gestión de los fiscales superiores, incluyendo el fiscal general, sobre los fiscales inferiores. El gráfico 56 presenta las salvaguardias vigentes relativas a la decisión de un fiscal de no enjuiciar.

·El gráfico 58 muestra que, aunque en ciertos Estados miembros el poder ejecutivo desempeña un papel de supervisión en lo relativo al Colegio de Abogados, por lo general está garantizada la independencia de los abogados, que son libres de cumplir con su labor de asesoramiento y representación de sus clientes.

   4.    CONCLUSIONES

El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021 muestra una mejora continua de la eficacia de los sistemas judiciales en una amplia mayoría de los Estados miembros. Si bien es demasiado pronto como para que esta edición refleje plenamente las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 sobre la eficiencia de los tribunales en la tramitación de asuntos, varios gráficos ya ofrecen cierta información inicial acerca de la manera en que han respondido a la pandemia los sistemas judiciales, incluyendo cómo los Tribunales Supremos nacionales adaptaron sus procedimientos. En particular, el nuevo apartado específico sobre la digitalización de los sistemas judiciales pone de relieve que la mayoría de Estados miembros ya cuenta con distintas herramientas digitales que están a disposición de los tribunales, los fiscales y el personal, pero todavía queda mucho margen de mejora. Asimismo, sigue habiendo problemas para garantizar la plena confianza de los ciudadanos en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros en los que las garantías del estatuto y la posición de los jueces —y, por tanto, su independencia— pueden estar en peligro. La información incluida en el cuadro de indicadores de la justicia en la UE contribuye a la supervisión que se lleva a cabo en el marco del Mecanismo Europeo del Estado de Derecho y se incorpora al informe anual sobre el Estado de Derecho de la Comisión.

(1)      COM(2020) 575 final.
(2)      Véase la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Determinar y abordar las barreras del mercado único» [COM(2020) 93 final] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña [SWD(2020) 54 final].
(3)      Véase la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «La digitalización de la justicia en la UE: Un abanico de oportunidades» [COM(2020) 710 final] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña [SWD(2020) 540 final].
(4)       https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_es .
(5)      Véase, por ejemplo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de mayo de 2018, sobre el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017 [P8_TA(2018)0216].
(6)     https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_es .
(7)      Con el fin de ayudar a elaborar el cuadro de indicadores de la justicia en la UE y promover el intercambio de mejores prácticas sobre la eficacia de los sistemas judiciales, la Comisión pidió a los Estados miembros que designasen dos personas de contacto, una de la judicatura y otra del Ministerio de Justicia. Este grupo informal se reúne periódicamente.
(8)    La RECPJ agrupa a las instituciones nacionales de los Estados miembros que son independientes del poder ejecutivo y del poder legislativo y que se encargan de ayudar a los órganos judiciales en la administración independiente de la justicia: https://www.encj.eu/ .
(9)      La RPTSUE constituye un foro que brinda a las instituciones europeas la oportunidad de recabar la opinión de los tribunales supremos y de hacerlos más accesibles mediante el fomento del debate y el intercambio de ideas: http://network-presidents.eu/ .
(10)    ACA-Europa está compuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los Consejos de Estado o los tribunales supremos de lo contencioso-administrativo de cada Estado miembro de la UE: http://www.aca-europe.eu/index.php/en/ .
(11)    La REC se ha establecido como foro de debate y cooperación de las autoridades europeas de competencia en los asuntos en los que son de aplicación los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La REC es el marco de los mecanismos de estrecha cooperación establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo. A través de la REC, la Comisión y las autoridades nacionales de competencia de todos los Estados miembros de la UE cooperan entre sí: http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html .
(12)    El COCOM está compuesto por representantes de los Estados miembros de la UE. Su función principal consiste en emitir un dictamen sobre los proyectos de medidas que la Comisión pretenda adoptar en asuntos relacionados con el mercado digital: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/communications-committee .
(13)    El Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual es una red de expertos y organizaciones interesadas. Está integrado por representantes de los sectores público y privado, que colaboran en grupos de trabajo activos: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/home .
(14)    La CPC reúne a las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la legislación europea sobre protección de los consumidores en los países de la UE y del EEE: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/consumer_protection_cooperation_network/index_en.htm .
(15)      El EGMLTF se reúne periódicamente para intercambiar opiniones y ayudar a la Comisión a definir la política y elaborar nueva legislación sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/index_en.htm .
(16)    Eurostat es la oficina de estadística de la UE: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/about/who-we-are .
(17)      En el contexto del Semestre Europeo, el Consejo, a propuesta de la Comisión, dirigió recomendaciones específicas por país a siete Estados miembros en 2019 (HR, IT, CY, HU, MT, PT y SK) y ocho Estados miembros en 2020 (HR, IT, CY, HU, MT, PL, PT y SK) en relación con sus sistemas judiciales. Asimismo, la Comisión supervisa las reformas judiciales efectuadas en Bulgaria y Rumanía en el marco del mecanismo de cooperación y verificación.
(18)      Artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).
(19)      FMI: Regional Economic Outlook: Europe. Europe Hitting its Stride [«Perspectivas económicas regionales: Europa. Europa alcanza su máximo rendimiento», documento en inglés], noviembre de 2017, pp. xviii, 40, 70: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/EUR/2017/November/eur-booked-print.ashx?la=en .
(20)    BCE: «Structural policies in the euro area» [«Políticas estructurales en la zona del euro»], Occasional Paper Series [«Serie de documentos ocasionales»], n.º 210, junio de 2018 [documento en inglés]: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op210.en.pdf?3db9355b1d1599799aa0e475e5624651 .
(21)    Véanse, por ejemplo, «What makes civil justice effective?» [«¿Qué hace eficaz a la justicia civil?»], OECD Economics Department Policy Notes [«Notas sobre políticas del Departamento Económico de la OCDE»], n.º 18, junio de 2013, y «The Economics of Civil Justice: New Cross-Country Data and Empirics» [«El aspecto económico de la justicia civil: Nuevos datos comparativos entre países y análisis empírico»], OECD Economics Department Working Papers [«Documentos de trabajo del Departamento Económico de la OCDE»], n.o 1060 [ambos en inglés].
(22)    Foro Económico Mundial: The Global Competitiveness Report 2019 [«Informe de competitividad mundial 2019»], octubre de 2019: https://es.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019 .
(23)    Banco Mundial: World Development Report 2017: Governance and the Law [«Informe de desarrollo mundial 2017: La gobernanza y el Derecho»], en particular su capítulo 3 titulado «The role of law» [«El papel del Derecho»], pp. 83, 140: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017 .
(24)      El indicador «plazo de resolución» representa el número de asuntos pendientes dividido por el número de asuntos resueltos al cabo de un año, multiplicado por 365 (días). Indicador normalizado definido por la CEPEJ del Consejo de Europa: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp .
(25)      Bove, Vincenzo, y Elia, Leandro: The judicial system and economic development across EU Member States [«Sistema judicial y desarrollo económico en los Estados miembros de la UE»], Informe técnico del Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés), EUR 28440 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2017: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594__2017_the_judicial_system_and_economic_development_across_eu_member_states.pdf .
(26)      Véase la nota anterior.
(27)      Dogru, Bülent: Effect of judicial independence to FDI in Eastern Europea and South Asia [«Efecto de la independencia judicial en la inversión extranjera directa en Europa Oriental y Asia Meridional»], MPRA Munich Personal RePEc Archive, 2012: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/40471/1/MPRA_paper_40322.pdf . Los Estados miembros de la UE incluidos en el estudio son: BG, HR, CZ, EE, HU, LV, LT, RO, SK y SI.
(28)      The Economist Intelligence Unit: Risk and Return: Foreign Direct Investment and the Rule of Law [«Riesgo y rentabilidad: La inversión extranjera directa y el Estado de Derecho»], 2015, p. 22: http://www.biicl.org/documents/625_d4_fdi_main_report.pdf .
(29)      Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO): Propiedad Intelectual (PI): Cuadro de indicadores de las pymes 2016: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/Executive-summary_es.pdf .
(30)      COM(2020) 93 final y SWD(2020) 54 final.
(31)      Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Plan de acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único», COM(2020) 94 final; véanse, en particular, las acciones 4, 6 y 18.
(32)     https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_es .
El Reglamento por el que se establece el instrumento de apoyo técnico se adoptó en marzo de 2021 y, con arreglo a lo dispuesto en su artículo 5, tiene por objeto respaldar: «la reforma institucional y un funcionamiento eficaz y orientado al servicio de la Administración Pública y la administración digital, una simplificación de las normas y los procedimientos, trabajos de auditoría, el refuerzo de la capacidad para absorber los fondos de la Unión, el fomento de la cooperación administrativa, un Estado de Derecho efectivo, la reforma de los sistemas judiciales, el desarrollo de capacidades de las autoridades antimonopolio y de defensa de la competencia, el fortalecimiento de la supervisión financiera y el refuerzo de la lucha contra el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales» (realce añadido);
(33) ()    COM(2020) 710 final.
(34)    La información se ha recopilado en cooperación con el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales de veintiséis Estados miembros. Alemania adujo que por el momento se están llevando a cabo varias reformas del poder judicial, cuyo alcance y magnitud pueden variar en los dieciséis estados federados.
(35) ()    Este gráfico se basa en dos cuestionarios: uno de ACA-Europa y otro de la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión Europea (RPTSUE). Algunos Estados miembros solo disponen de una columna en el gráfico. Esto se debe a que no disponen de un tribunal supremo de lo contencioso-administrativo o a que no se respondió a la encuesta remitida a la RPTSUE.
(36)      La ejecución de las sentencias es asimismo importante para la eficiencia de un sistema judicial. Sin embargo, no se dispone de datos comparables de la mayoría de los Estados miembros.
(37)      Estudio de 2020 sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales en los Estados miembros de la UE realizado para la Comisión por la Secretaría de la CEPEJ: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_es .
(38)    La duración de los procedimientos, la tasa de resolución y el número de asuntos pendientes son indicadores tipo definidos por la CEPEJ: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp .
(39)    Se hizo una selección de años para mantener una perspectiva de ocho años con 2012 como punto de referencia, así como para evitar una saturación de datos. Los datos correspondientes a 2010, 2013, 2014, 2015 y 2016 están disponibles en el informe de la CEPEJ.
(40)      La duración de los procedimientos en un ámbito específico se calcula en días naturales, que se cuentan desde el día de presentación de la demanda o del recurso ante el órgano jurisdiccional (o de la formulación de cargos) hasta la fecha en que este emitió el fallo correspondiente (gráficos 16 a 21). Los valores se clasifican según la media ponderada de los datos correspondientes a 2013, 2017, 2018 y 2019 en los gráficos 16 a 18, de los datos correspondientes a 2013, 2016, 2018 y 2019 en el gráfico 19, y de los datos correspondientes a 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los gráficos 20 y 21. Cuando no se ha dispuesto de información de todos los años, la media se ha calculado a partir de los datos disponibles, ya sea el número total de asuntos, una muestra de estos o estimaciones.
(41)      Véanse el enlace http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES y el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1), y en particular sus artículos 3 y 5.
(42)      El cálculo se ha realizado con base en la duración de los recursos interpuestos contra las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales que aplican leyes nacionales por las que se desarrolla el marco regulador de la Unión en materia de comunicaciones electrónicas [Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso), Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización), Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal)], y demás legislación pertinente de la Unión, como el Programa de Política del Espectro Radioeléctrico y las Decisiones de la Comisión sobre el espectro, con exclusión de la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas.
(43)      Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO L 154 de 16.6.2017, p. 1).
(44)      Los gráficos 19 y 20 hacen referencia a la ejecución de la Directiva sobre las cláusulas abusivas (93/13/CEE), la Directiva sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (1999/44/CE), la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales (2005/29/CE), la Directiva sobre los derechos de los consumidores (2011/83/CE) y sus disposiciones de aplicación nacionales.
(45)    Considerando 2 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
(46)    Ficha técnica del FMI, 8 de marzo de 2018: https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism .
(47)      Artículo 44, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849. Véase también el artículo 44 modificado en la Directiva (UE) 2018/843, que entró en vigor en junio de 2018 y debía ser transpuesta por los Estados miembros en enero de 2020.
(48)      HR, IT, CY, HU, MT, PL, PT y SK, que recibieron recomendaciones específicas por país en el marco del Semestre Europeo de 2020, y BE, BG, IE, EL, ES, RO, y SI, cuyos problemas se han reflejado en los considerandos de sus recomendaciones específicas por país e informes por país de 2020. La variación de los resultados en los ocho años analizados puede explicarse por factores contextuales (no es inusual observar variaciones de más del 10 % de los asuntos entrantes) o deficiencias sistémicas (falta de flexibilidad y capacidad de respuesta o incoherencias en el proceso de reforma).
(49)

     La Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal eliminará los obstáculos jurídicos que puedan retrasar la acción judicial, como el hecho de que el enjuiciamiento por blanqueo de capitales solo pueda iniciarse una vez concluidos los procedimientos por el delito antecedente subyacente. Los Estados miembros tenían que transponer la Directiva antes del 8 de diciembre de 2020.

(50)      Las tasas judiciales son las cantidades que deben abonarse para iniciar procedimientos legales de naturaleza distinta de la penal en un juzgado o tribunal.
(51)

     Los gastos de defensa jurídica son los honorarios que cobran los letrados por los servicios que prestan a sus clientes.

(52)      Artículo 47, párrafo tercero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(53)    Los Estados miembros utilizan distintos métodos para establecer los umbrales de admisibilidad, por ejemplo, períodos de referencia diferentes (renta mensual/anual). Aproximadamente la mitad de los Estados miembros también tienen un umbral relacionado con el capital personal del solicitante. Esto no se tiene en cuenta en este gráfico. En BE, BG, IE, ES, FR, HR, HU, LT, LU, NL y PT, determinados grupos de personas (por ejemplo, las que reciben determinadas prestaciones) tienen automáticamente derecho a recibir asistencia jurídica gratuita en los litigios civiles y mercantiles. Los criterios adicionales que los Estados miembros pueden utilizar para conceder esta asistencia, como el fondo del asunto, no se reflejan en este gráfico. Aunque no está relacionado directamente con el gráfico, en varios Estados miembros (AT, CZ, DE, DK, IT, NL, PL, SI) la asistencia jurídica gratuita no se limita a las personas físicas.
(54)      Con el fin de recopilar datos comparables, el umbral de pobreza de Eurostat de cada Estado miembro se ha convertido a ingresos mensuales. El umbral de riesgo de pobreza se sitúa en el 60 % de la renta disponible equivalente mediana del país, referida a la unidad familiar. Encuesta Europea sobre ingresos y condiciones de vida, cuadro de Eurostat ilc_li01: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_li01/default/table?lang=en .
(55)      Los datos se refieren a 2020 y se han recabado a través de las respuestas de los miembros del CCBE a un cuestionario basado en el siguiente supuesto específico: un litigio de un consumidor con una empresa (se han indicado dos valores diferentes de la demanda: 6 000 EUR y el umbral de riesgo de pobreza de Eurostat en cada Estado miembro). Dado que las condiciones de la asistencia jurídica gratuita dependen de la situación personal del solicitante, se utilizó la siguiente hipótesis: solicita la asistencia una persona soltera de 35 años, con trabajo, sin nadie a su cargo y sin seguro de gastos de defensa jurídica, con ingresos estables y un piso alquilado.
(56)      Los datos corresponden a los umbrales de ingresos aplicables en 2020 y se han recopilado a través de las respuestas de los miembros del CCBE a un cuestionario basado en el siguiente supuesto específico: un litigio en materia de consumo entre un particular y una empresa (se han indicado dos valores diferentes de la demanda: 6 000 EUR y el umbral de riesgo de pobreza de Eurostat en cada Estado miembro).
(57)      Los datos se han recopilado a través de las respuestas de los miembros del CCBE a un cuestionario basado en el supuesto específico anteriormente descrito. Se pidió a los miembros del CCBE que proporcionaran información sobre la tasa judicial exigible por incoar el procedimiento en el asunto expuesto. 
(58)      Los datos se han recopilado a través de las respuestas de los miembros del CCBE a un cuestionario basado en el mismo asunto hipotético que el utilizado en el gráfico 25 (véase la nota a pie de página n.º 62). Se utilizó el supuesto siguiente como base para el cálculo de los gastos de defensa jurídica: la empresa que pretendía ejecutar el contrato recurrió a los servicios de un abogado especializado y experimentado, que realizó el trabajo siguiente: en la fase previa al procedimiento contencioso: tres horas de trabajo con la elaboración de un documento aplicando unos honorarios de 200 EUR/hora (en total, 600 EUR). Fase contenciosa: once horas de trabajo con la elaboración de tres documentos y la asistencia a dos vistas ante el órgano jurisdiccional aplicando unos honorarios netos de 200 EUR/hora (en total, 2 200 EUR). Se pidió a los miembros del CCBE que proporcionaran información sobre a) la tasa legalmente prevista por el trabajo en la fase previa al procedimiento contencioso, en su caso, y b) la cuantía de los gastos de defensa jurídica que el órgano jurisdiccional ordenaría razonablemente abonar a la parte perdedora. (Cabe señalar que se han modificado los honorarios por hora hipotéticos aplicados en el supuesto planteado con respecto al cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020, por lo que las respuestas no son comparables.)
(59)      Los métodos para promover e incentivar el uso de la RAL no implican que su utilización sea obligatoria antes de acudir a los órganos jurisdiccionales, puesto que, si así lo fuera, suscitaría dudas sobre su compatibilidad con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(60)      Datos de 2020 recogidos en cooperación con el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales.
(61)      Datos de 2020 recogidos en cooperación con el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales y la Red Europea de Formación Judicial.
(62)      Gasto total (real) de las administraciones públicas en la administración, funcionamiento o apoyo de los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo, de lo civil y de lo penal y del sistema judicial, incluidas la ejecución de las multas y liquidaciones judiciales impuestas por los órganos jurisdiccionales y el funcionamiento de los sistemas de libertad condicional y asistencia jurídica gratuita, representación y asesoría jurídicas en nombre de las administraciones públicas, o en nombre de otros, prestadas por las administraciones públicas, en efectivo o en servicios, excluidas las administraciones penitenciarias [datos de las cuentas nacionales, clasificación de las funciones de las administraciones públicas (COFOG), grupo 03.3], cuadro de Eurostat gov_10a_exp, disponible en: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database .
(63)      La remuneración de los asalariados consiste en sueldos y salarios en efectivo o en especie (D.11) y en las cotizaciones sociales efectivas e imputadas del empleador (D.121 y D.122). Véase: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Compensation_of_employees .
(64)      El consumo intermedio es un concepto de contabilidad nacional que mide el valor de los bienes y servicios consumidos como insumos de un proceso de producción. Excluye los activos fijos , cuyo consumo se registra como consumo de capital fijo . En el proceso de producción, los bienes y servicios se pueden transformar o consumir completamente.Véase: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Intermediate_consumption .
(65)      La formación bruta de capital fijo, abreviada como FBCF, consiste en las inversiones de los productores residentes, deducidas las cesiones, en activos fijos durante un período determinado. También incluye ciertas adiciones al valor de los activos no producidos realizadas por los productores o las unidades institucionales. Los activos fijos son activos materiales o inmateriales obtenidos a partir de procesos de producción utilizados de forma repetida o continua durante más de un año. Véase: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Gross_fixed_capital_formation_(GFCF) .
(66)      Instituto Europeo de la Igualdad de Género, base de datos sobre estadísticas de igualdad de género: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_jud_natcrt__wmid_natcrt_supcrt/datatable .
(67)      Datos de 2019 recogidos en cooperación con la Red Europea de Formación Judicial y la CEPEJ. La formación continua en materia de «judicatura» incluye actividades como la celebración de vistas, la redacción de resoluciones o retórica.
(68)      Datos de 2020 recogidos en cooperación con la Red Europea de Formación Judicial.
(69)      Datos de 2019 recogidos en cooperación con el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales.
(70)      Datos de 2019 recogidos en cooperación con el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales.
(71)      Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «La digitalización de la justicia en la UE: Un abanico de oportunidades» [COM(2020) 710 final] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña [SWD(2020) 540 final].
(72)    Datos de 2020 recogidos en cooperación con el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales.
(73)      Véase la Guía de mejores prácticas para la gestión de los Tribunales Supremos, en el marco del proyecto titulado «Los Tribunales Supremos como garantía de la eficacia de los sistemas judiciales de la Unión Europea», p. 43.
(74)      Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(75)      La anonimización y la seudonimización son más eficientes si se realizan mediante un algoritmo. No obstante, el proceso requiere supervisión humana, ya que los algoritmos no comprenden el contexto.
(76)    Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público (DO L 345 de 31.12.2003, p. 90) y Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público (DO L 172 de 26.6.2019, p. 56).
(77)      Las sentencias creadas con base en estándares (por ejemplo, Akoma Ntoso) y los metadatos conexos se pueden descargar gratuitamente en forma de base de datos o por otros medios automatizados (por ejemplo, utilizando una interfaz de programador de aplicaciones o API, por sus siglas en inglés).
(78)      Véase también la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una Estrategia Europea de Datos» [COM(2020) 66 final], el Libro Blanco de la Comisión sobre la inteligencia artificial - un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza [COM(2020) 65 final], y las Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo sobre buenas prácticas relativas a la publicación en línea de las resoluciones de órganos jurisdiccionales (DO C 362 de 8.10.2018, p. 2).
(79)    Datos de 2020 recogidos en cooperación con el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales.
(80)      Datos de 2020 recogidos en cooperación con el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales.
(81)      Véase http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN .
(82)      Tribunal de Justicia, sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros, C-585/18, C-624/18 y C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982, apartados 121 y 122; sentencia de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531, apartados 73 y 74; sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, apartado 44; sentencia de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality, C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, apartado 65.
(83)      Tribunal de Justicia, sentencia de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531 apartado 44.
(84)      En 2020, el Foro Económico Mundial no publicó la clasificación del Índice de Competitividad Global (ICG) debido a la pandemia de COVID-19.
(85)      Encuesta del Eurobarómetro FL489, realizada entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 2021. Respuesta a la pregunta: «Por lo que usted sabe, ¿cómo calificaría el sistema judicial de (su país) en lo que respecta a la independencia de los órganos jurisdiccionales y jueces? ¿Diría usted que es muy buena, bastante buena, bastante mala o muy mala?», véase: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_es .
(86)      Encuesta del Eurobarómetro FL489, respuestas a la pregunta: «¿Podría decirme en qué medida cada uno de los motivos siguientes explica su calificación de la independencia del sistema judicial de (su país): mucha, alguna, no del todo, de ninguna manera?».
(87)      Encuesta del Eurobarómetro FL490, realizada entre el 29 de marzo y el 20 de abril de 2021. Respuesta a la pregunta: «Por lo que usted sabe, ¿cómo calificaría el sistema judicial de (su país) en lo que respecta a la independencia de los órganos jurisdiccionales y jueces? ¿Diría usted que es muy buena, bastante buena, bastante mala o muy mala?», véase: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_es ; en 2021, el tamaño de muestra de empresas encuestadas se amplió a 500 para todos los Estados miembros, excepto MT, CY y LU, donde la muestra fue de 250. En años anteriores, el tamaño de la muestra fue de 200 para todos los Estados miembros, excepto DE, ES, FR, PL e IT, donde la muestra fue de 400.
(88)      Encuesta del Eurobarómetro FL490; respuestas a la pregunta: «¿Podría decirme en qué medida cada uno de los motivos siguientes explica su calificación de la independencia del sistema judicial de (su país): mucha, alguna, no del todo, de ninguna manera?».
(89)      Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 y C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982, apartados 121 y 122; sentencia de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531, apartados 73 y 74; sentencia de 25 de julio de 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, apartado 66. Véanse también los apartados 46 y 47 de la Recomendación CM/Rec(2010)12 «Jueces: independencia, eficiencia y responsabilidad» (adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 17 de noviembre de 2010) y la exposición de motivos que establece que la autoridad que tome las decisiones sobre la selección y la carrera de los jueces debe ser independiente de los poderes ejecutivo y legislativo. Con el fin de garantizar su independencia, al menos la mitad de los miembros de la autoridad deben ser jueces elegidos por sus pares. No obstante, cuando las disposiciones constitucionales o de otra índole jurídica prevean que el Jefe de Estado, el Gobierno o el poder legislativo puedan tomar decisiones relativas a la selección y la carrera de los jueces, deberá permitirse que una autoridad independiente y competente, proveniente esencialmente del poder judicial (sin perjuicio de las normas aplicables a los Consejos del Poder Judicial que figuran en el capítulo IV), formule recomendaciones o exprese opiniones que la autoridad competente para proceder a los nombramientos deberá seguir en la práctica.
(90)      Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 y C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982, apartado 123; sentencia de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531, apartado 112.
(91)      Véase la Recomendación CM/Rec(2010)12 «Jueces: Independencia, eficiencia y responsabilidad», adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 17 de noviembre de 2010 y la exposición de motivos [«la Recomendación CM/Rec (2010)12»].
(92)      Los gráficos se basan en las respuestas a un cuestionario actualizado elaborado por la Comisión en estrecha colaboración con la RECPJ. Las respuestas al cuestionario actualizado de los Estados miembros que no tienen Consejos del Poder Judicial, que no son miembros de la RECPJ o que han sido suspendidos (CZ, DE, EE, CY, LU, AT y PL) se obtuvieron gracias a la cooperación con la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión Europea.
(93)      Los gráficos se basan en las respuestas a un cuestionario actualizado elaborado por la Comisión en estrecha colaboración con el Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
(94)      Desde 2019, el Tribunal de Justicia ha dictado una serie de sentencias sobre los nombramientos de los jueces y los requisitos del Derecho de la Unión a este respecto (véase, a tal efecto, la sentencia de 20 de abril de 2021 en el asunto C-896/19, Repubblika e Il-Prim Ministru, apartado 56; sentencia de 2 de marzo de 2021 en el asunto C-824/18, AB, apartado 122; sentencia de 19 de noviembre de 2019 en los asuntos acumulados C-585/18, C-624/18 y C-625/18, AK et al., apartado 133.
(95)      Sentencia de 20 de abril de 2021 en el asunto C-896/19, Repubblika e Il-Prim Ministru, apartado 57; sentencia de 2 de marzo de 2021 en el asunto C-824/18, AB, apartado 123; sentencia de 19 de noviembre de 2019 en los asuntos acumulados C-585/18, C-624/18 y C-625/18, AK et al., apartados 134 y 135.
(96)      Sentencia de 20 de abril de 2021 en el asunto C-896/19, Repubblika e Il-Prim Ministru, apartado 66; sentencia de 2 de marzo de 2021 en el asunto C-824/18, AB, apartados 66, 124 y 125; sentencia de 19 de noviembre de 2019 en los asuntos acumulados C-585/18, C-624/18 y C-625/18, AK et al., apartados 137 y 138.
(97)      Datos recogidos a través de un cuestionario actualizado elaborado por la Comisión en estrecha colaboración con la RECPJ. Las respuestas al cuestionario actualizado de los Estados miembros que no tienen Consejos del Poder Judicial, no son miembros de la RECPJ o han sido suspendidos, se obtuvieron a través de la cooperación con la RPTSUE.
(98)      Sentencia de 20 de abril de 2021 en el asunto C-896/19, Repubblika y Il-Prim Ministru, apartado 71.
(99)      Sentencia de 19 de noviembre de 2019 en los asuntos acumulados C-585/18, C-624/18 and C-625/18, AK et al., apartado 145.
(100)      Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).
(101)      Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de mayo de 2019, OG y PI (Parquet de Lübeck y Zwickau), asuntos acumulados C-508/18 y C-82/19 PPU, apartados 73, 74 y 88, ECLI:EU:C:2019:456; sentencia de 27 de mayo de 2019, C‑509/18, apartado 52, ECLI:EU:C:2019:457; véanse también las sentencias de 12 de diciembre de 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg y Openbaar Ministerie (Fiscalías de Lyon y Tours) en los asuntos acumulados C-566/19 PPU y C-626/19, ECLI:EU:C:2019:1077; Openbaar Ministerie (Fiscalía sueca), C-625/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1078, y Openbaar Ministerie (Ministerio Fiscal de Bruselas), C-627/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1079; sentencia de 24 de noviembre de 2020, AZ, C-510/19, apartado 54, ECLI:EU:C:2020:953. Véase también la sentencia de 10 de noviembre de 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, apartados 34 y 36, ECLI:EU:C:2016:861, y la sentencia de 10 de noviembre de 2016, Poltorak, C-452/16 PPU, apartado 35, ECLI:EU:C:2016:858, sobre el término «judicial», que «conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho, debe distinguirse del poder ejecutivo». Véase también la Opinión n.º 13(2018) «Independencia, responsabilidad y ética de los fiscales», adoptada por el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE), recomendación xii.
(102)      Informe CDL-AD(2010)040-e sobre las normas europeas relativas a la independencia del sistema judicial: parte II — El Ministerio Público — Adoptado por la Comisión de Venecia en su 85.ª reunión plenaria (Venecia, 17-18 diciembre de 2010), apartado 26.
(103)      Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE), Opinión n.º 15 (2020) sobre el papel de los fiscales en las situaciones de emergencia, en particular ante una pandemia.
(104)      Recomendación Rec(2000)19 sobre el papel del Ministerio Fiscal en el sistema judicial penal, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 6 de octubre de 2000 (la Recomendación de 2000), apartado 4.
(105)      La Recomendación de 2000, apartados 11 y 13. Véase también: la Opinión n.º 13(2018) «Independencia, responsabilidad y ética de los fiscales», adoptada por el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE), recomendaciones i y iii; Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), cuarta ronda de evaluación, Corruption prevention - Members of Parliament, Judges and Prosecutors («Prevención de la corrupción: representantes parlamentarios, jueces y fiscales»); numerosas recomendaciones instan a introducir mecanismos para proteger al Ministerio Fiscal de influencias e injerencias indebidas en la investigación de asuntos penales.
(106)      La Recomendación de 2000, apartado 13, punto c).
(107)      La Recomendación de 2000, apartado 13, punto d).
(108)      La Recomendación de 2000, apartado 13, punto f). Véase también la Opinión n.º 13(2018) «Independencia, responsabilidad y ética de los fiscales», adoptada por el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE), recomendación iv.
(109)      La Recomendación de 2000, apartado 34.
(110)      Informe CDL-AD(2010)040-e sobre las normas europeas relativas a la independencia del sistema judicial: parte II — El Ministerio Público — Adoptado por la Comisión de Venecia en su 85.ª reunión plenaria (Venecia, 17-18 diciembre de 2010), apartado 45.
(111)      Por ejemplo, la facultad de resolver conflictos de competencias entre distintas oficinas de los ministerios fiscales de los Estados miembros; Obtener datos e información de ministerios fiscales de rango inferior. Además, el fiscal general puede desempeñar una función en los órganos responsables de las decisiones relativas a los fiscales, aunque no las tome directamente. Véase también el gráfico 55 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019, que muestra la distribución de las facultades de gestión sobre los ministerios fiscales nacionales.
(112)      Para una visión general de las autoridades que participan en los procedimientos disciplinarios relativos a los fiscales, véanse los gráficos 53 y 54 del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020.
(113)      Informe CDL-AD(2010)040-e sobre las normas europeas relativas a la independencia del sistema judicial: parte II — El Ministerio Público — Adoptado por la Comisión de Venecia en su 85.ª reunión plenaria (Venecia, 17-18 diciembre de 2010), apartado 45.
(114)      Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA): https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/comparative-data/victims-support-services/prosecution .
(115)      Recomendación n.º R(2000)21 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
(116)      Datos de 2020 recopilados a través de las respuestas de los miembros del CCBE a un cuestionario.
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