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Document 52018DC0857

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales

COM/2018/857 final

Bruselas, 18.12.2018

COM(2018) 857 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre la aplicación de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales


1.Introducción

1.1.Contexto

La Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales 1  («la Directiva») constituye el primer instrumento adoptado en el marco del artículo 82, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 2 (TFUE). El artículo 82, apartado 2, establece la base jurídica para adoptar, mediante directivas, unas normas mínimas sobre «los derechos de las personas en los procedimientos penales».

La Directiva, al establecer unas normas mínimas comunes en relación con los derechos procesales en los procesos penales, contribuye al objetivo general de aumentar la confianza mutua mejorando la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, que es la piedra angular del espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE. Contribuye a reforzar la confianza mutua al proporcionar una aplicación más coherente de algunos aspectos del derecho a un juicio equitativo establecido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 3 y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Directiva es la primera medida que sigue el plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales adoptado en 2009 (medida A) 4 . Tras la adopción de la Directiva, en la UE se ha realizado una labor adicional relacionada con los derechos procesales. Hasta la fecha, la UE ha adoptado cinco Directivas más sobre:

1.el derecho a la información sobre los derechos y las acusaciones y el acceso al expediente del asunto 5 ;

2.el derecho de asistencia letrada y a la comunicación con terceros durante la privación de libertad 6 ;

3.el refuerzo de determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio 7 ;

4.las garantías procesales de los menores 8 y

5.la asistencia jurídica gratuita 9 .

1.2.Objeto y elementos principales de la Directiva

La Directiva permite la aplicación práctica del derecho a un juicio equitativo, que incluye el derecho de toda persona sospechosa y acusada a interpretación y traducción en los procesos penales 10 .

La Directiva establece un derecho general a interpretación y traducción en los procesos penales desde el momento en que las autoridades competentes ponen en conocimiento de una persona que es sospechosa o se le acusa de haber cometido una infracción penal y hasta la conclusión del proceso.

El artículo 2 establece el derecho a interpretación en los procesos penales y exige a los Estados miembros que faciliten sin demora un intérprete no solo durante los procesos penales y los procedimientos correspondientes a una orden de detención europea, sino también para la comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado.

El artículo 3 establece el derecho a traducción durante los procesos penales y los procedimientos correspondientes a la orden de detención europea, y exige a los Estados miembros que faciliten, en un plazo razonable, una traducción escrita de los documentos que resultan esenciales para el ejercicio del derecho a la defensa.

1.3.Ámbito del informe

El informe evalúa la aplicación de la Directiva con arreglo a su artículo 10, que establece que la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se evalúe la medida en que los Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva.

La descripción y el análisis del presente informe se basan principalmente en la información facilitada por los Estados miembros a la Comisión a través de la notificación de las medidas nacionales de transposición de la Directiva. El informe se basa también en estudios de acceso público realizados por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 11 o por partes interesadas externas que evalúan la aplicación de las Directivas sobre derechos procesales en el marco de subvenciones para acciones del Programa «Justicia» 12 .

El informe se centra en las medidas que los Estados miembros han adoptado hasta la fecha para aplicar la Directiva. Evalúa si los Estados miembros han aplicado la Directiva en el plazo dado y si las legislaciones nacionales logran los objetivos y cumplen los requisitos de la Directiva.

2.Evaluación general

De conformidad con el artículo 9, los Estados miembros debían transponer la Directiva al Derecho nacional antes del 27 de octubre de 2013. En la fecha de expiración del plazo de transposición, dieciséis Estados miembros no habían comunicado a la Comisión las medidas necesarias: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta y Rumanía. En consecuencia, el 29 de noviembre de 2013, la Comisión, en virtud del artículo 258 del TFUE, decidió incoar procedimientos de infracción contra estos dieciséis Estados miembros por no haber comunicado las medidas de transposición, o haberlo hecho de forma parcial.

El principal objetivo de la Comisión ha sido garantizar que todos los Estados miembros transpongan los requisitos de la Directiva a su legislación nacional, de modo que los derechos que contiene estén protegidos en toda la Unión Europea. La transposición de la Directiva es un requisito previo para evaluar de forma adecuada la medida en que los Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias para su cumplimiento.

La Comisión comenzó a evaluar el cumplimiento de la Directiva por las medidas nacionales tan pronto como los Estados miembros las notificaron. Estos retrasos en la transposición 13  han pospuesto el proceso de evaluación global. Algunos procedimientos de infracción por no haber comunicado las medidas o haberlo hecho de forma parcial solo podían cerrarse en 2018, tras las modificaciones legislativas adoptadas por los Estados miembros 14 . En estas circunstancias, dada la complejidad de la evaluación de todas las medidas comunicadas por los 27 Estados miembros obligados por la Directiva, con particular atención a sus diferentes ordenamientos jurídicos nacionales, la Comisión no ha estado en condiciones de presentar este informe antes.

El impacto de la Directiva se limita al establecimiento de normas mínimas y, por consiguiente, deja abierta la posibilidad de que existan diferencias entre las leyes procesales penales nacionales, pero impone unas obligaciones claras a los Estados miembros.

La evaluación ha planteado algunos problemas de cumplimiento en varios Estados miembros, en particular en lo que se refiere a la comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado, la traducción de documentos esenciales y los costes de interpretación y traducción. Si no se corrigen, estas divergencias pueden afectar negativamente a la efectividad de los derechos establecidos en la Directiva. Para garantizar la conformidad con la Directiva en toda la Unión Europea, la Comisión adoptará todas las medidas adecuadas, incluida, en su caso, la incoación de procedimientos de infracción de conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (n.º 22) Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación. Por tanto, Dinamarca no se tiene en cuenta en la siguiente evaluación.

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo (n.º 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, ambos países han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la Directiva.

3.Puntos específicos de la evaluación

3.1.Objeto y ámbito de aplicación (artículo 1)

El artículo 1 de la Directiva establece su objeto y su ámbito de aplicación, que es garantizar el derecho a traducción e interpretación en los procesos penales a todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso. El principal objetivo de la Directiva es permitir la aplicación de estos derechos en la práctica, con el fin de garantizar el derecho a un juicio equitativo. El derecho a interpretación y traducción también se aplica a los procedimientos relativos a la orden de detención europea.

3.1.1.Ámbito de aplicación – artículo 1, apartado 2

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva establece que el derecho a interpretación y traducción en los procesos penales y en los procedimientos correspondientes a la ejecución de una orden de detención europea se aplica desde el momento en que las autoridades competentes ponen en conocimiento de una persona que es sospechosa o está acusada de haber cometido una infracción penal hasta la conclusión del procedimiento, es decir, hasta que la resolución sea definitiva e irrevocable.

En la mayoría de los Estados miembros, el momento y la duración de la aplicación del derecho a interpretación y traducción están garantizados por una disposición general que indica el momento en que se aplica el derecho (por ejemplo, «en cualquier momento durante el proceso penal», «durante todo el proceso penal», «en el proceso penal», «durante la realización de las actuaciones procesales»). Sin embargo, en la mayoría de los Estados miembros no se mencionan de forma explícita en las medidas de transposición el momento y los medios para informar a una persona de que es sospechosa o está acusada de haber cometido una infracción, aunque podrían deducirse de un análisis detallado de las diferentes fases del proceso penal en sus respectivos ordenamientos jurídicos.

3.1.2.Infracciones menores – artículo 1, apartado 3

El artículo 1, apartado 3, de la Directiva garantiza que cuando la legislación nacional de un Estado miembro prevea la imposición de sanciones por infracciones menores por parte de una autoridad distinta de un tribunal con competencia en materia penal, pero la sanción pueda ser objeto de recurso ante este tipo de tribunal, el derecho a interpretación y traducción se concederá para el proceso de recurso.

Esta disposición es pertinente para la mayoría de los Estados miembros (dieciséis) en los que las autoridades administrativas, la policía o tribunales competentes en asuntos no penales son responsables de tratar las infracciones menores. Para los demás Estados miembros, la disposición no se aplica porque la imposición de sanciones por infracciones menores corresponde siempre a los tribunales competentes en materia penal.

3.1.3.Artículo 1, apartado 4

El artículo 1, apartado 4, establece que la Directiva no afecta al derecho nacional relativo a la presencia de un abogado en cualquier fase del proceso penal, ni tampoco al derecho nacional relativo al derecho de acceso de un sospechoso o acusado a los documentos en el marco de un proceso penal.

Solo ocho Estados miembros han transpuesto explícitamente esta disposición, mientras que en los demás Estados miembros el cumplimiento puede deducirse del análisis de la legislación nacional ya en vigor.

3.2.Derecho a interpretación (artículo 2)

El artículo 2 de la Directiva establece el derecho a interpretación en los procesos penales. Exige a los Estados miembros que faciliten sin demora un intérprete durante los procesos penales y los procedimientos correspondientes a una orden de detención europea, también para la comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado. Los Estados miembros también deben establecer un mecanismo para evaluar si el sospechoso o acusado entiende la lengua del procedimiento. Asimismo, debe establecerse claramente la posibilidad de recurrir tanto la denegación del nombramiento de un intérprete como la calidad de la interpretación. Los Estados miembros también deben velar por que la calidad de la interpretación sea suficiente para garantizar la equidad del procedimiento.

3.2.1.Interpretación ante las autoridades de investigación y judiciales – artículo 2, apartado 1

El artículo 2, apartado 1, obliga a los Estados miembros a que proporcionen sin demora servicios de interpretación a todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso penal ante las autoridades de la investigación y judiciales, incluido durante el interrogatorio policial, en todas las vistas judiciales y las audiencias intermedias que sean necesarias.

La mayoría de los Estados miembros garantiza la interpretación en todas las fases de los procesos penales, que incluyen tanto la fase previa al juicio como la fase judicial, a través de una disposición general en su legislación nacional. Algunos Estados miembros han introducido disposiciones distintas para cada fase. Sin embargo, en cuanto al requisito de que se conceda «sin demora» un servicio de interpretación a todo sospechoso y acusado, solo once Estados miembros lo han establecido de forma explícita, presuponiéndose el cumplimiento de la Directiva.

3.2.2.Interpretación para la comunicación con el abogado – artículo 2, apartado 2

El artículo 2, apartado 2, establece el derecho a recibir servicios de interpretación para la comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado en relación directa con cualquier interrogatorio o toma de declaración durante el proceso, o con la presentación de un recurso u otras solicitudes procesales.

La mayoría de los Estados miembros ha introducido de forma explícita en su legislación nacional una disposición sobre el derecho a recibir un servicio de interpretación para comunicarse con un abogado. Sin embargo, en algunos Estados miembros, este derecho solo se menciona en la práctica jurídica, los comentarios de las leyes o jurisprudencia nacionales y en las disposiciones que garantizan el derecho general a la interpretación, presuponiéndose el cumplimiento de la Directiva . En otros Estados miembros, contrariamente a lo dispuesto en la Directiva, este derecho está supeditado a una solicitud específica del sospechoso o acusado, o bien de su abogado. En un Estado miembro, las autoridades penales designan en primer lugar al abogado como intérprete si este conoce la lengua del sospechoso o acusado, y solo como alternativa proporcionan un intérprete cualificado.

La mayoría de los Estados miembros ha indicado qué actos procesales están cubiertos por el derecho a interpretación para comunicarse con un abogado.

3.2.3.Asistencia a las personas con limitaciones auditivas o de expresión oral – artículo 2, apartado 3

El artículo 2, apartado 3, describe el derecho a interpretación con inclusión de una asistencia adecuada para las personas con limitaciones auditivas o de expresión oral.

La mayoría de los Estados miembros ha limitado el alcance personal de esta disposición al mencionar únicamente a las personas «sordas o mudas», «sordas o con déficit auditivo» o «sordociegas». Esta terminología parece demasiado restrictiva para incluir todas las limitaciones auditivas y de expresión oral.

Respecto de la «asistencia adecuada» que se concede a esta categoría de personas, diez Estados miembros hacen referencia explícita a los servicios de un intérprete de lengua de signos, mientras que siete Estados miembros se limitan a mencionar los servicios de interpretación en general. En diez Estados miembros, se favorece la comunicación escrita para cubrir la asistencia adecuada. En algunos Estados miembros, la asistencia adecuada la pueden prestar personas conocidas de los sospechosos o acusados.

3.2.4.Evaluación de la necesidad de asistencia – artículo 2, apartado 4

El artículo 2, apartado 4, dispone que los Estados miembros deben establecer un procedimiento o mecanismo para determinar si el sospechoso o acusado habla y entiende la lengua del proceso penal y si requiere la asistencia de un intérprete.

La mayoría de los Estados miembros dispone la obligación de evaluar la necesidad de interpretación en cada fase del proceso, pero sin establecer un mecanismo específico a tal efecto. Solo dos Estados miembros han establecido un mecanismo específico.

3.2.5.Derecho a recurrir y a presentar una reclamación – artículo 2, apartado 5

El artículo 2, apartado 5, establece que los Estados miembros garanticen que el sospechoso o acusado tenga derecho a recurrir la decisión según la cual no es necesaria la interpretación y la posibilidad de presentar una reclamación porque la calidad de la interpretación no es suficiente para salvaguardar la equidad del proceso.

En cuanto al derecho a recurrir la decisión según la cual no es necesaria la interpretación, solo diez Estados miembros han introducido en su legislación procedimientos que abordan este procedimiento de revisión. Los demás Estados miembros se han basado en los procedimientos generales existentes para recurrir las decisiones de las autoridades de investigación y judiciales y presentar reclamaciones u objeciones durante los procesos penales.

En cuanto a la posibilidad de presentar una reclamación sobre la calidad de la interpretación, quince Estados miembros hicieron referencia a un procedimiento de reclamación de este tipo. Respecto de los demás Estados miembros, se recurrió a procedimientos generales de presentación de reclamaciones y objeciones, o incluso a recursos por vulneración de los derechos procesales de defensa. En la mayoría de los Estados miembros se ofrece la posibilidad de sustituir a un intérprete debido a la insuficiente calidad de los servicios de interpretación.

3.2.6.Tecnologías de la comunicación – artículo 2, apartado 6

El artículo 2, apartado 6, permite a los Estados miembros, cuando proceda, utilizar tecnologías de la comunicación como la videoconferencia, el teléfono o internet, salvo cuando se requiera la presencia física del intérprete para salvaguardar la equidad del proceso.

La mitad de los Estados miembros optó por adoptar esta posibilidad. Entre ellos, doce Estados miembros se han referido a la limitación prevista en el artículo 2, apartado 6, de la Directiva. Dos Estados miembros mencionan que el uso de las tecnologías de la comunicación no debe obstaculizar los derechos de defensa del sospechoso o acusado.

3.2.7.Interpretación en los procedimientos relativos a la orden de detención europea – artículo 2, apartado 7

El artículo 2, apartado 7, establece que los Estados miembros velen por que se facilite interpretación también en los procedimientos correspondientes a la ejecución de una orden de detención europea. Casi todos los Estados miembros, excepto uno, han transpuesto esta disposición de forma correcta.

3.2.8.Calidad de la interpretación – artículo 2, apartado 8

El artículo 2, apartado 8, requiere que la interpretación tenga una calidad suficiente para salvaguardar la equidad del proceso, garantizando en particular que el sospechoso o acusado en un proceso penal tenga conocimiento de los cargos que se le imputan y esté en condiciones de ejercer el derecho a la defensa. Casi todos los Estados miembros han transpuesto esta disposición, aunque la mayoría de ellos no se refieren de forma explícita a la calidad de la interpretación. De ellos, dieciséis Estados miembros exigen que los intérpretes que participen en el proceso estén registrados, sean intérpretes jurados o figuren en listas facilitadas a las autoridades penales que aseguren el cumplimiento de una serie de criterios de calidad.

3.3.Derecho a la traducción de documentos esenciales (artículo 3)

El artículo 3 de la Directiva establece el derecho a traducción durante los procesos penales y los procedimientos relativos a la orden de detención europea mediante la exigencia a los Estados miembros de facilitar, en un plazo razonable, la traducción escrita de los documentos que resulten esenciales para el ejercicio del derecho de defensa. Este derecho incluye la posibilidad de recurrir tanto la denegación de conceder la traducción como su calidad. Como excepción, se permite la traducción oral y la renuncia, bajo condiciones estrictas, al derecho a traducción. Los Estados miembros también deben garantizar la calidad de los servicios de traducción.

3.3.1.Traducción de documentos esenciales – artículo 3, apartado 1

El artículo 3, apartado 1, establece que el sospechoso o acusado que no entienda la lengua del proceso penal se beneficie, en un plazo razonable, de la traducción escrita de todos los documentos que resulten esenciales para garantizar que esté en condiciones de ejercer el derecho a la defensa y para salvaguardar la equidad del proceso 15 .

La mayoría de los Estados miembros, a excepción de uno, requiere la traducción escrita de los documentos esenciales. La mayoría de los Estados miembros exige de forma explícita que las traducciones se realicen «en un plazo razonable», o bien utiliza un lenguaje similar, como «sin demora», «lo antes posible» o «tan pronto como sea posible». En ocho Estados miembros, la legislación nacional no establece que la traducción de los documentos esenciales se facilite en un plazo razonable, presuponiéndose el cumplimiento de la Directiva.

3.3.2.Definición de documentos esenciales – artículo 3, apartado 2

El artículo 3, apartado 2, establece que entre los documentos esenciales se encuentra cualquier resolución que prive a una persona de libertad, escrito de acusación y sentencia.

La mayoría de los Estados miembros ha enumerado los documentos que deben considerarse esenciales en virtud de esta disposición, aunque sin utilizar necesariamente el término «documentos esenciales». La lista de documentos que deben traducirse es, en la mayoría de los casos, indicativa y permite la traducción de documentos adicionales distintos de aquellos para los que es obligatoria.

En algunos Estados miembros no está garantizado el cumplimiento porque la lista de documentos que deben traducirse no menciona todos los documentos enumerados en la Directiva (por ejemplo, solo se traducirán algunas partes del escrito de acusación o no se traducirán todos los documentos relativos a medidas de privación de libertad).

3.3.3.Decisión sobre el carácter esencial de un documento – artículo 3, apartado 3

El artículo 3, apartado 3, dispone que las autoridades competentes decidirán para cada caso determinado si resulta esencial cualquier otro documento, y que el sospechoso, el acusado o su abogado podrá presentar una solicitud motivada en este sentido.

La mayoría de los Estados miembros permite solicitar la traducción de documentos adicionales esenciales para el sospechoso o acusado. Si embargo, seis Estados miembros no permiten que el sospechoso o acusado o su abogado presenten una solicitud motivada para traducir un documento adicional. Aproximadamente la mitad de los Estados miembros hace referencia a algunos criterios generales para determinar el carácter esencial de los documentos (por ejemplo, cuando son necesarios para el ejercicio del derecho a la defensa o cuando ello redunda en interés de la justicia en general).

3.3.4.No hay obligación de traducir pasajes no pertinentes de los documentos esenciales – artículo 3, apartado 4

El artículo 3, apartado 4, establece que no debe exigirse la traducción de pasajes de documentos esenciales que no resulten pertinentes para que el sospechoso o acusado tenga conocimiento de los cargos que se le imputan.

La mayoría de los Estados miembros ha hecho uso de esta disposición de naturaleza facultativa. En la legislación nacional, las razones que justifican que no se traduzcan algunos pasajes varían y van desde la no pertinencia a efectos de permitir que el sospechoso o acusado tenga conocimiento de los cargos que se le imputan hasta la no pertinencia para el ejercicio del derecho a la defensa.

Algunos Estados miembros van más allá de esta norma mínima al establecer que los documentos esenciales deben traducirse siempre en su totalidad y no solo los pasajes pertinentes.

3.3.5.Derecho a recurrir y a presentar una reclamación – artículo 3, apartado 5

El artículo 3, apartado 5, exige que los Estados miembros velen por que el sospechoso o acusado tenga derecho a recurrir una decisión que establezca que no es necesaria la traducción de documentos o pasajes y la posibilidad de presentar una reclamación porque la calidad de la traducción no es suficiente para salvaguardar la equidad del proceso.

En cuanto al derecho a recurrir una decisión que establezca que no es necesaria la traducción, solo ocho Estados miembros (como en el caso del artículo 2, apartado 5) han introducido en su legislación procedimientos específicos que regulan este procedimiento de revisión. Los demás Estados miembros se han basado en los procedimientos generales existentes para recurrir las decisiones de las autoridades de investigación y judiciales y presentar reclamaciones u objeciones durante los procesos penales.

Respecto de la posibilidad de presentar una reclamación sobre la calidad de la traducción, menos de la mitad de los Estados miembros hacen referencia explícita a un procedimiento de reclamación específico. Los demás Estados miembros mencionan procedimientos generales de presentación de reclamaciones y objeciones, o incluso de recursos por vulneración de los derechos procesales de defensa.

Si bien la Directiva no lo preveía, seis Estados miembros han ido más allá y establecen la posibilidad de sustituir al traductor debido a la insuficiente calidad de las traducciones realizadas.

3.3.6.Traducción de las órdenes de detención europeas – artículo 3, apartado 6

El artículo 3, apartado 6, establece que se facilite una traducción de la orden de detención europea en el contexto de estos procedimientos.

Casi todos los Estados miembros, excepto cuatro, han transpuesto correctamente esta obligación. De estos Estados miembros, la mayoría requiere de forma explícita el derecho a una traducción de la orden de detención europea.

3.3.7.Traducción o resumen oral de los documentos esenciales – artículo 3, apartado 7

El artículo 3, apartado 7, establece una excepción por la que, en lugar de una traducción escrita, puede facilitarse una traducción o un resumen oral de los documentos esenciales, siempre y cuando dicha traducción o resumen oral no afecte a la equidad del proceso.

Casi todos los Estados miembros han optado por incluir esta excepción en su legislación nacional. Solo dos Estados miembros, en los que siempre se facilita la traducción de los documentos esenciales, no han transpuesto esta excepción.

Entre los Estados miembros que han transpuesto esta opción, seis especifican que se facilitará una traducción o resumen oral cuando ello no afecte a la equidad del proceso. Otros no mencionan que las traducciones orales son una excepción a las traducciones escritas y a veces no queda claro en la práctica si este es el caso, ya que parece que las traducciones orales pueden ser la norma.

3.3.8.Renuncia al derecho a traducción – artículo 3, apartado 8

El artículo 3, apartado 8, permite la renuncia al derecho a la traducción de documentos, a condición de que el sospechoso o acusado haya recibido asesoramiento jurídico previo o haya tenido, de otro modo, pleno conocimiento de las consecuencias de su renuncia, y siempre que la renuncia sea inequívoca y de carácter voluntario.

La mayoría de los Estados miembros han traspuesto esta opción. Estos Estados miembros han incluido el requisito de que el sospechoso o acusado debe tener pleno conocimiento de las consecuencias de su renuncia, ya sea empleando un vocabulario similar o confiando la obligación de información a las autoridades penales. Sin embargo, muy pocos Estados miembros han mencionado de forma explícita que la renuncia debe ser inequívoca y de carácter voluntario.

Diez Estados miembros van más allá del mínimo establecido por esta disposición y no ofrecen la posibilidad de renunciar al derecho a la traducción de documentos esenciales en los procesos penales.

3.3.9.Calidad de la traducción – artículo 3, apartado 9

El artículo 3, apartado 9, dispone que las traducciones deben tener una calidad suficiente para salvaguardar la equidad del proceso, garantizando en particular que el sospechoso o acusado tenga conocimiento de los cargos que se le imputan y esté en condiciones de ejercer el derecho a la defensa.

La mayoría de los Estados miembros, aunque no hacen referencia explícita a la calidad de la traducción, establecen una calidad suficiente de la traducción, ya sea exigiendo que los traductores que participan en el proceso sean traductores jurados o que hayan sido incluidos en las listas pertinentes puestas a disposición de las autoridades penales previo cumplimiento de una serie de criterios de calidad. Solo dos Estados miembros no han transpuesto esta disposición.

3.4.Costes de interpretación y traducción (artículo 4)

El artículo 4 exige a los Estados miembros que sufraguen los costes de interpretación y traducción en los procesos penales, con independencia del resultado del proceso.

Casi todos los Estados miembros, excepto tres, han transpuesto de forma correcta esta obligación. En la mayoría de los Estados miembros, el requisito de cubrir los costes de interpretación y traducción «con independencia del resultado del proceso» está implícito en otras disposiciones nacionales que garantizan que el derecho a interpretación y traducción se aplica a la fase previa al juicio y al juicio, y que los costes correspondientes no los asume el sospechoso o acusado. Algunos Estados miembros disponen que los costes de interpretación y traducción en los procesos penales los sufrague el Estado. Otros Estados miembros establecen que los costes los sufraguen autoridades específicas (por ejemplo, las autoridades de instrucción en la fase previa al juicio y los tribunales en la fase judicial).

3.5.Calidad de la traducción y la interpretación (artículo 5)

El artículo 5 establece la obligación de los Estados miembros de adoptar medidas para garantizar la calidad de la interpretación y la traducción. Además, los Estados miembros deben esforzarse por llevar registros de intérpretes y traductores, y ponerlos a disposición de los abogados y las autoridades competentes.

3.5.1.Medidas concretas para garantizar la calidad – artículo 5, apartado 1

El artículo 5, apartado 1, establece que los Estados miembros deben adoptar medidas concretas para garantizar que la interpretación y la traducción facilitadas se ajusten a la calidad exigida con arreglo al artículo 2, apartado 8, y el artículo 3, apartado 9, de la Directiva.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoría de los Estados miembros han adoptado medidas para garantizar la calidad de la interpretación y la traducción, principalmente a través de disposiciones que regulan la profesión de intérpretes y traductores y de requisitos específicos de cualificación.

Algunos Estados miembros han adoptado medidas específicas que van más allá de las disposiciones de la Directiva con el fin de garantizar una calidad suficiente de la interpretación y la traducción, regulando la profesión de intérprete y traductor o haciendo referencia a principios de conducta o a requisitos éticos de los intérpretes y traductores.

3.5.2.Registros de traductores e intérpretes – artículo 5, apartado 2

El artículo 5, apartado 2, exige que los Estados miembros se esfuercen por establecer uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados.

Aunque este artículo no obliga a los Estados miembros a establecer un registro, la mayoría de ellos dispone de uno o varios registros de intérpretes y traductores y solo unos pocos no han adoptado todavía ninguna medida en ese sentido. Seis Estados miembros prevén que, en situaciones excepcionales, relacionadas principalmente con la falta de disponibilidad de un intérprete o traductor, la falta de un intérprete o traductor para un idioma específico o con costes desproporcionados, en los procesos se pueda convocar a intérpretes o traductores que no estén incluidos en los registros o listas oficiales.

3.5.3.Confidencialidad – artículo 5, apartado 3

El artículo 5, apartado 3, establece que los Estados miembros deben garantizar que los intérpretes y traductores respeten la confidencialidad en el ejercicio de sus funciones.

La mayoría de los Estados miembros establece un requisito de confidencialidad específico para los intérpretes y traductores aplicable a los procesos penales, mientras que algunos Estados miembros tienen una obligación de confidencialidad más general. Dos Estados miembros no han transpuesto esta obligación, ya que no han impuesto la obligación de confidencialidad a los intérpretes y traductores, contrariamente a lo dispuesto por la Directiva.

3.6.Formación (artículo 6)

El artículo 6 establece que los Estados miembros deberán solicitar a los responsables de la formación de los jueces, fiscales y personal judicial que intervienen en los procesos penales que presten una atención especial a las particularidades de la comunicación con la ayuda de un intérprete, de manera que se garantice una comunicación efectiva y eficaz.

En general, la mayoría de los Estados miembros no han transpuesto esta disposición de forma explícita. Sin embargo, normalmente, sus sistemas nacionales incluyen medidas no vinculantes que garantizan programas de formación para el personal judicial. En varios Estados miembros, la formación de los jueces, fiscales y personal judicial incluye elementos específicos sobre las características de la comunicación con la asistencia de un intérprete.

3.7.Llevanza de registros (artículo 7)

El artículo 7 de la Directiva establece la obligación de los Estados miembros de dejar constancia en un registro cuando un intérprete esté presente durante los interrogatorios y declaraciones, cuando se haya facilitado una traducción o un resumen oral de los documentos esenciales y cuando el sospechoso o acusado renuncie al derecho a la traducción.

La obligación de llevar un registro se ha transpuesto fielmente en la mayoría de los Estados miembros. En dichos Estados miembros, se establece la obligación de llevar un registro sobre la ayuda de un intérprete durante los interrogatorios o declaraciones por parte de una autoridad de investigación o judicial, así como sobre la utilización de un resumen o traducción oral de los documentos esenciales.

La obligación de llevar un registro de la renuncia al derecho a la traducción también está prevista en la mayoría de los casos. Para siete Estados miembros, la obligación de llevar registros puede deducirse de las disposiciones generales sobre la obligación de levantar acta detallada de todas las actuaciones relacionadas con todas las fases de los procesos penales. Un Estado miembro no establece la obligación específica de registrar la presencia de un intérprete o el hecho de que se haya proporcionado una traducción oral.

En cuanto a la competencia para llevar los registros, en la mayoría de los Estados miembros, las autoridades de investigación son responsables de la llevanza en la fase previa al juicio, mientras que en los procedimientos judiciales es obligación del tribunal y es el secretario del tribunal quien suele desempeñar esta función.

4.Conclusiones

La Directiva se adoptó con el fin de facilitar la aplicación de un derecho específico a un juicio equitativo, a saber, el derecho de los sospechosos o acusados a la traducción e interpretación en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea.

La Directiva tiene un impacto significativo en la protección de los sospechosos o acusados en los Estados miembros, ya que proporciona una aplicación más coherente de los derechos y garantías establecidos en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos mediante el establecimiento de normas mínimas comunes europeas. De este modo, la Directiva contribuye a mejorar la confianza mutua entre los Estados miembros, tal como se prevé en el plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales.

En general, la Directiva ha aportado valor añadido de la UE al aumentar el nivel de protección de los ciudadanos implicados en procesos penales, en particular en algunos Estados miembros en los que no existía previamente el derecho a traducción e interpretación.

El alcance del impacto de la Directiva en los Estados miembros varía en función de los sistemas nacionales de justicia penal existentes. La evaluación pone de manifiesto que en algunos Estados miembros siguen existiendo dificultades respecto a disposiciones esenciales de la Directiva. Esto ocurre en particular en lo que se refiere a la comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado, la traducción de documentos esenciales y los costes de interpretación y traducción.

La evaluación muestra también que en la actualidad no es necesario revisar la Directiva, pero que su aplicación puede mejorarse en la práctica. La Comisión seguirá evaluando el cumplimiento de la Directiva por parte de los Estados miembros y tomará todas las medidas necesarias para garantizar la conformidad con sus disposiciones en toda la Unión Europea.

(1)

DO L 280 de 26.10.2010, p. 1.

(2)

DO C 326 de 26.10.2012, p. 47.

(3)

DO C 326 de 26.10.2012, p. 392.

(4)

Resolución del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales, DO C 295 de 4.12.2009, p. 1.

(5)

Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, DO L 142 de 1.6.2012, p. 1.

(6)

Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1).

(7)

Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente, en el juicio DO L 65 de 11.3.2016, p. 1.

(8)

Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales, DO L 132 de 21.5.2016, p. 1.

(9)

Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención, DO L 297 de 4.11.2016, p. 1.

(10)

Hasta la fecha, el TJUE ha interpretado la Directiva 2010/64/UE en tres ocasiones. Véanse TJUE, de 15 de octubre de 2015, Covaci, C-216/14; TJUE, de 9 de junio de 2016, Balogh, C-25/15, y TJUE, de 12 de octubre de 2017, Sleutjes, C-278/16.

(11)

Estudio realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA): «Rights of suspected and accused persons across the EU: translation, interpretation and information», noviembre de 2016. Disponible en http://fra.europa.eu/en/publication/2016/rights-suspected-and-accused-persons-across-eu-translation-interpretation-and

(12)

Véase el estudio realizado por el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE): «TRAINAC — Assessment, good practices and recommendations on the right to interpretation and translation, the right to information and the right of access to a lawyer in criminal proceedings», publicado en 2016. Disponible http://europeanlawyersfoundation.eu/wp-content/uploads/2015/04/TRAINAC-study.pdf. Véanse también los estudios «Inside Police Custody» e «Inside Police Custody 2», realizados por el Consejo Irlandés de las Libertades Civiles en 2014 y 2018. Disponible en: https://intersentia.be/nl/pdf/viewer/download/id/9781780681863_0/ .

(13)

Por ejemplo, Luxemburgo no transpuso la Directiva hasta marzo de 2017 y Lituania notificó en mayo de 2017 nuevas medidas para completar la transposición de la Directiva.

(14)

Los asuntos relativos a Luxemburgo y Lituania se cerraron en enero de 2018.

(15)

En el asunto C-278/16, Sleutjes, el Tribunal ha considerado que «un acto como una resolución prevista por el Derecho nacional para sancionar infracciones penales leves dictada por un juez tras un procedimiento unilateral abreviado constituye un «documento esencial» a los efectos del apartado 1 de dicho artículo» (punto 34), ya que «constituye, al mismo tiempo, un escrito de acusación y una sentencia, en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2010/64» (punto 31).

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