(1)

Mediante carta de 3 de julio de 2013, la Comisión envió un extenso cuestionario a todos los Estados miembros con el fin de recopilar información acerca del impuesto sobre sociedades de los puertos, así como sobre otras posibles formas de apoyo estatal para distintos tipos de inversiones relativas a los puertos o para la gestión de estos. Las autoridades italianas transmitieron sus respuestas a dicho cuestionario mediante cartas de 12 de septiembre y de 1 de octubre de 2013. Mediante cartas de 24 de enero y de 2 de septiembre de 2014, la Comisión solicitó información adicional, que Italia transmitió mediante cartas de 14 de febrero, de 11 de septiembre y de 29 de septiembre de 2014. Mediante carta de 14 noviembre de 2014, las autoridades italianas presentaron información adicional. Mediante carta de 27 de abril de 2017, la Comisión envió una solicitud adicional de información a las autoridades italianas, a la cual estas respondieron el 24 de mayo de 2017.

(2)

Mediante carta de 30 de abril de 2018, la Comisión, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo («el Reglamento de procedimiento») (2), informó a Italia acerca de su evaluación preliminar de las disposiciones relativas al impuesto sobre sociedades de los puertos e invitó a las autoridades italianas a presentar sus observaciones. El 22 de mayo y el 27 de junio de 2018, se celebraron reuniones entre la Comisión y las autoridades italianas. Mediante carta de 3 de julio de 2018, Italia contestó a la carta de la Comisión de 30 de abril de 2018. Italia facilitó información adicional mediante carta de 10 de septiembre de 2018.

(3)

El 8 de enero de 2019, la Comisión propuso las medidas oportunas con arreglo al artículo 22 del Reglamento de procedimiento. La Comisión invitó a Italia a adoptar medidas destinadas a garantizar que las autoridades del sistema portuario que desarrollan actividades económicas estén sujetas al impuesto de sociedades al igual que las demás empresas. Asimismo, la Comisión invitó a las autoridades italianas a informarla por escrito, en el plazo de dos meses desde la recepción de la propuesta, de que aceptan, en virtud del artículo 23, apartado 1, del Reglamento de procedimiento, incondicionalmente, inequívocamente y en su totalidad la propuesta de medidas oportunas.

(4)

Mediante carta de 7 de marzo de 2019, Italia rechazó formalmente la propuesta de la Comisión. El 2 de abril de 2019 y el 7 de mayo de 2019, se celebraron más reuniones entre las autoridades italianas y la Comisión. Italia reiteró su posición en estas reuniones.

(5)

Dado que las autoridades italianas no aceptaron las medidas oportunas propuestas, la Comisión decidió, mediante carta de 15 de noviembre de 2019, incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado, en virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento de procedimiento. La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (3). La Comisión invitó a Italia y a las partes interesadas a presentar sus observaciones.

(6)

Italia envió sus observaciones a la Comisión mediante carta de 4 de febrero de 2020.

(7)

La Comisión recibió observaciones al respecto por parte de los siguientes interesados:

(8)

La Comisión también recibió observaciones del representante provisional internacional del Territorio Libre de Trieste.

(9)

La Comisión transmitió estas observaciones a Italia y le dio la posibilidad de formular observaciones al respecto. Italia no presentó observaciones.

(10)

Las autoridades del sistema portuario (AdSP) de Italia no están sujetas al impuesto sobre sociedades (IRES). La exención del impuesto sobre sociedades para las AdSP en Italia es la medida objeto de la presente Decisión.

(11)

La Ley 84/1994 (4), en su versión modificada («la Ley 84/1994»), regula las actividades portuarias y las tareas y funciones de las autoridades del sistema portuario, de la autoridad marítima y de otras empresas relacionadas con las actividades portuarias.

(12)

Los puertos en los que las AdSP tienen su sede se definen como «puertos o zonas portuarias específicas de importancia económica nacional e internacional» (puertos de categoría II, clases I y II).

(13)

Los «puertos o las zonas portuarias específicas de importancia económica nacional e internacional» (categoría II, clases I y II) tienen las siguientes funciones:

(14)

Tras la entrada en vigor del Decreto Legislativo 169/2016, en Italia se constituyeron dieciséis AdSP, que abarcan los cincuenta y siete puertos principales. Los puertos administrados por las AdSP se enumeran en el anexo A, que forma parte integrante de la Ley 84/1994. El anexo A se puede modificar para permitir la inclusión de un puerto o la transferencia de un puerto a una AdSP diferente, en determinadas condiciones.

(15)

De acuerdo con la Ley 84/1994, las AdSP son organismos públicos no económicos de importancia nacional con un estatuto jurídico especial y dotados de autonomía administrativa, organizativa, reglamentaria, presupuestaria y financiera. Se someten a los poderes de supervisión del ministro de Infraestructuras y Transportes. De la aprobación de su presupuesto y su balance se encarga el ministro de Infraestructuras y Transportes en acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas. La gestión financiera de las AdSP está sometida al control del Tribunal de Cuentas.

(16)

De acuerdo con la Ley 84/1994, las AdSP deben elaborar un programa de planificación estratégica que defina sus objetivos de desarrollo. Deben promover la elaboración de un documento de planificación energética destinado a mejorar la eficiencia energética y el uso de las energías renovables en los puertos.

(17)

De acuerdo con la Ley 84/1994, es responsabilidad del Estado realizar obras de infraestructura importantes (construcción de canales marítimos, espigones exteriores de protección, dársenas, diques y muelles equipados, así como el dragado y la profundización de los lechos marinos) en los puertos de categoría II (clase I y clase II). Las regiones, los municipios o las AdSP pueden intervenir con recursos propios. Para cubrir los costes de las obras realizadas, las AdSP pueden imponer sobretasas a las mercancías cargadas o descargadas, o bien aumentar el importe de los cánones de concesión.

(18)

Conforme al artículo 6 de la Ley 84/1994, las AdSP desarrollan las siguientes tareas:

(19)

De acuerdo con la Ley 84/1994, corresponden a la autoridad marítima las funciones de policía y seguridad previstas en el Código de Navegación y las leyes especiales.

(20)

Conforme al artículo 6 de la Ley 84/1994, las AdSP no pueden llevar a cabo, ni directamente ni a través de empresas participadas, operaciones portuarias (5) ni actividades estrechamente relacionadas con ellas. Además, las AdSP no pueden prestar los servicios técnico-náuticos de pilotaje, remolque, amarre y gabarraje.

(21)

Se creará un comité consultivo formado por cinco representantes de los empleados de las empresas que operan en el puerto, un representante de los trabajadores de la AdSP y un representante de cada una de las siguientes categorías de empresas que operan en el puerto: propietarios de buques, empresas industriales, las empresas mencionadas en los artículos 16 (véase el punto 2.1.4 más adelante) y 18 (véase el punto 2.1.5 más adelante), transitarios, consignatarios y agentes marítimos, y transportistas que operan en el sector portuario. Este comité tendrá funciones consultivas con respecto a la adjudicación, suspensión o revocación de autorizaciones y concesiones.

(22)

La AdSP establece una oficina territorial propia de la que es responsable el secretario general de la AdSP o su representante, entre cuyas tareas figura también la adjudicación de concesiones para períodos de cuatro años como máximo y la determinación de los cánones de concesión pertinentes, sujeto al dictamen del comité consultivo y del comité de gestión.

(23)

Los ingresos de las AdSP se componen de:

(24)

Según un informe del Ministerio de Infraestructuras y Transportes italiano, los «cánones portuarios» (a saber, los impuestos sobre las mercancías descargadas y cargadas y los derechos de anclaje, es decir, respectivamente tassa portuale y tassa di ancoraggio) y los cánones de concesión fueron los dos principales componentes de los ingresos de los puertos italianos en 2017, suponiendo, respectivamente, el 53,2 % y el 27,1 % de los ingresos de explotación (6).

(25)

Son operaciones portuarias la carga, la descarga, el trasbordo, el almacenamiento y el movimiento general de mercancías y de cualquier otro material, que se desarrollan en la zona portuaria. Los servicios portuarios son servicios especializados, complementarios y accesorios al ciclo de las operaciones portuarias. Las AdSP pueden definir estos servicios a través de normas específicas que se emitan con Decreto del ministro de Transportes y Navegación.

(26)

Las AdSP regulan y supervisan las operaciones y los servicios portuarios, así como la aplicación de las tarifas publicadas por cada empresa, informando periódicamente al ministro de Transportes y Navegación.

(27)

La ejecución de las operaciones y los servicios portuarios, ya sea por cuenta propia o a través de terceros, está sujeta a la autorización de las AdSP. Dicha autorización se refiere a la realización de las operaciones portuarias o de uno o varios servicios portuarios, que se indicarán en la autorización.

(28)

Las empresas autorizadas se inscriben en registros independientes mantenidos por la AdSP y están sujetas al pago de un canon anual y a la constitución de una fianza.

(29)

Para emitir las autorizaciones, el ministro de Transportes y Navegación determina, mediante decreto:

(30)

Las tarifas de las operaciones portuarias son publicadas por las AdSP. Las empresas autorizadas deben comunicar a las AdSP las tarifas que pretenden aplicar a los usuarios, así como cualquier variación posterior.

(31)

La duración de la autorización se corresponderá con el programa operativo propuesto por la empresa o, cuando la empresa autorizada también sea titular de concesión con arreglo al artículo 18 de la Ley 84/1994 (véase el punto 2.1.5 más adelante), será idéntica a la duración de la concesión. La autorización puede renovarse en relación con los nuevos programas operativos o tras la renovación de la concesión.

(32)

La AdSP, después de consultar con el comité consultivo local, determinará el número máximo de autorizaciones que se emitirán, teniendo en cuenta los requisitos de funcionamiento y el tráfico del puerto, garantizando en cualquier caso un nivel máximo de competencia en el sector.

(33)

Las AdSP adjudican concesiones para terrenos y muelles dentro de la zona portuaria a las empresas mencionadas en el artículo 16 de la Ley 84/1994 para el desarrollo de las operaciones portuarias.

(34)

Las concesiones se adjudican sobre la base de formas adecuadas de publicidad establecidas por decreto del ministro de Transportes y Navegación, en cooperación con el ministro de Finanzas. Dicho decreto indica también:

(35)

Para adjudicar las concesiones, los solicitantes deben:

(36)

En cada puerto, el concesionario de un terreno estatal debe desarrollar directamente la actividad para la cual ha obtenido la concesión. El concesionario no puede ser al mismo tiempo concesionario de otro terreno estatal en el mismo puerto, a menos que la actividad para la que necesita una nueva concesión sea diferente a la correspondiente a las concesiones ya existentes en el mismo terreno estatal, y no puede desarrollar actividades portuarias en lugares distintos a los que se le hayan asignado en régimen de concesión.

(37)

Las AdSP tienen la obligación de llevar a cabo inspecciones anuales para verificar el cumplimiento de los requisitos en el momento en que se otorga la concesión y la ejecución de las inversiones previstas en el plan de actividades.

(38)

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario y de los objetivos indicados en el plan de actividades, la AdSP revoca la concesión.

(39)

El impuesto sobre la renta italiano se regula en el Decreto presidencial n.o o917 de 22 de diciembre de 1986: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Ley del impuesto sobre la renta, «TUIR») (7). El título II de la TUIR establece las normas relativas al impuesto sobre la renta de las sociedades.

(40)

Los elementos principales del impuesto sobre sociedades italiano (Imposta sul reddito sulle società,«IRES») se esbozan a continuación (8).

(41)

De conformidad con el artículo 73, apartado 1, de la TUIR, se somete al impuesto sobre sociedades a los siguientes sujetos:

(42)

El artículo 74 de la TUIR introduce disposiciones especiales para el Estado y los organismos públicos y define las actividades que no constituyen actividades comerciales.

(43)

De acuerdo con el artículo 74, apartado 1, de la TUIR, los organismos y las administraciones del Estado, incluidos aquellos de administración autónoma y, si están dotados de personalidad jurídica, los municipios, los consorcios de organismos locales, las asociaciones y los organismos que administran propiedades colectivas, las comunidades de montaña, las provincias y las regiones no están sujetos al impuesto sobre sociedades. De acuerdo con el artículo 74, apartado 2, de la TUIR, el ejercicio de funciones estatales por parte de organismos públicos no constituye una actividad comercial.

(44)

La renta total obtenida por las empresas que realizan actividades comerciales se considera renta empresarial y está sujeta al IRES (artículo 81 de la TUIR). La base imponible es la renta total que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias elaborada para el ejercicio fiscal en cuestión según las normas del Derecho de sociedades y ajustada de acuerdo con las disposiciones del Derecho tributario en materia de renta empresarial.

(45)

A efectos del impuesto sobre sociedades, el tratamiento de las rentas procedentes de bienes inmuebles depende del tipo de bien inmueble. Si el bien inmueble se utiliza efectiva y exclusivamente para desarrollar una actividad comercial (o, debido a sus características, solo se puede utilizar para desarrollar una actividad comercial), la renta derivada del bien inmueble se considera renta empresarial. Por lo tanto, dicha renta se incluye en la renta imponible de la sociedad.

(46)

A efectos del impuesto sobre sociedades, el período impositivo corresponde al ejercicio fiscal de la sociedad, determinado por la ley o los estatutos. Si la ley o los estatutos no determinan la duración del ejercicio fiscal, o si es superior a dos años, el período impositivo es el año civil (artículo 76 de la TUIR).

(47)

El tipo del IRES es del 24 % (artículo 77 de la TUIR) (11).

(48)

En virtud del artículo 1, apartado 716, de la Ley n.o 160 de 27 de diciembre de 2019, el tipo del IRES se incrementó en 3,5 puntos porcentuales en lo que respecta a la renta procedente de actividades realizadas sobre la base de autorizaciones y concesiones portuarias emitidas con arreglo a los artículos 16 y 18 de la Ley 84/1994 (12). Se trata de una medida temporal que debería aplicarse únicamente a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.

(49)

En Italia, las AdSP no están sujetas al impuesto sobre sociedades (IRES). La exención del impuesto sobre sociedades para las AdSP en Italia es la medida objeto de la presente Decisión. Esta exención se basa en particular en el artículo 74 de la TUIR, tal y como lo interpretan y aplican por las autoridades italianas.

(50)

De acuerdo con el artículo 74 de la TUIR, los organismos y las administraciones del Estado, incluidos aquellos de administración autónoma y, si están dotados de personalidad jurídica, los municipios, los consorcios de organismos locales, las asociaciones y los organismos que administran propiedades colectivas, las comunidades de montaña, las provincias y las regiones no están sujetos al impuesto sobre sociedades.

(51)

Según las autoridades italianas, las AdSP son organismos públicos encargados exclusivamente de funciones administrativas y, por lo tanto, entran en el ámbito de aplicación del artículo 74 de la TUIR. De acuerdo con ellas, el artículo 73 de la TUIR presupondría, por el contrario, que la entidad interesada desarrolla actividades comerciales, aunque sea como actividad secundaria, y, por lo tanto, no sería aplicable a las AdSP.

(52)

Los artículos 73 y 74, tal y como los interpretan y aplican las autoridades italianas, crean una situación en la que las AdSP italianas están exentas del impuesto sobre sociedades, también en lo que respecta a las rentas procedentes de la explotación de las infraestructuras portuarias.

(53)

El 8 de enero de 2019, la Comisión propuso las medidas oportunas con arreglo al artículo 22 del Reglamento de procedimiento e invitó a Italia a adoptar medidas que garantizaran que las AdSP que realizan una actividad económica se sometan al impuesto sobre sociedades al igual que las demás empresas. No obstante, mediante carta de 7 de marzo de 2019, Italia rechazó formalmente la propuesta de la Comisión y se negó a adoptar medidas destinadas a garantizar que las AdSP que realizan actividades económicas se sometan al impuesto sobre sociedades al igual que las demás empresas.

(54)

Al seguir considerando la Comisión que la exención del impuesto sobre sociedades de la que se benefician las AdSP que ejercen actividades económicas constituía un régimen de ayudas estatales existente y manifestando dudas sobre la compatibilidad de dicho régimen de ayudas con el mercado interior, decidió incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado, en aplicación del artículo 23, apartado 2, del Reglamento de procedimiento. En la presente Decisión, la Comisión ha concluido provisionalmente que la exención del impuesto sobre sociedades de la que se benefician las AdSP constituye una ayuda estatal existente según lo previsto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, y que no se puede considerar compatible con el mercado interior.

(55)

Italia y otras partes interesadas alegan que, en ausencia de una normativa de la Unión en materia de puertos y en ausencia de un concepto común de autoridades portuarias en el Derecho de la Unión, corresponde a los Estados miembros definir y regular la naturaleza y las funciones de los organismos de gestión de los puertos, como pone de manifiesto el Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo (13).

(56)

Consideran que la aplicación a Italia de los principios establecidos en decisiones adoptadas por la Comisión en casos específicos en otros Estados miembros no es razonable. En su opinión, la situación de Italia no es comparable a la de otros Estados miembros (14).

(57)

Según afirma Italia y según la mayor parte de las observaciones comunicadas por las partes interesadas, las AdSP no son empresas y no realizan actividades económicas (15). De acuerdo con el sistema jurídico italiano, las AdSP son organismos públicos no económicos de importancia nacional con autonomía administrativa, organizativa, reglamentaria, presupuestaria y financiera.

(58)

Las AdSP son supervisadas por el Ministerio de Infraestructuras y Transportes y sus informes de gestión financiera se someten al control del Tribunal de Cuentas, como sucede para todos los organismos que pertenecen a la administración pública. Están incluidas en la lista redactada por el Instituto de Estadística italiano utilizada para determinar las cuentas financieras consolidadas del Estado. Por lo tanto, las AdSP no son solamente de propiedad pública, sino que son a todos los efectos organismos públicos no económicos (16).

(59)

Italia y la mayoría de las partes interesadas observan que las AdSP, como tales, no realizan servicios portuarios o servicios técnico-náuticos (17). Los poderes normativos relativos a los servicios técnico-náuticos de pilotaje, remolque, amarre y gabarraje son competencia de la autoridad marítima, que es una estructura descentralizada del Ministerio de Infraestructuras y Transportes. Las normas para la adjudicación de dichos servicios se establecen en el Código de Navegación italiano y en los reglamentos de ejecución pertinentes. Además, otras actividades, como en el repostaje y la recogida de residuos, no son realizadas directamente por las AdSP.

(60)

Según las autoridades italianas y la mayoría de las partes interesadas, las AdSP garantizan, en aras del interés público, un acceso no discriminatorio a los mercados de los servicios portuarios en condiciones de libre competencia y garantizan que la propiedad pública sea administrada con total transparencia e imparcialidad (18). Las competencias de las AdSP se definen en la Ley 84/1994 y se guían por el interés público por el buen funcionamiento de las zonas portuarias.

(61)

Italia y otras partes interesadas consideran que la adjudicación de concesiones portuarias por parte de las AdSP es una actividad de regulación destinada a realizar una asignación más productiva de las infraestructuras portuarias en interés de la comunidad portuaria y los usuarios del puerto. Las AdSP garantizan que las concesiones para el uso de las zonas portuarias de propiedad pública se adjudiquen para mejorar la gestión del puerto y todas las actividades relacionadas con este. La adjudicación de las concesiones no se realiza de ningún modo con ánimo de lucro y no se desarrolla en el marco de un mercado competitivo (19).

(62)

Italia y las demás partes interesadas indican que los concesionarios se seleccionan a través de procedimientos transparentes y no discriminatorios (20). La selección no depende necesariamente de las perspectivas más elevadas de rentabilidad en forma de una mayor remuneración por la ocupación del terreno. El objetivo consiste más bien en maximizar la utilidad y el valor de las zonas portuarias en aras del interés público.

(63)

Italia y otras partes interesadas consideran que los cánones relativos a la adjudicación de las concesiones y autorizaciones por parte de las AdSP a empresas privadas para el uso comercial de las infraestructuras portuarias básicas y la prestación de servicios no constituye una remuneración por un servicio prestado o un bien ofrecido. En su opinión, dichos servicios no se pueden considerar actividades económicas (21).

(64)

Las AdSP adjudican las concesiones sobre la base de procedimientos transparentes, competitivos y no discriminatorios. El procedimiento de adjudicación que conduce a la selección del concesionario es completamente independiente del importe del canon. Las AdSP tienen la obligación de supervisar al concesionario y de verificar que respete las condiciones de la concesión. Llevan a cabo controles de conformidad y disponen de facultades sancionadoras específicas sobre el concesionario, por ejemplo, la facultad de revocar la concesión en caso de incumplimiento de las obligaciones. Las AdSP no tienen relaciones contractuales directas con los propietarios y operadores de los buques; dichas relaciones corresponden solo a los concesionarios.

(65)

Según las observaciones transmitidas por Italia y otras partes interesadas, existe una diferencia importante entre la asignación de propiedades estatales a los concesionarios (como en el caso italiano) y el arrendamiento de dichas propiedades (22). Los derechos conferidos por las AdSP a los concesionarios son menos importantes que los de un arrendatario típico en una relación de arrendamiento en el marco de los modelos tradicionales de autoridad portuaria propietaria (landlord port authority), como demuestran las siguientes particularidades del sistema italiano:

(66)

Por consiguiente, según Italia y diversas partes interesadas, los cánones de concesión abonados por los concesionarios a las AdSP no corresponden ni a alquileres ni a precios de mercado, ya que no existe ningún margen de apreciación entre las partes negociadoras. Los cánones se establecen por ley y tienen las características de impuestos pagados por el concesionario al Estado a través de la AdSP a cambio de acceso al mercado de las actividades económicas portuarias, en particular para ejecutar operaciones y servicios utilizando la propiedad pública (23).

(67)

De ello se desprende que las AdSP no ejercen ninguna actividad económica, ya que no pueden intervenir en el elemento principal de ninguna operación económica realizada en condiciones de mercado, es decir, el precio del servicio (24).

(68)

Algunas de las partes interesadas (25) observan que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, no hay actividad económica si los métodos específicos de oferta de determinados bienes o servicios los establece directamente la ley y, por lo tanto, no se basan en evaluaciones económicas efectuadas por los licitadores (26). La presencia de un canon comercial fijado directamente por la empresa que gestiona la infraestructura constituiría una condición para su clasificación como empresa (27).

(69)

Italia y algunas de las partes interesadas observan que las actividades desarrolladas por las AdSP con respecto a la gestión de la propiedad portuaria no tienen incidencia en la propiedad pública. Esto significa que, aunque algunos elementos de las actividades de las AdSP sean de naturaleza económica, no se puede concluir que las AdSP sean empresas (28). Según Italia, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo descarta que los organismos establecidos y regulados para realizar funciones y actividades públicas y no económicas, pero que al mismo tiempo realizan determinadas actividades económicas, se clasifiquen como empresas (29).

(70)

Italia admite que los cánones pagados por los concesionarios incluyen un componente económico. Los cánones se fijan sobre la base de criterios establecidos a escala nacional. No obstante, también tienen en cuenta los compromisos asumidos por el concesionario en cuanto a volumen de mercancías, tipo de inversiones y volumen del tráfico. Por lo tanto, el canon de base puede reducirse, por ejemplo, si los concesionarios realizan inversiones por grandes obras de infraestructura o llevan a cabo labores de mantenimiento extraordinario de los bienes públicos que pertenecen a la jurisdicción de las AdSP.

(71)

En resumen, según las autoridades italianas, los cánones de concesión están constituidos por un componente fijo y un componente variable. El componente fijo es proporcional a la superficie de las zonas en cuestión y tiene en cuenta otros parámetros (ubicación y nivel de las infraestructuras de las zonas en cuestión). El componente variable se calcula sobre la base de mecanismos de incentivación para lograr una mayor productividad, mejores prestaciones energéticas y ambientales y mejores niveles de servicios, en particular en lo que respecta a los transportes y a la integración intermodal de los puertos. Los parámetros de incentivación utilizados en el componente variable de los cánones de concesión suelen tener en cuenta el volumen del tráfico, ya sea en términos de buques o de cantidades y tipos de mercancías, y el desarrollo de indicadores específicos de calidad del mercado y del servicio (tiempo medio de almacenamiento de las mercancías en las zonas de almacenamiento, nivel de eficiencia de las operaciones de cambio modal, nivel de eficiencia energética y ambiental de todo el ciclo portuario y nivel de productividad por unidad de superficie de la zona portuaria objeto de la concesión).

(72)

Por lo tanto, el canon de concesión (componente fijo y variable) cubre, por un lado, el componente de remuneración de la gestión portuaria y el uso de los bienes portuarios como infraestructura básica, de naturaleza no económica, y, por otro, la explotación y el uso de las propiedades públicas que permiten a los concesionarios desarrollar sus actividades.

(73)

Italia considera que el Reglamento (UE) 2017/352 confirma indirectamente la distinción entre la parte no económica (componente fijo) y la parte económica (componente variable) del canon de concesión. El Reglamento establece que los derechos de uso de la infraestructura portuaria pueden diferenciarse en función de la estrategia económica del puerto y la política de ordenación del territorio del puerto para promover un uso más eficiente de la infraestructura portuaria (30).

(74)

Asimismo, Italia considera que, al evaluar la naturaleza de los cánones de concesión, deben tenerse en cuenta las actividades realizadas por las AdSP como organismos públicos que gestionan propiedades públicas. La jurisprudencia indica que, en la medida en que un organismo público realice una actividad económica que pueda disociarse del ejercicio de sus poderes públicos, actúa como una empresa en lo que respecta a dicha actividad. No obstante, cuando dicha actividad económica sea indisociable del ejercicio de sus poderes públicos, las actividades realizadas por dicho organismo siguen, en conjunto, conectadas al ejercicio de dichos poderes (31).

(75)

En el caso de las AdSP, las actividades que puedan tener importancia económica en la gestión de la propiedad portuaria y que puedan ser pertinentes para la determinación del canon de concesión son, en cualquier caso, indisociables de las actividades públicas asignadas por la ley a las AdSP, como el control y la gestión de las propiedades portuarias y la planificación de todas las actividades mediante el uso de las zonas portuarias. Por lo tanto, los cánones de concesión cobrados por las AdSP no deben considerarse renta empresarial.

(76)

Italia reconoce que el componente variable del canon de concesión es de naturaleza económica, y que esto, en teoría, justificaría su inclusión en la base imponible para una posible imposición de la renta de una empresa.

(77)

No obstante, en su opinión, los parámetros de incentivación del componente variable de los cánones de concesión tienen el efecto de reducir progresivamente los importes resultantes del canon cuando los concesionarios alcanzan los objetivos económicos. Según Italia, esto da lugar a una reducción global del canon de concesión en sí. Por consiguiente, los ingresos de las AdSP están constituidos completamente o casi completamente por el componente fijo, que se limita a remunerar las actividades de gestión y de regulación de las AdSP. Por lo tanto, según Italia, las AdSP no realizan ninguna actividad económica.

(78)

De acuerdo con las observaciones realizadas por algunas de las partes interesadas, la exclusión de las AdSP de la obligación de pagar el impuesto sobre sociedades no conllevaría ninguna pérdida de ingresos fiscales, ya que las AdSP forman parte del Estado. Así pues, no existiría consumo de recursos estatales en forma de gastos fiscales o presupuestarios (32).

(79)

Algunas de las partes interesadas también observan que las cantidades pagadas por las AdSP al Estado en caso de imposición de las rentas de las AdSP desviarían recursos de las AdSP, que no estarían entonces disponibles para llevar a cabo la misión institucional de las AdSP. Así pues, el Estado se vería obligado a aumentar sus contribuciones a las AdSP.

(80)

En lo que respecta a la exención del impuesto sobre sociedades (IRES) para las AdSP, Italia y la mayoría de las partes interesadas observan que la clasificación de las AdSP en la categoría de organismos públicos no económicos en la Ley del impuesto sobre la renta (TUIR) conlleva necesariamente su exención del impuesto sobre sociedades (33). Esto no sería una excepción al sistema ni una medida específica a favor de las AdSP, ya que es perfectamente coherente con los principios del sistema tributario italiano (34).

(81)

El sistema tributario establecido en la TUIR italiana también es perfectamente coherente con la naturaleza y las funciones atribuidas a las AdSP, ya que son organismos públicos a los que se asignan únicamente funciones administrativas y, por lo tanto, están sujetos a la aplicación del artículo 74 de la TUIR. De acuerdo con ellas, el artículo 73 de la TUIR presupondría, por el contrario, que la entidad interesada desarrolla actividades comerciales, aunque sea como actividad secundaria, y, por lo tanto, no sería aplicable a las AdSP (35).

(82)

Una parte interesada considera que la medida no afecta a los intercambios comerciales ni a la competencia, ya que en Italia no hay puertos privados (36). Las AdSP no tienen que incentivar a posibles concesionarios ofreciendo cánones de concesión bajos o reducidos, ya que, en cualquier caso, la demanda de acceso a las zonas portuarias es muy superior a la oferta de zonas disponibles.

(83)

Algunas partes interesadas también observan que los puertos no compiten con otros proveedores de servicios de transporte, ya que las diferentes infraestructuras de transporte dan servicio a diferentes mercados de bienes y de tráfico y no son reemplazables.

(84)

De conformidad con el artículo 107, apartado 1, del Tratado, se consideran ayudas estatales las otorgadas por un Estado miembro o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, y que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

(85)

Según la jurisprudencia, el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación (37). El hecho de que una entidad no tenga ánimo de lucro no es determinante para establecer si se trata de una empresa o no (38). El hecho de que sea propiedad pública tampoco es determinante.

(86)

Según precisan los órganos jurisdiccionales de la Unión, constituye una actividad económica cualquier actividad que consista en ofrecer bienes y servicios en un mercado determinado, es decir, servicios que normalmente se prestan a cambio de una remuneración. El tribunal ha establecido que característica esencial de la retribución reside en el hecho de que constituye la contrapartida económica de la prestación considerada (39). También las entidades sin ánimo de lucro pueden ofrecer bienes y servicios en un mercado (40).

(87)

En lo que respecta a la construcción y explotación de infraestructuras públicas, los órganos jurisdiccionales de la Unión han aclarado que es el uso futuro de las infraestructuras, es decir, su posible explotación económica, el que determina si la financiación de la construcción de dichas infraestructuras corresponde o no al ámbito de aplicación de las normas de la Unión en materia de ayudas estatales (41). Se reconoce que la explotación comercial y la construcción de infraestructuras portuarias o aeroportuarias para dicha explotación comercial constituyen una actividad económica (42).

(88)

De acuerdo con esta jurisprudencia, la Comisión concluyó en una serie de decisiones que la construcción y la explotación comercial de infraestructuras portuarias constituye una actividad económica (43). Por ejemplo, la explotación comercial de una terminal portuaria o aeroportuaria que se pone a disposición de los usuarios a cambio del pago de un canon constituye una actividad económica (44). Por lo tanto, la financiación pública de una infraestructura portuaria favorece una actividad económica y está, en principio, sujeta a las normas sobre ayudas estatales (45).

(89)

En cambio, las inversiones para las infraestructuras necesarias para el desarrollo de actividades que son responsabilidad del Estado en el ejercicio de sus poderes públicos no están sujetas al control de las ayudas estatales (46). Solo las infraestructuras que forman parte de las funciones esenciales del Estado son de naturaleza no económica.

(90)

Italia y la mayoría de las partes interesadas afirman que las AdSP son organismos públicos no económicos de importancia nacional con autonomía administrativa, organizativa, reguladora, presupuestaria y financiera. En su opinión, las AdSP no realizan actividades económicas y no son empresas.

(91)

La Comisión considera que la clasificación de las AdSP como organismos públicos no económicos en virtud de la legislación italiana no es suficiente para concluir que no son empresas. Para determinar si las actividades realizadas por las AdSP son las de una empresa en el sentido del Tratado, es necesario establecer la naturaleza de sus actividades (47).

(92)

Sobre la base de la descripción de las actividades de las AdSP (véanse las secciones 2.1.2 a 2.1.5), la Comisión considera que la concesión de acceso a los puertos a cambio de una remuneración (derechos de anclaje e impuestos sobre las mercancías descargadas y cargadas), la emisión de autorizaciones a cambio de una remuneración para realizar operaciones portuarias y la adjudicación de concesiones a cambio de una remuneración constituyen actividades económicas. Por lo tanto, la Comisión concluye que las AdSP realizan actividades tanto económicas como no económicas.

(93)

La Comisión no discute que a las AdSP se les pueda delegar el ejercicio de determinados poderes públicos de naturaleza no económica (como el control y la seguridad del tráfico marítimo o la vigilancia anticontaminación, llevadas a cabo de forma independiente o junto con otros organismos públicos como la autoridad marítima) (48). En lo que respecta al desarrollo de tales actividades, no son empresas en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado.

(94)

No obstante, el hecho de que cuando las AdSP realizan algunas de sus actividades ejerzan poderes de autoridad pública no impide, de por sí, que se las clasifique como empresas (49).

(95)

Las AdSP también llevan a cabo actividades económicas. Prestan un servicio general a los usuarios de los puertos (propietarios y operadores de los buques) dando acceso a los buques a las infraestructuras portuarias a cambio de una remuneración que comúnmente se denomina «cánones portuarios» (a saber, impuestos sobre las mercancías descargadas y cargadas y derechos de anclaje). Otorgando autorizaciones y concesiones a cambio de una remuneración, ponen determinadas infraestructuras o terrenos a disposición de las empresas que utilizan esas zonas para sus propios fines o para prestar servicios a los propietarios y operadores de buques.

(96)

Italia y otras partes interesadas afirman que las AdSP no tienen relaciones contractuales directas con los propietarios y operadores de los buques (solo las tienen los concesionarios). No obstante, la Comisión opina que el hecho de que los concesionarios utilicen determinados terrenos e infraestructuras de los puertos para ofrecer servicios a los propietarios y operadores de los buques no excluye que determinadas actividades realizadas por las AdSP, como alquilar los terrenos y las infraestructuras de los puertos a dichas empresas terceras, también sean de naturaleza económica (50).

(97)

Esta posición es coherente con la posición adoptada por la Comisión en varios casos de ayudas estatales a las AdSP italianas (51). Además, en los casos relativos a la exención del impuesto sobre sociedades para los puertos de Bélgica y Francia, la Comisión también aclaró que el alquiler de propiedad pública a cambio de una remuneración constituye una actividad económica (52). El Tribunal General confirmó esta posición (53).

(98)

En resumen, una AdSP se considerará una empresa en caso de, y en la medida en, que realice efectivamente una o varias actividades económicas (54). Las AdSP conceden acceso a las infraestructuras portuarias a los propietarios y operadores de los buques a cambio de una remuneración (a saber, impuestos sobre mercancías descargadas y cargadas y derechos de anclaje). Otorgan autorizaciones para operaciones portuarias a cambio de una remuneración (cánones de autorización), y alquilan propiedades públicas a cambio de una remuneración (cánones de concesión). Estas actividades se clasifican como actividades económicas. Por lo tanto, la Comisión considera que las AdSP son empresas en lo que respecta a las actividades económicas que realizan.

(99)

Italia y varias partes interesadas afirman que las AdSP no persiguen una lógica comercial y no buscan maximizar sus beneficios. A este respecto, la Comisión desea hacer hincapié en que el hecho de que los bienes o servicios se ofrezcan sin ánimo de lucro no impide que la entidad que lleva a cabo dichas operaciones en el mercado sea clasificada como empresa (55).

(100)

La Comisión señala que ni Italia ni las partes interesadas afirman que los cánones cobrados por las AdSP sean meramente simbólicos o no estén relacionados con el coste de los servicios prestados. Asimismo, la Comisión observa que los cánones portuarios (a saber, impuestos sobre las mercancías descargadas y cargadas y derechos de anclaje) y los cánones de autorización y concesión constituyen la mayor parte de los ingresos de las AdSP. De acuerdo con un informe del Ministerio de Infraestructuras y Transportes italiano, en 2017 los cánones portuarios (impuestos sobre las mercancías descargadas y cargadas y derechos de anclaje) y los cánones de concesión representaron el 53,2 % y el 27,1 % de los ingresos de las AdSP, respectivamente (56).

(101)

Italia y varias partes interesadas sostienen que los cánones de las concesiones y autorizaciones otorgadas por las AdSP a las empresas privadas para el uso comercial de las infraestructuras básicas del puerto y la realización de operaciones y servicios portuarios no constituyen una remuneración por un servicio prestado o un bien ofrecido (véase el punto 3.2.3).

(102)

Italia afirma que los cánones de concesión se establecen por ley. Por lo tanto, las AdSP no realizarían actividades económicas, porque no pueden incidir en el elemento principal de ninguna operación económica llevada a cabo en condiciones de mercado, es decir, el precio del servicio.

(103)

En primer lugar, la Comisión desea recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia, los servicios que se pueden clasificar como actividades económicas son los que normalmente se prestan a cambio de una remuneración. La característica esencial de la remuneración reside en el hecho de que constituye la contrapartida económica de la prestación considerada (57). Por consiguiente, la existencia de remuneración constituye un factor determinante para establecer la existencia de una actividad económica (58).

(104)

La prestación de servicios a cambio de una remuneración establecida por ley no es, de por sí, suficiente para impedir que la actividad en cuestión se clasifique como actividad económica (59).

(105)

Por lo tanto, la Comisión considera que alegar que los cánones de concesión se establecen por ley no es suficiente para concluir que las AdSP no llevan a cabo actividades económicas. La Comisión también señala que la ley únicamente establece cánones mínimos para las concesiones, dejando a las AdSP un margen de maniobra para incidir en los cánones conforme a sus estrategias comerciales. En cualquier caso, aunque fuera cierto que los cánones de concesión se establecen por ley, sería irrelevante, ya que las AdSP ponen determinadas infraestructuras o terrenos a disposición de las empresas a cambio de una remuneración, lo cual se considera una actividad económica.

(106)

Por consiguiente, la Comisión concluye que otorgar concesiones a cambio de una remuneración debería considerarse una actividad económica.

(107)

La Comisión señala que el hecho de que los cánones se fijen por ley no excluye que los cánones se fijen, al menos parcialmente, sobre la base de una lógica económica. En el caso en cuestión, antes de fijar a escala nacional los cánones de las concesiones y autorizaciones para las operaciones portuarias, se consulta a numerosas partes interesadas públicas y privadas (autoridades nacionales y regionales, AdSP y otros organismos públicos, empresas que realizan operaciones y servicios portuarios y sindicatos). Esto también es válido para los cánones portuarios (impuestos sobre mercancías cargadas y descargadas y derechos de anclaje).

(108)

La Comisión considera que la exención al impuesto sobre sociedades concedida a las AdSP permite a las AdSP aplicar cánones más bajos. El nivel de los cánones es un elemento importante de la política comercial implantada por los puertos para animar a los propietarios y operadores de los buques a utilizar las infraestructuras del puerto y a las sociedades a establecerse en ellas para desarrollar sus actividades de producción o de servicio (60).

(109)

Además, en caso de concesión, solo una parte del canon de concesión (canon mínimo) se fija a escala nacional. Esta parte del canon es el componente fijo del canon de concesión. El componente variable del canon de concesión permite a las AdSP perseguir sus propias estrategias empresariales de acuerdo con las circunstancias específicas del mercado.

(110)

De hecho, los cánones de concesión están formados por un componente fijo y otro variable. El componente fijo suele ser proporcional a la superficie de las zonas incluidas en la concesión y tiene en cuenta otros diversos parámetros (ubicación, nivel de las infraestructuras de las zonas en cuestión, etc.). El componente variable incluye mecanismos de incentivación económica para lograr una mayor productividad, un mejor rendimiento energético y ambiental y mejores niveles de servicio, en particular en lo que respecta al transporte y la integración intermodal de los puertos.

(111)

Italia reconoce que el componente variable de los cánones de concesión es de naturaleza económica y, por lo tanto, estaría justificado incluirlo en la base imponible para un posible impuesto sobre la renta de las AdSP. No obstante, al cumplir los concesionarios los objetivos económicos establecidos, el importe correspondiente del canon se reduciría progresivamente y daría lugar a una reducción del canon de concesión global. En consecuencia, según las autoridades italianas, los ingresos de las AdSP procedentes de las concesiones, en la práctica, están casi completamente constituidos por el componente fijo, que se limita a remunerar las actividades de gestión y regulación de las AdSP. Dado que Italia considera que el componente fijo de los cánones de concesión es una remuneración por actividades no económicas, concluye que las AdSP no realizan ninguna actividad económica.

(112)

No obstante, la Comisión señala que ni Italia ni ninguna de las partes interesadas ha presentado prueba alguna que respalde su afirmación de que el componente variable del canon comporta una reducción del canon de concesión global.

(113)

Un aspecto aún más importante es que no se discute el hecho de que los cánones de concesión se fijan de tal modo que reflejan el valor del servicio prestado (alcance, ubicación y nivel de las infraestructuras). Tampoco se puede decir que los cánones de concesión sean meramente simbólicos.

(114)

Por lo tanto, la Comisión concluye que el hecho de que el componente variable de los cánones de concesión pueda reducir los ingresos globales procedentes de los cánones de concesión cuando los concesionarios alcanzan los objetivos económicos del contrato de concesión no es suficiente para excluir que las AdSP realizan actividades económicas. Asimismo, la Comisión considera que el hecho de que los ingresos procedentes de los cánones de concesión también puedan financiar determinadas actividades no económicas no cambia el hecho de que los cánones se reciben a cambio de un servicio, a saber, el acceso a las infraestructuras portuarias (61).

(115)

Italia y otras diversas partes interesadas también alegan que los cánones cobrados por las AdSP tienen las características de un impuesto pagado por el concesionario al Estado a través de las AdSP.

(116)

La Comisión opina que este argumento no es pertinente para determinar si las AdSP realizan una actividad económica, ya que su carácter nacional, de por sí, no se puede utilizar para eludir la aplicación de normas comunes de la Unión. Los servicios que se pueden caracterizar como actividades económicas son los que normalmente se prestan a cambio de una remuneración (62). Los cánones recibidos por las AdSP constituyen una remuneración pagada por los usuarios a cambio de la prestación de servicios específicos. Como el Tribunal General ya señaló en el caso de los puertos españoles, en el que los puertos también alegaron que los derechos portuarios son impuestos, los cánones portuarios son cánones cobrados por el uso de las infraestructuras portuarias (63).

(117)

Italia opina que las actividades económicas llevadas a cabo por las AdSP en la gestión de los puertos son marginales y no son suficientes para considerar que las AdSP son empresas. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia excluye que los organismos establecidos y regulados para llevar a cabo funciones y actividades públicas y no económicas, pero que al mismo tiempo realizan determinadas actividades económicas, sean clasificados como empresas (64).

(118)

Italia también considera que las actividades que puedan tener importancia económica para la gestión de las propiedades portuarias y que puedan ser pertinentes para determinar los cánones de concesión son indisociables de las actividades públicas asignadas por ley a las AdSP, como el control y la gestión de las propiedades portuarias. Por consiguiente, según Italia, los cánones cobrados por las AdSP no deberían considerarse renta empresarial.

(119)

La Comisión desea recordar que el hecho de que una entidad disfrute, en el ejercicio de parte de sus actividades, de poderes públicos, no impide, de por sí, que se la clasifique como empresa a efectos de la legislación sobre competencia de la Unión para sus demás actividades económicas (65).

(120)

De acuerdo con la jurisprudencia, en la medida en que una entidad pública realice una actividad económica que pueda disociarse del ejercicio de sus poderes públicos, dicha entidad, en lo que respecta a esa actividad, actúa como empresa. Por otra parte, si dicha actividad económica es indisociable del ejercicio de sus poderes públicos, todas las actividades llevadas a cabo por esa entidad siguen siendo actividades relacionadas con el ejercicio de dichos poderes públicos (66).

(121)

La Comisión señala que ni Italia ni ninguna de las partes interesadas han presentado pruebas que demuestren que las actividades económicas realizadas por los puertos sean indisociables de sus poderes públicos. El mero hecho de que pueda existir un vínculo económico entre dichas actividades, porque las actividades económicas de los puertos permitan financiar, en su totalidad o en parte, sus actividades no económicas, no es suficiente para establecer que dichas actividades sean indisociables con arreglo a la jurisprudencia (67).

(122)

La Comisión señala asimismo que, en el presente caso, las actividades no económicas de interés general de las AdSP no convierten en obligatorias sus actividades económicas y que, en su ausencia, dichas actividades no económicas no quedan necesariamente privadas de su utilidad (68).

(123)

La Comisión señala asimismo que ni Italia ni las partes interesadas han demostrado que las actividades económicas de los puertos sean accesorias a sus actividades no económicas realizadas/ejercidas en aras del interés público (69). Por el contrario, los cánones portuarios (a saber, los impuestos sobre las mercancías descargadas y cargadas y los derechos de anclaje) y los cánones de concesión representan la mayor parte de los ingresos de explotación de las AdSP, ya que las actividades relacionadas constituyen la actividad principal de las AdSP (70).

(124)

Por lo tanto, la Comisión concluye que las actividades económicas de las AdSP no son indisociables de sus actividades no económicas realizadas/ejercidas en aras del interés público, conforme a la jurisprudencia (71). En consecuencia, la Comisión opina que las AdSP se deberían considerar empresas en caso de, y en la medida en, que realicen efectivamente una o varias actividades económicas (72).

(125)

Italia y varias partes interesadas sostienen que las AdSP no tienen competencia y que no existe un mercado en el que operan. En ausencia de un mercado en el que ofrecer sus servicios, las AdSP no pueden considerarse empresas. Algunas de las partes interesadas también indican que la gestión de los puertos es diferente a la gestión de los aeropuertos.

(126)

A este respecto, la Comisión señala que una entidad que disfruta de un monopolio legal puede ofrecer fácilmente bienes y servicios en un mercado y, por lo tanto, ser una empresa con arreglo al artículo 107 del Tratado. El concepto de actividad económica es un concepto objetivo, que se deriva de los hechos, en particular de la existencia de un mercado para los servicios en cuestión (73).

(127)

La Comisión también recuerda que los órganos jurisdiccionales de la Unión sostuvieron que la provisión de instalaciones aeroportuarias a las aerolíneas, sujeta al pago de un canon, constituye una actividad económica (74). La Comisión considera que no existe una diferencia fundamental entre otorgar acceso a las infraestructuras aeroportuarias a cambio de derechos aeroportuarios y otorgar acceso a las infraestructuras portuarias a cambio de derechos portuarios (75), sobre todo porque los aeropuertos también tienen un monopolio legal similar a aquel del que disfrutan las AdSP italianas. Las AdSP gestionan las infraestructuras portuarias cuando dan acceso a estas infraestructuras a los propietarios y operadores de los buques o las alquilan a cambio de una remuneración (76).

(128)

Por consiguiente, la Comisión concluye que los argumentos presentados por Italia y algunas de las partes interesadas no son suficientes para considerar que las actividades realizadas por las AdSP no son de naturaleza económica.

(129)

A la luz de lo anterior, la Comisión concluye que las AdSP realizan actividades económicas y, en relación con dichas actividades, se consideran empresas con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado.

(130)

Para que una medida se considere ayuda estatal, el artículo 107, apartado 1, del Tratado exige que sea otorgada por un Estado miembro o mediante recursos estatales bajo cualquier forma. En el presente caso, la exención del impuesto sobre sociedades se basa en particular en el artículo 74 de la TUIR, tal y como lo interpretan y aplican las autoridades italianas (véanse los considerandos 50, 51 y 52). De acuerdo con el artículo 74 de la TUIR, los organismos y administraciones del Estado y otros organismos territoriales tales como las regiones y los municipios no están sujetos al impuesto sobre sociedades. Según las autoridades italianas, las AdSP son organismos públicos encargados exclusivamente de funciones administrativas y, por lo tanto, entran en el ámbito de aplicación del artículo 74 de la TUIR. Por consiguiente, la medida es imputable al Estado.

(131)

Además, una pérdida de ingresos fiscales equivale al consumo de recursos estatales en forma de gastos fiscales.

(132)

De hecho, como sostienen los órganos jurisdiccionales de la Unión, una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden a determinadas empresas una exención tributaria que, aunque no implique una transferencia de fondos estatales coloque a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que a los restantes contribuyentes, constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado (77).

(133)

Por consiguiente, al eximir a las AdSP que ejercen una actividad económica del impuesto sobre sociedades, las autoridades italianas renuncian a ingresos que constituyen recursos estatales. Así pues, la Comisión opina que la medida en cuestión comporta una pérdida de recursos estatales y, por lo tanto, se concede a través de recursos estatales.

(134)

En lo que respecta al argumento presentado por algunas partes interesadas de que la exclusión de las AdSP de la obligación de pagar el impuesto sobre sociedades no conllevaría la pérdida de ingresos fiscales, dado que las AdSP forman parte del Estado, se recuerda que el ordenamiento jurídico de la Unión es neutral en lo que respecta al régimen de la propiedad (78) y no perjudica de ningún modo al derecho de los Estados miembros de actuar como operadores económicos. Al mismo tiempo, cuando las autoridades públicas realizan, de forma directa o indirecta, operaciones económicas de cualquier forma, están sujetas a las normas de la Unión en materia de ayudas estatales (79). De acuerdo con una jurisprudencia reiterada, procede establecer, por tanto, una distinción entre las obligaciones que el Estado asume por su condición de propietario de una sociedad y las obligaciones que pueden corresponderle como poder público (80). Esto significa que los ingresos que el Estado puede obtener de la propiedad de una sociedad pública no se pueden tener en cuenta a la hora de evaluar si una ventaja fiscal concedida a dicha empresa afecta a los recursos estatales. Además, ni Italia ni ninguna parte interesada ha presentado ningún argumento para demostrar que la ventaja fiscal relacionada con la exención de las AdSP del impuesto sobre sociedades se limitaría al importe necesario para financiar las tareas institucionales de las AdSP.

(135)

Para considerarse ayuda estatal, una medida también tiene que conferir una ventaja financiera al beneficiario. El concepto de ventaja comprende no solo las prestaciones positivas, sino también las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre una empresa (81).

(136)

En el marco de la presente medida, las AdSP están exentas del impuesto sobre sociedades, mientras que otras empresas están, en principio, sujetas a este. La exención fiscal reduce las cargas normalmente incluidas en los costes de explotación de una empresa que realiza actividades económicas. Proporciona a las AdSP una ventaja económica con respecto a otras empresas que no han podido beneficiarse de dicha ventaja fiscal, aun desarrollando actividades económicas. De ello se desprende que la medida implica una ventaja para las AdSP.

(137)

La Comisión señala que las autoridades italianas no afirman que a las AdSP se les asignen obligaciones de servicio público y que la exención fiscal compensaría a las AdSP por los costes en que incurran en el cumplimiento de sus obligaciones de servicio público. Además, la Comisión tampoco considera que se cumplan los criterios de la «sentencia Altmark» (82), ya que no se exige a las AdSP cumplir las obligaciones de servicio público que se han definido claramente. Asimismo, la medida en cuestión, que vincula el importe de la ayuda con el beneficio obtenido, no está relacionada con los costes netos de una tarea de servicio público, ni se limita a ellos. Tampoco deriva de un mandato asignado a los beneficiarios de la medida para llevar a cabo dicha tarea.

(138)

Por consiguiente, al eximir a las AdSP que ejercen una actividad económica del impuesto sobre sociedades, las autoridades italianas les confieren una ventaja. Así pues, la Comisión concluye que la medida en cuestión proporciona una ventaja a las AdSP.

(139)

Con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado, para considerarse ayuda, una medida debe afectar a los intercambios comerciales dentro de la Unión y falsear o amenazar falsear la competencia.

(140)

En primer lugar, la Comisión recuerda, en el contexto de la consulta pública de las partes interesadas acerca del proyecto de Reglamento del sector portuario, que todas las partes interesadas subrayaron la necesidad de disponer de condiciones estables y equitativas en materia de competencia entre los puertos de la Unión (83).

(141)

Es cierto que, en determinados Estados miembros, la gestión de las infraestructuras portuarias básicas se reserva jurídicamente a determinadas entidades. A este respecto, los operadores de los demás Estados miembros no pueden gestionar las infraestructuras portuarias básicas en estos Estados miembros, por lo que dicho mercado específico puede, al menos en cierta medida, considerarse un mercado no liberalizado o abierto a la competencia. No obstante, este mercado específico no es el único mercado en el que una ventaja conferida a las autoridades portuarias podría falsear la competencia (84).

(142)

En primer lugar, las empresas de logística y transporte que pretendan transportar bienes pueden hacerlo de diferentes formas, utilizando, por ejemplo, otros puertos (extranjeros o nacionales) gestionados por otras autoridades portuarias o incluso sin utilizar ningún puerto. Los puertos de diferentes Estados miembros pueden compartir la misma zona interior, lo que hace que las autoridades portuarias compitan para prestar servicios de transporte a los operadores dispuestos a dar servicio a dicha zona interior. Es el caso, por ejemplo, de los operadores portuarios del noroeste de Italia y del sur de Francia. Por lo tanto, los servicios ofrecidos por las AdSP (conceder acceso a los puertos) compiten, al menos en cierta medida, con los ofrecidos por otras autoridades portuarias y por otros prestadores de servicios portuarios en Italia y otros Estados miembros. De forma más general, la Comisión señala que, dado que los puertos participan en gran parte en el transporte internacional de mercancías y pasajeros, cualquier ventaja conferida a una AdSP italiana puede también, por su naturaleza, afectar a la competencia y a los intercambios comerciales dentro de la Unión.

(143)

A este respecto, el hecho de que las AdSP sean las únicas entidades habilitadas para gestionar sus propias infraestructuras portuarias (y para ofrecer acceso a las infraestructuras portuarias) no pone en duda la existencia de un mercado competitivo más amplio, en el que los servicios de transporte (el acceso a las infraestructuras portuarias) prestados por las AdSP compiten con los servicios ofrecidos por otros operadores de transporte establecidos en Italia y por otros puertos o proveedores de transporte de otros Estados miembros (85). Los usuarios de las infraestructuras portuarias son libres de utilizar otros puertos (en Italia o en el extranjero) y otras formas de transporte, para que las AdSP presten servicios en competencia con otros operadores del mercado más amplio de los servicios de transporte y en el mercado más restringido de los servicios portuarios (otros puertos de la Unión conceden acceso al mercado de la Unión y, por lo tanto, a Italia, a veces en combinación con servicios por carretera, por ferrocarril o por vías navegables) (86).

(144)

Asimismo, los concesionarios que pretendan prestar servicios portuarios pueden hacerlo en otros puertos gestionados por otras autoridades portuarias. Las AdSP compiten por atraer a estos operadores (concesionarios que llevan a cabo servicios portuarios). El nivel de los cánones cobrados por las AdSP a cambio de terrenos e infraestructuras (instalaciones portuarias) que se ponen a disposición de los concesionarios también influye en la decisión de los concesionarios de establecerse en un puerto y no en otro (87). La jurisprudencia reconoce la existencia de competencia y los efectos transfronterizos en este mercado (88).

(145)

Además, las empresas que pretenden establecerse cerca de un puerto también pueden establecerse en su exterior (y no necesariamente en terrenos que sean propiedad de las autoridades portuarias o estén gestionados por estas), por lo que las AdSP compiten con otros operadores que alquilan terrenos fuera de los puertos.

(146)

En conclusión, la Comisión considera que las AdSP pueden competir entre sí y con otros puertos de Europa y que, por lo tanto, la exención fiscal concedida a las AdSP también puede afectar a la competencia y a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.

(147)

Se considera que una medida concedida por el Estado falsea o amenaza falsear la competencia cuando puede mejorar la posición competitiva del beneficiario con respecto a otras empresas con las que compite (89). Por lo general, se considera que existe un falseamiento de la competencia en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado cuando el Estado confiere una ventaja financiera a una empresa en un sector en el que existe, o podría existir, una situación de competencia (90). El apoyo público puede falsear la competencia aunque no ayude a la empresa beneficiaria a expandirse y a aumentar su cuota de mercado. Es suficiente con que la ayuda permita a la empresa mantener una posición competitiva más fuerte que la que tendría sin la ayuda. En este contexto, para poder considerar que la ayuda falsea la competencia, normalmente, basta con que la ayuda confiera una ventaja al beneficiario, eximiéndole de gastos con los que, de lo contrario, debería haber cargado en el desarrollo de sus actividades normales (91).

(148)

Dado que la medida en cuestión constituye un régimen de ayuda aplicable a AdSP muy diferentes en cuanto a tamaño, ubicación geográfica y actividades, para establecer que la medida examinada constituye ayuda estatal no es necesario demostrar de forma individual que la medida determina para cada AdSP un falseamiento de la competencia y un efecto sobre los intercambios comerciales (92).

(149)

La exención del impuesto sobre sociedades confiere a las AdSP una ventaja que puede mejorar su posición competitiva. En particular, el precio de los servicios prestados por las AdSP (cánones de autorización y concesión, impuestos sobre las mercancías descargadas y cargadas y derechos de anclaje) es uno de los factores que influyen en la competitividad relativa de los distintos puertos de Europa (93).

(150)

Las autoridades italianas han alegado que las AdSP solamente ejercen una influencia limitada en la fijación de los cánones para sus actividades. No obstante, los criterios para determinar los cánones de autorización y concesión establecidos por decreto público solo definen el canon mínimo y, por lo tanto, dejan a las AdSP un margen de apreciación para que establezcan el nivel de sus cánones (véase el punto 4.1.1.5). En cualquier caso, ni siquiera la existencia de cánones fijados exclusivamente a nivel central (sin ningún margen de apreciación para que las AdSP incidan en el nivel de los cánones fijados a nivel central) excluiría un falseamiento de la competencia, ya que las empresas también pueden competir en parámetros no tarifarios (calidad del servicio, etc.) y porque la ventaja conferida a las AdSP por la exención fiscal en cuestión también las puede ayudar a reforzar la calidad de su oferta y a atraer a propietarios y operadores de buques.

(151)

Así pues, la Comisión concluye que, al eximir a las AdSP que ejercen una actividad económica del impuesto sobre sociedades, las autoridades italianas les confieren una ventaja que puede afectar a la competencia. Por consiguiente, la Comisión opina que la medida en cuestión falsea o amenaza falsear la competencia.

(152)

El apoyo público a las empresas únicamente constituye ayuda estatal en virtud del artículo 107, apartado 1, del Tratado en la medida en que afecte a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. No es necesario establecer si la ayuda tiene una incidencia real en los intercambios comerciales entre los Estados miembros, sino solo si puede afectar a dichos intercambios (94). En particular, los órganos jurisdiccionales de la Unión han establecido que, cuando una ayuda financiera estatal refuerza la posición de una empresa con respecto a otras empresas que compiten en los intercambios comerciales dentro de la Unión, debe considerarse que la ayuda influye en dichos intercambios (95).

(153)

Esta jurisprudencia puede aplicarse en el presente caso, ya que la exención del impuesto sobre sociedades refuerza la posición de las AdSP, las cuales pueden rebajar sus cánones y hacer que las infraestructuras portuarias que gestionan resulten más atractivas para los propietarios y operadores de los buques, especialmente para los de otros Estados miembros.

(154)

En el presente caso, los puertos italianos participan en los intercambios comerciales dentro de la Unión, por lo que una ventaja conferida a las AdSP interesadas incide en los intercambios dentro de la Unión. Los puertos italianos participan activamente en los intercambios dentro de la Unión y varios puertos italianos figuran entre los más importantes de la Unión en términos de tráfico de contenedores y tonelaje de las mercancías. Según la información disponible públicamente, entre los quince principales puertos de contenedores de Europa en 2019 figuran dos puertos italianos, Génova y Gioia Tauro (96).

(155)

Eximiendo a dichas AdSP de obligaciones fiscales que, de lo contrario, habrían tenido que soportar y que las empresas de la competencia soportan, la exención del impuesto sobre sociedades libera recursos financieros que estas empresas pueden invertir en sus actividades comerciales, lo cual, a su vez, afecta a las condiciones en las que pueden ofrecer sus productos y servicios en el mercado y falsea la competencia en el mercado interior. Por lo tanto, la exención fiscal de las AdSP incide en los intercambios comerciales dentro de la Unión.

(156)

Con respecto al argumento presentado por Italia de que la mayoría de los puertos italianos está lejos de competir, incluso potencialmente, dentro de los mercados europeos, pero compiten principalmente con los puertos del norte de África, la Comisión señala que las autoridades italianas no han presentado ningún elemento que lo respalde (97).

(157)

Por lo tanto, al eximir a las AdSP que ejercen una actividad económica del impuesto sobre sociedades, las autoridades italianas les confieren una ventaja que puede afectar a los intercambios comerciales dentro de la Unión.

(158)

Para considerarse ayuda estatal, una medida debe ser selectiva (98), es decir, debe favorecer solo a determinadas empresas o a la producción de determinados bienes. De acuerdo con una jurisprudencia retirada (99), la evaluación de la selectividad material de una medida fiscal consta de tres fases: en primer lugar, es necesario determinar y analizar el régimen común o «normal» (el «marco de referencia») que se aplica en el Estado miembro en cuestión. En segundo lugar, es necesario evaluar y determinar, en relación con este régimen fiscal común o «normal», si alguna ventaja concedida por la medida fiscal en cuestión puede ser selectiva. Para ello hay que demostrar que la medida constituye una excepción a ese régimen ordinario en tanto en cuanto la medida distingue entre operadores económicos que, a la luz del objetivo perseguido por el régimen, se encuentran en una situación de hecho y de derecho comparable. En tercer lugar, si existe dicha excepción, es necesario examinar si se deriva de la naturaleza o de la estructura general del sistema tributario del que forma parte y si podría justificarse por la naturaleza o la estructura general del sistema. En este contexto, corresponde al Estado miembro demostrar que el tratamiento fiscal diferenciado se deriva directamente de los principios básicos o rectores de dicho sistema (100).

(159)

Para evaluar la selectividad de una medida fiscal, en primer lugar, es necesario definir el marco de referencia adecuado y, a continuación, determinar si la medida en cuestión conlleva una discriminación con respecto a este marco. Un marco de referencia está constituido por un conjunto coherente de normas que, por lo general, se aplican (sobre la base de criterios objetivos) a todas las empresas que entran en el ámbito de aplicación definido en su objetivo.

(160)

En el presente caso, la Comisión considera como marco de referencia el régimen italiano del impuesto sobre sociedades previsto por la TUIR (véanse los considerandos 38 a 43), incluida la definición de sujetos pasivos y renta imponible que se deriva del artículo 72 en combinación con el artículo 73 de la TUIR.

(161)

El artículo 72 de la TUIR establece el principio según el cual el impuesto sobre sociedades se aplica a todos los ingresos en metálico o en especie.

(162)

El artículo 73, apartado 1, de la TUIR somete al impuesto sobre sociedades a todos los tipos de empresas, incluidas las mutuas, así como a las cooperativas, a las entidades públicas y privadas distintas de las sociedades, y a los fideicomisos, independientemente de si su objeto exclusivo o principal es el ejercicio de actividades comerciales o no.

(163)

El artículo 75 establece el principio según el cual el impuesto sobre sociedades se aplica a la renta neta total y se aplican distintas normas para la definición de la renta imponible, por un lado, para las sociedades y entidades públicas o privadas que tienen como objeto exclusivo o principal el ejercicio de actividades comerciales (artículos 81 a 141 de la TUIR) (101) y, por otro, para las entidades públicas o privadas que no tienen como objeto exclusivo o principal el ejercicio de una actividad comercial (artículos 143 a 150 de la TUIR) (102). Los artículos 76 y 77 definen, respectivamente, el tipo impositivo y el período imponible para el impuesto sobre sociedades.

(164)

De lo anterior se desprende que, en principio, están sujetos al impuesto sobre sociedades en Italia todos los tipos de ingresos obtenidos por sociedades [artículo 73, apartado 1, letra a)] o por entidades públicas o privadas distintas de las sociedades [artículo 73, apartado 1, letras b) y c)], incluso cuando dichas entidades no tienen como objeto exclusivo o principal el ejercicio de actividades comerciales.

(165)

El artículo 74 de la TUIR establece las normas que se aplican específicamente al Estado y a los organismos públicos, y define asimismo las actividades que no se consideran actividades comerciales.

(166)

De acuerdo con el artículo 74 de la TUIR, los organismos y las administraciones del Estado, incluidos aquellos de administración autónoma y, si están dotados de personalidad jurídica, los municipios, los consorcios de organismos locales, las asociaciones y los organismos que administran propiedades colectivas, las comunidades de montaña, las provincias y las regiones no están sujetos al impuesto sobre sociedades. Las autoridades italianas consideran que las AdSP son entidades que administran propiedades públicas. Por lo tanto, el artículo 74 de la TUIR, tal y como lo interpretan y aplican las autoridades italianas, crea una situación en la que las AdSP italianas están exentas del impuesto sobre sociedades, también en lo que respecta a las rentas procedentes de la explotación de las infraestructuras de las AdSP.

(167)

Cuando una medida favorece a determinadas empresas o producciones que se encuentran en una situación de hecho y de derecho comparable con respecto al objetivo del sistema de referencia, la medida es selectiva prima facie. En el presente caso, las AdSP y otras entidades jurídicas se encuentran en una situación de hecho y de derecho comparable, a la luz del objetivo de IRES, que consiste en gravar las rentas de las sociedades y otras entidades jurídicas, independientemente de si su objeto exclusivo o principal es el ejercicio de actividades comerciales o no. Por lo tanto, el artículo 74 de la TUIR, tal y como lo interpretan y aplican las autoridades italianas, favorece a las AdSP con respecto a otras entidades jurídicas sujetas al IRES a la luz de su objetivo.

(168)

De acuerdo con las autoridades italianas, la exención del impuesto sobre sociedades de las AdSP no constituye una excepción a los principios generales del régimen italiano del impuesto sobre sociedades, sino que más bien sigue su lógica, a saber, que las actividades no comerciales, por lo general, no están sujetas al impuesto sobre sociedades. Esto implicaría que todas las actividades de las AdSP son actividades no comerciales. No obstante, la Comisión observa que el artículo 73 somete al impuesto sobre sociedades a todas las entidades públicas y privadas, incluso cuando no tienen como objeto exclusivo o principal el ejercicio de actividades comerciales. Como excepción a este principio, el artículo 74 de la TUIR exime del impuesto sobre sociedades al Estado y otros organismos públicos.

(169)

Las autoridades italianas también consideran que las AdSP no entran en el ámbito de aplicación del artículo 73 de la TUIR, sino en el del artículo 74 de la TUIR. Según las autoridades italianas, el artículo 74 de la TUIR prevé que los organismos públicos a los que se les encargan exclusivamente funciones administrativas (véanse los considerandos 51 y 52) no están sujetos al impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, según las autoridades italianas, el artículo 74 de la TUIR no se puede interpretar como una excepción al artículo 73 de la TUIR. En cambio, los artículos 73 y 74 de la TUIR tienen ámbitos de aplicación diferentes y paralelos: de acuerdo con las autoridades italianas, establecen dos regímenes fiscales comunes diferentes, que se aplican a categorías específicas de entidades, definidas de manera general y abstracta, que no se encuentran en una situación de hecho y de derecho comparable. Por lo tanto, Italia alega que la exención al impuesto sobre sociedades no es selectiva, ya que el artículo 74 de la TUIR se aplica tanto a las AdSP como al Estado, a diversos organismos públicos y a otras entidades pertenecientes a la Administración Pública sobre la base de criterios objetivos, generales y abstractos. Todas las entidades previstas en el artículo 74 de la TUIR se encontrarían en la misma situación de hecho y de derecho.

(170)

La Comisión señala que el artículo 74 exime al Estado y a otros organismos públicos del impuesto sobre sociedades en la medida en que sus actividades guarden relación con el ejercicio de funciones de autoridad pública. En cambio, las actividades comerciales de estos organismos están, en principio, sujetas al impuesto sobre sociedades. Si el artículo 74 de la TUIR (o su interpretación por parte de la Administración) diera lugar al impago del impuesto sobre sociedades por parte de las AdSP en todos los casos (también cuando realizan actividades que se consideran económicas en virtud de las normas en materia de ayudas estatales), esto introduciría una discriminación entre las empresas que desarrollan actividades económicas en el sentido del artículo 107 del TFUE. En tal caso, el artículo 74 de la TUIR, tal y como lo interpretan las autoridades italianas, generaría ventajas para una categoría específica de empresas (103), a saber, las AdSP, mientras se encuentren en una situación de hecho y de derecho comparable a la de otras empresas (en lo que respecta a la renta que obtienen de sus actividades económicas) (104).

(171)

De hecho, la Comisión considera que las AdSP no se rigen por «principios de funcionamiento [particulares] que las diferencian claramente del resto de los operadores económicos» sujetos al impuesto sobre sociedades (105). En particular, el hecho de que las AdSP no persigan una actividad lucrativa no es suficiente para considerar que se encuentran en una situación distinta con respecto a otros operadores sujetos al impuesto sobre sociedades (106). Ninguno de los argumentos presentados por Italia para demostrar que las AdSP no son empresas y no desarrollan actividades económicas (véase el punto 3.2) es pertinente ni coherente con respecto al objetivo del régimen del impuesto sobre sociedades, que consiste en gravar la renta de las sociedades y de otras entidades jurídicas (107).

(172)

Por lo tanto, aunque el artículo 74 de la TUIR constituyese la base jurídica para el impago del impuesto sobre sociedades por parte de las AdSP, esta exención fiscal sería selectiva prima facie con respecto a las actividades económicas de las AdSP (108).

(173)

Dado que la Comisión considera que la exención fiscal en cuestión es selectiva prima facie, tendrá que determinar, de acuerdo con la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión, si dicha exención está justificada por la naturaleza o la estructura del sistema del que forma parte. Así pues, una medida que constituye una excepción a la aplicación del régimen tributario general puede justificarse cuando el Estado miembro en cuestión pueda demostrar que la medida emana directamente de los principios básicos o rectores de su régimen fiscal.

(174)

Ni las autoridades italianas ni las partes interesadas han presentado argumentos que demuestren lo anterior. La Comisión tampoco ha podido determinar dicha justificación. Por lo tanto, la Comisión considera que la medida no está justificada por la lógica del régimen tributario. Así pues, la Comisión concluye que la medida es selectiva.

(175)

Por lo tanto, la Comisión concluye que la exención del impuesto sobre sociedades de las AdSP constituye una excepción sin una justificación válida al principio del régimen del impuesto sobre sociedades, conforme al cual el impuesto sobre sociedades se aplica a todos los tipos de rentas generadas por sociedades o por entidades públicas o privadas distintas de las sociedades. Aunque se considerara que tal exención es conforme al régimen italiano del impuesto sobre sociedades, porque, según las autoridades italianas, las AdSP desarrollan exclusivamente funciones públicas, esto equivaldría a una situación en la que se favorecería a «determinadas» empresas o «determinadas producciones» en el sentido del artículo 107 del TFUE (109). Por consiguiente, la Comisión concluye que la no sujeción de las actividades económicas de las AdSP al impuesto sobre sociedades comporta una ventaja selectiva.

(176)

Asimismo, la Comisión concluye que dicho tratamiento más favorable concedido por el Estado a las empresas e imputable al Estado puede falsear la competencia y afectar a los intercambios comerciales dentro de la Unión. Por consiguiente, la Comisión concluye que la exención fiscal concedida a las AdSP constituye ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado (110).

(177)

Las medidas de ayuda estatal se pueden considerar compatibles con el mercado interior sobre la base de las excepciones establecidas en el artículo 93, el artículo 106, apartado 2, y el artículo 107, apartados 2, y 3 del Tratado.

(178)

El artículo 93 del Tratado establece que las ayudas que «respondan a las necesidades de coordinación de los transportes o que correspondan al reembolso de determinadas obligaciones inherentes a la noción de servicio público» se pueden declarar compatibles con el mercado interior.

(179)

En primer lugar, la Comisión señala que, en el presente caso, no hay indicaciones de que la ayuda financie medidas que respondan a las necesidades de coordinación de los transportes. Por el contrario, la ayuda consiste en una exención del impuesto sobre sociedades que no está relacionada con ninguna inversión particular y es totalmente independiente de las necesidades de coordinación de los transportes. La medida tampoco está destinada al reembolso de obligaciones de servicio público.

(180)

Por lo tanto, la Comisión considera que la medida no se puede considerar compatible con arreglo al artículo 93 del Tratado.

(181)

Dado que la medida en cuestión constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado, debe examinarse si es compatible con el mercado interior sobre la base de las excepciones establecidas en el artículo 107, apartados 2 y 3, del Tratado.

(182)

Las autoridades italianas no han presentado argumentos relativos a la aplicabilidad de las excepciones descritas en el artículo 107, apartados 2 o 3, del Tratado a la exención del impuesto sobre sociedades concedida a las AdSP.

(183)

La Comisión considera que no se aplica ninguna de las excepciones previstas en el artículo 107, apartado 2, del Tratado, ya que la medida examinada no está destinada a ninguno de los objetivos que figuran en esta disposición. Más concretamente, la medida examinada no está relacionada con ayudas de carácter social concedidas a consumidores individuales o ayudas destinadas a obviar los daños ocasionados por catástrofes naturales u otros acontecimientos excepcionales o ayudas concedidas a la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania.

(184)

El artículo 107, apartado 3, del Tratado estipula que podrán considerarse compatibles con el mercado interior: a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo de determinadas regiones; b) las ayudas destinadas a algunos proyectos importantes de interés común europeo; c) las ayudas destinadas al desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas; d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio; y e) las ayudas que determine el Consejo por decisión.

(185)

El artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado autoriza las ayudas para favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subsempleo. Esta excepción no es aplicable.

(186)

Además, la medida no está destinada a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo ni a poner remedio a una grave perturbación en la economía de Italia, como prevé el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado.

(187)

Además, la medida no está destinada a promover la cultura y la conservación del patrimonio, como prevé el artículo 107, apartado 3, letra d), del Tratado.

(188)

En virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común, podrán considerarse compatibles. No obstante, la información disponible no indica que la ventaja fiscal concedida esté relacionada con inversiones específicas que reúnan los requisitos para recibir ayudas en el marco de las normas y directrices de la Unión.

(189)

Al contrario, la Comisión considera que la medida constituye una reducción de los gastos que normalmente deberían soportar las AdSP en el desarrollo normal de su actividad y que, por lo tanto, podría considerarse una ayuda de explotación. Por lo general, dichas ayudas no se consideran compatibles con el mercado interior en la medida en que no están limitadas en el tiempo, ni son necesarias o proporcionadas para financiar gastos relativos a un objetivo bien definido de interés europeo.

(190)

Por consiguiente, la Comisión considera que no se aplica ninguna de las excepciones del artículo 107, apartado 3, del Tratado.

(191)

A la luz de lo anterior, la Comisión considera que la medida no se puede considerar compatible con el mercado interior sobre la base del artículo 107, apartados 2 y 3, del Tratado.

(192)

Cuando el Estado ha asignado al beneficiario de las ayudas la gestión de servicios de interés económico general (SIEG), las ayudas también pueden ser compatibles en aplicación del artículo 106, apartado 2, del Tratado.

(193)

No obstante, las autoridades italianas no han facilitado ninguna información a partir de la cual se pueda concluir que la exención del impuesto sobre sociedades para las AdSP podría justificarse en virtud del artículo 106, apartado 2, del Tratado. La medida en cuestión, que vincula el importe de la ayuda a los beneficios generados por las entidades, no está vinculada ni limitada a los costes netos de las funciones de servicio público. Tampoco deriva de un mandato asignado a los beneficiarios de la medida para llevar a cabo dicha tarea. Por consiguiente, la Comisión considera que la medida no se puede considerar una compensación de servicio público compatible con el mercado interior y que, por lo tanto, no es compatible en virtud del artículo 106, apartado 2, del Tratado.

(194)

A la luz de lo anterior, la Comisión concluye que la exención del impuesto sobre sociedades a favor de las AdSP en Italia no se puede considerar compatible con el mercado interior.

(195)

En virtud del artículo 1, letra b), del Reglamento de procedimiento, una ayuda existente es una medida que existía antes de la entrada en vigor del Tratado en Italia, una medida que ha sido autorizada, una medida que se considera ayuda existente con arreglo al artículo 17 del Reglamento de procedimiento o una medida que en el momento en que se llevó a efecto no constituía una ayuda, y que posteriormente pasó a ser una ayuda debido a la evolución del mercado interior. Cualquier ayuda que no entre en la definición de ayuda existente se considera una nueva ayuda en virtud del artículo 1, letra c), del Reglamento de procedimiento.

(196)

La exención del impuesto sobre sociedades para las AdSP italianas se basa en el artículo 74 de la TUIR, según lo interpretan y lo aplican las autoridades italianas.

(197)

Las autoridades italianas han confirmado que el régimen fiscal aplicable a las AdSP antes de 1958 era exactamente igual al actual y, en particular, han señalado que las autoridades portuarias nunca han estado sujetas al impuesto sobre sociedades. Además, la Comisión no dispone de ningún elemento que contradiga este hecho.

(198)

Por lo tanto, la Comisión considera que la exención constituye ayuda estatal de conformidad con el artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento de procedimiento.

(199)

La exención del impuesto sobre sociedades a favor de las AdSP italianas constituye una ayuda estatal existente que es incompatible con el mercado interior.

(200)

Por lo tanto, las autoridades italianas deben poner fin al régimen de ayudas aboliendo la exención al impuesto sobre sociedades de la que disfrutan las AdSP italianas. Esta medida debe adoptarse en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión y aplicarse a las rentas generadas por actividades económicas, a más tardar, a partir del inicio del ejercicio fiscal posterior al de la adopción de la medida y, como máximo, en 2022,