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Arguyen que la Comisión incurrió en errores manifiestos de apreciación que fueron la base de la conclusión errónea de que la resolución de Milán constituía una sentencia firme de culpabilidad.

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Las partes demandantes también alegan que la Comisión incurrió en graves errores manifiestos de apreciación en relación con el Derecho italiano.

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Dicho artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), establece que la exclusión requiere que se haya establecido mediante sentencia firme que la persona o entidad es culpable de corrupción.

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Arguyen que la resolución de Milán no puede considerarse una sentencia firme de culpabilidad y que no condenó a las partes demandantes segunda y tercera por corrupción; en consecuencia, la Comisión no podía excluir legalmente a la primera parte demandante con arreglo al artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento financiero.

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La Comisión señaló en la decisión controvertida que la expresión «sentencia firme de culpabilidad» tiene un significado autónomo en el Derecho de la Unión, pero, objetan las partes demandantes, no proporcionó una definición ni indicó una base legal para esa apreciación.

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Alegan asimismo que la Comisión no tuvo en cuenta la calificación de la resolución de Milán en Derecho italiano.

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Los elementos apreciados por la Comisión en virtud del artículo 136, apartado 4, del Reglamento financiero fueron, en opinión de las partes demandantes, insuficientes para acreditar que concurrían los requisitos de esta disposición y se vieron afectados por la interpretación errónea de la resolución de Milán por parte de la Comisión.

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Las partes demandantes mantienen a este respecto que la Comisión infringió el artículo 296 TFUE y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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Aducen igualmente que la Comisión incurrió en falta de motivación respecto a las dos conclusiones que tuvieron una influencia decisiva en la decisión final.

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La decisión de publicar la decisión de exclusión en la página web de la DG de Vecindad y Ampliación y de registrar los nombres e información personal de las partes demandantes segunda y tercera en la base de datos del sistema de exclusión y de detección precoz fue, según las partes demandantes, manifiestamente desproporcionada.

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Arguyen asimismo que la Comisión no tuvo en cuenta factores del artículo 136, apartado 3, del Reglamento financiero.

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Afirman que la Comisión no consideró peticiones de las partes demandantes durante el procedimiento contradictorio de clarificación de las posibles medidas reparadoras de que estas pudieran disponer.

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La Comisión no tuvo en cuenta numerosas pruebas que le aportaron las partes demandantes que podían considerarse medidas reparadoras.

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Así, aducen por último que la Comisión infringió el artículo 41, apartado 2, de la citada Carta de los Derechos Fundamentales al no informar a la cuarta parte demandante de que estaba llevando a cabo una evaluación de su persona y al no brindarle el derecho de defensa.