—

Anule el auto T-6/23 del Tribunal General recurrido y, consecuentemente:

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1.o Con carácter principal, pronunciándose de nuevo, anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2022/2398 (1) y el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2397 (2) del Consejo controvertidos, en la medida en que afecten a dicho recurrente.

—

2.o Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie.

1.

Primer motivo

El Tribunal General incurre en error de Derecho al decidir que las disposiciones controvertidas no infringen el artículo 31 TUE, apartado 1, que prohíbe que el Consejo ejerza funciones legislativas.

2.

Segundo motivo

El Tribunal General incurre en error de Derecho al decidir que las disposiciones controvertidas no infringen el alcance del artículo 29 TUE.

3.

Tercer motivo

El Tribunal General incurre en error de Derecho al decidir que las limitaciones impuestas al Consejo en relación con la inmovilización de activos, en los términos previstos en el artículo 75 TFUE, no son aplicables a las sanciones impuestas al recurrente. La interpretación de que las medidas destinadas a inmovilizar los activos del recurrente no deben cumplir los requisitos y limitaciones del artículo 75 TFUE viola además el principio de igualdad.

4.

Cuarto motivo

El recurrente exigía al Tribunal General que solicitase al Consejo rehacer los actos procedimentales y las actas de la votación que dieron lugar a las disposiciones controvertidas. Todo ello a fin de averiguar si no se respetaron los requisitos sustanciales de forma y de votación. Esto es relevante en el contexto del principio de legalidad y de la excepción de ilegalidad. El Tribunal General se negó indebidamente y remitió también erróneamente a las excepciones mencionadas en el Reglamento n.o 1049/2001 (3) y en el Reglamento del Consejo. Y ello sin que el Consejo hubiese invocado en su defensa esas disposiciones excepcionales y sin que estas tampoco sean de aplicación aquí.

5.

Quinto motivo

El artículo 3, apartado 2, letra g), de la Decisión (4) y el artículo 2 ter, apartado 1, letra g), del Reglamento (5) en los que se basan las disposiciones controvertidas están formulados en términos amplios. El Tribunal General incurre en error de Derecho al declarar que las disposiciones controvertidas no se basaban en las letras g), sino en las letras f).

6.

Sexto motivo

El Tribunal General incurre en error de Derecho en relación con la obligación de motivación y con la carga de la prueba e interpreta erróneamente los hechos presentados para consideración. El Tribunal General excede sus competencias al añadir fundamentos, en defensa de las disposiciones controvertidas, que no formaban parte del examen de motivación inicial.

7.

Séptimo motivo

El recurrente es un ciudadano de la Unión. El auto del Tribunal General recurrido vulnera la libertad de circulación, el derecho de residencia y de establecimiento, que son derechos fundamentales. Además, las disposiciones controvertidas violan los principios de proporcionalidad y efectividad.