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Los demandantes alegan que la Decisión de la Comisión de no proponer la aplicación del Acuerdo mediante una decisión del Consejo infringe lo dispuesto en el artículo 155 TFUE, apartado 2, y es contraria a la exigencia de respeto a la autonomía de los interlocutores sociales, establecida en el artículo 152 TFUE.

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Las demandantes alegan, asimismo, que la Comisión tenía el deber de presentar una propuesta al Consejo, salvo que argumentara fundadamente que los interlocutores sociales que son parte del Acuerdo no eran suficientemente representativos, o que dicho Acuerdo no era legal.

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Las demandantes sostienen, además, que la Comisión entró a valorar la oportunidad del Acuerdo, lo cual no corresponde a sus competencias.

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Las demandantes aducen que la motivación invocada por la Comisión en la decisión impugnada no podía justificar la negativa a proponer al Consejo la aprobación del Acuerdo.

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También alegan las demandantes que la única razón que podría haber justificado la denegación habría sido una objeción justificada respecto a la representatividad de los interlocutores sociales o respecto a la legalidad de una decisión del Consejo para aplicar el Acuerdo como una Directiva.

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Además, las demandantes afirman que, en cualquier caso, la Comisión no llevó a cabo una valoración de las repercusiones, razón por la cual no podía justificar conclusión alguna por motivos de proporcionalidad o subsidiariedad con objeto de negarse a proponer la aplicación del Acuerdo como una Directiva mediante una Decisión del Consejo, aun cuando en principio hubiera sido permisible hacerlo.