1. 

El presente asunto, que versa sobre un procedimiento civil entre dos empresas y que entraña varias cuestiones relativas al concepto de «acuerdo atributivo de competencia» contenido en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001, ( 2 ) permitirá al Tribunal de Justicia abordar algunos aspectos fundamentales en el ámbito de la prórroga de la competencia conforme a dicho Reglamento.

2.

El artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 593/2008, ( 3 ) titulado «Ámbito de aplicación material», establece en su apartado 2:

«2. Se excluirán del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

[...]

[...]».

3.

El capítulo II del Reglamento n.o 44/2001 se titula «Competencia». La sección 7 del mismo, titulada «Prórroga de la jurisdicción», contiene dos artículos (23 y 24). El artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001 establece:

«Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. Tal acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse:

4.

Höszig, demandante en el procedimiento principal, es una persona jurídica establecida en Hungría, mientras que la demandada es la antecesora jurídica de Alstom Power Thermal Services, ( 4 ) una persona jurídica establecida en Francia. La antecesora jurídica de Alstom deseaba invertir en centrales generadoras de energía ya existentes en Francia en el marco de un programa a gran escala.

5.

La antecesora jurídica de Alstom invitó, entre otras, a Höszig a presentar una oferta, siendo parte del pliego de condiciones una lista de los elementos que habrían de fabricarse, que constituían el objeto del contrato, una descripción de los requisitos técnicos al respecto y las condiciones generales de contratación aplicadas por la antecesora jurídica de Alstom vigentes en diciembre de 2008. La antecesora jurídica de Alstom envió a Höszig este pliego de condiciones mediante correo electrónico de 18 de agosto de 2009.

6.

Höszig presentó una oferta para la ejecución del proyecto, a raíz de la cual ambas partes celebraron entre ellas diversos contratos de obra para la producción de estructuras metálicas que debían fabricarse en Hungría, destinadas a ser instaladas en centrales generadoras de energía ubicadas en Francia. Las partes celebraron a distancia los contratos relativos al proyecto.

7.

El primero de los contratos, celebrado el 16 de diciembre de 2010, contenía una lista con la rúbrica «Documentación utilizada», en la que figuraba lo siguiente:

Los documentos son aplicables en ese orden.»

8.

En la última página del contrato se precisaba que «la orden de pedido enumera la totalidad de los documentos e información de primer rango necesarios para su ejecución. Ustedes deberán cerciorarse de que disponen de tales documentos con la referencia adecuada, así como de los documentos requeridos por los primeros. En caso contrario, no dejen de solicitarnos por escrito los documentos que falten».

9.

El último apartado del contrato señalaba que «el proveedor declara conocer que ha leído y acepta tales condiciones de la presente orden de pedido, las condiciones generales de contratación vigentes, adjuntas como anexo, y las condiciones de eventuales acuerdos o contratos marco».

10.

Con arreglo a la cláusula 23.1 de las «condiciones generales de contratación», titulada «Derecho aplicable y resolución de litigios», «la orden de pedido se regirá e interpretará de acuerdo con el Derecho francés. Queda excluida la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de 11 de abril de 1980. Cualquier litigio surgido o relacionado con la validez, la interpretación, la ejecución o la cancelación de la orden de pedido que no pudiera solucionarse amistosamente entre las partes se someterá a la jurisdicción exclusiva y definitiva de los tribunales de París, incluidos los procedimientos acelerados, las resoluciones de suspensión, las medidas cautelares y las medidas de conservación».

11.

Se suscitó una controversia jurídica entre las partes en relación con la ejecución de los contratos, y Höszig inició un procedimiento judicial ante el Pécsi Törvényszék (Tribunal de Pécs) como órgano jurisdiccional competente según el lugar de ejecución.

12.

Según este órgano jurisdiccional, la demandante invoca en sus alegaciones el artículo 10, apartado 2, relativo al «consentimiento y la validez material» del Reglamento n.o 593/2008 y aduce que resulta evidente que no hubiera sido un comportamiento razonable por su parte someter los efectos de su conducta al Derecho francés, ya que el producto fabricado por la demandante constituye el objeto del contrato y el lugar de ejecución, en cuanto lugar de fabricación, era el establecimiento de la demandante en Hungría, de modo que la totalidad del proceso de fabricación hasta la entrega a la parte que realizó el pedido tuvo lugar en Hungría.

13.

A la vista de cuanto antecede, la demandante sostiene que, dado que ha invocado una interpretación conforme al Derecho húngaro, debe examinarse con arreglo a ese Derecho la relación entre las «condiciones generales de contratación» y los contratos.

14.

La demandante sostiene que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 205/A y 205/C del Código Civil húngaro, relativos a la incorporación al contrato de las condiciones generales de la contratación, las «condiciones generales de contratación» de la antecesora jurídica de la demandada no pueden formar parte de los contratos celebrados entre las partes.

15.

Por tanto, a juicio de la demandante, no es pertinente la cláusula relativa al Derecho aplicable incluida en las «condiciones generales de contratación» de la antecesora jurídica de la demandada, y, en tal contexto, deberá aplicarse el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 593/2008, en virtud del cual el contrato de prestación de servicios se regirá por la ley del país donde el prestador del servicio —esto es, la demandante— tenga su residencia habitual.

16.

Por lo que se refiere a la competencia del órgano jurisdiccional húngaro, la demandante considera que, dado que las «condiciones generales de contratación» de la antecesora jurídica de la demandada no forman parte de los contratos por las razones antes expuestas, esta competencia debe ser determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 44/2001, según el cual debe conocer del asunto el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación, esto es, el Pécsi Törvényszék (Tribunal de Pécs).

17.

La demandante también alega con carácter subsidiario, y para el caso de que se aprecie que las «condiciones generales de contratación» de la antecesora jurídica de la demandada sí formen parte de los contratos, que la cláusula atributiva de competencia incluida en esas condiciones generales de contratación no se ajusta a las exigencias del artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001, ya que dicha cláusula se remite a los «tribunales de París». Por un lado, París no es un Estado miembro, sino una ciudad, y por otro, la expresión «los tribunales de París» no designa a un órgano jurisdiccional concreto, sino al conjunto de los tribunales que se encuentran dentro de los límites administrativos de dicha ciudad.

18.

Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente expone que la demandada sostiene que carece de competencia, invocando la cláusula 23 de las «condiciones generales de contratación» de la antecesora jurídica de la demandada, relativa a los «bienes y servicios», que rige las cuestiones relativas al Derecho aplicable y a la resolución de conflictos.

19.

Según la demandada, las «condiciones generales de contratación» forman parte de los contratos y, por tal motivo, en virtud de lo dispuesto en la cláusula 23 de las mismas cláusulas, el tribunal húngaro no tiene competencia para resolver los litigios derivados de los contratos. En consecuencia, la demandada afirma que la demandante no ha ejercitado su acción ante un tribunal competente para resolver el presente asunto.

20.

A juicio de la demandada, el artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 593/2008 permite examinar si resulta razonable aplicar el Derecho francés en lo relativo a la prestación del consentimiento.

21.

La demandada considera que, en virtud de los artículos 3 apartado 1, y 10, apartado 1, del Reglamento n.o 593/2008, y habida cuenta de las circunstancias, la elección del Derecho francés como Derecho aplicable para determinar el efecto del comportamiento de la demandante es completamente razonable, ya que la antecesora jurídica de la demandada era subcontratista del adjudicatario de un procedimiento de licitación convocado en Francia relativo a una importante inversión en centrales generadoras de energía francesas, puesto que el Derecho francés es la ley personal de la demandada y ésta constituyó con la demandante, para las obras derivadas de ese procedimiento de licitación, una relación jurídica contractual a largo plazo, con múltiples instrumentos contractuales, para la fabricación de estructuras metálicas. En consecuencia, por las razones antes expuestas, la demandada sostiene que la designación de la ley personal de una de las partes, la parte compradora, es perfectamente razonable y conforme con las prácticas mercantiles, en especial cuando el objeto de la compraventa será utilizado en el país de la parte compradora, en un mercado altamente regulado; de este modo, resulta razonable aplicar el Derecho francés con objeto de valorar el comportamiento de la demandante.

22.

Según la demandada, la cláusula atributiva de competencia establecida en la cláusula 23 de las «condiciones generales de contratación» es completamente acorde con lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001, ya que los tribunales de la ciudad de París son tribunales de un Estado miembro (Francia). El hecho de que los tribunales de París no constituyan el total de los tribunales de Francia no invalida la citada cláusula atributiva de competencia. La demandada considera que la interpretación restrictiva propuesta por la demandante no tiene en cuenta el considerando decimocuarto del Reglamento n.o 44/2001, conforme al cual debe respetarse la autonomía de las partes de un contrato.

23.

En el contexto de ese procedimiento, mediante resolución de 4 de mayo de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 2015, el Pécsi Törvényszék (Tribunal de Pécs) ha planteado las cuestiones prejudiciales siguientes:

«I. En relación con el Reglamento [n.o 593/2008] [...]:

II. En relación con el Reglamento [n.o 44/2001] [...]:

24.

Han presentado observaciones escritas Alstom, el Gobierno húngaro y la Comisión Europea. Estas dos últimas también formularon observaciones orales en la vista celebrada el 21 de enero de 2016.

25.

El órgano jurisdiccional remitente desea cerciorarse de si es competente para resolver el asunto de que conoce. A tal fin, plantea dos cuestiones al Tribunal de Justicia. La primera cuestión versa sobre la interpretación del artículo 10 del Reglamento n.o 593/2008, mientras que mediante la segunda cuestión se solicita orientación sobre la interpretación del artículo 23 del Reglamento n.o 44/2001.

26.

El artículo 1, apartado 2, letra e), del Reglamento n.o 593/2008 excluye expresamente de su ámbito de aplicación los «convenios de elección del tribunal competente». Por consiguiente, dicho Reglamento no puede desempeñar función alguna a la hora de determinar la competencia.

27.

Lo que el órgano jurisdiccional remitente desea fundamentalmente saber es si el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001 excluye una cláusula atributiva de competencia, incluida en las condiciones generales de la contratación de una de las partes, en virtud de la cual los litigios entre las partes quedarán sometidos a la competencia exclusiva y definitiva de los tribunales de una ciudad determinada de un Estado miembro, en el caso de autos la ciudad de París. Ésta es la cuestión que, según mi propuesta, ha de responder el Tribunal de Justicia.

28.

En las presentes conclusiones haré frecuentemente referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ( 5 ) (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), puesto que, en la medida en que el Reglamento n.o 44/2001 sustituye al Convenio de Bruselas, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo tocante a las disposiciones del Convenio de Bruselas es igualmente válida para las del Reglamento n.o 44/2001, cuando las normas de estos instrumentos comunitarios puedan calificarse de equivalentes. ( 6 ) En particular, el Tribunal de Justicia ya ha afirmado expresamente que así sucede en relación con el artículo 17, párrafo primero, del Convenio de Bruselas y el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001, que están redactados en términos casi idénticos. ( 7 )

29.

Los acuerdos atributivos de competencia revisten tienen una inmensa importancia en los litigios internacionales. ( 8 ) El artículo 23, que ha sido acertadamente descrito como una de las más importantes disposiciones del Reglamento n.o 44/2001, ( 9 ) está dirigido a dar efecto a la autonomía de las partes en la sistemática del Reglamento n.o 44/2001. ( 10 ) Su objetivo es garantizar la seguridad jurídica mediante la posibilidad de prever con certeza el fuero competente. ( 11 ) El efecto de un acuerdo atributivo de competencia consiste en excluir la competencia determinada, en particular, por los artículos 2 y 5 del Reglamento n.o 44/2001. ( 12 ) Por tanto, puede afirmarse sin miedo a equivocarse que el artículo 23 del Reglamento n.o 44/2001 «goza de prioridad» ( 13 ) frente a las demás disposiciones del Reglamento en materia de competencia.

30.

El artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001 versa únicamente sobre la prórroga de la competencia, y no sobre estipulaciones materiales de un contrato. En consecuencia, el Tribunal de Justicia ha declarado en la sentencia Benincasa que «la cláusula atributiva de competencia, que responde a una finalidad procesal, se rige por lo dispuesto en el Convenio, cuyo objetivo es establecer reglas uniformes de competencia judicial internacional. En cambio, las estipulaciones materiales del contrato principal en el que se incluye la cláusula, así como cualquier controversia sobre la validez de éste, se rigen por la lex causae, que se determina según el Derecho internacional privado del Estado del foro». ( 14 ) Un acuerdo atributivo de competencia es, pues, independiente del destino del contrato entre las partes. ( 15 )

31.

Además, desde la sentencia Powell Duffryn, el Tribunal de Justicia ha declarado que el concepto de «acuerdo atributivo de competencia» contenido en el artículo 23 del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse no como una simple remisión al Derecho interno de uno u otro de los Estados miembros interesados, sino como un concepto independiente. ( 16 )

32.

Asimismo, según reiterada jurisprudencia, el artículo 23, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la elección del tribunal designado en una cláusula atributiva de competencia sólo puede apreciarse a la luz de consideraciones que guarden relación con las exigencias que establece dicho artículo. Las consideraciones referentes a los vínculos entre el tribunal designado y la relación objeto del litigio, a la justificación de la cláusula y a las disposiciones materiales, atinentes a la responsabilidad, aplicables ante el tribunal elegido no guardan relación con dichas exigencias. ( 17 )

33.

El Tribunal de Justicia ha manifestado que, al subordinar la validez de las cláusulas atributivas de competencia a la existencia de un «convenio» entre las partes, dicha disposición impone al juez que conoce del asunto la obligación de examinar, en primer lugar, si la cláusula que le atribuye competencia ha sido, efectivamente, fruto de un consentimiento, manifestado de manera clara y precisa por ambas partes, y que los requisitos de forma exigidos por el artículo 17 tienen como misión garantizar que se acredite efectivamente el consentimiento. ( 18 )

34.

En otras palabras, el Tribunal de Justicia considera que la existencia de un convenio puede inferirse del hecho de que se hayan cumplido las exigencias formales establecidas en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001.

35.

Obviamente, un acuerdo, teniendo en cuenta en particular la cuestión del consenso, se compone también, por su propia naturaleza, de elementos subjetivos, más allá de exigencias puramente formales, lo cual suscita la cuestión de en qué medida tales elementos subjetivos se rigen por el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001 y si, o más bien en qué medida, esta disposición permite remitirse al Derecho nacional en cuanto atañe a todos los demás requisitos de un acuerdo, a saber, la capacidad jurídica, los vicios de consentimiento ( 19 ) y otros. ( 20 ) Por tanto, la línea de demarcación entre los elementos concretos que están comprendidos y excluidos del ámbito de aplicación del artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001 sigue sin estar clara por completo. ( 21 )

36.

Dicho esto, me permito señalar al Tribunal de Justicia que el presente asunto puede resolverse sobre la base de la jurisprudencia existente y que, a mi juicio, no se presta a un debate general sobre esta línea de demarcación.

37.

Evidentemente, incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar si la cláusula atributiva de competencia fue de hecho objeto de consenso entre las partes. Sobre la base de las consideraciones formuladas en los puntos 28 a 33 de las presentes conclusiones y de la información de que dispongo, considero que tal es el caso.

38.

Al objeto de determinar si se ha llegado a un consenso entre las partes, demostrado de forma inequívoca y precisa, como exige la citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ha de examinarse si se han cumplido los requisitos formales del artículo 23, apartado 1.

39.

Dos aspectos requieren un examen más detenido, a saber, si se ha cumplido la forma escrita exigida en el artículo 23, apartado 1, letra a) y, de ser así, si la expresión de «tribunales de París» es suficientemente precisa.

40.

En mi opinión, ambas cuestiones han de responderse afirmativamente.

41.

El Tribunal de Justicia ha declarado que «en el caso en que, entre las condiciones generales de venta de una de las partes, impresas al dorso de un documento contractual, figure una cláusula atributiva de competencia, únicamente se cumple la exigencia de forma escrita, establecida por el párrafo primero del artículo 17 del Convenio, si el contrato firmado por ambas partes, contiene una remisión expresa ( 22 ) a dichas condiciones generales». ( 23 )

42.

La cláusula 23 de las condiciones generales de contratación de la antecesora jurídica de Alstom, a la que se hacía remisión expresa en el contrato, establece de forma clara e inequívoca que los tribunales competentes serán los tribunales de París.

43.

En lo que respecta a si la expresión «tribunales de París» es suficientemente precisa, considero que sí lo es. El Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 17 del Convenio de Bruselas no puede interpretarse en el sentido de que exige que una cláusula atributiva de competencia se formule de tal manera que, por su propio tenor, sea posible identificar el órgano jurisdiccional competente. Basta con que la cláusula identifique los elementos objetivos sobre los cuales las partes se han puesto de acuerdo para elegir el tribunal o los tribunales a los que desean someter los litigios que hayan surgido o que puedan surgir. Estos elementos, que deben ser suficientemente precisos para permitir al Juez que conoce del litigio determinar si es competente, pueden ser concretados, en su caso, por las circunstancias propias de cada situación. ( 24 ) Además, en lo tocante a la alegación en virtud de la cual existen varios tribunales dentro de los límites de París que son potencialmente competentes para pronunciarse sobre asuntos como el del caso de autos, el Tribunal de Justicia ha declarado en la sentencia Meeth ( 25 ) que el artículo 17 del Convenio de Bruselas no puede interpretarse en el sentido de que pretenda excluir la posibilidad de que las partes designen dos o más órganos jurisdiccionales para la solución de posibles litigios. ( 26 )

44.

Queda por dilucidar cuál es el Derecho que determina el tribunal de París competente. A este respecto, desearía citar al Abogado General Capotorti que afirmó, en sus conclusiones presentadas en el asunto Meeth, en relación con la cláusula de designación de los tribunales de un país, que «en mi opinión, es evidente que una cláusula formulada de este modo se remite implícitamente al sistema de normas de competencia territorial, por razón de la cuantía [de la demanda] y de la materia, vigentes en dicho Estado, con el fin de poder determinar exactamente el Juez ante el cual debe entablarse la acción». ( 27 ) En la sentencia dictada en dicho asunto ( 28 ) el Tribunal de Justicia parece dar por cierta tal opinión y no desarrolló más ampliamente este aspecto. A mi juicio, en el caso de autos se aplica el mismo razonamiento. Es el Derecho procesal francés el que regula la cuestión de cuál es en concreto el tribunal de París competente. ( 29 )

45.

Como es sabido, el Reglamento n.o 44/2001 ha sido sustituido por el Reglamento (UE) n.o 1215/2012. ( 30 ) Este último Reglamento no se aplica al litigio principal con arreglo a las disposiciones transitorias establecidas en su artículo 66. ( 31 ) No obstante, dado que uno de los objetivos centrales de la refundición era mejorar la eficacia de los acuerdos atributivos de competencia, si bien en el respeto de las relaciones sujetas a un litigio pendiente, ( 32 ) propongo realizar un rápido examen del nuevo texto.

46.

El artículo 25 del Reglamento n.o 1215/2012 establece ahora que «si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal órgano jurisdiccional o tales órganos jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo sea nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según el Derecho de dicho Estado miembro». ( 33 )

47.

Es posible sostener que esta nueva formulación comprende ahora todas las cuestiones de Derecho material, incluidos los requisitos de un acuerdo, y que la nueva formulación pretende, por tanto, revertir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la determinación autónoma de la existencia efectiva de un consenso. ( 34 ) Sin embargo, para dar por cierta esta afirmación se requiere cierta cautela. La expresión «a menos que» parece apuntar a que se presume la validez de un convenio atributivo de competencia. ( 35 ) Además, ningún elemento de la génesis legislativa de la refundición indica que se pretendiera modificar o influir en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a este respecto. ( 36 ) Antes bien, el tenor ahora elegido parece reflejar el planteamiento adoptado por el Abogado General Slynn en el asunto Elefanten Schuh, según el cual, para determinar la existencia de un convenio atributivo de competencia —en asuntos no regulados por el Derecho de la Unión— ( 37 ) procede remitirse al Derecho del Estado miembro cuyos tribunales han sido elegidos. ( 38 ) En cambio, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento n.o 44/2001, debería sostenerse más bien que esta cuestión corresponde al Derecho del Estado miembro cuyos tribunales han conocido del asunto.

48.

En cualquier caso, ningún elemento del presente asunto apunta a que existan dudas sobre la validez material del convenio atributivo de competencia. Por tanto, no es necesario remitirse a ningún Derecho material.

49.

El principal motivo por el que el texto antes citado se ha añadido al actual artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012 es, en mi opinión, ajustar dicho artículo al tenor del artículo 5 del Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro, ( 39 ) que entró en vigor el 1 de octubre de 2015. ( 40 ) De conformidad con el apartado 1 de esa disposición, «el tribunal o los tribunales de un Estado contratante designados en un acuerdo exclusivo de elección de foro, serán competentes para conocer de un litigio al que se aplique dicho acuerdo, salvo que el acuerdo sea nulo según la ley de ese Estado». ( 41 )

50.

La Unión es miembro de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado ( 42 ) y parte contratante del Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro. ( 43 ) Dado que el ámbito comprendido en el Convenio es un área en la que la Unión, en virtud de los Reglamentos n.os 44/2001 y 1215/2012, ha ejercido su competencia, existe un interés en armonizar al máximo el Convenio y el sistema establecido por la Unión en dichos Reglamentos.

51.

Con carácter más general, en virtud del artículo 3, letra b), del Convenio de La Haya de 2005, un acuerdo de elección de foro que designe a los tribunales de un Estado contratante o uno o más tribunales específicos de un Estado contratante se considerará exclusivo, salvo que las partes hayan dispuesto expresamente lo contrario. Además, como señala acertadamente la Comisión, ( 44 ) el informe explicativo del Convenio aborda expresamente la cuestión de un acuerdo que se refiera a los tribunales de un Estado en general o a uno o varios tribunales concretos de un Estado. ( 45 )

52.

A la luz de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión planteada por el Pécsi Törvényszék (Tribunal de Pécs) del modo siguiente:

«Una cláusula contenida en las condiciones generales de contratación de una de las partes, a la cual se remite el contrato celebrado entre las partes, por la que se atribuye competencia exclusiva y definitiva a los tribunales de una ciudad concreta de un Estado miembro para resolver los litigios que no pudieran solucionarse amistosamente entre las partes debe considerarse como un “acuerdo atributivo de competencia” en el sentido del artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.»