—

[En su versión modificada mediante auto de 29 de junio de 2016] en nombre del Gobierno rumano, por los Sres. R.H. Radu y V. Angelescu, y la Sra. D.M. Bulancea, en calidad de agentes;

—

en nombre del Gobierno húngaro, por los Sres. M.Z. Fehér y G. Koós y por la Sra. A. Pálfy, en calidad de agentes;

—

en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M. Bulterman y B. Koopman, en calidad de agentes;

—

en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. B.‑R. Killmann y A. Ştefănuc, en calidad de agentes;

1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 1, 2 y 4 y del artículo 5, letra c), del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 312, p. 1), así como del artículo 2, punto 7, y del artículo 98 del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (DO 2006, L 210, p. 25).

2

Dichas peticiones se presentaron en el marco de sendos litigios entre, respectivamente, el Judeţul Neamţ (provincia de Neamţ) y el Judeţul Bacău (provincia de Bacău), por una parte, y el Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (Ministerio de Desarrollo Regional y de la Administración Pública), por otra, a propósito de la validez de dos actos administrativos que este último les dirigió, por los que les obligaba, en su condición de poderes adjudicadores que habían organizado licitaciones relativas a operaciones subvencionadas, a rembolsar una parte del importe de las subvenciones que habían percibido.

3

El artículo 1 del Reglamento n.o 2988/95 establece:

«1.   Con el fin de asegurar la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, se adopta una normativa general relativa a controles homogéneos y a medidas y sanciones administrativas aplicables a las irregularidades respecto del Derecho comunitario.

2.   Constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido.»

4

A tenor del artículo 2 de dicho Reglamento:

«1.   Los controles y las medidas y sanciones administrativas sólo se establecerán en la medida en que sean necesari[o]s para garantizar la correcta aplicación del Derecho comunitario. Deberán ser eficaces, proporcionad[o]s y disuasori[o]s a fin de garantizar una adecuada protección de los intereses financieros de las Comunidades.

2.   No se podrá pronunciar sanción administrativa alguna que no esté contemplada en un acto comunitario anterior a la irregularidad. En caso de modificación posterior de las disposiciones sobre las sanciones administrativas contenidas en una normativa comunitaria, se aplicarán con carácter retroactivo las disposiciones menos severas.

3.   Las disposiciones del Derecho comunitario determinarán la naturaleza y el alcance de las medidas y sanciones administrativas necesarias para la correcta aplicación de la normativa de que se trate en función de la naturaleza y gravedad de la irregularidad, del beneficio concedido o de la ventaja obtenida y del grado de responsabilidad.

4.   A reserva del Derecho comunitario aplicable, los procedimientos relativos a la aplicación de los controles y de las medidas y sanciones comunitarias se regirán por el Derecho de los Estados miembros.»

5

El artículo 4 del mismo Reglamento tiene el siguiente tenor:

«1.   Como norma general, toda irregularidad dará lugar a la retirada de la ventaja obtenida indebidamente, lo que supondrá:

2.   La aplicación de las medidas contempladas en el apartado 1 se limitará a la retirada de la ventaja obtenida, incrementada, en su caso, con intereses que podrán determinarse de forma global.

3.   Los actos para los cuales se haya establecido que su finalidad es obtener una ventaja contraria a los objetivos del Derecho comunitario aplicable al caso, creando artificialmente las condiciones requeridas para la obtención de esta ventaja, tendrán por consecuencia, según el caso, la no obtención de la ventaja o su retirada.

4.   Las medidas previstas en el presente artículo no serán consideradas como sanciones.»

6

El artículo 5 del Reglamento n.o 2988/95 establece:

«1.   Las irregularidades intencionadas o provocadas por negligencia podrán dar lugar a las sanciones administrativas siguientes:

[...]»

7

El párrafo último del artículo 1 del Reglamento n.o 1083/2006 dispone:

«[...] el presente Reglamento establece los principios y normas aplicables en materia de cooperación, programación, evaluación, gestión —incluida la gestión financiera—, seguimiento y control, partiendo del principio de responsabilidad compartida entre los Estados miembros y la Comisión.»

8

El artículo 2, punto 7, del citado Reglamento establece:

«A efectos del presente Reglamento, los siguientes términos se definen según figura a continuación:

[...]

9

El artículo 98 del mismo Reglamento establece:

«1.   Incumbirá en primer lugar a los Estados miembros la responsabilidad de investigar las irregularidades, debiendo actuar cuando haya pruebas de una modificación importante que afecte a la naturaleza o a las condiciones de desarrollo o de control de las operaciones o de los programas operativos, y efectuar las necesarias correcciones financieras.

2.   El Estado miembro efectuará las correcciones financieras necesarias por lo que respecta a las irregularidades individuales o sistémicas detectadas en las operaciones o los programas operativos. Esta corrección consistirá en la supresión total o parcial de la contribución pública del programa operativo. El Estado miembro tendrá en cuenta la naturaleza y la gravedad de las irregularidades y las pérdidas financieras que éstas acarreen al Fondo.

Los recursos de los Fondos así liberados podrán ser reasignados por el Estado miembro hasta el 31 de diciembre de 2015 al programa operativo de que se trate de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.

3.   La contribución suprimida de conformidad con el apartado 2 no podrá reutilizarse para la operación u operaciones objeto de la corrección ni, cuando se aplique una corrección financiera para paliar un error sistémico, para las operaciones existentes incluidas total o parcialmente en el eje prioritario en que se haya producido esa irregularidad sistémica.

[...]»

10

El Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento n.o 1083/2006 (DO 2013, L 347, p. 320), remplaza, a partir del 1 de enero de 2014, al Reglamento n.o 1083/2006.

11

El artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013 tiene el siguiente tenor:

«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

[...]

12

El considerando 2 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007 (DO 2007, L 317, p. 34) (en lo sucesivo, «Directiva 2004/18»), establece:

«La adjudicación de contratos celebrados en los Estados miembros por cuenta de autoridades estatales, regionales o locales y otros organismos de derecho público está supeditada al acatamiento de los principios del Tratado y, en particular, los principios de la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como de los principios que de estas libertades se derivan, como son el principio de igualdad de trato, el principio de no discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de transparencia. No obstante, para la adjudicación de contratos públicos por importes superiores a una determinada cantidad, es conveniente elaborar a escala comunitaria disposiciones de coordinación de los procedimientos nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos principios, de forma que queden garantizados sus efectos, y abrir a la competencia la contratación pública. Por consiguiente, dichas disposiciones de coordinación deben interpretarse con arreglo a las normas y principios antes mencionados y a las demás normas del Tratado.»

13

El artículo 7 de dicha Directiva, titulado «Importes de los umbrales de los contratos públicos», establece:

«La presente Directiva se aplicará a los contratos públicos que no estén excluidos en virtud de las excepciones previstas en los artículos 10 y 11 y en los artículos 12 a 18 y cuyo valor estimado, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido (IVA), sea igual o superior a los umbrales siguientes:

14

El artículo 1 de la ordonanţă Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător (Decreto-ley n.o 79/2003 sobre el control y la recuperación de los fondos comunitarios y de los fondos de cofinanciación conexos utilizados indebidamente, Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 622, de 30 de agosto de 2003, en su versión aplicable en la fecha de los contratos de financiación y de las licitaciones convocadas para la realización de las acciones subvencionadas controvertidas en los litigios principales (en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 79/2003 »), establece:

«El presente Decreto-ley regula las actuaciones de comprobación y de recuperación, por causa de irregularidades, de los importes pagados indebidamente con cargo a la ayuda financiera a fondo perdido concedida a Rumanía por la Comunidad Europea o a los fondos de cofinanciación conexos.»

15

El artículo 2 del Decreto-ley n.o 79/2003 establece:

«A efectos del presente Decreto-ley, los términos y expresiones que aparecen a continuación se definen como sigue:

[...]

[...]»

16

El artículo 4 del Decreto-ley n.o 79/2003 establece:

«1.   La recuperación de los créditos presupuestarios derivados de irregularidades tendrá por objeto los importes indebidamente abonados por los fondos comunitarios o por la cofinanciación conexa, los gastos bancarios, inclusive los accesorios a ellos, así como otros importes que legalmente se declaren a cargo del deudor.

[...]»

17

En la fecha en que la autoridad competente comprobó las acciones subvencionadas controvertidas en los litigios principales, el Decreto-ley n.o 79/2003 había sido remplazado por la ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 66/2011, sobre la prevención, la comprobación y la sanción de las irregularidades detectadas en la obtención y utilización de los fondos europeos y de los fondos públicos nacionales conexos, Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 461, de 30 de junio de 2011; en lo sucesivo, «Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 66/2011»).

18

El artículo 2 del Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 66/2011 establece:

«A efectos del presente Decreto-ley con carácter de urgencia, los términos y expresiones que aparecen a continuación se definen como sigue:

[...]

[...]

[...]»

19

El artículo 27, apartado 1, del Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 66/2011 establece:

«En caso de comprobarse irregularidades en la aplicación, por parte de los beneficiarios, de disposiciones sobre los procedimientos de contratación pública, ya sea de disposiciones nacionales vigentes en el ámbito de la contratación pública o de disposiciones relativas a los procedimientos específicos de contratación aplicables a los beneficiarios privados, se emitirán notas de comprobación de irregularidades y de liquidación de correcciones financieras, aplicando mutatis mutandis los artículos 20 y 21.»

20

El artículo 28 del Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 66/2011 dispone:

«El importe del crédito presupuestario declarado sobre la base de lo dispuesto en el artículo 27 se calculará aplicando las correcciones financieras dispuestas en el anexo.»

21

En la tabla del anexo del Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 66/2011, referida a los contratos cuyo valor es inferior al umbral establecido por la normativa nacional sobre contratos públicos para que exista la obligación de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el punto 2.3 establece, para los incumplimientos consistentes en aplicar criterios de calificación y selección o factores de evaluación ilegales, una corrección o reducción del 10 % del valor del contrato de que se trate, que puede descender al 5 %, en función de la gravedad.

22

En el marco del programa operativo regional para el período 2007‑2013, dos administraciones territoriales rumanas colindantes, la provincia de Neamţ (asunto C‑260/14) y la provincia de Bacău (asunto C‑261/14), resultaron beneficiarias de la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La concesión de dicha financiación se llevó a cabo mediante un contrato de financiación celebrado entre el Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (Ministerio de Desarrollo Regional y de Turismo), como autoridad de gestión del programa operativo regional 2007‑2013, y las dos administraciones territoriales de que se trata.

23

En el asunto C‑260/14, el contrato de financiación versa sobre la rehabilitación, ampliación y modernización de un centro escolar en Roman (Rumanía), ciudad situada a unos cuarenta kilómetros al norte de la ciudad de Bacău (Rumanía). Esta última se encuentra, a su vez, a unos 300 km al norte de Bucarest (Rumanía), a 370 km de la frontera búlgara, del otro lado de los Cárpatos orientales y cerca de las fronteras de Moldavia por el Este y de Ucrania por el Norte. La provincia de Neamț, beneficiaria de los fondos, convocó, actuando como poder adjudicador, una licitación para adjudicar un contrato público de servicios de auditoría por un valor estimado de 20264,18 euros, al término de la cual se celebró un contrato de prestación de servicios de auditoría por importe de 19410,12 euros.

24

En el asunto C‑261/14, el contrato de financiación tiene por objeto la rehabilitación de una carretera provincial. La provincia de Bacău convocó una licitación abierta para adjudicar un contrato público de obras por valor de 2820515 euros, al término de la cual se celebró, el 17 de septiembre de 2009, un contrato de ejecución de obras.

25

En los autos ante el Tribunal de Justicia consta que, en el marco de tales licitaciones, el Ministerio de Desarrollo Regional y de la Administración Pública consideró ilegales, a la vista del Derecho nacional sobre contratación pública, los requisitos impuestos tanto por la provincia de Neamț como por la provincia de Bacău. En tales circunstancias, dicho Ministerio aplicó sendas correcciones financieras que ascendían, respectivamente, al 5 % del importe de los contratos en cuestión.

26

Entonces, la provincia de Neamț y la provincia de Bacău impugnaron las decisiones por las que se aplicaban las respectivas correcciones financieras. Desestimados sus recursos por el Ministerio de Desarrollo Regional y de la Administración Pública, las demandantes en los litigios principales solicitaron ante el tribunal remitente la anulación de esas decisiones.

27

En el marco de tales procedimientos, el tribunal remitente ha de pronunciarse, en particular, sobre la existencia de una «irregularidad», en el sentido del Reglamento n.o 2988/95 o del Reglamento n.o 1083/2006, y, en su caso, sobre la naturaleza de las correcciones financieras adoptadas por el citado Ministerio.

28

Dadas estas circunstancias, la Curtea de Apel Bacău (Tribunal Superior de Bacău, Rumanía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales. La primera cuestión prejudicial corresponde al asunto C‑260/14 y las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta son sustancialmente idénticas en los asuntos C‑260/14 y C‑261/14:

29

Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2014 se ordenó acumular los asuntos C‑260/14 y C‑261/14 a efectos de las fases escrita y oral y de la sentencia.

30

Mediante su primera cuestión prejudicial en el asunto C‑260/14, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95 y el artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 deben interpretarse en el sentido de que la infracción de disposiciones nacionales por un poder adjudicador beneficiario de Fondos Estructurales en el marco de la adjudicación de un contrato público con un valor estimado inferior al umbral previsto en el artículo 7, letra a), de la Directiva 2004/18, con motivo de la adjudicación de dicho contrato, puede constituir una «irregularidad» en el sentido de dicho artículo 1, apartado 2, o en el sentido del citado artículo 2, punto 7.

31

Procede señalar, con carácter preliminar, que dado que el valor del contrato de que se trata en el litigio principal era inferior al umbral fijado en el artículo 7, letra a), de la Directiva 2004/18, dicho contrato no entra en el ámbito de aplicación de los procedimientos previstos por la citada Directiva.

32

A este respecto, cabe precisar que el Reglamento n.o 2988/95 se limita a establecer normas generales de controles y de sanciones con la finalidad de proteger los intereses financieros de la Unión. La recuperación de fondos incorrectamente utilizados ha de efectuarse en virtud de otras disposiciones, en su caso, en virtud de disposiciones sectoriales (véase la sentencia de 18 de diciembre de 2014, Somvao, C‑599/13, EU:C:2014:2462, apartado 37 y jurisprudencia citada).

33

Tal como el Abogado General señaló en el punto 46 de sus conclusiones, tales disposiciones sectoriales entran en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1083/2006.

34

Sin embargo, dado que los Reglamentos n.o 2988/95 y n.o 1083/2006 forman parte de un mismo dispositivo que garantiza la buena gestión de los fondos de la Unión y la protección de sus intereses financieros, el concepto de «irregularidad», en el sentido del artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95 y en el sentido del artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006, requiere una interpretación uniforme.

35

Dicho esto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión debe tenerse en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2015, Sodiaal International, C‑383/14, EU:C:2015:541, apartado 20 y jurisprudencia citada).

36

De este modo, si bien tanto del artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95 como del artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 se desprende que el incumplimiento del Derecho de la Unión constituye una irregularidad, no puede excluirse que tal irregularidad también pueda resultar de un incumplimiento del Derecho nacional.

37

A este respecto, las operaciones de que se trata en el litigio principal, en la medida en que recibieron financiación de la Unión deben considerarse sujetas a la aplicación del Derecho de la Unión. De este modo, el concepto de «irregularidad» con arreglo al artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95 y con arreglo al artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 debe interpretarse en el sentido de que no sólo contempla toda violación del citado Derecho, sino también la violación de las disposiciones del Derecho nacional que contribuyen a garantizar la buena aplicación del Derecho de la Unión relativo a la gestión de los proyectos financiados por los fondos de la Unión.

38

Corrobora tal interpretación del término «irregularidad» el examen del contexto normativo en el que se inscribe, en particular, el artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006, así como la finalidad perseguida por este Reglamento.

39

Por lo que respecta, en primer lugar, al contexto normativo en el que se inscribe el artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006, procede señalar que el objeto de dicho Reglamento es, en particular, tal como está definido en su artículo 1, establecer los principios de gestión, de seguimiento y de control de las operaciones respaldadas financieramente por el FEDER partiendo del principio de responsabilidad compartida entre los Estados miembros y la Comisión.

40

Tales tareas de gestión, de seguimiento y de control están especificadas en el título VI del Reglamento n.o 1083/2006, mientras que las relativas a la gestión financiera se tratan en su título VII, cuyo capítulo 2 está dedicado a las correcciones financieras. De él se deduce claramente que incumbe, en primer lugar, a los Estados miembros, en su caso, efectuar las correcciones financieras exigidas y, en consecuencia, vigilar que las operaciones respeten el conjunto de normas aplicables tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional.

41

Por lo que respecta, en segundo lugar, a la finalidad perseguida por el Reglamento n.o 1083/2006, las normas establecidas en él tienen por objeto, en particular, tal como se señala en el apartado 34 de la presente sentencia, garantizar la utilización regular y eficaz de los Fondos Estructurales con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión.

42

Ahora bien, dado que no puede excluirse que las infracciones de la normativa nacional puedan comprometer la eficacia de la intervención de los Fondos en cuestión, una interpretación según la cual dichas infracciones no pueden constituir una «irregularidad» en el sentido del artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 no garantizaría la plena consecución de los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión en este ámbito.

43

A la vista de la consideraciones anteriores, el concepto de «irregularidad» contemplado en el artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 y en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que también se refiere a las disposiciones del Derecho nacional aplicables a las operaciones respaldadas por los Fondos Estructurales.

44

Corrobora tal interpretación, además, la definición de «irregularidad» dada por el artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013, que derogó, a partir del 1 de enero de 2014, el Reglamento n.o 1083/2006.

45

En efecto, dicha definición, recogida en el apartado 11 de la presente sentencia, contempla en lo sucesivo de manera explícita cualquier incumplimiento del Derecho de la Unión o del Derecho nacional relativo a su aplicación. Leída a la luz de las consideraciones que preceden, la citada precisión sobre el incumplimiento del Derecho nacional puede clarificar el alcance del concepto de «irregularidad» que figura en el artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 (véase, en este sentido, a contrario, la sentencia de 7 de abril de 2016, PARTNER Apelski Dariusz, C‑324/14, EU:C:2016:214, apartados 90 y 91).

46

Por tanto, procede responder a la primera cuestión prejudicial en el asunto C‑260/14 que el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95 y el artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 deben interpretarse en el sentido de que la infracción de disposiciones nacionales por un poder adjudicador beneficiario de Fondos Estructurales en el marco de la adjudicación de un contrato público con un valor estimado inferior al umbral previsto en el artículo 7, letra a), de la Directiva 2004/18, con motivo de la adjudicación de dicho contrato, puede constituir una «irregularidad» en el sentido de dicho artículo 1, apartado 2, o del citado artículo 2, punto 7, siempre que dicha infracción tenga o pueda tener como efecto causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión al imputarle un gasto indebido.

47

Mediante su segunda cuestión en el asunto C‑260/14 y su primera cuestión en el asunto C‑261/14, el tribunal remitente pretende dilucidar si el artículo 98, apartado 2, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento n.o 1083/2006 debe interpretarse en el sentido de que las correcciones financieras efectuadas por los Estados miembros, cuando han sido aplicadas a gastos cofinanciados por los Fondos Estructurales por haberse infringido las disposiciones en materia de contratación pública, son medidas administrativas en el sentido del artículo 4 del Reglamento n.o 2988/95, o si, por el contrato, se trata de sanciones administrativas en el sentido del artículo 5, letra c), de dicho Reglamento.

48

En primer lugar, procede señalar que, según el artículo 98, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento n.o 1083/2006, las correcciones financieras que deben efectuar los Estados miembros cuando detectan irregularidades en relación con las operaciones o con los programas operativos consistirán en la supresión total o parcial de la contribución pública para el programa operativo de que se trate. Asimismo, según el artículo 98, apartado 2, párrafo segundo, de dicho Reglamento, los recursos de los fondos así liberados podrán, en determinadas circunstancias, ser reasignados por el Estado miembro de que se trate.

49

A continuación, debe señalarse que, del propio tenor de la disposición antes mencionada, interpretado en relación con el artículo 4, apartado 1, primer guion, del Reglamento n.o 2988/95, se desprende que las correcciones financieras que los Estados miembros deben efectuar cuando detectan irregularidades en relación con las operaciones o con los programas operativos tienen por objeto retirar una ventaja indebidamente percibida por los operadores económicos de que se trata, en particular obligando a rembolsar los importes indebidamente pagados.

50

Por último, tal como el Abogado General señaló en el punto 105 de sus conclusiones, el Tribunal de Justicia ya ha precisado en múltiples ocasiones que la obligación de devolver una ventaja indebidamente percibida a través de una práctica irregular no constituye una sanción, sino la mera consecuencia de la constatación de que no se han respetado las condiciones exigidas para la obtención del beneficio resultante de la normativa de la Unión, lo que convierte la ventaja percibida en indebida (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de junio de 2009, Pometon, C‑158/08, EU:C:2009:349, apartado 28; de 17 de septiembre de 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, apartado 45 y jurisprudencia citada, así como de 18 de diciembre de 2014, Somvao, C‑599/13, EU:C:2014:2462, apartado 36). No puede poner tal conclusión en entredicho el hecho, al que se hace referencia en las resoluciones de remisión, de que el importe absoluto que debe ser restituido pueda, en algún caso, no coincidir perfectamente con la pérdida efectivamente sufrida por los Fondos Estructurales.

51

Por tanto, de las consideraciones anteriores se desprende que procede responder a la segunda cuestión prejudicial en el asunto C‑260/14 y a la primera cuestión prejudicial en el asunto C‑261/14 que el artículo 98, apartado 2, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento n.o 1083/2006 debe interpretarse en el sentido de que las correcciones financieras efectuadas por los Estados miembros, cuando han sido aplicadas a gastos cofinanciados por los Fondos Estructurales por haberse infringido las disposiciones en materia de adjudicación de contratos públicos, son medidas administrativas en el sentido del artículo 4 del Reglamento n.o 2988/95.

52

Habida cuenta de la respuesta dada al tribunal remitente en el apartado 51 de la presente sentencia, no procede responder a la tercera cuestión prejudicial en el asunto C‑260/14 y a la segunda en el asunto C‑261/14.

53

Mediante su cuarta cuestión prejudicial en el asunto C‑260/14, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si, en las circunstancias del litigio principal, los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la aplicación, por un Estado miembro, de correcciones financieras reguladas por un acto normativo interno que entró en vigor después de que se entienda cometida la infracción de disposiciones en materia de contratación pública.

54

A este respecto, según reiterada jurisprudencia, cuando los Estados miembros adopten medidas por las que apliquen el Derecho de la Unión, deben respetar los principios generales de este Derecho, entre los que figuran, en particular, los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima (véase, en particular, la sentencia de 3 de septiembre de 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, apartados 35 y 36 y jurisprudencia citada).

55

Por otra parte, procede recordar que, según la misma jurisprudencia, si bien el principio de seguridad jurídica se opone a que un reglamento se aplique retroactivamente, es decir, a una situación existente antes de su entrada en vigor, con independencia de los efectos positivos o negativos que dicha aplicación pueda tener para el interesado, el mismo principio exige que toda situación de hecho sea apreciada, normalmente y salvo indicación expresa en contrario, a la luz de las normas jurídicas que le son contemporáneas. No obstante, aunque la nueva ley sólo rija por tanto para el futuro, también se aplica, salvo disposición contraria, a los efectos futuros de situaciones nacidas durante la vigencia de la ley anterior (véase, en particular, la sentencia de 3 de septiembre de 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, apartado 37 y jurisprudencia citada).

56

De igual modo, como se deriva de esa misma jurisprudencia, el ámbito de aplicación del principio de protección de la confianza legítima no puede extenderse hasta el punto de impedir, de manera general, que una nueva normativa se aplique a los efectos futuros de situaciones nacidas al amparo de la normativa anterior (véase, en particular, la sentencia de 3 de septiembre de 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, apartado 38 y jurisprudencia citada).

57

De las consideraciones anteriores se desprende que procede responder a la cuarta cuestión prejudicial en el asunto C‑260/14 que los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, por un Estado miembro, de correcciones financieras reguladas por un acto normativo interno que entró en vigor después de que tuviera lugar una supuesta infracción de disposiciones en materia de contratación pública, siempre que se trate de la aplicación de una normativa nueva a los efectos futuros de situaciones nacidas durante la vigencia de la normativa anterior, extremo que incumbe verificar al tribunal remitente teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes en el litigio principal.

58

Dado que el procedimiento tiene, para las partes en los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el tribunal remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: