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Document 62008CC0301

Conclusiones del Abogado General Mazák presentadas el 25 de junio de 2009.
Irène Bogiatzi, de casada Ventouras contra Deutscher Luftpool y otros.
Petición de decisión prejudicial: Cour de cassation - Luxemburgo.
Política de transportes - Reglamento (CE) nº 2027/97 - Convenio de Varsovia - Responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente - Plazo para ejercitar la acción de indemnización del perjuicio sufrido.
Asunto C-301/08.

European Court Reports 2009 I-10185

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:400

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. JAN MAZÁK

presentadas el 25 de junio de 2009 1(1)

Asunto C‑301/08

Irène Bogiatzi, casada Ventouras,

contra

Deutscher Luftpool,

Luxair SA,

las Comunidades Europeas,

Estado del Gran Ducado de Luxemburgo,

Le Foyer Assurances SA

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de Cassation (Luxemburgo)]

«Reglamento nº 2027/97 – Artículo 29 del Convenio de Varsovia – Responsabilidad de las compañías aéreas comunitarias por los daños sufridos por un pasajero en caso de accidente – Plazos para ejercitar la acción de responsabilidad – Convenio internacional suscrito por los Estados miembros – Competencia del Tribunal de Justicia en virtud del artículo 234 CE para interpretar el artículo 29 del Convenio de Varsovia – Efecto de un reglamento comunitario sobre un acuerdo internacional – Artículo 307 CE»





I.      Introducción

1.        Mediante resolución de 26 de junio de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de julio de 2008, la Cour de Cassation (Tribunal de Casación), de Luxemburgo, planteó varias cuestiones al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 234 CE, para que se pronunciara con carácter prejudicial sobre la interpretación del Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, (2) en relación con el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 (en lo sucesivo, «Convenio de Varsovia»).

2.        Las cuestiones remitidas se suscitaron en un litigio iniciado por la Sra. Irène Bogiatzi contra Luxair y Deutscher Luftpool, una asociación alemana, para solicitar una indemnización por los daños derivados de un accidente que sufrió al embarcar en un avión de la compañía Luxair el 21 de diciembre de 1998 (en lo sucesivo, «fecha de autos»).

3.        Con el objeto de determinar si el derecho de la Sra. Bogiatzi a interponer una acción de responsabilidad ha prescrito, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el artículo 29 del Convenio de Varsovia, que establece un período de caducidad de dos años para ese tipo de reclamaciones, es aplicable en las circunstancias del asunto que le ha sido planteado, incluso aunque el Reglamento nº 2027/97 no contenga ninguna disposición expresa a tal efecto y, en caso afirmativo, si dicho período puede ser interrumpido o suspendido, o si es posible renunciar a su aplicación.

4.        A este respecto, no obstante, la primera cuestión remitida plantea una cuestión preliminar sobre el alcance de la competencia atribuida por el artículo 234 CE al Tribunal de Justicia, en caso de que la tenga, para interpretar el Convenio de Varsovia.

II.    Marco normativo

A.      Convenio de Varsovia

5.        El Convenio de Varsovia contiene, entre otras disposiciones, normas sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente. Ha sido modificado varias veces, en particular mediante el Protocolo de la Haya de 28 de septiembre de 1955, el Convenio de Guadalajara de 18 de septiembre de 1961 y los cuatro Protocolos adicionales de Montreal de 25 de septiembre de 1975.

6.        Aunque la Comunidad como tal no es parte del Convenio de Varsovia, en la fecha de autos los quince Estados miembros se habían adherido a éste.

7.        El artículo 29 del Convenio de Varsovia, en su versión vigente en la fecha de autos, disponía lo siguiente respecto a la acción de responsabilidad:

«1.      La acción de responsabilidad deberá intentarse, bajo pena de caducidad, dentro del plazo de dos años, a partir de la llegada a su destino o del día en que la aeronave hubiere debido llegar o de la detención del transporte.

2.      La forma de efectuar el cálculo del plazo se determinará por la ley del Tribunal que entiende en el asunto.»

8.        El 28 de mayo de 1999 se firmó el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (en lo sucesivo, «Convenio de Montreal»), (3) cuyo propósito era modernizar y consolidar el Convenio de Varsovia y los instrumentos relacionados con el mismo. Fue, igualmente, firmado por la Comunidad el 9 de diciembre de 1999 y aprobado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001, (4) sobre la celebración del Convenio de Montreal.

9.        El Convenio de Montreal, del que son partes tanto la Comunidad como sus 27 Estados miembros, entró en vigor el 4 de noviembre de 2003, es decir, después de la fecha de autos. Cabe señalar, no obstante, que el artículo 35 del citado Convenio, titulado «Plazo para las acciones», tiene una redacción idéntica a la del artículo 29 del Convenio de Varsovia.

B.      Reglamento nº 2027/97

10.      En los considerandos relevantes para el caso que nos ocupa de la exposición de motivos del Reglamento nº 2027/97 sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, en su versión en vigor en la fecha de autos, se lee lo siguiente:

«1)      Considerando que, en el marco de la política común de transportes, resulta necesario incrementar el nivel de protección de los pasajeros en caso de accidente aéreo;

2)      Considerando que las normas sobre responsabilidad en caso de accidente se rigen por el Convenio para la unificación de determinadas reglas relativas al transporte aéreo, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, o por dicho Convenio tal como fue modificado en La Haya el 28 de septiembre de 1955 y por el Convenio de Guadalajara de 18 de septiembre de 1961, según el que sea aplicable, cada uno de los cuales se denomina en adelante, en cada caso, el “Convenio de Varsovia”; que el Convenio de Varsovia se aplica en todo el mundo, tanto en beneficio de los pasajeros como de las compañías aéreas;

3)      Considerando que el límite de responsabilidad que establece el Convenio de Varsovia es demasiado bajo en relación con los niveles económicos y sociales actuales y que, a menudo, da lugar a acciones legales de larga duración que perjudican la imagen del transporte aéreo; que, como consecuencia de ello, los Estados miembros han incrementado diversamente el límite de responsabilidad con las consiguientes diferencias dentro del mercado interior de la aviación;

4)      Considerando, además, que el Convenio de Varsovia sólo se aplica al transporte internacional; que, en el mercado interior de la aviación, se ha eliminado la distinción entre transporte nacional y transporte internacional; que, por consiguiente, conviene establecer el mismo nivel y la misma naturaleza de responsabilidad tanto en el transporte nacional como en el internacional;

5)      Considerando que la revisión y modificación en profundidad del Convenio de Varsovia constituyen una tarea pendiente desde hace tiempo y que, a largo plazo y a nivel internacional, serían una respuesta más uniforme y pertinente al tema de la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente; que deberían seguir haciéndose esfuerzos en el marco de negociaciones a nivel multilateral para elevar los límites de responsabilidad que se fijan en el Convenio de Varsovia;

[…]

7)      Considerando que, de acuerdo con la tendencia actual a escala internacional, es conveniente suprimir todos los límites en lo que se refiere a los importes por responsabilidad con arreglo al apartado 1 del artículo 22 del Convenio de Varsovia o cualquier otro límite de carácter jurídico o contractual;

[…].»

11.      El artículo 2, apartado 2, del Reglamento nº 2027/97 es del siguiente tenor:

«Los términos incluidos en el presente Reglamento no definidos en el apartado 1 serán equivalentes a los que figuran en el Convenio de Varsovia».

12.      El artículo 5, apartados 1 y 3, establece lo siguiente:

«1.      Sin demora y, en cualquier caso, a más tardar en un plazo de quince días siguientes a la determinación de la identidad de la persona física con derecho a indemnización, la compañía aérea comunitaria abonará los anticipos necesarios para cubrir las necesidades económicas inmediatas, de forma proporcional a los perjuicios sufridos.

[…]

3.      El pago de un anticipo no supondrá el reconocimiento de una responsabilidad y podrá compensarse con los importes que deban abonarse con posterioridad con arreglo a la responsabilidad de la compañía aérea comunitaria, pero no será reembolsable, salvo en los casos indicados en el apartado 3 del artículo 3 o en circunstancias en que se pruebe con posterioridad que la persona que recibió el anticipo fue causante o contribuyó al daño por negligencia o era una persona sin derecho a indemnización.»

13.      Con posterioridad a la fecha de autos, el Reglamento nº 2027/97 fue modificado por el Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002.(5)

III. Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales planteadas

14.      Según se desprende de la petición de decisión prejudicial, la Sra. Bogiatzi sufrió una caída en la plataforma de estacionamiento del aeropuerto de Luxemburgo al embarcar en un avión de la compañía Luxair el 21 de diciembre de 1998.

15.      El 22 de diciembre de 2003, la Sra. Bogiatzi demandó a Deutscher Luftpool y Luxair ante el Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg (Tribunal de distrito de Luxemburgo) solicitando, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento nº 2027/97 y en el Convenio de Varsovia, que se condenara a ambas sociedades a resarcir, solidariamente o in solidum, el perjuicio sufrido por la demandante.

16.      El Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, tras señalar que la demanda había sido presentada cinco años después del accidente, declaró que la acción había caducado, al haberse ejercitado una vez transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 29 del Convenio de Varsovia para intentar la acción de responsabilidad. A este respecto, el Tribunal estimó que el citado período era un plazo prefijado, no susceptible de suspensión o interrupción.

17.      La Cour d’Appel (Tribunal de Apelación) de Luxemburgo, pronunciándose sobre el recurso interpuesto por la Sra. Bogiatzi, mediante sentencia de 28 de marzo de 2007 declaró inadmisible la apelación dirigida contra la compañía aseguradora Le Foyer y el Estado de Luxemburgo, si bien confirmó fundamentalmente, por lo demás, la resolución recurrida.

18.      En el procedimiento principal, corresponde a la Cour de cassation decidir sobre la apelación presentada por la Sra. Bogiatzi contra la citada sentencia, en la medida en que ésta establece que la acción judicial ejercitada contra la compañía aérea Luxair y la aseguradora de esta última, Deutscher Luftpool, había caducado. La apelación se basa en varios motivos en los que se alega, entre otros, la infracción del Reglamento nº 2027/97. En particular, la Sra. Bogiatzi impugna la aplicación, en una situación regulada por este Reglamento, del período de caducidad de dos años establecido en el artículo 29 del Convenio de Varsovia.

19.      En estas circunstancias, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Forma parte el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 y modificado en La Haya el 28 de septiembre de 1955, al que alude el Reglamento (CE) nº 2027/97, de las normas del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación es competencia del Tribunal de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 CE?

2)      ¿Debe interpretarse el Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo, de 9 octubre de 1997, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, en su versión aplicable en el momento del accidente, esto es, el 21 de diciembre de 1998, en el sentido de que, respecto de las cuestiones no reguladas expresamente, siguen siendo de aplicación las disposiciones del Convenio de Varsovia, y, en concreto, su artículo 29, a un vuelo realizado entre Estados miembros de la Comunidad?

3)      En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera y segunda, ¿debe interpretarse el artículo 29 del Convenio de Varsovia, en relación con el Reglamento (CE) nº 2027/97, en el sentido de que el plazo de dos años previsto en este artículo puede quedar suspendido o interrumpido, o de que el transportista o su aseguradora pueden renunciar a invocar dicho plazo, por un acto que el juez nacional considere equivalente a un reconocimiento de responsabilidad?»

IV.    Análisis jurídico

A.      Principales alegaciones de las partes

20.      Han presentado observaciones en el presente procedimiento la Sra. Bogiatzi, Luxair, el Gobierno francés y la Comisión. Igualmente, todas estas partes estuvieron representadas en la vista de 19 de marzo de 2009.

21.      En lo referente a la primera cuestión, la Sra. Bogiatzi sostiene que el Tribunal de Justicia es competente en virtud del artículo 234 CE para interpretar el Convenio de Varsovia. Dado que el Reglamento nº 2027/97 hace referencia al citado Convenio, este último debe considerarse similar a un acto de una institución comunitaria y, consecuentemente, parte del ordenamiento jurídico comunitario. Además, la interpretación del Tribunal de Justicia resulta necesaria en aras de la uniformidad, dado que el Reglamento nº 2027/97 pretende alcanzar la armonización en el ámbito de la responsabilidad de las compañías aéreas.

22.      La Comisión y el Gobierno francés sostienen, en cambio, que debe darse una respuesta negativa a la primera cuestión. Puesto que la Comunidad no es parte firmante del Convenio de Varsovia, éste no puede equipararse a los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad en el sentido del artículo 234 CE, sobre los cuales el Tribunal de Justicia tiene competencia para pronunciarse.

23.      Además, el Gobierno francés señala expresamente que la Comunidad no ha asumido las competencias anteriormente ejercidas por los Estados miembros en el ámbito al que resulta de aplicación el Convenio de Varsovia, lo que significa que no cabe sostener que sus disposiciones tengan efecto vinculante para la Comunidad en el sentido de la línea jurisprudencial derivada del asunto International Fruit Company y otros. (6)

24.      El Gobierno francés y la Comisión admiten, sin embargo, que el hecho de que el Reglamento nº 2027/97 haga referencia al Convenio de Varsovia no carece de relevancia en la determinación de la competencia del Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 234 CE.

25.      En este sentido, la Comisión sostiene que el Tribunal de Justicia es competente para interpretar únicamente las disposiciones del Convenio de Varsovia a las que hace referencia el Reglamento nº 2027/97. De forma similar, el Gobierno francés sostiene que, habida cuenta de dichas referencias en el Reglamento nº 2027/97, el Tribunal de Justicia puede interpretar el Convenio de Varsovia para interpretar las disposiciones del Reglamento a la luz de lo dispuesto en ese Convenio. (7)

26.      Según Luxair, en el presente asunto el Tribunal de Justicia no está obligado a interpretar el Convenio de Varsovia, sino a aplicar el artículo 307 CE, en virtud del cual los convenios celebrados con anterioridad al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea no afectarán a las disposiciones del Derecho comunitario.

27.      En lo referente a la segunda cuestión, la Sra. Bogiatzi alega, fundamentalmente, que el Convenio de Varsovia –y, en concreto, su artículo 29–, se aplica únicamente en los casos en que el Reglamento nº 2027/97 se remita expresamente a las disposiciones de este Convenio. A falta de referencia expresa a las correspondientes disposiciones del Convenio de Varsovia, este Reglamento debe ser interpretado de forma independiente. Tal como se desprende de los trabajos preparatorios del Reglamento nº 2027/97 y de su séptimo considerando, el legislador comunitario pretendía que la responsabilidad de las compañías aéreas se rigiera únicamente por ese Reglamento y que quedaran eliminados todos los límites a la responsabilidad impuestos por el Convenio de Varsovia. Si el artículo 29 del Convenio de Varsovia continuara aplicándose, se pondría en peligro el objetivo perseguido por el Reglamento; esto es, la armonización de las condiciones de la responsabilidad.

28.      Por último, según la Sra. Bogiatzi, los plazos para ejercitar una acción de responsabilidad no pueden dejarse a la autonomía procesal de los Estados miembros. En cualquier caso, el plazo de caducidad de dos años establecido en el Convenio de Varsovia no se ajusta a las exigencias de equivalencia y efectividad.

29.      Por su parte, Luxair, el Gobierno francés y la Comisión alegan fundamentalmente que los plazos para el ejercicio de las acciones de responsabilidad es una cuestión que sigue estando regulada por el artículo 29 del Convenio de Varsovia.

30.      Luxair señala, a este respecto, que el Reglamento nº 2027/97 guarda silencio en cuanto a tales plazos de caducidad. Por tanto, no existe ningún conflicto entre el Reglamento y el Convenio de Varsovia. Dado que el Convenio de Varsovia ha sido ratificado también por Estados que no forman parte de la Unión Europea y que siguen estando obligados por lo dispuesto en el citado Convenio, incluido su artículo 29, el Tribunal de Justicia debe reconocer la primacía de ese Convenio en el presente asunto.

31.      Según el Gobierno francés, no parece que el Reglamento nº 2027/97 fuese aprobado con la intención de sustituir íntegramente al Convenio de Varsovia y, por otra parte, el principio de seguridad jurídica impide atribuir de forma implícita al Reglamento esa función. Más bien, según se desprende claramente de su exposición de motivos, el Reglamento nº 2027/97 pretende mejorar el nivel de protección de los pasajeros que sean víctimas de accidentes, pero únicamente en algunos aspectos y sin incluir, por ejemplo, la cuestión de los plazos procedimentales, que el Reglamento no contempla.

32.      La Comisión señala, además, que, según reiterada jurisprudencia, ante la inexistencia de una normativa comunitaria en la materia, corresponde en principio al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los justiciables. (8) En la medida en que los Estados miembros son partes del Convenio de Varsovia, la regulación procesal establecida en este Convenio puede aplicarse en el ordenamiento jurídico interno en un asunto como el planteado ante el órgano jurisdiccional remitente. Por último, la Comisión duda de si es razonable suponer que el Reglamento nº 2027/97 excluiría la aplicación de la regulación procesal en cuestión sin prever una alternativa.

33.      En lo referente a la tercera cuestión, la Sra. Bogiatzi sugiere que la respuesta debe ser afirmativa. En apoyo de su postura cita, en particular, la interpretación que del artículo 29 del Convenio de Varsovia hace la Cour de cassation francesa (Tribunal de casación), así como el objeto y el propósito tanto del Convenio de Varsovia como del Reglamento nº 2027/97, los cuales, en su opinión, se verían amenazados si se hiciese una interpretación restrictiva de la citada disposición. Así pues, teniendo en cuenta que tales instrumentos pretenden fomentar indemnizaciones rápidas y extrajudiciales a favor de las víctimas de accidentes, el intento de alcanzar un acuerdo amistoso entrañaría considerables riesgos para la víctima afectada si el período de caducidad establecido en el artículo 29 del Convenio de Varsovia realmente no pudiera suspenderse o interrumpirse o si no fuera posible renunciar a su aplicación.

34.      Luxair, el Gobierno francés y la Comisión alegan, fundamentalmente, que dado que el Tribunal de Justicia no tiene competencia para interpretar el Convenio de Varsovia, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar si –y, en su caso, en qué condiciones– el plazo de caducidad establecido en el artículo 29 puede ser suspendido o interrumpido, o si es posible renunciar a su aplicación.

35.      La Comisión destaca que, en virtud del principio de autonomía procesal, los órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar, en cualquier caso, que los plazos de caducidad cumplan las exigencias de equivalencia y efectividad.

B.      Análisis

1.      Consideraciones preliminares

36.      Mediante la primera cuestión se plantea la consideración preliminar de si el Tribunal de Justicia tiene competencia, en virtud del artículo 234 CE, para interpretar el Convenio de Varsovia y, específicamente, en vista del objeto del asunto sometido al órgano jurisdiccional remitente, su artículo 29. Obviamente, la respuesta negativa a esa cuestión conlleva la inadmisibilidad de la tercera cuestión, relativa a la interpretación de dicha disposición. La segunda cuestión, en cambio, se formula como una cuestión sobre la interpretación del Reglamento nº 2027/97 y, por lo tanto, está claramente relacionada con una cuestión de Derecho comunitario sobre la cual el Tribunal de Justicia puede, en principio, pronunciarse. Mediante esa cuestión se solicita, fundamentalmente, orientación acerca de si el Reglamento nº 2027/97 debe interpretarse en el sentido de que excluye la aplicación del artículo 29 del Convenio de Varsovia en circunstancias como las que concurren en el asunto del que está conociendo el órgano jurisdiccional remitente.

37.      Así pues, lo que se está planteando en el presente asunto es, con carácter general, la relación entre las posibles obligaciones de un Estado miembro derivadas de un acto de Derecho comunitario derivado y las impuestas por un convenio internacional suscrito por este Estado junto con otros Estados miembros y terceros países.

38.      A tal efecto, procede señalar que la interacción entre obligaciones que puedan imponerse en virtud del Derecho comunitario (en particular, en virtud del Reglamento nº 2027/97) y las derivadas del artículo 29 del Convenio de Varsovia en lo relativo a los correspondientes límites de caducidad puede presentar de hecho más matices de los que parecen sugerir las cuestiones planteadas. Así, en primer lugar, aun suponiendo que el Reglamento nº 2027/97 no impida a los órganos jurisdiccionales nacionales aplicar el artículo 29 del Convenio de Varsovia en el marco de las acciones de responsabilidad reguladas –aunque no lo contemple expresamente en relación con la cuestión de los plazos procesales de caducidad– por el Reglamento nº 2027/97, el Derecho comunitario puede imponer ciertos requisitos, como los desarrollados en relación con el concepto de «autonomía procesal», que deben observarse en ese contexto. En segundo lugar, aunque se estableciera que el Tribunal de Justicia no es competente en virtud del artículo 234 CE para interpretar el Convenio de Varsovia, eso no significa que el Tribunal de Justicia no pueda tener en cuenta el citado Convenio para interpretar el Reglamento nº 2027/97.

2.      Competencia del Tribunal de Justicia para interpretar el artículo 29 del Convenio de Varsovia.

39.      Procede comenzar recordando que, con arreglo al artículo 300 CE, apartado 7, los acuerdos celebrados en las condiciones mencionadas en este artículo serán vinculantes para las instituciones de la Comunidad, así como para los Estados miembros.

40.      Además, según se deduce de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia en este contexto, todo acuerdo celebrado por el Consejo en virtud del artículo 300 CE será considerado, en lo relativo a la Comunidad, similar a un acto adoptado por las instituciones de la Comunidad en el sentido del artículo 234 CE, párrafo primero, letra b), y desde el momento de la entrada en vigor del acuerdo, sus disposiciones forman parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario. Consecuentemente, dentro del marco del citado sistema, el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse con carácter prejudicial acerca de la interpretación de un acuerdo de tal naturaleza. (9)

41.      De esto cabría deducir que, puesto que la Comunidad no es parte firmante del Convenio de Varsovia, dicho Convenio no ha pasado, en principio, a ser parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario que el Tribunal de Justicia tiene competencia para interpretar en virtud del artículo 234 CE.

42.      Cabe admitir que en el asunto International Fruit Company y otros, el Tribunal de Justicia equiparó, siempre que se cumplieran determinadas condiciones, la situación en la que la Comunidad celebra formalmente, con arreglo al artículo 300 CE, un acuerdo internacional con la situación en la que las disposiciones de un acuerdo internacional adquieren carácter vinculante para la Comunidad porque, en virtud del Tratado CE, ha asumido competencias anteriormente ejercidas por los Estados miembros en el ámbito de aplicación del acuerdo correspondiente. (10)

43.      No obstante, en lo que concierne al ámbito del transporte internacional aéreo, ámbito al que resulta de aplicación el Convenio de Varsovia, no parece que se haya producido la transferencia plena de las competencias anteriormente ejercidas por los Estados miembros a la que se refiere la jurisprudencia citada y que habría conferido a las disposiciones del Convenio carácter vinculante para la Comunidad. (11)

44.      A continuación, tampoco puede aducirse razonablemente –y ninguna de las partes en el procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente lo ha intentado– que las disposiciones del Convenio de Varsovia, en particular su artículo 29, sean jurídicamente vinculantes para la Comunidad por ser una expresión de normas del Derecho consuetudinario internacional. (12)

45.      Por último, el hecho de que, en el preámbulo y en el artículo 2, apartado 2, el Reglamento nº 2027/97 haga referencia al Convenio de Varsovia no es suficiente para considerar que el artículo 29 de este último instrumento deba considerarse parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación es competencia del Tribunal de Justicia en virtud del artículo 234 CE.

46.      Ciertamente, al interpretar el Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia puede también tener en cuenta, en diferentes contextos, normas pertinentes de Derecho internacional, en particular convenios internacionales, que no son como tales formalmente vinculantes para la Comunidad.

47.      Este es claramente el supuesto en el que una disposición de Derecho comunitario hace referencia expresa a una norma de Derecho internacional y la «incorpora» a la correspondiente norma comunitaria. (13) El artículo 2, apartado 2, del Reglamento nº 2027/97 constituye un ejemplo: con arreglo a esta disposición, el Tribunal de Justicia, cuando encuentre un término no definido en el artículo 21, apartado1, de este Reglamento, debe darle un significado equivalente al que figura en el Convenio de Varsovia y, en esa medida, «interpretar» el citado Convenio.

48.      Además, para interpretar el Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia toma en consideración las disposiciones pertinentes del Derecho internacional incluso a falta de tal referencia. Esto refleja el hecho de que la Comunidad procura, en general, ejercer sus facultades de conformidad con el Derecho internacional y, específicamente, tal como exige el principio de cooperación leal previsto en el artículo 10 CE, respetando debidamente las obligaciones internacionales vinculantes para sus Estados miembros. (14)

49.      En el presente caso, sin embargo, no resulta controvertido que el Reglamento nº 2027/97 no contiene ninguna disposición expresa respecto al plazo de caducidad para las acciones de responsabilidad, ni tampoco se remite expresamente al artículo 29 del Convenio de Varsovia. Así pues, en mi opinión, la interpretación de esa disposición no puede considerarse «accesoria» respecto de la interpretación del Reglamento nº 2027/97. Consecuentemente, la cuestión que nos ocupa acerca de la competencia del Tribunal de Justicia para interpretar, en el marco de una remisión prejudicial, el artículo 29 del Convenio de Varsovia debe distinguirse, en mi opinión, de las situaciones antes mencionadas en las que el Tribunal de Justicia utiliza los acuerdos internacionales como orientación para la interpretación.

50.      A la luz de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial que el artículo 29 del Convenio de Varsovia no forma parte del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación es competencia del Tribunal de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 CE.

51.      De lo anterior se desprende que no procede que el Tribunal de Justicia responda a la tercera cuestión prejudicial.

3.      Plazos para la interposición de las acciones de responsabilidad.

52.      Para valorar en qué medida, en vista de lo dispuesto en el Reglamento nº 2027/97, puede excluirse la aplicación del artículo 29 del Convenio de Varsovia en los procedimientos nacionales, puede ser útil recordar en primer lugar algunos aspectos de la relación entre los ordenamientos jurídicos y los instrumentos implicados.

53.      A tal efecto, del artículo 300 CE, apartado 7, y de la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que los acuerdos internacionales de los que la Comunidad es parte tendrán preferencia sobre las disposiciones de Derecho comunitario derivado y, al formar parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario, sobre cualquier disposición del Derecho nacional con la que éste entre en conflicto. (15)

54.      No obstante, puesto que, como se ha señalado anteriormente, las disposiciones del Convenio de Varsovia que se debaten en el presente caso no son vinculantes para la Comunidad, en caso de conflicto de leyes, no pueden prevalecer sobre las disposiciones del Reglamento nº 2027/97.

55.      Resulta evidente, más bien, que en virtud del principio de primacía del Derecho comunitario, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a garantizar la plena eficacia de las disposiciones de un reglamento comunitario, dejando inaplicada cualquier disposición nacional contraria, incluidas, en principio, las normas derivadas de los acuerdos internacionales por las que esté obligado el Estado miembro correspondiente. (16) Consecuentemente, cuando las disposiciones del Reglamento nº 2027/97 sean contrarias a las del Convenio de Varsovia, el primer instrumento tendría, en principio, preferencia sobre el segundo y consecuentemente excluiría, en los procedimientos sustanciados ante órganos jurisdiccionales nacionales, la aplicación de la correspondiente disposición derivada del Convenio que provoque el conflicto.

56.      Esa afirmación de primacía debe matizarse, por supuesto, a la luz del párrafo primero del artículo 307 CE, que establece que las disposiciones del Tratado no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios países terceros, por otra. En virtud de la citada disposición, que en principio es aplicable al Convenio de Varsovia dado que éste constituye un convenio preexistente celebrado entre los Estados miembros y terceros Estados, una norma comunitaria contraria al Convenio puede quedar privada de efecto en virtud de un convenio internacional anterior celebrado por un Estado miembro. De este modo, un Estado miembro, amparándose en este artículo, puede dejar de cumplir las obligaciones derivadas del Derecho comunitario aunque, según la interpretación marcadamente restrictiva que el Tribunal de Justicia hace de esta disposición, únicamente en la medida que sea estrictamente necesaria para cumplir con sus obligaciones internacionales frente a terceros Estados. (17)

57.      En el presente caso debe observarse, sin embargo, que de hecho no parece existir ningún conflicto directo que deba resolverse conforme a esa línea jurisprudencial entre el Reglamento nº 2027/97 y el Convenio de Varsovia en lo que al período de caducidad establecido en el artículo 29 del Convenio se refiere, porque, en mi opinión, esta cuestión no es tratada como tal por el Reglamento.

58.      En tal sentido, aparte del hecho de que es evidente que no hay ninguna disposición en el Reglamento nº 2027/97 que regule expresamente la cuestión de los plazos de caducidad de las acciones de responsabilidad, tampoco se deduce del objeto y finalidad del Reglamento que éste tuviese de hecho la intención de regular los plazos de caducidad o, más concretamente, modificar el plazo previsto en el artículo 29 del Convenio de Varsovia.

59.      Aunque es cierto –según se deduce con claridad de su exposición de motivos, en particular de los considerandos primero y segundo– que el Reglamento nº 2027/97 tiene por objeto de mejorar el nivel de protección garantizado por el Convenio de Varsovia a los pasajeros implicados en accidentes aéreos, y en concreto, en lo relativo a las normas sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, debe observarse que en los considerandos del Reglamento se hace referencia a determinados aspectos sustanciales de la responsabilidad de las compañías aéreas comunitarias, como los límites pecuniarios y la posibilidad de que las compañías aéreas se acojan a los límites previstos en el artículo 20, apartado 1, del Convenio de Varsovia. (18) Más aún, estas cuestiones están recogidas en la parte dispositiva del Reglamento. En cambio, en la exposición de motivos del Reglamento –y todavía menos en la parte dispositiva– no se hace ninguna referencia a los aspectos procesales de la interposición de la acción de responsabilidad, como puede ser el período de caducidad establecido en el artículo 29 del Convenio de Varsovia.

60.      En esas circunstancias, no hay nada en el Reglamento que permita interpretarlos en el sentido de que regula, al menos implícitamente, los plazos de caducidad para la interposición de acciones de responsabilidad ni de que, en consecuencia, excluye la aplicación del plazo previsto en el artículo 29 del Convenio de Varsovia. De hecho, como la Comisión ha señalado acertadamente, difícilmente cabe suponer que el Reglamento 2027/97 tenga la intención de excluir la aplicación de esa norma procesal sin facilitar al mismo tiempo una alternativa.

61.      Por tanto, en la medida en que el Reglamento nº 2027/97 no regula la cuestión de los plazos en los que deben interponerse las acciones de responsabilidad en caso de daños sufridos en relación con compañías aéreas comunitarias, debe concluirse, de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia acerca de la autonomía procesal de los Estados miembros que, en principio, corresponde al sistema jurídico nacional de cada Estado miembro establecer las normas procesales en la materia. (19)

62.      De lo anterior se desprende que, en principio, nada impide a un Estado miembro aplicar, en los procedimientos nacionales en esa materia, normas como la contemplada en el artículo 29 del Convenio de Varsovia, que se deriven de Acuerdos internacionales que vinculen a dicho Estado.

63.      No obstante, en la medida en que las acciones de responsabilidad estén comprendidas en el ámbito del régimen de responsabilidad establecido por el Reglamento nº 2027/97 y, consecuentemente, constituyan acciones destinadas a garantizar la tutela de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los justiciables, los Estados miembros tienen la obligación, basada en el Derecho comunitario, de garantizar que las normas procesales aplicables no sean menos favorables que las que regulan recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) y que no quede hagan excesivamente difícil o imposible en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad). (20)

64.      En este sentido, en principio corresponde al juez nacional, y no al Tribunal de Justicia, determinar exactamente cuáles son las obligaciones que se imponen al Estado miembro de que se trata, en virtud del artículo 29 del Convenio de Varsovia, respecto a los plazos aplicables para la interposición de acciones de responsabilidad y en qué medida puede la aplicación de dichos plazos obstaculizar el cumplimiento de los principios antes citados. (21) No obstante, basta observar que el Tribunal de Justicia ha reconocido en numerosas ocasiones que es compatible con el Derecho comunitario, en interés de la seguridad jurídica, la fijación de plazos razonables de recurso, y que un plazo de dos años como el establecido en el artículo 29 del Convenio de Varsovia, en mi opinión, no parece de tal naturaleza que haga imposible o excesivamente difícil en la práctica el ejercicio del derecho a reclamar una indemnización de daños y perjuicios con arreglo al Reglamento nº 2027/97. (22)

65.      En vista de todo lo expuesto, procede responder a la segunda cuestión que el Reglamento nº 2027/97, en lo referente a los plazos para la interposición de acciones de responsabilidad por lesiones sufridas durante un vuelo entre Estados miembros que esté regulado por el citado Reglamento, no debe interpretarse en el sentido de que impide a los órganos jurisdiccionales nacionales aplicar el artículo 29 del Convenio de Varsovia desde el momento en que el citado plazo sea congruente con los principios comunitarios de efectividad y equivalencia.

V.      Conclusión

66.      Por tanto, propongo que el Tribunal responda a las cuestiones prejudiciales planteadas del siguiente modo:

–        El artículo 29 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el trasporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, no forma parte del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación es competencia del Tribunal de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 CE.

–        El Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, en lo referente a los plazos para la interposición de acciones de responsabilidad por las lesiones sufridas durante un vuelo entre Estados miembros que esté regulado por el citado Reglamento, no debe interpretarse en el sentido de que impide a los órganos jurisdiccionales nacionales aplicar el artículo 29 del Convenio de Varsovia desde el momento en que el citado plazo sea congruente con los principios comunitarios de efectividad y equivalencia.


1 Lengua original: inglés.


2 – DO L 285, p. 1.


3 – DO, 2001L 194, p. 39.


4 – DO L 194, p. 38.


5 – DO L 140, p. 2.


6 – Sentencia de 12 de diciembre de 1972 (21/72 a 24/72, Rec. p. 1219), apartado 16, y sentencia de 3 de junio de 2008, Intertanko y otros (C‑308/06, Rec. p. I‑4057), apartados 48 y 49.


7 – Véase, entre otras, la sentencia de 23 de octubre de 2003, Nilsson (C‑154/02, Rec. p. I‑12733), apartado 39.


8 – La Comisión se refiere, entre otras, a la sentencia de 12 de febrero de 2008, Kempter (C‑2/06, Rec. p. I‑411), apartado 57.


9 – Véanse en este sentido, entre otras, las sentencias de 30 de abril de 1974, Haegeman (181/73, Rec. p. 449), apartado 5; de 15 de junio de 1999, Andersson y Wåkerås-Andersson (C‑321/97, Rec. p. I‑3551), apartado 26, y de 11 de septiembre de 2007, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos (C‑431/05, Rec. p. I‑7001), apartado 31.


10 – Véanse en este sentido, las sentencias International Fruit Company y otros, citada en nota 6, apartados 10 a 18; de 19 de noviembre de 1975, Nederlandse Spoorwegen (C‑38/75, Rec. p. 1439), apartado 21; de 14 de julio de 1994, Peralta (C‑379/92, Rec. p. I‑3453), apartado 16, e Intertanko y otros, citada en nota 6, apartado 49.


11 – A este respecto debe observarse, en primer lugar, que la aprobación del Reglamento nº 2027/97 no constituye por sí misma prueba suficiente de que se haya producido tal transferencia de las competencias correspondientes, dado que el ámbito de aplicación del Reglamento es claramente más restringido que el del Convenio de Varsovia. Así pues, como se desprende claramente de la exposición de motivos y de la parte dispositiva, el Reglamento nº 2027/97 pretende mejorar la protección de los pasajeros frente a las compañías aéreas comunitarias en lo relativo a la responsabilidad por los daños sufridos en caso de fallecimiento o lesiones, mientras que el Convenio de Varsovia regula también el transporte de equipajes o de carga. En segundo lugar, cabe señalar que la celebración del Convenio de Montreal, que ha sustituido al Convenio de Varsovia, se produjo mediante un acuerdo combinado de la Comunidad y de sus Estados miembros partiéndose de la base de que existían aún competencias compartidas en el ámbito del transporte internacional aéreo regulado por el Convenio de Montreal (véase el cuarto considerando de la exposición de motivos de la Decisión del Consejo sobre la celebración del Convenio de Montreal, citada en la nota 4). Por último, no hay ninguna indicación de que la Comunidad haya actuado efectivamente como la sucesora de los Estados miembros en relación con el Convenio de Varsovia o de que las otras partes del citado Convenio hayan reconocido a la Comunidad en ese papel.


12 – Véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de junio de 1998, Racke (C‑162/96, Rec. p. I‑3655), apartado 45, e Intertanko y otros, citada en nota 6, apartado 51.


13 – Véanse en este sentido, por ejemplo, las sentencias Nilsson, citada en nota 7, apartado 39, y de 23 de octubre de 2001, Tridon (C‑510/99, Rec. p. I‑7777), apartado 25.


14 – Véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de noviembre de 1992, Poulsen y Diva Navigation (C‑286/90, Rec. p. I‑6019), apartados 9 y 10, e Intertanko y otros, citada en nota 6, apartado 52.


15 – Véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de septiembre de 1996, Comisión/Alemania (C‑61/94, Rec. p. I‑3989), apartado 52; de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA (C‑344/04, Rec. p. I‑403), apartado 35, y de 25 de febrero de 1988, Comisión/Grecia (194/85 y 241/85, Rec. p. 1037), apartados 28 a 32.


16 – Véase, en este sentido, entre otras, la sentencia de 9 de marzo de 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629), apartado 21.


17 – Véanse, en este sentido, entre otras, las sentencias de 14 de enero de 1997, Centro-Com (C‑124/95, Rec. p. I‑81), apartados 55 a 57; de 2 de agosto de 1993, Levy (C‑158/91 Rec. p. I‑4287), apartados 11 a 13; de 14 de octubre de 1980, Burgoa (812/79, Rec. p. 2787), apartado 6, y de 27 de febrero de 1962, Comisión/Italia (10/61, Rec. p. 1). Según esa jurisprudencia, el objeto del artículo 307 CE es garantizar que un Estado miembro pueda respetar, de conformidad con los principios del Derecho internacional, los derechos de países terceros que resultan de un Convenio anterior y de cumplir sus obligaciones correspondientes.


18 – Véanse los considerandos tercero, séptimo y octavo, respectivamente, de la exposición de motivos del Reglamento nº 2027/97.


19 – Véanse, en este sentido, en particular las sentencias de 21 de septiembre de 1983, Deutsche Milchkontor y otros (asuntos 205/82 a 215/82, Rec. p. 2633), apartado 17; de 16 de diciembre de 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989), apartado 5, y de 14 de diciembre de 1995, Peterbroeck (C‑312/93, Rec. p. I‑4599), apartado 12.


20 – Véanse, en este sentido, entre otras, las sentencias Kempter, citada en la nota 8, apartado 57; de 13 de marzo de 2007, Unibet (C‑432/05, Rec. p. I‑2271), apartado 43, y de 16 de mayo de 2000, Preston y otros (C‑78/98, Rec. p. I‑3201), apartado 31.


21 – Véanse las sentencias Centro-Com, citada en nota 17, apartado 58, y de 28 de marzo de 1995, Evans Medical y Macfarlan Smith (C‑324/93, Rec. p. I‑563), apartado 29.


22 – Véase, a este respecto, la sentencia Kempter, citada en nota 8, apartado 58 y jurisprudencia citada. No parece que se plantee problema particular alguno en las circunstancias del presente caso por lo que se refiere al principio de equivalencia, en la medida en que, se trate o no de un contexto de Derecho comunitario, se aplica el mismo plazo –el establecido en el artículo 29 del Convenio de Varsovia– a un recurso de indemnización de un daño sufrido en el marco de un vuelo entre Estados miembros, es decir, aunque la responsabilidad por el daño sufrido no esté regulada por el Reglamento nº 2027/97.

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