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Document 52025DC0375
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2025 EU Justice Scoreboard
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE de 2025
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE de 2025
COM/2025/375 final
COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 1.7.2025
COM(2025) 375 final
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES
Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE de 2025
1. Introducción
Contar con sistemas judiciales eficaces es esencial para la aplicación y el cumplimiento del Derecho de la Unión y para la defensa de los principios del Estado de Derecho y de otros valores en que se fundamenta la Unión y compartidos por los Estados miembros. Los órganos jurisdiccionales nacionales actúan como órganos jurisdiccionales de la UE cuando aplican el Derecho de la Unión. Son los órganos jurisdiccionales nacionales los que, en primer lugar, garantizan que los derechos y obligaciones previstos en el Derecho de la Unión se apliquen de manera efectiva [artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE)].
Además, contar con sistemas judiciales eficaces también es fundamental para fomentar la confianza mutua y para mejorar el clima de inversión y la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. Por ello, la mejora de la eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales nacionales es una de las prioridades del Semestre Europeo (el ciclo anual de la UE de coordinación de las políticas económicas). La Brújula para la Competitividad de la UE de 2025 1 y el informe anual de 2025 sobre el mercado único y la competitividad 2 que lo acompaña recuerdan que el respeto del Estado de Derecho es fundamental para el funcionamiento del mercado único, ya que proporciona un entorno operativo estable que da a la UE y a sus Estados miembros una ventaja competitiva mundial. El Estado de Derecho garantiza un entorno empresarial en el que las leyes se aplican de manera eficaz y uniforme, las empresas pueden trabajar en otro Estado miembro en pie de igualdad con las empresas locales y los presupuestos se gastan de forma transparente y objetiva. Unos sistemas judiciales plenamente independientes y que funcionen de manera adecuada pueden ejercer un efecto positivo en la inversión y son fundamentales para protegerla. Están asociados a una mayor productividad y competitividad. También son importantes para garantizar el cumplimiento transfronterizo eficaz de los contratos y las resoluciones administrativas, así como para la correcta resolución de las controversias, que son esenciales para el funcionamiento del mercado único 3 .
En este contexto, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE presenta una relación anual de indicadores que miden los tres parámetros fundamentales de unos sistemas judiciales eficaces:
-eficiencia,
-calidad e
-independencia.
Las cifras nuevas y actualizadas incluyen datos sobre la accesibilidad de la justicia para las víctimas de delitos, las víctimas de violencia contra las mujeres o violencia doméstica, las personas en riesgo de discriminación y las personas de edad avanzada, así como sobre la digitalización de la justicia 4 . El cuadro de indicadores de 2025 también desarrolla otros indicadores, a la luz de la inclusión de una dimensión del mercado único en el informe sobre el Estado de Derecho, tal como se anunció en las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen para el período 2024-2029. La presente edición del cuadro de indicadores presenta, bajo el nuevo título «Otros indicadores pertinentes para el mercado único», los indicadores correspondientes al funcionamiento del mercado único, para el que son fundamentales unos sistemas judiciales eficaces y el respeto del Estado de Derecho. Consolida la dimensión empresarial y del mercado único al presentar nuevos indicadores sobre los órganos de recurso de primera instancia en materia de contratación pública, las entidades fiscalizadoras superiores y las autoridades nacionales de competencia.
El ciclo anual del Estado de Derecho
En 2020, la Comisión estableció el ciclo anual general del Estado de Derecho con el objetivo de llevar a cabo un seguimiento más estrecho de la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros. Este ciclo actúa como herramienta preventiva: promueve el diálogo y el conocimiento conjunto de las cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. En el centro del ciclo se encuentra el informe anual sobre el Estado de Derecho, que ofrece un resumen de los principales hechos acaecidos en todos los Estados miembros y en el conjunto de la UE, tanto positivos como negativos. El informe, cuya última edición se publicó el 24 de julio de 2024, se basa en diversas fuentes, entre ellas el cuadro de indicadores de la justicia en la UE 5 . El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2025 se ha perfeccionado asimismo para reflejar la necesidad de disponer de más información comparativa que se detectó durante la elaboración del informe de 2024 sobre el Estado de Derecho, con vistas a respaldar los futuros informes anuales sobre el Estado de Derecho.
¿Qué es el cuadro de indicadores de la justicia en la UE?
El cuadro de indicadores de la justicia en la UE es una herramienta anual de información comparativa. Su propósito es ayudar a los Estados miembros a mejorar la eficacia de sus sistemas nacionales de justicia mediante la facilitación de datos objetivos, fiables y comparables sobre diversos indicadores pertinentes para la evaluación de i) la eficacia, ii) la calidad y iii) la independencia de los sistemas judiciales en todos Estados miembros. No presenta una clasificación única general, sino una visión de conjunto de cómo funcionan los sistemas judiciales de todos los Estados miembros, basándose en indicadores que son de interés y pertinencia comunes para todos los Estados miembros.
El cuadro de indicadores no favorece un tipo concreto de sistema judicial y trata a todos los Estados miembros en pie de igualdad.
La eficacia, calidad e independencia son parámetros esenciales de un sistema judicial eficaz, independientemente del modelo de sistema judicial nacional o la tradición jurídica en que se fundamente. Los datos correspondientes a estos tres parámetros deben interpretarse conjuntamente, ya que a menudo los tres se encuentran interrelacionados (las iniciativas encaminadas a mejorar uno de ellos pueden repercutir en otro).
El cuadro contiene principalmente indicadores relativos a asuntos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos y, en función de la disponibilidad de los datos, a determinados asuntos penales (es decir, asuntos relacionados con el blanqueo de capitales y el soborno en órganos jurisdiccionales de primera instancia). Su objetivo es ayudar a los Estados miembros en su esfuerzo por crear un entorno eficiente, favorable a la inversión y adaptado a las necesidades de las empresas y del público. Se trata de una herramienta de comparación que evoluciona a la par del diálogo con los Estados miembros y el Parlamento Europeo 6 . Su objetivo es evaluar los parámetros esenciales de un sistema judicial eficaz y proporcionar datos anuales pertinentes.
¿Qué metodología sigue el cuadro de indicadores de la justicia en la UE?
El cuadro de indicadores utiliza diferentes fuentes de información. La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), con la que la Comisión ha suscrito un contrato para realizar un estudio anual específico, aporta gran parte de los datos cuantitativos. Los datos corresponden al período 2014-2023, y han sido comunicados por los Estados miembros con arreglo a la metodología de la CEPEJ. Asimismo, el estudio proporciona comentarios detallados y fichas informativas específicas de cada país que ofrecen más contexto. Deben leerse junto con los gráficos 7 .
Los datos sobre la duración de los procedimientos recabados por la CEPEJ muestran el «plazo de resolución», es decir, la duración estimada de los procesos judiciales (calculada como la relación entre los asuntos pendientes y los asuntos resueltos a lo largo de un año). Los datos sobre la eficiencia de los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas al aplicar la legislación europea en ámbitos específicos muestran que la duración media de los procesos está directamente relacionada con el plazo de resolución de los asuntos judiciales. Obsérvese que la duración de los procedimientos judiciales puede variar sustancialmente entre las distintas regiones de un Estado miembro; los asuntos pueden prolongarse especialmente en los centros urbanos en los que la concentración de la actividad comercial puede dar lugar a una mayor carga de trabajo.
Otras fuentes de información, que abarcan el período comprendido entre 2014 y 2024, son las siguientes:
·el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales 8 ;
·la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECPJ) 9 ;
·la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la UE (RPTSUE) 10 ;
·la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos de lo Contencioso-Administrativo de la Unión Europea (ACA-Europa) 11 ;
·el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) 12 ;
·la Red Europea de Competencia (REC) 13 ;
·la Red de Órganos de Recurso de Primera Instancia en materia de Contratación Pública 14 .
·el Comité de Comunicaciones (COCOM) 15 ;
·el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual 16 ;
·la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC) 17 ;
·el Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (EGMLTF) 18 ;
·Eurostat 19 ;
·los puntos de contacto nacionales en la lucha contra la corrupción 20 ;
·la Red de fiscales u otras instituciones equivalentes de los Tribunales Supremos de los Estados miembros de la Unión Europea (Red Nadal) 21 ;y
·el Comité de contacto de las entidades fiscalizadoras superiores 22 .
A lo largo de los años, la metodología del cuadro de indicadores se ha seguido desarrollando y perfeccionando en estrecha cooperación con el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales, en particular mediante el uso de un cuestionario (que se actualiza todos los años) y la recopilación de datos sobre determinados aspectos del funcionamiento de dichos sistemas
La disponibilidad de datos, en particular de indicadores sobre la eficiencia de los sistemas judiciales, sigue mejorando, ya que muchos Estados miembros han invertido en su capacidad para elaborar mejores estadísticas judiciales. En los casos en los que aún existen dificultades para recopilar o proporcionar datos, estas se deben a una capacidad estadística insuficiente o a la falta de una correspondencia exacta entre las categorías nacionales para las que se obtienen datos y las utilizadas en el cuadro de indicadores. Solo en muy pocos casos puede atribuirse la insuficiencia de datos a la falta de cooperación por parte de las autoridades nacionales. La Comisión sigue instando a los Estados miembros a reducir aún más esta carencia de información.
¿Cómo aporta información el cuadro de indicadores de la justicia en la UE al Semestre Europeo y de qué forma se relaciona con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia?
El cuadro de indicadores ofrece datos para evaluar la eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales nacionales y, de este modo, tiene como objetivo ayudar a los Estados miembros a mejorar la eficacia de dichos sistemas. Al comparar la información relativa a los sistemas judiciales de los Estados miembros, el cuadro de indicadores facilita la determinación de las mejores prácticas y de las deficiencias, así como el seguimiento de las dificultades y los avances logrados. Las evaluaciones por país se llevan a cabo en el contexto del Semestre Europeo a través de un diálogo bilateral con las autoridades nacionales y las partes interesadas. Cuando las deficiencias detectadas revisten importancia desde el punto de vista macroeconómico, el análisis en el marco del Semestre Europeo puede conducir a que la Comisión proponga al Consejo que adopte recomendaciones específicas por país sobre la mejora de los sistemas judiciales nacionales en Estados miembros concretos 23 .
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) ha puesto a disposición más de 650 000 millones EUR en préstamos y ayudas financieras no reembolsables, de los que cada Estado miembro tendría que destinar, como mínimo, un 20 % a la transición digital y al menos un 37 % a medidas que contribuyan a objetivos climáticos. Hasta el momento, las reformas e inversiones propuestas por los Estados miembros han superado estos objetivos, con un gasto digital estimado del 26 % y un gasto climático cercano al 42 %. El MRR brinda la oportunidad de abordar las recomendaciones específicas por país relativas a los sistemas judiciales nacionales y agilizar los esfuerzos de los Estados miembros dirigidos a culminar la transformación digital de dichos sistemas. Los pagos a los Estados miembros en el marco del MRR, habida cuenta de que es un instrumento orientado a los resultados, están supeditados al cumplimiento de una serie de hitos y objetivos. Se propusieron 7 100 hitos y objetivos, de los cuales alrededor de dos tercios corresponden a inversiones y un tercio a reformas. En el marco del Reglamento del MRR, la Comisión, antes de adoptar los planes de recuperación y resiliencia (PRR) de los Estados miembros, debía determinar si estos podían contribuir a hacer frente de manera efectiva a la totalidad o a un número significativo de los retos determinados en las correspondientes recomendaciones específicas por país o en otros documentos pertinentes adoptados por la Comisión en el marco del Semestre Europeo 24 . A raíz de los pagos de prefinanciación y las solicitudes de pago de los Estados miembros, así como de las evaluaciones positivas de la Comisión sobre el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos 25 respectivos, hasta mayo de 2025 se habían desembolsado a los Estados miembros un total de 308 040 millones EUR en subvenciones y préstamos del MRR. En el mismo período, queda pendiente la evaluación por parte de la Comisión del cumplimiento del 71 % de los hitos y objetivos.
¿Por qué contribuye la eficacia de los sistemas judiciales a que haya un entorno empresarial favorable a la inversión?
Los sistemas judiciales eficaces en su defensa del Estado de Derecho tienen repercusiones económicas positivas. El respeto del Estado de Derecho garantiza un entorno empresarial en el que las leyes se aplican de manera eficaz y uniforme, y las empresas pueden operar en otro Estado miembro en pie de igualdad con las empresas locales. El Estado de Derecho es fundamental para el funcionamiento del mercado único, ya que proporciona un entorno operativo estable que concede a la UE y a sus Estados miembros una ventaja competitiva mundial 26 . Unos sistemas judiciales eficaces también son especialmente pertinentes en el contexto del Semestre Europeo y del MRR. Cuando los sistemas judiciales garantizan la tutela de los derechos, es más probable que los acreedores presten, que se reduzcan los costes de las transacciones y que las empresas sean más propensas a invertir, tengan una mayor confianza y se vean disuadidas de tener comportamientos oportunistas. De hecho, un sistema judicial eficaz es vital para un crecimiento económico sostenido. Puede mejorar el clima empresarial, fomentar la innovación, atraer la inversión extranjera directa, asegurar los ingresos fiscales y apoyar el crecimiento económico. Los beneficios del buen funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales para la economía se han constatado en un gran número de estudios 27 , en particular del Fondo Monetario Internacional (FMI) 28 , el Banco Central Europeo (BCE) 29 , la Red Europea de Consejos del Poder Judicial 30 , la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 31 , el Foro Económico Mundial 32 y el Banco Mundial 33 .
Un estudio constató una fuerte correlación entre la reducción de la duración de los procedimientos judiciales (medida en plazo de resolución 34 ) y la tasa de crecimiento de las empresas 35 . Además, según el estudio, un aumento del porcentaje de empresas que perciben que el sistema judicial es independiente está correlacionado con un mayor crecimiento de la facturación y de la productividad 36 .
Otras encuestas han puesto de relieve la importancia de un sistema judicial nacional eficaz para las decisiones de inversión de las empresas, así como la capacidad para resolver conflictos en materia de derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, en una de ellas, el 93 % de las grandes empresas respondieron que revisan de manera sistemática y constante la situación del Estado de Derecho (incluida la independencia judicial) en los países en los que invierten 37 . En otra encuesta, más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) contestaron que los elevados costes y los largos procedimientos judiciales eran las principales razones para no incoar procedimientos en el ámbito de la vulneración de derechos de propiedad intelectual e industrial 38 . La importancia de unos sistemas judiciales eficaces para el funcionamiento del mercado único, en particular para las empresas, también se destaca en las comunicaciones de la Comisión «Determinar y abordar las barreras del mercado único 39 » y el «Plan de acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único 40 ».
¿Cómo respalda la Comisión la aplicación de reformas judiciales adecuadas a través del apoyo técnico?
Los Estados miembros pueden recurrir al apoyo técnico de la Comisión a través del Grupo de Trabajo sobre Reformas e Inversiones (SG Reform) en el marco del instrumento de apoyo técnico 41 . El objetivo del instrumento de apoyo técnico es proporcionar a los Estados miembros que lo solicitan apoyo técnico para reforzar su capacidad institucional y administrativa para diseñar y aplicar reformas. Entre 2021 y 2025, el instrumento de apoyo técnico ha financiado treinta y seis proyectos, que incluían cuarenta y tres reformas, para ayudar a veinte Estados miembros a aplicar sus reformas en materia de justicia. El instrumento de apoyo técnico ha respaldado proyectos destinados a mejorar la calidad y la eficacia de la justicia, como el uso de la tecnología para gestionar mejor el volumen de asuntos y adoptar un enfoque basado en datos para asignar la carga de trabajo y los recursos, la facilitación del acceso a la justicia para los grupos vulnerables y la mejora de la capacidad de las fiscalías para litigar eficazmente en los asuntos de corrupción de gran repercusión y transfronterizos. La convocatoria de propuestas de 2025 del instrumento de apoyo técnico proporcionó a los Estados miembros la plataforma para solicitar apoyo para reformas en materia de digitalización, como el uso de la tecnología para abordar los problemas de litisconsorcio con un gran número de partes y automatizar las tareas rutinarias para reducir el esfuerzo manual y los errores, de modo que los jueces y el personal administrativo puedan centrarse en las tareas más exigentes. El instrumento de apoyo técnico también complementa a otros instrumentos, en particular el MRR, ya que puede prestar asistencia a los Estados miembros en la aplicación de sus planes de recuperación y resiliencia (PRR). Los PRR incluyen medidas para mejorar la eficacia de la justicia, en particular mediante la digitalización, la reducción de los asuntos pendientes de resolución, la mejora de la gestión de los órganos jurisdiccionales y de los asuntos, y la reforma del mapa judicial.
¿Cómo contribuye el programa Justicia a la eficacia de los sistemas judiciales?
Con un presupuesto total de aproximadamente 305 millones EUR para 2021-2027, el programa Justicia contribuye a un mayor desarrollo de un espacio europeo de justicia basado en el Estado de Derecho, incluida la independencia, calidad y eficiencia del sistema judicial, en el reconocimiento mutuo y la confianza recíproca y en la cooperación judicial. En 2024, se proporcionaron aproximadamente 41,2 millones EUR para financiar proyectos y otras actividades en el marco de los tres objetivos específicos del programa:
·se asignaron 11,1 millones EUR para promover la cooperación judicial en materia civil y penal; contribuir a la aplicación y ejecución efectivas y coherentes de los instrumentos de la UE; y apoyar la conexión de los Estados miembros al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales de nacionales de terceros Países (ECRIS-TCN);
·se destinaron 15,9 millones EUR a apoyar la formación de profesionales de la justicia en materia de Derecho civil, penal, derechos fundamentales de la UE, ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y Estado de Derecho;
·se concedieron 14,2 millones EUR para promover el acceso a la justicia (incluida la justicia electrónica); proteger los derechos de las víctimas y los derechos de las personas sospechosas o acusadas de delitos; y apoyar el desarrollo y el uso de herramientas digitales y el mantenimiento y la ampliación del Portal Europeo de e-Justicia (conjuntamente con el programa Europa Digital).
¿Por qué supervisa la Comisión la digitalización de los sistemas judiciales nacionales?
La digitalización de la justicia resulta fundamental para aumentar la eficacia de los sistemas judiciales y es una herramienta muy eficiente para facilitar el acceso a la justicia y mejorar su calidad. Las herramientas digitales también mejoran la cooperación judicial. Tras la pandemia de COVID-19, los Estados miembros aceleraron las reformas de modernización en este ámbito. Asimismo, la inteligencia artificial (IA) se utiliza cada vez más en el ámbito de la justicia 42 .
Desde 2013, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE ha incluido información comparativa en cuanto a la digitalización de la justicia en los Estados miembros, por ejemplo, en los ámbitos del acceso electrónico a las sentencias o la presentación y seguimiento en línea de las demandas.
El Reglamento (UE) 2023/2844, sobre la digitalización de la cooperación judicial en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales 43 , permite a las personas físicas y jurídicas comunicarse por vía electrónica con las autoridades judiciales competentes en el marco de los procedimientos transfronterizos, así como abonar las tasas judiciales por medios electrónicos. El Reglamento también crea una base jurídica para la realización de videoconferencias en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales. También se está creando un canal de comunicación digital para el intercambio de datos entre las autoridades judiciales competentes. En este contexto, el cuadro de indicadores de la justicia supervisa los avances logrados por los Estados miembros en la aplicación del Reglamento y el uso de la videoconferencia.
Los datos del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2025 también se incorporarán a la próxima estrategia sobre el uso de las tecnologías digitales, a fin de que los sistemas de justicia civil y penal de la UE sean más eficientes, resilientes y seguros 44 .
2. Principales constataciones del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2025
La eficiencia, la calidad y la independencia son los principales parámetros de la eficacia de un sistema judicial. El cuadro de indicadores presenta indicadores por cada uno de estos parámetros.
2.1. Eficiencia de los sistemas judiciales
El cuadro presenta indicadores de la eficiencia de los procesos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos y en ámbitos específicos en los que los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas aplican el Derecho de la Unión 45 .
2.1.1. Evolución de la carga de trabajo
La carga de trabajo de los sistemas judiciales nacionales disminuyó en cinco Estados miembros, en dos de ellos en gran medida con respecto al año anterior. Aumentó o se mantuvo estable en veinte Estados miembros. En general, siguen observándose grandes variaciones de un Estado miembro a otro (gráfico 1).
Gráfico : Número de asuntos civiles, mercantiles, contencioso-administrativos y de otra índole admitidos a trámite en 2014 y de 2021 a 2023* (en primera instancia / por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ 46 ).
* Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos civiles y mercantiles tanto contenciosos como no contenciosos, los asuntos no contenciosos de los registros mercantil y de la propiedad, otros asuntos registrales, otros asuntos no contenciosos, los asuntos contencioso-administrativos y otros asuntos no penales.
Gráfico : Número de asuntos contenciosos en materia civil y mercantil admitidos a trámite en 2014 y de 2021 a 2023 * (en primera instancia /por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ).
* Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos civiles y mercantiles contenciosos conciernen litigios entre partes, por ejemplo, en relación con contratos. Los asuntos civiles y mercantiles no contenciosos se refieren a procedimientos de jurisdicción voluntaria, como órdenes de pago no impugnadas.
Gráfico : Número de asuntos contencioso-administrativos admitidos a trámite en 2014, y de 2021 a 2023* (en primera instancia por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ).
* Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos contencioso-administrativos se refieren a litigios entre particulares y entes locales, regionales o nacionales. DK e IE no registran asuntos contencioso-administrativos por separado. Cambios de metodología en EL, SK y SE.
2.1.2. Datos generales sobre la eficiencia
Los indicadores sobre la eficiencia de los procesos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos son: i) la duración estimada de los procesos (plazo de resolución), ii) la tasa de resolución, y iii) el número de asuntos pendientes de resolución.
Duración estimada de los procesos
La duración estimada de los procedimientos indica el tiempo estimado (en días) necesario para resolver un asunto ante un órgano jurisdiccional, es decir, el tiempo que este tarda en emitir un fallo en primera instancia. El «plazo de resolución» indica el plazo mínimo estimado que un órgano jurisdiccional necesitaría para resolver un asunto manteniendo las condiciones de trabajo vigentes en ese momento. Este indicador se calcula como el número de asuntos no resueltos dividido por el número de asuntos resueltos al final del año, multiplicado por 365 (días) 47 . Cuanto mayor sea dicho valor, mayor es la probabilidad de que el órgano jurisdiccional tarde más en emitir su fallo. Los datos se refieren en su mayoría a procesos en primera instancia, cotejando, en su caso, los datos de 2014, 2021, 2022 y 2023 48 . El gráfico 6 muestra el plazo de resolución en 2023 en los asuntos contenciosos civiles y mercantiles en todas las instancias judiciales, y el gráfico 8 se refiere a los asuntos contencioso-administrativos en todas las instancias judiciales.
Gráfico : Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos civiles, mercantiles, contencioso-administrativos y de otra índole en 2014 y de 2021 a 2023* (en primera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ).
* Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos civiles y mercantiles tanto contenciosos como no contenciosos, los asuntos no contenciosos de los registros mercantil y de la propiedad, otros asuntos registrales, otros asuntos no contenciosos, los asuntos contencioso-administrativos y otros asuntos no penales. Cambios de metodología en SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. En el caso de LV, el marcado descenso se debe a la reforma del sistema judicial, así como a verificaciones de errores y procesos de limpieza de datos en el sistema informático. El 1 de septiembre de 2013, entró en vigor el nuevo Código Procesal Civil en PT, que establece un nuevo régimen de ejecución basado en un nuevo paradigma según el cual los procedimientos judiciales deben distinguirse claramente de los procedimientos extrajudiciales. No obstante, hasta el momento no ha sido posible adaptar la recogida de datos en consecuencia y no se han podido facilitar los datos necesarios para este gráfico.
Gráfico : Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos contenciosos civiles y mercantiles en primera instancia en 2014 y de 2021 a 2023* (en primera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ).
* Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos civiles y mercantiles contenciosos conciernen litigios entre partes, por ejemplo, en relación con contratos. Los asuntos civiles y mercantiles no contenciosos se refieren a procedimientos de jurisdicción voluntaria, como órdenes de pago no impugnadas. Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. En el caso de IT, la ralentización temporal de la actividad judicial debida a las estrictas medidas restrictivas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 afectó al plazo de resolución. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos.
Gráfico : Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos contenciosos civiles y mercantiles en todas las instancias en 2023* (primera, segunda y tercera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ).
(*) El orden de los Estados miembros en el gráfico viene determinado por la instancia judicial con procedimientos más largos en cada Estado miembro. No se dispone de datos para los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia en CY, NL e IE, para los de segunda instancia en HR y ES y para los de tercera instancia en EL y SK. No existen órganos jurisdiccionales de tercera instancia en DE y MT. El acceso a un órgano jurisdiccional de tercera instancia puede estar limitado en algunos Estados miembros.
Gráfico : Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos contencioso-administrativos en primera instancia en 2014 y de 2021 a 2023* (en primera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ).
(*) Según la metodología de la CEPEJ, los asuntos contencioso-administrativos se refieren a litigios entre particulares y entes locales, regionales o nacionales. Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. DK e IE no registran los asuntos contencioso-administrativos por separado.
Gráfico : Tiempo estimado necesario para resolver los asuntos contencioso-administrativos en todas las instancias en 2023* (primera y, cuando corresponda, segunda y tercera instancia / en días) (fuente: estudio de la CEPEJ).
(*) Los valores de algunos Estados miembros se han reducido a efectos de presentación (CY en segunda instancia = 5 429). El orden de los Estados miembros viene determinado por la instancia judicial con procedimientos más largos en cada Estado miembro. No se dispone de datos para los órganos jurisdiccionales de segunda instancia de BE, CZ, HU, MT, AT, PL, RO, SI, SK y FI, ni para los de tercera instancia de LT, LU y MT. El Tribunal Supremo u otro órgano jurisdiccional más elevado es la única instancia de recurso en CZ, IT, AT, SI y FI. No existe un órgano jurisdiccional de tercera instancia para este tipo de asuntos en LT, LU y MT. El tribunal contencioso-administrativo de mayor rango es la primera y única instancia para determinados asuntos en BE. El acceso a un órgano jurisdiccional de tercera instancia puede estar limitado en algunos Estados miembros. DK e IE no registran los asuntos contencioso-administrativos por separado. En CY, la organización del sistema judicial fue objeto de una importante reforma en julio de 2023, incluida la creación de un tribunal de apelación y una tercera instancia.
Tasa de resolución
La tasa de resolución es la proporción entre los asuntos resueltos y los asuntos admitidos a trámite. Permite valorar si un órgano jurisdiccional despacha con solvencia su carga de trabajo. Cuando la tasa de resolución se sitúa en torno al 100 %, quiere decir que los órganos jurisdiccionales resuelven, como mínimo tantos asuntos como se admiten a trámite. Cuando la tasa es inferior al 100 %, quiere decir que los órganos jurisdiccionales resuelven menos asuntos de los que admiten a trámite.
Gráfico : Tasa de resolución de los asuntos civiles, mercantiles, contencioso-administrativos y de otra índole en 2014 y de 2021 a 2023* (primera instancia / en %; los valores superiores al 100 % indican que se resuelven más asuntos de los que se admiten a trámite, mientras que los valores inferiores indican que se resuelven menos asuntos de los que se admiten a trámite) (fuente: estudio de la CEPEJ).
* Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos civiles y mercantiles tanto contenciosos como no contenciosos, los asuntos no contenciosos de los registros mercantil y de la propiedad, otros asuntos registrales, otros asuntos no contenciosos, los asuntos contencioso-administrativos y otros asuntos no penales. Cambios de metodología en SK. En IE se estima que el número de asuntos resueltos está infravalorado debido a la metodología aplicada.
Gráfico : Tasa de resolución de los asuntos contenciosos civiles y mercantiles en 2014 y de 2021 a 2023* (primera instancia /en %) (fuente: estudio de la CEPEJ).
* Cambios de metodología en EL y SK. IE: se estima que el número de asuntos resueltos está infravalorado debido a la metodología aplicada. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos.
Gráfico : Tasa de resolución de los asuntos contencioso-administrativos en 2014 y de 2021 a 2023* (primera instancia / en %) (fuente: estudio de la CEPEJ).
(*)Cambios de metodología en EL y SK. DK e IE no registran los asuntos contencioso-administrativos por separado. En CY, el número de asuntos resueltos ha aumentado como consecuencia de la agrupación de asuntos, la renuncia o desistimiento en 2 724 asuntos acumulados y la creación de un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en 2015.
Asuntos pendientes de resolución
El número de asuntos pendientes expresa el número de asuntos que aún deben tramitarse al final del año correspondiente. También influye en el plazo de resolución.
Gráfico : Número de asuntos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos y de otra índole pendientes en 2014 y de 2021 a 2023* (primera instancia / por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ).
* Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos civiles y mercantiles tanto contenciosos como no contenciosos, los asuntos no contenciosos de los registros mercantil y de la propiedad, otros asuntos registrales, otros asuntos no contenciosos, los asuntos contencioso-administrativos y otros asuntos no penales. Cambios de metodología en SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK.
Gráfico : Número de asuntos contenciosos civiles y mercantiles pendientes en 2014 y de 2021 a 2023* (primera instancia / por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ).
* Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. Los datos de NL no incluyen asuntos no contenciosos.
Gráfico : Número de asuntos contencioso-administrativos pendientes en 2014 y de 2021 a 2023* (primera instancia / por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ).
* Cambios de metodología en EL y SK. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y, hasta 2016, en SK. DK e IE no registran los asuntos contencioso-administrativos por separado.
2.1.3. Eficiencia en ámbitos específicos del Derecho de la Unión
Los datos de esta sección completan los datos generales sobre la eficiencia de los sistemas judiciales. Muestran la duración media de los procedimientos 49 en ámbitos específicos del Derecho de la Unión. El cuadro de indicadores de 2025 se fundamenta en datos anteriores en materia de competencia, comunicaciones electrónicas, marca de la UE, normativa de protección de los consumidores y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción.
Los seis ámbitos del Derecho de la UE han sido seleccionados debido a su pertinencia para el mercado único y el entorno empresarial. La presente edición del cuadro de indicadores continúa con la descripción general de la eficiencia de las autoridades administrativas con cifras actualizadas sobre los ámbitos de la competencia y la protección de los consumidores. Por lo general, los grandes retrasos en los procedimientos judiciales y administrativos pueden afectar negativamente a los derechos derivados de la legislación de la Unión en cuestión, por ejemplo, cuando ya no es posible recurrir o cuando se han producido graves perjuicios económicos irrecuperables. En el caso de las empresas en particular, los retrasos administrativos y la incertidumbre en algunos casos pueden dar lugar a costes significativos y socavar las inversiones previstas o en curso 50 .
– Competencia –
La aplicación efectiva de la legislación sobre competencia resulta fundamental para crear un entorno empresarial atractivo, ya que garantiza la igualdad de condiciones para las empresas. Fomenta la iniciativa económica y la eficiencia y contribuye a ampliar la oferta para los consumidores, a bajar los precios y mejorar la calidad. El gráfico 15 presenta el tiempo medio necesario para resolver los recursos judiciales interpuestos contra decisiones de autoridades nacionales de competencia que aplican los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 51 . El gráfico 16 muestra la duración media de los procedimientos ante las autoridades nacionales de competencia que aplican los artículos 101 y 102 del TFUE.
Gráfico : Competencia: duración media del control jurisdiccional en 2014 y de 2021 a 2023* (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red Europea de Competencia).
* La media se pondera por el número de asuntos en el año correspondiente. AT: los datos de 2014 y 2021 incluyen las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre el fondo, no el control jurisdiccional de estas decisiones por parte del Tribunal Supremo. Desde el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2024, las decisiones del Tribunal de Defensa de la Competencia se incluyen en la duración de los procedimientos ante las autoridades nacionales de competencia (véase más adelante). IT: se utilizó una estimación de la duración de los procedimientos para 2014, 2021 y 2022. Una columna vacía puede indicar que el Estado miembro no ha notificado ningún asunto ese año. El número limitado de asuntos (menos de cinco al año) de muchos Estados miembros puede hacer que los datos anuales dependan en gran medida de un caso excepcionalmente largo o corto (p. ej., en. LU, donde solo hubo un caso). ES: el número de recursos corresponde al número de empresas que han interpuesto recurso contra cada resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). IE: no aplicable a los años 2020, 2021 y 2022, ya que antes de 2023 la CCPC (Comisión de Competencia y de Protección de los Consumidores) no estaba facultada para adoptar decisiones del tipo pertinente susceptibles de ser objeto de revisión judicial.
Gráfico : Competencia: duración media de los procedimientos ante las autoridades nacionales de competencia en el período 2021-2023* (en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red Europea de Competencia).
* La media se pondera por el número de asuntos en el año correspondiente. Desde el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2024, la duración media de los procedimientos ante las autoridades nacionales de competencia se ha calculado como sigue: el número de días transcurridos entre la primera medida formal de investigación y la adopción de una resolución firme por parte de la autoridad nacional de competencia (por la autoridad administrativa o, en los Estados miembros en que la competencia es una materia integrada en el sistema judicial, por el órgano jurisdiccional competente para ordenar prohibiciones o para imponer o confirmar multas). Por este motivo, desde la edición de 2024, los datos del gráfico anterior no pueden compararse con los datos publicados en anteriores ediciones. Este método de cálculo permite obtener datos comparables a escala de la UE con el único fin de ser utilizados en el cuadro de indicadores de la justicia en la UE y puede diferir de la notificación a nivel nacional en determinados Estados miembros. CZ y SK disponen de un procedimiento administrativo en dos instancias. Cuando se interponen recursos, las resoluciones en primera instancia son revisadas por el órgano de segunda instancia de la autoridad, lo que puede prolongar el procedimiento. DK: en 2021, tras la transposición de la Directiva REC+, Dinamarca pasó de un sistema puramente penal a un sistema en el que la autoridad danesa de competencia puede ahora solicitar directamente la imposición de una multa ante un órgano jurisdiccional de lo civil y adoptar transacciones en sus propios procedimientos administrativos. Esto ha dado lugar a un aumento de las resoluciones desde 2022. En el caso de AT, DK y FI, la duración de los procedimientos abarca la duración combinada de los procedimientos ante las autoridades administrativas y judiciales nacionales de competencia. AT: los datos incluyen los procedimientos relativos a un cártel a gran escala en el sector de la construcción. Debido a la magnitud de este asunto, los procesos incoados a raíz de la misma medida inicial de investigación se han ido tramitando y concluyendo sucesivamente (proceso que aún está en curso), lo que ha ido distorsionando gradualmente la duración media de los procesos. ES e IT: los datos excluyen las decisiones relativas a los compromisos adoptadas por la autoridad nacional de competencia. IE: no aplicable en 2020, 2021 y 2022, ya que la CCPC no estaba facultada para adoptar sus propias decisiones administrativas vinculantes en asuntos de defensa de la competencia hasta septiembre de 2023 (antes de esa fecha, solo podía adoptar medidas de ejecución en tales casos a través de los órganos jurisdiccionales).
– Comunicaciones electrónicas –
El objetivo de la legislación de la Unión en materia de comunicaciones electrónicas es aumentar la competencia, contribuir al desarrollo del mercado único y generar inversión, innovación y crecimiento. Los efectos positivos para los consumidores pueden alcanzarse mediante una aplicación eficaz de esta legislación, que puede dar lugar a unos precios más bajos para los usuarios finales y mayor calidad de los servicios. El gráfico 17 indica el tiempo medio necesario para resolver los recursos judiciales interpuestos contra las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales que aplican la legislación de la Unión en materia de comunicaciones electrónicas 52 . Abarca un amplio abanico de asuntos, que van desde revisiones de «análisis de mercado» más complejas hasta asuntos más sencillos centrados en el consumidor.
Gráfico : Comunicaciones electrónicas: duración media del control jurisdiccional en 2014 y de 2021 a 2023* (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Comité de Comunicaciones).
(*) Los valores de algunos Estados miembros se han reducido a efectos de presentación (PT en 2023 = 2 830; CY en 2023 = 3 285). La media se pondera por el número de asuntos en el año correspondiente. El número de asuntos varía de un Estado miembro a otro. Una columna vacía indica que el Estado miembro no ha notificado ningún asunto ese año. A veces, el escaso número de casos pertinentes (CZ, DK, IE, ES, LV, AT y PT) puede hacer que los datos anuales se basen en gran medida en un único caso excepcionalmente largo o corto, lo que puede dar lugar a grandes variaciones en los datos de un año a otro. En DK un órgano cuasijudicial conoce de los recursos en primera instancia. En ES, AT, y PL: diferentes órganos jurisdiccionales competentes en función del objeto del asunto.
– Marca de la UE –
La garantía efectiva del respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial es esencial para estimular la inversión en innovación. La legislación europea sobre marcas de la UE 53 concede un papel importante a los órganos jurisdiccionales nacionales y les faculta para actuar como órganos jurisdiccionales de la Unión y tomar decisiones que afectan al mercado único. El gráfico 18 muestra la duración media de los asuntos de violación de marca de la UE en litigios entre particulares.
Gráfico : Marca de la UE: duración media de los asuntos de violación de marca de la UE en 2014 y de 2021 a 2023* (en primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual).
* La media se pondera por el número de asuntos en el año correspondiente. FR, IT, LT, LU: para los datos de algunos años se ha utilizado una muestra de asuntos. DK: datos de todos los asuntos de marcas, no solo de la UE, en tribunales superiores mercantiles y marítimos; en 2023, se concluyeron 372 asuntos relativos a la legislación en materia de propiedad intelectual, 53 fueron asuntos civiles ordinarios, 275 se tramitaron como procesos de escasa cuantía y 44 fueron procedimientos de prohibición y procedimientos de cesación. La información sobre los plazos de tramitación de los asuntos no está disponible. EL: los datos se basan en la duración media ponderada de dos órganos jurisdiccionales. ES: el cálculo de la duración media incluye los asuntos relativos a otros títulos de propiedad intelectual e industrial de la Unión. PL: para el año 2023, la media ponderada se calculó sobre la base del número de asuntos resueltos. FI: para el año 2023, se ha planteado una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia en uno de los dos asuntos. El período durante el cual el asunto estuvo pendiente ante el Tribunal de Justicia se incluyó en el cálculo del número medio de días.
– Protección de los consumidores –
La aplicación efectiva del Derecho en materia de protección de los consumidores garantiza que los derechos de los consumidores estén protegidos y que las empresas que vulneren las leyes correspondientes no obtengan ventajas desleales. Las autoridades de protección de los consumidores y los órganos jurisdiccionales desempeñan un papel fundamental en la aplicación del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores 54 en los diferentes sistemas de garantía del cumplimiento nacionales. El gráfico 19 ilustra la duración media de los procesos de control jurisdiccional de las decisiones de las autoridades de protección de los consumidores que aplican el Derecho de la Unión.
En la aplicación efectiva de la legislación en lo que respecta a los consumidores y las empresas puede intervenir una cadena de agentes, no solo del sistema judicial, sino también de la Administración. A fin de arrojar más luz sobre esta cadena de aplicación, se presenta la duración de los procedimientos ante las autoridades de protección de los consumidores. El gráfico 20 muestra la duración media de los procedimientos para la adopción de resoluciones administrativas por parte de las autoridades nacionales de protección de los consumidores en 2014 y de 2021 a 2023. Las resoluciones incluyen: la declaración de infracciones de las normas sustantivas, las medidas cautelares, las órdenes de cese y desistimiento de actividades, la incoación de procedimientos judiciales o el cierre de un asunto judicial.
Gráfico : Protección de los consumidores: duración media del control jurisdiccional en 2014 y de 2021 a 2023* (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores).
* La media se pondera por el número de asuntos en el año correspondiente. DE, LU, AT: el supuesto no es aplicable dado que las autoridades de protección de los consumidores no tienen facultades decisorias sobre las infracciones de las normas pertinentes. EL y RO facilitaron una estimación de la duración media para determinados años.
Gráfico : Protección de los consumidores: duración media del procedimiento para la adopción de resoluciones administrativas por parte de las autoridades de protección de los consumidores en 2014, y de 2021 a 2023* (primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores).
* La media se pondera por el número de asuntos en el año correspondiente. DE, LU, AT: no es aplicable dado que las autoridades de protección de los consumidores no tienen facultades decisorias sobre las infracciones de las correspondientes normas en materia de consumo. DK, EL, FR, RO y FI facilitaron una estimación de la duración media para determinados años.
– Blanqueo de capitales –
Además de privar a los delincuentes de recursos para perpetrar sus actos ilícitos, y desmantelar de forma eficaz las redes de delincuencia organizada, la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales 55 es fundamental para la solidez, la integridad y la estabilidad del sector financiero, así como para la confianza en el sistema financiero y la competencia leal en el mercado único 56 . El blanqueo de capitales puede desalentar la inversión extranjera, distorsionar los flujos internacionales de capital e incidir negativamente en la evolución macroeconómica de un país al disminuir el bienestar desviando recursos de actividades económicas más productivas 57 . La Directiva contra el blanqueo de capitales exige que los Estados miembros dispongan de estadísticas sobre la eficacia de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 58 . En cooperación con los Estados miembros, se utilizó un cuestionario actualizado para recoger datos sobre los aspectos judiciales de los regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales. El gráfico 21 muestra la duración media de los asuntos judiciales en primera instancia en el ámbito de los delitos por blanqueo de capitales.
Gráfico : Blanqueo de capitales: duración media de los asuntos judiciales en 2014 y de 2021 a 2023(*) (en primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo).
* La media se pondera por el número de asuntos en el año correspondiente. Para PT: la base de datos se filtró, para cada distrito judicial, con arreglo a los criterios pertinentes para obtener la información relativa a los expedientes de blanqueo de capitales; en cuanto al número medio de días, se tuvieron en cuenta las fechas de infracción y la fecha de resolución definitiva o de cierre. CY: en promedio, los delitos graves se juzgan en el Tribunal de lo Penal en el plazo de un año. Los delitos menos graves tardan más en juzgarse en los tribunales de distrito. SK: los datos corresponden a la duración media de todo el procedimiento, incluidos los recursos ante el tribunal de apelación.
– Lucha contra la corrupción –
La corrupción es un impedimento para el crecimiento económico sostenible, ya que desvía recursos que estarían destinados a obtener resultados productivos, socava la eficiencia del gasto público y agrava las desigualdades sociales. Obstaculiza asimismo el funcionamiento eficaz y fluido del mercado único, lo que a su vez genera incertidumbre a la hora de hacer negocios y frena la inversión. También resulta especialmente complejo abordar la corrupción, ya que, a diferencia de la mayoría de los delitos, ambas partes implicadas en un caso de corrupción suelen estar interesadas en mantener el secreto sobre él, lo que crea grandes dificultades para cuantificar la verdadera magnitud del fenómeno de la corrupción en toda la UE. La corrupción es un delito de especial gravedad con una dimensión transfronteriza, tal y como se recoge en el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y solo puede abordarse eficazmente mediante normas mínimas comunes en toda la Unión Europea. El 3 de mayo de 2023, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Directiva sobre la lucha contra la corrupción a través del Derecho penal, acompañada de la Comunicación Conjunta sobre la lucha contra la corrupción 59 . La propuesta de Directiva actualiza y armoniza las normas de la UE referentes a las definiciones de las infracciones penales de corrupción y las penas aplicables a estas, al objeto de garantizar un rigor elevado en la lucha contra todas las infracciones penales de corrupción (por ejemplo, el cohecho y el soborno, pero también la malversación y apropiación indebida, el tráfico de influencias y el abuso en el ejercicio de funciones, así como la obstrucción a la justicia y el enriquecimiento ilícito relacionado con la corrupción) para prevenir mejor la corrupción y combatirla de manera más eficaz por la vía penal. En cooperación con los Estados miembros, en 2022 se elaboró un nuevo cuestionario, que se presenta en el gráfico 22 60 , para recoger datos sobre la duración de los procesos judiciales en los órganos jurisdiccionales de primera instancia que conocen de asuntos de cohecho y soborno.
Gráfico : Corrupción (cohecho y soborno): duración media de los asuntos judiciales de 2021 a 2023* (en primera instancia / en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con los puntos de contacto nacionales para la lucha contra la corrupción).
* La media se pondera por el número de asuntos en el año correspondiente. DE, IE, ES, IT, CY, MT y NL no respondieron a esta pregunta: en el cálculo correspondiente a 2022, el plazo comienza a correr en la fecha en el que el Ministerio Fiscal cita al demandado para que comparezca ante el tribunal y finaliza el día en el que juez de primera instancia dicta sentencia firme. El plazo medio de tramitación de los 35 asuntos fue de 645 días. No obstante, debe tenerse en cuenta que el asunto suele no estar listo para la vista en el momento en que empieza a correr el plazo, por lo que transcurre un tiempo hasta que esta se celebra. La duración media entre la vista inicial y la sentencia firme es de 194 días.
2.1.4. Resumen sobre la eficiencia de los sistemas judiciales
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Un sistema judicial eficiente gestiona su carga de trabajo y los retrasos, y dicta sus resoluciones sin dilación indebida. Los principales parámetros que utiliza el cuadro de indicadores de la justicia en la UE para llevar a cabo el seguimiento de la eficiencia de los sistemas judiciales son, por tanto, la duración de los procedimientos (plazo de resolución o tiempo medio necesario para resolver un asunto, expresado en días), la tasa de resolución (la relación entre el número de asuntos resueltos y el número de asuntos admitidos a trámite) y el número de asuntos pendientes (que aún deben resolverse al final del año). Datos generales sobre la eficiencia El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2025 contiene datos sobre la eficiencia que abarcan nueve años (de 2014 a 2023). Este período se actualizó de 2012 a 2014 para que hubiera más datos disponibles, al tiempo que se mantenía una longitud similar para que las tendencias se manifiesten. Este lapso de tiempo también permite tener en cuenta que, con frecuencia, las reformas de la justicia tardan un tiempo en mostrar su efecto. Los datos de los asuntos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos correspondientes al período de 2014 a 2023 muestran tendencias positivas en la mayoría de los casos. Tras el descenso de la eficiencia observado en 2020, posiblemente debido a la pandemia de COVID-19, en 2021 y (en mayor medida incluso) en 2022, se observó un retorno a los niveles de eficiencia de 2019. En 2023, algunos de los Estados miembros que comunican datos han seguido mejorando su eficiencia, mientras que en otros los niveles de eficiencia se han mantenido estables. Esto muestra el efecto de las medidas adoptadas por los Estados miembros para aumentar la resiliencia de sus sistemas frente a futuras perturbaciones. Se han producido algunos avances positivos en los Estados miembros que en los últimos años se consideró que se enfrentaban a problemas específicos, en el contexto del Semestre Europeo 61 . ·Desde 2014, y sobre la base de los datos existentes con respecto a estos Estados miembros, en dieciséis de ellos se ha reducido o se ha mantenido estable la duración de los procedimientos judiciales en primera instancia en la categoría amplia de «todos los asuntos» (gráfico 4). En la categoría «asuntos civiles y mercantiles contenciosos» (gráfico 5), la duración de los procesos judiciales en primera instancia siguió disminuyendo o se mantuvo estable en trece Estados miembros. En comparación con el año anterior, los gráficos 4 y 5 muestran una disminución de la duración de los procedimientos en ocho Estados miembros, en todas las categorías, en algunos casos por debajo de los niveles de 2020. En los asuntos contencioso-administrativos (gráfico 7), la duración de los procesos ha disminuido o se ha mantenido estable desde 2012 en unos quince Estados miembros. En comparación con el año anterior, en 2023 la duración de los procesos contencioso-administrativos se redujo en doce Estados miembros. ·El cuadro de indicadores presenta datos relativos a la duración de los procesos en todas las instancias judiciales en los asuntos civiles y mercantiles contenciosos (gráfico 6) y los asuntos contencioso-administrativos (gráfico 8). Los datos muestran que, en cinco de los Estados miembros que se enfrentan a desafíos en cuanto a la duración de los procesos en los órganos jurisdiccionales de primera instancia, las instancias superiores son más eficientes en sus actuaciones. Sin embargo, en otros cinco Estados miembros que experimentan dificultades, la duración media de los procesos en órganos jurisdiccionales de instancias superiores es incluso mayor que en primera instancia. ·En la categoría amplia de «todos los asuntos» y en la de «asuntos contenciosos civiles y mercantiles» (gráficos 9 y 10), el número total de Estados miembros cuya tasa de resolución es superior al 100 % sigue siendo el mismo que en 2022. En 2023, dieciocho Estados miembros, entre los que figuran los que se enfrentan a problemas, notificaron una tasa de resolución elevada (superior al 97 %). Esto significa que, por lo general, los órganos jurisdiccionales pueden tramitar los asuntos admitidos a trámite en estas categorías. En los asuntos contencioso-administrativos (gráfico 11), en catorce Estados miembros la tasa de resolución en 2023 siguió siendo, en general, la misma que en 2022. Si bien la tasa de resolución de los asuntos contencioso-administrativos es generalmente inferior a la de otras categorías de asuntos, quince Estados miembros siguen progresando adecuadamente. En particular, siete de los Estados miembros que se enfrentan a problemas notifican un incremento de la tasa de resolución de los asuntos contencioso-administrativos desde 2014. ·Desde 2014, la situación se ha mantenido estable o ha seguido mejorando en cuatro de los Estados miembros que experimentan las mayores dificultades en materia de asuntos pendientes de resolución, con independencia de su categoría (gráfico 12). En 2023, a pesar del aumento del número de asuntos pendientes, el número de asuntos pendientes permaneció estable tanto en los asuntos contenciosos civiles y mercantiles (gráfico 13) como en los asuntos contencioso-administrativos (gráfico 14) en diez Estados miembros. No obstante, continúan existiendo diferencias significativas entre los Estados miembros con relativamente pocos asuntos pendientes de resolución y aquellos con un elevado número de estos. Eficiencia en ámbitos específicos del Derecho de la Unión Los datos sobre la duración media de los procesos en ámbitos específicos del Derecho de la Unión (gráficos 15 a 22) proporcionan una mejor perspectiva del funcionamiento de los sistemas judiciales en tipos concretos de litigios relativos a empresas. Los datos sobre la eficiencia en ámbitos específicos del Derecho de la Unión se recopilan sobre la base de hipótesis definidas de forma restrictiva, por lo que el número de asuntos pertinentes puede ser reducido. Sin embargo, en comparación con la duración calculada de los procedimientos presentada en los datos generales sobre la eficiencia, estas cifras muestran una duración media real de todos los asuntos pertinentes en ámbitos específicos en un año. Merece la pena señalar que los Estados miembros cuyos datos generales sobre la eficiencia no parecen mostrar dificultades notifican no obstante una duración media considerablemente superior de los asuntos en determinados ámbitos del Derecho de la Unión. Al mismo tiempo, la duración de los procesos en distintos ámbitos específicos también puede variar en gran medida dentro de un mismo Estado miembro. Otro parámetro introducido el año pasado se centra en la duración de los procesos penales, en particular los relacionados con el cohecho y el soborno, lo que pone de manifiesto el nivel de eficiencia en este ámbito del Derecho de la Unión. Por último, el cuadro de indicadores de 2025 sigue ofreciendo información sobre la eficiencia del conjunto de la cadena de aplicación, aspecto importante para un entorno empresarial y de inversión positivo. Por ejemplo, en los asuntos relacionados con el Derecho de la competencia, existe un gráfico centrado en la duración de los procedimientos ante la autoridad nacional de la competencia y el control jurisdiccional de las decisiones adoptadas por dicha autoridad. ·En el caso del control jurisdiccional de los asuntos de competencia (gráfico 15), puesto que la carga de trabajo total a la que se enfrentan los órganos jurisdiccionales aumentó en toda la UE, la duración de los recursos judiciales se redujo o permaneció estable en cinco Estados miembros, mientras que en otros siete aumentó. A pesar de la tendencia moderadamente positiva, 7 Estados miembros notificaron una duración media superior a 1 000 días en 2023. Por lo que respecta a los procedimientos ante las autoridades nacionales de competencia (gráfico 16), 11 Estados miembros informaron de que la duración de los procedimientos era inferior a 1 000 días. Tres de los Estados miembros que experimentan problemas de eficiencia en el control jurisdiccional de los asuntos de competencia se encuentran entre los más eficientes en lo tocante a los procedimientos ante las autoridades nacionales de competencia. ·En cuanto a las comunicaciones electrónicas (gráfico 17), la carga de trabajo asumida por los órganos jurisdiccionales disminuyó en comparación con años anteriores y se mantuvo la tendencia positiva observada en 2022 con respecto a la reducción de la duración de los procedimientos. En 2023, en nueve Estados miembros se registró una disminución de la duración media de los procedimientos con respecto a 2022 o dicha cifra permaneció estable, y siete Estados miembros registraron un aumento. ·En lo concerniente a los asuntos de violación de marca de la UE (gráfico 18), en 2023 la carga de trabajo total disminuyó con respecto a 2022. No obstante, aunque cuatro Estados miembros gestionaron su carga de trabajo de forma más eficiente y registraron duraciones menores o estables de los procedimientos, en otros seis se produjo un claro aumento de la duración media de los procedimientos. ·En el ámbito del Derecho de la UE en materia de protección de los consumidores, puede observarse el posible efecto combinado de la cadena de aplicación consistente en procedimientos tanto administrativos como de control jurisdiccional (gráficos 19 y 20). En 2023, seis Estados miembros informaron de que sus autoridades de protección de los consumidores tardaron menos de tres meses por término medio en dictar una resolución en un asunto amparado por el Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores, mientras que otros nueve Estados miembros tardaron hasta un año. Por lo que respecta a las resoluciones de las autoridades de protección de los consumidores impugnadas ante los órganos jurisdiccionales, en 2023 se observaron tendencias divergentes en cuanto a la duración del control jurisdiccional de resoluciones administrativas, con aumentos en cinco Estados miembros y reducciones en otros cinco con respecto a 2022. En dos Estados miembros la duración media de los procesos de control jurisdiccional se mantiene aún por encima de los 1 000 días. ·La adopción de medidas eficaces para combatir el blanqueo de capitales es crucial para proteger el sistema financiero, garantizar la competencia leal y prevenir las consecuencias económicas negativas. Unos procedimientos judiciales extremadamente largos pueden mermar la capacidad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales o reducir la eficacia de los esfuerzos en este ámbito. El gráfico 21 presenta datos actualizados sobre la duración de los procesos judiciales relacionados con delitos de blanqueo de capitales. Muestra que, si bien en siete Estados miembros los procedimientos judiciales en primera instancia duran hasta un año por término medio, su duración media es de hasta dos años en cinco Estados miembros y, en otros cinco, de hasta tres años y medio en promedio 62 . ·La corrupción es un delito especialmente grave con una dimensión transfronteriza. Tiene consecuencias económicas negativas y solo puede abordarse eficazmente mediante normas mínimas comunes en toda la UE. El cuadro de indicadores presenta datos sobre la duración de los procesos judiciales que se ocupan de los asuntos relativos al cohecho o al soborno. El gráfico 22 muestra los distintos niveles de disponibilidad de datos entre los Estados miembros y las diferencias en la duración media de los procesos ante los órganos jurisdiccionales de lo penal de primera instancia. Si se examinan los datos de 2023, en ocho Estados miembros, los procedimientos concluyen en un plazo aproximado de un año, mientras que en los siete restantes de los que se dispone de datos, los procedimientos pueden durar hasta dos años. En general, la complejidad que conlleva enjuiciar y resolver los delitos de cohecho o soborno refleja la gravedad del delito, que también se manifiesta en la duración de los procesos. |
2.2. Calidad de los sistemas judiciales
No hay una única forma de medir la calidad de los sistemas judiciales. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2025 continúa estudiando los factores que en general se aceptan como pertinentes para mejorar la calidad de la justicia. Se pueden clasificar en cuatro categorías atendiendo a su objetivo:
1) acceso del público y las empresas a la justicia;
2) recursos económicos y humanos adecuados;
3) establecimiento de instrumentos de evaluación;
4) digitalización.
2.2.1. Acceso a la justicia
La accesibilidad es necesaria a lo largo de toda la cadena de la justicia para permitir que todas las personas, en particular las personas en riesgo de discriminación, las personas de edad avanzada y las víctimas de delitos, obtengan la información pertinente —sobre el sistema judicial, la formulación de una demanda y los aspectos financieros conexos, y el estado de tramitación del procedimiento hasta su conclusión—, así como acceso electrónico a la sentencia.
– Asistencia jurídica gratuita, tasas judiciales y gastos de defensa jurídica –
El coste de los litigios es un factor clave que determina el acceso a la justicia. Si los gastos procesales, que incluyen las tasas judiciales 63 y los gastos de defensa jurídica 64 , son elevados, pueden obstaculizar dicho acceso. Los gastos procesales en asuntos civiles y mercantiles no están armonizados en toda la Unión. Se rigen por leyes nacionales, por lo que varían de un Estado miembro a otro.
El acceso a la asistencia jurídica gratuita es un derecho fundamental consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 65 . Permite acceder a la justicia a las personas que de lo contrario no podrían asumir o anticipar los gastos procesales. La mayor parte de los Estados miembros se basan en los ingresos del solicitante a la hora de conceder asistencia jurídica gratuita 66 .
El gráfico 23 muestra la disponibilidad de asistencia jurídica gratuita plena o parcial en un asunto específico de protección de los consumidores relacionado con una demanda por importe de 6 000 EUR. Compara los umbrales de ingresos para la concesión de asistencia jurídica gratuita, expresados como porcentaje del umbral de pobreza según Eurostat en cada Estado miembro 67 . Por ejemplo, si el umbral para la asistencia jurídica gratuita es el 20 %, esto significa que un solicitante con ingresos superiores en un 20 % al umbral de pobreza de Eurostat en su Estado miembro seguirá teniendo derecho a dicha asistencia. Sin embargo, si el umbral para la asistencia jurídica gratuita se sitúa por debajo de cero, significa que una persona con ingresos inferiores al umbral de pobreza podría no tener derecho a esta asistencia.
Nueve Estados miembros disponen de un sistema de asistencia jurídica gratuita que prevé una cobertura del 100 % de los gastos relacionados con el litigio (asistencia jurídica gratuita plena), complementado por un sistema que cubre parte de los gastos (asistencia jurídica parcial) para el que se aplican diferentes criterios de admisibilidad. Diez Estados miembros cuentan únicamente con un sistema de asistencia jurídica gratuita, o bien plena, o bien parcial. En cuatro Estados miembros, los órganos jurisdiccionales disponen de facultad discrecional para conceder la asistencia jurídica gratuita.
Gráfico : Umbral de ingresos para obtener asistencia jurídica gratuita en un asunto concreto de protección de los consumidores, 2024* (diferencias en % respecto del umbral de pobreza según Eurostat) [fuente: Comisión Europea en cooperación con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) 68 ].
* Los cálculos se basan en los valores de la tasa de riesgo de pobreza de 2023. BE, DE, ES, FR, IE, IT, LT, LU, NL, SI, SK, FI: la asistencia jurídica gratuita también debe tener en cuenta los activos de los que dispone el solicitante. EL: se benefician de asistencia jurídica gratuita las personas cuyas rentas de capital anuales no superan los dos tercios del salario mínimo anual establecido en la legislación vigente. LU: se ha introducido un régimen de asistencia jurídica gratuita parcial. No existe un umbral específico, por lo que la concesión de la asistencia jurídica gratuita depende de la situación económica y familiar global del solicitante. BG, HR, LV, MT y RO: no se aportan datos.
Los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita se benefician a menudo de una exención del pago de las tasas judiciales. Solamente en seis Estados miembros (Bulgaria, Chequia, Grecia, Austria, Malta y Polonia) los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita no quedan automáticamente exentos del pago de las tasas judiciales. En Chequia, el órgano jurisdiccional competente decide en cada caso si eximir del pago de las tasas judiciales al beneficiario de asistencia jurídica gratuita. En Luxemburgo, las partes litigantes que disfrutan de asistencia jurídica gratuita no tienen que pagar tasas de secretaría judicial. El gráfico 24 compara en los dos supuestos cuál es el porcentaje de la tasa judicial indicada respecto a la cuantía total de la demanda. Por ejemplo, si la tasa judicial del gráfico siguiente es del 10 % de una demanda de 6 000 EUR, el consumidor tendrá que pagar una tasa judicial de 600 EUR para iniciar un procedimiento judicial. La demanda de escasa cuantía se basa en la tasa de riesgo de pobreza de Eurostat para cada Estado miembro.
Gráfico : Tasa judicial por iniciar un procedimiento judicial en un asunto específico de protección de los consumidores, 2024* (importe de la tasa judicial como porcentaje de la cuantía total de la demanda) [fuente: Comisión Europea en cooperación con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) 69 ].
* Los cálculos se basan en los valores de la tasa de riesgo de pobreza de 2023. Por «demanda de escasa cuantía» se entiende una demanda que se corresponde con el umbral de pobreza de Eurostat para una única persona en cada Estado miembro, convertido a ingresos mensuales (por ejemplo, en 2022 este valor fluctuó entre 326 EUR en BG y 2 381 EUR en LU). BE: contribución de 24 EUR al Fondo para la asistencia letrada de segundo grado; tasas de secretaría judicial: 50 o 165 EUR. Posteriormente, en caso de desestimación o condena: posiblemente 1 350 EUR en concepto de indemnización procesal. NL: el valor de las tasas judiciales corresponde a un litigante con ingresos anuales inferiores a 30 000 EUR. SE: la tasa judicial se aplica si la cuantía de la demanda es superior a 2 329 EUR.
El gráfico 25 presenta la tasa de asistencia jurídica gratuita abonada a los abogados penalistas en un asunto penal concreto sobre la base de un estudio de caso 70 . Los encuestados han indicado el importe que cobrarían los abogados con cargo al presupuesto público en el supuesto ficticio descrito.
Gráfico : Tasa de asistencia jurídica gratuita abonada a los abogados penalistas en un asunto penal específico, 2024* [fuente: Comisión Europea en cooperación con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) 71 ].
(*) Los datos se recopilaron sobre la base de un estudio de caso concreto. Los importes se expresan en EUR y, cuando fue necesario, se convirtieron a partir de monedas nacionales 72 . Para tener en cuenta las diferencias económicas entre los Estados miembros, el valor añadido de los honorarios y los gastos se dividió por los índices comparativos del nivel de precios expresados en porcentaje, según los cuales la media de la UE es del 100 %, la de DK es del 149 % y la de BG es del 59 % 73 . De este modo se ajusta el importe de los honorarios y gastos que perciben los abogados. AT: el sistema austriaco de asistencia jurídica gratuita está financiado por el Estado y se basa en la solidaridad de todos los abogados austriacos que participan de forma rotatoria en el sistema de asistencia jurídica gratuita. Por lo general, un abogado individual no percibe ninguna remuneración directa por la asistencia jurídica gratuita. En su lugar, el Estado austríaco abona una cantidad a tanto alzado al Colegio de Abogados de Austria en concepto de la asistencia jurídica gratuita prestada por todos los abogados. El Colegio de Abogados distribuye esta cantidad a los colegios de abogados regionales en función del número de abogados que prestaron asistencia jurídica gratuita, así como en función del número de asuntos de asistencia jurídica gratuita tramitados por los colegios de abogados regionales. El dinero se destina al régimen de seguridad social y pensiones de los abogados, que no está financiado por el Estado. IE: la profesión jurídica está dividida en asesores jurídicos (barristers) y abogados especializados en asuntos litigiosos (solicitors). La asistencia jurídica gratuita de cada una de las profesiones puede ser diferente. El gráfico anterior presenta el máximo que podría cobrarse en concepto de tasa en el marco del régimen de asistencia jurídica gratuita en el supuesto concreto.
– Acceso a métodos de resolución alternativa de litigios –
El gráfico 26 muestra las medidas de los Estados miembros para promover el uso voluntario de métodos de resolución alternativa de litigios (RAL) a través de incentivos específicos, que pueden variar en función de la rama del Derecho 74 .
Gráfico : Promoción e incentivos para la utilización de los métodos de RAL, 2024* (fuente: Comisión Europea 75 ).
* Puntuación máxima posible: 68 puntos. Indicadores agregados basados en los siguientes indicadores: 1) sitio web con información sobre la RAL; 2) campañas publicitarias en medios de comunicación; 3) folletos para el público en general; 4) el órgano jurisdiccional organiza sesiones de información específicas sobre la RAL previa solicitud; 5) coordinador de RAL / mediación en los órganos jurisdiccionales; 6) publicación de evaluaciones sobre la utilización de la RAL; 7) publicación de estadísticas sobre la utilización de la RAL; 8) la asistencia jurídica gratuita cubre (en parte o en su totalidad) los costes de la RAL; 9) reembolso total o parcial de las tasas judiciales, incluidos los impuestos sobre el timbre, si prospera la RAL; 10) no se exige abogado para el procedimiento de RAL; 11) el juez puede actuar como mediador; 12) un acuerdo alcanzado por las partes tiene fuerza ejecutiva en un órgano jurisdiccional; 13) posibilidad de incoar un procedimiento / interponer una demanda y presentar pruebas documentales por vía telemática; 14) posibilidad de que las partes sean informadas por vía electrónica de la incoación de un procedimiento y de su estado de tramitación; 15) posibilidad de pago electrónico de las tasas aplicables; 16) utilización de tecnologías (aplicaciones de inteligencia artificial, asistentes virtuales) para facilitar la presentación y resolución de litigios; y 17) otros medios. A cada uno de estos diecisiete indicadores se le asigna un punto por cada rama del Derecho. IE: los asuntos contencioso-administrativos están incluidos dentro de la categoría de asuntos civiles y mercantiles. EL: en los procedimientos de contratación pública existe la RAL ante los tribunales de apelación de lo contencioso-administrativo. ES: la RAL es obligatoria en los asuntos de Derecho laboral. PT: en los litigios civiles o mercantiles, las tasas judiciales se reembolsan solo en los asuntos competencia de los jueces de paz. SK: el ordenamiento jurídico eslovaco no contempla el uso de la RAL a efectos administrativos. FI: los litigios laborales y en materia de consumidores también se consideran asuntos civiles. SE: los jueces tienen discrecionalidad en materia de RAL. El juez tiene la obligación de intentar que el litigio se resuelva de manera amistosa, a menos que esto resulte inadecuado por la naturaleza del asunto.
– Medidas específicas en relación con el acceso a la justicia –
El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2022 presentó gráficos dedicados a las medidas específicas para facilitar la igualdad de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2023 siguió profundizando en el análisis de determinadas medidas específicas que facilitan la igualdad de acceso a la justicia a las personas en riesgo de discriminación en general y a dos grupos específicos: las personas de edad avanzada y las víctimas de violencia contra las mujeres y de violencia doméstica. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2025 vuelve a hacer balance de estas medidas específicas dos años después de la última vez que se presentaron estos datos.
En el gráfico que figura a continuación se describen las medidas que cada Estado miembro ha adoptado para abordar los obstáculos en el acceso a la justicia para las personas en riesgo de discriminación, incluidas las personas de edad avanzada. Esto también abarca la accesibilidad física de los edificios judiciales, el acceso a la información jurídica, la asistencia jurídica o la asistencia jurídica gratuita, y el formato de la información en línea.
El gráfico muestra una serie de tendencias positivas, en particular en relación con la accesibilidad física de los edificios y salas judiciales, la accesibilidad de la asistencia jurídica gratuita o las soluciones existentes para ayudar a las personas de edad avanzada a participar en los procesos judiciales. También muestra que hay más información disponible en línea en formatos fácilmente accesibles para las personas de edad avanzada y que las ONG o los organismos de igualdad gozan de legitimación para incoar procesos judiciales o participar en ellos en un mayor número de Estados miembros. No obstante, algunos Estados miembros siguen experimentando dificultades. Todavía hay Estados miembros en los que los avances son lentos y en los que la situación se ha estancado o está empeorando.
Gráfico : Medidas específicas para el acceso a la justicia de las personas en riesgo de discriminación 76 y de las personas de edad avanzada 77 (fuente: Comisión Europea 78 ).
* BE: Unia es una institución pública independiente que promueve la igualdad y lucha contra la discriminación. También existen sitios web especializados, como los sitios web Just-on y e-Deposit. DK: algunas personas pueden quedar exentas de utilizar soluciones públicas digitales, por ejemplo, si no tienen acceso a un ordenador, un teléfono inteligente o una tableta en su lugar de residencia. En casos especiales, el órgano jurisdiccional puede decidir que una persona quede exenta de utilizar minretssag.dk si la persona carece de competencias digitales o tiene discapacidades específicas. IE: la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda está facultada para solicitar al Tribunal Superior, al Tribunal de Apelación o al Tribunal Supremo la libertad de comparecer ante el tribunal en calidad de amicus curiae en procedimientos relacionados con los derechos humanos o la igualdad; la presentación digital no sustituye a las formas tradicionales de presentación y traslado y notificación. ES: el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil española introduce una serie de disposiciones nuevas para garantizar que las personas de edad avanzada tengan fácil acceso a la justicia. HR: la última encuesta de este tipo tuvo lugar en 2017. La nueva encuesta de 2025 dividirá las preguntas en función de los grupos de edad de los participantes. IT: no todas las dependencias judiciales son accesibles para las personas de edad avanzada. FI: los funcionarios encargados de la asistencia jurídica gratuita pueden organizar visitas a una persona de edad avanzada para tratar su asunto. LT: de conformidad con la Ley de asistencia jurídica estatal garantizada, las víctimas de delitos de odio, también por motivos de edad, tienen derecho a asistencia jurídica gratuita con independencia de sus ingresos y activos. MT: en 2023, el servicio de asistencia jurídica gratuita de Malta firmó un memorando de entendimiento con el Departamento de Envejecimiento Activo y Atención Comunitaria con el fin de proporcionar asistencia jurídica gratuita a los clientes de edad avanzada (clientes de más de 60 años) en asuntos tanto civiles como penales, incluidos los casos en los que las personas de edad avanzada son víctimas de delitos o han sufrido violencia de género. NL: el poder judicial informa al público sobre dónde puede acudir para recibir asesoramiento jurídico (Juridisch Loket, abogados, etc.). Esta información debe ser fácil de usar y comprensible para todos, en particular las personas de edad avanzada. Se han llevado a cabo estudios entre los usuarios para constatar este hecho. AT: los edificios judiciales (con algunas excepciones) carecen de barreras arquitectónicas y, por tanto, son fácilmente accesibles para las personas de edad avanzada. PL: para la protección de los derechos de los ciudadanos, en los casos previstos por la ley, las ONG cuya función estatutaria no sea la de llevar a cabo actividades empresariales podrán iniciar procedimientos y participar en los procedimientos pendientes. PT: cuando una persona vulnerable es víctima de un delito público (en el caso de delitos públicos, el fiscal inicia de oficio un procedimiento), las ONG u organismos de igualdad pueden iniciar el procedimiento. SI: existen sitios web especializados que proporcionan información sobre los procedimientos de manera informativa y sencilla. SK: el acceso al derecho constitucional de los ciudadanos a la asistencia jurídica gratuita se lleva a cabo principalmente a través de centros de asistencia jurídica gratuita y los defensores del pueblo.
El gráfico 28 complementa los gráficos 19 y 20, sobre la eficiencia de los procesos en materia de protección de los consumidores, al mostrar determinadas medidas específicas que los Estados miembros de la UE han adoptado para concienciar en mayor medida sobre el nuevo modelo europeo de acción colectiva 79 , concebido para mejorar el acceso de los consumidores a la justicia en situaciones de perjuicio masivo.
Gráfico : Medidas específicas en relación con las acciones de representación que protegen los intereses colectivos de los consumidores, 2024* (fuente: Comisión Europea 80 ).
(*) Las acciones de representación se establecen en la Directiva (UE) 2020/1828. Se trata de acciones iniciadas por entidades habilitadas ante los órganos jurisdiccionales nacionales o las autoridades administrativas en nombre de grupos de consumidores para solicitar medidas de cesación (es decir, para poner fin a las prácticas ilícitas de un comerciante, de forma similar a lo previsto en la Directiva 2009/22/CE, relativa a las acciones de cesación), medidas de reparación (como el reembolso, la sustitución o la reparación) o, tanto medidas de cesación como de reparación. Esta cuestión tiene por objeto recabar información sobre prácticas específicas que no están necesariamente relacionadas de forma directa con la aplicación de la Directiva. No se comunican datos relativos a HR, LU, HU y RO. NL: todos los órganos jurisdiccionales (las secciones de lo civil) de los Países Bajos son competentes en materia de acciones de representación. En la práctica, estos asuntos son tramitados por una reserva nacional de jueces especializados o con experiencia en este tipo de procedimientos. Se trata de un sistema de exclusión voluntaria, lo que significa que los consumidores solo tienen que actuar si no desean estar representados en la acción, lo cual debe comunicarse por escrito al órgano jurisdiccional. BE: no existen registros, pero algunas resoluciones deben publicarse en el sitio web del Ministerio de Economía y en el Boletín Oficial. DK: en la actualidad, las entidades habilitadas son el Defensor del Consumidor de Dinamarca (Forbrugerombudsmanden) y la Agencia Danesa de Medicamentos (Lægemiddelstyrelsen), que reciben financiación pública. EE: los litigios en materia de consumo se tramitan en el Comité de Litigios en materia de Consumo, que es una entidad independiente e imparcial que resuelve este tipo de litigios. IE: el sitio web de información ciudadana «Citizens Information» ha publicado un artículo sobre las acciones de representación como parte de su página informativa sobre cómo presentar una reclamación destinada a los consumidores. EL: la Ley 5019/2023 establece un nuevo sistema de acciones de representación. LV: en Letonia se ha designado una entidad transfronteriza habilitada. Todavía no ha habido casos de acciones de representación. LT: las medidas de sensibilización del público sobre las acciones de representación de los consumidores se aplican principalmente mediante el suministro de información pertinente en los sitios web de la Autoridad Estatal de Protección de los Derechos de los Consumidores (SCRPA) y de las asociaciones de consumidores (por ejemplo, nota publicada en el sitio web de la SCRPA, https://vvtat.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/2/o2moBOazC4c.pdf ). PT: la lista de las acciones de representación iniciadas ante los órganos jurisdiccionales de PT está disponible en el sitio web de la Dirección General de Consumidores, en el que puede encontrarse también el contacto de la entidad y cualquier documento pertinente para los consumidores: https://www.consumidor.gov.pt/consumidor_4/acoes-coletivas/informacoes-sobre-acoes-coletivas . SK: los consumidores pueden adherirse a la acción colectiva a través de un notario. El formulario de solicitud está disponible en el siguiente enlace: https://static.slov-lex.sk/pdf/prilohy/SK/ZZ/2023/289/20230725_5563264-2.pdf .
El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2025 amplía el análisis de la justicia adaptada a los menores. El gráfico 29 analiza una variedad más amplia de medidas específicas en relación con una justicia adaptada a los menores (tanto procesos civiles y penales como de justicia de menores). El gráfico 30 analiza una gama más amplia de medidas específicas disponibles en el caso de que un menor esté implicado como víctima o como sospechoso o acusado.
Gráfico : Medidas específicas para adaptar la justicia o los procesos a los menores (tanto procesos civiles y penales como de justicia de menores), 2024* (fuente: Comisión Europea 81 ).
(*)Menores: personas menores de 18 años.
Gráfico : Medidas específicas para los menores implicados en procesos penales como víctimas o sospechosos y acusados (menores: personas menores de 18 años), 2024* (fuente: Comisión Europea 82 ).
(*)Menores: personas menores de 18 años.
El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2025 amplía el análisis del acceso a la justicia a las víctimas de delitos y a las víctimas de la violencia contra las mujeres o de la violencia doméstica.
Gráfico : Vías de recurso para las víctimas de delitos, 2024 (fuente: Comisión Europea 83 ).
Gráfico : Vías de recurso para las víctimas de la violencia contra las mujeres o de la violencia doméstica, 2024 (fuente: Comisión Europea 84 ).
2.2.2. Recursos
Para el buen funcionamiento del sistema judicial se necesitan recursos suficientes. Esto incluye las inversiones necesarias en infraestructuras físicas y técnicas, así como personal cualificado, formado y adecuadamente remunerado de todas las categorías. Sin las instalaciones y herramientas adecuadas o el personal con las cualificaciones y capacidades necesarias y acceso a formación continua, la calidad de los procesos y las decisiones se ve mermada.
– Recursos económicos –
Los gráficos que figuran a continuación muestran el gasto público real en el funcionamiento del sistema judicial (excluidas las cárceles), tanto por habitante (gráfico 33) como en porcentaje del producto interior bruto (PIB) (gráfico 34).
Gráfico : Gasto público total en órganos jurisdiccionales en EUR por habitante, 2013 y de 2021 a 2023* (fuente: Eurostat).
* Los Estados miembros están ordenados según su gasto en 2023 (de mayor a menor). Los datos de 2022 correspondientes a DE, ES, FR y SK son provisionales. Los datos de 2023 correspondientes a BE, DE, ES, FR, PT y SK son provisionales. Los datos de PL presentan una ruptura en la serie en 2022. Fuente: Eurostat, Gov_10a_exp.
Gráfico : Gasto público total en órganos jurisdiccionales como porcentaje del PIB, 2013 y de 2021 a 2023* (fuente: Eurostat).
* Los Estados miembros están ordenados según su gasto en 2023 (de mayor a menor). Los datos de 2022 correspondientes a DE, ES, FR y SK son provisionales. Los datos de 2023 correspondientes a BE, DE, ES, FR, PT y SK son provisionales. Los datos de PL presentan una ruptura en la serie en 2022. Fuente: Eurostat, Gov_10a_exp.
El gráfico 35 presenta la relación entre los salarios anuales de jueces y fiscales y el salario anual medio del país. Para cada país, las barras presentan estas ratios para los jueces y fiscales al comienzo de sus respectivas carreras y en su punto álgido. En virtud del artículo 19, apartado 1, del TUE, los Estados miembros deben garantizar que tanto sus órganos jurisdiccionales en su conjunto como cada uno de los jueces que los integran sean independientes en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la UE. Aunque la reducción temporal de la remuneración en el contexto de las medidas de austeridad no se ha considerado contraria a esta disposición, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la percepción por parte de los miembros del poder judicial de un nivel de remuneración acorde con la importancia de las funciones desempeñadas constituye una garantía inherente a la independencia judicial 85 .
Gráfico : Relación entre los salarios anuales de jueces y fiscales y el salario bruto medio anual en el país en 2023* [fuente: estudio de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa].
(*) Los comentarios específicos de los Estados miembros sobre los datos pueden consultarse en el estudio de la CEPEJ 86 .
El gráfico 36 presenta la relación entre los salarios anuales del personal experto judicial y de la fiscalía y el salario anual medio del país. En cada país, las dos primeras barras presentan las ratios del personal judicial experto al inicio de sus respectivas carreras y tras diez años de servicio, mientras que la tercera y cuarta barras presentan las ratios del personal experto de la fiscalía al inicio de sus respectivas carreras y tras diez años de servicio.
Gráfico : Relación entre los salarios anuales del personal experto judicial y de la fiscalía y el salario bruto medio anual ajustado a tiempo completo en el país en 2023* (fuente: Comisión Europea y Eurostat 87 ).
* Indicador desarrollado en cooperación con el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales. Los datos sobre salarios se refieren al salario mínimo bruto anual inicial, en 2023 y en EUR, y al salario mínimo bruto anual tras diez años de experiencia, en 2023 y en EUR. El salario bruto se calcula sin descontar las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos. Se incluyen las primas que se pagan regularmente a todo el personal, con independencia de sus circunstancias personales (por ejemplo, la decimotercera paga que se paga sin excepción al personal del órgano jurisdiccional o la fiscalía). Se excluyen del importe las primas vinculadas a circunstancias personales (por ejemplo, las prestaciones familiares en función del número de hijos). Salvo que se indique otra cosa, se utilizará el valor salarial mínimo de entre todas las categorías de personal incluidas en el respectivo grupo de personal. La relación se calculó sobre la base del indicador de Eurostat «salario medio ajustado a tiempo completo por empleado», nama_10_fte, referente a 2023. Por personal judicial se entiende el personal experto de los órganos jurisdiccionales de primera instancia que contribuye a los procesos o interviene en la toma de decisiones, como los jueces adjuntos, los secretarios judiciales, los auxiliares judiciales y los agentes judiciales. Por personal de la fiscalía se entiende el personal experto del nivel más bajo de las fiscalías que contribuye a los procesos o interviene en la toma de decisiones, como los auxiliares de fiscalía y los fiscales en prácticas. A continuación se indican las categorías específicas mencionadas por los distintos Estados miembros, incluidas en estos dos grupos más amplios y representadas en el gráfico: «J»: se refiere al personal judicial, «P»: se refiere al personal de la fiscalía. BE: secretario (griffier/greffier) (J), secretario (secretaris/secrétaire) (P). Los datos facilitados incluyen la retribución de vacaciones y la prima de fin de año. BG: auxiliar judicial (J), fiscal adjunto (P). CZ: alto funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial (J), personal de la fiscalía (P). DK: juez adjunto (J), fiscal en prácticas (P). El salario del juez adjunto tras diez años de experiencia se basa en el salario medio. DE: no se indica. EE: letrado (J), fiscal adjunto (P). IE: auxiliar judicial («judicial assistant») (J), asesor jurídico («legal executive») (P). EL: secretario judicial (J). ES: Letrados de la Administración de Justicia (J), Cuerpo de Auxilio Judicial (P). FR: asistente jurídico/letrado (J), asistente jurídico/letrado (P). HR: auxiliar judicial J), auxiliar de fiscalía (P). IT: personal judicial perteneciente al ámbito III y al tramo económico F1 (J), personal judicial perteneciente al ámbito III y al tramo económico F2 (J), personal de la fiscalía perteneciente al ámbito III y al tramo económico F1 (P), personal de la fiscalía perteneciente al ámbito III y al tramo económico F2 (P). CY: secretario judicial (J). LV: auxiliar judicial (J), abogado-asesor, abogado penalista, abogado-analista (P). El personal judicial está compuesto únicamente por auxiliares judiciales. En esta categoría no hay distintos niveles salariales. En la categoría de auxiliar judicial, los datos indicados corresponden al salario máximo en 2022. El salario de todos los auxiliares judiciales es el mismo en los órganos jurisdiccionales de primera instancia. Por ejemplo, si el auxiliar judicial recibe en la evaluación anual la puntuación más alta, puede percibir el salario máximo durante el primer año de trabajo. Por lo que respecta al personal de la fiscalía, los datos corresponden a la media salarial de los puestos indicados. El personal de los dos niveles de la fiscalía tiene un salario fijo que no depende de los años trabajados en la fiscalía. LT: auxiliares judiciales superiores (J), auxiliares de fiscalía y auxiliares del fiscal jefe (P). Los valores salariales de los auxiliares judiciales y de fiscalía y del personal administrativo son la media de los salarios concretos de una categoría determinada. LU: letrados («référendaires»): personal («employé») A1 (J), letrados: personal («employé») A1 (J). HU: fiscal de distrito (P). MT: auxiliar judicial (J), abogado en prácticas (P). NL: no disponible debido a la falta de un indicador de Eurostat sobre el salario medio ajustado a tiempo completo por empleado. AT: jueces en prácticas / letrados / auditores / secretarios judiciales («Rechtspfleger») (J), fiscal en prácticas (P). Los datos representan los salarios reglamentarios. Los miembros del personal o las diferentes categorías salariares se agrupan en una única categoría de miembros del personal, con un valor medio basado en los niveles salariales y de remuneración reglamentarios. PL: juez adjunto (J). los datos corresponden a una media de los salarios concretos de una categoría determinada. RO: fiscal en prácticas (P). RO solo cuenta con la categoría «fiscal en prácticas»; no cuenta con la categoría «auxiliar de fiscalía» ni con otras categorías de personal experto que contribuye al proceso o participa en la toma de decisiones. Por lo tanto, solo se facilitó el salario inicial de los fiscales en prácticas. En 2022, la categoría de personal judicial al servicio de los órganos jurisdiccionales de primera instancia no existía en Rumanía, por lo que no se facilitan datos al respecto. SI: auxiliar judicial (J), letrado superior (P). SK: auxiliar (J), jurista en prácticas (P). FI: juez en prácticas (J), auxiliar de fiscalía (P). SE: letrado del grupo 1, fiscal en prácticas (P).
– Recursos humanos –
Contar con suficientes recursos humanos es esencial para la calidad del sistema judicial. La diversidad entre los jueces, incluido el equilibrio de género, añade conocimientos, capacidades y experiencia complementarios y refleja la realidad de la sociedad.
Gráfico : Número de jueces, 2014 y de 2021 a 2023* (por cada 100 000 habitantes) [fuente: estudio de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa].
(*) Esta categoría está compuesta por jueces que trabajan a tiempo completo, con arreglo a la metodología de la CEPEJ. No incluye los secretarios judiciales que existen en algunos Estados miembros. EL: desde 2016, los datos sobre el número de jueces profesionales incluyen todas las categorías de las jurisdicciones penal y civil, así como la jurisdicción contencioso-administrativa. IT: no se tienen en cuenta las comisiones regionales de auditoría, las comisiones fiscales locales ni los tribunales militares. La jurisdicción contencioso-administrativa se ha tenido en cuenta desde 2018. AT: los datos sobre la jurisdicción contencioso-administrativa forman parte de los datos desde 2016.
Gráfico : Proporción de juezas profesionales en tribunales supremos en el período 2022-2024* (fuente: Comisión Europea 88 ).
* Los datos están ordenados de mayor a menor valor, según valores correspondientes a 2024.
Gráfico : Número de abogados, 2014 y de 2021 a 2023* (por cada 100 000 habitantes) [fuente: estudio de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa].
(*) De acuerdo con la metodología de la CEPEJ, un abogado es una persona cualificada y autorizada con arreglo a la legislación nacional para pleitear y actuar en nombre de sus clientes; intervenir en la praxis jurídica; comparecer ante los órganos jurisdiccionales o asesorar y representar a sus clientes en asuntos jurídicos [Recomendación Rec (2000)21 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la libertad de ejercicio de la profesión de abogado]. DE: no se hace ninguna distinción entre los diferentes grupos de abogados en Alemania. FI: desde 2015, la cifra de abogados proporcionada incluye tanto el número de abogados que trabajan en el sector privado como el número de los que trabajan en el sector público.
2.2.3. Digitalización
La utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) puede reforzar los sistemas judiciales de los Estados miembros y hacerlos más accesibles, eficientes, resilientes y preparados para afrontar los retos presentes y futuros. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve una serie de desafíos que afectan al funcionamiento del poder judicial, así como la necesidad de que los sistemas judiciales nacionales sigan mejorando su digitalización.
En ediciones anteriores del cuadro de indicadores de la justicia en la UE se aportaban datos comparativos sobre determinados aspectos de las TIC en los sistemas judiciales. Como ya anunció la Comisión en su Comunicación, de 2 de diciembre de 2020, sobre la digitalización de la justicia en la UE 89 , el cuadro de indicadores se ha ampliado de forma sustancial con más datos sobre la digitalización en los Estados miembros, lo que debería permitir una supervisión más exhaustiva de las áreas de progreso y de las dificultades persistentes.
Para que la justicia sirva a los ciudadanos es preciso que la información sobre los sistemas judiciales nacionales no solo sea fácilmente accesible, sino que además se adapte a grupos específicos de la sociedad que de otro modo tendrían dificultades para acceder a la información, en particular las personas con discapacidad. El gráfico 40 muestra la disponibilidad de información en línea y servicios públicos específicos que pueden ayudar a las personas a acceder a la justicia.
Gráfico : Disponibilidad de información en línea para el público general sobre el sistema judicial, 2024* (fuente: Comisión Europea 90 ).