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Document 52023DC0764

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO sobre la revisión del Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo, de 22 de diciembre de 2022, por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables

COM/2023/764 final

Bruselas, 28.11.2023

COM(2023) 764 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO

sobre la revisión del Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo, de 22 de diciembre de 2022, por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables


I.Introducción

El presente informe revisa el Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo, de 22 de diciembre de 2022, por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables 1 («el Reglamento del Consejo»).

El Reglamento del Consejo es una de las medidas de emergencia adoptadas por el Consejo en 2022 para responder a la crisis energética resultante de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Se basa en el artículo 122, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según el cual el Consejo, a propuesta de la Comisión, puede decidir medidas adecuadas a la situación económica, en particular en caso de que surjan dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía.

En el momento de la adopción del Reglamento del Consejo en diciembre de 2022, el contexto geopolítico general y los precios de la energía, muy elevados, exigían una aceleración urgente del despliegue de las energías renovables en la Unión con el fin de mitigar los efectos de la crisis energética reforzando la seguridad del suministro de la Unión, reduciendo la volatilidad del mercado y bajando los precios de la energía. El proceso de concesión de autorizaciones, de carácter largo y complejo, constituía una barrera clave que obstaculizaba la velocidad y la escala de las inversiones en energías renovables y en infraestructuras conexas; por ello, el Reglamento del Consejo tenía por objeto lograr una aceleración inmediata de los procedimientos de concesión de autorizaciones aplicables a determinadas tecnologías y proyectos de energías renovables que presentaban el mayor potencial de despliegue rápido para mitigar los efectos de la crisis energética. A tal fin, el Reglamento introdujo medidas excepcionales, específicas y limitadas en el tiempo en toda la UE.

El Reglamento del Consejo es aplicable a todos los procesos de concesión de autorizaciones que comiencen durante su período de aplicación. Los Estados miembros también pueden aplicar el Reglamento del Consejo a los procesos de concesión de autorizaciones en curso en los que no haya recaído decisión definitiva antes del 30 de diciembre de 2022, siempre que se abrevie el proceso de concesión de autorizaciones y se preserven los derechos preexistentes de terceros.

Es importante señalar que el 9 de octubre de 2023 se adoptó la Directiva (UE) 2023/2413 2 , por la que se modifica la Directiva (UE) 2018/2001, sobre fuentes de energía renovables (en lo sucesivo, la «Directiva de modificación» y «la DFER revisada», respectivamente), lo que aumentó sustancialmente el nivel de ambición en materia de energías renovables que la Unión debe alcanzar colectivamente de aquí a 2030: el objetivo anterior estaba fijado en el 32 %, mientras que el nuevo objetivo es del 42,5 %, y con la aspiración de alcanzar el 45 %. La Directiva de modificación, que entró en vigor el 20 de noviembre de 2023, incluye amplias disposiciones para racionalizar de manera exhaustiva los procedimientos de concesión de autorizaciones aplicables a los proyectos de energías renovables a través de la ordenación del territorio y la simplificación y el acortamiento de los procedimientos. La Directiva de modificación incluye disposiciones que abarcan los mismos temas que el Reglamento del Consejo. Algunas son muy similares, mientras que otras presentan diferencias significativas (véase la sección IV). Además, la Directiva no reflejaba algunas de las medidas más excepcionales incluidas en el Reglamento (UE) 2022/2577, delimitando así el carácter excepcional y temporal de aquellas. En su lugar, la Directiva introdujo un régimen permanente, estable y a largo plazo para acelerar los procedimientos de concesión de autorizaciones, que establece etapas y procedimientos específicos que requieren un plazo de aplicación más largo. Varias de las normas sobre concesión de autorizaciones incluidas en la Directiva revisada, esto es, todas las normas sobre concesión de autorizaciones excepto las relativas a las zonas de aceleración renovable, deben transponerse a más tardar el 1 de julio de 2024, inmediatamente después de la expiración de la validez del Reglamento del Consejo.

De conformidad con el artículo 9 del Reglamento del Consejo, la Comisión debe llevar a cabo una revisión de dicho Reglamento a más tardar el 31 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta la evolución de la seguridad del suministro y de los precios de la energía y la necesidad de acelerar aún más el despliegue de las energías renovables; debe asimismo presentar al Consejo un informe sobre las principales conclusiones de dicha revisión. El artículo 9 del Reglamento del Consejo también establece que, sobre la base de dicho informe, la Comisión puede proponer que se prorrogue su validez.

Para decidir si es necesaria una prórroga de Reglamento del Consejo, deben cumplirse las condiciones para dicha prórroga. En este contexto, la Comisión debe evaluar i) la evolución reciente de la seguridad del suministro de la Unión y los precios de la energía, incluida la contribución que a este respecto ha supuesto el despliegue de fuentes de energía renovables; ii) la necesidad de acelerar aún más el despliegue de las fuentes de energía renovables y iii) los efectos específicos del Reglamento del Consejo para promover esa aceleración. Además, habida cuenta de la entrada en vigor de la Directiva de modificación, procede evaluar la relación entre las disposiciones incluidas en el Reglamento del Consejo y las disposiciones sobre concesión de autorizaciones incluidas en la DFER revisada 3 .

A tal fin, el presente informe describe la evolución reciente en materia de seguridad del suministro, precios de la energía y contribución de las fuentes de energía renovables, y examina la necesidad de acelerar aún más el despliegue de las energías renovables (sección II) y el efecto que el Reglamento del Consejo ha tenido en este contexto (sección III). Por último, la revisión examina el ámbito de aplicación del Reglamento del Consejo y las nuevas disposiciones sobre concesión de autorizaciones de la DFER revisada (sección IV), para finalizar presentando ciertas conclusiones y una recomendación de nuevas medidas (sección V).

II.Evolución de la seguridad del suministro energético y de los precios de la energía; necesidad de acelerar el despliegue de las energías renovables

Se ha producido una mejora general en lo que respecta a la seguridad del suministro energético en la Unión. Sin embargo, siguen existiendo riesgos significativos.

Por lo que se refiere al suministro de gas, las importaciones de gas ruso han disminuido, en consonancia con los objetivos de REPowerEU y gracias a los esfuerzos de diversificación y al ahorro. En el momento en que comienza la temporada de calefacción, las instalaciones de almacenamiento subterráneo de la UE están a más del 90 % de su capacidad. No obstante, la guerra de Rusia contra Ucrania continúa y supone graves amenazas para la seguridad del suministro energético de la Unión. Debido a la significativa disminución de las importaciones de gas ruso por gasoducto durante el último año, la disponibilidad de suministro de gas a la Unión se ha reducido considerablemente en comparación con la situación anterior a la crisis. Dados los niveles actuales de importación de gas, se espera que en 2023 la Unión reciba aproximadamente 20 000 millones de metros cúbicos de importaciones rusas por gasoducto, esto es, aproximadamente 110 000 millones menos que en 2021.

Los mercados mundiales del gas siguen siendo muy rígidos, y cabe esperar que permanezcan así durante algún tiempo. Tal como señalo la AIE1, el suministro de GNL global creció solo modestamente en 2022 (4 %) y 2023 (3 %), debido a «la limitada ampliación de la capacidad de licuefacción, a cortes en las principales instalaciones de exportación y a la disminución del suministro de gas de alimentación en las centrales de GNL alimentadas por campos en envejecimiento». La nueva capacidad significativa de licuefacción de GNL a escala mundial (especialmente en los Estados Unidos y Qatar) no se pondrá en servicio hasta 2025, pero «los equilibrios del mercado seguirán siendo precarios en un futuro inmediato»2. Esta situación está teniendo consecuencias negativas en los precios del gas, que, a pesar de ser muy inferiores al máximo alcanzado en el verano de 2022 (cuando los precios superaron los 300 EUR/MWh), siguen siendo más del doble que los niveles anteriores a la crisis (que oscilaban entre los 40 y los 50 EUR/MWh a principios del otoño de 2023), con repercusiones inevitables en el poder adquisitivo de los ciudadanos de la UE y en la competitividad de las empresas europeas. La volatilidad de los mercados es también consecuencia de la rigidez del mercado y representa un riesgo adicional para la economía de la UE. En el verano y el otoño de 2023 se han producido varios episodios de gran volatilidad, que muestran que los mercados del gas siguen siendo frágiles y pueden reaccionar de forma excesiva a cualquier perturbación inesperada y repentina de la oferta y la demanda, como ocurrió a raíz de la huelga en las instalaciones australianas de GNL, la crisis de Oriente Próximo y la indisponibilidad del Balticconnector. En estas condiciones, el miedo a la escasez puede desencadenar reacciones significativas con serias repercusiones en los precios en toda la UE.

Estas graves dificultades se ven exacerbadas por varios riesgos adicionales que, de materializarse, empeorarían considerablemente la situación. Entre estos riesgos figuran los siguientes: un repunte de la demanda asiática de GNL que reduzca la disponibilidad de gas en el mercado mundial del gas, 34 condiciones meteorológicas extremas que pudieran afectar al almacenamiento de energía hidroeléctrica o a la producción nuclear, lo que conllevaría un mayor recurso a la generación de electricidad a partir de gas, y otras posibles perturbaciones del suministro de gas, incluida la interrupción total de las importaciones de gas procedente de Rusia o la perturbación de las infraestructuras críticas de gas existentes. Además, los conflictos armados afectan a varias regiones pertinentes para el suministro energético de la UE, como Ucrania, Azerbaiyán u Oriente Próximo.

Ejemplos recientes ilustran la pertinencia de los riesgos relacionados con la perturbación de las infraestructuras energéticas. En septiembre de 2022, el gasoducto NordStream 1 sufrió tales daños por actos de sabotaje que actualmente no puede transportar gas, ni podrá hacerlo en un futuro próximo. En octubre de 2023, el Balticconnector, un importante gasoducto que conecta Finlandia a Estonia, sufrió perturbaciones. Tras el incidente, las autoridades finlandesas declararon un nivel de alerta que indica un deterioro significativo de la situación del suministro de gas5.

Por lo que se refiere a la electricidad, el nivel de preparación de cara al próximo invierno y, por tanto, nuestra seguridad de suministro en este sector se consideran mejores que el año pasado en términos generales. Las perspectivas han mejorad, gracias a una mayor disponibilidad de generación de energía nuclear para el próximo invierno y a mayores niveles de almacenamiento de energía hidroeléctrica, así como a la adición de nuevas capacidades renovables. Sin embargo, sigue siendo necesario actuar con cautela. Por ello, los Estados miembros que están aplicando medidas de emergencia las mantendrán al menos hasta finales del invierno. Además, muchos Estados miembros han previsto mantener o restablecer también medidas de ahorro de energía.

La mejora de la seguridad del suministro también se refleja en los precios del gas y la electricidad. En el punto álgido de la crisis, en el verano de 2022, los precios del gas alcanzaron niveles sin precedentes, superiores a 300 EUR/MWh, lo que tuvo repercusiones inmediatas en los precios de la electricidad, que superaron con creces los 400 EUR/MWh. Desde entonces, los precios del gas y la electricidad han caído significativamente y ahora fluctúan entre los 50 y los 100 EUR/MWh, respectivamente, aunque siguen siendo más del doble que el nivel anterior a la crisis.

La necesidad de alcanzar los objetivos de la Unión en materia de clima y energía para 2030 y el objetivo a largo plazo de lograr la neutralidad climática requerirán un aumento masivo de la capacidad de energía renovable en toda la UE. La respuesta de la Unión a la crisis energética en el marco de la iniciativa REPowerEU exige una gran aceleración y expansión de las energías renovables, con el fin de acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles rusos por parte de la Unión. Por lo tanto, la aceleración del despliegue de capacidad renovable desempeña un papel fundamental tanto en la estrategia a largo plazo de la UE en materia de descarbonización como en la estrategia a corto plazo para hacer frente a la crisis energética. Las energías renovables han sido fundamentales para aumentar la seguridad del suministro y mantener los precios de la energía bajo control durante la crisis energética. La razón principal fue la sustitución del gas natural por energías renovables, especialmente en el sector eléctrico, que posteriormente afectó a la demanda global de gas. La generación adicional de electricidad a partir de fuentes de energías renovables en este año sustituyó a unos 107 TWh de generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, lo que equivale a unos 10 000 millones de metros cúbicos de gas. 

Teniendo en cuenta que el precio medio del mecanismo de transferencia de títulos (TTF, por sus siglas en inglés) de los Países Bajos fue de alrededor de 120 EUR/MWh en 2022, la Comisión estima que el ahorro logrado gracias al despliegue de capacidad renovable adicional supera los 10 000 millones EUR. Asimismo, la Agencia Internacional de la Energía estimó los efectos positivos sustanciales del despliegue de nuevas energías renovables en los precios de la energía: según sus cálculos, de no ser por esa capacidad adicional instalada, los precios medios de la electricidad al por mayor habrían sido un 8 % más altos en todos los mercados europeos en 2022. Gracias a la capacidad fotovoltaica y eólica adicional instalada, se espera que los consumidores europeos ahorren aproximadamente 100 000 millones EUR entre 2021 y 2023. Desde la invasión rusa de Ucrania, las nuevas instalaciones eólicas y solares fotovoltaicas de bajo coste han sustituido aproximadamente a 230 TWh de generación de electricidad a partir de combustibles fósiles 4 . Con los 70 GW de nueva capacidad renovable previstos para 2023, podrían lograrse ahorros adicionales que impulsarían aún más la reducción de las importaciones de gas ruso.

En el sector de la calefacción a partir de fuentes de energía renovables, la venta de bombas de calor aumentó un 39 % en 2022 5 en comparación con 2021, mientras que el mercado del calor solar creció un 12 % para una capacidad instalada total de 40,5 GW 6 . Algunos de estos aparatos recién instalados habrán dado lugar a una sustitución de las calderas de gas, carbón y petróleo, pero no se dispone de datos que permitan extraer conclusiones sobre la medida en que esto ha ocurrido realmente.

En conclusión, se ha demostrado que el despliegue acelerado de las energías renovables puede reducir los riesgos para la seguridad del suministro de la Unión, especialmente para el gas y la electricidad, y ha contribuido a reducir los precios de la energía para los ciudadanos y las empresas de la UE. 

Dado que siguen existiendo riesgos significativos, es necesario continuar con el rápido despliegue de las energías renovables para reforzar aún más la resiliencia de la Unión. Se necesitan nuevas instalaciones renovables para acabar rápidamente con las importaciones de gas ruso restantes. Cuanto antes se lleve a cabo el despliegue de las energías renovables, mayor será el impacto positivo en la seguridad del suministro energético de la Unión, los precios de la energía y la independencia respecto de los combustibles fósiles rusos.

III.Efectos del Reglamento del Consejo

Dado que el período de aplicación del Reglamento del Consejo es limitado, resulta difícil cuantificar sus efectos en términos de aceleración del despliegue de energías renovables. Esto se debe principalmente a que no se dispone de estadísticas oficiales sobre el despliegue de energías renovables en el período transcurrido desde su entrada en vigor, pues las estadísticas correspondientes a 2023 no estarán disponibles hasta finales de 2024. Sin embargo, se han observado algunos avances positivos.

Según Solar Power Europe, en los tres trimestres de 2023 siguientes a la entrada en vigor del Reglamento se ha añadido en toda la UE más capacidad solar fotovoltaica nueva (más de 45 GW) que en todo 2022. En los seis primeros meses del año, Alemania añadió 6,5 GW (+ 10 %) de nueva capacidad solar, Polonia sumó más de 2 GW (+ 17 %) y Bélgica, al menos 1,2 GW (+ 19 %). Italia instaló 2,5 GW de capacidad solar en los seis primeros meses de 2023, frente a los 3 GW totales instalados en todo 2022. Se espera que España aumente su despliegue, pasando de los 4,5 GW en 2022 a 7 GW en 2023 7 .

Por lo que se refiere a la concesión de autorizaciones, los datos disponibles indican asimismo que, desde la entrada en vigor del Reglamento, varios Estados miembros han experimentado incrementos de dos dígitos en el volumen de autorizaciones expedidas para proyectos de energía eólica terrestre. Según el análisis de Wind Europe, la capacidad presentó una evolución positiva en Francia, que en los tres primeros trimestres de 2023 aumentó significativamente la cantidad de capacidad eólica autorizada. La región flamenca de Bélgica autorizó 300 MW de capacidad eólica adicional en los ocho primeros meses de 2023, superando así la capacidad autorizada en todo 2022. En los primeros nueve meses de 2023, Alemania expidió el valor récord de 5,2 GW en nuevas autorizaciones en el ámbito de la energía eólica terrestre, y se añadieron 2,44 GW de nueva capacidad 8 . A este respecto, Alemania ha indicado que se espera que el volumen de proyectos eólicos terrestres autorizados este año aumente un 75 % en comparación con el año pasado.

En cuanto a la generación de electricidad renovable, al menos diecisiete Estados miembros registraron nuevas cuotas récord en los seis primeros meses del año; Grecia y Rumanía superaron por primera vez el 50 %, y Dinamarca y Portugal rebasaron el 75 %. En Portugal, la energía eólica y la solar representaron más de la mitad de la generación total tanto en abril como en mayo. En julio, los Países Bajos alcanzaron el 50 % de energía eólica y solar por primera vez, y Alemania se movió en cifras similares, con una cuota récord del 49 % ese mismo mes 9 . La tasa de repotenciación de la energía eólica en Alemania creció hasta el 34 % 10 .

Además, al menos en un Estado miembro, los proyectos de red importantes para aumentar la penetración de las energías renovables, que abarcan más de 2 000 km en total, también se están beneficiando de los procedimientos acelerados de concesión de autorizaciones.

Sin embargo, como también señalan las partes interesadas, es difícil determinar en qué medida el aumento observado en el despliegue y la producción de energías renovables en este período puede atribuirse a los efectos del Reglamento del Consejo. Otros factores, como los elevados precios de la energía, las condiciones meteorológicas u otras políticas y medidas aplicadas por los Estados miembros, como los sistemas de apoyo u otro tipo de incentivos, también han contribuido a ese aumento.

Por lo tanto, para conocer mejor los efectos de ese Reglamento, la Comisión ha solicitado la contribución de los Estados miembros y de partes interesadas, como representantes del sector de las energías renovables o de asociaciones medioambientales.

Por lo que se refiere a los Estados miembros, el 14 de septiembre de 2023 la Comisión envió una carta a todos los Estados miembros en la que les pedía que enviaran información por escrito sobre la aplicación del Reglamento. A 15 de noviembre de 2023, eran quince los Estados miembros que habían respondido al cuestionario y habían aportado contribuciones por escrito. La aplicación del Reglamento del Consejo también fue tema de debate en la última reunión de la Acción Concertada relativa a la Directiva sobre fuentes de energía renovables (CA-RES), celebrada el 18 de octubre de 2023, en la que cinco Estados miembros aportaron información sobre su experiencia en la aplicación del Reglamento del Consejo.

Además de las respuestas individuales, se recibió una carta conjunta de los «Amigos de las Energías Renovables», con fecha de 17 de octubre de 2023 y firmada por los ministros de once Estados miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos y Portugal), en la que pedían una prórroga del Reglamento del Consejo. Los signatarios recordaron que las energías renovables mejoran la independencia de la Unión respecto de las fuentes de energía externas y reducen su vulnerabilidad frente a perturbaciones geopolíticas y a cambios bruscos en los precios externos, contribuyendo al mismo tiempo al liderazgo tecnológico e industrial de la UE y a la creación de empleo. En este contexto, la carta destacaba la importancia del Reglamento del Consejo para mitigar el impacto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en el mercado de la energía y pedía la prórroga del Reglamento del Consejo más allá de 2024 y mientras sea necesario para seguir reduciendo los obstáculos a la concesión de autorizaciones para las energías renovables.

El 26 de octubre, la Comisión organizó un intercambio de puntos de vista con las principales partes interesadas, incluidas las asociaciones del sector de las energías renovables, la red de transmisión REGRT de Electricidad y las ONG medioambientales. Además, recibió documentos de posición de varias partes interesadas.

En las siguientes subsecciones se resumen las aportaciones recibidas acerca de las diferentes disposiciones del Reglamento.

1.Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación

Un Estado miembro sugirió modificar el ámbito de aplicación para permitir que los Estados miembros puedan seguir aplicando el marco del Reglamento del Consejo a las evaluaciones de impacto ambiental después del 30 de junio de 2024. Consideró necesario aportar claridad a los proyectos que no se hayan completado en el momento de la expiración del Reglamento. Además, propuso especificar los «derechos de terceros» mencionados en el artículo 1 como «derechos de terceros sometidos a control judicial».

Otro Estado miembro también presentó observaciones sobre este artículo, indicando que esta disposición había sido esencial para garantizar la seguridad en el despliegue de proyectos de energías renovables. Más concretamente, consideró de vital importancia que los proyectos de energías renovables no tuvieran que concluirse dentro del período de aplicación de este Reglamento del Consejo para poder beneficiarse de las medidas reguladas en él. Ese Estado miembro también consideró que el período de aplicación del Reglamento era demasiado corto, porque, en el caso de muchos proyectos, el proceso de concesión de la autorización no podría iniciarse en ese plazo, en particular los proyectos para el desarrollo de la infraestructura de red necesaria para integrar las energías renovables en el sistema eléctrico.

2.Artículo 2: Definiciones

La Comisión ha recibido muy pocos comentarios sobre las definiciones. Una de las partes interesadas (Solar Heat Europe) criticó que, en varios casos, la definición de «equipo de energía solar» se había interpretado como si únicamente se refiriera a la energía solar fotovoltaica, cuando en realidad se refiere expresamente tanto a los equipos solares térmicos como a los equipos solares fotovoltaicos.

3.Artículo 3: Interés público superior

A partir de las observaciones recibidas en relación con la aplicación de este artículo, la Comisión observa que existe cierta confusión en los Estados miembros en cuanto al alcance y el funcionamiento de la presunción de interés público superior incluida en el artículo 3, a pesar de que el Reglamento del Consejo es directamente aplicable y, por lo tanto, los promotores de proyectos pueden invocar esta presunción en los procedimientos nacionales de concesión de autorizaciones y en los litigios judiciales, sin que sea necesaria legislación nacional adicional. No obstante, el artículo 3 permite a los Estados miembros adoptar legislación nacional para limitar la aplicación de esta presunción a determinados tipos de tecnología o a determinadas zonas de su territorio, de conformidad con las prioridades que figuran en sus planes nacionales integrados de energía y clima. Si los Estados miembros hacen uso de esas excepciones, la presunción solo será aplicable a determinadas tecnologías o territorios.

Fueron catorce los Estados miembros que presentaron observaciones sobre el artículo 3. En cuanto al alcance de la presunción, la Comisión observa una tendencia de los Estados miembros a limitar su aplicación a determinadas tecnologías (en particular, la eólica y la solar, pero también a proyectos de infraestructura) y, de manera más limitada, a zonas específicas. Solar Power Europe informó de que un Estado miembro había restringido la aplicación de la presunción de interés público superior únicamente a los proyectos públicos, mientras que otro dejaba que las posibles exenciones se definieran mediante decreto. Por otra parte, un Estado miembro ha ampliado el alcance de esta presunción para que los proyectos de energías renovables sean de interés público superior respecto del patrimonio arquitectónico.

Los Estados miembros que aplican la presunción notificaron resultados positivos, en términos generales, y la consideraron una herramienta útil para acelerar el despliegue de fuentes o infraestructuras de energías renovables, o un factor de reducción del riesgo.

Un Estado miembro notificó efectos positivos en ciertos casos concretos (a saber, proyectos eólicos, solares fotovoltaicos y de red), derivados de la aplicación de esta presunción tanto por parte de las autoridades responsables de la concesión de autorizaciones como de los tribunales. Otro Estado miembro destacó el valor añadido de la disposición, que contribuyó a hacer más eficiente la relación entre las diferentes entidades públicas implicadas en el proceso de planificación. Otros dos Estados miembros indicaron que todavía no habían necesitado aplicar esta presunción a ningún proyecto específico (entre otras razones, porque muchos proyectos aún no habían alcanzado la fase de concesión de autorizaciones), pero acogieron con satisfacción su potencial para acelerar la concesión de autorizaciones para proyectos específicos y expresaron su interés por utilizarla en un futuro próximo. Por otra parte, un Estado miembro señaló que sus actuales proyectos eólicos y solares estaban avanzando con bastante rapidez, por lo que consideraba que esta disposición no era necesaria.

Sin embargo, dos Estados miembros señalaron que existen dificultades para que la presunción de interés público superior desarrolle todo su potencial. En particular, el cumplimiento de otra condición establecida en las Directivas sobre los hábitats y sobre las aves, que exige la ausencia de otras soluciones alternativas, se percibe como un reto que limita la utilidad práctica de la presunción de interés público superior. Un Estado miembro pidió, por tanto, que se introdujeran modificaciones específicas en el artículo 3 para ofrecer flexibilidad respecto de las demás condiciones subyacentes a los criterios de excepción en la Directiva medioambiental pertinente, en particular la obligación de demostrar que no existen otras soluciones alternativas. Un Estado miembro también consideró que el requisito de esbozar medidas compensatorias era un factor que limitaba la utilidad de la disposición relativa al interés público superior.

Wind Europe, Solar Power Europe y EREF presentaron observaciones sobre la aplicación de la presunción de interés público superior. Estas partes interesadas expresaron su preocupación por el hecho de que la mayoría de los Estados miembros no aplicaran, o solo aplicaran parcialmente, la condición de interés público superior a los proyectos de energías renovables, o de que, en ocasiones, las autoridades responsables de la concesión de autorizaciones ignorasen la presunción y priorizaran otros intereses. Sin embargo, también proporcionaron ejemplos positivos en los que tal condición se había utilizado en cierta medida, y casos específicos en los que había contribuido a hacer avanzar algunos proyectos. Wind Europe indicó que, en general, era partidaria de hacer un mayor uso de esta disposición, pero que había incertidumbre en cuanto a su ámbito de aplicación y al modo en que debía aplicarse en la práctica.

La entidad de los GRD de la UE se refirió al elevado potencial de la presunción de interés público superior para ayudar a aliviar los cuellos de botella a los que se enfrentan los proyectos de distribución, y destacó asimismo el valor simbólico del artículo 3. No obstante, señaló que, en la práctica, el Reglamento del Consejo apenas había tenido repercusiones prácticas en los proyectos de redes de distribución. La entidad de los GRD de la UE recomendó prorrogar el Reglamento y pidió a la Comisión que garantizara su aplicación efectiva.

Dos partes interesadas del ámbito del medio ambiente [BirdLife y la Red de Acción por el Clima (CAN) Europe] compartieron sus observaciones generales sobre esta disposición. Se mostraron prudentes en cuanto al uso de la narrativa de interés público superior, que, en la práctica, puede relajar la norma para la protección del medio ambiente facilitando la concesión de autorizaciones para proyectos muy problemáticos, sin aportar ningún valor adicional a los proyectos de energías renovables que ya han adoptado las medidas y salvaguardias adecuadas. CAN Europe alegó que, en un Estado miembro, la disposición sobre la presunción de interés público superior había llevado al legislador a eximir a nueve centrales hidroeléctricas del requisito de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental, a pesar de que su impacto ambiental era significativo, y a declararlas de interés público superior

En general, puede concluirse que, en los Estados miembros en los que se ha aplicado, la presunción incluida en el artículo 3 se percibe generalmente como una herramienta útil para acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables (principalmente eólica y solar) y proyectos de infraestructura. Esto se refiere no solo a los efectos positivos observados sobre el terreno en proyectos específicos, sino también a la importancia que esta presunción atribuye al despliegue de energías renovables en general, además de a otros fines distintos de las excepciones específicas previstas en las Directivas medioambientales a que se refiere el artículo 3. Por lo que se refiere a las preocupaciones expresadas en relación con la amplia aplicación de la disposición y el impacto que ello puede tener en el elevado nivel de protección del medio ambiente, la Comisión recuerda que la presunción de interés público superior a favor de las energías renovables es refutable, lo que significa que las autoridades responsables de la concesión de autorizaciones y los tribunales pueden no aplicarla cuando existan pruebas claras de que dichos proyectos tienen efectos adversos importantes sobre el medio ambiente que no podrán mitigarse ni compensarse. Además, los Estados miembros podrán limitar su aplicación a ciertas tecnologías y ámbitos específicos.

Por otro lado, podría haber margen para una aplicación más amplia del artículo 3 en un futuro próximo, cuando más proyectos de energías renovables lleguen a la fase de concesión de autorizaciones tras la expiración del Reglamento. Además, la utilidad de esta disposición parece verse limitada por factores como la interpretación restrictiva de otras condiciones necesarias para beneficiarse de las excepciones, por ejemplo, la evaluación de si existen o no soluciones alternativas.

4.Artículo 4: Aceleración del proceso de concesión de autorizaciones para la instalación de equipos de energía solar

Doce Estados miembros presentaron observaciones específicas sobre la aplicación del artículo 4 o, en general, sobre la instalación de pequeños equipos solares. Varios de estos Estados miembros notificaron un fuerte incremento de las instalaciones solares en los últimos tiempos, aunque no atribuyeron específicamente dicho aumento al Reglamento del Consejo, sino a distintos factores, como la popularidad de los sistemas de apoyo nacionales o la evolución de los precios de la energía.

La mayoría de los Estados miembros que reaccionaron a este punto indicaron que, en el caso de las pequeñas instalaciones solares, aplicaban unas normas de concesión de autorizaciones aún más ambiciosas que las incluidas en el artículo 4. Más concretamente, siete Estados miembros indicaron que su legislación nacional no exigía autorizaciones específicas para pequeñas instalaciones solares en estructuras artificiales, en determinadas condiciones, ni para equipos solares cuya capacidad esté por debajo de cierto umbral, o incluso en general. Dos Estados miembros indicaron que la legislación nacional de que disponían antes de la entrada en vigor del Reglamento ya no requería una evaluación de impacto ambiental para los proyectos de equipos de energía solar. Por consiguiente, en esos Estados miembros que han adoptado una legislación nacional más ambiciosa, los efectos positivos derivados del artículo 4 parecen ser bastante limitados.

Un Estado miembro declaró que, a raíz del Reglamento del Consejo, había introducido cambios en su sistema nacional de concesión de autorizaciones. En particular, introdujo la aprobación tácita en el plazo de un mes desde la presentación de una solicitud de permiso de construcción para instalaciones solares destinadas a la producción de electricidad a partir de energía solar con fines de autoconsumo, con una capacidad instalada total de 20-50 kW en edificios y estructuras estructurados en zonas urbanizadas, incluidas las estructuras de tejados y fachadas y sus propiedades terrestres adyacentes.

Solar Power Europe y Solar Heat Europe presentaron observaciones sobre los efectos del artículo 4. Solar Power Europe indicó que, en general, el artículo 4 se aplicaba correctamente, aunque se habían observado algunas restricciones. Por ejemplo, en algunos casos, los Estados miembros interpretaron el concepto de «estructuras artificiales» de forma demasiado restrictiva (únicamente en referencia a los tejados), lo que significa que es necesario aclarar dicho concepto. Del mismo modo, la mayoría de los Estados miembros no habían sido suficientemente ambiciosos en cuanto a la simplificación de las conexiones a la red (pues habían aplicado el umbral inferior de 10,8 kW, y no de 50 kW). Sin embargo, aportaron algunos ejemplos positivos, como el caso de un Estado miembro en el que se preveía el uso de un modelo simplificado para la instalación de productos fotovoltaicos de hasta 200 kW de capacidad en tejados. Solar Heat Europe indicó que sus miembros no habían notado ningún cambio significativo en los procedimientos de concesión de autorizaciones para instalaciones de calor solar durante el último año.

En vista de lo anterior, la Comisión observa que, si bien la instalación de equipos solares está aumentando, es difícil atribuir los efectos de dicho aumento específicamente al Reglamento del Consejo, ya que hay otros factores (como los sistemas de apoyo o los elevados precios de la energía) que desempeñaron un papel importante. La Comisión acoge con satisfacción que al menos un Estado miembro haya introducido cambios para racionalizar la concesión de autorizaciones para instalaciones solares y que varios Estados miembros hayan introducido en su legislación nacional disposiciones aún más ambiciosas que las del artículo 4, como que no sea necesaria una autorización en el caso de las pequeñas instalaciones solares y que la conexión a la red se pueda solicitar directamente. El artículo 4 sigue siendo pertinente para esos Estados miembros, pues introduce plazos máximos también para la conexión a la red de estas instalaciones (los plazos máximos de uno o tres meses también cubren la conexión a la red y ofrecen seguridad a los solicitantes en virtud de una disposición de aprobación tácita para algunas instalaciones). La Comisión toma nota de que la cuestión de las conexiones a la red puede mejorarse.

5.Artículo 5: Repotenciación de las instalaciones de producción de electricidad procedente de energías renovables

Once Estados miembros presentaron observaciones sobre la aplicación del artículo 5 y, en general, sobre el proceso de concesión de autorizaciones para la repotenciación de instalaciones de energía renovable.

Varios Estados miembros indicaron que todavía no tenían una experiencia significativa en materia de repotenciación, debido a la implantación relativamente reciente de la mayoría de las centrales de energía renovable, o que no disponían de datos pertinentes al respecto. Solo un Estado miembro informó de un aumento de las solicitudes, principalmente para la repotenciación de instalaciones solares, mientras que otros Estados miembros indicaron que no habían detectado un aumento de la repotenciación en virtud del Reglamento del Consejo. Varios Estados miembros explicaron que habían introducido procedimientos de concesión de autorizaciones similares a los establecidos en el artículo 5.

Un Estado miembro indicó que, por lo general, el proceso de concesión de autorizaciones para la repotenciación con aumento de capacidad no supera los seis meses en el caso de los proyectos solares, aunque, en los casos en que debe llevarse a cabo una evaluación de impacto ambiental (puede ser necesario para las instalaciones eólicas), el procedimiento puede ser más largo. El plazo establecido en el artículo 5, apartado 1, abarca todas las autorizaciones y etapas pertinentes del proceso de concesión de autorizaciones, incluidas las evaluaciones de impacto ambiental. Por lo tanto, parece que ese Estado miembro respeta dicho plazo en el caso de las tecnologías que no requieren una evaluación de impacto ambiental, aunque es posible que se requieran adaptaciones adicionales para respetarlo cuando sí sea necesaria tal evaluación. Además, en ese Estado miembro no se requiere una autorización del Ministerio competente para la repotenciación de instalaciones de energía renovable si el tipo de generación de electricidad y la capacidad total de generación de electricidad permitida no cambian como consecuencia de la repotenciación.

Unos pocos Estados miembros notificaron normas ambiciosas en materia de concesión de autorizaciones para la repotenciación de proyectos de energías renovables. Uno de ellos adoptó en septiembre de 2023 una ley nacional con medidas relativas a los temas ya contemplados en el artículo 5, pero con un ámbito de aplicación más ambicioso. En particular, dicha ley introduce un plazo de un mes para emitir un dictamen sobre la conexión a la red en caso de modernización de un emplazamiento cuando se espere que la capacidad instalada total aumente hasta un 50 % en comparación con la capacidad existente; esto es más ambicioso que el artículo 5, apartado 3, tanto en términos de plazo como de aumento de la capacidad. Además, en línea con el artículo 5, apartado 4, esta ley no exige aplicar los procedimientos medioambientales cuando la modernización del emplazamiento no dé lugar a la utilización de terrenos adicionales y cumpla las medidas de protección medioambiental impuestas al emplazamiento original.

Hay otro Estado miembro que también aplica normas ambiciosas en materia de concesión de autorizaciones para la repotenciación de proyectos de energías renovables. Por ejemplo, en lo que respecta a la conexión a la red, la potencia instalada de la instalación repotenciada puede incrementarse hasta el 20 % de la potencia de conexión, sin que sea necesario aumentar la capacidad de la conexión.

Wind Europe expresó su preocupación por el hecho de que muy pocos Estados miembros aplicaran un procedimiento acelerado para la repotenciación de proyectos: una excepción tenía en vigor el régimen más ambicioso, y otros pocos Estados miembros también disponían, en cierta medida, de normas para tal fin. Wind Europe indicó que, en general, el Reglamento había tenido hasta entonces unos efectos limitados para acelerar la repotenciación de los proyectos. Wind Europe señaló que las normas incluidas en el artículo 5 podrían ser aún más ambiciosas. Por ejemplo, consideró que el umbral del 15 % previsto en el artículo 5, apartado 3, es demasiado bajo, dada la producción más elevada de los aerogeneradores eólicos nuevos.

En vista de lo anterior, la Comisión observa que la situación relativa a la repotenciación de proyectos de energías renovables es bastante desigual. Aunque en varios Estados miembros el margen para la repotenciación de proyectos es limitado, debido a la reciente instalación de proyectos de energías renovables, en otros existe un potencial mucho más significativo y creciente, aunque sin aprovechar, para lograr mayores volúmenes de despliegue de energías renovables mediante la promoción y la facilitación de la repotenciación de las instalaciones existentes. La repotenciación de las instalaciones de energía renovable presenta múltiples beneficios, ya que permite seguir utilizando emplazamientos con un potencial significativo en términos de energía renovable y se beneficia de la conexión a la red existente, así como de un grado probablemente mayor de aceptación pública y de conocimiento de los impactos medioambientales.

La Comisión acoge con satisfacción que algunos Estados miembros con un elevado potencial de repotenciación de proyectos de energías renovables hayan introducido medidas para simplificar sus normas de concesión de autorizaciones, y que otros Estados miembros hayan adoptado medidas de simplificación como resultado del Reglamento del Consejo, medidas que hasta cierto punto son incluso más ambiciosas que las incluidas en el artículo 5. Sin embargo, la Comisión comparte la idea de que los Estados miembros con el mayor potencial de repotenciación deben acelerar sus esfuerzos por seguir acortando y simplificando los procedimientos de concesión de autorizaciones correspondientes.

6. Artículo 6: Aceleración del proceso de concesión de autorizaciones para proyectos de energías renovables y para la infraestructura de red conexa necesaria para integrar las energías renovables en el sistema

Esta disposición es de aplicación opcional para los Estados miembros. Fueron catorce los Estados miembros que presentaron observaciones sobre este artículo. De ellos, tres declararon haber aplicado la disposición.

Dos Estados miembros declararon que actualmente aplican el artículo 6 para determinar áreas de energías renovables o infraestructuras de red específicas en las que los proyectos pueden quedar exentos de la evaluación de impacto ambiental específica y de las evaluaciones de protección de las especies.

Un Estado miembro indicó que había aplicado esta disposición para determinar zonas específicas para la energía eólica terrestre y marina, así como para redes eléctricas de más de 110 kW. Informó de que, hasta la fecha, esto había tenido efectos muy positivos en la aceleración del despliegue de la red y las energías renovables. En particular, apuntó que las primeras autorizaciones para instalaciones eólicas se habían concedido en virtud del Reglamento del Consejo, y que cada vez había más proyectos de energía eólica autorizados. Dicho Estado miembro espera que el Reglamento del Consejo y, en particular, su artículo 6 contribuyan a alcanzar su ambicioso objetivo de expansión, que se sitúa en unos 10 GW de energía eólica terrestre al año. Según alegó este Estado miembro, no prorrogar el Reglamento del Consejo crearía el riesgo de provocar perturbaciones importantes en el ritmo de despliegue de las energías renovables, pues la instalación de alrededor de 41 GW de energía eólica terrestre podría retrasarse y durar aproximadamente dos años más, o incluso interrumpirse por completo si no se prorrogara el Reglamento.

Por lo que se refiere a las redes, cuatro gestores de transporte alemanes indicaron que el Reglamento del Consejo había sido un importante factor de aceleración de los procesos formales de planificación y autorización para mejorar y ampliar las redes eléctricas en Alemania, y abogaron por una prórroga del Reglamento hasta la primavera de 2025 para garantizar una transición fluida hasta el momento en que las disposiciones pertinentes de la Directiva de modificación se transpongan al Derecho nacional. Asimismo, la REGRT de Electricidad envió comentarios positivos sobre la aplicación del artículo 6 en Alemania y notificó un potencial medio de aceleración de siete meses para la mayoría de los proyectos de red que se benefician del artículo 6 (es decir, los presentados después de la entrada en vigor del Reglamento). Por lo que se refiere a los proyectos marítimos, la REGRT de Electricidad espera un potencial de aceleración aún mayor, de hasta tres años. La REGRT de Electricidad indicó que los gestores de redes de transporte están en contacto regular con los ministerios nacionales por lo que se refiere a la aplicación del nuevo artículo 15 sexies de la DFER revisada, relativo a las áreas de infraestructura. Sin embargo, alberga serias dudas sobre la viabilidad de una transposición de esta disposición para julio de 2024, por lo que pidió una prórroga del Reglamento del Consejo para garantizar una transición fluida hasta que el artículo 15 sexies de la DFER revisada se transponga plenamente. Alemania declaró que una prórroga del artículo 6 permitiría acortar el proceso de concesión de autorizaciones de muchos proyectos de red en aproximadamente doce meses y, en el caso de algunos proyectos, en hasta treinta y seis meses.

Otro Estado miembro también decidió hacer uso del artículo 6, aunque los proyectos de energías renovables se encontraban aún en fase de planificación, no en la fase de concesión de autorizaciones. Así pues, consideró que el artículo 6 no había alcanzado aún su pleno efecto, pero tenía potencial para hacerlo en un futuro próximo.

La mayoría de los Estados miembros que presentaron observaciones informaron de que no habían hecho uso de la opción prevista en el artículo 6. Uno de ellos indicó que estaba aún valorando su aplicación, dado que se necesitaba legislación nacional para seguir desarrollando esa disposición. Otro Estado miembro declaró que su legislación nacional ya incluía medidas ambiciosas, con normas y criterios claros para delimitar qué proyectos de energías renovables debían someterse a un control o a una evaluación de impacto ambiental. Otros dos Estados miembros indicaron que, aunque no habían aplicado el artículo 6, estaban trabajando actualmente en formas de racionalizar aún más las evaluaciones medioambientales relacionadas con la concesión de autorizaciones para energías renovables. Otro Estado miembro declaró que no había aplicado el artículo 6 debido al procedimiento legislativo nacional para aplicar «cláusulas optativas» incluidas en los Reglamentos de la UE, que requiere la adopción de legislación nacional para desarrollar esas disposiciones. Además, este Estado miembro subrayó que las exenciones y las nuevas condiciones previstas en el artículo 6 se centraban principalmente en la protección de las especies, mientras que los retrasos en el proceso de autorización de las instalaciones de energías renovables (especialmente las grandes instalaciones eólicas) y el desarrollo de la red guardaban relación, principalmente, con la protección del hábitat. No obstante, reconoció que el artículo 6 es una medida simbólica positiva para acelerar los procedimientos de concesión de autorizaciones para las energías renovables y una señal para resolver bloqueos. A este respecto, la REGRT de Electricidad declaró que habría un impulso político para aplicar esta disposición en relación con dos proyectos de infraestructura en alta mar.

Algunas partes interesadas (CAN Europe y BirdLife) expresaron su preocupación general por la aplicación de exenciones de determinadas evaluaciones en virtud de la legislación medioambiental de la UE, así como por los posibles impactos en la biodiversidad debidos a la aceleración del despliegue de las energías renovables. CAN Europe mencionó que la profundidad y la calidad de las evaluaciones medioambientales estratégicas varían entre las distintas regiones y pueden no ser lo suficientemente detalladas como para garantizar un nivel de protección comparable. No obstante, CAN Europe señaló que, en un Estado miembro, la aplicación del artículo 6 había proporcionado una solución para un enfoque poblacional de la protección de las especies, mediante la creación de un fondo de protección de especies cuyos recursos se habían reservado para fines específicos. BirdLife expresó su preocupación por la menor transparencia para las ONG y la menor participación de la comunidad local en el proceso de planificación.

De lo anterior se desprende que el artículo 6 ha sido una herramienta útil para acelerar el despliegue de las energías renovables y los proyectos de infraestructuras conexas en los Estados miembros que han optado por utilizar esta disposición. En el caso concreto de Alemania, que ha hecho uso de esta disposición, parece haber resultados positivos tangibles tanto en términos del número de proyectos de energías renovables y de red que han tenido éxito como en términos de potencial de aceleración y de reducción del tiempo de concesión de las autorizaciones. La Comisión observa que esta disposición es percibida como positiva por los Estados miembros que no han hecho uso de ella, así como por aquellos que sí han decidido utilizarla pero que se encuentran en una fase anterior debido al valor simbólico de la disposición como factor de reducción del riesgo.

Por lo que se refiere a las preocupaciones expresadas sobre las exenciones de las evaluaciones en virtud de la legislación medioambiental de la UE y el impacto en la protección de la biodiversidad, la Comisión recuerda que el artículo 6 impone condiciones específicas para eximir a los proyectos de las evaluaciones medioambientales, con el fin de garantizar un equilibrio entre la necesidad de desplegar proyectos de energías renovables a una velocidad mucho más rápida y la necesidad de garantizar la protección de las zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental.

7.Artículo 7: Aceleración del despliegue de bombas de calor

Doce Estados miembros presentaron observaciones sobre la aplicación de este artículo y, en general, sobre el proceso de concesión de autorizaciones para la instalación de bombas de calor. Dos Estados miembros declararon que no disponían de datos recientes sobre bombas de calor, por lo que no les era posible evaluar el impacto del Reglamento en esta tecnología.

Tal como ocurre con las pequeñas instalaciones solares, algunos Estados miembros indicaron que no exigían autorizaciones para las bombas de calor en determinadas condiciones (generalmente para las pequeñas bombas de calor, como las de hasta 1 m3, 500 kW, o hasta 30 kW en viviendas privadas). Un Estado miembro declaró que, en general y con muy pocas excepciones, no era necesario presentar una solicitud para las bombas de calor con aire como fuente caliente. Por lo tanto, la legislación de estos países es más ambiciosa que el artículo 7 del Reglamento del Consejo. Otros Estados miembros mencionaron que su legislación nacional preveía exenciones de planificación para la instalación de bombas de calor o exenciones de la evaluación de impacto ambiental.

Un Estado miembro expresó su preocupación por el requisito de conceder autorizaciones para bombas de calor de hasta 50 MW en el plazo de un mes y explicó que un plazo tan breve puede plantear problemas técnicos y de seguridad para la red eléctrica. A este respecto, la Comisión observa que el Reglamento del Consejo introduce flexibilidad para los Estados miembros por lo que se refiere a la aplicación de este plazo. Los Estados miembros pueden excluir determinadas zonas o estructuras de las disposiciones del presente artículo, incluso por motivos de seguridad.

Algunos Estados miembros informaron del reciente incremento de las instalaciones de bombas de calor, pero no estaban seguros de que se debiera a los efectos del Reglamento del Consejo. Lo atribuyeron más bien a otros factores, como la guerra de Rusia contra Ucrania o las subvenciones nacionales. Varios Estados miembros especificaron que el Reglamento del Consejo no afectaba a la evolución de la situación, debido a que no contaban con requisitos nacionales en materia de concesión de autorizaciones para determinadas bombas de calor.

La Asociación Europea de Bombas de Calor (EHPA, por sus siglas en inglés) facilitó información detallada sobre el estado de los procedimientos de concesión de autorizaciones aplicables a las bombas de calor y sobre los efectos del artículo 7. Normalmente no se exigían autorizaciones para la mayoría de las bombas de calor (excluidas las geotérmicas), pero sí solían exigirse en el caso de las bombas de calor geotérmicas. Sin embargo, en el caso de las bombas de calor de hasta 25 kW de capacidad térmica, era posible conceder autorizaciones en el plazo de un mes.

Dado que para la mayoría de las bombas de calor a pequeña escala normalmente no se requiere una autorización (excepto en el caso de las geotérmicas), el impacto del artículo 7 parece ser limitado. Sin embargo, la EHPA sigue considerando positiva esta disposición, pues la introducción de un plazo máximo sirvió para proporcionar seguridad jurídica. Con el fin de aumentar la utilidad de esta disposición, la EHPA propuso algunas modificaciones específicas, a saber, reducir a un mes el plazo para la concesión de autorizaciones para las bombas de calor geotérmicas residenciales de hasta 25 kW de capacidad térmica, junto con la aprobación tácita, y utilizar la capacidad térmica en lugar de la capacidad eléctrica (excepto cuando se haga referencia específicamente a la conexión a la red, caso en el que la capacidad eléctrica podría ser más adecuada).

De lo anterior se deduce que, si bien la concesión de autorizaciones no parece ser el principal cuello de botella para la instalación de bombas de calor, el Reglamento del Consejo y, más concretamente, la introducción de plazos máximos claros ha contribuido positivamente a garantizar la seguridad jurídica para la instalación de este tipo de equipos, en particular para las bombas de calor geotérmicas y de mayor tamaño. La Comisión acoge con satisfacción que, en varios Estados miembros, la legislación nacional en vigor parece ser aún más ambiciosa que el contenido del artículo 7, pues no se requieren autorizaciones para las pequeñas bombas de calor.

8.Artículo 8: Plazos para el proceso de concesión de autorizaciones para la instalación de equipos de energía solar, la repotenciación de instalaciones de producción de electricidad procedente de energías renovables y el despliegue de bombas de calor

No se recibieron observaciones ni de los Estados miembros ni de las partes interesadas sobre este artículo, que estipula que el tiempo necesario para construir o repotenciar la infraestructura de red necesaria conexa y el tiempo dedicado a determinados trámites administrativos necesarios para las mejoras significativas de la red no están incluidos en los plazos para la concesión de autorizaciones.

IV.Ámbito de aplicación del Reglamento de emergencia y de las nuevas disposiciones sobre concesión de autorizaciones de la DFER revisada

Como se ha mencionado anteriormente, la DFER revisada incluye disposiciones para racionalizar los procedimientos de concesión de autorizaciones aplicables a los proyectos de energías renovables, incluidas normas sobre temas idénticos o similares a los cubiertos por el Reglamento del Consejo. Aunque varias de estas normas abarcan los mismos temas que los incluidos en el Reglamento, existen algunas diferencias importantes entre ambos textos:

-El artículo 16 septies regula la presunción de interés público superior, que también está regulada en el artículo 3 del Reglamento. No obstante, el artículo 3 del Reglamento contiene un segundo apartado que exige dar prioridad a los proyectos que se consideren de interés público superior cuando sea necesario ponderar los intereses jurídicos de cada caso concreto.

-El artículo 16 quinquies contiene normas específicas sobre el proceso de concesión de autorizaciones para la instalación de equipos de energía solar, también incluidas en el artículo 4 del Reglamento del Consejo. La redacción de ambas disposiciones es muy similar, aunque el artículo 16 quinquies, apartado 2, de la DFER revisada incluye un umbral más elevado de 100 kW (frente a 50 kW), lo que permite aumentar el número de instalaciones sujetas al procedimiento de autorización muy breve, de un mes.

-El artículo 16 quater (y el artículo 16 ter) contienen normas aplicables al proceso de concesión de autorizaciones para la repotenciación de plantas de energía renovable fuera de las zonas de aceleración renovable, también incluidas en el artículo 5 del Reglamento. La principal diferencia entre ambos textos es que el artículo 5 del Reglamento contiene un plazo breve, de seis meses, para todas las autorizaciones aplicables a la repotenciación de proyectos de energías renovables, mientras que la DFER revisada establece un plazo de un año para los proyectos fuera de las zonas de aceleración renovable (en las zonas de aceleración renovable, el artículo 16 bis también prevé un plazo de seis meses, pero la designación de dichas zonas tiene un plazo de aplicación más largo, de veintisiete meses).

-El artículo 16 sexies contiene normas sobre el proceso de concesión de autorizaciones para bombas de calor, también incluidas en el artículo 7 del Reglamento. La redacción de ambas disposiciones es muy similar, aunque la DFER revisada contiene precisiones adicionales sobre los plazos para las conexiones a la red (un plazo de dos semanas para las conexiones a la red de transporte o distribución).

-El artículo 15 quater impone a los Estados miembros la obligación de designar zonas de aceleración renovable para al menos una tecnología renovable. El artículo 15 sexies introduce la posibilidad de que los Estados miembros designen zonas para la infraestructura de red y de almacenamiento necesaria para integrar la energía renovable en el sistema eléctrico. En estas zonas, pueden aplicarse exenciones específicas de la evaluación medioambiental, siempre que se cumplan determinadas condiciones. El artículo 6 del Reglamento introduce una disposición facultativa que permite a los Estados miembros determinar zonas específicas en las que pueden eximir a los proyectos de la evaluación de impacto ambiental y de las evaluaciones de protección de las especies. Si bien las disposiciones de la DFER revisada y el artículo 6 del Reglamento se refieren a la determinación de zonas específicas para un despliegue más rápido de las energías renovables, el contenido de dichas disposiciones difiere significativamente:

oUna de las principales diferencias es que la DFER revisada prevé un procedimiento de «control» que podría derivar en la necesidad de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental específica, mientras que el artículo 6 del Reglamento prevé directamente la aplicación de medidas de mitigación o compensación.

oDe conformidad con el artículo 6 del Reglamento, los proyectos también pueden quedar exentos de las evaluaciones de protección de las especies con arreglo al artículo 12, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE y al artículo 5 de la Directiva 2009/147/CE. En la DFER revisada, estas exenciones solo están previstas para proyectos de red y de almacenamiento en zonas específicas, no para proyectos de energías renovables.

oEl artículo 6 del Reglamento no prevé una exención del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE. En la DFER revisada tal exención es posible para todos los proyectos (para las instalaciones de energías renovables, de red y de almacenamiento).

-El artículo 16, apartado 8, aclara qué etapas quedan fuera de los plazos del proceso de concesión de autorizaciones, es decir, qué etapas no cuentan como parte de los plazos establecidos en la Directiva. Esto es similar a lo incluido en el artículo 8 del Reglamento. La principal diferencia es que el artículo 16, apartado 8, de la DFER revisada contiene un punto adicional que aclara que la duración de cualquier acción o recurso, de otros procedimientos judiciales ante órganos jurisdiccionales, así como de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, incluidos los procedimientos de reclamación y las acciones y los recursos extrajudiciales, no se incluyen en la duración del procedimiento de concesión de autorizaciones, excepto cuando coincida con otras etapas administrativas del procedimiento de concesión de autorizaciones.

Varias de estas normas relativas a la concesión de autorizaciones incluidas en la DFER revisada (esto es, todas las normas sobre concesión de autorizaciones excepto las relativas a las zonas de aceleración renovable) deben transponerse a más tardar el 1 de julio de 2024, inmediatamente después de la expiración de la validez del Reglamento. Este es el caso, en particular, del artículo 15 sexies (optativo), el artículo 16, apartado 8, y los artículos 16 quater, 16 quinquies y 16 septies. Las restantes disposiciones sobre concesión de autorizaciones (es decir, las relativas a las zonas de aceleración renovable) tienen como fecha de transposición la correspondiente a dieciocho meses después de la entrada en vigor de la DFER revisada. Además, el artículo 15 quater, que introduce la obligación de designar zonas de aceleración renovable, tiene un plazo de aplicación de veintisiete meses después de la entrada en vigor del Reglamento del Consejo.

Por lo tanto, algunas de las medidas introducidas por el Reglamento se introdujeron en la DFER revisada. Sin embargo, la Directiva no reflejaba algunas de las medidas más excepcionales incluidas en el Reglamento (UE) 2022/2577, lo que delimitaba el carácter excepcional y temporal de aquellas.

En general, las principales diferencias sustanciales entre las disposiciones de la DFER revisada y las del Reglamento del Consejo afectan al artículo 3, apartado 2, sobre el interés público superior, al artículo 5, apartado 1, sobre el plazo máximo para la repotenciación, y al artículo 6 del Reglamento del Consejo. Según las observaciones recibidas de los Estados miembros y de las partes interesadas, estas disposiciones parecen dar lugar a una aceleración sustancial de la concesión de autorizaciones para proyectos de energías renovables y proyectos de red conexos en los Estados miembros que las han aplicado. Conviene prolongar estas medidas de emergencia seleccionadas, pues tienen el mayor potencial de aceleración de las energías renovables, son inmediata y directamente aplicables en toda la Unión y son diferentes de las incluidas en la DFER revisada, por lo que pueden complementarla. No obstante, para garantizar la coherencia con las normas establecidas en la DFER revisada, el breve plazo de seis meses para la concesión de autorizaciones para la repotenciación debe aplicarse, únicamente después del 30 de junio de 2024, a la repotenciación de proyectos de energías renovables situados en una zona específica de energías renovables de conformidad con el artículo 6 del Reglamento.

V.Conclusión sobre la prórroga de la medida y recomendación

En vista de lo anterior, la Comisión considera que se cumplen las condiciones para prorrogar el Reglamento del Consejo.

Como se explica en la sección II, la seguridad del suministro de la Unión ha mejorado sustancialmente en comparación con el invierno pasado, y los precios del gas y la electricidad han disminuido. Esto se debe en gran medida a la rapidez de las acciones adoptadas a nivel de la Unión, en particular las medidas de emergencia adoptadas sobre la base del artículo 122 del TFUE, incluido ese Reglamento del Consejo, y a la mayor penetración de las energías renovables alcanzada gracias a él. Sin embargo, persisten los riesgos graves y, dado el contexto de volatilidad continua de los precios de la energía y de preocupación por la seguridad del suministro, siguen siendo necesarios esfuerzos adicionales significativos en términos de despliegue de las energías renovables para seguir estabilizando la situación.

Aunque es difícil cuantificar con precisión el impacto del Reglamento del Consejo, debido a su limitado período de aplicación y a la falta de estadísticas oficiales, la sección III muestra que las medidas específicas incluidas en el Reglamento del Consejo han contribuido positivamente a acelerar el ritmo de despliegue de las fuentes de energía renovables. Lo han hecho de dos maneras principales: i) racionalizando los procedimientos aplicables a los procesos específicos de concesión de autorizaciones, y ii) sensibilizando políticamente sobre la importancia de acelerar la concesión de autorizaciones para las energías renovables, tal como han confirmado varios Estados miembros y partes interesadas.

La Comisión observa un impacto positivo en todos los ámbitos cubiertos por el Reglamento del Consejo, aunque a veces es difícil atribuir efectos específicos al Reglamento. Algunas medidas del Reglamento (los artículos 4 y 7) han tenido un impacto más limitado, en parte porque los Estados miembros ya aplican normas de concesión de autorizaciones más ambiciosas para la instalación de pequeñas instalaciones solares y pequeñas bombas de calor, mientras que otras (en particular, los artículos 3 y 6) han dado lugar a efectos de simplificación importantes, concretos y tangibles en los Estados miembros que las han aplicado.

Muchos Estados miembros y cinco partes interesadas consultadas (la REGRT de Electricidad, la Federación Europea de Energías Renovables, Solar Heat Europe, Solar Power Europe y Wind Europe) han hecho firmes llamamientos en favor de una prórroga del Reglamento o de artículos concretos. Algunos también solicitaron la introducción de modificaciones específicas.

Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta a la hora de decidir la prórroga del Reglamento del Consejo es el hecho de que la DFER revisada contiene varias medidas para racionalizar los procedimientos de concesión de autorizaciones que, en cierta medida, se solapan con las incluidas en el Reglamento del Consejo. Más concretamente, el artículo 3, apartado 1, el artículo 4, el artículo 5, apartados 2, 3 y 4, y el artículo 7 del Reglamento del Consejo se reproducen casi de manera idéntica en los artículos 16 quater, 16 quinquies y 16 sexies de la DFER revisada, con algunas pequeñas modificaciones, explicadas en la sección IV. Además, dados el inminente final del mandato del Parlamento Europeo y el tiempo que suele resultar necesario para adoptar legislación con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, dicho procedimiento no fue la opción adecuada para disponer de las medidas temporales a tiempo.

Tal como se ha mencionado antes, las principales diferencias sustanciales entre las disposiciones de la DFER revisada y del Reglamento del Consejo son las incluidas en el artículo 3, apartado 2, el artículo 5, apartado 1, y el artículo 6 del Reglamento del Consejo. Según las observaciones recibidas de los Estados miembros y de las partes interesadas, estas disposiciones parecen dar lugar a una aceleración importante de la concesión de autorizaciones para proyectos de energías renovables y proyectos de red conexos en los Estados miembros que las han aplicado o que tienen potencial para aplicarlas en un futuro próximo. Procede, por tanto, prorrogar estas disposiciones concretas de manera específica. A la vista de los retos planteados por algunos Estados miembros en relación con la aplicación práctica del artículo 3, pueden estar justificadas medidas adicionales a fin de aprovechar plenamente las ventajas de esta disposición prorrogada.

La prórroga del artículo 3, apartado 2, del artículo 5, apartado 1, y del artículo 6 del Reglamento del Consejo requeriría la prórroga del artículo 1, que define el objeto y ámbito de aplicación del Reglamento, y del artículo 2, apartado 1, que define el «proceso de concesión de autorizaciones», término que se utiliza en el artículo 3, apartado 2.

Por consiguiente, la Comisión propone una prórroga específica del artículo 1, el artículo 2, apartado 1, el artículo 3, apartado 2, el artículo 5, apartado 1, y el artículo 6 del Reglamento del Consejo, incluidas modificaciones específicas de estas disposiciones, cuando proceda.

(1)

Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo, de 22 de diciembre de 2022, por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables (DO L 335 de 29.12.2022, p. 36).

(2)

   EUR-Lex - 32023L2413 - ES - EUR-Lex (europa.eu) . .

(3)

Directiva (UE) 2018/2001, modificada por la Directiva (UE) 2023/2413.

(4)

 Análisis de la AIE: How much money are European consumers saving thanks to renewables? [«¿Cuánto dinero están ahorrando los consumidores europeos gracias a las energías renovables?», documento en inglés], en Renewable Energy Market Update - June 2023 [«Actualización del mercado de la energía renovable, junio de 2023», en inglés].

(5)

Asociación Europea de Bombas de Calor: Market data [«Datos del mercado», documento en inglés], (ehpa.org).

(6)

Solar Heat Europe: Decarbonising heat with Solar thermal, Market Outlook 2022/2023 [«Descarbonización del calor con solar térmica. Perspectivas de mercado 2022/2023», documento en inglés].

(7)

 EU fossil generation hits record low as demand falls [«La generación de electricidad a partir de fuentes fósiles en la UE alcanza un mínimo histórico por la caída de la demanda», documento en inglés] | Ember (ember-climate.org).

(8)

  https://www.fachagentur-windenergie.de/aktuelles/detail/kraeftiger-aufwind-in-den-ersten-neun-monaten-2023 .

(9)

  EU fossil generation hits record low as demand falls [«La generación de electricidad a partir de fuentes fósiles en la UE alcanza un mínimo histórico por la caída de la demanda», documento en inglés] | Ember (ember-climate.org) .

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