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Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de abril de 2022, sobre las Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2022, en particular las últimas novedades en cuanto a la guerra en Ucrania, las sanciones de la Unión contra Rusia y la aplicación de estas (2022/2560(RSP))

DO C 434 de 15.11.2022, p. 59–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
DO C 434 de 15.11.2022, p. 43–49 (GA)

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Official Journal

15.11.2022

Diario Oficial de la Unión Europea

C 434/59

P9_TA(2022)0121

Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2022, en particular las últimas novedades en cuanto a la guerra en Ucrania, las sanciones de la Unión contra Rusia y la aplicación de estas

(2022/C 434/09)

El Parlamento Europeo,

—	Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Rusia y Ucrania, y en particular la de 16 de diciembre de 2021, sobre la situación en la frontera de Ucrania y en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia (1), y la de 1 de marzo de 2022, sobre la agresión rusa contra Ucrania (2),

—	Vistas las declaraciones sobre Ucrania de los líderes del Parlamento Europeo, de 16 y 24 de febrero de 2022,

—	Vista la declaración del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en nombre de la Unión Europea, de 24 de febrero de 2022, sobre la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia,

—	Vista la declaración del presidente del Consejo Europeo y de la presidenta de la Comisión, de 24 de febrero de 2022, sobre la agresión militar sin precedentes y no provocada de Rusia contra Ucrania,

—	Vista la Declaración de Versalles, de 11 de marzo de 2022,

—	Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 25 de marzo de 2022,

—	Vista la declaración del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en nombre de la Unión Europea, de 4 de abril de 2022, sobre las atrocidades cometidas por Rusia en Bucha y en otras ciudades ucranianas,

—

Vistas las decisiones adoptadas por el Consejo sobre sanciones y medidas restrictivas contra Rusia, que incluyen medidas diplomáticas, medidas restrictivas individuales, como la inmovilización de activos y las restricciones de viaje, restricciones a las relaciones económicas con Crimea y Sebastopol y con las zonas de Donetsk y Luhansk no controladas por el Gobierno, sanciones económicas, restricciones a los medios de comunicación y restricciones a la cooperación económica,

—	Vistos los Principios de Núremberg, elaborados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que determinan lo que constituye un crimen de guerra,

—	Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

—	Vista la Carta de las Naciones Unidas,

—	Vistos el Convenio de Ginebra y sus protocolos adicionales,

—	Vistos el Acta final de Helsinki y los documentos posteriores,

—	Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 2 de marzo de 2022, sobre la agresión contra Ucrania, y de 24 de marzo de 2022, sobre las consecuencias humanitarias de la agresión contra Ucrania,

—	Vista la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,

—	Vista la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, de 16 de marzo de 2022,

—	Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Memorando de Budapest sobre Garantías de Seguridad, y el Documento de Viena y sus protocolos adicionales,

—	Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

Considerando que, en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del Derecho internacional, todos los Estados gozan de igualdad soberana y deben abstenerse, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado; que la Federación de Rusia ha estado llevando a cabo una guerra de agresión ilegal, no provocada e injustificada contra Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, y que, el 16 de marzo de 2022, la Corte Internacional de Justicia ordenó a la Federación de Rusia que suspendiera inmediatamente sus operaciones militares en el territorio de Ucrania;

Considerando que miles de civiles ucranianos han perdido la vida o han resultado heridos en la agresión y la invasión rusas desde el 24 de febrero de 2022, que casi seis millones y medio de ciudadanos ucranianos se han convertido en desplazados internos y más de cuatro millones han huido a los países vecinos, a lo que hay que sumar las más de catorce mil personas, tanto militares como civiles, que perdieron la vida en los ocho años anteriores como consecuencia de la ocupación de Crimea por la Federación de Rusia y del conflicto que generó en el este de Ucrania;

Considerando que la guerra en Ucrania sigue cobrándose vidas inocentes un mes después del inicio de la agresión rusa; que las atrocidades perpetradas por las tropas rusas han alcanzado nuevas cotas, como ilustra el descubrimiento, el domingo 3 de abril de 2022, de cuerpos sin vida de hombres y mujeres civiles en las calles de Bucha, una ciudad inaccesible para el ejército ucraniano durante casi un mes; que estos hechos justifican claramente la creación de una comisión internacional para investigar todos los crímenes cometidos por el ejército ruso desde el inicio de la guerra;

D.	Considerando que el ejército ruso sigue efectuando bombardeos indiscriminados y ataques aéreos contra zonas residenciales e infraestructuras urbanas, como hospitales, escuelas o guarderías, que han supuesto la destrucción total o casi total de Mariúpol, Volnovaja y otras ciudades y pueblos;

E.	Considerando que, hasta la fecha, Ucrania ha mostrado unos niveles sin precedentes de resistencia y resiliencia y ha frustrado el objetivo bélico inicial de Rusia de ocupar todo el país;

Considerando que la Comisión propuso y anunció nuevas sanciones el 5 de abril de 2022 y está trabajando en paquetes adicionales de sanciones; que las primeras sanciones de la Unión contra la Federación Rusa se impusieron en marzo de 2014, tras la anexión ilegal de Crimea ese mismo año, y que el último paquete de medidas se adoptó el 15 de marzo de 2022, tras la invasión no provocada e injustificada de Rusia a Ucrania, que se inició el 24 de febrero de 2022; que la Unión también ha adoptado sanciones contra Bielorrusia como respuesta a su implicación en la agresión y la invasión de Ucrania;

G.	Considerando que las sanciones están teniendo efecto, pero que las compras de combustibles fósiles de la Unión a Rusia siguen proporcionando al régimen medios que contribuyen a financiar la guerra;

H.	Considerando que la Unión está pagando a Rusia hasta 800 000 000 EUR diarios por el suministro de combustibles fósiles, lo que representa casi 300 000 000 000 EUR al año;

Considerando que casi quinientas empresas y compañías internacionales han decidido suspender sus actividades en Rusia o retirarse completamente del mercado ruso; que, no obstante, algunas empresas siguen operando en Rusia como si nada hubiera pasado, anteponiendo los beneficios de las operaciones en el mercado ruso a la seguridad y la responsabilidad social, debilitando así los efectos de las sanciones y socavando la condena de la Federación de Rusia por parte de la comunidad internacional;

Considerando que estudios académicos (3) demuestran que la prohibición de las importaciones de combustibles fósiles procedentes de Rusia tendría repercusiones en el crecimiento económico de la Unión equivalentes a unas pérdidas estimadas inferiores al 3 % del PIB, mientras que las pérdidas potenciales para la economía rusa durante el mismo período ascenderían al 30 % del PIB y serían decisivas para detener la agresión rusa;

K.	Considerando que la presidenta Metsola se dirigió a la Rada Suprema el 1 de abril de 2022 y se reunió con el presidente y el primer ministro de Ucrania y con los dirigentes de las fracciones políticas en nombre del Parlamento Europeo;

Condena en los términos más enérgicos la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, así como la participación de Bielorrusia en esta guerra, y exige a Rusia que ponga fin inmediatamente a todas las actividades militares en Ucrania y que retire incondicionalmente todas las fuerzas y equipos militares de todo el territorio de Ucrania reconocido internacionalmente; se lamenta junto con el pueblo ucraniano por sus desgarradoras pérdidas y sufrimiento;

Subraya que la agresión militar y la invasión constituyen una grave violación del Derecho internacional, en particular del Convenio de Ginebra y sus protocolos adicionales y la Carta de las Naciones Unidas, y pide a la Federación de Rusia que vuelva a cumplir los deberes que le incumben como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad y que respete sus compromisos en virtud del Acta Final de Helsinki, la Carta de París para una Nueva Europa y el Memorando de Budapest sobre Garantías de Seguridad; considera que la invasión rusa de Ucrania es un ataque no solo contra un Estado soberano, sino también contra los principios y el mecanismo de cooperación y seguridad en Europa y el orden internacional basado en normas, tal como se definen en la Carta de las Naciones Unidas;

Expresa su escándalo e indignación por las atrocidades denunciadas, incluidas las violaciones y ejecuciones de civiles, los desplazamientos forzosos, los saqueos y ataques a infraestructuras civiles, como hospitales, instalaciones médicas, escuelas, refugios y ambulancias, y el tiroteo de civiles que intentan huir de las zonas de conflicto por los corredores humanitarios acordados previamente con el consentimiento de las fuerzas armadas rusas en varias ciudades ucranianas ocupadas, como Bucha; insiste en que los autores de crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos, así como los funcionarios del Gobierno y dirigentes militares responsables, deben rendir cuentas de sus actos; recuerda que, en caso de crímenes de guerra y genocidio, la comunidad internacional está obligada a actuar y debe utilizar todos los instrumentos a su disposición; apoya plenamente la investigación iniciada por la Fiscalía de la CPI sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, así como la labor de la comisión de investigación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; pide a las instituciones de la Unión que adopten todas las medidas necesarias en las instituciones y procedimientos internacionales y en la CPI u otras jurisdicciones o tribunales internacionales pertinentes para enjuiciar las acciones de Vladímir Putin y Aliaksandr Lukashenka como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y que participen activamente en su investigación; pide la creación de un tribunal especial de las Naciones Unidas para los crímenes en Ucrania; considera que sería pertinente utilizar el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para facilitar asistencia en cualquier investigación internacional sobre crímenes de guerra cometidos en Ucrania; pide a los Estados miembros y a la Unión que refuercen su capacidad para luchar eficazmente contra la impunidad de quienes han cometido crímenes de guerra o han participado en ellos;

Insiste en que las entregas de armas deben continuar e intensificarse para que Ucrania pueda defenderse eficazmente; reitera su apoyo a toda la ayuda defensiva proporcionada a las fuerzas armadas ucranianas que ofrecen individualmente los Estados miembros y colectivamente a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP); acoge con satisfacción la decisión de aumentar la ayuda a Ucrania a través del FEAP en otros 500 000 000 EUR, y pide un aumento adicional de las contribuciones concretas para reforzar urgentemente las capacidades de defensa de Ucrania, tanto de forma bilateral como en el marco del FEAP;

Pide la creación de pasos y corredores humanitarios seguros para evacuar a los civiles que huyen de los bombardeos, y que se impulsen las redes de ayuda humanitaria de la Unión en Ucrania (en particular, para el suministro de combustibles, alimentos, medicamentos, agua potable, generadores de energía e instalaciones móviles); sugiere que la Comisión introduzca regímenes de ayuda inter pares para Ucrania con el fin de aumentar la eficacia de la asistencia; pide que se preste una atención especial a la situación de los niños, tanto los menores no acompañados como quienes escapan con sus familias, y que todos los niños que buscan refugio sean tratados ante todo como niños y que se garantice la protección de todas las personas que huyen de Ucrania, independientemente de su origen social o étnico, su sexo, su orientación sexual, su capacidad o su situación migratoria; felicita a los Estados miembros, así como a los países vecinos de Ucrania, por su respuesta rápida y positiva al flujo de más de cuatro millones de refugiados que huyen de la guerra; acoge con agrado la activación de la Directiva de protección temporal (4) y pide que se promuevan mecanismos para distribuir a los refugiados entre los Estados miembros, incluido un transporte coordinado y rápido para los refugiados, en particular para los menores no acompañados y los niños con discapacidad que necesiten cuidados específicos;

Subraya que la reacción de la Unión y su compromiso político deben hacer frente al desafío hostil y estar a la altura del esfuerzo de nuestros socios ucranianos afines, que están luchando y sacrificándose por los valores y principios europeos, que van más allá de los miembros actuales de la Unión;

Expresa su total solidaridad con el pueblo ucraniano y sus fuertes aspiraciones de transformar su país en un Estado europeo democrático y próspero; reconoce la voluntad de Ucrania de participar en el proyecto europeo, tal como se expresa en su solicitud de adhesión a la Unión Europea presentada el 28 de febrero de 2022; reitera su llamamiento a las instituciones de la Unión para que trabajen con vistas a conceder el estatuto de país candidato a la adhesión a la Unión a Ucrania, como un clara señal política de su compromiso, de conformidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea y sobre la base del mérito, y les pide que, mientras tanto, sigan trabajando para su integración en el mercado único de la Unión en virtud del Acuerdo de Asociación; acoge con satisfacción la Declaración de Versalles del Consejo Europeo, en la que se afirma que Ucrania es miembro de nuestra familia europea;

Condena enérgicamente la retórica rusa que apunta a un posible recurso al uso de armas de destrucción masiva por parte de la Federación de Rusia y hace hincapié en que cualquier despliegue de este tipo sería inaceptable y tendría las más graves consecuencias; condena, además, la toma por parte de las fuerzas rusas de instalaciones y emplazamientos nucleares activos o en desuso en el territorio de Ucrania, y hace hincapié en que la buena gestión de estas instalaciones es una cuestión sanitaria crucial para toda la región; subraya el papel fundamental del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a la hora de garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares en Ucrania; apoya el llamamiento de las autoridades ucranianas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que adopte inmediatamente medidas para desmilitarizar la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil y permitir que el OIEA asuma inmediatamente el pleno control del emplazamiento de la central nuclear;

Acoge con satisfacción la rápida adopción de sanciones por parte del Consejo y elogia la unidad de las instituciones de la Unión y los Estados miembros ante la agresión de Rusia contra Ucrania, así como el alto nivel de coordinación entre el G7; pide a todos los socios, en particular a los países candidatos a la adhesión a la Unión y a los países candidatos potenciales, que respalden los paquetes de sanciones; acoge con satisfacción la reciente creación del grupo de trabajo sobre las élites rusas, sus representantes y los oligarcas rusos, cuyo objetivo es coordinar el trabajo de la Unión, el G7 y Australia en materia de sanciones contra los oligarcas rusos y bielorrusos; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que intensifiquen su acercamiento a los países que aún no han seguido a la Unión en la introducción de sanciones contra la Federación de Rusia, que utilice toda la influencia de la Unión y toda la gama de instrumentos disponibles a tal fin, y que proporcione asistencia si fuera necesario; lamenta la falta de sintonía de algunos países candidatos respecto a las sanciones de la Unión; pide que se establezca un plan de acción claro frente a los países no pertenecientes a la Unión que estén facilitando la elusión de sanciones por parte de la Federación de Rusia; insta al Consejo a que adopte sanciones severas adicionales que reflejen la escalada sin precedentes de la agresión rusa y las espantosas atrocidades cometidas por las fuerzas militares rusas, que constituyen indiscutiblemente crímenes de guerra;

10.

Pide a los Estados miembros que apoyen el envío de fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para proteger los quince reactores nucleares en Ucrania, en estrecha cooperación con la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica; subraya que, de conformidad con su Resolución 377, la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene facultades subsidiarias de toma de decisiones cuando el Consejo de Seguridad no está en condiciones de adoptar decisiones adecuadas sobre cuestiones de mantenimiento de la paz;

11.

Pide a los dirigentes de la Unión y de otros Estados que excluyan a Rusia del G20 y otras organizaciones de cooperación multilateral, como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Interpol, la Organización Mundial del Comercio y la Unesco, entre otras, lo que constituiría una señal clara de que la actitud de la comunidad internacional con respecto al Estado agresor no volverá a la situación anterior;

12.

Subraya que la aplicación plena y efectiva de las sanciones vigentes en toda la Unión y por parte de los aliados internacionales de la Unión debe ser ahora una prioridad; pide a los Estados miembros que determinen y, en caso necesario, establezcan rápidamente una base jurídica, a fin de garantizar sin demora el cumplimiento pleno y efectivo de las sanciones en las jurisdicciones nacionales; insta a la Comisión y a las autoridades de supervisión de la Unión a que sigan de cerca la aplicación efectiva y exhaustiva de todas las sanciones de la Unión por parte de los Estados miembros y a que pongan fin a cualquier práctica de elusión;

13.

Insta a los Estados miembros a que garanticen que las sanciones nacionales por incumplimiento de las sanciones de la Unión sean efectivas, proporcionadas y disuasorias; acoge con satisfacción el anuncio relativo a la creación de un registro para el intercambio de información sobre sanciones y de un plan de actuación (con criterios y un calendario) para pasar de la detección del incumplimiento sistemático de las sanciones de la Unión al inicio de procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

14.

Pide al Consejo que imponga nuevas sanciones a las personalidades públicas que difunden propaganda agresiva en Rusia en apoyo de la agresión rusa contra Ucrania;

15.

Recuerda que los ingresos fiscales procedentes de las mayores empresas extranjeras de Rusia constituyen una parte importante del presupuesto ruso y que se estima que representan un tercio del gasto militar; acoge con satisfacción, a este respecto, la decisión de numerosas empresas occidentales de negarse a realizar negocios en Rusia o a suministrar allí sus productos y servicios; pide a las empresas privadas que retiren sus inversiones, deslocalicen los centros de producción de Rusia y reduzcan los contratos en curso; pide a las grandes empresas de informática que restrinjan considerable o totalmente el acceso de los usuarios de Rusia a sus productos, servicios y sistemas operativos;

16.

Solicita que se incremente la eficacia de las sanciones existentes, en particular excluyendo, en coordinación con los socios internacionales afines de la Unión, a todos los bancos de la Federación de Rusia del sistema SWIFT y prohibiendo la entrada en aguas territoriales de la Unión y el atraque en puertos de la Unión a cualquier buque marítimo de pabellón, matrícula, flete u operación rusos, cuyo lugar de procedencia o de destino sea un puerto ruso, o que esté de cualquier otro modo vinculado a Rusia, incluidos los de Sovcomflot; pide la prohibición del transporte de mercancías por carretera desde y hacia los territorios de Rusia y Bielorrusia, y sugiere que se amplíe la prohibición de exportación a las entregas contratadas antes de la entrada en vigor de las sanciones, pero que aún no han sido completadas en su totalidad; solicita la introducción de sanciones secundarias a todas las entidades de la Unión y de terceros países que ayuden a los regímenes ruso y bielorruso a eludir las sanciones;

17.

Pide un embargo total e inmediato de las importaciones rusas de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas, que se abandonen por completo los proyectos Nord Stream 1 y 2, y que se presente un plan para seguir garantizando la seguridad del abastecimiento energético de la Unión a corto plazo; insta a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros a que establezcan un plan de acción global para la Unión en relación con nuevas sanciones y a que comuniquen claramente las líneas rojas y los pasos para levantar cada una las sanciones en caso de que Rusia adopte medidas para restablecer la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y retire completamente sus tropas del territorio de Ucrania;

18.

Destaca, una vez más, la importancia de la diversificación de los recursos energéticos, las tecnologías y las rutas de suministro, además de mayores inversiones en eficiencia energética, energías renovables, soluciones de almacenamiento de gas y electricidad e inversiones sostenibles a largo plazo en consonancia con el Pacto Verde Europeo; subraya la importancia de garantizar el suministro de energía procedente de los socios comerciales de la Unión a través de los acuerdos de libre comercio existentes y futuros para seguir reduciendo su dependencia de Rusia, en particular en lo que respecta a las materias primas; pide, además, que se establezcan a escala de la Unión reservas estratégicas comunes de energía y mecanismos de compra de energía con el fin de aumentar la seguridad energética y reducir al mismo tiempo la dependencia energética externa y la volatilidad de los precios; pide que se empiece a trabajar en la creación de una unión del gas basada en compras comunes de gas por parte de los Estados miembros;

19.

Insta a los Estados miembros a que pongan fin a la colaboración con las empresas rusas en proyectos nucleares existentes y nuevos, también en Finlandia, Hungría y Bulgaria, en los que los expertos rusos puedan ser sustituidos por expertos occidentales, y a que eliminen gradualmente el uso de los servicios de Rosatom; pide que se ponga fin a la cooperación científica con empresas energéticas rusas, como Rosatom, y otras entidades científicas rusas pertinentes; solicita que las sanciones impuestas a Bielorrusia reflejen las impuestas contra Rusia con el fin de colmar cualquier laguna que permita a Putin utilizar la ayuda de Lukashenka para eludir las sanciones;

20.

Insta a las organizaciones internacionales de la energía a que reconsideren el papel de Rusia en sus actividades, también la posible suspensión de los proyectos de cooperación entre Rusia y el OIEA, así como la suspensión de la participación de Rusia en proyectos multilaterales;

21.

Destaca que deben incautarse todos los activos pertenecientes a funcionarios rusos o a los oligarcas asociados al régimen de Putin, sus representantes y testaferros, así como a los que en Bielorrusia están vinculados al régimen de Lukashenka, y deben retirarse los visados de la Unión como parte de una prohibición completa e inmediata de los pasaportes, visados y permisos de residencia de oro; subraya que un conjunto más amplio de funcionarios, gobernadores, alcaldes y miembros de la élite económica rusos que acaten la política actual del régimen de Putin y se beneficien de él debe ser objeto de sanciones;

22.

Pide que se empiece a trabajar en un fondo similar al Plan Marshall (el Fondo Fiduciario de Solidaridad con Ucrania) para reconstruir Ucrania tras la guerra, poner en marcha un programa de inversiones masivo y liberar su potencial de crecimiento; considera que el fondo debe ser generoso y estar financiado, entre otras fuentes, por la Unión, sus Estados miembros, contribuciones de donantes y la compensación por parte de Rusia por los daños de guerra, incluidos los activos rusos que fueron inmovilizados previamente a raíz de las sanciones y deben ser confiscados legalmente de conformidad con el Derecho internacional;

23.

Pide a la Unión que aumente rápidamente la transparencia financiera, que colme todas las lagunas destinadas a ocultar la propiedad efectiva en el marco de las negociaciones sobre el paquete legislativo de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y que garantice la confiscación de todo dinero almacenado por oligarcas rusas en la Unión; pide, en este contexto, que se incluya en la lista negra a cualquier entidad financiera de terceros países que participe en el blanqueo de capitales o lo permita;

24.

Solicita un mecanismo de solidaridad de la Unión para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Rusia contra Ucrania y de las sanciones impuestas; reconoce que las sanciones efectivas contra la Federación de Rusia y el flujo de millones de refugiados que huyen de Ucrania como consecuencia de la agresión y la invasión rusas generan retos económicos y sociales inevitables en toda la Unión y sus Estados miembros; pide medidas de compensación y suministros alternativos de bienes y fuentes de energía para reducir estos efectos negativos, así como medidas eficaces contra la inaceptable especulación que los agrava aún más, en particular aprendiendo de las medidas aplicadas con éxito por la Unión en respuesta a la pandemia de COVID-19;

25.

Acoge con satisfacción las declaraciones de muchas ciudades europeas de que han puesto fin a sus programas de cooperación y asociación con ciudades y organizaciones rusas; pide a los gobiernos locales y a las ciudades que revisen y pongan fin a sus acuerdos de asociación con las ciudades de la Federación de Rusia y, en su lugar, cooperen con las ciudades hermanas ucranianas;

26.

Destaca la importancia de asegurar que el sector agrícola ucraniano pueda volver a funcionar adecuadamente a la mayor brevedad, haciendo todos los esfuerzos posibles para salvaguardar la próxima temporada de siembra y producción y facilitando corredores seguros de transporte, alimentación y combustible hacia y desde el país; pide la apertura de corredores terrestres verdes para llevar a Ucrania todo lo necesario para mantener la producción agrícola (por ejemplo, plaguicidas y fertilizantes) y sacar de Ucrania todos los productos agrícolas que aún pueden exportarse;

27.

Expresa su máximo apoyo a la decisión dela Fiscalía de la CPI de abrir una investigación sobre los supuestos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Ucrania, y subraya la importancia de trabajar y avanzar rápidamente para obtener las pruebas necesarias; solicita, por tanto, apoyo financiero y práctico para la importante labor de la CPI, por ejemplo, permitiendo que la Misión asesora de la Unión Europea en Ucrania ayude en la documentación de pruebas;

28.

Pide a la Unión y a sus Estados miembros que establezcan un mecanismo de sanciones de alcance mundial en materia de lucha contra la corrupción y que adopten rápidamente sanciones específicas contra las personas responsables de la corrupción de alto nivel en Rusia y Bielorrusia;

29.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que apoyen todos los procesos internacionales y nacionales legítimos de investigación de los presuntos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Ucrania, con vistas a que todos los autores y cómplices rindan cuentas ante un tribunal de justicia;

30.

Reitera que la desinformación rusa forma parte de los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania y que las sanciones de la Unión contra los canales de comunicación de propiedad estatal rusos pueden eludirse fácilmente utilizando redes privadas virtuales, televisión por satélite y funciones de los televisores inteligentes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen plenamente la prohibición de los canales de propaganda de propiedad estatal rusa;

31.

Solicita que se amplíen los requisitos de información de las instituciones financieras europeas con el fin de informar a las autoridades competentes de todos los activos en poder de determinados ciudadanos rusos y bielorrusos, y no solo de sus depósitos; recuerda que los ciudadanos de la Unión pueden utilizar la herramienta de denuncia de irregularidades de la Comisión para denunciar de forma anónima el incumplimiento de sanciones pasadas, actuales y previstas contra personas y entidades rusas y bielorrusas; considera que el ámbito de aplicación de las listas de sanciones individuales debe ampliarse a quienes se benefician actualmente —o lo hicieron en el pasado— de sus estrechas relaciones con los Gobiernos ruso y bielorruso; pide a la Comisión que haga pleno uso del marco de lucha contra el blanqueo de capitales y que incluya a Rusia y Bielorrusia en la lista de jurisdicciones de alto riesgo a que se refiere el artículo 9 de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales (5); insta a la Comisión a que proponga la creación de un organismo específico para supervisar la aplicación de las sanciones financieras y otras medidas restrictivas de la Unión; pide a la Comisión que haga un inventario de los activos inmovilizados e incautados por cada Estado miembro y lo publique; acoge con satisfacción los esfuerzos de la sociedad civil y los periodistas de investigación por revelar los activos propiedad de los oligarcas rusos;

32.

Celebra la decisión de las organizaciones internacionales, en particular en el ámbito de la cultura y el deporte, de suspender la participación de Rusia; solicita a los Estados miembros que reduzcan el nivel de representación de la Federación de Rusia y el número de miembros del personal diplomático y consular ruso y bielorruso en la Unión, en particular cuando sus acciones impliquen espionaje, desinformación o cuestiones militares; pide una coordinación continua con los aliados transatlánticos y socios afines, como los de la OTAN, el G7 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, los Estados asociados y los países candidatos; subraya que la Unión debe reaccionar con decisión cuando sus presuntos socios no apoyen las posiciones que adopta;

33.

Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a las Naciones Unidas, a la OTAN, al G7, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania, al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia y al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Bielorrusia.

(1) Textos Aprobados, P9_TA(2021)0515.

(2) DO C 125 de 18.3.2022, p. 2.

(3) Incluidos los estudios de Bachmann et al., el Banco Central Europeo, Deutsche Bank Research, Oxford Economics y Goldman Sachs, entre otros, tal como se resume en el informe del Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Consejo alemán de Expertos Evaluadores para el Desarrollo Macroeconómico), de marzo de 2022, titulado «Auswirkungen eines möglichen Wegfalls russischer Rohstofflieferungen auf Energiesicherheit und Wirtschaftsleistung: Auszug aus der aktualisierten Konjunkturprognose 2022 und 2023» (Consecuencias de la posible pérdida del suministro de materias primas rusas para la seguridad energética y el rendimiento económico: extracto de las previsiones económicas actualizadas para 2022 y 2023).

(4) Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (DO L 212 de 7.8.2001, p. 12).

(5) DO L 141 de 5.6.2015, p. 73.

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