—

Vistos los artículos 2 y 3 y el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 14, 15, 32 y 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular sus principios 1, 3 y 4,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y su entrada en vigor el 21 de enero de 2011, de conformidad con la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada y ratificada por la Unión y todos sus Estados miembros (1), y en particular su artículo 27 sobre trabajo y empleo,

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (2),

—

Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2020, sobre la Garantía Juvenil (3),

—

Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2021, sobre las repercusiones de la COVID-19 en los jóvenes y el deporte (4),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2021, sobre el derecho de información del Parlamento en relación con la evaluación en curso de los planes nacionales de recuperación y resiliencia (5),

—

Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2020, sobre una Europa social fuerte para unas transiciones justas,

—

Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2019, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios: es hora de responder a las expectativas de los ciudadanos (6),

—

Vista su Resolución, de 10 de junio de 2021, sobre la posición del Parlamento sobre la evaluación en curso por la Comisión y el Consejo de los planes nacionales de recuperación y resiliencia (7),

—

Vista su Resolución, de 29 de abril de 2021, sobre la Garantía Infantil Europea (8),

—

Vista su Posición, de 8 de junio de 2021, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) (9),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (10),

—

Visto el informe de la Organización Internacional del Trabajo, de 21 de octubre de 2021, titulado «Empleo juvenil en tiempos de la COVID-19»,

—

Visto el informe del Evento Europeo de la Juventud 2021 titulado «Informe sobre las ideas de la juventud para la Conferencia sobre el Futuro de Europa»,

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Año Europeo de la Juventud 2022,

—

Visto el informe de Eurofound, de 9 de noviembre de 2021, titulado «Impact of COVID-19 on young people in the EU» (Efectos de la COVID-19 en los jóvenes de la Unión Europea),

—

Visto el informe del Foro Europeo de la Juventud de 17 de junio de 2021 titulado «Beyond Lockdown: the “pandemic scar” on young people» (Más allá del confinamiento: la «cicatriz de la pandemia» en los jóvenes) (11),

—

Vista la Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo, sobre un marco para la cooperación europea en el ámbito de la juventud: la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027 (12), en particular la sección sobre las Metas de la Juventud Europea,

—

Visto el informe, de 12 de octubre de 2021, de la Comisión sobre el empleo y los avances sociales en Europa titulado «Towards a strong social Europe in the aftermath of the COVID-19 crisis: Reducing disparities and addressing distributional impacts» (Hacia una Europa social fuerte tras la crisis de la COVID-19: reducir las disparidades y responder a los impactos distributivos),

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 30 de octubre de 2020, titulada «Un puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil» (13),

—

Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2021, sobre la situación de los artistas y la recuperación cultural en la UE (14),

—

Vista su Resolución, de 11 de febrero de 2021, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia» (15),

—

Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 2021, sobre condiciones de trabajo justas, derechos y protección social para los trabajadores de plataformas: nuevas formas de empleo vinculadas al desarrollo digital (16),

—

Visto el Informe sobre las ideas de la juventud para la Conferencia sobre el futuro de Europa del Evento Europeo de la Juventud 2021,

—

Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre el empoderamiento de la juventud europea: empleo y recuperación social tras la pandemia (O-000075 — B9-0002/2022 y O-000077 — B9-0003/2022),

—

Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

A.

Considerando que la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto devastador en la situación social y del empleo de los jóvenes en Europa, habida cuenta de la disminución o la paralización temporal de las oportunidades de desarrollo personal, la caída de las tasas de empleo y el consecuente aumento del número de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis); que la renta personal de los jóvenes ha disminuido significativamente y que ha aumentado el riesgo de pobreza y exclusión social; que sus posibilidades de participación en el mercado laboral en el futuro están en peligro; que es necesario actuar de inmediato para proteger y mejorar el futuro y el bienestar de los jóvenes; que la tasa de desempleo juvenil es del 15,9 %, lo cual es 2,5 veces superior a la tasa general de desempleo;

B.

Considerando que se prevé que la tasa de pobreza aumente a consecuencia de la pandemia de COVID-19; que los países que resultaron especialmente afectados durante la crisis financiera de 2007 y 2008 han vuelto a experimentar un aumento superior a la media del desempleo juvenil; que las mujeres, los jóvenes, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad y las familias numerosas corren mayor peligro de verse afectadas por este aumento; que las previsiones económicas de la Comisión para el otoño de 2022 muestran cifras prometedoras, con una disminución del desempleo y una previsión de regreso de los mercados laborales a los niveles anteriores a la pandemia en 2022; que la crisis sigue afectando especialmente a los jóvenes; que el número de trabajadores jóvenes disminuyó en comparación con el primer trimestre de 2021 y que en 2022 y 2023 se prevé la creación de 3,4 millones de puestos de trabajo (17) y será esencial garantizar que los jóvenes aprovechen estas nuevas oportunidades de empleo; que, actualmente, cada vez más jóvenes se ven obligados a vivir en el hogar parental para no caer en la pobreza; que el 29 % de los hogares en los que conviven tres generaciones se encuentran en riesgo de pobreza y el 13 % en situaciones de privación grave;

C.

Considerando que persisten en gran medida los grupos de países que existían antes de la COVID-19, también en lo que respecta a las tasas de ninis;

D.

Considerando que, en 2020, las tasas de mujeres ninis eran, por término medio, 1,3 veces mayores que las de los varones; que la diferencia en las tasas de ninis entre hombres y mujeres es especialmente elevada en los países de Europa oriental debido a las responsabilidades familiares; que la probabilidad de convertirse en un nini sigue disminuyendo a medida que aumenta el nivel educativo; que, en los países meridionales y mediterráneos, la proporción de desempleados de larga duración y de trabajadores desalentados es mayor en el grupo de los ninis;

E.

Considerando que los jóvenes constituyen la base de la prosperidad económica y social sostenible de Europa y representan una prioridad clave para la Unión, tal y como se afirma en la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud y en la Garantía Juvenil reforzada, y que, por consiguiente, justifican medidas prioritarias para su apoyo, protección, orientación e inclusión, y merecen que se creen oportunidades para ellos;

F.

Considerando que las pérdidas de puestos de trabajo como resultado de la pandemia de COVID-19 fueron mayores en el grupo de edad de 15 a 24 años que en el de 25 a 29 años, en particular en el caso de las mujeres; que los jóvenes se vieron especialmente afectados por el hecho de que las horas de trabajo disminuyeron más que el empleo en general; que las cifras de desempleo reflejan únicamente una pequeña proporción de los puestos de trabajo perdidos en la crisis de la COVID-19, ya que muchos de los jóvenes que perdieron su empleo no pudieron optar a prestaciones por desempleo u otras ayudas a la renta;

G.

Considerando que la mejora de la participación cívica de los jóvenes es un objetivo de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud (2019-2027);

H.

Considerando que las tasas de trabajo atípico entre los jóvenes son muy elevadas, ya que el 43,8 % de los jóvenes en la Unión tiene un trabajo temporal;

I.

Considerando que, en septiembre de 2021, la presidenta Von der Leyen anunció una propuesta para designar 2022 como el Año Europeo de la Juventud con el fin de reflexionar sobre las perspectivas de los jóvenes en Europa y centrarse en las políticas europeas, nacionales, regionales y locales y las propuestas legislativas que generen oportunidades para los jóvenes en toda la Unión; que la presente propuesta debe dar un impulso real y efectivo para mejorar las condiciones de trabajo de los jóvenes en la Unión;

J.

Considerando que la salud mental de los jóvenes ha empeorado de forma significativa durante la pandemia, duplicándose los problemas relacionados con la salud mental en varios Estados miembros en comparación con los niveles previos a la crisis; que el 64 % de los jóvenes del grupo de edad de 18 a 34 años corrían el riesgo de padecer depresión en la primavera de 2021, en parte como consecuencia de su carencia de empleo y de las perspectivas financieras y educativas a largo plazo, así como de la soledad y el aislamiento social; que nueve millones de adolescentes en Europa (de entre 10 y 19 años) viven con trastornos de salud mental, la mitad de los cuales corresponden a casos de ansiedad y depresión; que el empeoramiento de la salud mental puede atribuirse además a las interrupciones en el acceso a los servicios de salud mental y al aumento de la carga de trabajo, así como a la crisis del mercado laboral, que ha afectado desproporcionadamente a los jóvenes; que el 19 % de los varones de 15 a 19 años de edad de la Unión sufren trastornos de salud mental, y que en el caso de las mujeres de la misma edad, esa proporción es del 16 %; que el suicidio es la segunda causa principal de muerte en Europa entre los jóvenes;

K.

Considerando que los niños que crecen con escasez de recursos y en situaciones familiares precarias tienen más probabilidades de experimentar la pobreza y la exclusión social, lo que tiene efectos de amplio alcance en su desarrollo y en su posterior edad adulta, carecen de acceso a las capacidades adecuadas y cuentan con unas opciones de empleo limitadas, lo que propaga el círculo vicioso de la pobreza intergeneracional; que la Unión puede desempeñar un papel fundamental en la lucha global contra la pobreza infantil y la exclusión social de los niños; que el objetivo de la Garantía Infantil Europea es prevenir y combatir la pobreza y la exclusión social garantizando el acceso libre y efectivo de los niños necesitados a servicios esenciales como la educación infantil y los cuidados de la primera infancia, las actividades educativas y escolares, la asistencia sanitaria, la nutrición saludable y al menos una comida saludable por jornada escolar, así como a una vivienda adecuada;

L.

Considerando que una encuesta de escala mundial publicada en septiembre de 2021 por la Universidad de Bath y realizada en diez países puso de relieve que, según declararon, casi el 60 % de los jóvenes se sienten muy preocupados o extremadamente preocupados por la emergencia climática, y que más del 45 % de los encuestados afirman que sus sentimientos respecto al clima afectan a su vida diaria, tres cuartas partes de los cuales creen que el futuro es aterrador; que el 83 % convinieron en que no hemos cuidado el planeta, mientras que el 65 % consideró que los gobiernos les están fallando a los jóvenes;

M.

Considerando que la participación cívica ofrece beneficios demostrados para el bienestar de una persona al ampliar su red social, brindar más oportunidades de actividad económica, social y física, y reducir el riesgo de desarrollar trastornos de salud mental;

N.

Considerando que, a la luz de las consecuencias de la pandemia, toda una generación de jóvenes artistas y trabajadores culturales tendrá dificultades para encontrar su lugar en nuestras sociedades; que los artistas y los trabajadores culturales y creativos suelen tener modelos de trabajo atípicos y con frecuencia carecen de una protección adecuada en materia de seguridad social, especialmente en contextos transfronterizos, lo que a menudo provoca que se les excluya de la percepción de pensiones, asistencia sanitaria y prestaciones por desempleo; que la falta de una negociación colectiva para los artistas y los trabajadores culturales y creativos autónomos contribuye además a socavar su posición en el mercado laboral y provoca que se carezca de una protección social adecuada;

O.

Considerando que los artistas y los profesionales de la cultura pertenecientes a grupos minoritarios, como las mujeres, los jóvenes, los representantes de minorías raciales, étnicas y geográficas, las personas procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, las personas con discapacidad y las personas LGBTIQ+, tienen menos acceso a las carreras artísticas y culturales y son los más afectados por las consecuencias de la pandemia;

P.

Considerando que el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) es el principal fondo europeo destinado a mejorar el acceso de los jóvenes al empleo, promover la igualdad en el acceso a una educación y formación integradoras y de calidad y la culminación de estos procesos educativos, mediante la educación y formación general y profesional hasta la enseñanza terciaria, también mediante la promoción del aprendizaje permanente y la facilitación de la movilidad en el aprendizaje, así como el fomento de la integración social de los jóvenes en riesgo de pobreza o exclusión social, incluidos los jóvenes más desfavorecidos;

Q.

Considerando que el elemento central de NextGenerationEU, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), constituye un instrumento histórico de la Unión para ayudar a los Estados miembros a aliviar el impacto económico y social de la COVID-19 por medio de reformas e inversiones en seis pilares, uno de los cuales está dedicado a las reformas e inversiones en los ámbitos de la infancia y la juventud;

R.

Considerando que la inclusión laboral y social de los jóvenes se refiere a su acceso equitativo a un empleo de calidad, estable y bien remunerado, a una vivienda digna y asequible y a una nutrición adecuada, a unos servicios sanitarios y preventivos de calidad, incluida la protección de la salud mental, y unos estándares mínimos de infraestructura digital; que las iniciativas de educación y desarrollo de capacidades, el voluntariado, los períodos de prácticas de calidad y los programas de aprendizaje permanente son esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a los mercados de trabajo, al tiempo que permiten a los jóvenes iniciar su vida adulta con confianza;

S.

Considerando que la crisis financiera anterior puso de manifiesto que si a los jóvenes no se les ofrecen períodos de prácticas y empleos de calidad (basados en acuerdos por escrito y en unas condiciones de trabajo dignas, incluido un salario digno, asesoramiento profesional, orientación y formación continuada) se correrá de nuevo un riesgo elevado de que se vean obligados a aceptar empleos precarios, a abandonar su país para encontrar trabajo o a matricularse reiteradamente en un centro educativo o de formación, aunque busquen un empleo permanente a tiempo completo;

T.

Considerando que se sabe que las inversiones en los jóvenes, en particular las inversiones de impacto social, ejercen un impacto positivo en el empleo y la participación de los jóvenes en la sociedad y generan rendimientos sociales y financieros cuantificables y efectivos a cambio de los fondos invertidos, fomentando el desarrollo económico al tiempo que se obtienen resultados sociales; que los instrumentos y mecanismos existentes deben ponerse en práctica y debe avanzarse en la consideración de nuevos instrumentos;

U.

Considerando que las políticas segmentadas en materia de trabajo juvenil e integración social pueden dar lugar a un doble gasto si la coordinación entre los Estados miembros y las partes interesadas pertinentes está en ciernes y no existen estructuras permanentes capaces de coordinar a los diversos agentes, maximizar efectos, garantizar la ausencia de lagunas en la cobertura e impulsar la innovación;

V.

Considerando que los programas y las políticas existentes, como la Garantía Juvenil reforzada, el Diálogo de la UE con la Juventud, Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, y las nuevas propuestas, como Aim, Learn, Master, Achieve (ALMA; Aspirar, Aprender, Dominar, Lograr), deben llegar a los jóvenes y abordar los retos de la juventud en 2022, como el del desempleo juvenil; que estas iniciativas y políticas deben comprender políticas de mercado laboral activas y pasivas y el acceso efectivo a medidas de inclusión social y a servicios sociales, sanitarios y de vivienda para los jóvenes; que el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional ha concluido que no todas las oportunidades de formación y aprendizaje son de alta calidad, y que a no todos los aprendices se les otorgan derechos al empleo o a la protección social; que, en su Resolución de 8 de octubre de 2020, el Parlamento expresó su preocupación por la calidad de las ofertas disponibles en el marco de la Garantía Juvenil reforzada, y subrayó que los períodos de prácticas y las oportunidades de empleo que ofrecen los programas e iniciativas nuevos y existentes deben ser remunerados y limitados en términos de duración y cantidad, de modo que los jóvenes no queden atrapados en una sucesión interminable de períodos de prácticas repetidos y que sean explotados como mano de obra barata o incluso gratuita, sin protección social ni derechos de pensión; que los estudios muestran que la actual generación de jóvenes encuentra su primer empleo auténtico a los inicios de la treintena;

W.

Considerando que el desarrollo continuado de nuevas competencias horizontales entre los jóvenes, como las capacidades digitales, así como el desarrollo de capacidades con potencial económico, como las capacidades ecológicas o empresariales, son fundamentales para conseguir un mercado laboral europeo saludable, inclusivo y orientado al futuro, y deben procurar el acceso de todos los jóvenes europeos a un empleo de calidad; que lo mismo se aplica a la formación profesional y a las capacidades para el desempeño de oficios y para la vida; que el 40 % de los empleadores no puede encontrar personal con las capacidades adecuadas para cubrir sus vacantes; que la Unión debe superar todas las formas de desajuste en materia de capacidades para hacer un uso eficaz de su capital humano; que el desempleo juvenil se ha convertido en un grave problema económico y social en muchos países de la Unión (18); que el acceso a una infraestructura digital adecuada y a la formación sobre competencias digitales debe estar a disposición de todas las personas, con el fin de colmar la brecha de alfabetización digital entre los jóvenes y de garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas en el sistema educativo y en el mercado laboral; que las competencias interpersonales como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la comunicación intercultural son igualmente importantes para una vida sana y un equilibrio entre la vida laboral y personal para los jóvenes;

X.

Considerando que el compromiso de los jóvenes con el trabajo en el ámbito de la juventud, los movimientos sociales, las organizaciones juveniles y el emprendimiento social es determinante para crear nuevas soluciones; que se requiere la participación de los agentes privados, las empresas y el sector empresarial para mejorar la transición de la educación al mercado laboral y para proporcionar a los jóvenes un acceso continuado a la formación para el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales y al aprendizaje permanente;

Y.

Considerando que la discriminación contra los jóvenes en general sigue siendo un problema en la Unión, y que las mujeres jóvenes y los jóvenes pertenecientes a grupos vulnerables son discriminados a menudo por razón de su género, origen étnico (por ejemplo, la población romaní), orientación e identidad sexual, discapacidad o situación socioeconómica desfavorecida, al mismo tiempo que corren un riesgo mucho mayor de sufrir el desempleo, la pobreza de los ocupados y la exclusión social;

Z.

Considerando que, de manera activa, los jóvenes de Europa y sus representantes y organizaciones, incluidos los sindicatos, organizan la participación significativa de los jóvenes y elaboran recomendaciones políticas con soluciones para mejorar la inclusión laboral y social, también a través de su compromiso como parte de la Conferencia sobre el Futuro de Europa; que se les debe considerar interlocutores esenciales de cara a la creación conjunta, la puesta en marcha y la evaluación del Año Europeo de la Juventud y en el futuro;

AA.

Considerando que las oportunidades de empleo para muchos de los grupos antes mencionados, en particular los jóvenes con discapacidad y los pertenecientes a comunidades romaníes o itinerantes, se ven gravemente limitadas por las dificultades para acceder a la educación de calidad que necesitan para estar adecuadamente preparados para el mercado laboral moderno;

AB.

Considerando que los jóvenes son un activo vital para la recuperación y el desarrollo de todas las regiones de la Unión, en particular de las regiones ultraperiféricas; que en Mayotte la mitad de la población tiene menos de 18 años de edad, mientras que, en la Guayana Francesa, un habitante de cada dos tiene menos de 25 años;

AC.

Considerando que, en 2016, un tercio de los jefes de explotaciones agrícolas de la Unión tenían 65 o más años de edad y solo el 11 % de ellos eran jóvenes agricultores menores de 40 años;

AD.

Considerando que el sector agrícola y las explotaciones agrícolas de la Unión constituyen la columna vertebral de nuestra economía; que, para garantizar la seguridad alimentaria y contribuir a la transición ecológica, es fundamental atraer a los jóvenes a la agricultura;

AE.

Considerando que la despoblación de las zonas rurales y el éxodo de los jóvenes a las zonas urbanas indican que se necesitan encontrar soluciones y pensar en estrategias a corto, medio y largo plazo para mantener a los jóvenes en las zonas rurales;

AF.

Considerando que a demasiados jóvenes con discapacidad solo se les ofrece empleo protegido, mientras que en algunos Estados miembros no se les ofrecen los mismos derechos laborales o salariales que a quienes trabajan en el mercado laboral abierto;

AG.

Considerando que en el Informe sobre las ideas de la juventud para la Conferencia sobre el Futuro de Europa elaborado durante el Evento Europeo de la Juventud de 2021 se concluye que:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.