—

Vista la Iniciativa Ciudadana Europea «Minority SafePack — un millón de firmas a favor de la diversidad en Europa» (ECIXXXX),

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Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular sus artículos 2, 3, apartado 3, y 11, apartado 4,

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 19, 24, 53, apartado 1, 63, 79, apartado 2, 107, apartado 3, letra e), 108, apartado 4, 109, 118, 165, apartado 4, 167, apartado 5, 173, apartado 3, 177, 178 y 182, apartado 1,

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Visto el Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la iniciativa ciudadana europea (1),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión (en lo sucesivo, «Carta»), y en particular sus artículos 10, 21, 22 y 51,

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Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 21 y 22 de junio de 1993, en las que se establecen los requisitos que debe cumplir un país para poder adherirse a la Unión Europea (los criterios de Copenhague),

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Vistos el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966,

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Vistos el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, así como los dictámenes de los órganos de seguimiento correspondientes,

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Vistos el Documento de Copenhague de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de 1990, y las numerosas directrices y recomendaciones temáticas sobre los derechos de las minorías publicadas por el Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH),

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Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2018, sobre las normas mínimas para las minorías en la Unión Europea (2),

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Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2018, sobre la protección y no discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión (3),

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Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2018, sobre la igualdad lingüística en la era digital (4),

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Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2013, sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea (5),

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Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2019, relativa a un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas (6),

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Vistas las decisiones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular en el asunto T-646/13 (Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe contra Comisión Europea) (7) y en el asunto T-391/17 (Rumanía contra Comisión Europea) (8),

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Vista la Decisión (UE) 2017/652 de la Comisión, de 29 de marzo de 2017, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana titulada «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe» (9),

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Vista la audiencia pública, de 15 de octubre de 2020, sobre la Iniciativa Ciudadana Europea «Minority SafePack», organizada por la Comisión de Cultura y Educación, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Peticiones,

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Vista la propuesta de la iniciativa ciudadana europea «Minority SafePack» en lo que se refiere a los actos legislativos que se esperan de la Comisión sobre la base de la iniciativa ciudadana europea, transmitida a la Comisión tras la presentación de las firmas y presentada en el Parlamento durante la audiencia pública,

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Visto el artículo 222, apartado 8, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, de conformidad con el artículo 2 del TUE, «la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías»;

B.

Considerando que el artículo 3, apartado 3, del TUE establece que uno de los objetivos de la Unión consiste en fomentar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros, así como respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velar por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo;

C.

Considerando que el artículo 6 del TFUE reconoce que la Unión dispone de competencias en los ámbitos de la cultura y la educación para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros; que la Comisión debe colaborar activamente con los Estados miembros en estos ámbitos políticos, que también son motivo de especial preocupación para las personas pertenecientes a minorías;

D.

Considerando que, de conformidad con el artículo 10 del TFUE, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones la Unión debe tratar de luchar contra toda discriminación por razón de raza u origen étnico, entre otras;

E.

Considerando que el artículo 21, apartado 1, de la Carta establece que se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual;

F.

Considerando que el artículo 22 de la Carta dispone que la Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística;

G.

Considerando que el respeto de la diversidad cultural está consagrado en el artículo 167 del TFUE;

H.

Considerando que aproximadamente el 8 % de los ciudadanos de la Unión pertenece a una minoría nacional y aproximadamente el 10 % habla una lengua regional o minoritaria; que estas personas representan un elemento esencial de la riqueza cultural de la Unión a través de sus lenguas y culturas únicas;

I.

Considerando que el concepto general de minoría en Europa está cubierto por una amplia gama de términos del lenguaje jurídico y académico; que a menudo se hace referencia indistintamente a estos grupos sociales como minorías nacionales, grupos étnicos, minorías tradicionales o autóctonas, nacionalidades, habitantes de regiones constitucionales, minorías lingüísticas, grupos que hablan lenguas minoritarias, grupos lingüísticos, etc.; que, para evitar la dificultad que supone reflejar los distintos términos utilizados en toda Europa, el Consejo de Europa recurre a los términos «minoría nacional» en su Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, que sigue siendo la normativa internacional más exigente para la protección de las minorías en Europa; que la Iniciativa Ciudadana Europea «Minority SafePack» utiliza los términos «minorías nacionales y lingüísticas» cuando hace referencia a estos grupos minoritarios;

J.

Considerando que la mayoría de las minorías nacionales y lingüísticas se ve confrontada con una aceleración de la tendencia a la asimilación y la pérdida de lenguas, que se traduce en un empobrecimiento lingüístico y cultural dentro de la Unión y en la pérdida de su diversidad, algo que la Unión debe proteger en virtud de los Tratados; que la educación es el principal instrumento para revitalizar y preservar las lenguas minoritarias;

K.

Considerando que el Atlas Unesco de las lenguas del mundo en peligro incluye 186 lenguas de los Estados miembros de la Unión en las categorías de lenguas vulnerables o en peligro, así como otras tres lenguas en la categoría de lenguas extintas;

L.

Considerando que la iniciativa ciudadana europea «Minority SafePack» (en lo sucesivo, la «iniciativa») se presentó a la Comisión el 15 de julio de 2013, y que en ella se pedía una actuación de la Unión para apoyar a las minorías nacionales y lingüísticas en once ámbitos;

M.

Considerando que el 13 de septiembre de 2013 la Comisión no consideró que la iniciativa estuviera suficientemente fundamentada para proceder a su registro; que los organizadores de la iniciativa interpusieron un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que, el 3 de febrero de 2017, el Tribunal General del TJUE dictó su sentencia por la que anulaba la decisión de la Comisión;

N.

Considerando que, con el fin de adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal General, la Comisión revisó la admisibilidad jurídica de la iniciativa y, a través de la adopción de la Decisión (UE) 2017/652, la registró en nueve de los once ámbitos iniciales;

O.

Considerando que, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea, el examen de la admisibilidad legal por parte de la Comisión va seguido de un examen del fondo de la iniciativa una vez que ha concluido la recogida de firmas; que la Comisión presenta sus conclusiones jurídicas y políticas sobre la iniciativa sobre la base de los Tratados de la Unión;

P.

Considerando que, en su sentencia de 24 de septiembre de 2019 en el asunto T-391/17, el Tribunal General de la Unión Europea confirmó la decisión de la Comisión de registrar la iniciativa ciudadana europea «Minority SafePack»;

Q.

Considerando que entre el 3 de abril de 2017 y el 3 de abril de 2018 se recogieron 1 123 422 firmas certificadas en la Unión y que se alcanzó el umbral nacional mínimo en once Estados miembros;

R.

Considerando que la iniciativa ciudadana europea es el primer instrumento de democracia participativa transnacional en el mundo y permite a los ciudadanos colaborar directamente con las instituciones de la Unión;

S.

Considerando que la iniciativa «Minority SafePack» es la quinta iniciativa ciudadana europea que ha prosperado de tan solo seis hasta la fecha;

T.

Considerando que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2019/788, tras la organización de una audiencia pública el Parlamento debe evaluar el apoyo político a cada iniciativa ciudadana europea; que, conforme al artículo 222 de su Reglamento interno, el Parlamento celebró su audiencia pública el 15 de octubre de 2020;

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