EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0325

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO TERCER INFORME EN EL MARCO DEL MECANISMO DE SUSPENSIÓN DE VISADOS

COM/2020/325 final

Bruselas, 10.7.2020

COM(2020) 325 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

TERCER INFORME EN EL MARCO DEL MECANISMO DE SUSPENSIÓN DE VISADOS

{SWD(2020) 132 final}


I.    Introducción

La liberalización del régimen de visados sigue impulsando reformas fundamentales en el ámbito de la migración, la seguridad y la justicia, y facilita los contactos entre personas mediante la exención de la obligación de visado a los nacionales de terceros países para estancias de hasta 90 días en cualquier período de 180 días. El régimen de exención de visados también conlleva responsabilidades. Los terceros países deben cumplir de forma ininterrumpida los requisitos de liberalización del régimen de visados y velar por que se den las condiciones para una migración y una seguridad bien gestionadas en todo momento. Esto está en consonancia con el enfoque integral de la Comisión Europea, que aborda todos los aspectos de la migración y la seguridad.

Este Tercer Informe en el marco del mecanismo de suspensión de visados se deriva del deber de la Comisión de supervisar el cumplimiento ininterrumpido de los requisitos para la liberalización del régimen de visados por parte de terceros países que han obtenido el acceso sin visado e informar, al menos una vez al año, al Parlamento Europeo y al Consejo 1 . Por lo que se refiere al ámbito geográfico, el informe sigue refiriéndose a aquellos países que han finalizado con éxito el diálogo sobre la liberalización de visados. Las estadísticas del informe reflejan los datos de Eurostat correspondientes a 2019, y se centran en las variaciones entre 2018 y 2019. En la medida de lo posible, se describen las novedades en materia de políticas en los países analizados hasta la publicación del presente informe en julio de 2020. Al igual que en el caso del Segundo Informe en el marco del mecanismo de suspensión de visados 2 , de 17 de diciembre de 2018 (en lo sucesivo, «el Segundo Informe»), el presente informe se centra en ámbitos específicos 3 en los que es necesario adoptar nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad de los progresos realizados. Estos ámbitos incluyen la migración irregular, las solicitudes de asilo, la readmisión, el orden público y la seguridad (por ejemplo, la delincuencia organizada, la lucha contra la corrupción, la aplicación de las leyes y la lucha contra el blanqueo de capitales). Por tanto, en el presente informe no se incluyen los criterios que tengan un historial de aplicación estable.

El movimiento en los Balcanes Occidentales y en la región de la Asociación Oriental ha disminuido considerablemente después de que la mayoría de los Estados miembros de la UE y de los países asociados introdujesen, a mediados de marzo, restricciones relacionadas con la COVID-19. Posteriormente, se han suprimido las medidas restrictivas introducidas en los países asociados. El 11 de junio de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se evalúa la aplicación de la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE 4 . Por lo que respecta a los países vecinos de la UE, la Comisión se ha mostrado dispuesta a asociar estrechamente la región de los Balcanes Occidentales 5 a la ejecución de su «Hoja de ruta europea conjunta hacia el levantamiento de las medidas de confinamiento de la COVID-19». Como seguimiento de dicha hoja de ruta, el 30 de junio de 2020, el Consejo adoptó una Recomendación sobre el levantamiento progresivo de la restricción de los viajes de entrada no esenciales, incluida la primera lista de quince países (en la que figuran Georgia, Montenegro y Serbia). La Recomendación es un primer paso hacia el levantamiento de las restricciones y está en sintonía con el planteamiento gradual propuesto por la Comisión.

Acompaña al presente informe un documento de trabajo de los servicios de la Comisión, que proporciona información de referencia más detallada sobre la evolución. 

II.    Evaluación de los ámbitos específicos de conformidad con los criterios para la liberalización de visados

II.1    Balcanes Occidentales

Albania

Migración irregular, solicitudes de asilo, readmisión

Entre 2018 y 2019, el número denegaciones de entrada a nacionales albaneses en el espacio Schengen+ disminuyó un 9 % (de 21 515 a 19 670), mientras que el número de nacionales albaneses que estaban residiendo ilegalmente aumentó un 6 % (de 32 355 a 34 410). La migración irregular de nacionales albaneses sigue siendo la más elevada de todos los países de los Balcanes Occidentales analizados en el presente informe. La detección de nacionales albaneses que emplean documentos fraudulentos, incluidos pasaportes de la UE, aumentó un 64 % entre 2018 y 2019.

El número de solicitudes de asilo presentadas por nacionales albaneses en el espacio Schengen+ siguió disminuyendo por cuarto año consecutivo, ya que en 2019 se presentaron 18 555 solicitudes, frente a las 19 615 presentadas en 2018, lo que representa una disminución del 5 %. A pesar de la tendencia decreciente, en 2019 Albania se situó a la cabeza de los países de los Balcanes Occidentales exentos de visado en lo que respecta al número de solicitudes de asilo. La tasa de reconocimiento de asilo 6 disminuyó hasta el 5,6 % en 2019 (frente al 7,6 % en 2018). En el primer trimestre de 2020 se registraron 2 895 solicitudes de asilo, un 44 % menos que durante el mismo período en 2019.

En cuanto a la cooperación en materia de readmisión, se ha producido una disminución de las tasas de retorno. La tasa de retorno en 2019 se redujo al 50 % (frente al 66 % 7 en 2018), con 15 370 nacionales albaneses efectivamente retornados. No obstante, los Estados miembros de la UE informan acerca de una buena cooperación en materia de readmisión de nacionales propios y de terceros países, por lo que esta disminución puede deberse a la tramitación de un volumen de decisiones excepcionalmente grande, a los casos pendientes de años anteriores y posiblemente a movimientos secundarios.

Las solicitudes de asilo infundadas presentadas por nacionales albaneses en Estados miembros de la UE y en países asociados del espacio Schengen siguen siendo una cuestión que exige esfuerzos continuos y sustanciales por parte de las autoridades albanesas. En este sentido, Albania sigue aplicando medidas que tienen por objeto afrontar las solicitudes de asilo infundadas presentadas por nacionales albaneses. Las autoridades albanesas han redoblado sus esfuerzos para concienciar a la población sobre los derechos y obligaciones del régimen de exención de visados, así como sobre las sanciones por el incumplimiento de dichas obligaciones, y han seguido organizando proyectos y campañas de información y publicando periódicamente información pertinente en los sitios web oficiales y en las redes sociales.

Las autoridades albanesas también han fortalecido la cooperación operativa con los Estados miembros de la Unión Europea más afectados por la migración irregular y las solicitudes de asilo infundadas, y han reforzado los controles a los nacionales albaneses que viajan al extranjero, incluidos los menores, mediante entrevistas de salida más exhaustivas. En diciembre de 2019, Albania adoptó medidas adicionales para prevenir la trata de seres humanos.

Albania es el primer país de los Balcanes Occidentales que ha firmado y puesto en práctica un Acuerdo sobre el estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) 8  con la UE. Tras la entrada en vigor del Acuerdo el 1 de mayo de 2019, se enviaron equipos conjuntos de Frontex a la frontera de Albania con Grecia el 21 de mayo de 2019. Este hecho ha marcado una nueva fase en la cooperación fronteriza entre la UE y los países de los Balcanes Occidentales. La operación sigue dando buenos resultados, pese a las limitaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. En junio de 2020, veinte Estados miembros de la UE ya participaban en esta operación conjunta, que ha permitido detener a más de 12 000 migrantes irregulares.

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, Albania cerró sus fronteras el 16 de marzo de 2020, y posteriormente, decretó el estado de alarma el 24 de marzo, que se levantó el 23 de junio. Todos los vuelos comerciales se cancelaron desde el 22 de marzo. El 1 de junio, Albania abrió todas sus fronteras terrestres con sus países vecinos. Durante este período, las autoridades albanesas repatriaron aproximadamente a 2 500 ciudadanos procedentes del extranjero (y principalmente de la UE) a través de vuelos no regulares de repatriación. El 15 de junio, se reanudaron algunos vuelos comerciales con destino a Viena, Belgrado y Atenas.

Orden público y seguridad

Los grupos de delincuencia organizada de habla albanesa están diversificados y participan de forma especialmente activa en una amplia gama de actividades delictivas en la Unión Europea, aunque no se les puede vincular únicamente a Albania o a nacionales albaneses. Según Europol, concretamente los nacionales albaneses se encuentran entre los sospechosos de terceros países más frecuentemente denunciados por delitos graves y entre los usuarios más frecuentes de documentos fraudulentos en los movimientos aéreos dentro del espacio Schengen.

Albania ha seguido consolidando su historial y la eficacia de sus cuerpos policiales en la lucha contra la delincuencia organizada. Un mayor número de operaciones policiales de gran envergadura se ha traducido en detenciones de personas destacadas y en importantes acusaciones y enjuiciamientos, también como resultado de una cooperación policial más estrecha con los Estados miembros de la Unión Europea. Las autoridades albanesas han demostrado sistemáticamente un compromiso firme para luchar contra la producción y el tráfico de cannabis. Albania es el único país de la región que ha permitido la puesta en marcha de un mecanismo intrusivo de vigilancia por parte de un tercer país (inspecciones aéreas de la Guardia di Finanza italiana para la detección y vigilancia de las plantaciones de cannabis en Albania, cofinanciadas por la UE). No obstante, existe un desfase considerable entre el número de encausamientos y condenas firmes.

En febrero de 2019, Albania aprobó una nueva Estrategia Nacional sobre Armas Pequeñas y Ligeras para el período 2019-2024. En abril de 2019, se creó un Centro de Coordinación de Armas de Fuego, cuya plena integración en la estructura policial es necesaria para garantizar su funcionamiento ininterrumpido.

En 2018 y 2019, Albania adoptó una serie de medidas legislativas para mejorar el marco jurídico en el ámbito de la corrupción. Se ha mantenido la tendencia positiva general en lo que respecta al historial de investigaciones, enjuiciamientos y condenas en la lucha contra la corrupción, aunque las condenas firmes de funcionarios de alto nivel siguen siendo poco frecuentes.

En enero de 2020, el Gobierno de Albania aprobó un paquete legislativo que introduce medidas preventivas para intensificar su lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el terrorismo, centrado en particular en la incautación y el decomiso de activos de origen delictivo. Dicho paquete pone un conjunto de nuevas medidas de investigación a disposición de la Fiscalía Especial dentro de la recién creada Estructura Especial de Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada.

Albania está llevando a cabo una reforma exhaustiva e integral de la justicia, que tiene por objeto fortalecer los esfuerzos generales por luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada. Esta reforma incluye asimismo la reevaluación temporal de todos los jueces y fiscales (el proceso de investigación de expedientes), que ha avanzado sin cesar y ya ha producido resultados tangibles. La investigación de expedientes ha proseguido pese a los efectos de la pandemia de COVID-19. Aunque las audiencias se suspendieron temporalmente debido a las medidas de confinamiento, se han seguido investigando los expedientes a través de intercambios a distancia. Las audiencias del proceso de investigación de expedientes se reanudaron el 3 de junio de 2020. En conjunto, el 64 % de los expedientes investigados tramitados hasta la fecha han dado lugar al despido o la dimisión voluntaria de los jueces y fiscales evaluados. Este proceso de investigación de expedientes y sus resultados siguen siendo esenciales para restablecer la confianza de los ciudadanos en el poder judicial y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En junio de 2019, se envió a Albania un funcionario de enlace de Europol y en julio dicho organismo inauguró oficialmente su oficina de enlace en Tirana, la primera en los Balcanes Occidentales, lo que ha reforzado aún más la cooperación entre los agentes de policía albaneses y de los Estados miembros de la UE en la lucha contra la delincuencia organizada y ha contribuido a aunar esfuerzos para afrontar de manera conjunta las amenazas transfronterizas y luchar contra las redes delictivas.

El acuerdo de colaboración entre Albania y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, el primero en los Balcanes Occidentales, se firmó en marzo de 2019. Este acuerdo permite proporcionar a las autoridades albanesas conocimientos técnicos esenciales y promueve una mayor aproximación de la legislación y las políticas albanesas sobre drogas a las de la UE.

Además, el Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Albania entró en vigor el 1 de noviembre de 2019. Dicho Acuerdo facilitará en mayor medida la cooperación judicial entre la UE y los profesionales de la Justicia albaneses e intensificará la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Albania fue uno de los primeros países de los Balcanes Occidentales en firmar con la Comisión, el 9 de octubre de 2019, un Acuerdo Bilateral de Ejecución relativo a la Lucha contra el Terrorismo, al hilo del Plan de Acción Conjunto en materia de Lucha contra el Terrorismo entre la UE y los Balcanes Occidentales 9 . En junio de 2020, Albania presentó su primer informe sobre la ejecución del Acuerdo.

El número de condenas por blanqueo de capitales sigue siendo bajo y todavía no se ha abierto ninguna investigación paralela sistemática sobre la financiación del terrorismo. Tras la adopción del «paquete de Moneyval» por el Parlamento albanés en junio de 2019, la evaluación de Moneyval estableció que, en general, Albania ha logrado avanzar en la aplicación de sus recomendaciones para 2018, pero que aún persisten algunas deficiencias 10 . El 21 de febrero de 2020, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Albania en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y propuso un Plan de Acción para subsanar las deficiencias más graves. Este Plan de Acción contiene medidas que se ejecutarán de aquí a octubre de 2021, con el fin de excluir a Albania de la «lista gris» del GAFI. Albania ha asumido un compromiso político de alto nivel con vistas a la ejecución del Plan de Acción del GAFI, que ya ha comenzado a ejecutarse pese a la crisis de la COVID-19, en particular elaborando un análisis de riesgos en relación con los productos y servicios de banca, así como con el uso indebido de entidades jurídicas. Se espera que el Parlamento albanés tramite un proyecto de Ley de Ciudadanía que, de aprobarse, podría establecer una base jurídica que podría utilizarse para la creación de un programa de ciudadanía para inversores. En octubre de 2019, la Comisión dirigió una carta a las autoridades albanesas en la que pedía aclaraciones al respecto y alertaba de los riesgos inherentes y las posibles consecuencias de la introducción de dicho programa. La Comisión está siguiendo de cerca esta cuestión y los riesgos derivados de la posible introducción de un programa de ciudadanía para inversores, en particular en lo que respecta a la seguridad, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, la financiación del terrorismo, la corrupción o infiltración de la delincuencia organizada.

El 2 de junio de 2019, los Países Bajos notificaron a la Comisión, con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1806 11 , que se enfrentaban a circunstancias que podrían dar lugar a la puesta en marcha del mecanismo de suspensión de visados para Albania. Las preocupaciones expresadas en la notificación estaban relacionadas principalmente con el orden público y la seguridad, pero también con la migración irregular y las solicitudes de asilo infundadas presentadas por nacionales albaneses. Tras un examen exhaustivo del contenido de la notificación y de acuerdo con la información disponible y los datos pertinentes, la Comisión consideró que no se cumplían las circunstancias para poner en marcha el mecanismo de suspensión de visados para Albania.

Tomando como base el análisis anterior, Albania ha adoptado las medidas señaladas en el Segundo Informe y se siguen cumpliendo los criterios para la liberalización del régimen de visados. Se han logrado avances importantes en la aplicación de medidas para afrontar la migración irregular, entre ellas el fortalecimiento de los controles fronterizos. A pesar de la reducción de la tasa de retorno, se ha seguido manteniendo y debe mantenerse una buena cooperación en materia de readmisión, así como la cooperación con la UE y los Estados miembros sobre migración y seguridad. Al mismo tiempo, resulta necesario redoblar los esfuerzos para garantizar la mejora y la sostenibilidad de los resultados, en particular en lo que respecta a las solicitudes de asilo infundadas y a la lucha contra la delincuencia organizada.

Deben seguir abordándose los ámbitos siguientes:

·Intensificar las medidas para abordar la migración irregular y las solicitudes de asilo infundadas de nacionales albaneses. Para ello se deben determinar las causas subyacentes y eliminarlas, además de organizar nuevas campañas de información sobre los derechos y las obligaciones de los viajes con exención de visado.

·Mantener e intensificar una cooperación operativa proactiva con los organismos y los Estados miembros de la UE que se enfrentan a la presión migratoria procedente de Albania, así como a las amenazas para el orden público y la seguridad que plantea la implicación de nacionales albaneses en grupos de delincuencia organizada.

·Mejorar la eficacia de las labores judiciales y policiales en la lucha contra la corrupción de alto nivel y la delincuencia organizada.

·Mejorar el historial de los casos relativos a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y aprovechar plenamente el apoyo prestado por la Comisión para reforzar la capacidad de lucha en esos ámbitos.

Bosnia y Herzegovina 

Migración irregular, solicitudes de asilo, readmisión

Entre 2018 y 2019, el número de denegaciones de entrada de nacionales de Bosnia y Herzegovina en el espacio Schengen+ disminuyó un 20 % (de 5 320 a 4 270 en 2019), mientras que el número de nacionales del país que estaban residiendo ilegalmente aumentó un 10 % (de 3 915 a 4 290).

El número de solicitudes de asilo presentadas por nacionales de Bosnia y Herzegovina disminuyó un 17 %, ya que en 2019 se presentaron 1 895 solicitudes (frente a las 2 280 presentadas en 2018). La tasa de reconocimiento de asilo disminuyó hasta el 7,2 % en 2019 (frente al 10,6 % en 2018). En el primer trimestre de 2020 se registraron 390 solicitudes de asilo, un 26 % menos que las registradas durante el mismo período en 2019.

En cuanto a la cooperación en materia de readmisión, se ha producido una disminución de la tasa de retorno, que en 2019 se redujo al 40 % (frente al 54 % en 2018), con 1 495 nacionales de Bosnia y Herzegovina efectivamente retornados. No obstante, los Estados miembros de la UE informan acerca de una buena cooperación en materia de readmisión de nacionales propios y de terceros países, por lo que esta disminución puede deberse a la tramitación de un gran volumen de decisiones, a los casos pendientes de años consecutivos y posiblemente a movimientos secundarios.

El país ha llevado a cabo esfuerzos importantes en materia de control fronterizo y de concienciación de la población mediante campañas de información específicas sobre los efectos negativos del uso indebido del régimen de exención de visados, como lo demuestra la disminución del número de solicitantes de asilo sin fundamento de Bosnia y Herzegovina en el espacio Schengen+.

El Acuerdo sobre el estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) con la UE se rubricó en enero de 2019, pero sigue a la espera de ratificación. La Comisión está trabajando con Bosnia y Herzegovina con vistas a la ratificación y la entrada en vigor del Acuerdo sobre el estatuto, tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

Bosnia y Herzegovina ha seguido abordando los desafíos que plantea la migración irregular, en particular el flujo de nacionales de terceros países a través del país hacia el espacio Schengen+. Tras el aumento de la afluencia de refugiados y migrantes en 2018 y 2019, las autoridades han redistribuido a los guardias de fronteras disponibles. No obstante, es preciso mejorar la gestión de fronteras y de la migración, incluso en lo que respecta a la capacidad de acogida y la coordinación entre las instituciones de los diferentes niveles de Gobierno. El Organismo de Coordinación del Ministerio de Seguridad, encargado de supervisar las tendencias migratorias y de actuar como cuartel general operativo en caso de crisis, no está funcionando de forma eficaz, en particular en lo que respecta a la dotación de instalaciones adecuadas para los centros de acogida y a la reubicación de solicitantes de asilo y migrantes en los alojamientos disponibles. Siguen existiendo obstáculos importantes para el acceso efectivo a procedimientos de asilo, debido al carácter limitado de los recursos humanos y de la capacidad operativa.

Como consecuencia de la crisis de COVID-19, Bosnia y Herzegovina decretó el 18 de marzo el estado de catástrofe natural o de otra índole, mediante el que se introdujeron restricciones para la circulación nacional e internacional de personas. La Republika Srpska decretó el estado de alarma desde el 28 de marzo hasta el 20 de mayo. Todos los vuelos comerciales se cancelaron desde el 30 de marzo hasta el 1 de junio, fecha en la que se reanudaron.

Orden público y seguridad

 
El país ha puesto en marcha diversas estrategias, en particular relativas a la delincuencia organizada, la trata de seres humanos y la gestión integrada de las fronteras. No obstante, el marco jurídico debe armonizarse en todo el país y también con el acervo de la UE. Existen deficiencias sistémicas en la cooperación operativa de los servicios encargados de la ejecución de las leyes, debido a la falta de armonización de la legislación penal en el país, que se ve agudizada por una coordinación institucional escasa, y a un intercambio de inteligencia muy limitado. Las organizaciones delictivas que operan en el país aprovechan las lagunas jurídicas y administrativas existentes. Las investigaciones financieras y las incautaciones de activos son en gran medida ineficaces.

No existe un sistema riguroso y creíble de verificación de las declaraciones del patrimonio de los titulares de cargos judiciales. La lucha contra el blanqueo de capitales debe intensificarse. Las condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel son poco frecuentes y las sanciones no son lo suficientemente disuasorias. Últimamente se han detectado casos de corrupción en el deporte. Sigue siendo fundamental aplicar un enfoque proactivo para contrarrestar la infiltración de la delincuencia en los sistemas político, judicial y económico.

A pesar de que en mayo de 2017 se celebró un Acuerdo de Cooperación Operativa con Europol, hasta la fecha Bosnia y Herzegovina no ha designado el punto de contacto nacional previsto en dicho Acuerdo, si bien resulta necesario para que el país envíe a su funcionario de enlace a Europol y para que Europol envíe al suyo a Bosnia y Herzegovina.

El 19 de noviembre de 2019, Bosnia y Herzegovina celebró con la Comisión un Acuerdo Bilateral de Ejecución relativo a la Lucha contra el Terrorismo, al hilo del Plan de Acción Conjunto en materia de Lucha contra el Terrorismo entre la UE y los Balcanes Occidentales.

Tomando como base el análisis anterior, Bosnia y Herzegovina ha adoptado las medidas señaladas en el Segundo Informe, se siguen cumpliendo los criterios para la liberalización del régimen de visados y se han logrado avances en la lucha contra el uso indebido del régimen de exención de visados. A pesar de la reducción de la tasa de retorno, se ha seguido manteniendo y debe mantenerse una buena cooperación en materia de readmisión. No obstante, se espera que se produzcan nuevas mejoras, en particular en lo que respecta a los desafíos que plantea la migración irregular, la necesidad de garantizar condiciones de acogida adecuadas para migrantes y refugiados, a los controles fronterizos, y a la prevención y la lucha proactivas contra la delincuencia organizada.

Deben seguir abordándose los ámbitos siguientes:

·Mejorar la capacidad de respuesta a las crisis y los planes de contingencia adecuados a fin de garantizar una gestión de los flujos migratorios que tenga en cuenta la protección y de asegurar el funcionamiento del sistema de asilo. Es preciso reforzar considerablemente toda la responsabilidad con respecto a la gestión de la migración y de los mecanismos de coordinación operativa en todos los niveles.

·Seguir organizando campañas de información sobre los derechos y obligaciones de los viajes con exención de visado.

·Reforzar los controles fronterizos, especialmente su vigilancia, en particular las medidas de identificación y registro, respetando plenamente los derechos fundamentales, y garantizando así una cooperación operativa efectiva con los Estados miembros de la UE y Frontex.

·Seguir esforzándose con vistas a celebrar el Acuerdo sobre el estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) con la UE y a designar sin más demora un punto de contacto nacional con Europol.

·Intensificar la prevención y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, en particular, el blanqueo de capitales y el terrorismo, especialmente mediante la adopción y ejecución de legislación en materia de conflicto de intereses y protección de los denunciantes; velar por el funcionamiento y la coordinación efectivos de los organismos de lucha contra la corrupción, y mostrar progresos en lo referente a asentar un historial de investigaciones proactivas, autos de acusación confirmados, enjuiciamientos y condenas firmes contra la delincuencia organizada y la corrupción, incluido al nivel más alto.

·Intensificar los esfuerzos para fortalecer el marco de recuperación de activos mediante la adopción y ejecución de un marco jurídico más exhaustivo con vistas a decomisar los productos de los delitos, y mediante la mejora de la capacidad de las autoridades competentes para imponer sanciones efectivas y disuasorias.

Montenegro 

Migración irregular, solicitudes de asilo, readmisión

El número de denegaciones de entrada en el espacio Schengen+ y de nacionales montenegrinos que estaban residiendo ilegalmente se mantuvo a niveles reducidos en 2019. Entre 2018 y 2019, el número de denegaciones de entrada disminuyó un 9 % (de 515 a 470), mientras que el número de nacionales montenegrinos que estaban residiendo ilegalmente aumentó un 10 % (de 805 a 885). En 2019 no se registró ninguna detección de cruce ilegal de fronteras.

El número de solicitudes de asilo presentadas por nacionales montenegrinos en el espacio Schengen+ siguió disminuyendo, ya que en 2019 se presentaron 410 solicitudes, frente a las 640 presentadas en 2018. De hecho, se trata del número más bajo registrado en los últimos diez años. La tasa de reconocimiento de asilo aumentó al 4,9 % en 2019 (frente al 4,1 % en 2018). En el primer trimestre de 2020 se registraron 110 solicitudes de asilo, un 8 % menos que durante el mismo período de 2019.

En cuanto a la cooperación en materia de readmisión, se ha producido una disminución de la tasa de retorno, que en 2019 se redujo al 60 % (frente al 73 % en 2018), con 355 nacionales montenegrinos efectivamente retornados. No obstante, los Estados miembros de la UE informan acerca de una buena cooperación en materia de readmisión de nacionales propios y de terceros países, por lo que esta disminución puede deberse a la tramitación de un volumen de decisiones excepcionalmente grande, a los casos pendientes de años anteriores y posiblemente a movimientos secundarios.

Habida cuenta de las tendencias mencionadas, en 2019 no tuvo lugar ninguna campaña de comunicación nacional que explicara los derechos y obligaciones relacionados con los viajes con exención de visado. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Montenegro ha desarrollado una aplicación consular electrónica que proporciona la información necesaria a los ciudadanos montenegrinos que viajan al extranjero y responde a sus preguntas y consultas en relación con las normas de Schengen.

En los últimos años se han consolidado y mejorado importantes instrumentos legislativos e iniciativas en el ámbito de la migración y el asilo. Montenegro celebró el Acuerdo sobre el estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) con la UE el 7 de octubre de 2019, que entró en vigor el 1 de julio de 2020 y prevé el despliegue de operaciones conjuntas. Es el segundo país de los Balcanes Occidentales en el que dicho Acuerdo ha entrado en vigor.

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, Montenegro cerró sus fronteras el 15 de marzo de 2020, pero no decretó el estado de alarma. Todos los vuelos comerciales se cancelaron desde el 6 de marzo hasta el 9 de junio. Durante este período, las autoridades montenegrinas han repatriado aproximadamente a 17 000 ciudadanos procedentes del extranjero (principalmente de la UE) a través de intervenciones ejecutadas por las autoridades competentes, tales como vuelos no regulares. El 2 de junio, se declaró oficialmente la pandemia de COVID-19 en Montenegro. Posteriormente se abrieron las fronteras para países con menos de 25 casos de COVID-19 por cada 100 000 habitantes.

Orden público y seguridad

El tráfico de drogas es la principal actividad de los grupos de delincuencia organizada montenegrinos y provoca otros problemas de seguridad. Los grupos de delincuencia organizada montenegrinos activos en el tráfico de drogas operan en gran medida fuera del país. Asimismo, se considera que Montenegro es una plataforma para el contrabando de cigarrillos.

Montenegro ha reforzado la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada, lo que ha dado lugar a operaciones fructíferas contra grupos delictivos montenegrinos, tanto en el país como en el extranjero. En 2019 se incautaron grandes cantidades de drogas y fueron detenidos miembros destacados de estos grupos. En lo que respecta al contrabando de cigarrillos, la cooperación con las aduanas de los Estados miembros de la UE y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha mejorado, y se han llevado a cabo tres investigaciones a gran escala sobre el contrabando de tabaco; no obstante, en 2019 no se dictó ninguna condena judicial. A pesar de los esfuerzos crecientes en este ámbito, el número de casos sigue siendo insuficiente teniendo en cuenta la escala del contrabando de tabaco desde y hasta Montenegro y en todo el país. Se ha observado una buena cooperación con Europol e Interpol y se intercambia cada vez más información a través de sus canales.

En el marco del ciclo de actuación de la UE y de la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas (EMPACT) en 2020, Montenegro participa activamente en la prioridad relativa al «tráfico ilícito de armas de fuego» impulsada por España, en particular codirigiendo una de las acciones operativas. Montenegro es uno de los primeros países de los Balcanes Occidentales que codirige una acción operativa de una prioridad de la EMPACT. Asimismo, Montenegro participa en diversas acciones operativas de otras prioridades de la EMPACT, que abordan el tráfico de drogas, la explotación sexual de niños, la facilitación de la inmigración ilegal y los delitos organizados contra la propiedad.

La corrupción es un motivo de preocupación. En la actualidad, las investigaciones financieras se inician en etapas más tempranas de las investigaciones penales, pero aún no se ponen en marcha de forma sistemática en todos los casos de corrupción. Sigue preocupando el escaso número de condenas y el uso generalizado de sentencias acordadas, lo cual da lugar a una política de sentencias poco severa.

A principios de 2019 se creó un organismo de recuperación de activos en el departamento de la policía responsable de la cooperación policial internacional. A pesar de algunos avances, es preciso fortalecer el historial de incautaciones y decomisos de activos.

Se han seguido aplicando la Estrategia para el Control y la Reducción de Armas Pequeñas y Ligeras y Municiones para 2019-2024 y el Plan de Acción contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego entre la UE y la Región de Europa Sudoriental (2015-2019), y se ha establecido un Centro de Coordinación de Armas de Fuego, que se encuentra en pleno funcionamiento.

Por segundo año consecutivo, en diciembre de 2019 Montenegro modificó su Ley relativa a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con el fin de reflejar los cambios en el marco institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF). Las modificaciones tenían por objeto velar por el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, en particular garantizando la independencia y la autonomía operativa de la UIF, a pesar de que esta última es ahora un departamento de la Policía desde el punto de vista administrativo. En mayo de 2020, Moneyval excluyó formalmente a Montenegro del proceso de seguimiento, porque consideraba que el país había adoptado suficientes medidas para subsanar las deficiencias detectadas en 2015. Todavía no se ha modificado la Ley sobre medidas restrictivas internacionales para cumplir el acervo de la UE. Se ha seguido desarrollando el historial inicial en materia de blanqueo de capitales, lo que refleja una mayor atención y las mayores capacidades de los servicios encargados de la ejecución de las leyes en este ámbito. No obstante, el número de condenas firmes y el decomiso de activos en casos de blanqueo de capitales sigue siendo bajo. Quedan por abordar las deficiencias sistemáticas del sistema de justicia penal, en especial en lo que respecta a la forma en la que los órganos jurisdiccionales abordan los delitos de blanqueo de capitales.

El 19 de noviembre de 2019, las autoridades montenegrinas celebraron con la Comisión un Acuerdo Bilateral de Ejecución relativo a la Lucha contra el Terrorismo, al hilo del Plan de Acción Conjunto en materia de Lucha contra el Terrorismo entre la UE y los Balcanes Occidentales.

El programa de ciudadanía para inversores de Montenegro lleva en vigor desde el 1 de enero de 2019. Hasta la fecha, se han recibido veinticuatro solicitudes y, aunque se han adoptado cinco decisiones definitivas positivas, aún no se ha expedido ningún pasaporte. La Comisión está siguiendo de cerca esta cuestión y los riesgos migratorios y de seguridad que podría plantear dicho programa, en particular en lo que respecta a la seguridad, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, la financiación del terrorismo, la corrupción o infiltración de la delincuencia organizada, y ha tratado continuamente dicha cuestión con las autoridades montenegrinas. Deben aplicarse una diligencia debida y unos controles de seguridad adecuados.

Tomando como base el análisis anterior, Montenegro ha adoptado las medidas señaladas en el Segundo Informe y se siguen cumpliendo los criterios para la liberalización del régimen de visados. Se han logrado avances importantes en la aplicación de medidas para afrontar los desafíos que plantea la migración. A pesar de la reducción de la tasa de retorno, se ha seguido manteniendo y debe mantenerse una buena cooperación en materia de readmisión, así como la cooperación con la UE y los Estados miembros sobre migración y seguridad. Al mismo tiempo, resulta necesario redoblar los esfuerzos para garantizar la mejora y la sostenibilidad de los resultados en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción.

Deben seguir abordándose los ámbitos siguientes:

·Organizar campañas de información sobre los derechos y obligaciones de los viajes con exención de visado.

·Prevenir y luchar contra la delincuencia organizada y la corrupción de alto nivel, en particular mediante el decomiso de los productos de delitos y el embargo de activos, y mediante la adopción de medidas para limitar a casos excepcionales el uso de sentencias acordadas.

·Reforzar la capacidad de la policía, de la Fiscalía y de los órganos jurisdiccionales para investigar, enjuiciar y resolver casos de blanqueo de capitales en consonancia con las mejores prácticas de la UE.

República de Macedonia del Norte

Migración irregular, solicitudes de asilo, readmisión

Entre 2018 y 2019, el número de denegaciones de entrada de nacionales de Macedonia del Norte en el espacio Schengen+ disminuyó un 12 % (de 3 185 a 2 815), mientras que el número de nacionales que estaban residiendo ilegalmente aumentó un 16 % (de 6 010 a 7 000). El número de solicitudes de asilo presentadas por nacionales de Macedonia del Norte en el espacio Schengen+ disminuyó un 16 % en 2019, ya que durante el mismo año se presentaron 4 035 solicitudes, frente a las 4 785 presentadas en 2018. La tasa de reconocimiento de asilo disminuyó hasta el 1,4 % en 2019 (frente al 2,3 % en 2018). En el primer trimestre de 2020 se registraron 650 solicitudes de asilo, un 59 % menos que las registradas durante el mismo período en 2019.

En cuanto a la cooperación en materia de readmisión, se ha producido una disminución de la tasa de retorno, que en 2019 se redujo al 78 % (frente al 99 % en 2018), con 3 005 nacionales de Macedonia del Norte efectivamente retornados. Los Estados miembros de la UE informan acerca de una buena cooperación en materia de readmisión de nacionales propios y de terceros países, por lo que esta disminución puede deberse a la tramitación de un volumen de decisiones excepcionalmente grande, a los casos pendientes de años consecutivos y posiblemente a movimientos secundarios.

Macedonia del Norte ha seguido abordando los desafíos que plantea la migración irregular. El marco legislativo sobre la gestión de las fronteras exteriores se ajusta en gran medida a las normas de la UE, y los controles fronterizos se han llevado a cabo respetando los derechos humanos. El Acuerdo sobre el estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) con la UE se rubricó en julio de 2018, pero aún no se ha firmado. Las autoridades cooperan ampliamente con Frontex, incluso como observadores en operaciones conjuntas. El Centro Nacional de Coordinación de la Gestión Integrada de las Fronteras debe fortalecer su capacidad institucional y operativa, en particular con conocimientos en materia de informática y conocimientos técnicos especializados. Los guardias de fronteras, las aduanas y otros organismos todavía no tienen acceso mutuo a las bases de datos y no existe un mecanismo de intercambio de información formalizado y seguro con los servicios de seguridad apropiados.

Macedonia del Norte ha llevado a cabo una serie de campañas de información sobre los derechos y obligaciones del régimen de exención de visados con el fin de proporcionar una información adecuada a sus ciudadanos y evitar que se incumpla dicho régimen.

En diciembre de 2012, Macedonia del Norte introdujo una modificación legislativa que podría permitir la adquisición de la ciudadanía por un interés económico especial. La Comisión seguirá supervisando este ámbito, teniendo en cuenta los posibles riesgos conexos a los programas de ciudadanía para inversores de pleno derecho, en particular en lo que respecta a la seguridad, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, la financiación del terrorismo, la corrupción o infiltración de la delincuencia organizada.

Como consecuencia de la crisis de la COVID-19, Macedonia del Norte cerró sus fronteras el 16 de marzo de 2020 y, el 18 de marzo decretó un estado de alarma durante períodos consecutivos limitados en el tiempo, que se levantó el 22 de junio. Todos los vuelos comerciales se cancelaron desde el 18 de marzo hasta nuevo aviso. Durante este período, las autoridades de Macedonia del Norte han repatriado a 3 032 ciudadanos procedentes del extranjero (y principalmente de la UE) a través de vuelos no regulares de repatriación. Macedonia abrió sus fronteras terrestres el pasado 26 de junio.

Orden público y seguridad

El marco legislativo relativo a la lucha contra la delincuencia organizada se ajusta en líneas generales a las normas europeas. Se han producido algunos avances gracias a la mejora de los historiales en materia de delincuencia organizada, la intensificación de la cooperación policial y la mejora sustancial de la capacidad operativa para luchar contra la trata de seres humanos. Desde el 1 de enero de 2020, se han abierto seis investigaciones contra veinte personas; de los seis asuntos, cinco se refieren a la producción y comercialización no autorizadas de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores, y uno, a la trata de seres humanos (y de menores) y el tráfico ilícito de migrantes. Macedonia del Norte ha seguido trabajando para prevenir y combatir todas las formas de delincuencia organizada y corrupción. Se han logrado nuevos avances en el plano operativo mediante la mejora de la eficacia del Centro Nacional de Coordinación para la Lucha contra la Delincuencia Organizada y la participación en operaciones conjuntas con los Estados miembros de la UE y los países vecinos. El Código Penal se ajusta en líneas generales a las normas europeas y tipifica como delito la trata de seres humanos, la pornografía infantil en internet, la ciberdelincuencia y el tráfico de drogas.

El número de investigaciones penales incoadas en la Fiscalía en relación con las organizaciones delictivas ha aumentado. La mayoría de las investigaciones y los juicios se refieren al tráfico de drogas y al tráfico ilícito de migrantes. A pesar de haber logrado algunos avances, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Fiscalía deben seguir aumentando su capacidad operativa, en particular mediante la realización sistemática de investigaciones financieras. Aún se debe seguir mejorando la coordinación y el intercambio de datos sistemático. Los instrumentos de que dispone el país para embargar, gestionar y decomisar activos de origen delictivo siguen sin ser lo suficientemente eficaces. Es necesario aplicar un enfoque operativo más integrado para garantizar de manera efectiva la recuperación de activos.

El 9 de octubre de 2019, Macedonia del Norte celebró con la Comisión un Acuerdo Bilateral de Ejecución relativo a la Lucha contra el Terrorismo, al hilo del Plan de Acción Conjunto en materia de Lucha contra el Terrorismo entre la UE y los Balcanes Occidentales 12 .

Tomando como base el análisis anterior, Macedonia del Norte ha adoptado las medidas señaladas en el Segundo Informe y se siguen cumpliendo los criterios para la liberalización del régimen de visados. Se han logrado avances importantes, en particular en lo que se refiere a las campañas de información sobre los derechos y obligaciones del régimen de exención de visados y en el ámbito de las labores policiales y de prevención para luchar contra la delincuencia grave y organizada. A pesar de la reducción de la tasa de retorno, se ha seguido manteniendo y debe mantenerse una buena cooperación en materia de readmisión. No obstante, se espera que siga mejorando su ejecución.

Deben seguir abordándose los ámbitos siguientes:

·Reforzar los controles fronterizos, respetando plenamente los derechos fundamentales.

·Seguir organizando campañas de información sobre los derechos y obligaciones de los viajes con exención de visado.

·Seguir mejorando la eficacia de las labores policiales para luchar contra las redes de delincuencia organizada, especialmente aquellas involucradas en el tráfico de drogas.

·Seguir estableciendo un historial creíble de investigaciones, enjuiciamientos y condenas.

·Seguir reforzando la lucha contra la corrupción.

·Intensificar la investigación y el enjuiciamiento de los grupos de delincuencia organizada, incluidos aquellos involucrados en el tráfico ilícito de migrantes, el blanqueo de capitales y los delitos financieros.

Serbia 

Migración irregular, solicitudes de asilo, readmisión

Entre 2018 y 2019, el número denegaciones de entrada a nacionales serbios en el espacio Schengen+ disminuyó un 8 % (de 9 035 a 8 300), mientras que el número de nacionales serbios que estaban residiendo ilegalmente aumentó un 4 % (de 13 090 a 13 635). El número de solicitudes de asilo presentadas por nacionales serbios en el espacio Schengen+ disminuyó un 5 %, ya que en 2019 se presentaron 6 075 solicitudes, frente a las 6 425 presentadas en 2018. La tasa de reconocimiento de asilo disminuyó hasta el 4,8 % en 2019 (frente al 7,0 % en 2018). En el primer trimestre de 2020 se registraron 1 015 solicitudes de asilo, un 53 % menos que las registradas durante el mismo período en 2019.

En cuanto a la cooperación en materia de readmisión, se ha producido una disminución de la tasa de retorno, que en 2019 se redujo al 60 % (frente al 77 % en 2018), con 5 250 nacionales serbios efectivamente retornados. No obstante, los Estados miembros de la UE informan acerca de una buena cooperación en materia de readmisión de nacionales propios y de terceros países, por lo que estas fluctuaciones pueden deberse, sin embargo, a la tramitación de un volumen de decisiones excepcionalmente grande, a los casos pendientes de años consecutivos y posiblemente a movimientos secundarios.

El Acuerdo sobre el estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) con la UE se celebró el 19 de noviembre de 2019. El Acuerdo entrará en vigor una vez Serbia lo ratifique, puesto que la UE ha finalizado su procedimiento de ratificación. Tras su entrada en vigor, el Acuerdo sobre el estatuto debe ejecutarse tan pronto como sea posible, especialmente mediante el despliegue de equipos conjuntos de Frontex.

En lo que se refiere a la política de visados, el régimen de exención de visados concedido por Serbia a otros países 13 que se encuentran en la lista de países con obligación de visado de la UE sigue siendo motivo de preocupación debido a posibles riesgos en materia de migración y seguridad y se está controlando cuidadosamente.

Se organizan campañas de información continuamente con el objetivo de aumentar el nivel de concienciación sobre los derechos y obligaciones en el marco del régimen de exención de visados para los nacionales serbios.

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, Serbia cerró sus fronteras el 15 de marzo de 2020, y decretó el estado de alarma el mismo día, que se levantó el 6 de mayo. El 19 de marzo se cancelaron todos los vuelos comerciales hasta el 21 de mayo. Hasta el 22 de mayo, las autoridades serbias repatriaron a 5 637 ciudadanos procedentes del extranjero (principalmente de la UE) a través de vuelos no regulares de repatriación. 

Orden público y seguridad

Los grupos de delincuencia organizada, en particular los serbios, siguen desempeñando un papel destacado en el tráfico y la distribución de cocaína en la Unión Europea. Los arsenales de armas restantes en Serbia comportan un riesgo de tráfico ilícito de armas de fuego.

Se prevé que el Acuerdo de Colaboración entre la Oficina Serbia de Lucha contra las Drogas y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías se firme en un futuro próximo. Serbia participa activamente en el ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional para 2018-2021 y de la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas (EMPACT). En 2020, Serbia participa en quince acciones operativas en el marco de la EMPACT (de un total de 249). Un funcionario de enlace de la policía serbia se encuentra destinado en Europol desde marzo de 2017. Aún queda pendiente destacar un funcionario de enlace de Europol en Serbia, si bien en noviembre de 2019 se ratificó un acuerdo relativo a dicho envío.

En lo que respecta al decomiso de activos de origen delictivo, Serbia designó a la Unidad de Investigación Financiera del Ministerio del Interior para ejercer la función de organismo de recuperación de activos, pero todavía no está plenamente operativa. Serbia está aplicando la Ley relativa a la organización y la jurisdicción de las autoridades gubernamentales en la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción. Sin embargo, sigue siendo necesario que las autoridades policiales y judiciales establezcan un historial convincente de investigación, enjuiciamiento y condenas en casos de delincuencia grave y organizada. La creación, hace dos años, de los departamentos especializados de la Fiscalía para la lucha contra la corrupción empieza a dar resultados, y el número de condenas dictadas en primera instancia está aumentando a raíz de la incoación de procedimientos judiciales por parte de los departamentos especializados.

Serbia ha ajustado la estructura organizativa de la policía a las necesidades de un modelo de policía basado en la inteligencia. En junio de 2019, Serbia adoptó una Estrategia de Control de las Armas Pequeñas y Ligeras para el período 2019-2024 y su correspondiente Plan de Acción, que se están ejecutando en la actualidad. Se ha creado un equipo de supervisión e intercambio de todos los datos operativos relativos a las armas. Serbia y Eurojust celebraron un Acuerdo de Cooperación el 12 de noviembre, que entró en vigor en diciembre de 2019. El 19 de noviembre de 2019, las autoridades serbias celebraron con la Comisión un Acuerdo Bilateral de Ejecución para ejecutar el Plan de Acción Conjunto en materia de Lucha contra el Terrorismo entre la UE y los Balcanes Occidentales.

Tomando como base el análisis anterior, Serbia ha adoptado las medidas señaladas en el Segundo Informe y se siguen cumpliendo los criterios para la liberalización del régimen de visados. Se han logrado avances importantes en la aplicación de medidas para afrontar los desafíos que plantea la migración irregular. A pesar de la reducción de la tasa de retorno, se ha seguido manteniendo y debe mantenerse una buena cooperación en materia de readmisión, así como la cooperación con la UE y los Estados miembros sobre migración y seguridad. Al mismo tiempo, resulta necesario redoblar los esfuerzos para garantizar la mejora y la sostenibilidad de los resultados, en particular en lo que respecta a la adecuación a la política de visados de la UE.

Deben seguir abordándose los ámbitos siguientes:

·Adecuar la política de visados a la de la UE, condición fundamental para dar cumplimiento ininterrumpido a los criterios de gestión de la migración.

·Seguir organizando campañas de información sobre los derechos y obligaciones de los viajes con exención de visado.

·Seguir reforzando el proceso de control fronterizo, especialmente su vigilancia, en particular las medidas de identificación y registro, respetando plenamente los derechos fundamentales.

·Garantizar la acreditación y el envío oportunos del funcionario de enlace de Europol.

·Establecer un historial convincente de investigaciones, enjuiciamientos y condenas en los casos de delincuencia organizada, incluido el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, basado en investigaciones proactivas (incluido el rastreo sistemático de los flujos de dinero y su decomiso, así como el uso eficiente de medidas de investigación especiales para reunir las pruebas pertinentes).

II.2 Asociación Oriental

   

Georgia

Migración irregular, solicitudes de asilo, readmisión

Entre 2018 y 2019, el número denegaciones de entrada a nacionales georgianos en el espacio Schengen aumentó un 17 % (de 3 805 a 4 435), así como el número de nacionales georgianos que estaban residiendo ilegalmente, que también aumentó un 26 % (de 9 400 a 11 845). El número de solicitudes de asilo presentadas por nacionales georgianos en el espacio Schengen+ aumentó un 9 %, ya que en 2019 se presentaron 21 570 solicitudes, frente a las 19 730 presentadas en 2018. Por tercer año consecutivo, Georgia ha seguido siendo el principal país de origen de solicitantes entre los países de la Asociación Oriental exentos de la obligación de visado. La tasa de reconocimiento de asilo disminuyó hasta el 4,1 % en 2019 (frente al 4,7 % en 2018). En el primer trimestre de 2020 se registraron 3 795 solicitudes de asilo, un 42 % menos que las registradas durante el mismo período en 2019.

 

En cuanto a la cooperación en materia de readmisión, se ha producido una disminución de la tasa de retorno, que en 2019 se redujo al 52 % (frente al 65 % en 2018), con 8 520 nacionales georgianos efectivamente retornados. No obstante, Los Estados miembros de la UE informan acerca de una buena cooperación en materia de readmisión de nacionales propios y de terceros países, por lo que la disminución de las tasas de retorno no debe atribuirse al bajo rendimiento o a cambios de la cooperación.

Con el apoyo de la Unión Europea, Georgia ha desarrollado un sistema electrónico de gestión de casos de readmisión (SGCR) que actualmente utilizan diecisiete Estados miembros que, en repetidas ocasiones, se han mostrado satisfechos con su uso y aprecian especialmente la puntualidad con que Georgia gestiona las solicitudes. Se ha registrado una tasa del 98 % de respuestas positivas a las solicitudes de readmisión. El sistema se utiliza a menudo como ejemplo de buenas prácticas y tecnología para otros terceros países.

Las solicitudes de asilo infundadas presentadas por ciudadanos georgianos en Estados miembros de la UE y en países asociados al espacio Schengen siguen siendo una cuestión que requiere los esfuerzos sustanciales que las autoridades georgianas ejercen en la actualidad. Con frecuencia se abusa de las solicitudes de asilo con el fin de buscar atención médica en la UE. Las autoridades georgianas han seguido haciendo frente a este desafío y están colaborando con la Comisión, las agencias de Justicia y Asuntos de Interior y los Estados miembros de la UE en la elaboración de un conjunto de medidas operativas para reducir la migración irregular y los desafíos en materia de delincuencia. Georgia, a fin de luchar contra el uso indebido del régimen de exención de visados, ha introducido modificaciones en el Código Penal, que contempla la tipificación de delitos de facilitación de la estancia ilegal de nacionales georgianos en el extranjero, así como la asistencia para la presentación de información falsificada con vistas a obtener protección internacional (por ejemplo, asilo). Georgia se ha comprometido a endurecer el procedimiento de cambio de apellidos (tras la introducción de restricciones en 2018) y en noviembre de 2019, aprobó las modificaciones de la Ley relativa al régimen procesal de las penas no privativas de libertad y la libertad condicional, por las que se introduce una normativa más estricta y criterios más claros para decidir si una persona condenada puede abandonar el país.

En el ámbito de la gestión de fronteras, las autoridades georgianas han intensificado su cooperación con Frontex. Para mitigar el flujo de migrantes irregulares georgianos que llegan a los aeropuertos de la UE, Frontex, junto con las autoridades georgianas y los Estados miembros de la UE, puso en marcha una operación conjunta en la primavera de 2019. En este contexto, expertos de Frontex fueron enviados al aeropuerto internacional de Kutaisi para respaldar a la policía de patrullaje georgiana, con el fin de asesorar a los agentes georgianos sobre la admisibilidad en el espacio Schengen+ de los pasajeros georgianos salientes. Como actividad paralela y complementaria, en 2019 y a principios de 2020, cuatro agentes georgianos de la policía de patrullaje eran enviados mensualmente a los aeropuertos seleccionados de los Estados miembros de la UE para auxiliar como observadores en actividades de segunda línea a las autoridades fronterizas locales. Actualmente, la operación se encuentra en suspenso debido a la pandemia de COVID-19.

En junio de 2020, la Comisión aprobó un nuevo Acuerdo de Cooperación entre Frontex y Georgia para luchar contra la migración irregular y la delincuencia transfronteriza e intercambiar información y buenas prácticas en materia de gestión de fronteras y de retorno, así como para realizar análisis de riesgos conjuntos.

En 2019 y 2020, expertos de la UE fueron enviados a través del Instrumento de Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX) de la Comisión Europea para asesorar a las autoridades georgianas sobre las mejoras del marco legislativo necesarias para efectuar controles previos a la salida en las fronteras.

El Gobierno de Georgia ha llevado a cabo tres rondas de campañas de información para aumentar la concienciación de la población sobre las normas relativas a la exención de visado para viajar a la UE. La tercera ronda se dirigió específicamente a los posibles solicitantes de asilo; durante la misma se hizo hincapié en la responsabilidad de cada nacional georgiano de cumplir las normas del régimen de exención de visados.

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, Georgia cerró sus fronteras el 18 de marzo, y posteriormente, decretó el estado de alarma el 21 de marzo, que se levantó el 22 de mayo. El 21 de marzo se cancelaron todos los vuelos comerciales hasta el 30 de junio. Durante este período, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia ha repatriado a 13 000 ciudadanos procedentes del extranjero (y principalmente de la UE) a través de vuelos no regulares de repatriación.

Orden público y seguridad

Se sigue denunciando que los grupos de delincuencia organizada georgianos son muy activos dentro del espacio Schengen+, especialmente en los delitos organizados contra la propiedad. Los grupos de delincuencia organizada georgianos han cambiado sus actividades en diversos Estados miembros de la UE: desde robos en viviendas hasta robos organizados en comercios. Algunos de ellos se han trasladado también a otros países para seguir llevando a cabo sus operaciones. Este desplazamiento se debe en parte, probablemente, a que muchos Estados miembros de la UE han redoblado sus esfuerzos durante los últimos años para luchar contra la delincuencia organizada. Además, diversos Estados miembros de la UE han registrado un incremento del número de solicitantes de asilo georgianos entre los delincuentes detenidos desde la entrada en vigor del régimen de exención de visado.

Los ciberdelincuentes georgianos estaban involucrados en la red delictiva internacional GozNym, desmantelada en mayo de 2019 durante una intervención policial internacional apoyada por Europol 14 .

Georgia ha reforzado su cooperación policial a nivel internacional con Europol y ha ampliado la red de agregados de policía georgianos en la UE. En el marco del Plan de Acción 2019-2020, recientemente aprobado, de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Delincuencia Organizada para 2017-2020, Georgia ha seguido reforzando sus operaciones contra la delincuencia organizada, así como sus mecanismos de análisis de la delincuencia moderna mediante la introducción gradual de funciones policiales basadas en la inteligencia.

Georgia sigue aplicando reformas de lucha contra la corrupción a través de su Estrategia y Plan de Acción de Lucha contra la Corrupción para 2019-2020, que reflejan las prioridades de la lucha contra la corrupción en diferentes sectores (poder judicial, sector privado, corrupción política, contratación pública, etc.) y tienen en cuenta las recomendaciones formuladas por los agentes internacionales. No obstante, aún persisten algunas preocupaciones por la corrupción de alto nivel.

Tomando como base el análisis anterior, Georgia ha adoptado las medidas señaladas en el Segundo Informe y se siguen cumpliendo los criterios para la liberalización del régimen de visados. A pesar de la reducción de la tasa de retorno, se ha seguido manteniendo y debe mantenerse una buena cooperación en materia de readmisión. Se han ejecutado medidas concretas para abordar los desafíos que plantean la migración irregular y la delincuencia; no obstante, resulta necesario aplicar medidas inmediatas adicionales para afrontar estos desafíos, sobre todo en lo que respecta al número creciente de solicitudes de asilo infundadas.



Deben seguir abordándose los ámbitos siguientes:

·Reforzar la cooperación operativa para lograr y mantener una rápida disminución del número de solicitudes de asilo infundadas presentadas por nacionales georgianos en el espacio Schengen+; en particular, para abordar de manera más sistemática cuestiones relacionadas con la atención sanitaria, que es uno de los factores de atracción para la presentación de solicitudes de asilo en la UE.

·Reforzar los controles previos a la salida, en particular en los vuelos de bajo coste desde los aeropuertos internacionales, respetando plenamente los derechos fundamentales y los requisitos de protección de datos.

·Seguir organizando campañas de información sobre los derechos y obligaciones de los viajes con exención de visado.

·Reforzar la cooperación policial transfronteriza para luchar contra los grupos de delincuencia organizada georgianos y, como parte de este proceso, ultimar con carácter prioritario la reforma de las funciones policiales basadas en la inteligencia.

República de Moldavia

   

Migración irregular, solicitudes de asilo, readmisión

Entre 2018 y 2019, el número denegaciones de entrada a nacionales moldavos en el espacio Schengen+ disminuyó un 3 % (de 8 170 a 7 940), mientras que el número de nacionales moldavos que estaban residiendo ilegalmente aumentó un 47 % (de 11 280 a 16 540). El número de solicitudes de asilo presentadas por nacionales moldavos en el espacio Schengen+ aumentó un 48 %, ya que en 2019 se presentaron 5 685 solicitudes, frente a las 3 830 presentadas en 2018. La tasa de reconocimiento de asilo disminuyó hasta el 0,8 % en 2019 (frente al 1,4 % en 2018). En el primer trimestre de 2020 se registraron 1 345 solicitudes de asilo, un 7 % menos que las registradas durante el mismo período en 2019.

En cuanto a la cooperación en materia de readmisión, se ha producido una disminución de la tasa de retorno, que en 2019 se redujo al 63 % (frente al 86 % en 2018), con 4 720 nacionales moldavos efectivamente retornados. No obstante, Los Estados miembros de la UE informan acerca de una buena cooperación en materia de readmisión de nacionales propios y de terceros países, por lo que la disminución de las tasas de retorno no debe atribuirse al bajo rendimiento o a cambios de la cooperación. Moldavia ha puesto en marcha campañas de información sobre los viajes con exención de visado, y una serie de medidas dirigidas especialmente a la integración de las comunidades vulnerables.

Como consecuencia de la crisis de COVID-19, Moldavia decretó el estado de alarma y cerró sus fronteras el pasado 17 de marzo. Las restricciones de viaje se han ampliado hasta el 15 de julio de 2020. Al principio de la pandemia, se repatriaron entre 200 000 y250 000 ciudadanos moldavos procedentes de la UE. Estos retornos pueden representar un mayor coste para el sistema social, así como una caída de los ingresos provenientes de las remesas. Las estadísticas del Banco Nacional de Moldavia (BNM) indican que en marzo de 2020 las remesas sufrieron una caída del 12 % con respecto a 2019.

Orden público y seguridad

Los grupos de delincuencia organizada moldavos siguieron representando una importante amenaza durante el período que abarca el informe. Su involucramiento en el fraude en el ámbito de los impuestos especiales (principalmente el tabaco) aumentó en 2019, sin que disminuyera su implicación en la corrupción en el deporte. Moldavia es un importante país de origen de las bebidas alcohólicas falsificadas que se introducen ilegalmente en la UE y una fuente importante de contrabando y falsificación de cigarrillos, así como de técnicos tabaqueros cualificados que trabajan en fábricas de cigarrillos ilegales por toda la Unión Europea. Moldavia es un país de tránsito con destino a la UE para el tráfico ilícito de drogas, especialmente de heroína. La información disponible indica que los grupos de delincuencia organizada moldavos están muy involucrados en la distribución de programas maliciosos y de secuestro con motivaciones financieras, y los ciberdelincuentes desempeñaron una función fundamental en la red delictiva internacional del programa malicioso GozNym, desmantelada en mayo de 2019 15 .

Moldavia se ha esforzado en luchar contra la corrupción, aumentando el presupuesto anual de las instituciones de lucha contra la corrupción, entre las que figuran la Autoridad Nacional de Integridad, la Agencia de Recuperación de Activos Criminales y la Unidad de Investigación Financiera. Entre junio y agosto de 2019, el Gobierno, encabezado por la ex primera ministra Maia Sandu, aprobó el programa de ejecución «Asociación para la despolitización del Estado» y el Plan de Acción para 2019-2020, que ha aportado el marco para la investigación de la corrupción y ha centrado la actividad de la Fiscalía Anticorrupción en casos de alto nivel. Se ha modificado la Ley sobre la Fiscalía para establecer un nuevo proceso de selección para el cargo de fiscal general. El 12 de noviembre de 2019, las cuestiones relativas al proceso de selección del fiscal general dieron lugar a la votación de una moción de censura contra el Gobierno de Moldavia. El nuevo Gobierno, que prestó juramento el 14 de noviembre de 2019, presentó un programa hasta el otoño de 2020 y, el 11 de diciembre, aprobó un Plan de Acción para 2020-2023, que aborda la lucha contra la corrupción, la reforma de la justicia y la investigación del fraude bancario. El 28 de mayo de 2020, Moldavia se adhirió oficialmente al Plan de Acción Anticorrupción de Estambul de la red de la OCDE de lucha contra la corrupción. Además, el 21 de mayo de 2020, Moldavia aprobó la Ley de sanciones contra el blanqueo de capitales.

En el marco de la iniciativa de reforma de la justicia, el Gobierno presentó en diciembre de 2019 una propuesta de modificación de la Ley sobre el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) 16 , que fue adoptada y promulgada. La Comisión de Venecia debía aún emitir un dictamen urgente sobre el proyecto de ley, y lamentó la percepción de que la negociación de las modificaciones se llevase a cabo por procedimiento abreviado 17 . En estas circunstancias, en marzo de 2020, se nombraron cuatro miembros legos del CSM. Se han presentado a la Comisión de Venecia proyectos de enmiendas constitucionales para la reforma del poder judicial, en particular del CSM. Si bien se consideraron positivas varias de las propuestas, la Comisión de Venecia ha criticado los nombramientos efectuados en marzo de 2020 y ha instado al Gobierno a abordar esta cuestión en el proceso de reforma constitucional 18 . El proyecto de Estrategia de Reforma de la Justicia y el Plan de Acción para 2020-2023 fueron sometidos a consulta por el Consejo de Europa.

El 19 de julio de 2019, Moldavia suspendió temporalmente el programa «ciudadanía para inversores» durante un período de cuatro meses que se volvió a prorrogar otros dos meses más en diciembre de 2019. Desde el inicio del programa y hasta el establecimiento de la moratoria, ocho personas adquirieron la ciudadanía de Moldavia, mientras que siguen en trámite treinta y cuatro solicitudes pendientes (presentadas antes del establecimiento de la primera moratoria). El 26 de febrero de 2020, el Gobierno aprobó una nueva Ley que introdujo una nueva moratoria hasta el 1 de septiembre de 2020. La ley se votó el 28 de febrero de 2020 en dos lecturas, y la nueva moratoria entró en vigor el pasado 20 de marzo. El 18 de junio de 2020, el Parlamento aprobó la ley para suprimir el programa de ciudadanía para inversores a partir del 1 de septiembre de 2020 (fin de la moratoria vigente). Solo seguirán tramitándose las solicitudes existentes hasta que se suprima el programa. La Comisión está siguiendo de cerca el establecimiento de un sistema sólido de controles de seguridad y antecedentes para las solicitudes recibidas antes de la entrada en vigor de la moratoria, que seguirán tramitándose hasta que se suprima el programa el 1 de septiembre de 2020.

En lo que respecta a la crisis de COVID-19, el 17 de marzo de 2020, el Parlamento decretó el estado de alarma durante sesenta días y modificó la Ley del estado de alarma para permitir al Parlamento votar leyes orgánicas, así como para ofrecer cierta flexibilidad a los organismos gubernamentales que gestionan la situación de emergencia, es decir, la Comisión para Situaciones de Emergencia, coordinada por el primer ministro, el Ministerio del Interior y la Unidad de Inspección para Situaciones de Emergencia. El estado de alarma se decretó ese mismo día en la región de Transnistria inicialmente tan solo durante treinta días, pero posteriormente se prorrogó hasta el 15 de mayo. El 1 de abril, el Gobierno asumió la responsabilidad de ejecutar un paquete socioeconómico para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, que el Tribunal Constitucional suspendió el 9 de abril y declaró inconstitucional el 13 de abril. El 10 de abril, la Comisión de Situaciones Excepcionales aprobó la mayoría de las medidas incluidas en el paquete. El 23 de abril, el Parlamento adoptó la rectificación presupuestaria correspondiente, y el presidente promulgó las leyes conexas, que entraron en vigor el 25 de abril.

Tomando como base el análisis anterior, Moldavia ha adoptado las medidas señaladas en el Segundo Informe y se siguen cumpliendo los criterios para la liberalización del régimen de visados. Si bien el antiguo Gobierno de Moldavia, encabezado por la entonces primera ministra Maia Sandu, puso en marcha importantes medidas en relación con los criterios relativos a la lucha contra la corrupción, el nuevo Gobierno debe aplicarlas en su totalidad y mantenerlas. A pesar de la reducción de la tasa de retorno, se ha seguido manteniendo y debe mantenerse una buena cooperación en materia de readmisión. En lo que respecta a la migración irregular, Moldavia debe redoblar sus esfuerzos y adoptar medidas para hacer frente al aumento de las solicitudes de asilo infundadas.

Deben seguir abordándose los ámbitos siguientes:

·Reforzar la cooperación operativa para lograr una rápida disminución del número de solicitudes de asilo infundadas presentadas por nacionales moldavos en el espacio Schengen+.

·Seguir organizando campañas de información sobre los derechos y obligaciones de los viajes con exención de visado.

·Seguir recurriendo a consultas efectivas para adoptar un concepto estratégico y un plan de acción para la reforma de la justicia basado en un diagnóstico integral, asegurando un amplio consenso de las partes interesadas y en estricto cumplimiento con la Constitución y las normas europeas.

·Garantizar los avances en lo que respecta a la adopción de enmiendas constitucionales relativas al poder judicial que estén en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia.

·Reducir significativamente el retraso existente de las declaraciones electrónicas por parte de la Autoridad Nacional de Integridad y garantizar la ejecución efectiva de la Estrategia de Recuperación de Activos y el sistema de declaración del patrimonio de todo el personal de alto nivel.

·Redoblar los esfuerzos para completar con exhaustividad e imparcialidad el procedimiento de investigación y enjuiciamiento del fraude bancario de 2014, con vistas a llevar ante la justicia a todos los responsables sin más demora y a recuperar los fondos que fueron objeto de apropiación indebida.



Ucrania

Migración irregular, solicitudes de asilo, readmisión

Entre 2018 y 2019, el número denegaciones de entrada a nacionales ucranianos en el espacio Schengen+ aumentó un 25 % (de 53 185 a 66 390), así como el número de nacionales ucranianos que estaban residiendo ilegalmente, que aumentó un 11 % (de 37 140 a 41 705).

El número de solicitudes de asilo presentadas por nacionales ucranianos en el espacio Schengen+ disminuyó un 5 %, ya que en 2019 se presentaron 9 505 solicitudes, frente a las 10 035 presentadas en 2018. La tasa de reconocimiento de asilo disminuyó hasta el 10,2 % en 2019 (frente al 17,3 % en 2018). En el primer trimestre de 2020 se registraron 1 570 solicitudes de asilo, un 41 % menos que las registradas durante el mismo período en 2019.

En cuanto a la cooperación en materia de readmisión, se ha producido una disminución de la tasa de retorno, que en 2019 se redujo al 73 % (frente al 85 % en 2018), con 27 200 nacionales ucranianos efectivamente retornados. No obstante, los Estados miembros de la UE informan acerca de una buena cooperación en materia de readmisión tanto de nacionales ucranianos como de terceros países, por lo que la disminución de las tasas de retorno no debe atribuirse al bajo rendimiento o a cambios de la cooperación. Un proyecto en curso financiado por la UE permitirá desarrollar un sistema electrónico de gestión de casos de readmisión que tiene por objeto seguir aumentado la eficiencia de la cooperación operativa. 

Ucrania ha seguido organizando campañas de información para informar a los nacionales ucranianos sobre sus derechos y obligaciones cuando viajan a la UE con exención de la obligación de visado.

Ucrania está intensificando sus esfuerzos en el ámbito de la gestión de fronteras. En enero de 2019, el Consejo de Ministros estableció un grupo de trabajo interinstitucional con el objetivo principal de coordinar las políticas operativas en materia de gestión de fronteras. Con el apoyo especializado de la UE, se desarrolló una nueva Estrategia Global de Gestión Integrada de Fronteras para 2020-2025, que se aprobó en julio de 2019. En noviembre de 2019, se aprobó un plan de acción complementario. Se está valorando la necesidad de tipificar como delito el contrabando de todo tipo de productos (no solo los productos sujetos a impuestos especiales) como elemento indispensable de la gestión de fronteras, sin que hasta ahora haya existido un compromiso claro al respecto por parte de Ucrania.

Ucrania ha establecido una serie de medidas como consecuencia de la crisis de COVID-19; entre ellas, una prohibición general de entrada de ciudadanos extranjeros, con excepciones, y la suspensión, a partir del 17 de marzo de 2020, de todos los vuelos comerciales regulares internacionales y del tráfico nacional y transfronterizo ferroviario y de autobuses. Las disposiciones en materia de «situación de emergencia» se introdujeron a escala nacional el 25 de marzo de 2020. Estas constaban de medidas de orden público reforzadas, el examen médico obligatorio de las personas que presenten síntomas de COVID-19 y la hospitalización o cuarentena forzada de dichas personas, así como una mejor comunicación con los ciudadanos, y de medidas sanitarias, tales como la desinfección de instalaciones públicas. Estas medidas se han ampliado hasta el 31 de julio de 2020, lo que permite suavizar las restricciones por regiones en función de la evolución de la situación epidemiológica.

Durante este período, Ucrania ha repatriado a varios miles de ciudadanos, sobre todo a través de cientos de vuelos organizados esporádicamente a tal efecto. El Gobierno ordenó, a partir del 15 de junio de 2020, la reanudación de los servicios transfronterizos en los aeropuertos internacionales ucranianos. Los vuelos comerciales se han ido reanudando gradualmente a partir de la misma fecha, también en función de las situaciones epidemiológicas, los acuerdos bilaterales y las medidas pendientes en vigor entre terceros países, incluidos los Estados miembros de la UE.

Orden público y seguridad

Los grupos de delincuencia organizada ucranianos están cada vez más involucrados en tráfico de drogas, los delitos organizados contra la propiedad, en particular en los delitos relacionados con los vehículos de motor, así como en sistemas de fraude de inversiones y en la corrupción en el deporte. Con frecuencia colaboran con grupos de delincuencia organizada de otros países. Los ciberdelincuentes ucranianos siguen estando involucrados en diversos tipos de ciberdelincuencia, tales como los ataques a ciudadanos y objetivos de la UE. Además, el conflicto en Ucrania y la falta de controles efectivos en algunas zonas de la frontera oriental del país siguen planteando un riesgo de desviación de armas de fuego y otros productos objeto de tráfico o contrabando desde la región hacia la UE. Por otro lado, en las estadísticas de las víctimas de terceros países de la trata de seres humanos, la nacionalidad ucraniana es una de las más frecuentes en los últimos años.

Ucrania ha intensificado sus esfuerzos en materia de cooperación internacional, en particular con Europol. Los servicios ucranianos encargados de la ejecución de las leyes participan en operaciones conjuntas en el marco del ciclo de actuación de la UE y de la EMPACT. Ucrania está desarrollando la cooperación policial internacional para luchar contra la delincuencia organizada. La Unión Europea apoya activamente el fortalecimiento de las capacidades de los servicios ucranianos encargados de la ejecución de las leyes mediante un proyecto de apoyo emblemático («PRAVO Police») 19 y la Misión asesora de la UE. Aunque todavía carece de una estrategia general para la reorganización del sector de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Ucrania sigue reformando la Policía Nacional. Una iniciativa recientemente desarrollada por Ucrania para aumentar la seguridad y luchar contra la delincuencia organizada, basada en la metodología de Europol, constituye un paso importante para luchar contra la delincuencia organizada y mejorar la cooperación interinstitucional interna entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero todavía está pendiente de aprobación.

En el ámbito de la lucha contra la corrupción, Ucrania ha seguido aprovechando los avances logrados anteriormente estableciendo un marco institucional eficaz, en el que se incluye el nuevo alto tribunal contra la corrupción, que empezó a funcionar el 5 de septiembre de 2019. Este tribunal no dispone aún de instalaciones permanentes, lo que resulta imprescindible para garantizar la independencia y la sostenibilidad de su labor. La supresión de la obligación de presentar declaraciones electrónicas para los activistas que luchan contra la corrupción y miembros extranjeros de los consejos de supervisión de las empresas de titularidad pública, así como la tipificación del enriquecimiento ilícito nuevamente como delito y la introducción de disposiciones sobre el decomiso no basado en una condena han constituido avances importantes. Se ha avanzado en la verificación efectiva y automatizada de las declaraciones de patrimonio electrónicas, en particular garantizando que la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción (ANPC) tenga acceso pleno y automatizado a todos los registros y bases de datos pertinentes.

En octubre de 2019 se aprobó una ley que prevé una remodelación completa de la ANPC, en particular mediante la modificación de su estructura de gestión de un órgano colegiado a un único director. En enero de 2020, tras un proceso de selección transparente en el que participaron expertos internacionales, se nombró a un nuevo director de la ANCP.

A raíz de la presión internacional constante durante los últimos años, en octubre de 2019, se concedieron finalmente a la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción competencias autónomas para realizar escuchas telefónicas.

No se ha hecho frente a las inquietudes relativas a la independencia de la Fiscalía Especial Anticorrupción que se plantearon en 2018 debido a las acusaciones de faltas graves formuladas contra el principal responsable de dicha institución. A pesar de las tensiones causadas por dichas acusaciones, la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Fiscalía Especial Anticorrupción siguieron cooperando de forma activa en 2019, con más personas expuestas por corrupción durante el segundo semestre de 2019 que durante todo el año 2018. Los intentos de destituir al responsable de la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción volvieron a cobrar impulso a principios de febrero de 2020, cuando una petición parlamentaria para su destitución obtuvo más de doscientas firmas, a pesar de que no se cumplía ninguno de los motivos de destitución contemplados en la legislación. La nueva dirección de la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción ha cancelado los nombramientos anteriores y ha bloqueado todo nuevo nombramiento, como consecuencia de la designación de 2018 de auditores para la auditoría externa del organismo, polémica y con un marcado carácter político. Una conclusión negativa de la auditoría constituye un motivo de destitución del responsable de la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción.

 

En junio de 2020, la Fiscalía General inició el proceso de selección de un nuevo responsable de la Fiscalía Especial Anticorrupción y designó a cuatro miembros para el comité de selección. El Parlamento debe designar aún a siete miembros más. Se espera que el nuevo responsable de la Fiscalía Especial Anticorrupción asuma sus funciones en otoño de 2020.

En diciembre de 2019, se aprobó una Ley que relanza la Oficina Estatal de Investigaciones, encargada de investigar las faltas de los funcionarios públicos (en particular, los delitos de corrupción que están fuera del mandato de la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción) y se nombró a un director en funciones. La selección del responsable permanente de la Oficina Estatal de Investigaciones se ha retrasado debido a la controversia política sobre la composición del comité de selección.

Tomando como base el análisis anterior, Ucrania ha adoptado la medida señalada en el Segundo Informe y se siguen cumpliendo los criterios para la liberalización del régimen de visados. A pesar de la reducción de la tasa de retorno, se ha seguido manteniendo y debe mantenerse una buena cooperación en materia de readmisión, así como la cooperación con la UE y los Estados miembros sobre medidas para hacer frente a los desafíos que plantea la migración y mitigar los riesgos en materia de seguridad. Ucrania ha seguido intensificando sus esfuerzos en el ámbito del estado de Derecho. No obstante, son necesarias medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad de los resultados, en particular en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, así como para seguir mejorando el sistema integrado de gestión de fronteras (incluida la tipificación como delito del contrabando de todo tipo de productos). Asimismo, es necesario adoptar medidas inmediatas para abordar los desafíos que plantea la migración irregular.

Deben seguir abordándose los ámbitos siguientes:

·Reforzar la cooperación operativa con los Estados miembros para reducir la migración irregular de nacionales ucranianos al espacio Schengen+.

·Seguir organizando campañas de información sobre los derechos y obligaciones de los viajes con exención de visado.

·Velar por la independencia, eficacia y sostenibilidad del marco institucional de lucha contra la corrupción y evitar la politización de la labor de todos los servicios encargados de la ejecución de las leyes. En particular, abordar las preocupaciones persistentes con respecto a la independencia e integridad de la Fiscalía Especial Anticorrupción, por ejemplo, garantizando un proceso de selección creíble para nombrar al próximo responsable de dicha institución. Velar por que el nombramiento y la destitución de la dirección de todos los servicios encargados de la ejecución de las leyes se realice en estricta conformidad con la ley. Velar por que la remodelada Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción cumpla su mandato de manera creíble, entre otras cosas manteniendo el funcionamiento de un sistema eficaz y plenamente operativo de verificación de las declaraciones de patrimonio.

·Reforzar las capacidades de la Policía Nacional y mejorar la cooperación y la delimitación entre los distintos servicios encargados de la ejecución de las leyes para mejorar la lucha contra la delincuencia organizada.

III.    Conclusiones

La Comisión considera que, tomando como base el análisis del presente Informe y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña, se siguen cumpliendo los requisitos de liberalización del régimen de visados para los países evaluados. En el presente Informe se señalan medidas adicionales que deben adoptarse, en algunos casos de forma inmediata, en ámbitos específicos, a fin de garantizar el cumplimiento ininterrumpido de los criterios.

Como respuesta más amplia a la crisis de COVID-19, la Comisión está reorientando la ayuda del Instrumento de Preadhesión y del Instrumento Europeo de Vecindad para los países de los Balcanes Occidentales y los socios de la Asociación Oriental, respectivamente, con el fin de satisfacer las necesidades inmediatas y hacer frente a las consecuencias socioeconómicas. Desde el principio de la pandemia, los países de los Balcanes Occidentales y los socios de la Asociación Oriental han establecido una amplia gama de medidas y han repatriado a sus nacionales, incluidos aquellos procedentes del espacio Schengen+.

El número de solicitudes de asilo infundadas, en el caso de Albania y Georgia, sigue siendo motivo de preocupación. Algunos Estados miembros informan acerca del fenómeno de presentación de solicitudes de asilo para solicitar asistencia médica en la UE (en particular, por parte de ciudadanos georgianos). Se ha observado un aumento de la migración irregular procedente de Georgia, Ucrania, Serbia y Bosnia y Herzegovina. La migración irregular de nacionales albaneses sigue siendo elevada. Los países de los Balcanes Occidentales y de la Asociación Oriental han adoptado medidas para afrontar dichos desafíos, pero es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar la mejora y la sostenibilidad de los resultados.

La insuficiente capacidad de acogida de algunos países de los Balcanes Occidentales (especialmente, Bosnia y Herzegovina) suscita preocupaciones sobre la capacidad para abordar plenamente los desafíos que plantea la migración irregular. A pesar de la reducción de la tasa de retorno, la cooperación en materia de readmisión y de retorno prosigue sin contratiempos en todos los países de los Balcanes Occidentales y de la Asociación Oriental. No obstante, debe mantenerse una tasa de retorno y admisión de nacionales propios constante, y debe mejorarse la tasa de readmisión de nacionales de terceros países, especialmente por parte de los países de los Balcanes Occidentales.

La rápida conclusión y ejecución de los Acuerdos sobre el estatuto de Frontex restantes reviste gran importancia, ya que contribuirá a establecer una gestión más sólida de la migración irregular, aunque la responsabilidad primordial de la gestión de sus respectivas fronteras sigue recayendo en los países de los Balcanes Occidentales.

Con el fin de garantizar un entorno de migración y seguridad bien gestionado como condición fundamental para el cumplimiento ininterrumpido de los criterios, la Comisión insta a todos los países con exención de visados a garantizar que su política de visados se ajusta a la de la UE.

Los países de los Balcanes Occidentales y de la Asociación Oriental han seguido tomando medidas para prevenir y combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, es preciso mantener y seguir reforzando estas medidas. Los grupos de delincuencia organizada de estos países siguen desarrollando actividades de tráfico ilícito de armas de fuego y otros productos ilícitos (sobre todo drogas y tabaco), cometiendo delitos contra la propiedad, delitos relacionados con vehículos de motor, delitos de blanqueo de capitales, delitos de trata de seres humanos 20 y delitos de tráfico ilícito de migrantes; además, siguen participando en actividades de ciberdelincuencia.

La corrupción de alto nivel sigue siendo un problema en todos los países analizados en el presente informe. Como en años anteriores, en el informe se señala la necesidad de que Moldavia adopte inmediatamente medidas urgentes para garantizar el cumplimiento del criterio de la lucha contra la corrupción. El Gobierno de la ex primera ministra Maia Sandu adoptó algunas medidas importantes, pero es necesario que el nuevo Gobierno de Moldavia ponga en práctica y mantenga iniciativas en ese sentido. El proceso de reforma en Ucrania, en particular en materia de lucha contra la corrupción, está en curso y se espera seguir avanzando.

El 5 de octubre de 2018, se refrendó el Plan de Acción Conjunto de la Unión Europea y los Balcanes Occidentales en materia de Lucha contra el Terrorismo. Un año después se negociaron y se celebraron acuerdos bilaterales con todos los socios de los Balcanes Occidentales. Dichos acuerdos bilaterales constituyen un hito importante, ya que abordan ámbitos de seguridad prioritarios, entre otros, la prevención de todas las formas de radicalización y extremismo violento y los desafíos que plantea el retorno de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias. Dichos acuerdos deben aplicarse ahora de forma activa.

La aplicación de los criterios para la liberalización del régimen de visado es un proceso continuo y permanente. Por tanto, se mantendrá una estrecha supervisión, por ejemplo, a través de las reuniones de altos funcionarios, así como de las reuniones periódicas del Subcomité de Justicia, Libertad y Seguridad y de los diálogos entre la UE y los países exentos de visado y, para los países de los Balcanes Occidentales, a través de los informes periódicos de ampliación, en particular las negociaciones de adhesión a la UE, cuando proceda.

(1)

   De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, DO L 303 de 28.11.2018, p. 39.

(2)

   COM(2018) 496 final.

(3)

   La Comisión sigue supervisando la situación general en el ámbito de los asuntos de interior y de la justicia, que son también pertinentes para la aplicación de los compromisos y los criterios de liberalización de visados en el marco del paquete de ampliación de la UE para los países de los Balcanes Occidentales exentos de visado, y en el marco de la aplicación de los respectivos acuerdos de asociación para los países de la Asociación Oriental.

(4)

 COM(2020) 399 final.

(5)

 Comunicación de la Comisión relativa al apoyo a los Balcanes Occidentales en la lucha contra la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia [COM(2020) 315 final].

(6)

   A los efectos del presente informe, la tasa de reconocimiento de asilo se calcula como el porcentaje de todas las decisiones positivas en primera instancia (estatuto de refugiado, protección subsidiaria, protección humanitaria en virtud de la legislación nacional) respecto del número total de decisiones en primera instancia.

(7)

     La tasa de retorno en un año determinado se calcula como la relación entre el número de ciudadanos albaneses que regresaron a Albania en un año concreto desde el espacio Schengen+ y el número de ciudadanos albaneses que recibieron una orden de retorno en el mismo año.

(8)

     Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, comúnmente denominada Frontex.

(9)

    https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/docs/20181005_joint-action-plan-counter-terrorism-western-balkans.pdf

(10)

    https://rm.coe.int/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing-measures-albania/16809988c0 .

(11)

     Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, DO L 303 de 28.11.2018, p. 39.

(12)

      https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/docs/20181005_joint-action-plan-counter-terrorism-western-balkans.pdf .

(13)

   El acervo de la UE prevé que los nacionales de Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bielorrusia, Bolivia, Burundi, China, Cuba, Guinea-Bisáu, India, Indonesia, Jamaica, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Mongolia, Omán, Qatar, Surinam, Turquía, Túnez y Rusia tengan la obligación de disponer de un visado para entrar en la UE, mientras que Serbia ofrece acceso sin visado a su territorio a esos nacionales.

(14)

     La red delictiva utilizó el programa malicioso GozNym para intentar robar a más de 41 000 víctimas, principalmente a empresas y a las instituciones financieras vinculadas, un valor estimado de 100 millones USD.

(15)

     La red delictiva utilizó el programa malicioso GozNym para robar a más de 41 000 víctimas, principalmente a empresas y a las instituciones financieras vinculadas. Se utilizaron los llamados «encriptadores» (incluido uno en Balti, Moldavia) para encriptar el programa malicioso de manera que los antivirus no pudieran detectarlo.

(16)

     Ley n.º 193, de 20 de diciembre de 2019, que modifica la Ley sobre el CSM.

(17)

     Dictamen de la Comisión de Venecia CDL-PI(2020)001.

(18)

     Dictamen de la Comisión de Venecia CDL-AD(2020)001.

(19)

     Programa de 36 millones EUR diseñado para apoyar la creación de un sistema policial eficiente, que respete los derechos humanos y respalde al pueblo ucraniano, y facilite el apoyo necesario a la Policía Nacional de Ucrania y a otras autoridades ucranianas encargadas de hacer cumplir la ley (desde diciembre de 2017 hasta junio de 2021).

(20)

   La trata de seres humanos sigue siendo una forma de delincuencia grave organizada que reporta grandes beneficios, guiada por una demanda que fomenta todas las formas de explotación. La trata no requiere el cruce de fronteras, y un número considerable de víctimas son objeto de la trata dentro de las fronteras nacionales, incluso en la UE. Se han adoptado medidas para hacer frente a la trata de seres humanos. Sigue siendo esencial garantizar que todas las víctimas, incluidas aquellas que son objeto de trata dentro de las fronteras nacionales, tengan acceso a una asistencia y un apoyo adecuados, teniendo en cuenta que la mayoría de las víctimas a escala mundial siguen siendo mujeres y niñas y que son objeto de trata principalmente con fines de explotación sexual. La prevención debe seguir siendo el núcleo de todas las medidas de lucha contra la trata, prestando especial atención a la lucha contra la cultura de impunidad de todos los criminales, que fomenta el delito.

Top