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Document 52020DC0112

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Y AL EUROGRUPO Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19

COM/2020/112 final

Bruselas, 13.3.2020

COM(2020) 112 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19


1.Introducción

Comúnmente conocido como «coronavirus», la COVID-19 constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Partiendo de su primer foco en China, la pandemia se ha propagado a todos los Estados miembros. Aunque Italia es el país más afectado, el número de casos no deja de crecer en todos los Estados miembros y la situación evoluciona con gran rapidez. La pandemia está suponiendo una pesada carga para los ciudadanos y las sociedades, además de someter a los sistemas sanitarios a una presión agobiante. Debemos responder conjuntamente para frenar el contagio, reforzar la resiliencia de nuestros sistemas sanitarios con el fin de ayudar a quienes más lo necesiten y avanzar en investigación y desarrollo.

Además de sus notables implicaciones sociales y su dimensión humana, el brote de coronavirus constituye una gran perturbación económica para la UE, que requiere una coordinación económica decisiva. La propagación del virus está causando interrupciones en las cadenas de suministro mundiales, volatilidad en los mercados financieros, perturbaciones en la demanda de los consumidores y un impacto negativo en sectores clave como los de los viajes y el turismo. Los mercados de valores europeos han caído en torno al 30 % en comparación con los niveles que tenían a mediados de febrero, su descenso mensual más pronunciado desde el inicio de la crisis financiera en 2008, y la incertidumbre sobre cómo evolucionará el brote en las próximas semanas y meses sigue siendo elevada.

Solo con solidaridad y soluciones coordinadas a escala europea podremos gestionar eficazmente esta emergencia de salud pública. Necesitamos que haya solidaridad entre países, regiones, ciudades y ciudadanos para contener la propagación del virus, ayudar a los pacientes y contrarrestar las consecuencias del descenso de la actividad económica. Para ello se necesita un conjunto de medidas esenciales y una política común clara y coherente. Es fundamental que todos los agentes pertinentes cooperen estrechamente entre sí.

La Comisión utilizará plenamente todos los instrumentos a su disposición para capear este temporal. Además de nuestros esfuerzos de coordinación y orientación, y nuestras acciones para limitar la propagación del virus, la Comisión está tomando medidas para abordar y mitigar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Se trata de mantener la integridad del mercado único y, en términos más generales, de preservar los factores de producción y distribución, a fin de garantizar los suministros necesarios para nuestros sistemas sanitarios. Se trata de ayudar a los ciudadanos para que sus ingresos y puestos de trabajo no se vean afectados de manera desproporcionada por la pandemia, y de apoyar a las empresas, en particular a las pymes. Se trata de garantizar la liquidez de nuestro sector financiero y contrarrestar una amenaza de recesión mediante intervenciones a todos los niveles. Por último, se trata de establecer un marco que permita a los Estados miembros actuar con decisión de forma coordinada. En resumen, se trata de prepararse para lograr una rápida recuperación de esta crisis económica.

La presente Comunicación expone la respuesta inmediata de la Comisión destinada a mitigar el impacto económico de la COVID-19. Aunque las medidas descritas anunciadas hoy se refieren a los problemas más acuciantes, debemos ser conscientes de que la situación evoluciona día a día. La Comisión colaborará estrechamente con el Parlamento Europeo, el Consejo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los Estados miembros para aplicar estas medidas con rapidez y está dispuesta a adoptar todas las iniciativas adicionales que sean necesarias. La Comisión también apoya una respuesta internacional para abordar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia a través del marco multilateral, prestando especial atención a los países socios con sistemas sanitarios vulnerables.



2.Consecuencias socioeconómicas

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una gran perturbación en la economía mundial y europea. Ya en la actualidad se ha producido un impacto negativo muy importante en la economía europea, al menos para la primera mitad de este año y posiblemente más allá, si las medidas de contención adoptadas no son eficaces 1 . El crecimiento del PIB real en 2020 podría situarse por debajo de cero o incluso ser claramente negativo como consecuencia de la COVID-19, por lo que una respuesta económica coordinada de las instituciones de la UE y de los Estados miembros es esencial para mitigar sus repercusiones económicas.

Esta perturbación afecta a la economía por diferentes vías:

·la sacudida provocada por la contracción inicial de China en el primer trimestre de 2020;

·la perturbación de la oferta registrada en las economías europea y mundial como consecuencia de las interrupciones de las cadenas de suministro y el absentismo laboral;

·la perturbación de la demanda registrada en las economías europea y mundial ocasionada por una menor demanda de los consumidores y el impacto negativo de la incertidumbre sobre los planes de inversión;

·y el impacto de las restricciones de liquidez para las empresas.

La perturbación será temporal, pero debemos trabajar juntos para garantizar que sea lo más breve y limitada posible, y que no cause daños permanentes a nuestras economías. De cara al futuro, lo negativas que sean las perspectivas dependerá de una serie de factores, como la falta de suministro de materiales esenciales, la eficacia de las medidas de contención, el tiempo de inactividad en la industria de la UE, las jornadas de trabajo perdidas en las empresas y las administraciones públicas, y los efectos sobre la demanda (por ejemplo, restricciones de la movilidad, cancelaciones de viajes).

Los Estados miembros deben estar alerta y utilizar todos los instrumentos de que dispongan a nivel nacional y de la Unión para evitar que la actual crisis provoque una pérdida de activos y tecnología esenciales. Entre ellos se incluyen los instrumentos de control de la seguridad nacional y otros relacionados con la seguridad. La Comisión orientará a los Estados miembros de cara a la aplicación del Reglamento sobre el control de las inversiones extranjeras directas.

A medida que la COVID-19 se propaga y afecta a amplios sectores de la población mundial y de los Estados miembros, los efectos económicos son sustanciales y aumentan día a día. Los efectos se perciben en toda la economía, en particular en aquellas situaciones de confinamiento que son necesarias para evitar la propagación de la pandemia. Las medidas adoptadas para contener el virus a nivel local y nacional podrían afectar tanto a la oferta como a la demanda. En particular, la demanda negativa es una consecuencia de las medidas para contener el virus que los gobiernos están obligados a adoptar y que afectan a la vida privada, laboral y social. En la actualidad, los sectores más afectados son el sanitario, el del turismo y el del transporte, en particular el aéreo.

La pandemia de la COVID-19 repercute en los mercados financieros mundiales. A finales de febrero, los mercados mundiales de valores y de otros activos de alto riesgo experimentaron fuertes caídas en un contexto de búsqueda de posiciones más seguras. Al mismo tiempo, el aumento de la demanda provocó un incremento de los precios de los activos seguros y los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (el «activo financiero seguro de último recurso») cayeron bruscamente. Los precios de las acciones se redujeron de forma generalizada a nivel mundial. Aumentaron los diferenciales de los bonos soberanos de los Estados miembros más vulnerables. Se incrementaron los rendimientos de los valores de renta fija privada de grado especulativo.

A la vista de las repercusiones macroeconómicas y financieras de la COVID-19, la respuesta en materia de política económica debe tomarse de forma audaz y coordinada con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:

·Contribuir a salvar vidas. Garantizar el gasto destinado a la adquisición de los suministros necesarios y las inversiones en la contención y el tratamiento de la pandemia.

·Garantizar que los trabajadores de Europa (incluidos los trabajadores por cuenta propia) estén protegidos contra las pérdidas de ingresos y que las empresas (especialmente las pymes) y los sectores más afectados cuenten con el apoyo y la liquidez financiera necesarios.

·Mitigar el impacto sobre la economía global con todos los instrumentos de que dispone la UE y un marco flexible para que la intervención de los Estados miembros pueda ser de la máxima utilidad.

3.Garantizar la solidaridad en el mercado único

3.1.Suministro de equipos médicos

El mercado único ocupa un lugar central en la Unión Europea. En época de crisis, el instrumento de solidaridad debe garantizar que los productos esenciales necesarios para mitigar los riesgos sanitarios puedan llegar a cuantos los necesitan. Al garantizar que estos productos estén disponibles en toda la UE, el mercado único contribuye a proteger nuestra salud. Las restricciones nacionales unilaterales a la libre circulación de suministros esenciales para los sistemas sanitarios crean barreras importantes y afectan de manera drástica a la capacidad de los Estados miembros de gestionar el brote de COVID-19.

Es fundamental que las medidas nacionales persigan el objetivo primordial de proteger la salud, en un espíritu de solidaridad y cooperación europeas. Algunos Estados miembros ya han adoptado o están preparando medidas nacionales que afectan a la exportación de equipos de protección individual tales como gafas de protección, mascarillas, guantes, monos y batas quirúrgicos y medicamentos. Estas medidas presentan el riesgo de impedir que los productos fundamentales lleguen a quienes más los necesitan: sobre todo, los trabajadores sanitarios, los equipos de intervención sobre el terreno y los pacientes de las zonas afectadas en toda Europa. Se produce un efecto dominó: los Estados miembros toman medidas para atenuar el impacto de las medidas adoptadas por otros Estados miembros.

En un corto periodo de tiempo, las restricciones se han ampliado a una gama cada vez más amplia de productos, empezando por los equipos de protección individual para pasar, más recientemente, a los medicamentos. Las restricciones a las exportaciones pasan por alto las cadenas integradas de suministro. Al bloquearse los insumos en determinados Estados miembros, se crean cuellos de botella en la producción de suministros esenciales. Esto perturba la logística y las cadenas de distribución, que dependen de depósitos centrales. Se crean incentivos al acopio de existencias en la cadena de suministro. En último término, se reintroducen fronteras interiores en el preciso momento en el que es más necesaria la solidaridad entre Estados miembros.

En el anexo 2 se ofrecen orientaciones a los Estados miembros sobre cómo establecer mecanismos de control adecuados para garantizar la seguridad del suministro en toda Europa 2 . Bajo determinadas y estrictas condiciones, el Tratado permite a los Estados miembros apartarse de las normas del mercado único. Toda medida nacional restrictiva adoptada en virtud del artículo 36 del TFUE para proteger la salud y la vida de las personas debe estar justificada, es decir, ser adecuada, necesaria y proporcionada para alcanzar esos objetivos, garantizando un suministro adecuado a las personas afectadas y evitando la aparición o agravamiento de escasez de productos considerados esenciales, tales como los equipos de protección individual, productos sanitarios o medicamentos. Cualquier medida nacional prevista que restrinja el acceso a equipos médicos y de protección debe notificarse a la Comisión, que a su vez deberá informar a los demás Estados miembros.

Las medidas hasta ahora notificadas a la Comisión se han evaluado para ver si garantizan que los productos esenciales lleguen a quienes más los necesitan. La Comisión da prioridad al tratamiento de estos casos y apoya a los Estados miembros a la hora de corregir cualquier medida de este tipo. Sí los Estados miembros no adaptan sus normas, la Comisión emprenderá acciones legales.

Algunas medidas nacionales impiden la exportación de suministros esenciales a terceros países con el objetivo último de mantener la viabilidad de los sistemas sanitarios de la UE. Si las exportaciones a terceros países ponen en riesgo la capacidad de respuesta de la UE al brote de COVID-19, la Comisión puede tomar medidas y establecer un sistema de autorizaciones para las exportaciones de determinados productos.

La Comisión está tomando todas las medidas necesarias para garantizar un suministro adecuado de equipos de protección en toda Europa. Dada la actual situación de escasez mundial, la Comisión ha puesto en marcha un procedimiento de licitación acelerado conjuntamente con 26 Estados miembros. Como red de seguridad adicional, la Comisión va a adoptar una medida en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE (rescEU) que permite a la Unión comprar estos equipos. Si los Estados miembros lo aprueban, podrían hacerse las primeras compras a principios de abril. Además, la Comisión ha presentado una Recomendación sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad y vigilancia del mercado en el contexto de la COVID-19. En particular, esto permitirá aumentar el suministro de determinados tipos de equipos, tales como mascarillas desechables.

Es de importancia fundamental actuar juntos para garantizar en la UE, de forma abierta y transparente, la seguridad de la producción, almacenamiento, disponibilidad y uso racional de los equipos de protección médica y los medicamentos. La Comisión se ha dirigido a los proveedores para evaluar las carencias y les ha pedido que incrementen de inmediato la producción. Asimismo, y conjuntamente con los Estados miembros y la Agencia Europea de Medicamentos, la Comisión ha creado un grupo director ejecutivo para supervisar posibles situaciones de escasez de medicamentos debidas a la COVID-19. Además, la Comisión supervisa la situación a través del Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios, centrándose, en particular, en la disponibilidad y rendimiento de diferentes dispositivos de diagnóstico y en la cooperación sobre los distintos enfoques nacionales en materia de pruebas de diagnóstico.

3.2. Transporte

El brote de COVID-19 también tiene gran impacto en nuestros sistemas de transporte. Las cadenas de suministro europeas están estrechamente vinculadas entre sí. Estos vínculos se mantienen gracias a una amplia red de servicios de transporte de mercancías. La interrupción de estos flujos de mercancías da lugar a graves perjuicios económicos.

La industria de la aviación internacional y europea ya se ha visto gravemente afectada por el brote. La situación se deteriora día a día. Se prevé que el tráfico disminuya aún más en las próximas semanas. Para contribuir a paliar el impacto del brote, la Comisión propone una legislación específica que exima temporalmente a las compañías aéreas de sus obligaciones según la normativa de la UE en cuanto a utilización de franjas horarias. Cuando entre en vigor, esta medida temporal permitirá a las compañías aéreas ajustar su capacidad habida cuenta de la disminución de la demanda provocada por el brote.

En el caso de las cadenas de suministro por transporte terrestre, se ven gravemente afectadas por la introducción de prohibiciones de entrada en las fronteras terrestres o por restricciones impuestas a los conductores que llegan a determinados Estados miembros. Esto afecta a todas las mercancías, pero, en particular, a los materiales de suministro crítico y los productos perecederos, y, dado que la gran mayoría de las empresas del sector son pymes, las consecuencias son inmediatas y graves. 

Sea cual sea el modo de transporte, la Comisión trabaja codo con codo con los Estados miembros para garantizar la continuidad económica y asegurar el flujo de mercancías y la cadena de suministro, posibilitar los desplazamientos esenciales y velar por el funcionamiento del mercado interior y la seguridad del transporte.

3.3.Turismo

La presión sobre el sector turístico de la UE no tiene precedentes. El sector afronta una reducción considerable de las llegadas internacionales (cancelaciones masivas y caída de las reservas, por ejemplo, de viajeros estadounidenses, chinos, japoneses y surcoreanos). También se ve afectada por la ralentización de los viajes dentro y fuera de la UE, en particular, debido a la creciente reticencia a viajar de los ciudadanos de la UE y a medidas preventivas de seguridad tanto nacionales como regionales. Esta disminución general del turismo y los viajes de negocios golpea en particular a las pymes del sector. La situación se agrava desde finales de febrero por la perturbación de los viajes tanto dentro de la UE como en territorio nacional (que representan el 87 % de las llegadas de turistas). Esto afecta en especial al sector de ferias y congresos: en el primer trimestre de 2020 se han cancelado o aplazado más de 220 eventos. Debido al brote de COVID-19 y a los esfuerzos por contener su propagación, también sufren una presión creciente otros sectores vinculados al turístico, como los de suministro de comidas y bebidas o actividades culturales y educativas.

La Comisión se mantiene en contacto con los Estados miembros, las autoridades internacionales y las principales asociaciones profesionales de la UE para seguir de cerca la situación y coordinar las medidas de apoyo.

4.Movilizar el presupuesto de la UE y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones

4.1.Medidas de liquidez: Apoyo a las empresas, los sectores y las regiones

Con el fin de facilitar una ayuda inmediata a las pymes más afectadas, el presupuesto de la UE hará uso de los instrumentos de los que ya dispone para apoyarlas con liquidez, como complemento de las medidas adoptadas a nivel nacional.

En las próximas semanas, se pondrán a disposición mil millones EUR del presupuesto de la UE como garantía del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), para apoyar la financiación de aproximadamente 8 000 millones EUR de capital circulante y ayudar al menos a 100 000 pymes y pequeñas empresas de mediana capitalización europeas 3 .

El apoyo se canalizará a través de los instrumentos existentes de los programas del FEI que apoyan la inversión. Los préstamos se reorientarán, dentro de los límites de la legislación aplicable, a préstamos de capital circulante con un plazo de vencimiento de al menos doce meses. En particular, se impulsarán las garantías de préstamos al amparo del Programa COSME —el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas—, así como las garantías InnovFin para las pymes en el marco del programa Horizonte 2020, con el fin de que los bancos ofrezcan acceso a financiación puente a microempresas, pymes y empresas de mediana capitalización. Estos instrumentos se reforzarán con 750 millones EUR a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) en las próximas semanas. Además, otra medida específica consistirá en que el FEIE proporcionará al FEI otros 250 millones EUR para extender rápidamente ayuda a las pymes en un esfuerzo concertado con los bancos e instituciones nacionales de fomento de la UE.

Además, al amparo de los mismos instrumentos, se aplicarán períodos de gracia a los créditos —lo que permitirá un aplazamiento del reembolso de los préstamos— para las empresas afectadas con el fin de aliviar las tensiones financieras a las que estarán sometidas. Se anima a los Estados miembros a aprovechar todas las posibilidades que ofrecen los instrumentos financieros existentes en el marco de los Fondos Estructurales para subvenir a las necesidades financieras y a maximizar el uso de los Fondos Estructurales a través de los nuevos instrumentos financieros, según sea conveniente. La Comisión está preparada para ayudar a los Estados miembros en este aspecto.

La Comisión, al mismo tiempo que seguirá trabajando estrechamente con el Grupo del BEI y con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, pedirá que las medidas inmediatas que adopten estas instituciones den prioridad a los sectores, los productos y los instrumentos que pueden proporcionar un apoyo más eficiente y con mayores efectos a las empresas afectadas, y solicitará su estrecha coordinación con otros socios para responder a la evolución de los acontecimientos.

Mantener la entrada de liquidez en la economía – el sector bancario

El sector bancario tiene un papel crucial que desempeñar en la respuesta a los efectos del brote de COVID-19, manteniendo el flujo de crédito a la economía. Si la afluencia de crédito bancario se limita gravemente, la actividad económica experimentará una drástica desaceleración, lo que dejará a las empresas en una difícil situación para pagar a sus proveedores y empleados. En los últimos años han mejorado sustancialmente los coeficientes de adecuación del capital de los bancos, que están menos endeudados y son menos dependientes de una financiación a corto plazo a veces volátil.

Los bancos deben tener liquidez suficiente para prestar a sus consumidores. La Comisión toma nota de las decisiones de política monetaria del BCE anunciadas el 12 de marzo de 2020.

Los bancos deben estar en condiciones de utilizar esta liquidez adicional para proporcionar nuevos créditos a las empresas y a los hogares según sea conveniente. La Comisión toma nota de las declaraciones del Mecanismo Único de Supervisión y de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en relación con las acciones para mitigar el impacto de la COVID-19 en el sector bancario de la UE realizadas el 12 de marzo e invita a las autoridades competentes a adoptar un enfoque coordinado y a especificar más detalladamente cuál es la mejor manera de aprovechar la flexibilidad que proporciona el marco de la UE. 

El marco de la UE permite que los gobiernos nacionales proporcionen —cuando proceda, en forma de garantías estatales— apoyo a los bancos, si ellos mismos están experimentando dificultades para acceder a liquidez. Aunque no hay indicios de que los bancos estén experimentando actualmente restricciones de liquidez, tal situación podría plantearse para algunos bancos si la crisis empeora significativamente. En tales circunstancias, esos bancos no podrían mantener su capacidad de prestar a la economía.

La ayuda concedida por los Estados miembros a los bancos de conformidad con el artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE para compensar por los daños directos sufridos como resultado del brote de COVID-19 (véase una explicación más completa más arriba) no tiene el objetivo de preservar o restablecer la viabilidad, la liquidez o la solvencia de instituciones o entidades. En consecuencia, la ayuda no se consideraría apoyo financiero público extraordinario.



4.2.Aliviar las repercusiones sobre el empleo

Hacen falta medidas específicas para aliviar las repercusiones sobre el empleo, tanto a nivel individual como para los sectores más duramente afectados, cuando se interrumpa la producción o caigan las ventas. Tenemos que proteger a los trabajadores del desempleo y de la pérdida de ingresos siempre que sea posible, pues ellos no deben convertirse en víctimas de este brote. Los regímenes de reducción de jornada han demostrado su eficacia en algunos Estados miembros, al permitir una reducción temporal de los horarios de trabajo manteniendo al mismo tiempo los ingresos de los trabajadores. Diecisiete Estados miembros aplican actualmente alguna forma de regímenes de este tipo. Podría ser útil extenderlos a toda la UE. Además, se pueden adoptar prórrogas temporales de las prestaciones por enfermedad o modificaciones de los sistemas de prestaciones por desempleo como apoyo a la renta de los hogares. La promoción del teletrabajo también podría amortiguar el impacto.

La UE está preparada para apoyar a los Estados miembros en todo lo que sea posible con el fin de aliviar las repercusiones para los trabajadores. Ya les ayuda a prevenir el desempleo y a hacerle frente, por ejemplo a través de los Fondos Estructurales de la UE, incluido el Fondo Social Europeo, y de la nueva Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus, como se expone más abajo.

Además, la Comisión acelerará la preparación de su propuesta legislativa relativa a un régimen europeo de reaseguro de desempleo. Esta iniciativa tratará de apoyar a las personas que trabajan y de proteger a quienes hayan perdido su empleo en caso de grandes perturbaciones, así como de reducir la presión sobre las financias públicas nacionales, fortaleciendo así la dimensión social de Europa e incrementando su cohesión. El régimen estaría orientado, en particular, a apoyar las políticas nacionales encaminadas a preservar los empleos y las capacidades, por ejemplo mediante regímenes de reducción de jornada o facilitando la transición de las personas desempleadas de un empleo a otro.

4.3.La Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus

Con la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus que ha presentado hoy, la Comisión propone orientar 37 000 millones EUR de las políticas de cohesión al brote de COVID-19 e implementarlos en su totalidad en 2020 con arreglo a procedimientos excepcionales y acelerados.

Para ello, la Comisión propone renunciar este año a su obligación de solicitar el reembolso de la prefinanciación no gastada correspondiente a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos que actualmente obra en poder de los Estados miembros. Esto representa unos 8 000 millones EUR del presupuesto de la UE que los Estados miembros podrán utilizar para complementar los 29 000 millones EUR de financiación estructural de toda la UE. Esto supondrá un incremento efectivo de la cuantía de la inversión en 2020.

Además, hasta 28 000 millones EUR de Fondos Estructurales aún no asignados de las dotaciones nacionales existentes, e incluidas las contribuciones nacionales, deben estar completamente disponibles para luchar contra la crisis, lo que proporcionará a los Estados miembros las fuentes de financiación necesarias.

La Comisión creará un grupo operativo al más alto nivel para colaborar con los Estados miembros de manera que puedan tomarse medidas con arreglo a estos parámetros en un plazo de semanas.

Un elemento clave de la propuesta es que dispone que todos los gastos potenciales relacionados con la lucha contra el brote de COVID-19 puedan beneficiarse desde el 1 de febrero de 2020 de financiación con cargo a los Fondos Estructurales, a fin de que los Estados miembros puedan gastar lo más rápidamente posible los recursos necesarios para luchar contra el brote. Además, la Comisión propone también hacer que sea posible mover cantidades significativas de fondos dentro de los programas de una manera simplificada. Estas medidas deberían permitir a los Estados miembros reordenar sus prioridades y dirigir la ayuda en las próximas semanas a donde sea más necesario, en particular a lo siguiente:

·Prestar apoyo a los sistemas sanitarios, por ejemplo mediante la financiación de equipos sanitarios y medicamentos e instalaciones para la realización de pruebas y de tratamiento, la prevención de enfermedades, la sanidad electrónica, el suministro de equipos de protección y de dispositivos médicos, la adaptación del entorno de trabajo en el sector de la asistencia sanitaria y la adopción de medidas para asegurar el acceso a la asistencia sanitaria de los grupos vulnerables;

·Proporcionar liquidez a las empresas para hacer frente a las perturbaciones financieras a corto plazo vinculadas a la crisis del coronavirus, por ejemplo mediante el refuerzo del capital circulante de las pymes para paliar las pérdidas ocasionadas por la crisis, prestando especial atención a los sectores más duramente afectados;

·Apoyar de manera temporal regímenes nacionales de reducción de la jornada laboral que ayuden a amortiguar el impacto de las perturbaciones, junto con medidas de perfeccionamiento y reciclaje de las capacidades.

Si se considera necesario introducir modificaciones en el programa, la Comisión colaborará estrechamente con las autoridades nacionales y regionales para simplificar y acelerar los procedimientos correspondientes teniendo en cuenta la repercusión de la crisis del coronavirus en la capacidad administrativa de los Estados miembros.

La maximización de los efectos de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus dependerá de que los Estados miembros apliquen con celeridad estas medidas y de que los colegisladores reaccionen con rapidez. Ante estas circunstancias sin precedentes, la Comisión pide al Consejo y al Parlamento Europeo que aprueben sin demora la presente propuesta de la Comisión.

En paralelo, la Comisión se pondrá inmediatamente en contacto con los Estados miembros más afectados para empezar a preparar la aplicación de la Iniciativa. La Comisión también apoyará a los Estados miembros para que hagan el mejor uso de la flexibilidad que ya existe en los programas de la UE. Se invita a los Estados miembros a que designen a un alto cargo ministerial y un alto funcionario como coordinadores al efecto.

Además, como parte de esta iniciativa, la Comisión propone ampliar el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad de la UE incluyendo en él las crisis de salud pública. Hay hasta 800 millones EUR disponibles en 2020. 

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización podría movilizarse también para apoyar a los trabajadores despedidos y a los autónomos. Hay hasta 179 millones EUR disponibles en 2020.



5.Ayudas estatales

Dado el tamaño limitado del presupuesto de la UE, la principal respuesta presupuestaria al coronavirus vendrá de los presupuestos nacionales de los Estados miembros. Las normas sobre ayudas estatales de la UE permiten a los Estados miembros adoptar medidas rápidas y eficaces de apoyo a ciudadanos y empresas, en especial las pymes, que se enfrentan a problemas económicos a causa del brote de COVID-19. Al mismo tiempo, garantizan que la ayuda estatal sea efectiva para llegar a aquellas empresas que lo necesitan y se eviten las perniciosas competiciones por las subvenciones, en las que los Estados miembros con más dinero pueden gastar más que sus vecinos, en detrimento de la cohesión dentro de la UE.

Los Estados miembros pueden diseñar amplias medidas de apoyo acordes con las normas sobre ayudas estatales existentes 4 :

·En primer lugar, los Estados miembros pueden decidir adoptar medidas para todas las empresas, por ejemplo, subsidios salariales y suspensión del pago del impuesto de sociedades y del IVA o de las cotizaciones sociales. Estas medidas alivian la presión financiera sobre las empresas de forma directa y eficaz. Son medidas que no entran en el ámbito del control de las ayudas estatales y pueden ser implantadas por los Estados miembros inmediatamente, sin contar con la Comisión.

·En segundo lugar, los Estados miembros pueden conceder apoyo financiero directamente a los consumidores, por ejemplo, por servicios o billetes cancelados que no son reembolsados por los operadores correspondientes. Estas medidas tampoco entran en el ámbito del control de las ayudas estatales y pueden ser implantadas por los Estados miembros inmediatamente, sin contar con la Comisión.

·En tercer lugar, las normas sobre ayudas estatales sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE permiten a los Estados miembros, con la aprobación de la Comisión, responder a necesidades agudas de liquidez y apoyar a empresas amenazadas de quiebra por el brote de COVID-19.

·En cuarto lugar, el artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE permite a los Estados miembros, con la aprobación de la Comisión, compensar a las empresas por el daño sufrido en circunstancias excepcionales, como son las causadas por el brote de COVID-19. Esto incluye medidas para compensar a las empresas en sectores que se han visto particularmente afectados (por ejemplo, el transporte, el turismo y la hostelería) y medidas para compensar a los organizadores de actos cancelados por los daños ocasionados por este brote.

·En quinto lugar, todo esto puede completarse con una serie de medidas adicionales, como las adoptadas en virtud del Reglamento de minimis 5 y el Reglamento General de Exención por Categorías 6 , que también pueden ser implantadas por los Estados miembros inmediatamente, sin contar con la Comisión.

Actualmente, el impacto del brote de COVID-19 en Italia es de tal naturaleza y magnitud que permite acogerse al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE. Esto permite a la Comisión aprobar medidas adicionales de apoyo nacional para poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, como la Comisión considera que es la actual situación en Italia. Para llegar a esta conclusión, la Comisión ha tenido en cuenta una serie de indicadores, entre otros, aunque no solo, la contracción del PIB prevista, las estrictas medidas públicas impuestas, entre ellas, la prohibición de actos, el cierre de escuelas, las restricciones a la circulación, la presión sobre el sistema de salud pública, así como las cancelaciones de vuelos y restricciones de desplazamientos impuestas por otros países.

La evaluación de la Comisión en relación con la posibilidad de que otros Estados miembros puedan acogerse al artículo 107, apartado 3, letra b), adoptará un planteamiento similar al del impacto del brote de COVID-19 en sus economías respectivas. Esta situación es dinámica y cambiante. La Comisión supervisa continuamente la situación en la UE, en estrecho contacto con los Estados miembros. Por último, la Comisión está preparando un marco jurídico especial con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE para ser adoptado en caso necesario. Esto ya se hizo anteriormente en un caso excepcional, durante la crisis financiera de 2008, cuando la Comisión adoptó un marco temporal en 2009 7 .

La Comisión ha implantado todos los mecanismos procedimentales necesarios para poder adoptar decisiones con celeridad. Si es necesario, las decisiones se toman en un plazo de días tras la recepción de una notificación de ayuda estatal por parte de los Estados miembros. La Comisión ha creado un buzón y un número de teléfono especial para asistir a los Estados miembros con cualquier consulta que tengan. Para acelerar la acción de los Estados miembros, la Comisión está dispuesta a facilitar modelos basados en decisiones anteriores sobre las posibilidades que figuran a continuación para conceder ayudas a las empresas acordes con las normas sobre ayudas estatales existentes de la UE.

6.Utilizar toda la flexibilidad del marco fiscal europeo

Las medidas de apoyo fiscal específicas deben implantarse en consonancia con los principios expuestos en la sección 5 para contrarrestar las consecuencias socioeconómicas negativas inmediatas del brote del virus. Esto incluye el apoyo a empresas en sectores y zonas específicos que se enfrentan a perturbaciones de la producción o las ventas y, por tanto, están afectadas por una crisis de liquidez, en especial las pymes. Algunas medidas que se podrían adoptar:

·Medidas fiscales para empresas de regiones y sectores afectados (por ejemplo, pago aplazado del impuesto de sociedades, las cotizaciones a la seguridad social y el IVA; anticipo de pagos y atrasos del gobierno; rebajas fiscales; apoyo económico directo).

·Garantías a los bancos para que ayuden a las empresas con capital de explotación y garantías a la exportación, posiblemente completadas con medidas de supervisión.

Estas medidas fiscales, así como las necesarias para proteger a los trabajadores por la pérdida de ingresos, son urgentes para apoyar la actividad económica y deben utilizarse para mitigar la ralentización de la economía. Una respuesta fiscal bien coordinada debe ir destinada a contrarrestar los efectos de la pérdida de confianza, con los consiguientes efectos sobre la demanda. Actuar con decisión ahora contribuirá a maximizar el impacto de nuestras actuaciones y su efecto posterior.

La Comisión propondrá al Consejo que aplique toda la flexibilidad posible dentro del marco fiscal de la UE con el fin de ayudar a los Estados miembros a responder al brote de COVID-19 y atajar sus consecuencias.

·Al evaluar el cumplimiento de las normas fiscales de la UE, la Comisión propondrá al Consejo que excluya el efecto presupuestario de las medidas fiscales puntuales adoptadas para contrarrestar los efectos económicos de la COVID-19. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento puede dar cabida a gastos excepcionales específicos. Medidas de apoyo, como las que se necesitan urgentemente para: i) contener y tratar la pandemia; ii) garantizar apoyo de liquidez a empresas y sectores; y iii) proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores afectados, pueden considerarse gasto presupuestario puntual.

·La Comisión considera que la flexibilidad para hacer frente a «circunstancias inusuales fuera del control del gobierno» se aplican en la actual situación. Cuando una circunstancia inusual fuera del control de un gobierno tiene un impacto importante sobre la posición fiscal de un Estado miembro, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento prevé que se pueda permitir a los Estados miembros apartarse temporalmente de los ajustes presupuestarios necesarios. Por consiguiente, esta cláusula también puede dar cabida al gasto excepcional para contener el brote de COVID-19. En particular, la cláusula puede aplicarse al gasto en atención sanitaria y medidas específicas de compensación para empresas y trabajadores, siempre y cuando sean temporales y estén relacionadas con el brote. La Comisión seguirá este planteamiento a la hora de hacer propuestas y recomendaciones al Consejo.

·La Comisión propondrá al Consejo que las instituciones de la Unión ajusten los esfuerzos presupuestarios exigidos a los Estados miembros en consonancia con las normas presupuestarias de la UE. Esto permitiría tomar en cuenta situaciones específicas de un país en caso de crecimiento negativo o de disminución pronunciada de la actividad.

·La Comisión está dispuesta a proponer al Consejo que las instituciones de la Unión activen la cláusula general de excepción para dar cabida a un apoyo de política presupuestaria más general. Esta cláusula suspendería, en cooperación con el Consejo, el ajuste presupuestario recomendado por este en caso de una recesión económica grave para la zona del euro o para la UE en su conjunto.

7.Conclusión

Contrarrestar los efectos socioeconómicos del brote de COVID-19 exige medidas valientes, tomadas de manera oportuna y de forma coordinada con todos los responsables de tomar decisiones en la UE. Para ello, es capital aplicar con rapidez las acciones expuestas en la presente Comunicación. La Comisión seguirá de cerca la evolución de la situación y está preparada para tomar todas las iniciativas que sean necesarias.

Las medidas anunciadas abordan la situación tal como se presenta a día de hoy.

Tenemos que ser conscientes de que la situación evoluciona de día en día. No se puede descartar que las perspectivas económicas sigan empeorando.

La Unión se ha dotado de instrumentos audaces desde la última crisis financiera para apoyar a los Estados miembros y garantizar la estabilidad de los mercados financieros. Hemos aprendido la lección de estos años pasados y vamos a actuar, recurriendo a todos los instrumentos a nuestro alcance. La Unión tiene que hacer lo que sea menester para minimizar el impacto de la COVID-19 y de las correspondientes medidas de contención para nuestros ciudadanos, nuestras empresas y nuestras economías. Como parte de nuestra respuesta coordinada y decidida, habrá medidas nacionales que excedan lo anunciado en la Comunicación, actuando en común y aprovechando al máximo los instrumentos de la UE con un espíritu de solidaridad.

(1)

Véase el anexo 1.

(2)

Véase el anexo 2.

(3)

La ayuda procederá de las fuentes que se mencionan a continuación y se utilizará de la siguiente manera:

-500 millones EUR de la Garantía del FEIE de la UE se asignarán a garantías de préstamos del programa COSME; estarán disponibles en las próximas semanas;

-100 millones EUR de la Garantía del FEIE de la UE se asignarán a garantías InnovFin para las pymes, estarán disponibles en las próximas semanas;

-250 millones EUR que ya están disponibles en el marco del eje de actuación «Infraestructura e innovación» del FEIE se reorientarán a apoyar instrumentos para las pymes, siempre que sea posible de manera concertada con los bancos e instituciones nacionales de fomento de la UE; 150 millones EUR se reasignarán, dentro de la línea de actuación del FEIE para las pymes, de instrumentos que apoyan intervenciones específicas a más largo plazo a acciones a más corto plazo con un efecto más inmediato.

(4)

En el anexo 3 se dan detalles sobre los diferentes tipos de instrumentos.

(5)

En virtud del Reglamento de minimis (Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis), las subvenciones de hasta 200 000 EUR durante un período de tres años no constituyen ayuda estatal. En el sector del transporte de mercancías por carretera, el umbral es de 100 000 EUR durante un período de tres años. En agricultura y pesca, el umbral es de 25 000 EUR y 30 000 EUR, respectivamente.

(6)

Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014

(7)

Marco temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera, versión inicial DO C 16 de 22.1.2009, p.1.

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Bruselas, 13.3.2020

COM(2020) 112 final

ANEXOS

de la

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Y AL EUROGRUPO

Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19


ANEXO I: LA INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA PANDEMIA DE COVID-19

En sus previsiones económicas provisionales de invierno, publicadas el 13 de febrero de 2020, la Comisión Europea previó un crecimiento débil del PIB en la UE y en la zona del euro, del 1,4 % y el 1,2 % en 2020 y 2021, respectivamente. Habida cuenta de lo muy limitado de los datos con que se contaba en ese momento, esta previsión incorporaba una pequeña perturbación transitoria basada en el supuesto de que la pandemia se limitaría a China y alcanzaría su punto álgido en el primer trimestre de 2020, generando unos efectos indirectos globales muy limitados. Sin embargo, en las previsiones se señalaba la propagación del virus como un importante riesgo a la baja para las economías mundial y europea.

El COVID-19 es ahora una pandemia y los servicios de la Comisión han preparado nuevas estimaciones de su impacto económico potencial. Se trata de escenarios estilizados —y no de previsiones— elaborados empleando supuestos actualizados y técnicas de modelización. Cabe resaltar que sigue habiendo mucha incertidumbre en torno al calado que tendrá la incidencia económica de la crisis, que depende, entre otras cosas, de la propagación de la pandemia y de la capacidad de las autoridades públicas de actuar con premura para refrenar las repercusiones sanitarias y económicas de la crisis.

El escenario de base se fundamenta en dos supuestos:

1) Se asume que, al tratarse de una pandemia, el COVID-19 tendrá la misma mortalidad y morbilidad en toda Europa que en el resto del mundo, según las estimaciones disponibles más recientes. Esto es importante: si bien el ritmo de propagación del virus es desigual en los Estados miembros —con Italia como país más afectado por el momento—, se asume que, con el tiempo, todos los Estados miembros se verán afectados en la misma medida.

2) En vista de las actuales tendencias epidemiológicas en los Estados miembros, se asume que las restricciones necesarias, que afectarán a la oferta y la demanda de trabajo en algunos sectores (viajes, comercio minorista, etc.), tendrán una mayor incidencia que la observada en China.

El análisis distingue entre una serie de canales de transmisión a través de los cuales el COVID-19 afectará a la economía europea. Entre ellos figuran: i) la perturbación resultante de la contracción inicial en China durante el primer trimestre de 2020; ii) la perturbación de la oferta en las economías europea y mundial resultante de la disrupción de las cadenas de suministro y de las ausencias en el lugar de trabajo; iii) la perturbación de la demanda en las economías europea y mundial causada por el descenso en la demanda de los consumidores y el impacto negativo de la incertidumbre en los planes de inversión; iv) los efectos de las limitaciones de liquidez para las empresas. 

Se estima que la crisis del COVID-19 tendrá una incidencia económica negativa muy importante en la UE y en la zona del euro. Se estima que la incidencia directa a través de todos los canales reducirá el crecimiento real del PIB en 2020 en 2,5 puntos porcentuales con respecto a una situación sin pandemia. Dado que se preveía un crecimiento real del PIB del 1,4 % en la UE en 2020, esto implicaría que el PIB podría disminuir hasta en un -1 % en 2020, con una recuperación importante pero no completa en 2021.

Sin embargo, algunos de los efectos directos en 2020 pueden compensarse tomando medidas oportunas y efectivas que podrían mitigar la incidencia negativa en el PIB real. Las instituciones de la UE y de los Estados miembros están poniendo en marcha políticas para mitigar el impacto económico de la crisis. Las medidas políticas no podrán proteger a la UE de los efectos negativos de la crisis procedentes de China, y solo podrán hacerlo de forma muy limitada —si es que lo hacen— de la perturbación de la oferta de trabajo. No obstante, pueden desempeñar un papel importante a la hora de compensar las repercusiones negativas del descenso de la demanda por parte de los consumidores y de las empresas con problemas de liquidez. Estos dos canales, combinados, representan algo más más de la mitad del impacto estimado potencial sobre el crecimiento, con lo que existe un margen importante para mitigar la incidencia económica. En resumidas cuentas: según el escenario de base, el crecimiento real del PIB en 2020 será de cero o, incluso, considerablemente negativo como resultado del COVID-19. Una respuesta coordinada de las instituciones de la UE y de los Estados miembros será decisiva para la mitigación de las repercusiones económicas. 

No cabe excluir escenarios más adversos vinculados a una incidencia más seria de la pandemia.

Gráfico 1. Incidencia estimada de la pandemia de COVID-19 en la economía de la UE: escenario en 2020

Fuente: Comisión



ANEXO 2- MEDIDAS NACIONALES EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS SANITARIOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1.CONTEXTO Y NECESIDAD DE UN ENFOQUE COMÚN

La crisis del virus COVID-19 constituye una emergencia sanitaria que no tiene precedentes. Supone una amenaza grave a nivel mundial, con una fuerte incidencia en Europa.

A los Estados miembros de la UE incumbe la responsabilidad principal de adoptar las medidas sanitarias adecuadas en el contexto de la actual crisis. Resulta esencial que todas las medidas nacionales, en cumplimiento de la normativa de la UE, persigan el objetivo primordial de proteger la salud y la vida de las personas. Las normas del mercado interior proporcionan apoyo a los Estados miembros a este respecto, ya que propician la eficiencia, las sinergias y la solidaridad europea.

El mercado único de equipos médicos y de protección individual está sólidamente integrado, al igual que sus cadenas de valor y redes de distribución. Entre los productos esenciales cabe citar las gafas de protección, las mascarillas, los guantes y las batas y pijamas quirúrgicos 1 . Por lo tanto, una buena organización de todo el mercado en lo tocante al suministro de productos críticos es la única forma de prevenir situaciones de escasez para quienes más los necesitan, a saber, los sistemas públicos de asistencia sanitaria y, en particular, los profesionales sanitarios, los equipos de intervención sobre el terreno y los pacientes.

En consecuencia, es preciso aportar una respuesta a nivel europeo. Todos los Jefes de Estado y de Gobierno europeos se han comprometido a ello y, en las conclusiones del Presidente del Consejo Europeo tras la videoconferencia celebrada el 10 de marzo de 2020, han confiado a la Comisión Europea la tarea de centralizar el análisis de las necesidades y proponer iniciativas para evitar que se produzcan carestías. Se debe garantizar que el mercado interior funcione adecuadamente y se soslayen obstáculos que no estén justificados, especialmente en el caso de las mascarillas y los respiradores.

En este espíritu, la Comisión ya ha organizado un procedimiento de licitación de equipos de protección individual para veinte Estados miembros en el marco del Acuerdo de adquisición conjunta puesto en marcha el 28 de febrero de 2020 y, en función de la disponibilidad en el mercado y la información facilitada por los Estados miembros, podría llevar a cabo nuevos procedimientos de adquisición conjunta.

En segundo lugar, la Comisión, junto con los Estados miembros y la Agencia Europea de Medicamentos, ha creado un grupo director encargado de vigilar las posibles carestías de medicamentos en relación con el COVID-19. La Comisión también está realizando un seguimiento de la situación en el contexto del Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios (MDCG) y de sus subgrupos, en lo relativo, por ejemplo, a la disponibilidad y eficacia de los distintos dispositivos de diagnóstico y a la cooperación que puede establecerse entre los diferentes enfoques nacionales en materia de pruebas diagnósticas. Por último, también se están manteniendo contactos con las principales organizaciones profesionales de fabricantes y con otros agentes económicos, pacientes, usuarios, etc.

En tercer lugar, la Comisión está analizando las necesidades y las capacidades de producción que se requieren en Europa, a efectos de asegurarse de que los equipos de protección y los medicamentos estén disponibles allí donde más se necesiten. En esta perspectiva, está prestando apoyo a la industria en los esfuerzos que lleva a cabo para poder responder a esta situación excepcional.

En cuarto lugar, cabe señalar que puede resultar necesario adoptar medidas para garantizar que, de producirse situaciones de escasez, los equipos médicos y de protección individual se reserven en el mercado y se hagan llegar a quienes más los precisen. A tal efecto, es posible que se requieran medidas nacionales. Toda medida nacional prevista que restrinja el acceso a los equipos médicos y de protección debe ser comunicada a la Comisión, que informará de ello a los demás Estados miembros para que puedan manifestarse al respecto. La Comisión establecerá un grupo operativo conjunto a fin de posibilitar una respuesta coordinada. También seguirá proporcionando toda la coordinación que resulte precisa para facilitar el intercambio de información, identificar todas las sinergias necesarias y contribuir a una aplicación efectiva y coherente de las medidas nacionales. Cualquier medida nacional de carácter restrictivo no podrá impedir ni disuadir de participar en procedimientos de adquisición conjunta a nivel de la UE a las empresas establecidas en el territorio nacional.

Algunos Estados miembros ya han adoptado, o están elaborando, medidas nacionales que afectan a la disponibilidad de productos esenciales. Si no están adecuadamente concebidas, se corre el peligro de que tales medidas exacerben los problemas, en lugar de mitigarlos, especialmente si con ellas se limita el abastecimiento transfronterizo de los productos en cuestión, en lugar de facilitar que tales productos se proporcionen a quienes más lo necesiten, tanto en el territorio nacional como en el resto de Europa, evitando el acaparamiento, las compras motivadas por el miedo y el desperdicio debido a una utilización no prioritaria o incluso contraproducente dentro del Estado miembro de que se trate. Es probable que estos efectos negativos se agudicen todavía más en caso de imposición de restricciones por parte de los Estados miembros que son líderes u ocupan una posición central de mercado en el ámbito de la producción, importación y distribución de equipos de protección individual y de productos sanitarios. Las recientes decisiones por las que algunos Estados miembros han prohibido o restringido drásticamente las exportaciones –que, en un caso, afectan a 1 324 productos, incluidos el paracetamol y productos sanitarios– contribuyen al riesgo de que se produzcan desabastecimientos en otros Estados miembros, poniendo en peligro la salud de las personas que viven en Europa, y deben ser rectificadas con urgencia.

La Comisión recapitula a continuación las disposiciones legales pertinentes y los objetivos comunes que deben perseguir todas las medidas nacionales, de manera que no solo se ajusten a la legalidad, sino que ante todo contribuyan a respaldar al conjunto de los Estados miembros en la intensa labor que llevan a cabo para mitigar los riesgos y los efectos de la crisis del virus COVID-19.

2.MARCO JURÍDICO Y MEDIDAS NACIONALES RESTRICTIVAS

El artículo 35 del TFUE prohíbe las restricciones nacionales a las exportaciones. Los Estados miembros pueden adoptar medidas que estén justificadas con vistas a la «protección de la salud y vida de las personas», de conformidad con su artículo 36. Estas medidas individuales deben ajustarse al principio de proporcionalidad, es decir, deben ser adecuadas, necesarias y proporcionadas para alcanzar su objetivo, garantizando un adecuado suministro a las personas con mayores necesidades e impidiendo que se produzcan (o se agraven) situaciones de escasez de artículos que se consideran esenciales –como los equipos de protección individual, los productos sanitarios o los medicamentos– en toda la UE. En particular, esto significa lo siguiente:

1.Una simple prohibición de exportación no cumple por sí sola el requisito legal de proporcionalidad. Una medida de este tipo no garantiza por sí misma que los productos vayan a llegar a las personas que más los necesitan. En consecuencia, no sería apropiada para lograr el objetivo de proteger la salud de las personas que viven en Europa. Una prohibición de exportación no impediría, por ejemplo, el acaparamiento o la compra de artículos por parte de personas cuyas necesidades objetivas de tales artículos son escasas o nulas y no garantizaría el suministro de los productos esenciales a quienes más los necesitan, es decir, las personas infectadas o el personal y los establecimientos sanitarios.

2.Las medidas sin un ámbito claramente definido y circunscrito a necesidades reales y sin una justificación sólida y/o una duración limitada pueden incrementar el riesgo de escasez y, por lo tanto, es muy probable que sean desproporcionadas.

3.Las medidas de regulación de los mercados afectados a través de mecanismos apropiados para suministrar los productos donde más se necesiten, tanto dentro de los Estados miembros como a compradores cualificados de otros Estados miembros, pueden contribuir de forma positiva al enfoque general coordinado a nivel europeo para ayudar a salvar vidas.

4.La regulación de precios puede resultar útil para poner coto a las fuertes alzas y a los precios abusivos, siempre que las normas al respecto se apliquen por igual a todos los operadores pertinentes, sin discriminación por motivos de nacionalidad o lugar de establecimiento, y vayan acompañadas de otras disposiciones adecuadas para que los productos lleguen a quienes más los necesiten.



ANEXO 3 — AYUDAS ESTATALES

Ayudas a empresas que se enfrentan a necesidades de liquidez acuciantes o a la quiebra a causa del brote de COVID-19

Con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, es decir, las Directrices de salvamento y de reestructuración de la Comisión basadas en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, los Estados miembros pueden conceder ayuda urgente y temporal en forma de préstamos o de garantías de préstamos a empresas de cualquier tipo que se encuentren en crisis. Tales ayudas cubrirían las necesidades operativas previstas de las empresas durante un período de seis meses.

Además, las empresas que no están (aún) en crisis también pueden recibir este apoyo si se enfrentan a necesidades de liquidez acuciantes debido a circunstancias excepcionales e imprevistas, como el brote de COVID-19, de conformidad con las condiciones pertinentes, en particular en lo que se refiere al nivel de remuneración que el beneficiario debe pagar por la garantía o el préstamo estatal.

Por norma general, las empresas que ya han recibido este apoyo en los últimos diez años no pueden optar a nuevas ayudas a fin de evitar que las empresas inviables desde el punto de vista económico continúen en el mercado de forma artificial (principio de «ayuda única»). No obstante, tras una notificación individual, la Comisión está dispuesta a admitir excepciones a esta regla en circunstancias excepcionales e imprevisibles como el brote de COVID-19.

Además, las Directrices de salvamento y de reestructuración permiten a los Estados miembros poner en marcha regímenes de ayuda específicos para las pymes y las empresas estatales de menor tamaño, en particular para cubrir sus necesidades de liquidez acuciantes por un período de hasta dieciocho meses. Por ejemplo, en febrero de 2019, la Comisión aprobó un régimen de ayudas en Irlanda por valor de 400 millones EUR 2 para cubrir las necesidades acuciantes de liquidez y las necesidades de reestructuración y rescate de las pymes como medida de preparación para el Brexit. Recientemente, las autoridades irlandesas han adaptado esta medida para ayudar a las empresas a hacer frente al brote de COVID-19. También existen regímenes similares de ayudas en otros Estados miembros, especialmente en Finlandia, Francia, Alemania, Polonia y Eslovenia, y en algunas regiones de Austria, Bélgica y España. La Comisión está preparada para ayudar a otros Estados miembros a poner en marcha con rapidez regímenes similares, si fuera necesario. Si los Estados miembros desean aumentar el presupuesto de los regímenes aprobados en vista del brote de COVID-19, en el caso de los incrementos inferiores al 20 % de un presupuesto no es necesario que los notifiquen y pueden hacerlo directamente, sin la intervención de la Comisión. Las notificaciones de incrementos presupuestarios superiores al 20 % podrán acogerse a un procedimiento simplificado de evaluación.

Ayudas destinadas a compensar a las empresas por los daños y perjuicios ocasionados por el brote de COVID-19

El artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE permite a la Comisión autorizar ayudas estatales por parte de los Estados miembros con objeto de reparar los perjuicios directamente causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.

Para que un acontecimiento pueda calificarse de acontecimiento de carácter excepcional debe: i) ser imprevisible o difícil de prever; ii) tener una escala significativa o una repercusión significativa desde el punto de vista económico; y iii) ser extraordinario, es decir, diferir claramente de las condiciones normales de funcionamiento del mercado. La Comisión considera que el brote de COVID-19 puede calificarse de acontecimiento de carácter excepcional en la UE.

Las medidas derivadas del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE pueden estar orientadas a ayudar a sectores específicos, en forma de regímenes, o a empresas concretas. Por lo tanto, esta posibilidad puede ser útil para que los Estados miembros diseñen regímenes destinados a todos los tipos de empresas en los sectores que se han visto especialmente afectados (por ejemplo, la aviación, el turismo y la hostelería) o para que concedan ayudas específicas a empresas concretas.

Los Estados miembros pueden basarse en la experiencia y los casos anteriores para diseñar dichos regímenes. Por ejemplo, en el contexto de los atentados del 11-S, la Comisión aprobó regímenes de ayudas en Francia y Alemania en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE con objeto de cubrir las pérdidas de explotación de las compañías aéreas en el período comprendido entre el 11 y el 14 de septiembre de 2001, vinculadas al cierre del espacio aéreo como consecuencia de los atentados 3 . Asimismo, en el contexto de la erupción del volcán islandés y la nube de polvo de abril de 2010, la Comisión aprobó un régimen de ayudas en Eslovenia para cubrir el 60 % de las pérdidas económicas de las compañías aéreas y los aeropuertos (en comparación con una situación en la que no se hubiese producido el desastre) en el período posterior al desastre, hasta que las empresas pudieran volver a funcionar normalmente 4 .

El artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE también permite a los Estados miembros compensar a los organizadores de eventos, en caso de que eventos como conciertos, festivales, torneos deportivos, ferias culturales o comerciales se cancelen como consecuencia directa de un acontecimiento excepcional en su territorio. El 10 de marzo de 2020, la Comisión recibió una notificación de Dinamarca (la primera y, hasta la fecha, única notificación de ayuda estatal relacionada con el brote de COVID-19) relativa a un régimen destinado a compensar a los organizadores de eventos con más de 1 000 participantes que tuvieron que ser cancelados a causa del brote de COVID-19. La Comisión adoptó la decisión de aprobar esta medida en un plazo de 24 horas desde la recepción de la notificación de Dinamarca. La Comisión está preparada para prestar asistencia sobre la base de este modelo a otros Estados miembros que deseen aplicar medidas similares.

En todas las medidas adoptadas en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE, debe existir un nexo causal directo entre la ayuda concedida y los perjuicios resultantes del acontecimiento de carácter excepcional para cada beneficiario, y toda ayuda deberá limitarse a lo necesario para reparar los perjuicios. En este contexto, la Comisión está dispuesta a trabajar con los Estados miembros a fin de encontrar soluciones viables, incluido, por ejemplo, el uso de indicadores sustitutivos para determinar las pérdidas económicas, en consonancia con las normas de la UE.

(1)

Todo este material es importante no solo para protegerse del COVID-19, sino también en otros muchos ámbitos en que los profesionales sanitarios dispensan tratamientos médicos (servicios de urgencias, enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas, servicios de oncología, operaciones quirúrgicas, cuidados a pacientes, etc.), así como para los profesionales y usuarios en el contexto de otras actividades industriales y manuales (por ejemplo, protección medioambiental y tratamiento de residuos, procesos químicos y biológicos, etc.).

(2)

SA.53350 (2019/N) – Ireland – Budget increase of R&R aid scheme (SA.49040 as amended to cover temporary restructuring support by SA. 50651)

(3)

SA 269/2002 — Alemania — Compensaciones de las pérdidas registradas como consecuencia del cierre del espacio aéreo de los días 11 a 14 de septiembre de 2001; SA 309/2002 — Francia — Seguridad aérea — Compensación de los costes generados por las medidas adoptadas a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

(4)

SA.32163 — Eslovenia — Odprava posledic škode letalskih prevoznikov in letališč zaradi potresnih aktivnosti na Islandiji in posledično vulkanskega pepela v aprilu 2010

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