COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 14.1.2020

COM(2020) 14 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

UNA EUROPA SOCIAL FUERTE PARA UNAS TRANSICIONES JUSTAS

1. Refuerzo de la Europa social

 «Los ciudadanos se preocupan por el futuro de sus hijos y de nuestra sociedad, así como por la equidad y la igualdad en todos sus sentidos». –

- Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

En Europa tenemos algunos de los mejores niveles de vida, las mejores condiciones de trabajo y la protección social más eficiente del mundo. Hoy en día, ser europeo significa tener la oportunidad de alcanzar el éxito y tener derecho a una vida digna. La justicia social, fundamento de la economía de mercado social europea, ocupa un lugar central en nuestra Unión. Sustenta la idea de que la equidad social y la prosperidad son las piedras angulares a la hora de construir una sociedad resiliente con los niveles de bienestar más elevados del mundo, tal como se refleja también en la ambición de Europa de avanzar hacia el pleno cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Hoy en día, Europa es un lugar único en el que la prosperidad, la equidad y un futuro sostenible son objetivos igualmente importantes.

Vivimos un momento de cambio. El cambio climático y la degradación del medio ambiente nos obligarán a adaptar nuestra economía, nuestra industria, el modo en que viajamos y trabajamos, lo que compramos y lo que comemos. Con el Pacto Verde Europeo, Europa ha dejado clara su ambición de convertirse en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050. Se trata de nuestra nueva estrategia de crecimiento para la próxima década, mediante la que se crearán nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo y se generarán más inversiones. Esta estrategia debe garantizar que Europa siga teniendo los sistemas de protección social más avanzados del mundo y sea un polo dinámico de innovación y emprendimiento competitivo. Asimismo, dotará a Europa de instrumentos para redoblar los esfuerzos por lograr una convergencia al alza, la justicia social y la prosperidad compartida.

La economía digital de hoy y de mañana debe estar centrada en las personas. Cabe esperar que la inteligencia artificial y la robótica creen, por sí solas, casi 60 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos cinco años, pero muchos otros cambiarán o incluso desaparecerán. Las nuevas tecnologías generarán nuevas oportunidades de trabajo y permitirán modalidades más flexibles, pero debemos asegurarnos de que sean también puestos de trabajo de calidad y de que las personas dispongan de las capacidades adecuadas para ocuparlos. La economía digital no puede basarse en normas jurídicas y sociales del siglo XX; ha llegado el momento de adecuar y garantizar la protección social del nuevo mundo laboral y de adaptar las normas fiscales para que todos contribuyamos en la medida que nos corresponde.

La demografía de Europa está cambiando; gracias a los avances de la medicina y la sanidad pública, hoy vivimos más y tenemos mejor salud, por lo que surgen nuevas necesidades y oportunidades. Las economías plateada y asistencial ofrecen muchos nuevos puestos de trabajo, al tiempo que garantizan que las personas de edad avanzada sigan activas o reciban la asistencia que necesitan. Debido al envejecimiento y al desplazamiento a las ciudades, muchas zonas rurales de Europa se están quedando despobladas. La brecha entre las zonas urbanas y las rurales es cada vez mayor y no podemos seguir ignorando su existencia. Aunque el cambio tecnológico y la transición energética brindan oportunidades, estas pueden no ser suficientes para salvar las distancias entre ricos y pobres, a menos que ayudemos a las regiones pobres a alcanzar el nivel de las zonas más ricas.

Todos los europeos debemos tener las mismas oportunidades de prosperar, y hemos de preservar, adaptar y mejorar lo que construyeron nuestros padres y abuelos. En la actualidad, 241 millones de personas tienen un trabajo en la UE, lo que supone todo un récord. Sin embargo, esta cifra representa solo una parte de la historia. La realidad subyacente es que las desigualdades persisten y que hay quien no se está beneficiando de esos avances positivos. Son muchas las personas que siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes o que deben superar obstáculos derivados de la desigualdad. Muchos niños y jóvenes, con demasiada frecuencia procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, no tienen acceso a una educación o una asistencia sanitaria de calidad. Todavía hay muchas personas de edad avanzada sin acceso a servicios asistenciales. La desigualdad es un freno al crecimiento y constituye una amenaza para la cohesión social. Debemos actuar ahora para que todos nuestros hijos y nietos tengan la posibilidad de beneficiarse de un futuro justo, verde y próspero, así como para garantizar la equidad intergeneracional.

Estos cambios, oportunidades y retos afectan a todos los países y a todos los europeos, por lo que conviene anticiparnos y afrontarlos juntos.

El pilar europeo de derechos sociales es la respuesta europea a estas ambiciones fundamentales. Es nuestra estrategia social para garantizar que las transiciones de la neutralidad climática, la digitalización y el cambio demográfico sean socialmente justas y equitativas.

El pilar europeo de derechos sociales tiene por objeto aportar equidad a la vida cotidiana de todos los ciudadanos, independientemente de que estén estudiando, trabajando, buscando un empleo o jubilados; de que vivan en ciudades o en zonas rurales; de su género, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual. Los veinte principios del pilar, proclamados por todas las instituciones de la Unión en 2017, persiguen la mejora de la igualdad de oportunidades y de empleo para todos, unas condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión social. La aplicación de los principios mantiene el compromiso realizado al más alto nivel de que las personas ocupen un lugar central, independientemente del cambio, y de que nadie se quede rezagado. 

Ahora, sobre la base del trabajo realizado en el pasado, hemos de plasmar el compromiso en nuevas acciones. Los jefes de Estado y de Gobierno han reclamado la aplicación del pilar a escala de la UE y de los Estados miembros, teniendo debidamente en cuenta los ámbitos de competencia respectivos 1 . El Parlamento Europeo también ha subrayado la importancia de seguir aplicando los veinte principios y la presidenta Von der Leyen ha afirmado su firme determinación de presentar un plan de acción para conseguirlo. El éxito dependerá de la actuación de todos los agentes a todos los niveles: europeo, nacional, regional y local.

La presente Comunicación sienta las bases de un plan de acción para aplicar el pilar europeo de derechos sociales. Asimismo, presenta iniciativas a nivel de la UE que respaldan la aplicación del pilar y pone en marcha un amplio debate con todos los países y regiones de la UE y con todos nuestros socios: el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, que representan a los ciudadanos de Europa; el Consejo y los Gobiernos nacionales, que representan a los países de Europa; los interlocutores sociales, que representan a los empleadores y a los trabajadores; y la sociedad civil, que es la voz fundamental en aquellas cuestiones que tanto preocupan a nuestros ciudadanos.

Gracias a las contribuciones de todos, a principios de 2021 presentaremos el plan de acción que hará realidad los derechos y los principios consagrados en el pilar.

El Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas seguirá supervisando los avances en relación con el pilar europeo de derechos sociales. A partir de ese año, el Semestre integrará los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para que la sostenibilidad y el bienestar de los ciudadanos ocupen un lugar central en la política económica y la gobernanza. A este respecto, la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible establece la estrategia de política económica y de empleo para la UE, en consonancia con las prioridades consagradas en el Pacto Verde Europeo, y combina la estabilidad macroeconómica, la productividad, la equidad y la sostenibilidad medioambiental. La estructura de la fiscalidad debe apoyar el empleo y el crecimiento y, al mismo tiempo, estar en consonancia con los objetivos climáticos, medioambientales y sociales. Una fiscalidad injusta, en particular a nivel mundial, socava la capacidad de los países de satisfacer las necesidades de sus economías y sus ciudadanos.

Juntos, modernizaremos la economía social de mercado europea para aprovechar las oportunidades y afrontar los retos actuales y futuros, así como para garantizar transiciones justas para todos.

2. Igualdad de oportunidades y empleo para todos

Capacitar a las personas mediante una educación, formación y capacitación de calidad

Las capacidades son clave para el futuro. Dado que los cambios de empleo y los modelos de trabajo flexibles son cada vez más frecuentes, es necesario aprender y seguir aprendiendo de manera constante para prosperar. Los ciudadanos cualificados pueden beneficiarse de un lugar de trabajo en rápida evolución. La mitad de la mano de obra actual tendrá que actualizar sus capacidades en los próximos cinco años. Sin embargo, hoy en día son demasiados los jóvenes que carecen de capacidades básicas y digitales, y muy pocos tienen la oportunidad de ponerse al día una vez que han acabado los estudios. Solo un adulto de cada diez ha recibido formación en un algún mes del año y la existencia de un millón de puestos vacantes para especialistas en TIC está frenando las inversiones en la transformación digital. Más del 50 % de las empresas que contrataron o intentaron contratar especialistas en TIC en 2018 declararon haber tenido dificultades para cubrir las vacantes.

La educación y la formación son fundamentales para adquirir capacidades. Los Estados miembros deben adaptar los sistemas nacionales de educación y formación de toda Europa para ofrecer una educación y una formación inclusivas y de alta calidad desde una edad temprana y para apoyar a las personas que se preocupan de seguir formándose a lo largo de toda su carrera profesional. Es preciso seguir trabajando para convalidar las capacidades y competencias adquiridas fuera de los sistemas formales de educación y formación. Si se reconocen y se valoran las capacidades y experiencias adquiridas en el lugar de trabajo, a través del voluntariado o en cualquier otro tipo de institución informal, estas pueden constituir activos importantes para las personas que buscan un nuevo empleo.

Para averiguar qué capacidades necesitamos, los Gobiernos nacionales y regionales tienen que trabajar con quienes más saben: los empleadores, los trabajadores, los profesores y los formadores. En un mercado de trabajo volátil y cambiante, es fundamental que todas las personas posean amplias competencias clave que les proporcionen una buena capacidad de adaptación. Además, unas relaciones sólidas entre quienes buscan nuevos talentos y quienes instruyen y forman, junto con unas técnicas modernas de previsión y seguimiento de los graduados, pueden dar pistas sobre qué aprender y cómo hacerlo. Esto es especialmente necesario en las regiones que se enfrentan a la despoblación y en las que los empleadores ya no encuentran trabajadores cualificados. También lo es para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que conforman la columna vertebral de nuestra economía. Una cuarta parte de las pymes europeas señala que tiene serias dificultades para encontrar personal y directivos con experiencia. Y, de manera más general, esto será necesario en todos los ámbitos en los que las transiciones digital y ecológica requieran nuevos conjuntos de capacidades. La educación y la formación profesionales, así como la formación de aprendices, pueden fomentar la empleabilidad tanto de los jóvenes como de los adultos y satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas. Esta inversión en el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales tendrá un coste, que debe ser compartido por el sector público, los empleadores y las personas afectadas. Para que las capacidades, la empleabilidad y el capital humano ocupen un lugar central, la Comisión actualizará la Agenda de Capacidades para Europa en el primer trimestre de 2020 e incluirá una propuesta de Recomendación sobre la Educación y la Formación Profesionales (EFP). También se están estudiando soluciones innovadoras para que los ciudadanos puedan controlar su propio aprendizaje y su trayectoria profesional, como una cuenta de aprendizaje individual para las personas en edad de trabajar.

La educación y la formación de calidad crean igualdad de oportunidades y pueden romper el ciclo de malos resultados. El Espacio Europeo de Educación, que será una realidad de aquí a 2025, facilitará que los estudiantes puedan desplazarse por Europa y mejorará el acceso a una educación y una formación inclusivas y de calidad. En el tercer trimestre de 2020, la Comisión continuará desarrollando los objetivos del Espacio Europeo de Educación y establecerá un nuevo marco de cooperación en materia de educación y formación con los Estados miembros, haciendo hincapié en garantizar que los jóvenes completen, como mínimo, la educación secundaria postobligatoria y dominen suficientemente las capacidades básicas. Erasmus + seguirá apoyando y fomentando la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa, gracias a un presupuesto bastante más elevado para el período 2021-2027. El objetivo en el futuro es conseguir que este programa sea más accesible para los jóvenes con menos oportunidades, haciéndolo, por tanto, más inclusivo. Si involucra a nuevos profesores, formadores y académicos, el programa aumentará su capacidad de acercar los distintos sistemas, lo que nos permitirá beneficiarnos de la puesta en común de mejores prácticas. El programa Europa Digital apoyará el desarrollo de capacidades digitales avanzadas para permitir el despliegue de estas tecnologías en toda la economía y para reforzar las competencias digitales de los formadores. Como parte de su apoyo a la acción de los Estados miembros, la Comisión también actualizará, en el segundo trimestre de 2020, el Plan de Acción de Educación Digital, con vistas a impulsar las capacidades digitales tanto de los jóvenes como de los adultos y a garantizar que todos los centros educativos estén preparados para la era digital.

Nuestros jóvenes son el futuro de Europa y merecen un futuro prometedor. Como es lógico, los padres quieren que sus hijos tengan buenos trabajos y buenas perspectivas profesionales. Sin embargo, existen demasiados jóvenes con empleos mal remunerados, temporales o atípicos que no les permiten desarrollar su talento ni planificar su futuro. Los jóvenes con discapacidad, aquellos que tienen un origen inmigrante y los padres jóvenes corren un riesgo aún mayor de quedarse rezagados. Para intensificar la lucha contra el desempleo juvenil, la Comisión presentará en el segundo trimestre de 2020 sus propuestas para reforzar la Garantía Juvenil, que ya ayuda cada año a 3,5 millones de jóvenes a formarse, estudiar o trabajar. La nueva Garantía Juvenil ayudará a los jóvenes a desarrollar capacidades y ganar experiencia laboral, sobre todo en relación con las transiciones ecológica y digital.

Apoyo a la movilidad profesional y a la reconversión económica

Todos los ciudadanos europeos, ya sean jóvenes o de edad avanzada, deben tener acceso a un apoyo oportuno y personalizado, especialmente a la formación, a fin de aumentar las probabilidades de encontrar un empleo de calidad o de crear una empresa. Prácticamente todos los adultos han buscado trabajo alguna vez en su vida. Hay quien tiene éxito nada más acabar los estudios y cambia fácilmente de un puesto de trabajo a otro gracias a una red sólida y a una trayectoria consolidada. Para otros, sin embargo, resulta mucho más difícil, quizás porque no tienen información sobre oportunidades de empleo, porque no encuentran un trabajo acorde con sus capacidades y su experiencia, o porque se encuentran en situaciones personales y familiares complicadas. Los servicios de empleo públicos y privados no solo deben prestar apoyo a los desempleados, sino también, y cada vez más, a quienes corren el riesgo de perder su trabajo por el carácter obsoleto de sus capacidades.

El Plan de Inversiones para una Europa Sostenible o Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo que se presenta hoy contribuirá a financiar la transición a la que se enfrenta Europa. El paso a una economía más ecológica puede tener un mayor impacto en algunas regiones y sectores que en otros. Una parte integrante del Plan es el Mecanismo para una Transición Justa, con un Fondo de Transición Justa, que apoyará a las regiones que teóricamente se verán más afectadas por la transición y contribuirá así a garantizar que nadie se quede rezagado. Demuestra el compromiso de la UE de velar por que la sostenibilidad medioambiental y social vayan de la mano. Las inversiones desarrollarán nuevas actividades económicas y crearán nuevos puestos de trabajo, reducirán nuestra huella de carbono, garantizarán una energía asequible y reforzarán la adquisición de nuevas capacidades. Además, al apoyar la redistribución, el reciclaje y el perfeccionamiento profesionales de los trabajadores, la educación, la búsqueda de empleo y las empresas emergentes, el Fondo de Modernización permitirá una transición justa en las regiones dependientes del carbono. Por último, será posible recurrir al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para mostrar solidaridad con los trabajadores despedidos y los trabajadores por cuenta propia y ofrecerles apoyo.

Creación de más puestos de trabajo

Este es el séptimo año consecutivo en que la economía europea ha crecido y, aunque las perspectivas de crecimiento se hayan debilitado, se espera que siga haciéndolo en 2020 y 2021. Los mercados de trabajo continúan siendo fuertes y el desempleo sigue disminuyendo, aunque a un ritmo más lento.

Europa debe avanzar a partir de esta sólida base para garantizar que la economía social de mercado europea siga creando más y mejores puestos de trabajo para todos en los próximos años. El núcleo de esta transformación será una estrategia industrial fuertemente asentada en el mercado único, que se presentará en el primer trimestre de 2020, permitirá a nuestras empresas innovar y desarrollar nuevas tecnologías, potenciará la circularidad y creará nuevos mercados. Abordar los aspectos sociales y laborales es una parte integral de la estrategia, ya que permitirá que todos los ciudadanos, empresas, regiones y ciudades se beneficien de la transformación industrial. La Comisión propondrá también una estrategia específica para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el primer trimestre de 2020. Estas representan el 85 % de los nuevos puestos de trabajo creados en los cinco últimos años. Promover la innovación de las pymes, garantizar su financiación y reducir la burocracia que deben afrontar es de vital importancia si se desea crear empleo en Europa.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus y el Fondo de Cohesión seguirán desempeñando un papel fundamental al favorecer la cohesión social y territorial en los Estados miembros, las regiones y las zonas rurales, y permitirán seguir el ritmo de las transformaciones digital y ecológica de nuestro mundo. La propuesta de la Comisión relativa al próximo marco financiero plurianual (MFP) fijó en 373 000 millones de euros a precios corrientes la dotación global de la política de cohesión para el período 2021-2027. El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca también contribuirán a la cohesión territorial. La propuesta de la Comisión incluye también la puesta en marcha de un Programa InvestEU, que se espera que movilice 650 000 millones de euros de inversiones, de los cuales 50 000 millones estarán destinados a proyectos de infraestructura social y a inversiones sociales en educación y capacidades, emprendimiento social y microfinanciación. InvestEU también liderará modelos de asociación para el impacto, así como nuevos modelos empresariales y financieros para mejorar los resultados sociales, aprovechando el potencial de los inversores y el capital filantrópico.

Crear más puestos de trabajo no es simplemente una cuestión de crecimiento. Esto es más cierto, si cabe, en el caso de la economía social, que responde a necesidades sociales. En Europa, alrededor de 13,6 millones de personas trabajan en la economía social. Las empresas y organizaciones sociales pueden generar compromiso, iniciativas y retornos en las comunidades locales, al tiempo que acercan el mercado de trabajo a todos los ciudadanos. La economía social ofrece soluciones innovadoras en materia de educación, asistencia sanitaria, transición energética, vivienda y prestación de servicios sociales. También puede ser pionera en lograr acuerdos ecológicos locales, creando alianzas en territorios, de modo que los ciudadanos y las empresas se involucren en la transición climática. La Comisión pondrá en marcha en 2021 un Plan de Acción para la Economía Social con vistas a fomentar la inversión y la innovación sociales e impulsar el potencial de las empresas sociales para crear empleo, en particular para las personas más alejadas del mercado laboral. La contratación pública socialmente responsable también puede garantizar que los fondos existentes se empleen de un modo que fomente la inclusión, por ejemplo, ofreciendo oportunidades de empleo a personas con discapacidad o en riesgo de pobreza.

Fomento de la igualdad

La diversidad de la Unión (diversidad de personas, de culturas y de tradiciones) es lo que le aporta su fuerza y su unidad, pero Europa solo puede avanzar si utiliza todos sus activos, su talento y su potencial, lo que implica crear una sociedad más justa en la que quienes compartan las mismas aspiraciones tengan las mismas oportunidades para alcanzarlas. Aunque nuestra Unión alberga algunas de las sociedades más igualitarias del mundo, aún queda mucho por hacer. Europa necesita reforzar su compromiso con la inclusión y la igualdad en todos sus sentidos, independientemente del sexo, el origen racial o étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual. La igualdad ocupa un lugar destacado en la agenda política de esta Comisión, que consta de un nuevo grupo de trabajo y, por primera vez, de una cartera dedicada exclusivamente a la Igualdad.

La situación de las mujeres merece una atención especial. Los bajos niveles de empleo son nocivos para la economía y para las propias mujeres. A pesar de que sus niveles educativos son superiores, las mujeres tienen carreras profesionales más cortas y más fragmentadas que los hombres, en muchos casos debido a su trabajo como cuidadoras. Sus carreras progresan más despacio, y, aunque viven más años, sus ingresos y pensiones son más bajos. Las mujeres están subrepresentadas en algunos sectores, como el de las profesiones digitales, donde ni siquiera uno de cada cinco especialistas en TIC son mujeres. Por término medio, las pensiones de las mujeres que se jubilan equivalen solamente a dos tercios de las pensiones masculinas, una diferencia aún mayor que la relativa a los salarios. Luchar contra los estereotipos del mundo laboral es esencial para garantizar que las mujeres puedan avanzar en sus carreras y recibir una remuneración justa. Una parte de la solución para garantizar que las responsabilidades asistenciales se repartan de manera más equitativa entre mujeres y hombres consiste en mejorar los servicios de cuidado de niños y de cuidados de larga duración. En el primer trimestre de 2020, la Comisión propondrá una nueva Estrategia Europea para la Igualdad de Género con vistas a avanzar en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, en particular mediante medidas vinculantes en materia de transparencia salarial, y en la reducción de la brecha en materia de pensiones, con el fin de promover el acceso de las mujeres al mercado laboral y aumentar su presencia en puestos de responsabilidad en las empresas y organizaciones.

Una economía que trabaja para las personas es una economía que trabaja para las personas con discapacidad. El Acta Europea de Accesibilidad ofrecerá oportunidades para desarrollar productos y servicios accesibles. La tecnología, junto con unos empleos y lugares de trabajo adaptados, pueden brindar oportunidades a las personas con discapacidad y a las personas y las empresas que trabajan para responder a sus necesidades. Sin embargo, las personas con discapacidad siguen teniendo dificultades para acceder a la educación y la formación, el empleo, los sistemas de protección social y la asistencia sanitaria. También tienen a menudo dificultades para participar activamente en la vida política o cultural de sus comunidades. La Comisión proseguirá la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, en 2021 presentará una estrategia reforzada en materia de discapacidad, basándose en los resultados de la evaluación en curso de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020.

Unos itinerarios de integración más rápidos y eficaces para los nacionales de terceros países pueden resultar directamente beneficiosos para ellos, pero también para el mercado laboral y la sociedad en su conjunto. Muchos Estados miembros podrían utilizar mejor sus capacidades y cualificaciones e impulsar el acceso de esas personas a una educación y una formación inclusivas y de calidad. Sobre la base del Plan de Acción sobre la Integración de 2016, la Comisión aumentará su apoyo a las medidas de integración de los Estados miembros y otras partes interesadas clave, como las autoridades locales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales.

3. Condiciones de trabajo justas

Los trabajadores de Europa deben tener un salario mínimo justo que les permita tener una vida digna. Esto no significa que haya que establecer el mismo salario mínimo para todos los trabajadores de la UE. Los salarios mínimos deben fijarse según las tradiciones nacionales, mediante convenios colectivos o disposiciones legales. El buen funcionamiento de la negociación colectiva entre empleadores y sindicatos es un medio eficaz de establecer unos salarios mínimos adecuados y justos, ya que los trabajadores y los empleadores son quienes mejor conocen su sector y su región. La Comisión pone en marcha hoy una primera fase de consulta a los interlocutores sociales sobre cómo garantizar unos salarios mínimos justos para los trabajadores de la Unión.

Trabajar es más que ganarse la vida. Un puesto de trabajo ofrece relaciones sociales y un lugar en la sociedad, así como oportunidades de desarrollo personal y profesional. Sin embargo, esto solo es así si uno tiene unas condiciones de trabajo justas y dignas. Existen nuevas formas de trabajo que se están desarrollando con rapidez, impulsadas principalmente por la tecnología digital. Contribuyen al crecimiento y al empleo e impulsan servicios innovadores, ofreciendo flexibilidad y oportunidades a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia, los clientes y las empresas. Sin embargo, también pueden derivar en nuevas formas de precariedad. Para generar confianza en la transformación digital y aprovechar todo su potencial, los nuevos modelos de negocio necesitan normas más claras que eviten los abusos, mantengan niveles elevados de salud y seguridad y garanticen una mejor protección social. La innovación tecnológica debe ir de la mano de la innovación social. El modo en que Europa hace las cosas es humano y ético, y debe seguir siéndolo en el futuro. 

Más concretamente, el crecimiento sostenible de la economía de plataformas requiere unas mejores condiciones de trabajo para sus trabajadores. La nueva Ley de servicios digitales, que se presentará a lo largo del segundo semestre de 2020, mejorará nuestras normas en materia de responsabilidad y seguridad para las plataformas, servicios y productos digitales y completará nuestro mercado único digital. Al mismo tiempo, la Comisión organizará también una cumbre sobre el trabajo en plataformas digitales para debatir cuestiones prioritarias y posibles soluciones, como la situación profesional, las condiciones de trabajo y el acceso a la protección social de los trabajadores de las plataformas, el acceso a la representación y la negociación colectivas, así como los aspectos transfronterizos del trabajo en las plataformas.

La digitalización y las nuevas tecnologías también están cambiando el lugar de trabajo. Los trabajadores de la UE disfrutan de niveles elevados de salud y seguridad. Los robots, así como las herramientas digitales, pueden asumir tareas peligrosas y monótonas que actualmente realizan los humanos. Sin embargo, este cambio también puede generar nuevas preocupaciones. Los nuevos modelos de trabajo (caracterizados, entre otras cosas, por la conectividad constante, el aumento del trabajo móvil y en línea, las interfaces persona-máquina o el seguimiento, la contratación y la gestión de los trabajadores por medio de algoritmos) pueden generar una mayor productividad, que es vital para mejorar el nivel de vida en términos generales, pero deben desarrollarse de manera que se eviten nuevas formas de discriminación o exclusión o nuevos riesgos para la salud física y mental de los trabajadores. Con el fin de mantener esos niveles elevados, la Comisión revisará la estrategia de salud y seguridad en el trabajo y afrontará esos nuevos riesgos junto con los más tradicionales, como la exposición a sustancias peligrosas o el riesgo de accidentes en el trabajo. 

Unas condiciones laborales justas suponen asimismo un diálogo social sólido: los trabajadores y los empleadores pueden encontrar soluciones conjuntas que respondan de la mejor manera a sus necesidades. Las organizaciones fuertes y representativas y su participación oportuna en la elaboración de las políticas, tanto a nivel nacional como europeo, son sumamente importantes. La Comisión estudiará formas de promover el diálogo social y la negociación colectiva y de aumentar la capacidad de las organizaciones patronales y sindicales a nivel nacional y de la UE. Un diálogo efectivo en el seno de las empresas también es crucial, especialmente cuando estas están experimentando una reestructuración o cambios significativos. Dado que las empresas trabajan cada vez más a través de las fronteras, deberíamos utilizar plenamente los instrumentos existentes en materia de participación de los trabajadores, como los comités de empresa europeos, a fin de promover la cultura de la información y la consulta a los trabajadores.

Para los ciudadanos europeos que viven o trabajan en otro país de la UE, unas condiciones de trabajo justas consisten en disfrutar de una movilidad justa. En la actualidad, el número de ciudadanos que viven o trabajan en otro país de la UE es el doble que hace una década. Millones de empresas, en particular las pymes, operan a través de las fronteras, beneficiándose del mercado único, un motor vital del crecimiento y el empleo. Las normas de la UE deben ser adecuadas para garantizar que todo esto tenga lugar de forma justa y transparente, asegurar una competencia leal entre las empresas, proteger los derechos de los trabajadores y evitar la doble cotización y el dumping social. La recientemente creada Autoridad Laboral Europea (ALE) será una herramienta clave para facilitar la aplicación y la garantía de cumplimiento de las normas de la UE en este ámbito, mejorando así el funcionamiento del mercado único. Permitirá que los particulares y los empleadores accedan fácilmente a la información sobre el trabajo o la actividad en otro país de la UE, y apoyará la cooperación entre las autoridades nacionales, en particular en lo que se refiere al refuerzo de las inspecciones, la lucha contra el trabajo no declarado y la lucha contra el fraude.

4. Protección e inclusión social

Garantizar un alto nivel de protección social

Para ser resiliente, el contrato social debe sustentarse en una fuerte solidaridad. Debemos hacer más para apoyar a quienes pierdan su puesto de trabajo por acontecimientos externos que afectan a nuestra economía, promoviendo su reciclaje profesional y su reintegración en el mercado laboral. La Comisión propondrá un régimen europeo de reaseguro de prestaciones por desempleo para proteger a nuestros ciudadanos y reducir la presión sobre las finanzas públicas en períodos de perturbaciones externas. 

También es necesario adaptar nuestras normas de protección social a las nuevas realidades del mundo laboral, a las nuevas vulnerabilidades y a las nuevas expectativas de los ciudadanos. En varios Estados miembros, algunos trabajadores por cuenta propia y personas con empleos atípicos no tienen acceso a una protección social adecuada. La aplicación de la Recomendación relativa al acceso a la protección social garantizará que todo el mundo esté protegido mientras dure la situación de desempleo y frente a la enfermedad, la vejez, la invalidez o los accidentes laborales, independientemente de su situación profesional.

No dejar a nadie rezagado significa darle acceso a una asistencia sanitaria asequible. Las personas más pobres tienden a vivir seis años menos que quienes se hallan en mejor situación. Si se promueven estilos de vida saludables, mejores medidas preventivas y una asistencia sanitaria centrada en el paciente, será posible proporcionar un servicio asequible y de calidad a todos. El diseño de sistemas de protección social basados en los valores de la UE y los principios de la universalidad, la solidaridad y la equidad requerirá el desarrollo de nuevos modelos integrados de asistencia sanitaria y social y permitirá aprovechar al máximo las innovaciones rentables que abordan las necesidades reales de salud pública. Un enfoque centrado en el paciente ayudará a lograr mejores resultados, como la eliminación de las esperas excesivas para recibir tratamiento o un fácil acceso a la asistencia. Un objetivo importante en este ámbito consiste en garantizar que Europa luche contra el cáncer, una de las mayores preocupaciones en materia de salud de este siglo que pone en peligro la vida de millones de europeos. Europa se ha comprometido a liderar la lucha contra el cáncer. En febrero de 2020, la Comisión iniciará un debate a escala europea con vistas a presentar, en el cuarto trimestre del año, el ambicioso Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer que ayudará a reducir el sufrimiento causado por esta enfermedad.

El envejecimiento pone en entredicho la adecuación de nuestros sistemas de protección social. Las pensiones podrían convertirse en la principal fuente de ingresos para la mayoría de los europeos. El aumento de la esperanza de vida deberá permitir que las personas trabajen más años; para ello, es necesario mejorar la salud y prestar una mayor atención a las necesidades de los trabajadores de más edad en el lugar de trabajo. Esto también contribuirá a preservar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y a reforzar las pensiones de jubilación y del tercer pilar. No obstante, algunos de nuestros mayores necesitarán una atención específica. Garantizar el acceso a unos cuidados de larga duración asequibles y de calidad será esencial para fomentar que las personas de edad avanzada vivan dignamente y permitirá, al mismo tiempo, aprovechar la creación de puestos de trabajo en la economía asistencial.

El envejecimiento no es el único desafío demográfico. Los nuevos modelos de familia, caracterizados por un mayor número de hogares unipersonales, la movilidad hacia las ciudades y la consiguiente despoblación de las zonas rurales, la fuga de cerebros o incluso los flujos migratorios, contribuyen al carácter cambiante del panorama demográfico de la UE. Para presentar un mapa de la situación actual, la Comisión presentará un informe sobre el impacto del cambio demográfico en el primer trimestre de 2020. El informe irá seguido, en el cuarto trimestre, de un Libro Verde sobre envejecimiento, con el fin de iniciar un debate acerca de sus efectos a largo plazo, en particular en relación con los cuidados y las pensiones, y acerca de la manera de fomentar el envejecimiento activo. Dado que las transiciones ecológica, digital y demográfica afectan a cada ciudadano de una manera distinta, el informe demográfico irá seguido de una visión a largo plazo para las zonas rurales en 2021. Esta visión a largo plazo tendrá por objeto ayudar a las zonas rurales a abordar las cuestiones que les afectan de forma especial, desde el envejecimiento y la despoblación hasta la conectividad, pasando por el riesgo de pobreza y el acceso limitado a los servicios, a la protección social y a la asistencia sanitaria.

Lucha contra la pobreza y la exclusión

No dejar a nadie rezagado en un momento de cambio significa luchar contra la pobreza. A lo largo de la última década, millones de personas han logrado salir de la pobreza en toda la UE, pero, a pesar de nuestro objetivo colectivo de alcanzar los 20 millones de personas en 2020, más de un europeo de cada cinco sigue en situación de riesgo. Tener una vida digna significa obtener el apoyo necesario para buscar un empleo, tener acceso a una asistencia sanitaria asequible y de calidad, a una educación y formación decentes y a una vivienda asequible, así como poder pagar bienes y servicios esenciales, como el agua, la energía, el transporte o las comunicaciones digitales. Los regímenes de renta mínima y los servicios de capacitación suponen un último recurso para quienes están fuera del mercado laboral, y deberían garantizarles una vida digna. Los precios inmobiliarios han aumentado en toda la Unión, por lo que la mayoría de las personas tienen más dificultades para afrontar los costes de la vivienda y los gastos relacionados. El peor efecto del aumento de esos costes es el problema de las personas sin hogar, que está creciendo en la mayoría de los Estados miembros. La pobreza energética y las dificultades para invertir en soluciones modernas de ahorro muestran que es necesario estar alerta ante los nuevos desafíos en materia de distribución derivados de la transición a una economía neutra en emisiones de carbono 2 . Por todas estas razones, es necesario llevar a cabo una profunda reflexión para examinar las causas, múltiples e interconectadas, de la pobreza, reflexionar sobre el impacto de los diferentes instrumentos políticos y replantearse el camino a seguir.

La pobreza afecta a todos los miembros de la familia, tanto a los padres como a los hijos. Los niños de familias pobres tienen un inicio injusto en la vida. Presentan un mayor riesgo de padecer problemas de salud y de tener un menor rendimiento educativo en fases posteriores de sus vidas, lo que, en última instancia, puede traducirse en un retorno a la pobreza. Si se invierte en una educación y una atención a la infancia inclusivas y de calidad, así como en el acceso a la asistencia sanitaria, a la nutrición y a una vivienda digna, se puede romper ese ciclo negativo. En 2021, la Comisión presentará una Garantía Infantil con vistas a garantizar que los niños tengan acceso a los servicios que necesitan y reciban apoyo hasta que alcancen la edad adulta. 

Aunque los países de la UE han prohibido la discriminación, muchos gitanos que viven en ella son víctimas de prejuicios y exclusión social. Acabar con la exclusión de los gitanos requiere compromisos a largo plazo a todos los niveles. El Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos hasta 2020 ha arrojado algunos resultados positivos. En el cuarto trimestre de 2020 se presentará una iniciativa de seguimiento en materia de igualdad e inclusión de los gitanos, sobre la base de los resultados de la evaluación del Marco. 

5. Promoción de los valores europeos en el mundo

Europa debe utilizar su influencia política y económica para fomentar la justicia social en el resto del mundo. Nuestras políticas de cooperación internacional, desarrollo y comercio crean crecimiento, empleo y prosperidad, tanto en el seno de Europa como con nuestros socios comerciales. El comercio es más que el mero intercambio de bienes y servicios; se trata también de un activo estratégico para Europa. Nos permite crear asociaciones, proteger nuestro mercado frente a prácticas desleales y garantizar el respeto de las normas acordadas internacionalmente. La Comisión trabajará en una agenda comercial fuerte, abierta y justa. Todo nuevo acuerdo bilateral global incluirá un capítulo sobre desarrollo sostenible e impondrá las normas más exigentes en materia de protección del clima, el medio ambiente y los trabajadores, con una política de tolerancia cero en materia de trabajo infantil, a fin de garantizar unas condiciones de igualdad adecuadas respecto de nuestros socios comerciales. La Comisión también reforzará el diálogo con los Balcanes Occidentales para fomentar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales en esa región.

Europa también debe adoptar una postura firme en cuanto a la garantía de cumplimiento de los acuerdos existentes, sean estos comerciales o no, con vistas a promover y proteger las normas en materia de derechos laborales acordadas internacionalmente. A fin de vigilar y mejorar el cumplimiento de nuestros acuerdos comerciales, la Comisión nombrará a un alto responsable de la aplicación de la política comercial, que colaborará con sus socios comerciales para garantizar la ejecución efectiva de los compromisos. La UE vigilará de cerca si la protección del clima, el medio ambiente y los trabajadores consagrada en nuestros acuerdos comerciales se cumple efectivamente y adoptará un enfoque de tolerancia cero en materia de trabajo infantil.

6. Trabajando juntos

La presente Comunicación pone en marcha un amplio debate con todos los países y regiones de la UE y con todos nuestros socios. Al hacerlo, establece una serie de iniciativas que deben adoptarse a nivel de la UE en los próximos meses y que contribuirán a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.

Pero no basta con actuar solo a nivel de la UE. A medida que el impacto de las nuevas tecnologías se hace más patente, que los resultados de la acción por el clima se muestran en nuestra vida cotidiana y que las presiones demográficas crecen, tenemos que ir adaptándonos y reforzando nuestra respuesta a todos los niveles. En muchos casos, la clave del éxito está en manos de las autoridades nacionales, regionales y locales, así como de los interlocutores sociales y las partes interesadas pertinentes a todos los niveles, que trabajan juntos a nivel de la UE para hacerla funcionar.

Por lo tanto, la Comisión invita a todas las autoridades nacionales, regionales y locales de la UE, así como a sus socios, a que presenten sus puntos de vista, a más tardar en noviembre de 2020, sobre las próximas medidas necesarias y a que presenten sus compromisos concretos para la aplicación del pilar. A lo largo de 2020, la Comisión buscará el compromiso activo y la participación de todos nuestros socios: el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Los puntos de vista y los compromisos pueden presentarse a través de la página web «yourestay-socialeurope» 3 .

El objetivo es elaborar conjuntamente un plan de acción que refleje todas las contribuciones y que se proponga al más alto nivel político para su aprobación.

(1)

Conclusiones del Consejo Europeo. Agenda Estratégica para 2019-2024 [referencia], junio de 2019.

(2)

Tal como se anunció en el Pacto Verde Europeo, la Comisión presentará orientaciones sobre la pobreza energética en 2020. 

(3)

  https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 14.1.2020

COM(2020) 14 final

ANEXO

de la

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

UNA EUROPA SOCIAL FUERTE PARA UNAS TRANSICIONES JUSTAS

Anexo: Iniciativas de la Comisión