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Document 52019DC0319

INFORME DE LA COMISIÓN Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea Informe anual de 2018

COM/2019/319 final

Bruselas, 4.7.2019

COM(2019) 319 final

INFORME DE LA COMISIÓN

Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea


Informe anual de 2018

{SWD(2019) 285 final} - {SWD(2019) 286 final} - {SWD(2019) 287 final}


Prólogo    

1.    Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión    

2.    Un mercado único digital conectado    

3.    Una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva    

4.    Un mercado interior más justo y más profundo, con una base industrial reforzada    

5.    Una Unión Económica y Monetaria más profunda y más justa    

6.    Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua    

7.    Hacia una nueva política de migración    

Prólogo

Cumpliremos allí donde sea más necesario. Estas son las palabras de los veintisiete dirigentes de la Unión Europea en la Declaración de Sibiu, firmada en mayo de 2019 justo antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Esas palabras representan el eje central de la labor diaria que la actual Comisión ha llevado a cabo desde que tomó posesión en noviembre de 2014.

De hecho, hemos cumplido donde ha sido necesario. Algunos creen que Europa es demasiado lenta o demasiado complicada para avanzar. Sin embargo, en los últimos 5 años, los colegisladores acordaron más de 354 propuestas de la Comisión. Los resultados hablan por sí solos. El desempleo ha disminuido: hay más de 240 millones de europeos trabajando y los salarios han aumentado un 5,7 %. Ahora tenemos una Guardia Europea de Fronteras y Costas encargada de ayudar a proteger nuestras fronteras. Podemos actuar como en casa en cualquier país de la Unión, utilizando nuestros móviles sin recargo y usando los servicios de streaming que tengamos contratados. Nuestras empresas pueden comerciar sin aranceles en mercados lejanos como Canadá o Japón.

Este progreso debe agradecerse a la multitud de veces en las que hemos llegado a un acuerdo para llevar a Europa hacia delante. Pero como toda norma, esta solo sirve si se aplica y se cumple. Esto es lo que permite que la legislación se convierta en algo real. Es lo que convierte las leyes en beneficios para los ciudadanos. Es lo que garantiza que los acuerdos políticos se traduzcan en beneficios reales tanto para los ciudadanos como para las pequeñas y medianas empresas. Por esa razón, cuando tomé posesión de mi cargo prometí hacer menos (elaboramos un 75 % menos de propuestas que las Comisiones anteriores), pero hacerlo mejor.

Ahora trabajamos mucho más de cerca con las autoridades nacionales para apoyarlas en la aplicación de la legislación europea. Este diálogo ha ayudado a resolver el 90 % de los procedimientos de infracción desde 2014 sin tener que acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahorrando tiempo y dinero de los contribuyentes en el proceso. En los casos en que el diálogo no funcionó, tomamos medidas firmes y efectivas ante las vulneraciones de la legislación de la UE.

El presente informe demuestra cómo este enfoque más estratégico, más abierto, pero también más enérgico, ha dado frutos en 2018. Apoyamos a las autoridades nacionales y regionales en la aplicación de normas destinadas a lograr un aire y un agua limpios. Tomamos medidas contra los Estados miembros que no cumplieron con sus compromisos ni aplicaron las normas de la UE en los registros de nombres de pasajeros, en la lucha contra el terrorismo y el blanqueo de capitales. Utilizamos nuestras competencias de ejecución ante países que no actuaron lo suficientemente rápido para mejorar el acceso de las personas con discapacidades a sitios web y otras aplicaciones móviles. Hemos fortalecido nuestro diálogo con los Estados miembros en todos los ámbitos para asegurarnos de que trabajamos juntos en la aplicación y el cumplimiento. Me complace informarles de la solidez del compromiso y la participación de los Estados miembros.

Todo esto muestra el valor real del trabajo realizado en la aplicación y el cumplimiento. Se trata de defender las decisiones tomadas en conjunto. Además, en última instancia, se trata de garantizar que los ciudadanos se beneficien realmente de la nueva normativa. Solo una Europa que coloca los derechos de los ciudadanos en el centro de todo lo que hace, es una Europa que realmente cumple. No hay tarea más importante.

Como dijo uno de mis grandes antecesores, Walter Hallstein: Europa es una Comunidad de Derecho. La ley es nuestra forma de garantizar que podamos proteger y promover nuestros valores y nuestros derechos. Es nuestro mejor instrumento para luchar en pos de la justicia, la igualdad y la equidad para nuestros ciudadanos. Esta es la razón por la que el Estado de Derecho nunca puede ser una opción y por eso en 2018 la Comisión puso tanto énfasis en la aplicación, como verán en el presente informe. Si queremos cumplir allí donde es más necesario, como prometieron los líderes en Sibiu, debemos continuar con este enfoque en 2019 y en años venideros.

Presidente de la Comisión Europea

Jean–Claude Juncker

1.Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión

La primera prioridad de la Comisión Juncker es estimular la inversión con vistas a crear puestos de trabajo y reforzar la competitividad de Europa. Sin embargo, el establecimiento de un entorno regulador propicio a la actividad empresarial y la creación de empleo se verá amenazado si los Estados miembros no ejecutan las normas de la UE correctamente y a su debido tiempo. 

Garantizar unas condiciones de trabajo justas en toda la UE

Todos los trabajadores de la Unión Europea tienen derecho a condiciones de trabajo justas. Este derecho se refleja en el pilar europeo de derechos sociales , que fue aprobado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea en noviembre de 2017. El pilar contiene un capítulo específico dedicado a unas condiciones de trabajo justas.

Durante los últimos años, la Comisión ha prestado especial atención al tiempo de trabajo. Entre otras cosas, ha publicado documentos de orientación para ayudar a los Estados miembros a aplicar la Directiva sobre el tiempo de trabajo.

Tras los esfuerzos de Dinamarca, Irlanda y Grecia, la Comisión cerró los procedimientos de infracción contra estos tres Estados miembros por la aplicación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo. La Comisión aseguró que Dinamarca respetara el derecho de los trabajadores a tomar sus vacaciones anuales en el mismo año en que se acumuló el permiso. En cuanto a Irlanda y Grecia, se tomaron las medidas necesarias para cumplir con las normas de la UE sobre límites del horario laboral de los médicos en los servicios de salud pública.

Los comités de empresa europeos, que representan a los empleados europeos de las empresas transnacionales, también contribuyen a garantizar condiciones de trabajo justas. A través de ellos, la dirección informa y consulta a los trabajadores acerca de las novedades de la empresa y de cualquier decisión relevante a escala europea que puedan afectar a su empleo o condiciones de trabajo. En 2018 la Comisión publicó un informe sobre la aplicación de la Directiva de la UE por la que se crean los comités de empresa europeos . El informe destaca los beneficios para los trabajadores y las empresas de tener un diálogo social transnacional a nivel de empresa a través de los comités de empresa europeos.



Aplicación de las normas en materia de medio ambiente

Durante 2018, la Comisión tomó medidas legales para abordar la aplicación inadecuada de la legislación medioambiental.

Siguiendo el control de adecuación de las Directivas de la UE sobre protección de la naturaleza, el plan de la Comisión para la naturaleza, las personas y la economía , adoptado en 2018, tiene como objetivo garantizar una red de lugares protegidos totalmente funcional, coherente y ecológicamente representativa. Por ejemplo, los Estados miembros deben completar la red Natura 2000 de áreas protegidas, subsanando las lagunas legales existentes respecto al medio ambiente marino y estableciendo las medidas de conservación necesarias para todos los lugares. En la sentencia Białowieża , el Tribunal aclaró las obligaciones en materia de gestión forestal relativas a los lugares Natura 2000. Esto es clave para la conservación de hábitats y especies protegidas.

En 2018, la Comisión adoptó medidas legales adicionales en los procedimientos de infracción contra Irlanda ,  Grecia y Portugal  para garantizar que se complete la red Natura 2000. Los procedimientos de infracción contra otros siete Estados miembros siguen abiertos.

La contaminación atmosférica sigue siendo un problema de salud pública considerable y una prioridad para la Comisión. En una Comunicación titulada: «Una Europa que protege: Aire puro para todos» , adoptada en 2018, la Comisión esboza las medidas disponibles para ayudar a los Estados miembros a luchar contra la contaminación atmosférica.

En 2018, la Comisión también llevó a seis Estados miembros (Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía y el Reino Unido) ante el Tribunal de Justicia por niveles excesivos de partículas (PM10), o dióxido de nitrógeno (NO2) en la atmósfera. La Comisión continuará con los procedimientos de infracción contra otros Estados miembros si estos no logran avances significativos hacia el cumplimiento.

En febrero de 2018, el Tribunal de Justicia dictaminó que Polonia  no había respetado la legislación de la UE sobre calidad del aire, ya que no pudo garantizar que la contaminación atmosférica no excediera los límites legales. Además, Polonia no había adoptado planes de acción adecuados para garantizar que el incumplimiento de los límites fuera lo más breve posible.

En septiembre de 2018, la Comisión publicó un informe de alerta temprana , que señala en qué aspectos los Estados miembros están en riesgo de incumplir los objetivos de residuos de la UE. De forma paralela, la Comisión tomó medidas en 2018 para subsanar deficiencias estructurales en la legislación de los Estados miembros en materia de residuos, como la presencia continua de vertederos ilegales o que no cumplen la normativa o la ausencia de planes de gestión de residuos.

La Comisión adoptó igualmente un plan de acción de nueve puntos sobre la garantía de cumplimiento , que analiza temas como las inspecciones y la gobernanza.



Aplicación de las normas en materia de agricultura

Dos de los principales objetivos de la política agrícola común son brindar apoyo a los agricultores y garantizar que los consumidores tengan un suministro estable de alimentos a precios asequibles. Otros objetivos incluyen luchar contra el cambio climático y gestionar los recursos naturales de manera sostenible, mantener las zonas rurales y los paisajes en toda la UE, así como proteger la economía rural mediante la promoción de empleos en la agricultura y en sectores conexos.

En 2018, las medidas de la Comisión para ejecutar las normas en el ámbito de la agricultura se centraron, como en años anteriores, en el seguimiento de la correcta aplicación de la reforma de los pagos directos por parte de los Estados miembros.

Los diálogos bilaterales continuaron con los Estados miembros que estaban utilizando incorrectamente la ayuda financiera en el marco del régimen de ayuda asociada voluntaria para prestar apoyo a tipos de agricultura o sectores que se enfrentaban a dificultades distintas del riesgo de abandono o de descenso de la producción. A través del diálogo, la Comisión convenció a las autoridades nacionales de un Estado miembro para que modificaran sus normas nacionales a fin de adaptarlas al derecho comunitario.

Las indicaciones geográficas protegen los nombres de productos específicos y promueven sus características únicas, vinculadas a su origen geográfico y a conocimientos técnicos tradicionales. En 2018, la Comisión continuó siguiendo situaciones específicas de aplicación indebida de las normas de la UE sobre las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas.

Dinamarca  permitió a las empresas danesas producir y exportar queso blanco a países no pertenecientes a la UE con la denominación «feta», aunque este queso no cumple con las especificaciones del producto para esta denominación de origen protegida.

Bulgaria ha mantenido su propio registro nacional de indicaciones geográficas para productos agrícolas y alimenticios desde 2008, sin tener en cuenta el carácter exclusivo de los registros de regímenes de calidad en toda la UE.

En 2018, la Comisión archivó los procedimientos de infracción contra Chipre, Italia y el Reino Unido, ya que introdujeron las normas de comercialización aplicables a las caseínas y los caseinatos en su legislación nacional.



Aplicación de las normas en el ámbito de los asuntos marítimos y la pesca

Ayudar a la industria pesquera europea y las zonas costeras a prosperar, al tiempo que se protege el medio ambiente marítimo, son objetivos clave de la política marítima de la UE.

Los objetivos de sostenibilidad de la política pesquera común de la UE contribuyen tanto a la conservación de las poblaciones como a maximizar el abastecimiento de pescado. Dado que estos objetivos deben cumplirse a más tardar en 2020, la estrategia de aplicación de la Comisión en 2018 siguió centrándose en la conservación y el control de la pesca, así como en el cumplimiento de la competencia exclusiva de la UE en esta área.

Los sistemas nacionales para el control y la observancia en el sector pesquero deben ser eficaces y deben prever sanciones disuasorias en caso de infracción de las normas.

La Comisión incoó un procedimiento de infracción contra Irlanda  para garantizar que las infracciones graves de las normas de pesca de la UE fueran sancionadas debidamente.

Los «planes de acción de control» son una herramienta específica de cumplimiento adoptada por la Comisión en estrecha cooperación con el Estado miembro en cuestión para promover la correcta aplicación de las normas del régimen comunitario de control  de la pesca. En 2018, la Comisión adoptó nuevos planes de acción para varios Estados miembros y supervisó su aplicación.

Un sistema eficaz de organizaciones de productores del sector pesquero es crucial para reunirlos con el fin de cumplir los objetivos de la política pesquera común y de la organización común de mercados.

La Comisión incoó un procedimiento de infracción contra el Reino Unido  por no garantizar el cumplimiento de las condiciones para el reconocimiento de las organizaciones de productores de pesca .

La ordenación del espacio marítimo ayuda a garantizar que todas las actividades humanas en el mar se realicen de manera eficiente, segura y sostenible. La Comisión supervisó la correcta aplicación del marco común de la UE para la ordenación del espacio marítimo de forma transfronteriza y sectorial a lo largo de 2018.



Aplicación de las normas sobre política regional

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos respaldan inversiones en ámbitos de actuación clave generadores de crecimiento en toda la UE.

Es necesario un marco adecuado para las inversiones que garanticen que sean lo más eficaces posible. En 2018, la Comisión centró especialmente sus esfuerzos en hacer cumplir precondiciones específicas, en particular en los ámbitos de la contratación pública, las ayudas estatales, los planes integrales para las inversiones en transporte, así como en el sector del agua y de los residuos.

Cuando una inversión no cumple las normas establecidas en la legislación de la UE, la Comisión aborda estas irregularidades mediante la suspensión de pagos o la aplicación de correcciones financieras, según sea necesario. En 2018, los esfuerzos de la Comisión por detectar y tomar medidas correctivas contra este tipo de irregularidades continuaron sin cesar.

En 2108, una comisión de estudio  evaluó si existen sistemas específicos eficaces utilizados por los Estados miembros para tratar las reclamaciones relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Encontró que, en la mayoría de los casos, los Estados miembros tienen acuerdos normalizados de gestión de denuncias basados en legislaciones nacionales o documentos del programa. Los acuerdos entre los Estados miembros de la UE son en general efectivos. Además, los acuerdos de gestión de denuncias están más desarrollados en el período de programación 2014-2020 en comparación con los acuerdos en el período 2007-2013.

Lucha contra el fraude al presupuesto de la UE

Los medios para combatir los casos de delito que afectan al presupuesto de la UE han mejorado significativamente con la adopción de la Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión . La Comisión está trabajando estrechamente con los Estados miembros para garantizar que la Directiva se aplique correctamente.

La Comisión incoó un procedimiento de infracción contra el Reino Unido  porque se negó a poner los derechos de aduana a disposición del presupuesto de la UE, tal como lo exige la legislación de la UE. Un informe de 2017 de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude encontró que los importadores en el Reino Unido habían eludido el pago de una gran cantidad de derechos arancelarios mediante el uso de facturas falsas y ficticias y declaraciones de valor en aduana incorrectas en la importación. Otras inspecciones de la Comisión revelaron un enorme aumento de la escala del sistema de infravaloración que operó a través del centro de operaciones del Reino Unido entre 2011 y 2017. El Reino Unido no tomó medidas para prevenir el fraude, a pesar de que le había advertido de tal riesgo en la importación de textiles y calzado desde China desde 2007 y, aun cuando se le había pedido que tomara las medidas adecuadas de control de riesgos. La Comisión calculó que la infracción de la legislación de la UE por parte del Reino Unido provocó pérdidas al presupuesto de la UE de 2 700 millones EUR (una vez deducidos los gastos de recaudación) entre noviembre de 2011 y octubre de 2017.

2.Un mercado único digital conectado

La Estrategia para el Mercado Único Digital pretende eliminar las barreras en línea que privan a los ciudadanos de la UE del acceso a bienes y servicios.

Mejora de la conectividad

Las comunicaciones digitales de alta velocidad promueven la innovación y mejores servicios para la economía y la sociedad. El desarrollo de la conectividad 5G es una prioridad para la Comisión. El objetivo es garantizar la disponibilidad del espectro radioeléctrico 5G en toda la UE de aquí a 2020.

La Comisión incoó procedimientos de infracción contra Bélgica ,  Croacia y los Países Bajos por no cumplir con los plazos intermedios para liberar el espectro para las comunicaciones móviles. Esto podría retrasar el desarrollo de las redes 5G.

Los trabajos de ingeniería civil, como la construcción de carreteras para tender cables de alta velocidad, representan hasta el 80 % del coste del despliegue de redes de banda ancha. La Directiva de reducción de costes de la banda ancha  tiene como objetivo fomentar la cooperación entre sectores como la energía, el agua y los proveedores de transporte. Esto puede crear las condiciones para un despliegue más eficiente de la nueva infraestructura, de modo que las redes se puedan construir a un menor coste, beneficiando así al público.

En 2018, la Comisión tomó medidas para garantizar que las redes de alta velocidad puedan introducirse más fácilmente. Como resultado, casi todos los Estados miembros han adoptado la Directiva de reducción de costes de la banda ancha en su legislación nacional.



Garantizar la ciberseguridad y la confianza en las transacciones en línea

La creación de un clima de confianza en el entorno en línea es esencial para el desarrollo económico y social. Con la entrada en vigor del Reglamento sobre identificación electrónica y servicios de confianza para transacciones electrónicas en el mercado interior (el Reglamento eIDAS ), se proporcionó una plataforma común para la interacción electrónica segura entre clientes, empresas y las autoridades públicas. El Reglamento eIDAS establece un marco jurídico general para el uso de servicios de confianza en la UE. Estos incluyen firmas electrónicas, sellos electrónicos, sellos de tiempo electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada y autenticación de sitios web.

La ciberseguridad es una prioridad importante para la Comisión. La Directiva de seguridad de redes y sistemas de información pretende alcanzar un nivel de seguridad alto y uniforme para los sistemas de redes e información en toda la UE.

En 2018, la Comisión incoó procedimientos de infracción contra diecisiete Estados miembros , exigiéndoles que apliquen plenamente esta primera parte de la legislación de la UE sobre ciberseguridad en sus legislaciones nacionales.

Mejor accesibilidad para ciudadanos con discapacidad

Las personas con discapacidades, especialmente discapacidades visuales o auditivas, pueden tener dificultades para acceder a los sitios web y aplicaciones móviles de los organismos del sector público.

El objetivo de la Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web Es mejorar el acceso a estas herramientas de información para personas con discapacidad.

La Comisión incoó procedimientos de infracción contra diecinueve Estados miembros, exigiendo que transpongan plenamente la Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web a sus legislaciones nacionales.

Para promover aún más la accesibilidad, la Comisión propuso la Directiva sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos , la cual establece una excepción obligatoria a los derechos de autor y derechos afines. Su objetivo es permitir que las personas que tienen dificultades para leer textos impresos accedan a libros y otros materiales impresos en formatos accesibles para ellos.

En 2018, la Comisión incoó procedimientos de infracción contra diecisiete Estados miembros que no habían aplicado esta Directiva en su legislación nacional a su debido tiempo.

Las normas establecidas en estas dos Directivas reflejan el trabajo en curso de la Comisión para construir una Unión Europea social e inclusiva, donde todos los europeos puedan participar plenamente en la economía y la sociedad digital.

3.Una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva

La  Unión de la Energía  de Europa garantiza una energía segura, asequible y limpia a los hogares y las empresas permitiendo la libre circulación de energía a través de las fronteras nacionales dentro de la UE. También estimula el desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructuras renovadas para reducir las facturas de las familias, crear trabajo e impulsar el crecimiento. La Unión de la Energía conducirá a un consumo de energía sostenible al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación y nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

Encabezando la transición energética hacia un sector de la energía seguro, protegido y sostenible con los consumidores en su centro

En 2016, la Comisión Europea propuso el paquete Energía limpia para todos los europeos. Esto alentó las ambiciones de la UE en el desarrollo de la transición hacia una energía limpia y en garantizar que la UE siga siendo competitiva a medida que los mercados mundiales de energía se transforman.

En 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político sobre todas las propuestas de la Comisión en este paquete.

El paquete Energía limpia para todos los europeos incluye una revisión de la legislación clave de la UE en áreas como el rendimiento energético de los edificios , la eficiencia energética , las energías renovables y la gobernanza de la Unión de Energía y las acciones contra el cambio climático , todo lo cual ya está en vigor. En cuanto al rendimiento energético de los edificios, el objetivo es acelerar la renovación rentable de los edificios existentes, movilizar inversiones y respaldar los sistemas de edificios inteligentes. El paquete también pretende aumentar el porcentaje de uso de energías renovables a al menos un 32 % para 2030. Estos objetivos se revisarán en 2023. Los Estados miembros deben establecer planes nacionales integrados de energía y clima para 2021 a 2030, que establezcan cómo pretenden alcanzar las metas 2030.

La Comisión supervisó el progreso de los Estados miembros hacia el cumplimiento de sus objetivos de eficiencia energética y hacia la sostenibilidad de los edificios mediante el uso de procedimientos de infracción, entre otras cosas.

La Comisión continuó los procedimientos de infracción contra los Países Bajos  y Eslovenia  por no cumplir con la Directiva de rendimiento energético de los edificios . Incoó procedimientos de infracción contra quince Estados miembros y les instó a que aplicaran correctamente las normas de la UE sobre eficiencia energética .

Los procedimientos de infracción también se utilizaron para proteger al público contra la radiación y garantizar la seguridad en el sector nuclear.

La Comisión instó a Bélgica ,  España  y  Polonia  a aplicar las normas de seguridad nuclear de la UE . Tomó medidas contra veintidós Estados miembros por no aplicar correctamente la Directiva sobre residuos radiactivos . La Comisión también incoó procedimientos de infracción contra nueve Estados miembros  por no aplicar la Directiva de normas básicas de seguridad .



Aplicación del Acuerdo de París sobre cambio climático

El Acuerdo de París de 2015 establece un plan de acción global para limitar el cambio climático.

La Unión Europea es la primera gran economía en trasladar los compromisos establecidos en el Acuerdo de París a leyes vinculantes.

En 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la legislación principal para aplicar el marco climático y energético 2030 . Dicho marco establece el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40 % (desde los niveles de 1990) para 2030. La Comisión ya está mirando hacia el futuro, con la presentación en 2018 de su visión de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutral para 2050 .

Alcanzar estos objetivos, así como los objetivos para 2020, requiere una legislación que se aplique y se haga cumplir. En 2018, las medidas de aplicación y control incluyeron procedimientos de infracción y diálogos informales con los Estados miembros.

Los diálogos informales con los Estados miembros se centraron en la  Directiva de captura y almacenamiento de carbono , el Reglamento sobre los gases fluorados  y el Reglamento de seguimiento, notificación y verificación de emisiones del transporte marítimo .

En 2018, la Comisión continuó de forma activa los procedimientos de infracción en curso por el hecho de que algunos Estados miembros no hubieran aplicado la Directiva sobre la calidad del combustible . La mayoría de los asuntos se archivaron y solo cinco permanecieron abiertos al final del año.

En 2018, la UE realizó importantes avances para establecer normas sólidas a fin de descarbonizar y modernizar el sector del transporte. En mayo, la Comisión presentó la primera propuesta legislativa sobre normas de emisión de dióxido de carbono para vehículos pesados . Además, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la legislación sobre supervisión y notificación de emisiones de dióxido de carbono de vehículos pesados y alcanzaron un acuerdo político sobre las normas de emisión de dióxido de carbono (CO2) para automóviles y furgonetas para el período posterior a 2020. La aplicación total y efectiva de estas medidas será clave para abordar las emisiones de CO2 del transporte por carretera, que aún representan alrededor de una quinta parte de las emisiones totales de CO2 de la UE.



4.Un mercado interior más justo y más profundo, con una base industrial reforzada

El mercado único de la UE sigue siendo el activo europeo más valioso, tanto para las personas como para las empresas. Ofrece enormes oportunidades para las empresas, así como una mayor posibilidad de elección y precios más bajos para los consumidores. También permite a las personas viajar, vivir, trabajar y estudiar en el lugar que deseen. No obstante, estas ventajas no se materializarán si las normas del mercado único no se aplican o ejecutan, o si no pueden producir todos sus efectos debido a otros obstáculos.

Velar por una competencia sin falsear

El mercado interno es más fuerte cuando la competencia no está distorsionada.

En 2018, la Comisión verificó que todos los Estados miembros habían completado la aplicación de la Directiva sobre daños y perjuicios y archivó los dieciocho procedimientos.

La Comisión también aceptó los recursos finales presentados por Grecia en un asunto relativo a la concesión de derechos de explotación exclusivos de lignito al principal titular del mercado eléctrico griego, en violación de las normas de competencia de la UE.

La incoación sistemática de procedimientos de infracción para garantizar el cumplimiento de las decisiones de la Comisión sobre ayudas estatales es esencial para la credibilidad del régimen de control de ayudas de la Comisión.

La Comisión emprendió acciones legales contra Italia por segunda vez, ya que las autoridades italianas no cumplieron con una decisión anterior del Tribunal. En esa sentencia, el Tribunal confirmó que Italia había concedido ayudas estatales ilegales a la industria hotelera en Cerdeña. La Comisión ordenó a Italia que recuperase las ayudas ilegales por un importe de cerca de 15 millones EUR. Hasta hoy, casi 13 millones EUR no han sido recuperados.

El Tribunal de Justicia impuso sanciones financieras en un asunto contra Grecia  por no haber aplicado una decisión de la Comisión de 2008 que le exigía que recuperase una ayuda estatal ilegal otorgada a la empresa Hellenic Shipyards.



Garantizar la libre circulación de los trabajadores

Los ciudadanos de la UE solo pueden beneficiarse de la oportunidad de trabajar en otros Estados miembros si los derechos de los trabajadores fuera de su Estado miembro de origen están debidamente protegidos.

Los regímenes de pensiones complementarios vinculados a una relación laboral pueden desalentar la movilidad de los trabajadores. Las normas de la UE sobre la mejora de la adquisición y la preservación de los derechos de pensión complementarios tienen como objetivo abordar estos obstáculos.

En 2018, la Comisión emprendió acciones legales contra diez Estados miembros por no aplicar las normas de la UE sobre la mejora de la movilidad de los trabajadores entre los Estados miembros  en sus legislaciones nacionales a su debido tiempo. A finales de 2018, la Comisión puso fin a sus acciones contra seis Estados miembros (Chequia, Grecia, España, Luxemburgo, Países Bajos y Austria), ya que habían adaptado su legislación a las normas de la UE.

La UE tiene normas precisas sobre la libre circulación de trabajadores, el desplazamiento de trabajadores y la coordinación de la seguridad social. El incumplimiento por parte de los Estados miembros de estas normas pone en riesgo la confianza y la equidad en el mercado interno. En particular, se ha expresado la preocupación de que los trabajadores móviles puedan ser vulnerables a los abusos o se les puedan negar sus derechos.

En 2018, la Comisión propuso la creación de la Autoridad Laboral Europea  para garantizar que las normas de la UE sobre movilidad laboral se apliquen de manera justa, simple y efectiva. El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado entretanto un acuerdo provisional sobre esta propuesta.



Garantizar la libre circulación de mercancías

En la industria automovilística, la Comisión concluyó que varios Estados miembros no habían establecido o aplicado sanciones para disuadir a los fabricantes de automóviles de incumplir la legislación sobre emisiones de vehículos. Esto fue posterior a las revelaciones de 2015 por las que se descubrió que el Grupo Volkswagen había usado {sI}software{eI} para eludir la normativa sobre emisiones de ciertos contaminantes atmosféricos.

En 2018, la Comisión tomó nuevas medidas en los procedimientos de infracción contra Alemania, Italia, Luxemburgo y el Reino Unido por incumplir sus obligaciones en virtud de la legislación de la UE en materia de homologación de vehículos.

La Comisión vela igualmente por que los Estados miembros no establezcan restricciones cuantitativas al comercio dentro de la UE. En 2018, la Comisión tomó medidas con respecto a los registros de automóviles y productos farmacéuticos.

En Francia, el registro de vehículos de segunda mano previamente registrados en otros Estados miembros ha sido a veces difícil. Tras la intervención de la Comisión, Francia modificó su legislación en 2018 para permitir el registro en línea de vehículos de segunda mano importados.

La Comisión tomó medidas contra Letonia por no aceptar el registro de vehículos con volante a la derecha.

El «comercio paralelo» permite a los mayoristas comprar medicamentos en un Estado miembro (normalmente donde los precios de los medicamentos también son más bajos), y venderlos en otros Estados miembros (donde los precios son más altos). El «comercio paralelo» de productos farmacéuticos es una actividad económica lícita en el mercado interior. Las importaciones paralelas pueden beneficiar a los pacientes y a los sistemas de salud públicos si fomentan precios más baratos y menores costes de reembolso. Al mismo tiempo, en algunos Estados miembros existe la preocupación de que las exportaciones paralelas puedan ocasionar una escasez de medicamentos para los pacientes, poniendo en peligro su salud e incluso sus vidas. Por lo tanto, los Estados miembros pueden restringir el comercio paralelo de medicamentos si constituye un riesgo para la protección de la salud y la vida humana o para la protección de la propiedad industrial y comercial.

En 2018, la Comisión Europea archivó los procedimientos de infracción y los procedimientos de tramitación de reclamaciones contra Polonia, Rumanía y Eslovaquia  sobre el comercio paralelo de medicamentos para uso humano. La Comisión consideró que era necesario buscar otras formas de abordar las preocupaciones de los Estados miembros en este ámbito. Con este fin, la Comisión consideró que debería tener lugar rápidamente un diálogo estructurado. La Comisión mantuvo su compromiso de apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por garantizar que los ciudadanos puedan acceder en el momento oportuno a una asistencia sanitaria asequible y de carácter preventivo y curativo que sea de buena calidad. Para ello, decidió recopilar más información para debatir las restricciones a la exportación con los Estados miembros en el Grupo de trabajo de la Comisión sobre productos farmacéuticos.



Garantizar la libertad de establecimiento

En cuanto a la libertad de establecimiento y la prestación de servicios, la Comisión emprendió acciones contra todos los Estados miembros (excepto Lituania) en 2018 por no adecuar su legislación a la Directiva sobre cualificaciones personales . Varias normas nacionales no cumplen con la Directiva. Se trata de la introducción de la tarjeta profesional europea, el mecanismo de alerta, la posibilidad de acceso parcial a una actividad profesional, la proporcionalidad de los requisitos lingüísticos, la creación de centros de asistencia y las obligaciones de presentación de informes y notificación.

Mejora de la información y la asistencia prestada a los ciudadanos y las empresas

En 2018, el 25.o aniversario del mercado único, la Comisión se centró en garantizar que las normas del mercado único funcionen adecuadamente en la práctica. La Comisión incrementó sus esfuerzos para que los ciudadanos y las empresas conozcan sus derechos y obligaciones a través del portal Your Europe, la piedra angular del futuro portal digital único. Los individuos y las empresas solo pueden disfrutar de los muchos beneficios del mercado único si en la práctica se aplican las normas acordadas conjuntamente. En línea con esta prioridad política, y como seguimiento del Plan de Acción SOLVIT , los Estados miembros han utilizado las pruebas proporcionadas por SOLVIT y Tu Europa – Asesoramiento para abordar infracciones recurrentes de la legislación de la UE. La base de datos de Tu Europa – Asesoramiento contiene más de 265 000 casos de la vida real, que brindan una excelente visión general de las diversas formas en que los ciudadanos y las empresas pueden beneficiarse del mercado único.

La interconexión de registros de empresas , que facilita la búsqueda de información empresarial en la UE a través de un único Portal Europeo de Justicia en línea, fue ampliamente utilizada en 2018. Hubo más de 372 000 búsquedas de información sobre empresas y más de 241 000 solicitudes de detalles empresariales.

Aplicación de la Unión de los Mercados de Capitales, las normas en materia de servicios financieros y la libre circulación de capitales

Las Directivas adoptadas a raíz de la crisis financiera deben aplicarse debidamente para aumentar la capacidad de recuperación y estabilidad del sector financiero y mejorar la protección de los inversores. La aplicación de algunas de estas Directivas también es importante para lograr la Unión de los Mercados de Capitales. La finalidad de esta Unión es mejorar el acceso a la financiación, en particular para empresas innovadoras, empresas emergentes, o pequeñas y medianas empresas. Asimismo, persigue hacer más atractivos los mercados de capitales para los inversores minoristas e institucionales, y facilitar las inversiones transfronterizas.

En 2018, la Comisión incoó procedimientos de infracción, ya que algunos Estados miembros no habían aplicado la Directiva de distribución de seguros  y la Directiva de servicios de pago  en su legislación nacional a su debido tiempo.

La Comisión también continuó los procedimientos de infracción contra España y Eslovenia ya que no aplicaron la Directiva de contabilidad y auditoría y la Directiva de cuentas de pago a su debido tiempo.

La Directiva sobre mercados de instrumentos financieros pretende mejorar la protección de los inversores, fortalecer el mercado único y crear condiciones comerciales transparentes, bien supervisadas, competitivas y estables en los mercados de todo el Espacio Económico Europeo.

La Comisión continuó los procedimientos de infracción contra Eslovenia por no aplicar la Directiva de mercados de instrumentos financieros en su legislación nacional a su debido tiempo.

Las normas de la UE garantizan que los inversores tomen decisiones con conocimiento de causa y les aseguran que se encuentran adecuadamente protegidos y tienen derecho a una compensación si algo saliera mal.

La Comisión incoó un procedimiento de infracción contra Chipre por posponer el pago de una indemnización indefinidamente, en violación de la Directiva sobre los sistemas de indemnización de los inversores .

Sobre la libre circulación de capitales, la Comisión había incoado procedimientos de infracción en el pasado contra cinco Estados miembros sobre el sistema contenido en los tratados bilaterales de inversión intracomunitarios que permiten a los inversores de la UE presentar reclamaciones contra los Estados miembros ante los tribunales de arbitraje.

En 2018, el Tribunal de Justicia falló en el asunto Achmea  que este sistema de arbitraje no es compatible con la legislación de la UE. La Comisión supervisa de cerca el seguimiento de la sentencia del Tribunal que hagan los Estados miembros.



Aplicación de las normas en materia de fiscalidad y aduanas

La estrategia de ejecución de la Comisión en el ámbito de aduanas se centró en garantizar que los Estados miembros aplicasen correctamente y de manera uniforme el Código Aduanero de la Unión , y en detectar cargos con un efecto equivalente al de los derechos de aduana, incluso dentro de la UE.

Después de que la Comisión hubiera iniciado una investigación, las autoridades belgas modificaron su normativa para eliminar una restricción de la representación aduanera directa que era contraria al Código Aduanero de la Unión .

La Comisión llevó a cabo una investigación para verificar las tarifas postales en los Estados miembros. Dichas tarifas pueden ser contrarias a la legislación aduanera de la UE, a saber, las normas sobre representación aduanera y la prohibición de imponer tarifas por trámites aduaneros.

En materia de impuestos indirectos, la Comisión dio prioridad en sus esfuerzos de cumplimiento para perseguir las infracciones que falsean la competencia en el mercado interior o que van en contra de la equidad fiscal.

Tras las revelaciones de los papeles del paraíso sobre el fraude fiscal generalizado en los sectores de los yates y las aeronaves, la Comisión emprendió acciones legales contra Grecia , Italia , Chipre ,  Malta , y el Reino Unido . Estos Estados miembros habían establecido medidas fiscales favorables a las industrias de fabricación de embarcaciones de recreo y de aeronaves que son contrarias a la legislación de la UE.

La Directiva del IVA permite un régimen especial de IVA destinado a agricultores que probablemente experimenten dificultades administrativas al aplicar el régimen de IVA normal. La Comisión tomó medidas contra Alemania , que había aplicado este régimen especial por defecto a todos los agricultores, incluidos los propietarios de grandes explotaciones que no se enfrentan a tales dificultades.

Uno de los beneficios del mercado interior es que los particulares y las empresas tienen libertad para desplazarse, operar e invertir traspasando las fronteras nacionales. Puesto que los impuestos directos no están armonizados en toda la UE, esta libertad puede implicar que algunos contribuyentes consigan eludir o evadir impuestos en su país de residencia. Por ello, las autoridades tributarias dentro de la UE han acordado cooperar más estrechamente para garantizar el pago de los impuestos y luchar contra el fraude y la evasión fiscales. Esta cooperación se ha consagrado en la Directiva sobre cooperación administrativa . En un entorno cada vez más globalizado, esta Directiva permite a los Estados miembros garantizar que todos sus contribuyentes paguen los impuestos que les corresponden. Es la principal herramienta de transparencia para combatir las prácticas de evasión fiscal sacadas a la luz en los casos de LuxLeaks, así como en los Papeles de Panamá y del Paraíso.

La acción de la Comisión en 2018 se centró en garantizar que los Estados miembros aplicaran importantes modificaciones a la Directiva sobre cooperación administrativa relativa al acceso a la información sobre blanqueo de capitales , el intercambio automático de información de cuentas financieras y cooperación administrativa en materia fiscal .

La Comisión Europea continuó los procedimientos de infracción contra Irlanda, Grecia, Chipre, Luxemburgo y Rumania  por no haber aplicado medidas respecto al acceso a la información sobre la lucha contra el blanqueo de capitales  a su debido tiempo. La Comisión también emprendió acciones legales contra Chequia  por no aplicar correctamente la normativa de la UE sobre  el intercambio automático de información de cuentas financieras..

En 2018, la Comisión archivó los procedimientos de infracción contra Bélgica (sobre la tasa impositiva anual más alta para los fondos de inversión profesionales extranjeros) y Portugal  (sobre tributación a la salida para individuos) después de que alinearan sus normativas fiscales con los requisitos de la legislación de la UE.

Garantizar un nivel de protección elevado a los consumidores

En abril de 2018, la Comisión propuso un nuevo acuerdo para los consumidores fin de garantizar que todos los consumidores europeos se beneficien plenamente de sus derechos en virtud de la legislación de la UE. Al amparo de dicho acuerdo, las entidades habilitadas, por ejemplo, las organizaciones de consumidores, tendrán derecho a reclamar compensaciones, sustituciones o reparaciones en nombre de un grupo de consumidores que hayan sufrido perjuicios por prácticas comerciales ilegales.

Por ejemplo, ante un escenario tipo Dieselgate, las víctimas de prácticas comerciales desleales , como, por ejemplo, la publicidad engañosa de los fabricantes de automóviles que no esté en consonancia con la legislación medioambiental o la normativa sobre homologaciones podrían, al amparo de este nuevo acuerdo propuesto, obtener una reparación de forma colectiva a través de una acción representativa. En la actualidad, la legislación de la UE todavía no ofrece la posibilidad del recurso colectivo.

El nuevo acuerdo para consumidores fortalecerá los derechos de los consumidores en línea, abordará la doble calidad de los productos de consumo y mejorará las condiciones para las empresas.

En 2018, la Comisión también supervisó cómo los Estados miembros adoptaban la Directiva relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados en sus legislaciones nacionales.

La Comisión incoó procedimientos de infracción contra catorce Estados miembros que incumplieron sus obligaciones en virtud de la Directiva.

Durante 2018, la Comisión también tomó medidas para mejorar la aplicación de la legislación de la UE sobre alternativas al consumidor y la resolución de litigios en línea. Esto incluyó mejoras en la plataforma europea de resolución de litigios en línea. La Comisión organizó la primera asamblea de la comunidad de resolución de litigios en línea europea, con más de 350 participantes. También organizó talleres con las autoridades nacionales de consumo para preparar el nuevo Reglamento de cooperación para la protección del consumidor , que entrará en vigor en 2020.



Garantizar un nivel de protección elevado de la salud pública

En 2018, la Comisión continuó supervisando la forma en que los Estados miembros aplicaban las disposiciones de la Directiva sobre los productos del tabaco en su legislación nacional. La finalidad de dicha Directiva es reducir el consumo de tabaco, en particular desincentivando que los jóvenes empiecen a fumar y garantizando que el público sea plenamente consciente de los efectos nocivos del tabaco.

Una reducción en el consumo de tabaco de tan solo el 2 % se traduce en un ahorro anual para la atención sanitaria de aproximadamente 506 millones EUR en toda la UE.

En 2018, la Comisión archivó los procedimientos de infracción contra Bulgaria, Francia, Letonia, Hungría y Finlandia, ya que tomaron medidas para aplicar la Directiva de los productos del tabaco en su legislación nacional.

El derecho de los pacientes a acceder a una asistencia sanitaria segura y de calidad en otros países de la UE sigue siendo una prioridad para la Comisión en 2018. La Comisión siguió de cerca la aplicación de la Directiva relativa a la asistencia sanitaria transfronteriza .

La iniciativa ciudadana europea en 2017 que solicitaba la prohibición del glifosato demostró que existe un gran interés público en el uso seguro y sostenible de plaguicidas. Para la Comisión, este es un importante problema de salud pública y medio ambiente. En 2018, la Comisión llevó a cabo una serie de auditorías de los Estados miembros para verificar qué uso dan a los plaguicidas. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los avances realizados en la aplicación de la Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas más adelante en 2019.



Aplicación de las normas en materia de movilidad y transporte

En 2018, la Comisión centró sus esfuerzos de cumplimiento en tres ámbitos: seguridad en el transporte, digitalización a través del desarrollo de sistemas de transporte inteligentes y finalización del Mercado Único en el transporte.

La seguridad sigue siendo la principal preocupación para cualquier sistema de transporte. Crear un entorno para un transporte seguro es esencial para el público. Una de las funciones de la Comisión es responder a estas expectativas asegurando que se aplican normas de seguridad satisfactorias en toda la UE en todos los modos de transporte. Estas normas de seguridad ayudan de forma significativa a reducir el número de accidentes de transporte.

En el transporte ferroviario, la normativa de la UE obliga a los Estados miembros a crear una autoridad independiente responsable de la seguridad, así como un organismo independiente de investigación de accidentes e incidentes. Por otra parte, los Estados miembros están obligados a definir principios comunes de seguridad ferroviaria.

La Comisión solicitó a Alemania  y Bulgaria  que aplicaran plenamente la legislación de la UE en materia de seguridad ferroviaria. Alemania no pudo garantizar que sus redes de transporte regionales estuvieran sujetas a los requisitos de seguridad establecidos por las normas de la UE. La legislación búlgara aún no garantiza que las investigaciones de los incidentes y accidentes ferroviarios graves las lleve a cabo un organismo de investigación independiente.

En el sector marítimo, el objetivo de estas normas es garantizar que se respetan las normas en materia de formación de las profesiones marítimas en toda la UE y que se ajustan a las normas ya acordadas a escala internacional.

La Comisión instó a España , Malta  y  Lituania  a cumplir con las normas de la UE sobre el nivel mínimo de formación de los marineros . Letonia no aplicó las normas internacionales pertinentes a los viajes cerca de la costa, mientras que España presentó una serie de deficiencias en relación con la certificación de los marineros y el diseño de programas marítimos. En el caso de Malta, el sistema de gestión de calidad aplicado por una de sus instituciones de formación marítimas autorizadas no cubría todos sus cursos de capacitación marítima.

En el sector de transporte aéreo, la Comisión se aseguró de que los Estados miembros estén aplicando correctamente las normas de la UE sobre normas de aviación.

La Comisión solicitó a Hungría  que intensificara su seguimiento de la forma en que se realizan las operaciones aéreas. También tomó medidas contra Irlanda por no cumplir con algunos de los requisitos europeos sobre la notificación, en particular por parte de profesionales de la aviación, de incidentes en la aviación civil, y en el análisis y seguimiento de estos incidentes.

Una inspección de la Comisión de la autoridad griega de aviación civil reveló que las entidades responsables de la aplicación de las normas de seguridad de la aviación en Grecia no fueron supervisadas regularmente. La Comisión solicitó que Grecia  llevara a cabo el seguimiento adecuado.

En los próximos años, se espera que la digitalización del transporte dé un salto adelante y que lo haga más seguro, más eficiente y más sostenible. Los sistemas de transporte inteligentes se están desarrollando gradualmente. Sin embargo, el potencial de tales sistemas solo se puede lograr si se despliegan de manera efectiva y si la información y la gestión de los viajes se coordinan a nivel de la UE.

La Comisión incoó procedimientos de infracción contra nueve Estados miembros que no proporcionaron de forma gratuita a los usuarios información de tráfico universal mínima sobre seguridad vial. También continuó los procedimientos de infracción contra siete Estados miembros  que no cumplieron con sus obligaciones de proporcionar servicios de información sobre el tráfico en tiempo real en toda la UE . Por último, instó a seis Estados miembros  a aplicar normas en los Sistemas de Transporte Inteligente .

La Comisión también verificó que los Estados miembros pudieran intercambiar de forma efectiva información sobre tarjetas de tacógrafos a través del sistema europeo TACHOnet. El tacógrafo es un dispositivo que registra el tiempo de conducción, las pausas, los descansos y los períodos de otros trabajos realizados por un conductor.

La Comisión solicitó a diez Estados miembros  que cumplieran con las normas de la UE sobre la interconexión de los registros electrónicos nacionales de tarjetas de tacógrafos .

Un mercado de transporte interno que funcione plenamente solo se podrá lograr si no existen obstáculos injustificados para la prestación de servicios de transporte. En el sector del transporte por carretera, el mercado de los transportistas es crucial para el transporte de mercancías en la UE y es un sector importante para las pequeñas y medianas empresas.

El Tribunal de Justicia confirmó que España  discriminó a los pequeños transportistas por carretera al excluirlos del mercado del transporte por carretera. España les exigió tener una flota de al menos tres vehículos para obtener una licencia de transporte. Además, la Comisión tomó medidas contra Dinamarca , cuya normativa de estacionamiento de camiones limita el tiempo de estacionamiento a 25 horas. Estas normas dificultan que los conductores de camiones respeten las normas de descanso. Como estas normas afectan principalmente a los transportistas no residentes, constituyen una discriminación indirecta injustificable por motivos de nacionalidad.

Una mayor integración del sector del transporte es esencial para completar el mercado interior. Los ferrocarriles son una parte vital del sector del transporte de la UE y del avance hacia la movilidad sostenible. En 2018, la Comisión presentó una evaluación general de la conformidad de las legislaciones nacionales con el instrumento jurídico de la UE que establece un espacio ferroviario europeo único.



5.Una Unión Económica y Monetaria más profunda y más justa

Una «Unión Económica y Monetaria más profunda y más justa» es un componente fundamental de la respuesta de la Comisión a la crisis económica y financiera. Esta política persigue reforzar la economía de la UE de forma que se creen más puestos de trabajo y se mejoren las condiciones de vida de las personas.

Aplicación de las normas de la Unión Económica y Monetaria

La Unión Económica y Monetaria ocupa un lugar central en el proceso de integración de la UE. Alcanzar una Unión Económica y Monetaria no es un fin en sí mismo, sino un medio para ofrecer estabilidad y un crecimiento más sólidos, sostenibles e integradores en toda la zona del euro y en la UE en su conjunto para mejorar la vida de todas las personas.

En 2018, la Comisión prestó especial atención a la transposición de la Directiva sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros .

Por otro lado, el euro solo puede ser una divisa fuerte y de confianza a ojos del público y las empresas si está convenientemente protegido frente a la falsificación.

En 2018, la Comisión prosiguió sus acciones legales contra Bélgica, Bulgaria, Croacia, Irlanda, Grecia, Luxemburgo, Malta, Eslovaquia y Eslovenia por no aplicar las normas de la UE sobre la protección del euro y otras monedas contra la falsificación por el Derecho penal .



Aplicación de las normas de la unión bancaria

En el marco de la unión bancaria, la Comisión siguió comprobando la aplicación de la cuarta Directiva sobre Requisitos de Capital , la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos y la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias . Estos instrumentos de la UE tienen por objeto garantizar que los bancos sean más sólidos y estén mejor supervisados, y que sea posible resolver cualquier problema con mayor facilidad sin utilizar el dinero de los contribuyentes.

En julio de 2018, la Comisión decidió llevar a España  ante el Tribunal de Justicia de la UE por no adoptar las medidas nacionales necesarias para transponer completamente la Directiva de requisitos de capital . Dado que las autoridades españolas tomaron medidas para garantizar la plena transposición de la Directiva, la Comisión decidió que la ejecución del recurso debía suspenderse, en espera de la adopción de las leyes de modificación. 

La Comisión también continuó verificando que los Estados miembros respetaran la independencia y el funcionamiento autónomo de los bancos centrales.

En 2018, la Comisión continuó sus acciones legales contra Eslovenia  por no respetar la inviolabilidad de los archivos del Banco Central Europeo.



6.Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua

En el ámbito de la justicia, la Comisión garantiza el respeto del Estado de Derecho y la Carta de los Derechos Fundamentales. Asimismo, vela por que se respeten derechos específicos, como el derecho a la libre circulación, la protección de datos, la igualdad de género, la no discriminación, los derechos de las víctimas y el derecho a un juicio justo en los procesos penales. Estos temas ocupan un lugar destacado en la agenda de la Comisión, ya que tienen consecuencias en la vida de las personas.

En el marco del ejercicio del  Semestre Europeo, la Comisión siguió animando a los Estados miembros a mejorar la eficacia de sus capacidades de ejecución. Esto afecta especialmente a la independencia, la calidad y la eficiencia de sus sistemas nacionales de justicia. Con este fin, la Comisión propuso recomendaciones específicas por país para cinco Estados miembros, luego adoptadas por el Consejo. A través del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE , la Comisión supervisa la independencia, la calidad y la eficiencia de los sistemas nacionales de justicia. En mayo de 2018, la Comisión también propuso un Reglamento sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas con respecto al Estado de Derecho en los Estados miembros. El respeto por el Estado de Derecho es una condición esencial para una buena gestión financiera.

Defensa del Estado de Derecho y los derechos fundamentales

En 2018, la Comisión continuó sus esfuerzos para promover y defender el respeto del Estado de Derecho en toda la UE.

En particular, la Comisión continuó su diálogo con las autoridades polacas en el marco del Estado de Derecho. El Consejo de Asuntos Generales celebró tres audiencias con Polonia en este marco.

La Comisión llevó a Polonia  ante el Tribunal de Justicia de la UE debido a las vulneraciones del principio de independencia judicial en el Tribunal Supremo a que da lugar la nueva Ley polaca. La Comisión solicitó al Tribunal que ordenara medidas provisionales hasta que hubiera dictado una sentencia sobre el asunto. El tribunal concedió las medidas provisionales solicitadas.

El 12 de septiembre de 2018, el Parlamento Europeo incoó el procedimiento de infracción del Estado de Derecho contra Hungría en virtud del artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE). La Comisión comparte las preocupaciones expresadas en el informe del Parlamento, en particular sobre los derechos fundamentales, la corrupción, el trato a los romaníes y la independencia del poder judicial. De conformidad con el procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE, y a petición del Consejo, la Comisión proporcionó información objetiva sobre los procedimientos de infracción en curso pertinentes contra Hungría.

La Comisión incoó un nuevo procedimiento de infracción contra Hungría sobre su legislación que penaliza las actividades en apoyo de las solicitudes de residencia y asilo y restringe aún más el derecho de solicitar asilo.

Mejora de la protección de datos

En 2018, la Comisión continuó su labor para ayudar a los Estados miembros y partes interesadas a aplicar las nuevas normas del Reglamento general de protección de datos , en vigor desde el 25 de mayo de 2018. El conjunto único de reglas de protección de datos es directamente aplicable en toda la UE y garantiza el libre flujo de datos, fortalece la confianza y la seguridad de los ciudadanos y establece normas uniformes para las empresas. La Comisión organizó reuniones con las autoridades nacionales, el sector, los profesionales y el Consejo Europeo de Protección de Datos. También adaptó el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), que puede ser utilizado por las autoridades de protección de datos para ayudarse mutuamente y coordinar la toma de decisiones en casos transfronterizos.

Para mayo de 2018, los Estados miembros necesitaban aplicar la Directiva relativa al tratamiento de datos personales para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. Las víctimas, los testigos y los sospechosos de delitos se protegen debidamente en el contexto de una investigación penal o una medida de aplicación de la legislación. Al mismo tiempo, las nuevas disposiciones facilitan la cooperación transfronteriza de la policía o los fiscales en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

En julio de 2018, la Comisión emprendió acciones legales contra diecinueve Estados miembros por no transponer esta Directiva en su legislación nacional a su debido tiempo.

Lucha contra la discriminación

En junio de 2018, la Comisión adoptó una Recomendación sobre normas para organismos de igualdad . Alienta a los Estados miembros a fortalecer la independencia y la eficacia de los organismos de igualdad. Esto debería ayudar a los organismos a realizar sus tareas clave de ofrecer asistencia independiente a las víctimas de discriminación, promover la igualdad, realizar encuestas independientes y emitir informes y recomendaciones independientes.

La Comisión supervisó de cerca la aplicación de la Directiva de igualdad racial , un instrumento legal clave de la UE para combatir la discriminación por motivos de origen racial o étnico. La Comisión centró sus esfuerzos en el acceso de la comunidad romaní a la educación y la vivienda. Con este fin, organizó misiones de investigación en los Estados miembros y reuniones con partes interesadas y con los grupos de expertos de alto nivel correspondientes (incluido un subgrupo dedicado a los datos de igualdad).



Aplicación de las normas en el ámbito de la seguridad

En 2018, prosiguieron los trabajos para hacer cumplir la legislación en el contexto de la Agenda Europea de Seguridad y el desarrollo de la Unión de la Seguridad. La aplicación de las normas de la UE en este ámbito es fundamental para garantizar un nivel de seguridad elevado en toda la UE. Los informes de situación periódicos sobre la Unión de la Seguridad mencionan los esfuerzos que se están realizando para garantizar que las normas se aplican plena y correctamente.

La Directiva relativa a la orden europea de investigación en materia penal y la cuarta Directiva antiblanqueo son herramientas fundamentales para que la cooperación en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo transfronterizos sea eficaz. Ambas Directivas contribuyen a las metas de la Agenda de Seguridad.

En 2018, la Comisión continuó los procedimientos de infracción contra que no transpusieron la cuarta Directiva antiblanqueo a su legislación nacional. Llevó a Irlanda y Rumanía  ante el Tribunal de Justicia por esta razón.

La orden europea de investigación simplifica el trabajo de las autoridades judiciales cuando solicitan pruebas ubicadas en otro país de la UE.

La Comisión tomó nuevas medidas en los procedimientos de infracción contra  Bulgaria, España, Luxemburgo y Austria  por no aplicar las normas de la UE en la orden europea de investigación en cuestiones penales.

En 2018, la Comisión supervisó la aplicación en los Estados miembros de dos Directivas clave sobre seguridad y lucha contra delitos graves: la Directiva sobre el registro del nombre del pasajero y la Directiva sobre la lucha contra el terrorismo .

La Comisión incoó procedimientos de infracción contra catorce Estados miembros por no transponer la Directiva de registro de nombre de pasajeros a su debido tiempo. También lanzó procedimientos contra dieciséis Estados miembros por no haber transpuesto a tiempo la Directiva para combatir el terrorismo .



7.Hacia una nueva política de migración

La política migratoria de la Comisión pretende dotar a la UE de las herramientas para gestionar mejor la migración a medio y largo plazo. Abarca la migración irregular, las fronteras, el asilo y la migración legal.

En 2018, la Comisión siguió supervisando la aplicación de la legislación de la UE en materia de migración y asilo, en particular la Directiva sobre procedimientos de asilo , la Directiva sobre las condiciones de acogida y la Directiva sobre retorno . Estas Directivas establecen normas sobre el procesamiento de las solicitudes de asilo, garantizan un nivel de vida digno para los solicitantes de asilo en la UE y establecen normas y procedimientos comunes según los cuales los ciudadanos que no son miembros de la UE que permanecen ilegalmente pueden ser expulsados de los territorios de los países de la UE.

La Comisión remitió a Hungría al Tribunal de Justicia respecto a su legislación de 2017 sobre asilo y retorno. La Comisión considera que la legislación húngara no cumple con la Directiva sobre procedimientos de asilo , la Directiva sobre condiciones de acogida , la Directiva sobre retorno o con varias disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales. La Comisión también incoó un procedimiento de infracción  contra Bulgaria sobre la compatibilidad de la legislación de asilo búlgara con la legislación de la UE.

En cuanto a la migración legal, la prioridad de la Comisión es mejorar la capacidad de la UE para atraer y retener trabajadores altamente cualificados. Por consiguiente, es importante garantizar que las Directivas en materia de migración legal se apliquen plena y adecuadamente. Estas establecen una serie de condiciones comunes para la admisión y residencia de los nacionales de terceros países.

En 2018, la Comisión incoó procedimientos de infracción contra diecisiete Estados miembros  por no aplicar la Directiva de estudiantes e investigadores a su debido tiempo.

La Comisión también continuó verificando que los Estados miembros no cobren tasas desproporcionadas por la expedición de permisos de residencia a ciudadanos de países no pertenecientes a la UE.

La Comisión incoó un procedimiento de infracción contra los Países Bajos  por cobrar tasas excesivas y desproporcionadas por los permisos de residencia en virtud de las normas de la UE en materia de migración legal.

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