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Document 52018AE2790

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo» [COM(2018) 373 final — 2018/0198 (COD)]

EESC 2018/02790

OJ C 440, 6.12.2018, p. 124–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/124


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo»

[COM(2018) 373 final — 2018/0198 (COD)]

(2018/C 440/20)

Ponente:

Etele BARÁTH

Consulta

Parlamento Europeo, 11.6.2018

Consejo de la Unión Europea, 19.6.2018

Fundamento jurídico

Artículos 175 y 304 del TFUE

 

 

Sección competente

Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en la sección

7.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

195/1/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión Europea, relativa a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo (en lo sucesivo, el «mecanismo»). En opinión del CESE, la propuesta refleja un nuevo enfoque y puede ofrecer nuevas posibilidades de cooperación basadas en la subsidiariedad entre los distintos Estados miembros y contribuir a un desarrollo socioeconómico sostenible y más equilibrado de las regiones fronterizas, así como al crecimiento del PIB en la Unión Europea.

1.2.

El CESE considera que la propuesta está suficientemente motivada, puesto que si bien existen varios instrumentos institucionales que apoyan a estas regiones (como Interreg y la AECT), estas no disponen de las competencias necesarias para adoptar las correspondientes medidas legales.

1.3.

El CESE considera que la puesta en práctica del proyecto de Reglamento puede contribuir a la eliminación de los obstáculos históricos, a la difusión de la práctica cotidiana de la europeidad y al fomento del sentimiento de ciudadanía europea.

1.4.

El CESE alienta a la Comisión Europea a aclarar todas estas cuestiones que suscitan inseguridad jurídica, para que el proceso, considerado complejo y dotado de excesivas garantías, no tenga un efecto disuasorio para los posibles usuarios de dicha legislación. Es indispensable determinar claramente la manera de animar a dos Estados miembros vecinos a cooperar aunque sus respectivos puntos de vista sobre el proyecto o sus enfoques generales sean divergentes.

1.5.

El CESE hace hincapié en la necesidad de velar en todo momento por la correcta aplicación del Reglamento dado que este no regula las soluciones, sino el propio proceso, y puede brindar un marco para innumerables posibilidades de cooperación.

1.6.

El proyecto de Reglamento presenta la ventaja de que armoniza en lugar de uniformizar y que, por consiguiente, la determinación de su ámbito de aplicación territorial constituye un factor importante de su aplicabilidad (véase el punto 2.7.4).

1.7.

Por otra parte, la propuesta de Reglamento parte del principio de que, para resolver un problema determinado, se podría aplicar la legislación en vigor al otro lado de la frontera. Sin embargo, este planteamiento no es viable en muchos casos: puede que a ninguno de los dos lados de la frontera haya una normativa en vigor que ayude a resolver un problema determinado, por lo que la solución puede basarse en el modelo ofrecido por un tercer país. Debería proponerse un mecanismo que tenga en cuenta este supuesto.

1.8.

El CESE se congratula del sistema de coordinación establecido por la Comisión Europea, y cuenta con los puntos de coordinación transfronteriza para difundir las antiguas «buenas prácticas» (programas transfronterizos, etc.) y territorializar las iniciativas (por ejemplo, la coherencia con las estrategias macrorregionales integradas de desarrollo urbano). A tal fin, el Comité recomienda aprovechar la experiencia y la capacidad de coordinación de las organizaciones de la sociedad civil (véase el punto 2.14.2).

1.9.

Aunque el proyecto de Reglamento puede contribuir a reforzar aún más una administración pública europea innovadora y responsable, el CESE considera necesario imponer a las partes interesadas una obligación de información para poner de relieve las posibilidades de cooperación transfronteriza, y propone facilitar la participación en los procesos a través de los medios que brinda la administración electrónica, así como hacer más atractiva esta participación.

1.10.

El CESE recomienda que se preste atención al importante desequilibrio que podría surgir entre los posibles iniciadores, que debería compensarse previendo un apoyo para facilitar la participación de los socios más desfavorecidos en un principio.

1.11.

Por lo que se refiere a las iniciativas y prácticas jurídicas transfronterizas, es importante evitar cualquier posibilidad de regresión. Debe velarse muy especialmente por que ninguna de las partes sea penalizada ni sufra perjuicio alguno como resultado de la cooperación.

2.   Observaciones generales

2.1.

El CESE acoge favorablemente las iniciativas destinadas a eliminar los obstáculos al mercado común y a contribuir a la realización de sus cuatro libertades fundamentales (1). El CESE considera que la propuesta de instauración de un mecanismo transfronterizo, fruto del trabajo eficaz de la Presidencia luxemburguesa, es un paso más en esta dirección.

2.2.

En la Unión Europea hay cuarenta regiones fronterizas terrestres interiores, que representan el 40 % de su territorio y casi el 30 % de su población. A diario, 1,3 millones de personas cruzan una frontera para ir a trabajar (2).

2.3.

Estos cruces de fronteras pueden generar problemas relacionados con el empleo, la mejora de la asistencia sanitaria, la utilización de los servicios ofrecidos por las instituciones estatales o la prestación de servicios de emergencia. El no reconocimiento de los regímenes fiscales, las pensiones y otros derechos y normas, así como la falta de servicios de emergencia comunes, podrían plantear graves problemas. La mayor parte de los obstáculos restantes se derivan de actos legislativos nacionales divergentes a ambos lados de la frontera, de procedimientos administrativos incompatibles o simplemente de una falta de planificación territorial conjunta (3).

2.4.

No obstante, por lo general, las regiones fronterizas obtienen peores resultados económicos que otras regiones de un Estado miembro. El acceso a los servicios públicos, como los hospitales y las universidades, suele ser más difícil en las regiones fronterizas. Los particulares, las empresas y las autoridades públicas de las regiones fronterizas se enfrentan a dificultades concretas para abrirse camino entre dos sistemas administrativos y jurídicos diferentes. Investigadores de la Universidad Técnica de Milán han demostrado que la eliminación de los obstáculos administrativos actuales permitiría aumentar el PIB de la Unión en un 8 % aproximadamente (4).

2.5.

Habida cuenta de la dimensión social de este problema, el CESE considera especialmente importante establecer mecanismos que, mediante la eliminación de los obstáculos administrativos, permitan a los ciudadanos elegir libremente su empleo y apoyen el desarrollo de infraestructuras y servicios de interés general.

2.6.

Asimismo, desde un punto de vista económico, se considera muy acertado el enfoque adoptado en la propuesta, que permitirá reducir aún más las cargas administrativas, en interés tanto de los empresarios como de los trabajadores.

2.7.

Debido a su situación periférica, las zonas fronterizas suelen ser menos favorecidas, en términos tanto económicos como sociales (5). Una iniciativa de este tipo podría contribuir de manera significativa al fortalecimiento de la cohesión territorial, cuyo objetivo consiste en garantizar el desarrollo armonioso de todas las regiones y permitir a sus habitantes aprovechar al máximo los activos regionales. Conforme a lo dispuesto en el Tratado de Lisboa (6), el CESE considera que esta diversidad puede convertirse en una ventaja que contribuya al desarrollo sostenible de la Unión en su conjunto.

2.7.1.

El CESE lamenta que la Comisión no haya emprendido un proceso participativo con el fin de adoptar una estrategia global e integrada para una Europa sostenible hasta 2030 y más allá (7). Por lo tanto, habida cuenta de que reviste especial importancia la contextualización del nuevo mecanismo, el CESE considera que los nuevos puntos de coordinación transfronteriza no solo deben garantizar una armonización jurídica, sino también la integración de las iniciativas en los distintos procesos territoriales.

2.7.2.

Estos procesos territoriales incluyen, en particular, las estrategias territoriales de los diferentes niveles (por ejemplo, las estrategias macrorregionales o las estrategias integradas de desarrollo urbano), así como la integración de la experiencia relacionada con los programas europeos de cooperación territorial, especialmente en lo que se refiere a las experiencias y los resultados de los programas transfronterizos.

2.7.3.

La gran virtud del texto en su formulación actual, en comparación con las ideas planteadas anteriormente, es que no excluye la posibilidad de la cooperación marítima (que hace que el instrumento sea aplicable a una cooperación marítima dinámica como la establecida en la región del Gran Copenhague y entre Helsinki y Tallin, o las relaciones italo-croatas actualmente en pleno desarrollo).

2.7.4.

Aunque el ámbito territorial de aplicación se sitúa en el nivel NUTS 3, con arreglo a la interpretación de la propuesta legislativa, esta prevé la aplicación del mecanismo al territorio lo más pequeño posible y justificable, lo cual debe acogerse con satisfacción. No obstante, es importante que el Reglamento se adapte a los supuestos en los cuales el ámbito de aplicación territorial deba ampliarse más allá de los límites administrativos propuestos (por ejemplo, en su caso, la radiofrecuencia de las ambulancias debe funcionar en un territorio más amplio).

2.8.

Como también se desprende de la nueva propuesta de presupuesto de la UE, la protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad indiscutible: «La Comisión propone aumentar la financiación en apoyo del medio ambiente y la acción por el clima» (8). Es evidente que debe acogerse con satisfacción cualquier tentativa de enfoque coherente para el ecosistema europeo que permita proteger la naturaleza.

2.9.

Al igual que la Comisión Europea en su Comunicación «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE» (9) (que, a través de diez propuestas, destaca cómo la Unión Europea y sus Estados miembros podrían reducir la complejidad, la duración y los costes de la interacción transfronteriza y promover la puesta en común de servicios a lo largo de las fronteras interiores), el CESE considera que la cooperación debe ir más allá de la armonización jurídica (apoyo al multilingüismo, etc.).

2.10.

No obstante, existe el riesgo de que la instauración del mecanismo de forma voluntaria dé lugar a una mayor fragmentación de la práctica jurídica y de la situación administrativa en Europa, y de que también puedan existir diferencias considerables entre las prácticas de los Estados más desarrollados y las de los menos desarrollados. Ciertamente, estos últimos no solo se enfrentan a obstáculos jurídicos diferentes, sino también a problemas más graves, por ejemplo desde el punto de vista económico.

2.11.

El CESE es consciente de que la armonización jurídica es un proceso muy lento, pero anima a los Estados miembros a establecer una estructura lo más homogénea posible. En general, parece que la propuesta de Reglamento pretende acortar los plazos del procedimiento para proteger a los agentes locales. Sin embargo, dada la complejidad del mecanismo y la duración de los procedimientos burocráticos, será necesaria una firme voluntad de cooperación para que puedan respetarse los plazos establecidos.

2.12.

La configuración del nuevo sistema institucional multinivel también plantea una serie de cuestiones. Es preciso determinar el marco de funcionamiento de estas instituciones de modo que los obstáculos que surjan no repercutan en las autoridades (capacidad insuficiente, etc.).

2.13.

A este respecto, el Comité valora positivamente el papel de coordinación de la Comisión Europea, posibilitado por la creación del punto de contacto fronterizo en septiembre de 2017 (10).

2.13.1.

El CESE expresa, no obstante, su preocupación por la falta de financiación europea, que podría plantear problemas, sobre todo a los Estados miembros menos desarrollados. Por consiguiente, el CESE considera importante prever una posibilidad de interconexión entre los distintos fondos de financiación y el mecanismo.

2.14.

El CESE acoge con especial satisfacción el carácter ascendente de la iniciativa, ya que son los agentes locales —es decir, aquellos que realmente experimentan y abordan los obstáculos mencionados— quienes han impulsado el proceso de armonización.

2.14.1.

Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con la colaboración de los agentes locales interesados, por lo que están especialmente capacitadas para comprender cuáles son los problemas locales y formular propuestas. Por consiguiente, el CESE considera que su participación reviste una importancia especial y recomienda aprovechar su experiencia y su capacidad de coordinación (por ejemplo, recurriendo a los indicadores interregionales de las cámaras de comercio o a la cooperación existente entre sindicatos u organizaciones con intereses específicos). El Comité también considera importante tener en cuenta el trabajo de los consejos económicos y sociales nacionales y regionales.

2.14.2.

Además, es importante que los Estados miembros apoyen ampliamente a la sociedad civil para que los agentes que se encuentran en situación económica desfavorable también puedan estar al corriente de las oportunidades y beneficiarse de ellas.

2.14.3.

A este respecto, el CESE propone apoyar la labor de las organizaciones constituidas por regiones transfronterizas (por ejemplo, la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, la Misión Operativa Transfronteriza o el Servicio de Europa Central para Iniciativas Transfronterizas), con el fin de promover los intereses de las zonas fronterizas, el establecimiento de contactos y el intercambio de experiencias entre las distintas partes interesadas, así como las posibilidades de cooperación.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  DO C 125 de 21.4.2017, p. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions

(3)  http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/review/

(4)  Camagni y otros, «Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land border regions», Comisión Europea, Bruselas, 2017.

(5)  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_es.pdf.

(6)  DO C 306 de 17.12.2007.

(7)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 91.

(8)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_es.htm.

(9)  http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions

(10)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3270_es.htm


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