12.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/20

1.

acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión Europea de contribuir de manera activa y constructiva a los objetivos estratégicos de la Agenda 2030, sentando las bases para afrontar una serie de desafíos fundamentales e integrados de alcance mundial;

2.

toma nota de que el documento de orientación, adoptado por la Comisión Europea el 22 de noviembre de 2016 en forma de Comunicación, propone una estrategia centrada en el desarrollo sostenible muy ambiciosa y de amplio alcance;

3.

toma nota del compromiso de la Comisión de integrar la Agenda con la Estrategia Europa 2020 y, por tanto, con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; dada la complejidad y la multitud de marcos de referencia diferentes, subraya la necesidad de coherencia política, de integración y de un marco de gobernanza coherente;

4.

destaca que, para lograr estos resultados, es esencial que participen en los procesos de toma de decisiones todos los niveles de gobierno, en particular los entes locales y regionales;

5.

observa que, dado que las políticas de la Unión Europea (UE) deben respetar el principio de subsidiariedad, los objetivos de sostenibilidad están directamente relacionados con las responsabilidades, competencias y funciones de los niveles subnacionales de gobierno;

6.

reitera que los entes territoriales (regiones, provincias, condados y distritos, áreas metropolitanas, pequeñas ciudades y municipios) son verdaderos responsables políticos, que tendrán que definir los niveles y métodos de gobierno más adecuados para vincular los objetivos de la UE y de las Naciones Unidas a los de las comunidades locales;

7.

recuerda que, entre los diecisiete objetivos, hay dos respecto de los cuales los entes locales ejercen funciones esenciales para su logro: los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 10 y 11. El primero tiene por objeto reducir las disparidades entre los territorios, mientras que el segundo cubre funciones fundamentales en relación con la planificación urbana, el transporte, el bienestar social y pautas de vida inspiradas en el modelo de la sostenibilidad;

8.

destaca, en este contexto, que la Comunicación no tiene en cuenta la necesidad de evaluar los avances en la consecución de los ODS no solo a escala de las Naciones Unidas, a nivel europeo y nacional, sino también subnacional; pide, por consiguiente, a la Comisión Europea que tenga en cuenta esta dimensión a la hora de seguir desarrollando los indicadores utilizados para medir los progresos y que incorpore los conocimientos técnicos y las redes existentes a nivel local;

9.

reitera que ello se completa con las prioridades derivadas del ejercicio integrado de las competencias que afectan de forma transversal a otros objetivos estratégicos, como la Agenda Urbana, la inclusión social, las políticas de la UE sobre el clima y la energía, la reducción de las emisiones, la reducción del riesgo de catástrofes, las políticas medioambientales y la economía circular, la movilidad, la especialización inteligente, las ciudades inteligentes (territorio inteligente), objeto de la Cumbre de Bratislava y del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía;

10.

recomienda que se aproveche la revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP) para superponer la estrategia de la Agenda 2030 a la de Europa 2020, revisando las orientaciones clave para centrarlas rápidamente en los nuevos ODS;

11.

reconoce el esfuerzo realizado mediante el documento de trabajo Key European action supporting the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SWD (2016) 390 final), que acompaña la Comunicación, en el que se propone integrar la Estrategia Europa 2020 con los objetivos de la Agenda 2030, para valorizar las relaciones entre los tres pilares, las siete iniciativas emblemáticas y los cinco objetivos vinculados a las prioridades de la Estrategia Europa 2020, así como las correspondientes a los once objetivos temáticos propuestos para los fondos de cohesión (FC);

12.

en todo caso, recuerda que todos los objetivos propuestos en la Comunicación de la Comisión sobre el futuro sostenible requieren, para su realización, su desarrollo a escala territorial; a este respecto, recomienda la apropiación local de los objetivos de la Agenda 2030, ya que es la única manera de que tengan un impacto concreto y duradero en la vida de las personas;

13.

se muestra de acuerdo en que la complejidad de los diferentes niveles de gobierno requiere una actuación de dirección y control, que enriquezca el proceso de toma de decisiones mediante la evaluación de las políticas y las innovaciones de las estructuras institucionales (medición de los efectos);

14.

considera que algunas de las vinculaciones entre las prioridades de la Comisión y los ODS se establecen en ámbitos significativos para el sistema de entes locales y regionales. Así sucede, ante todo, con la prioridad laboral, en la medida en que afecta a las competencias objeto del ODS 4 (formación y educación), respecto de las cuales el sistema de entes locales y regionales ejerce competencias importantes, sobre todo en lo que respecta a los costes de transición hacia una Europa sostenible;

15.

expresa el deseo de que el Plan de Inversiones de la Comisión Europea englobe también las infraestructuras materiales e inmateriales que son competencia de los entes locales y regionales (protección social, redes informativas, redes para la movilidad, energéticas y de telecomunicaciones, eliminación de residuos, gestión integrada del agua, etc.) y que en muchos casos convergen con distintos ODS (entre ellos, los ODS 8, 9, 12 y 13);

16.

recuerda que la prioridad 3 de la Comisión Una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva se superpone con distintos ODS en un ámbito de interés para los entes locales y regionales. Este es el caso de los ODS 5, 7 y 13, para los que los entes locales y regionales son tanto destinatarios como agentes de las políticas destinadas a luchar contra el cambio climático, así como a garantizar un suministro de energía sostenible y abierto a todos y a proteger los derechos sociales, área en la que los servicios prestados a nivel local son esenciales;

17.

destaca que la prioridad 7, que se propone crear un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua, abarca políticas de igualdad de género en las que los entes locales y regionales pueden desempeñar un papel significativo, plenamente convergente con el ODS 5 y acorde con la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas;

18.

insiste en que la resiliencia ante las catástrofes es uno de los aspectos clave del desarrollo sostenible y pide a las instituciones de la Unión Europea que velen por que este principio sea uno de los pilares centrales de las futuras medidas de desarrollo sostenible en Europa (1);

19.

destaca que la prioridad 8, que tiene por objeto afrontar el fenómeno de importancia trascendental y global de las migraciones, está plenamente en línea con los ODS 1 y 10, que afectan de forma transversal a las competencias de los entes locales y regionales, a menudo sometidas a una gran presión por la necesidad de gestionar flujos de extraordinaria magnitud;

20.

señala que existe el riesgo de que las acciones emprendidas para alcanzar los ODS no siempre puedan inscribirse en un marco de políticas integradas, a diferencia de lo que ocurre con las políticas de cohesión; por lo tanto, es fundamental establecer prioridades que tengan en cuenta las exigencias más urgentes en una perspectiva dinámica centrada en lograr todos los ODS a largo plazo; por consiguiente, es indispensable tener en cuenta la propuesta del CDR sobre la necesidad de aprobar un «código de conducta» para la participación de los entes locales y regionales;

21.

subraya que los objetivos requieren un equilibrio entre las exigencias actuales y las de las generaciones futuras, además de un equilibrio entre las necesidades de los diferentes niveles de gobierno, que es esencial para reducir la carga de los costes de transición para los entes locales y regionales. Si tales costes son insostenibles, ello puede poner en riesgo la aceptación pública y la aplicación efectiva de las medidas en cuestión, socavando en particular la capacidad de las zonas más marginales (zonas interiores) para contribuir a la sostenibilidad global y, de manera más general, a la durabilidad de los ODS;

22.

señala el desfase temporal entre las medidas de la UE (2020), mencionadas en la Comunicación, y la Agenda 2030 y confía en que se prevean instrumentos económicos y financieros de ayuda adicionales a la redefinición de los objetivos durante todo el período de referencia y compatibles con los de la Agenda;

23.

lamenta que la Comunicación no recoja un análisis de los posibles riesgos en la fase de ejecución de los 17 ODS, que podría ser de gran ayuda para dotar a los entes locales y regionales de los instrumentos adecuados para resolver los problemas de aplicación de las políticas vinculadas a los objetivos. Un instrumento indispensable es adaptar al marco local todos los indicadores con el fin de permitir un seguimiento constante de la evolución de las disparidades por medio de indicadores alternativos al PIB como, por ejemplo, indicadores cualitativos capaces de medir la equidad del desarrollo y el progreso social de los territorios;

24.

subraya que la puesta en práctica de un subconjunto de objetivos confiados al nivel de los entes locales y regionales debe ir acompañada de la dotación de recursos adecuados. Esos recursos pueden poderse a disposición mediante transferencias nacionales específicas, pero también mediante una mayor responsabilización financiera a escala local;

25.

estima que es necesario fomentar plataformas e iniciativas que permitan el intercambio de buenas prácticas entre los entes locales y regionales, así como utilizar las ya establecidas por organismos internacionales como la plataforma Live del PNUD, Sustainable Development Knowledge Platform, y evitar que se use la Agenda como una ocasión para recentralizar las políticas. A este respecto, se espera con interés la puesta en marcha de la «plataforma multilateral» que anuncia la Comisión Europea para facilitar el desarrollo a nivel territorial de los elementos universales que figuran en la Agenda, pero, sobre todo, para fomentar el intercambio de buenas prácticas y compartir los progresos realizados por los territorios europeos más dinámicos; confía en ser asociado a esta plataforma de manera adecuada atendiendo a su función institucional como asamblea representativa de los entes locales y regionales;

26.

reconoce que la mejora de las perspectivas de vida en la UE depende, además de la capacidad para reforzar la cohesión económica, social y territorial, del bienestar y la seguridad en las zonas fuera de sus fronteras. A este respecto y en consonancia con las nuevas orientaciones formuladas en la Comunicación sobre un «nuevo consenso europeo en materia de desarrollo», insta a reforzar las acciones de cooperación descentralizada y a promover el desarrollo de los terceros países, fomentado el uso de las plataformas de información y debate sobre temas de desarrollo a disposición de los entes locales y regionales: ARLEM, Corleap, Conferencia bienal sobre la cooperación descentralizada y Atlas de la cooperación descentralizada, que permiten a los países socios reunirse, dialogar e intercambiar buenas prácticas;

27.

comparte la posición de la Comisión Europea en favor de la Agenda Urbana de la UE adoptada en 2016 dentro del Pacto de Ámsterdam, que se pondrá en práctica conjuntamente con los entes locales y regionales para cubrir todos los aspectos del desarrollo sostenible, así como para contribuir a la aplicación de la «nueva agenda urbana mundial»;

28.

estima necesario que las estrategias para un desarrollo urbano sostenible y para la cooperación horizontal y vertical en un sistema de gobernanza participativa tengan en cuenta la diversidad de las ciudades y la importancia de la innovación social y la planificación orientada al futuro, mediante un planteamiento integrado y coordinado, en particular para afrontar los importantes retos existentes con el fin de mejorar la calidad de vida en las ciudades;

29.

defiende que el análisis de la Agenda 2030 y de sus objetivos sea coherente con el modelo de desarrollo europeo, que está estructurado en torno a los sistemas productivos locales (clusters), constituidos principalmente por pymes. En este sentido, espera que los modelos de desarrollo presten especial atención a los centros urbanos de menor tamaño, dado que el desarrollo territorial excesivamente concentrado puede provocar la trampa del subdesarrollo que, a su vez, puede generar nuevos procesos de marginación y declive demográfico;

30.

valora positivamente que en el documento se indique que las dimensiones del desarrollo sostenible (social, medioambiental y económica) son los pilares en los que deben converger las orientaciones políticas de la Comisión para dar soluciones a los ODS y a las trece políticas sectoriales adoptadas dentro del marco financiero 2014-2020. No obstante, considera que, a la luz de los nuevos retos mundiales, es necesario reforzar el desarrollo local añadiendo la dimensión territorial;

31.

destaca la necesidad de otorgar a los entes locales y regionales la función de agentes de las políticas, dada su proximidad a los ciudadanos y su capacidad de contribuir a reavivar el consenso respecto de las instituciones europeas y el proyecto de integración. La gobernanza multinivel representa la solución óptima para las políticas que se orientan a construir un futuro sostenible y se centran en integrar las diez prioridades de la Comisión, los once objetivos temáticos del Fondo de Cohesión y los diecisiete ODS de la Agenda 2030;

32.

reitera que, a fin de abordar la complejidad del desarrollo sostenible y luchar contra «las pobrezas», los mejores métodos no son las políticas y programas de arriba abajo, gestionados de forma centralizada, sino que hay que conferir a los entes locales y regionales la responsabilidad y la autonomía necesarias para dar las respuestas adecuadas a las principales cuestiones sociales;

33.

destaca la necesidad de reforzar las políticas consagradas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE con una planificación sostenible de la política social en la que participen todos los niveles de gobierno, porque esta es la única forma de garantizar el acceso de todos a los servicios básicos y de aportar soluciones a las nuevas exigencias que plantea el cambio demográfico con políticas locales destinadas a facilitar el envejecimiento activo y saludable;

34.

llama la atención de la Comisión Europea sobre la necesidad de llevar a cabo políticas que tengan como objetivo promover la salud de las personas como prioridad para la inclusión social, con el fin de mejorar las condiciones de vida en las zonas urbanas y periurbanas, garantizar el acceso a los servicios públicos y a las actividades de ocio y deporte, también para las personas con discapacidad, y promover la asistencia sanitaria preventiva para toda la población, incluidas las personas de edad avanzada, los migrantes y otros grupos en riesgo de pobreza y exclusión social, y anima a los Estados miembros y a los entes locales y regionales a hacer lo mismo;

35.

considera que el potencial de la economía social reside en la creación de empleo y la lucha contra el desempleo de los jóvenes y las mujeres, por lo que estima esencial que la Agenda llame la atención sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE) y la necesidad de que los jóvenes empaticen con el espíritu empresarial. Además, la nueva estrategia debe abordar, con un enfoque transversal, las distintas dimensiones de la sostenibilidad y las nuevas perspectivas que ofrece la creatividad;

36.

considera necesario integrar la cultura en la Agenda 2030, indicando claramente el papel que desempeña desde el punto de vista del desarrollo sostenible y para la creación de nuevos puestos de trabajo por medio de la construcción de ideales europeos comunes para difundir en el mundo las aspiraciones y los principios de la democracia, la justicia social y la solidaridad. La cultura contribuye de forma eficaz a las estrategias de desarrollo integrador, y repercute profundamente en los ODS, al mejorar los sistemas educativos, luchar contra la exclusión social y la pobreza, eliminar las causas de las desigualdades, facilitar la igualdad de oportunidades y anular las disparidades generacionales y demográficas;

37.

señala que cuestiones aparentemente globales como el cambio climático, la reducción de las emisiones de CO2, el ahorro energético, la producción de energía de fuentes renovables, la protección de la biodiversidad, la reducción de la explotación de los recursos, el transporte integrado y la economía circular están condicionadas, en realidad, por políticas y acciones locales. Por este motivo, recomienda que se preste especial atención a la producción respetuosa con el medio ambiente;

38.

considera necesario, dada la amplia gama de sectores afectados, adoptar un enfoque integrado y cooperativo entre la gobernanza multinivel y las partes interesadas en materia de medio ambiente. A este respecto, el concepto de cohesión tiende puentes entre la eficacia económica, la cohesión social, el desarrollo cultural y el equilibrio medioambiental, situando el desarrollo sostenible en el centro de la formulación de las políticas;

39.

comparte la opinión de que las actividades humanas y el cambio climático están aumentando cada vez más las presiones sobre los ecosistemas marinos. A este respecto, se ponen de relieve las actuaciones de la Comisión Europea para conseguir océanos seguros, limpios y gestionados de manera sostenible, a la vez que se sigue respaldando la aplicación de la agenda en favor del «crecimiento azul», que tiene por objeto aprovechar el potencial de los océanos y mares de Europa para crear puestos de trabajo, valor económico y sostenibilidad. Reitera, además, que la innovación en la economía azul puede contribuir a garantizar un uso eficiente y sostenible de valiosos recursos marinos (2);

40.

recomienda a todas las instituciones que se comprometan a reducir al mínimo el desperdicio de alimentos y a recuperar los residuos, estimulando las inversiones y el empleo en el contexto más amplio de la economía verde. La UE debe comprometerse a apoyar claramente la voluntad de abandonar el modelo económico lineal para reforzar el de la economía circular, como ya destacó el Comité de las Regiones en sus dictámenes: «Hacia una economía circular: revisión de la legislación de la UE en materia de residuos», «Propuestas legislativas por las que se modifican las Directivas sobre residuos» y «Un plan de acción de la UE para la economía circular»;

41.

señala que los modelos de desarrollo, condicionados por los nuevos factores competitivos, entre ellos las redes que permiten interconectar una cantidad infinita de datos con un número ilimitado de usuarios, presentan una clara divergencia entre la necesidad de las empresas de reducir los plazos de comercialización y los plazos de los procesos de construcción del consenso y los procedimientos burocráticos. Los entes locales y regionales tienen la dimensión adecuada para acelerar el proceso de toma de decisiones de la política con los plazos que los mercados imponen;

42.

pide un apoyo real para los modelos de desarrollo y, en particular, el respaldo a las redes intangibles que condicionan, facilitando el acceso a un número infinito de datos, los nuevos factores competitivos locales y la transición a los nuevos paradigmas de producción;

43.

considera que no puede postergarse la evolución de las estrategias de aplicación de las políticas estructurales con el fin de incluir entre los pilares del desarrollo la transformación radical del modelo de producción, en particular mediante el uso de incentivos para fomentar la producción sostenible, hasta que las innovaciones permitan que sea económicamente viable la transición a la economía circular. Es evidente que estas políticas, además de contribuir a superar los nuevos retos complejos que plantean los procesos de globalización, constituyen una clara respuesta al arbitraje entre las demandas sociales que contraponen medio ambiente y trabajo;

44.

reconoce que la globalización, impulsada principalmente por una mayor movilidad de las personas, las mercancías y los datos, actúa intensificando la competencia internacional no solo entre empresas sino también entre territorios. Por lo tanto, es necesario actuar con resolución sobre los factores que constituyen la base de la competitividad territorial, como el capital social e institucional, las infraestructuras y la innovación, a fin de reactivar las economías europeas;

45.

reitera que los entes locales y regionales desempeñan un papel fundamental en la relación entre las asociaciones público-privadas, dado que pueden reconocer la heterogeneidad de las formas de desarrollo que pueden fomentar inversiones orientadas a valorizar los recursos endógenos que posee cada territorio;

46.

lamenta que en la Comunicación de la Comisión Europea no aparezca en absoluto el concepto de «capital territorial», tal como fue elaborado por la OCDE en 2001 y recogido por la Comisión en 2005. Cabe recordar que dicho concepto comprende un conjunto de activos localizados de tipo natural, humano, artificial, organizativo, relacional y cognitivo, que constituyen el potencial competitivo de un territorio;

47.

señala que la crisis y los efectos de la globalización han influido de manera profunda en las relaciones que garantizaban la cohesión dentro de los territorios, dando lugar a fracturas (entre la ciudad y el campo; el centro y la periferia) y modificando las dinámicas de construcción social. En esta óptica, debe asumirse la carga de convertir los antiguos modelos de política territorial, caracterizados por enfoques funcionalistas que consideran el territorio como un simple espacio, a aquellos de matriz neoinstitucional que, en cambio, otorgan al territorio la función de un agente colectivo;

48.

reconoce que el «Pacto de Ámsterdam» coloca en el centro de un interés creciente el papel de las políticas «urbanas» destinadas a aplicar acciones orientadas a fomentar la cohesión social y el desarrollo económico, con la convicción de que las ciudades pueden contribuir positivamente a los procesos de innovación;

49.

hace hincapié en que los entes locales y regionales desempeñan un papel fundamental en la protección y el desarrollo del tejido urbano, los territorios rurales y el patrimonio común y pueden contribuir a lo que en la Agenda 2030 se define como «un mundo transformado», mediante una actitud proactiva y el compromiso de:

50.

reitera que los entes locales y regionales son instituciones capaces de desarrollar formas de democracia participativa, en particular con la inclusión de las mujeres, jóvenes, personas de edad avanzada y minorías, como base para diseñar y ejecutar estrategias integradas de desarrollo económico a nivel local;

51.

aboga por un enfoque de abajo arriba y crear un marco jurídico adecuado con la asignación de recursos suficientes. Este nuevo sistema solo se implantará con éxito si se procede a una descentralización cada vez más profunda en los distintos países de la Unión. Los gobiernos nacionales deberían:

52.

reitera la exigencia de que los niveles nacionales de gobierno cuenten con los entes locales y regionales, en su caso mediante un enfoque ascendente, para elaborar los planes de acción territoriales dirigidos a alcanzar los ODS, teniendo en cuenta sus puntos fuertes y débiles, sobre la base del principio de que «nadie debe quedarse atrás» y de la eficiencia del gasto;

53.

se muestra convencido de que, con el fin de que las políticas y los acuerdos mundiales puedan beneficiarse plenamente de los compromisos y experiencias a nivel local, los entes locales y regionales deben ser un componente del diálogo estructurado y formar parte integrante de la gobernanza, y no ser una simple parte interesada. Los esfuerzos de los entes locales y regionales por organizar y producir aportaciones fundamentadas deben reconocerse como parte del proceso de toma de decisiones, mediante acciones como:

54.

pide que los niveles europeo y nacional prevean recursos para la evaluación ex ante y ex post de las políticas relacionadas con el desarrollo sostenible. Ello implica un esfuerzo para mejorar la coordinación de todas las políticas aplicadas tanto por la UE como por los Estados miembros y los entes locales y regionales;

55.

pide a la Comisión que utilice el PNR —que ya ha sido formalmente incluido en la programación del Fondo de Cohesión—de manera aún más estratégica y funcional, utilizando con un criterio funcional los instrumentos ya adoptados en la acción para apoyar el desarrollo sostenible. Ello permitiría que en el marco del Semestre Europeo se tengan en cuenta no solo las intervenciones de reforma programadas y comunicadas a escala nacional en favor de los ODS, sino también las de la dimensión local y regional;

56.

recomienda que los niveles de gobierno europeos e internacionales puedan asumir la coordinación del complejo sistema de relaciones mundiales, controlando los focos de tensión regionales, acompañando las transformaciones y la reestructuración del marco institucional y productivo heredado del pasado siglo, así como dotando a los agentes locales con la cualificación necesaria para transformar la fragilidad de los equilibrios geoeconómicos en oportunidades de desarrollo que reactiven la competitividad de los sistemas productivos locales en el mercado mundial.