19.8.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 195/9

1)

En sus reuniones de 20 de marzo y 18 y 19 de junio de 2009, el Consejo Europeo reiteró su compromiso de restablecer la confianza y el correcto funcionamiento del mercado financiero, condición sine qua non para lograr la recuperación de la crisis económica y financiera actual. Dadas la naturaleza sistémica de la crisis y la interrelación del sector financiero, se han iniciado actuaciones para restablecer la confianza en el sistema financiero, preservar el mercado interior y garantizar la concesión de préstamos a la economía (1).

2)

Estas iniciativas deben ser completadas con actuaciones a nivel de las instituciones financieras individuales para garantizar que puedan soportar la actual crisis económica y restablecer la viabilidad a largo plazo sin apoyarse en la ayuda estatal para llevar a cabo su función crediticia sobre una base más sólida. La Comisión ya está tramitando diversas ayudas estatales, resultantes de las intervenciones de los Estados miembros para resolver problemas de liquidez, solvencia o préstamos. La Comisión ha dado orientaciones, en tres Comunicaciones sucesivas, sobre el diseño y aplicación de las ayudas estatales a los bancos (2). Dichas Comunicaciones reconocían que la gravedad de la crisis justificaba la concesión de ayudas, que pueden considerarse compatibles en virtud del artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y brindaban un marco para la concesión coherente por parte de los Estados miembros de garantías públicas, recapitalizaciones y medidas de rescate de activos deteriorados. El objetivo de las normas es conseguir que las medidas de rescate logren plenamente los objetivos de estabilidad financiera y mantenimiento de los flujos de crédito, garantizando al mismo tiempo unas condiciones equitativas entre bancos (3) de distintos Estados miembros así como entre los bancos receptores de ayuda pública y los demás, evitando peligrosas carreras por las subvenciones, limitando el riesgo moral y garantizando la competitividad y eficiencia de los bancos europeos en los mercados comunitarios e internacionales.

3)

Las normas sobre ayudas estatales ofrecen un instrumento para garantizar la coherencia de las medidas adoptadas por aquellos Estados miembros que han decidido actuar. No obstante, la decisión de utilizar fondos públicos, por ejemplo para proteger a los bancos de los activos deteriorados, sigue correspondiendo a los Estados miembros. En algunos casos, las instituciones financieras estarán en condiciones de gestionar la crisis actual sin grandes ajustes ni ayudas adicionales. En otros, puede ser necesaria ayuda estatal en forma de garantías, recapitalización o rescate de activos deteriorados.

4)

Cuando una institución financiera haya recibido ayuda estatal, los Estados miembros deberán presentar un plan de viabilidad o un plan de reestructuración más radical con el fin de confirmar o reestablecer la viabilidad a largo plazo de cada banco sin depender de la ayuda estatal. Se han establecido criterios para acotar en qué condiciones puede necesitar un banco una reestructuración más profunda y cuándo son necesarias medidas que compensen el falseamiento de la competencia ocasionado por la ayuda (4). La presente Comunicación no altera esos criterios sino que los complementa con el fin de aumentar su previsibilidad y garantizar un enfoque coherente, explicando los criterios con que la Comisión valorará la compatibilidad de las ayudas de reestructuración (5) concedidas por los Estados miembros a las instituciones financieras en las circunstancias actuales de crisis sistémica, con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado.

5)

La Comunicación bancaria, la Comunicación de recapitalización y la Comunicación de activos deteriorados remiten a los principios básicos que se establecen en las Directrices comunitarias sobre ayudas de salvamento y restructuración de empresas en crisis (6). Dichos principios exigen, en primer lugar, que las ayudas de reestructuración conduzcan al restablecimiento de la viabilidad de la empresa a largo plazo sin ayuda estatal. Exigen también que la ayuda de reestructuración vaya acompañada, en la medida de lo posible, de un reparto adecuado de la carga y de medidas que minimicen un falseamiento de la competencia que, a largo plazo, debilitaría fundamentalmente la estructura y el funcionamiento del mercado de referencia.

6)

La coherencia del mercado interior y el desarrollo de los bancos en toda la Comunidad deben ser un criterio clave en la aplicación de estos principios. La fragmentación y la compartimentación del mercado deben evitarse. Los bancos europeos deberán estar en una posición global fuerte sobre la base del mercado único financiero europeo, una vez superada la actual crisis. La Comisión reitera también la necesidad de anticipar y gestionar el cambio de manera socialmente responsable y subraya la necesidad de respetar la legislación nacional por la que se aplican las Directivas comunitarias sobre información y consulta de los trabajadores aplicables en tales circunstancias (7).

7)

La presente Comunicación expone cómo examinará la Comisión las ayudas de reestructuración de bancos en la crisis actual, teniendo en cuenta la necesidad de modular prácticas anteriores dadas la naturaleza y la escala global de la crisis financiera actual, la importancia estructural del sector bancario para la economía en su conjunto y los posibles efectos sistémicos derivados de la necesidad de que una serie de bancos se reestructuren durante el mismo período.

8)

La sección 2 se aplica a los casos en los que el Estado miembro esté obligado a notificar un plan de reestructuración (9). Los principios subyacentes a la sección 2 se aplican por analogía a aquellos asuntos en los que el Estado miembro no esté obligado formalmente a notificar un plan de reestructuración pero, no obstante, esté obligado a demostrar la viabilidad del plan del banco beneficiario (10). En ese último caso, y salvo en situaciones de duda, generalmente la Comisión solicitará información menos detallada (11). En caso de duda, la Comisión buscará, en particular, evidencias de una prueba de tensión adecuada, en consonancia con el punto 13, y de validación de los resultados de dicha prueba por la autoridad nacional competente. Las secciones 3, 4 y 5 se aplicarán únicamente a aquellos casos en los que el Estado miembro esté obligado a notificar un plan de reestructuración. La sección 6 trata del ámbito temporal de la presente Comunicación y se aplica tanto a los Estados miembros que deban notificar un plan de restructuración para el beneficiario de una ayuda y a los Estados miembros que sólo deban demostrar la viabilidad de los beneficiarios de una ayuda.

9)

Cuando, sobre la base de anteriores orientaciones o decisiones de la Comisión, un Estado miembro esté obligado a presentar un plan de reestructuración (12), dicho plan será exhaustivo y detallado y estará basado en un concepto coherente. Deberá demostrar cómo recuperará el banco la viabilidad a largo plazo sin ayuda estatal y lo antes posible (13). Toda notificación de un plan de reestructuración deberá incluir una comparación con opciones alternativas, incluida una división, o absorción por otro banco, con el fin de que la Comisión pueda evaluar (14) si hay soluciones más acordes con el mercado y menos onerosas o que falseen menos la competencia y sean coherentes con el mantenimiento de la estabilidad financiera. En el caso de que no pueda restablecerse la viabilidad del banco, el plan de reestructuración deberá indicar cómo proceder a una liquidación de manera ordenada.

10)

El plan de reestructuración debe señalar las causas de los problemas del banco y las propias deficiencias del banco y exponer de qué manera las medidas de restructuración propuestas solucionan los problemas subyacentes del banco.

11)

El plan de reestructuración deberá facilitar información sobre el modelo empresarial del beneficiario, incluyendo, en particular, su estructura organizativa, su financiación [que demuestre la viabilidad de la estructura de financiación a corto y largo plazo (15) ], la gobernanza de la sociedad [que demuestre la prevención de conflictos de intereses así como los necesarios cambios de gestión (16) ], la gestión del riesgo (que incluya una provisión prudente para los activos previsiblemente no rentables) y la gestión del activo y del pasivo, la generación de flujos de caja (que deberá alcanzar niveles suficientes sin apoyo estatal), los compromisos al margen del balance [que demuestre su sostenibilidad y consolidación cuando el banco soporte una exposición importante (17) ], el apalancamiento, la adecuación actual y previsible del capital en consonancia con la regulación de la supervisión aplicable (basada en una valoración prudente y una provisión adecuada), y la estructura de incentivos basados en la remuneración (18) (que demuestre cómo fomenta la rentabilidad a largo plazo del beneficiario).

12)

La viabilidad de cada actividad empresarial y centro de beneficio debe analizarse con el necesario desglose. El restablecimiento de la viabilidad del banco deberá proceder principalmente de medidas internas. Podrá basarse en factores externos, como variaciones de los precios o de la demanda, sobre los que la empresa no ejerza gran influencia, pero solo cuando las hipótesis de mercado realizadas sean de aceptación general. Una reestructuración exige la retirada de las actividades que previsiblemente vayan a seguir generando pérdidas estructurales a medio plazo.

13)

La viabilidad a largo plazo se consigue cuando un banco es capaz de cubrir todos sus costes, incluidas la depreciación y las cargas financieras, y ofrecer un rendimiento adecuado sobre los fondos propios, teniendo en cuenta el perfil de riesgo del banco. El banco reestructurado deberá ser capaz de competir en el mercado de capitales por sus propios méritos, de conformidad con los requisitos regulatorios pertinentes. Los resultados esperados de la reestructuración prevista deben demostrarse con arreglo a hipótesis de base y a hipótesis de estrés. Para ello, los planes de reestructuración deben tener en cuenta, entre otras cosas, la coyuntura del momento y las perspectivas futuras de los mercados financieros, que reflejen los supuestos de base y menos favorables. La prueba de tensión deberá considerar hipótesis como una combinación de situaciones de estrés en un supuesto de recesión mundial prolongada. Los supuestos deberán compararse con referencias apropiadas del sector, modificadas adecuadamente para tener en cuenta los nuevos elementos de la crisis actual en los mercados financieros. El plan deberá incluir medidas para abordar posibles necesidades derivadas de la prueba de tensión. En la medida de lo posible, la prueba de tensión se basará en parámetros comunes acordados a nivel comunitario (tales como una metodología desarrollada por el Comité de Supervisores Bancarios Europeos) y, cuando proceda, adaptados para dar cabida a circunstancias específicas del país o del banco.

14)

En la crisis actual, los gobiernos han recapitalizado bancos en las condiciones elegidas fundamentalmente por razones de estabilidad financiera más que por un rendimiento que hubiera sido aceptable para un inversor privado. La viabilidad a largo plazo exige, por tanto, que toda ayuda estatal recibida o bien se vaya amortizando, como se estableció en el momento de la concesión de la ayuda, o bien se amortice con arreglo a condiciones normales del mercado, asegurando así que se pone fin a cualquier tipo de ayuda estatal adicional. Puesto que el Tratado es neutro en cuanto a la titularidad de la propiedad, las normas sobre ayudas estatales se aplican independientemente de que el banco sea de titularidad pública o privada.

15)

Aunque el período de reestructuración deberá ser lo más breve posible para restablecer la viabilidad con rapidez, la Comisión tendrá en cuenta las condiciones de la crisis actual y podrá, por tanto, permitir que algunas medidas estructurales se completen a más largo plazo de lo que es habitual, sobre todo para evitar deprimir los mercados mediante la venta forzada (19). No obstante, la reestructuración deberá ejecutarse lo antes posible y, en cualquier caso, no deberá durar más de cinco años (20) para ser efectiva y permitir una recuperación creíble de la viabilidad del banco reestructurado.

16)

Si fueran necesarias otras ayudas no previstas inicialmente en el plan de reestructuración notificado durante el período de reestructuración para restablecer la viabilidad, estarán sometidas a notificación individual ex ante; cualquier ayuda de este tipo será tenida en cuenta en la decisión final de la Comisión.

17)

La venta de un banco con problemas a otra institución financiera puede contribuir a recuperar la viabilidad a largo plazo si el comprador es solvente y tiene capacidad para absorber la trasferencia del banco afectado; puede también ayudar a restablecer la confianza en el mercado. Asimismo puede contribuir a la consolidación del sector financiero. Para ello, el comprador deberá demostrar la viabilidad de la entidad integrada. En el caso de una venta, deben respetarse también los requisitos de viabilidad, aportación propia y limitaciones de falseamiento de la competencia.

18)

Generalmente, deberá garantizarse un proceso de venta transparente, objetivo, incondicional y no discriminatorio desde el punto de vista de la competencia para ofrecer igualdad de oportunidades a todos los licitadores potenciales (21).

19)

Además, sin perjuicio del sistema de control de concentraciones que pueda ser de aplicación y, aun reconociendo que la venta a un competidor de un banco con problemas que recibe ayuda, puede tanto contribuir a restablecer la viabilidad a largo plazo como dar lugar a una mayor consolidación del sector financiero si, a primera vista, obstaculiza significativamente la competencia efectiva, la venta no se autorizará salvo que se resuelva el falseamiento de la competencia mediante las soluciones adecuadas que acompañen a la ayuda.

20)

La venta de un banco también puede constituir ayuda estatal para el comprador o la actividad vendida (22). Si la venta se organiza mediante una licitación abierta, competitiva e incondicional y los activos se adjudican al mejor postor, el precio de venta se considera el precio de mercado y la ayuda para el comprador queda descartada (23). Excepcionalmente puede aceptarse que un precio de venta negativo (o apoyo financiero para compensar un precio de venta negativo) no constituya ayuda estatal si, en caso de liquidación, los costes que fuera a soportar el vendedor fueran superiores (24). Para calcular los costes de liquidación en tales circunstancias, la Comisión tendrá en cuenta únicamente aquellas obligaciones que, en circunstancias similares, le habrían correspondido a un inversor en una economía de mercado (25). Esto excluye las obligaciones derivadas de la ayuda estatal (26).

21)

La liquidación ordenada o la subasta de un banco en crisis son siempre posibilidades que contemplar cuando no sea previsible que un banco recupere la viabilidad a largo plazo con credibilidad. Los gobiernos fomentarán la salida de los operadores no viables, permitiendo al mismo tiempo que el proceso de salida se produzca dentro de un calendario apropiado que mantenga la estabilidad financiera. La Comunicación Bancaria establece el procedimiento en cuyo marco deberá llevarse a cabo esta liquidación ordenada (27). La adquisición de los activos y pasivos «buenos» de un banco en crisis puede también ser una opción para un banco sano puesto al abrir una vía rentable de ampliar depósitos y establecer relaciones con prestatarios fiables. Además, la creación de un «buen banco» autónomo a partir de una combinación de los activos y pasivos «buenos» de un banco existente puede también ser una senda aceptable hacia la viabilidad, siempre que esta nueva entidad no esté en condiciones de falsear indebidamente la competencia.

22)

Con el fin de limitar el falseamiento de la competencia y abordar el riesgo moral, las ayudas deberán limitarse al mínimo necesario y el beneficiario de la ayuda deberá hacer una aportación propia adecuada a los costes de reestructuración. La empresa y los titulares de participaciones deberán contribuir a la reestructuración con sus propios recursos lo más posible. Esto es necesario para garantizar que los bancos rescatados asuman la responsabilidad adecuada de las consecuencias de su comportamiento pasado y para crear los incentivos adecuados para su comportamiento futuro.

23)

Las ayudas de reestructuración deberán limitarse a cubrir los costes necesarios para restablecer la viabilidad. Esto significa que no se dotará a una empresa de recursos propios que puedan ser utilizados para financiar actividades que distorsionen el mercado y no estén vinculadas al proceso de reestructuración. Por ejemplo, no pueden financiarse adquisiciones y acciones de otras empresas o nuevas inversiones con ayuda estatal salvo que sea esencial para restablecer la viabilidad de una empresa (28).

24)

Con el fin de limitar el importe de la ayuda al mínimo necesario, las empresas deberán utilizar en primer lugar sus propios recursos para financiar la reestructuración. Esto puede significar, por ejemplo, la venta de activos. El apoyo estatal deberá concederse en condiciones que representen una distribución adecuada de las cargas de los costes (29). Esto implica que los costes asociados a la reestructuración no los soporte solo el Estado sino también aquéllos que invirtieron en el banco, absorbiendo pérdidas con capital disponible y pagando una remuneración adecuada por las intervenciones estatales (30). No obstante, la Comisión considera que en la presente crisis sistémica no son adecuados unos umbrales fijados ex ante en cuanto a la distribución de las cargas, teniendo en cuenta el objetivo de facilitar el acceso al capital privado y el restablecimiento de las condiciones normales del mercado.

25)

Cualquier excepción a una distribución adecuada de las cargas ex ante que pueda haber sido concedida excepcionalmente en la fase de salvamento por razones de estabilidad financiera debe compensarse con otra aportación en una fase posterior de la reestructuración, por ejemplo, mediante cláusulas de reembolso o una reestructuración de mayor envergadura, que incluya medidas adicionales para limitar el falseamiento de la competencia (31).

26)

Los bancos deberán ser capaces de remunerar el capital, también mediante dividendos y cupones sobre la deuda subordinada pendiente, a partir de los beneficios generados por sus actividades. No obstante, no deberán utilizar la ayuda estatal para remunerar fondos propios (capital ordinario y deuda subordinada) cuando dichas actividades no generen suficientes beneficios. Por consiguiente, en un contexto de reestructuración, la compensación discrecional de pérdidas (por ejemplo, liberando reservas o reduciendo capital ordinario) por los bancos beneficiarios para garantizar el pago de dividendos y cupones sobre deuda subordinada pendiente, no es compatible en principio con el objetivo de la distribución de las cargas (32). Puede que sea necesario equilibrarlo garantizando la capacidad de refinanciación del banco y los incentivos para la salida (33). En aras de fomentar la refinanciación por el banco beneficiario, la Comisión podrá considerar favorablemente el pago de cupones sobre instrumentos de capital híbrido recientemente emitidos con mayor prioridad sobre deuda subordinada existente. En cualquier caso, normalmente no deberá permitirse a los bancos comprar sus propias acciones durante la fase de reestructuración.

27)

La concesión de ayudas adicionales durante el período de reestructuración deberá seguir siendo una posibilidad si está justificada por razones de estabilidad financiera. Toda ayuda adicional deberá limitarse al mínimo necesario para garantizar la viabilidad.

28)

Aunque la ayuda estatal puede apoyar la estabilidad financiera en tiempos de crisis sistémica, con repercusiones positivas más amplias, puede, no obstante, originar diversos tipos de falseamiento de la competencia. Cuando los bancos compiten en función de los méritos de sus productos y servicios, aquellos que acumulan un riesgo excesivo o dependen de modelos empresariales insostenibles, acaban perdiendo cuota de mercado y hasta es posible que salgan del mercado mientras que sus competidores más eficientes se expanden o entran en los mismos mercados. La ayuda estatal prolonga falseamientos pasados de la competencia creados por una asunción excesiva de riesgos y por modelos empresariales insostenibles al apoyar artificialmente el poder de mercado de los beneficiarios. De esta manera, la ayuda puede crear un riesgo moral para los beneficiarios , a la vez que debilita los incentivos de los no beneficiarios para competir, invertir e innovar. Por último, la ayuda estatal puede socavar el mercado único al trasladar a otros Estados miembros una cuota injusta de la carga del ajuste estructural y los correspondientes problemas socioeconómicos, creando al mismo tiempo obstáculos a la entrada y socavando los incentivos para las actividades transfronterizas.

29)

La estabilidad financiera sigue siendo el objetivo primordial de la ayuda al sector financiero en una crisis sistémica, pero la salvaguardia de la estabilidad sistémica a corto plazo no debe perjudicar a largo plazo a la igualdad de condiciones y los mercados competitivos. A este respecto, las medidas para limitar el falseamiento de la competencia ocasionado por las ayudas estatales desempeñan un papel importante por, entre otras, las siguientes razones. En primer lugar, los bancos de toda la Comunidad han sido golpeados por la crisis en grados muy variables y las ayudas estatales para el rescate y la reestructuración de bancos en dificultades pueden perjudicar la posición de bancos que, en líneas generales, se han mantenido sólidos, con posibles efectos negativos para la estabilidad financiera. En una situación de crisis financiera, económica y presupuestaria, las diferencias entre Estados miembros en cuanto a recursos disponibles para intervenciones estatales es aún más acusada y perjudica a la igualdad de condiciones en el mercado único. En segundo lugar, las intervenciones nacionales en la crisis económica actual tenderán, por su propia naturaleza, a hacer hincapié en los mercados nacionales y, por consiguiente, se corre el grave peligro de que produzcan un repliegue dentro de las fronteras nacionales, fragmentando así el mercado único. Para garantizar la competencia efectiva y evitar el dictado del mercado, los obstáculos de entrada y una situación de disuasión de las actividades transfronterizas que vaya en detrimento de los intereses de las empresas y los consumidores europeos, debe evaluarse la presencia en el mercado de los beneficiarios de ayudas. En tercer lugar, la escala actual de la intervención pública necesaria para la estabilidad financiera y los posibles límites a la distribución normal de cargas crean incontestablemente un riesgo moral aún mayor que debe ser corregido adecuadamente para evitar incentivos perversos y la repetición futura de actuaciones de riesgo excesivo, y para allanar el camino al rápido restablecimiento de condiciones de mercado normales sin apoyo estatal.

30)

Las medidas para limitar el falseamiento de la competencia deberán ser específicas para resolver los falseamientos detectados en el mercado cuando el banco beneficiario, después de la reestructuración, vuelva a operar de forma viable, sin dejar de aplicar una política y unos principios comunes. Para evaluar dichas medidas, la Comisión se basa en el cálculo del tamaño, la escala y el ámbito de actividades que tendría el banco en cuestión tras la ejecución de un plan de reestructuración creíble como el previsto en la sección 2. Dependiendo de la naturaleza del falseamiento de la competencia, este podría abordarse mediante medidas relativas a los pasivos o a los activos (34). La naturaleza y la forma de dichas medidas dependerán de dos criterios: En primer lugar, del importe de la ayuda y de las condiciones y circunstancias en las que fue concedida y, en segundo lugar, de las características del mercado o los mercados en los que vaya a operar el banco beneficiario.

31)

Por lo que se refiere al primer criterio, las medidas que limitan los falseamientos variarán significativamente en función del importe de la ayuda y del grado de distribución de las cargas y el nivel de los precios. A este respecto, el importe de la ayuda estatal se evaluará tanto en términos absolutos (importe de capital recibido, elemento de ayuda en las garantías y medidas de rescate de activos) como en relación con los activos del banco ponderados en función del riesgo. La Comisión considerará el importe total de ayuda concedida al beneficiario, incluyendo cualquier tipo de ayuda de salvamento. De la misma manera, tendrá en cuenta la ampliación de la aportación propia del beneficiario y la distribución de las cargas a lo largo del período de reestructuración. En términos generales, cuanto mayor sea la distribución de las cargas y la aportación propia, menores serán las consecuencias negativas ocasionadas por el riesgo moral. Por consiguiente, se reduce la necesidad de medidas adicionales (35).

32)

En cuanto al segundo criterio, la Comisión analizará los efectos probables de la ayuda en los mercados en los que opere el banco beneficiario tras la reestructuración. Ante todo, una vez que el banco sea viable, se examinarán el tamaño y la importancia relativa del banco en su mercado o mercados. Si la presencia del banco reestructurado en el mercado se ha reducido mucho, es menos probable que se necesiten restricciones adicionales, en forma de cesiones o compromisos de actuación. El diseño de las medidas se adaptará específicamente a las características del mercado (36) con el fin de garantizar el mantenimiento de una competencia efectiva. En algunas zonas, las desinversiones pueden generar consecuencias adversas y no ser necesarias para lograr los resultados deseados, en cuyo caso la limitación de crecimiento orgánico puede ser preferible a las desinversiones. En otros ámbitos, especialmente en aquellos que implican mercados nacionales con elevadas barreras a la entrada, pueden ser necesarias desinversiones para permitir la entrada o expansión de competidores. Las medidas que limitan el falseamiento de la competencia no deben comprometer las perspectivas de que el banco recupere la viabilidad.

33)

Por último, la Comisión prestará atención al posible riesgo de que las medidas de reestructuración socaven el mercado único y considerará positivamente las medidas que contribuyan a que los mercados nacionales permanezcan abiertos y competitivos. Aunque la ayuda se conceda para mantener la estabilidad financiera y los préstamos a la economía real en el Estado miembro que la concede, cuando dicha ayuda esté además supeditada a que el banco beneficiario respete determinados objetivos de préstamo en Estados miembros distintos del Estado que concede la ayuda, podría considerarse como un efecto positivo importante adicional de la ayuda. Será así especialmente cuando los objetivos de préstamo sean sustanciales en relación a una situación inversa creíble, cuando el logro de dichos objetivos esté sometido a un control adecuado (por ejemplo, mediante la cooperación entre los supervisores del Estado miembro de origen y del Estado miembro de destino), cuando en el sistema bancario del Estado miembro de origen predominen los bancos con sedes en el extranjero y cuando dichos compromisos de préstamos hayan sido coordinados a nivel comunitario (por ejemplo, en el marco de negociaciones sobre inyección de liquidez).

34)

Generalmente, el retorno adecuado de cualquier intervención estatal es una de las mayores limitaciones del falseamiento de la competencia, puesto que limita al importe de la ayuda. Cuando el precio de entrada se ha fijado a un nivel significativamente inferior al precio de mercado por razones de estabilidad financiera, deberá garantizarse que en el plan de reestructuración (37) se revisen las condiciones del apoyo financiero para reducir así el efecto falseador de la subvención.

35)

A partir de una evaluación realizada con arreglo a los criterios de la presente sección, puede requerirse a los bancos que se beneficien de ayuda estatal, que cedan filiales y sucursales, carteras de clientes o unidades de negocio, o que adopten otras medidas similares (38), incluso en el mercado minorista nacional del beneficiario de la ayuda. Para que tales medidas incrementen la competencia y contribuyan al mercado interior, deberán favorecer la entrada de competidores y la actividad transfronteriza (39). En consonancia con el requisito de restablecer la viabilidad, la Comisión será favorable a tales medidas estructurales si se adoptan sin discriminación entre empresas en distintos Estados miembros, contribuyendo así a la preservación de los servicios financieros en el mercado interior.

36)

También puede exigirse un límite a la expansión del banco en determinados negocios o zonas geográficas, por ejemplo a través de soluciones orientadas por el mercado tales como requisitos específicos de capital, cuando la competencia en el mercado fuera a estar debilitada por restricciones directas a la expansión o para limitar el riesgo moral. Al mismo tiempo, la Comisión prestará especial atención a la necesidad de evitar el repliegue dentro de las fronteras nacionales y la fragmentación del mercado único.

37)

Cuando encontrar un comprador para filiales u otras actividades o activos resulte objetivamente difícil, la Comisión ampliará el plazo para la aplicación de estas medidas si se presenta un calendario vinculante para la reducción de las actividades (incluida la compartimentalización de ramas de la actividad). No obstante, el plazo para la aplicación de dichas medidas no deberá ser superior a cinco años.

38)

Al evaluar el ámbito exigido de soluciones estructurales al falseamiento de la competencia en un asunto dado, y teniendo debidamente en cuenta el principio de igualdad de trato, la Comisión considerará las medidas dispuestas en el mismo momento en relación a otros asuntos relativos de los mismos mercados o segmentos de mercado.

39)

La ayuda estatal no debe ser utilizada en detrimento de competidores que no disfruten de ayudas públicas similares (40).

40)

Sin perjuicio del apartado 41, los bancos no deberán utilizar la ayuda estatal para la adquisición de empresas competidoras (41). Esta condición deberá aplicarse como mínimo durante tres años y podrá mantenerse hasta el final del período de reestructuración en función del ámbito, la magnitud y la duración de la ayuda.

41)

En circunstancias excepcionales y previa notificación, la Comisión podrá autorizar adquisiciones cuando formen parte de un proceso de consolidación necesario para restablecer la estabilidad financiera o garantizar la competencia efectiva. El proceso de adquisición deberá respetar los principios de igualdad de oportunidades para todos los compradores potenciales y el resultado deberá garantizar condiciones de competencia efectiva en los mercados de referencia.

42)

Cuando la imposición de cesiones o la prohibición de adquisiciones no sean adecuadas, la Comisión podrá aceptar la imposición por el Estado miembro de un mecanismo de reembolso, consistente, por ejemplo, en una tasa a los beneficiarios de la ayuda. Esto permitiría recuperar parte de la ayuda del banco una vez que éste haya restablecido la viabilidad.

43)

Cuando los bancos que reciban ayuda estatal deban cumplir determinados requisitos en cuanto a la concesión de préstamos a la economía real, el banco deberá conceder créditos en condiciones comerciales (42).

44)

La ayuda estatal no puede ser utilizada para ofrecer condiciones (por ejemplo, en cuanto a tipos o garantías pignoraticias) con las que no puedan rivalizar los competidores que no reciban ayuda estatal. No obstante, en casos en los que las limitaciones en la política de fijación de precios del beneficiario sean inadecuadas, por ejemplo porque originen una reducción de la competencia efectiva, los Estados miembros deberán proponer soluciones más adecuadas que garanticen la competencia efectiva, tales como medidas que faciliten la entrada. En la misma línea, los bancos no podrán aducir el apoyo estatal como una ventaja competitiva al comercializar sus productos financieros (43). Estas restricciones deberán mantenerse dependiendo del ámbito, magnitud y duración de la ayuda durante un período que oscile entre tres años y la totalidad de la duración del período de reestructuración. Las restricciones servirían así también claramente de incentivo para devolver la ayuda estatal cuanto antes.

45)

La Comisión examinará además el grado de apertura del mercado y la capacidad del sector para hacer frente a las quiebras de bancos. En su evaluación general, la Comisión podrá considerar posibles compromisos del beneficiario o del Estado miembro relativos a la adopción de medidas (44) que fomenten mercados más competitivos y sólidos, por ejemplo favoreciendo entradas y salidas. Estas iniciativas podrían, en circunstancias adecuadas, añadirse a las demás medidas estructurales o de actuación que, en circunstancias normales, se le exigirían al beneficiario en cuestión. El compromiso del Estado miembro para introducir mecanismos que atajen las dificultades del banco en una fase temprana, puede ser para la Comisión un elemento positivo que fomente mercados sólidos y competitivos.

46)

Para verificar la adecuada aplicación del plan de reestructuración, la Comisión pedirá informes regulares detallados. Generalmente, el primer informe deberá presentarse a la Comisión seis meses después como máximo de la aprobación del plan de reestructuración.

47)

Al notificar el plan de reestructuración, la Comisión debe evaluar las posibilidades de que el plan restablezca la viabilidad a largo plazo y limite el falseamientos de la competencia de manera adecuada. Si la Comisión tuviera razones fundadas para dudar de que el plan de restructuración cumpla con los requisitos pertinentes, deberá incoar un procedimiento de investigación formal, dando a terceros la posibilidad de formular sus observaciones sobre la medida, garantizando así un enfoque transparente y coherente y respetando a la vez las normas de confidencialidad aplicables en los procedimientos de ayudas estatales (45).

48)

No obstante, la Comisión no está obligada a incoar un procedimiento formal cuando el plan de reestructuración esté completo y no albergue dudas de la compatibilidad de las medidas propuestas a tenor del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (46). Este podría ser el caso cuando el Estado miembro haya notificado a la Comisión una ayuda acompañada de un plan de reestructuración que cumpla todas las condiciones que se establecen en la presente Comunicación con el fin de obtener seguridad jurídica en cuanto a su necesario seguimiento. En tales casos, la Comisión puede adoptar una decisión definitiva por la que declare que las ayudas de salvamento y las ayudas de reestructuración son compatibles con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra b) del Tratado.

49)

La presente Comunicación está justificada dada la actual crisis excepcional del sector financiero y debe aplicarse únicamente durante un tiempo limitado. La Comisión aplicará la presente Comunicación al evaluar asuntos de ayudas de reestructuración que le hayan sido notificadas antes de finales de 2010. Por lo que se refiere a las ayudas no notificadas, será aplicable la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (47). Por lo tanto, la Comisión aplicará la presente Comunicación al evaluar la compatibilidad de las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2010 inclusive.

50)

Habida cuenta de que la presente Comunicación se fundamenta en el artículo 87, apartado 3, letra b) del Tratado, la Comisión podrá revisar su contenido y duración con arreglo a la evolución de las condiciones del mercado, la experiencia acumulada en el tratamiento de los asuntos y el primordial interés de mantener la estabilidad financiera.