EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0205(04)

Ayudas estatales — Italia — Ayuda estatal C 38/2004 (ex NN 58/04) — Ayudas en favor de la sociedad Portovesme SRL — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CETexto pertinente a efectos del EEE

OJ C 30, 5.2.2005, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.2.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/7


AYUDAS ESTATALES — ITALIA

Ayuda estatal C 38/2004 (ex NN 58/04) — Ayudas en favor de la sociedad Portovesme SRL

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2005/C 30/06)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta 16 de noviembre de 2004, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales

SPA 3 6/5

B-1049 Bruselas

Fax: (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

1.   Descripción

El decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 6.2.2004 establece una tarifa preferente, hasta el 30.6.2007, para el suministro de energía eléctrica a empresas que pertenecen a sectores productores de aluminio, plomo, plata y cinc, establecidas en territorios insulares caracterizados por conexiones inexistentes o insuficientes con las redes nacionales de energía y gas.

Por deliberación de 5.7.2004 no 110/04, la Autoridad de la Energía Eléctrica y el Gas decidió que las empresas: Alcoa Srl (ex Alumix SpA), Portovesme Srl, ILA (Industria Lavorazioni Alluminio Spa) y Euroallumina SpA, todas localizadas en la región de Cerdeña, pueden beneficiarse de un régimen tarifario especial de conformidad con el decreto previamente mencionado.

El régimen en cuestión se describe en el artículo 73 de las Disposiciones para el ejercicio de los servicios de transmisión, distribución, medición y venta de energía eléctrica para el período 2004-2007, recogidas en el Anexo A de la deliberación de la Autoridad de la Energía Eléctrica y el Gas de 30.1.2004, no 5 (1) y en sus modificaciones (2). El régimen estipula la concesión al consumidor de energía eléctrica de una «compensación» (componente tariffaria compensativa) basada en la diferencia entre la tarifa eléctrica concluida con el distribuidor de energía y una tarifa preferente.

2.   Evaluación

Con el fin de apreciar si la medida constituye una ayuda según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado, conviene determinar si otorga una ventaja a sus beneficiarios, si esta ventaja es de origen estatal, si la medida afecta a la competencia y si puede afectar a los intercambios entre Estados miembros.

La aplicación de tarifas eléctricas inferiores a las de mercado implica una ventaja económica en la medida en que los costes de producción de los beneficiarios se reducen. Estas tarifas reducidas benefician a las empresas de los sectores de producción de aluminio, plomo, plata y cinc que operan en una región de Italia (Cerdeña), es decir, en el presente estadio, únicamente 4 empresas. Las tarifas las favorecen en la medida en que no se conceden a empresas de otros sectores productivos ni a empresas de los mismos sectores establecidas fuera de esta zona.

En este caso las autoridades italianas han adoptado unilateralmente la decisión relativa a la reducción de las tarifas eléctricas. De conformidad con la deliberación no 148 de la Autoridad de la Energía Eléctrica y del Gas, de 9.8.2004, la reducción es financiada por compensaciones directas pagadas a los consumidores de energía por la Cassa Conguaglio per il settore elettrico. En virtud del artículo 6 de la deliberación no 194/00, de 18.10.2000, el presidente y los miembros del comité de gestión de la Cassa Conguaglio son nombrados por la Autoridad de la Energía Eléctrica y el Gas, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Como las compensaciones proceden de un fondo instituido y controlado por el Estado, la ayuda está financiada con cargo a recursos estatales.

Por otro lado, la medida amenaza con falsear la competencia, dado que refuerza la posición financiera y las posibilidades de acción de las empresas beneficiarias con relación a sus competidores, que no se benefician. Además, como los productos de las empresas en cuestión se comercializan en los mercados mundiales, la medida afecta necesariamente a los intercambios intracomunitarios.

Por todo ello, la medida está, en principio, prohibida con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado y sólo será compatible con el mercado común si puede beneficiarse de una de las derogaciones previstas en dicho Tratado.

La concesión de compensaciones destinadas a disminuir las tarifas eléctricas implica la reducción de los gastos corrientes de algunas empresas. Esta reducción de gastos está considerada como ayuda de funcionamiento a empresas individuales.

Sobre la base de las Directrices sobre ayudas de finalidad regional actualmente vigentes (3), las ayudas de funcionamiento están en principio prohibidas. No obstante, podrá concederse excepcionalmente este tipo de ayudas en las regiones que se benefician de la excepción de la letra a) del apartado 3 del artículo 87, siempre y cuando así lo justifiquen su aportación al desarrollo regional y su naturaleza y su importe guarde proporción con las desventajas que se pretenda paliar. Además, las ayudas de funcionamiento deben ser limitadas en el tiempo y regresivas.

En este caso se trata de ayudas individuales ad hoc concedidas a un número limitado de empresas que pertenecen a sectores específicos. En esta fase la Comisión tiene dudas sobre el vínculo entre la ayuda en favor de las cuatro empresas beneficiarias y el desarrollo regional, y sobre la proporcionalidad de la ayuda y las desventajas regionales que pretende paliar. Además, sobre la base de la información disponible en esta fase, dichas ayudas individuales parecen inscribirse más bien en el marco de políticas industriales puntuales o sectoriales que las apartan del espíritu de la política de ayudas regionales como tal, que debería seguir siendo neutra con respecto a la asignación de recursos productivos entre distintos sectores y actividades económicas. Además la Comisión tiene dudas sobre el mecanismo de financiación de este régimen tarifario especial, sobre su gestión administrativa y sobre las modalidades de cálculo de las compensaciones destinadas a reducir las tarifas eléctricas.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, toda ayuda concedida ilegalmente podrá ser reclamada a su beneficiario.

TEXTO DE LA CARTA

«Con la presente la Commissione si pregia informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'aiuto menzionato in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO

1.

Con lettera del 4 dicembre 2003 (A/38568 dell'8.12.2003), uno studio di avvocati ha portato all'attenzione dei servizi della Commissione una serie di articoli di stampa segnalando l'intenzione delle autorità italiane di applicare tariffe elettriche ridotte a favore della società Portovesme Srl.

2.

Con lettera del 22 gennaio 2004 (D/50373) e del 19 marzo 2004 (D/52054), i servizi della Commissione hanno chiesto chiarimenti su questa misura. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 6.2.2004 (CAB A/352 del 17.2.2004) e del 9 giugno 2004 (A/34260 dell'11.6.2004). Con lettera del 20 settembre 2004 (A/37093 del 22.9.2004), le autorità italiane hanno inviato informazioni supplementari.

2.   DESCRIZIONE

3.

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6.2.2004 prevede che sia accordata fino al 30.6.2007 una tariffa preferenziale per la fornitura di energia elettrica ad imprese che appartengono ai settori della produzione di alluminio, piombo, argento e zinco, situati in territori insulari caratterizzati da assenza o insufficienza di connessioni alle reti nazionali di energia e di gas.

4.

Con delibera del 5.7.2004 n. 110/04, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas autorizza le imprese: Alcoa Srl (ex Alumix Spa), Portovesme Srl, ILA (Industria Lavorazioni Alluminio Spa) e Euroallumina Spa, ubicate tutte nella regione Sardegna, a beneficiare di un regime tariffario speciale in virtù di detto decreto. Con la stessa delibera, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas prevede anche che l'elenco dei beneficiari del regime in questione sia aggiornato annualmente sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero italiano delle attività produttive.

5.

Il regime in questione è descritto all'articolo 73 delle Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5 (4) e sue modifiche (5). Esso prevede la concessione al consumatore di energia elettrica di una componente tariffaria compensativa, fissata sulla base della differenza tra la tariffa elettrica stabilita con il distributore di energia e una tariffa preferenziale.

6.

Secondo le autorità italiane, tale regime tariffario speciale troverebbe la sua giustificazione nelle condizioni svantaggiate dei sistemi elettrici di alcune zone dell'Italia, caratterizzate dall'assenza di infrastrutture elettriche di collegamento con le reti nazionali di trasporto: nel caso specifico, la regione Sardegna manca di connessione alla rete di gas naturale ed è insufficientemente collegata alla rete elettrica. In particolare, secondo le autorità italiane:

il sistema elettrico della regione Sardegna sarebbe caratterizzato da prezzi troppo elevati dell'energia, che non sono conformi alla dinamica dei costi di produzione delle imprese dell'isola; ciò penalizzerebbe i grandi consumatori di energia a causa dell'impatto dei costi di approvvigionamento sull'insieme dei costi di produzione;

la regione Sardegna sarebbe caratterizzata da una situazione di sottoutilizzazione delle capacità di produzione di energia elettrica: nel 2003, il livello di utilizzazione di tali capacità era del 46 % (6); inoltre, la produzione regionale di energia era di 13 000 GWh e gli impianti termoelettrici avrebbero potuto produrre nel 2003 circa 28 000 GWh;

l'interscambio di energia elettrica con l'Italia è attualmente assicurato da due cavi di 200kV con una capacità di 270 MW;

si prevede un aumento del tasso annuale di domanda di energia elettrica per il periodo 2002-2012 del 3 %;

un progetto a breve termine prevede la costruzione di un cavo di 150 kV tra la Corsica e la Sardegna; un progetto a lungo termine prevede la costruzione di un cavo della potenza di 1 000 MW tra la Sardegna e la penisola.

3.   VALUTAZIONE

3.1   Esistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato

7.

Per valutare se la misura disposta dal regime costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, occorre determinare se procuri un vantaggio ai beneficiari, se il vantaggio sia di origine statale, se la misura in questione incida sulla concorrenza e se sia atta ad alterare gli scambi intracomunitari.

8.

Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, è l'esistenza di un “aiuto”: costituisce un aiuto propriamente detto una misura che procuri un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che normalmente dovrebbero gravare sulle risorse proprie delle imprese e, dall'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una determinata categoria di imprese. L'applicazione di tariffe elettriche inferiori a quelle del mercato procura un vantaggio economico dal momento che i costi di produzione dei beneficiari sono ridotti. Inoltre, le tariffe ridotte beneficiano esclusivamente le imprese dei settori della produzione di alluminio, piombo, argento e zinco che operano in una regione dell'Italia (la Sardegna), cioè, attualmente, quattro imprese. Le tariffe ridotte favoriscono tali imprese dal momento che esse non sono accordate alle imprese al di fuori di tali zone.

9.

Per quanto riguarda le seconda condizione, per essere considerati aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, i vantaggi devono essere, da una parte, accordati – direttamente o indirettamente – mediante risorse statali e, dall'altra, essere imputabili allo Stato. Nel caso in oggetto, la decisione relativa alla riduzione delle tariffe elettriche è stata presa unilateralmente dalle autorità italiane. Conformemente a quanto stabilito nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 9.8.2004, n. 148 (7), essa è finanziata da compensazioni corrisposte ai consumatori di energia da parte della Cassa Conguaglio per il settore elettrico. In base all'articolo 6 della delibera del 18.10.2000 n. 194/00 (8), il presidente ed i membri del comitato di gestione della Cassa Conguaglio sono nominati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Poiché le compensazioni provengono da un fondo istituito e controllato dallo Stato, l'aiuto è finanziato da risorse statali (9).

10.

Tale misura di Stato persegue un obiettivo che rientra nell'ambito di politiche definite dalle autorità nazionali, vale a dire la riduzione delle tariffe elettriche elevate che dovrebbero essere pagate da imprese caratterizzate da produzioni ad elevata intensità energetica, come le produzioni di alluminio, di piombo, di argento e di zinco, e ubicate in regioni isolate e non sufficientemente connesse alle reti energetiche.

11.

In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari. Nel caso in oggetto, tali misure minacciano di falsare la concorrenza dal momento che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità d'azione delle imprese beneficiarie rispetto ai concorrenti che non ne beneficiano. Inoltre, poiché i prodotti delle imprese in questione (alluminio, piombo, argento e zinco) sono commercializzati sui mercati mondiali, le misure in questione possono incidere sugli scambi intracomunitari.

12.

Per i motivi di cui sopra, le misure in oggetto sono in linea di principio vietate dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune soltanto se possono beneficiare di una delle deroghe previste da tale trattato.

3.2   Valutazione della compatibilità della misura con il mercato comune

13.

La concessione di compensazioni destinate alla riduzione delle tariffe elettriche comporta la riduzione delle spese correnti di talune imprese. Tale riduzione delle spese correnti può essere considerata un aiuto al funzionamento a imprese individuali.

14.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale attualmente in vigore (10) vietano, in linea di principio, gli aiuti al funzionamento. Tuttavia, possono essere concessi, a titolo eccezionale, aiuti a finalità regionale, nelle regioni che beneficiano della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionato agli svantaggi che intendono compensare. Gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti.

15.

Nel caso in oggetto, si tratta di aiuti individuali ad hoc concessi a un numero limitato di imprese che appartengono a specifici settori. In questa fase, la Commissione nutre dei dubbi riguardo al collegamento tra l'aiuto a favore delle quattro imprese beneficiarie della misura e lo sviluppo regionale e riguardo alla proporzionalità dell'aiuto in oggetto e gli svantaggi regionali cui esso mira a ovviare. Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili al momento, tali aiuti individuali sembrano rientrare nell'ambito di politiche industriali puntuali o settoriali piuttosto che nello spirito della politica degli aiuti regionali, la quale dovrebbe restare neutrale per quanto riguarda la distribuzione delle risorse produttive tra i diversi settori ed attività economiche.

16.

Inoltre, la Commissione nutre dei dubbi quanto al meccanismo di finanziamento di tale regime tariffario speciale, alla sua gestione amministrativa e alle modalità di calcolo delle compensazioni destinate alla riduzione delle tariffe elettriche.

17.

Infine, secondo le autorità italiane, la tariffa preferenziale prevista dalla misura in questione (di circa 20 EUR/MWh) coinciderebbe con la tariffa fissata nel 1996 a favore della società Alumix Spa per la fornitura di energia elettrica negli anni 1996-2005.

18.

Infatti, nel 1996, la Commissione aveva giudicato che la tariffa preferenziale a favore della Alumix Spa, per il periodo in oggetto, non era un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato (11). La Commissione aveva concluso che, considerata la situazione di sovrapproduzione di energia elettrica in Sardegna e il fatto che, all'epoca, il prezzo concesso dal produttore e distributore nazionale di energia elettrica ENEL a Alumix era superiore al costo marginale medio della produzione dell'elettricità, ENEL agiva come un operatore privato in un'economia di mercato.

19.

Sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione europea dubita della comparabilità della misura in questione con quella esaminata e approvata dalla Commissione nel 1996. Nel 1996, infatti, ENEL era l'unico produttore e distributore di energia in Italia e la tariffa elettrica ridotta praticata da ENEL a favore della società Alumix Spa era stata confrontata con il costo marginale medio della produzione di energia elettrica di ENEL per il periodo indicato.

20.

Invece, nel caso in esame, le autorità italiane intervengono selettivamente, in un contesto di mercato dell'energia liberalizzato, a favore di talune imprese al fine di compensare la differenza tra una tariffa di mercato conclusa con un produttore qualsiasi di energia e la tariffa preferenziale fissata nel 1996.

21.

La Commissione nota inoltre che la misura in oggetto potrebbe produrre effetti di riduzione del livello di tassazione applicabile all'energia elettrica. In tal caso, tale misura necessiterebbe di una base giuridica nell'ambito della Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. A tal proposito, le autorità italiane sono invitate a qualificare tale misura nell'ambito del regime armonizzato di cui alla Direttiva precitata.

22.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

23.

La Commissione ricorda all'Italia l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e rinvia all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio in base al quale ogni aiuto illegale potrà essere recuperato presso il beneficiario.

24.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»


(1)  Articolo 73 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periododi regolazione 2004-2007, riportato nell'Allegato A della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5/04.

(2)  Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 148 del 9.8.2004.

(3)   DO C 74 de 10.3.1998, p. 9.

(4)  Articolo 73 del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5/04 (G.U.R.I n. 83 dell'8 aprile 2004).

(5)  Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 9.8.2004 n. 148.

(6)  Nel 2003, la Sardegna disponeva di una capacità di produzione di 3 800 MW con una domanda massima di 1 800 MW. La potenza istallata di 3 800 MW è così suddivisa: idroelettrica: 431 MW; termoelettrica 3 278 MW; eolica e fotovoltaica: 100 MW.

(7)  Vedi nota n. 2.

(8)  G.U.R.I. n. 257 del 3.11.2000.

(9)  Sentenza del 13.3.2001, causa C-379/98, PreussenElektra (Rec. p. I-2099, punto 58).

(10)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(11)  GU C 288 dell'1.10.1996.


Top