31.12.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 336/109

1.1

En el apartado 6 del artículo 3 del reglamento propuesto, el «prestador del servicio de pagos intermediario» (en adelante, «PSP intermediario») se define como el prestador de servicios de pago (en adelante, «PSP») «que no sea ni el ordenante ni el beneficiario y que participe en la ejecución de transferencias de fondos». Tanto los gestores de sistemas de pago, compensación y liquidación como los prestadores de servicios de mensajes parecen incluidos en el ámbito de aplicación del reglamento propuesto, ya que participan en la ejecución de transferencias de fondos.

1.2

No obstante, dichos gestores y prestadores de servicios no tienen como clientes directos a los ordenantes o beneficiarios y, por lo tanto, no tienen toda la información requerida con arreglo al reglamento propuesto. Por consiguiente, solo deberían imponerse obligaciones a las entidades de crédito que tienen una relación directa con los clientes o a las entidades financieras que forman parte de la cadena de pago para la ejecución de las transferencias de fondos, pues estas entidades sí poseen la información requerida (3).

1.3

En vista de lo que antecede, el BCE recomienda encarecidamente que el reglamento propuesto excluya expresamente de su ámbito de aplicación a los gestores de sistemas de pago, compensación y liquidación y a los prestadores de servicios de mensajes, y que introduzca el considerando explicativo correspondiente. Esta exclusión sería compatible con la obligación de los gestores de los sistemas de asegurar que el origen de las órdenes de pago que tramiten pueda determinarse efectivamente por medio de la adecuada identificación de los participantes en esos sistemas. En relación con este punto, el BCE observa que uno de los considerandos de la tercera directiva sobre blanqueo de capitales aclara que las personas físicas o jurídicas que solo transmiten mensajes a las entidades de crédito o financieras o les proporcionan otros sistemas de apoyo para la transmisión de fondos o un sistema de compensación o regulación no están incluidas en el ámbito de aplicación de esa directiva (4).

1.4

Por otra parte, el apartado 2 del artículo 13 del reglamento propuesto se refiere a las obligaciones de un PSP intermediario que no reciba información completa sobre el ordenante. En los apartados 12 y 13 de la Nota interpretativa revisada de la VII Recomendación especial del Grupo de Acción Financiera (GAFI) relativa a las transferencias por cable (5) (en adelante, la «nota interpretativa») no se incluye una obligación de información análoga. El BCE es contrario a la propuesta de obligar al PSP intermediario a informar al PSP del beneficiario de que la información es incompleta. Sería más apropiado que se impusiera esa obligación a las partes directamente interesadas, es decir, el PSP del ordenante y el PSP de beneficiario, puesto que en todo caso estarían en posesión de la información requerida con arreglo a lo dispuesto en los capítulos II y III del reglamento propuesto. Las únicas obligaciones del PSP intermediario deberían ser las del artículo 12, y el apartado 1 del artículo 13, del reglamento propuesto, es decir, que toda la información recibida sobre el ordenante que acompaña a una transferencia se mantenga con esta y se guarden sus registros durante cinco años. Por consiguiente, debería suprimirse el apartado 2 del artículo 13 del reglamento propuesto.

2.1

Como observación general, convendría asegurar el mayor grado de conformidad posible entre las definiciones del artículo 4 de la directiva propuesta sobre los servicios de pago en el mercado interior (6) y las definiciones del reglamento propuesto, especialmente la definición de «usuario del servicio de pagos» que ofrece el apartado 8 del artículo 3 del reglamento propuesto.

2.2

La VII Recomendación especial del GAFI, relativa a las transferencias por cable (en adelante la «RE VII»), comprende expresamente las entidades financieras, incluidas las empresas de envío de dinero. En el reglamento propuesto no se hace referencia expresa a estas empresas. Es muy probable que la definición de «prestador del servicio de pagos» del apartado 5 del artículo 3 del reglamento propuesto comprenda las empresas de envío de dinero, pero podría insertarse la referencia a estas para asegurar la concordancia expresa del reglamento propuesto con la RE VII.

2.3

Además, debería añadirse una definición de «identificador único» que reflejara las diversas combinaciones posibles de datos requeridas para identificar al ordenante.

3.1

El BCE observa que el considerando 6 del reglamento propuesto se refiere a la exclusión, sujeta a condiciones, de las transferencias de fondos relacionadas con una «transacción comercial». No se ofrece una definición de «transacción comercial», pero el apartado 2 del artículo 2 dispone que el reglamento propuesto «no se aplicará a las transferencias de fondos resultantes de una transacción comercial efectuada utilizando una tarjeta de crédito o de débito o cualquier otro instrumento de pago similar».

3.2

La letra a) del apartado 10 de la nota interpretativa no incluye expresamente el término «comercial», sino que afirma que la RE VII no se extiende a las transferencias resultantes de transacciones efectuadas utilizando tarjetas de crédito o débito si el número de tarjeta acompaña a las transferencias resultantes de las transacciones. No obstante, la letra a) del apartado 10 añade que, si las tarjetas de crédito o débito se utilizan como sistema de pago para efectuar transferencias, se les aplica la RE VII y el mensaje debe incluir la información necesaria. Esto implica que la RE VII distingue entre la utilización de tarjetas para pagar bienes y servicios (excluida de la RE VII) y su utilización para hacer transferencias (incluida en la RE VII). El BCE propone que se dé nueva redacción al considerando 6 y al primer párrafo del apartado 2 del artículo 2 del reglamento propuesto, a fin de lograr mayor coherencia con la nota interpretativa (7).

3.3

En general, el apartado 2 del artículo 2 del reglamento propuesto parece basarse en la suposición de que el PSP del ordenante o del beneficiario siempre puede determinar si las tarjetas de crédito o débito se han utilizado para pagar bienes y servicios o para hacer transferencias. Sin embargo, esta suposición no siempre es correcta, pues en esas transacciones pueden utilizarse todo tipo de instrumentos de pago. Cuando se efectúa un pago por tarjeta de crédito o débito, solo el propietario o gestor del sistema de la tarjeta recibe información de la que puede deducir el propósito subyacente de la transacción. Los PSP del ordenante y del beneficiario sólo reciben la información necesaria para liquidar la transacción en la cuenta de su cliente, es decir, no reciben información sobre el propósito subyacente de la transacción. Por lo tanto, imponer a los PSP la obligación de comprobar el propósito de esas transacciones no ayudaría al buen funcionamiento de los sistemas de pago. Por eso, aunque el BCE comprende la voluntad de excluir las transacciones efectuadas por tarjeta de crédito o débito para pagar bienes y servicios de la obligación de incluir información completa sobre el ordenante, la propuesta parece inviable porque las entidades sujetas al reglamento propuesto carecen de medios que les permitan determinar la causa del pago en todos los casos. Sin embargo, la intención del apartado 2 del artículo 2 puede ser considerar que la liquidación (por medio del PSP del ordenante) de la factura correspondiente a las transacciones con tarjeta de crédito subyacentes efectuadas por el ordenante no es parte de una transferencia iniciada utilizando la tarjeta de crédito, sino una transferencia del ordenante a la empresa de la tarjeta de crédito totalmente independiente. De ser así, el BCE está de acuerdo con el contenido del apartado 2 del artículo 2, pero, para mayor seguridad jurídica, propondría que dicha intención se expresara más claramente en el reglamento propuesto.