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Document 52002IE0365

Dictamen del Comité Económico y Social sobre "La inmigración, la integración y el papel de la sociedad civil organizada"

OJ C 125, 27.5.2002, p. 112–122 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002IE0365

Dictamen del Comité Económico y Social sobre "La inmigración, la integración y el papel de la sociedad civil organizada"

Diario Oficial n° C 125 de 27/05/2002 p. 0112 - 0122


Dictamen del Comité Económico y Social sobre "La inmigración, la integración y el papel de la sociedad civil organizada"

(2002/C 125/21)

El 31 de mayo de 2001, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre "La inmigración, la integración y el papel de la sociedad civil organizada"

La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 27 de febrero de 2002 (ponente: Sr. Pariza Castaños; coponente: Sr. Melícias).

En su 389o Pleno de los días 20 y 21 de marzo de 2002 (sesión del 21 de marzo), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1. Integración y ciudadanía

1.1. Durante los años sesenta y setenta, en los que la inmigración fue promovida por los Estados europeos receptores, prevaleció la idea de la temporalidad de las migraciones que se producían en Europa. Pero ante la evidencia del establecimiento estable de las poblaciones inmigradas, las instituciones públicas han ido asumiendo que el destino de los inmigrantes es, mayoritariamente, su integración en nuestra sociedad. Este debe ser el concepto que presida, sin ningún tipo de reticencias, las nuevas políticas(1) de inmigración(2).

1.2. La Comunicación de la Comisión Europea sobre política comunitaria de inmigración señalaba que las perspectivas económicas y de evolución demográfica de Europa hacen de la inmigración un factor fundamental y una necesidad para nuestro desarrollo. Por lo tanto, las políticas públicas deben adecuarse al hecho de que la sociedad europea actual y futura es una sociedad con gran presencia de personas inmigradas, y por lo tanto son necesarias políticas claras y eficaces de integración social de la población inmigrada. Nos referimos al conjunto de la población inmigrada, no sólo a la inmigración por motivos laborales, sino también a la reagrupación familiar, refugiados y personas acogidas a otras forma de protección humanitaria.

1.3. Hay que definir bien el concepto de integración para que sea útil en todos los países de la Unión Europea, pues los conceptos sobre integración social (no sólo los referidos a los inmigrantes y refugiados) cambian según las diferentes prácticas y tradiciones culturales.

1.4. El concepto de integración que proponemos en este Dictamen se define como "integración cívica" y está basado, fundamentalmente, en la progresiva equiparación de los inmigrantes con el resto de la población, en derechos y deberes, así como su acceso a bienes, servicios y cauces de participación ciudadana en condiciones de igualdad de oportunidades y de trato. La Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea es una base sólida y positiva que debe guiar a la nueva legislación europea así como a las legislaciones nacionales.

1.5. El referente principal de la integración cívica que proponemos no está en el tratamiento que deba darse a los aspectos culturales, sino en el concepto de ciudadanía. La diversidad cultural tendrá un tratamiento específico en cada país, de acuerdo con el modelo que se haya ido desarrollando para ello, pero no debe alterar el principio de equiparación de derechos y deberes. Dicho de otro modo, las pautas culturales de los inmigrantes, sean cuales fueren, no reducen su condición de personas que deben tener los mismos derechos y los mismos deberes que el resto de la población.

1.6. Los derechos de los inmigrantes no pueden cuestionarse sobre la base de la diversidad cultural. El Comité rechaza por completo cualquier planteamiento que niegue derechos a los inmigrantes por causa de sus diferencias culturales. La libertad religiosa, por ejemplo, es un derecho que tienen los inmigrantes, como lo tienen los demás ciudadanos. Todos los derechos fundamentales de las personas, así como todos los derechos que las leyes garantizan, son también derechos de los inmigrantes, independientemente de sus rasgos culturales. Al igual que los derechos, tampoco los deberes legales pueden ser eludidos con argumentos culturales. Los inmigrantes no pueden eludir el respeto a las leyes y la aceptación de las normas de la sociedad por razones culturales. Los inmigrantes han de respetar los valores democráticos de las sociedades europeas e incorporarse a los cauces democráticos para su integración social.

1.7. Los aspectos culturales son muy importantes. La diversidad cultural es una característica propia de la Europa democrática y pluralista. La inmigración procedente de países terceros aporta mayores elementos a nuestra diversidad, enriqueciendo culturalmente nuestras sociedades. La cultura no puede ser entendida como algo inamovible, sino que debe verse como algo en permanente evolución que se enriquece con las más variadas aportaciones. Con esta visión dinámica de nuestro desarrollo cultural deberán integrarse las aportaciones culturales que hacen las personas inmigradas.

1.8. El Comité, por tanto, quiere resaltar la contribución positiva de la inmigración para el desarrollo cultural de Europa, y rechaza con energía todo planteamiento fundamentalista que hable de "riesgo de contaminación cultural" o de "defensa de las esencias culturales europeas frente a rasgos culturales extraños". Tales planteamientos son contrarios a los principios del pluralismo democrático y perniciosos para el avance sociocultural de las sociedades europeas.

1.9. La integración social está muy relacionada con las políticas de inmigración y asilo. El proceso de integración social ha de comenzar en el mismo momento en el que se produce la inmigración, por tanto, es de gran importancia la forma como se realiza la entrada y los derechos que al inmigrante o al solicitante de asilo se le conceden desde el primer momento. La utilización de vías irregulares de entrada y la inserción laboral en la economía sumergida son barreras para la integración social. En este sentido, es importante elaborar políticas de inmigración que hagan accesibles las vías legales de entrada y definan con amplitud los derechos de las personas inmigradas. Sobre estas cuestiones la Comisión ha elaborado proyectos de Directivas(3) y el Comité los correspondientes dictámenes(4).

1.10. Las personas inmigrantes deben adoptar una actitud positiva, favorable a la integración, para lo que es conveniente el conocimiento de la lengua, las leyes y las costumbres del nuevo país de residencia.

1.11. El conocimiento de las lenguas de los países de acogida es un aspecto fundamental para la integración de las personas inmigradas, por lo que se debe ofrecer a estas personas la oportunidad de estudiarlas.

2. El camino recorrido por las instituciones europeas en políticas de integración social de los inmigrantes

2.1. La Comisión Europea, de acuerdo con las previsiones del Tratado de la Unión y en el marco político definido en el Consejo de Tampere, está desarrollando una intensa actividad política, adoptando diversas iniciativas legislativas que el Comité valora de manera positiva. Sin embargo, estamos comprobando que, en el Consejo, los trabajos se desarrollan con mucha lentitud y con planteamientos políticos demasiado restrictivos. El Consejo Europeo de Laeken se ha comprometido a dar un nuevo enfoque y un impulso mayor a la política común en materia de asilo e inmigración. El Comité desea que este compromiso se traduzca en progresos concretos dentro del Consejo, y en un decidido apoyo a las iniciativas de la Comisión.

2.2. Las instituciones públicas de los Estados de la Unión Europea han ido desarrollando, en las últimas décadas, políticas de integración social para las poblaciones inmigradas. Estas políticas sufrieron importantes retrasos debido a los supuestos iniciales sobre la temporalidad de las migraciones.

2.3. Las instituciones comunitarias, por su parte, llevan también años desarrollando políticas favorables a la integración social de las poblaciones inmigradas. Éstas se han concretado en iniciativas favorables a la inserción laboral, educativa, etc., así como en las políticas desarrolladas en el terreno de la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.

2.4. La Comunicación de la Comisión Europea de 1994(5), sobre políticas de inmigración y de asilo, ya señaló que la integración social debía ser uno de los tres ejes centrales de la política de inmigración (los otros dos eran la cooperación con los países emisores y el control de los flujos). Las propuestas que la Comunicación de la Comisión(6) sobre la nueva política de inmigración realiza para la integración social de los nacionales de terceros países, se basan en la equiparación de derechos, el avance hacia la libre circulación, el desarrollo de medidas para mejorar su situación económica y sociocultural, y las medidas contra la xenofobia y la discriminación racial.

2.5. Las iniciativas comunitarias desarrolladas en este terreno han sido diversas, pero cabe mencionar el programa Integra dirigido a la integración en el mercado laboral de los colectivos con riesgo de exclusión, que ha permitido desarrollar gran número de proyectos centrados en la inmigración, así como el actual programa Equal(7) que persigue objetivos similares. También ha de hacerse mención a la Estrategia Europea de Empleo, definida en la Cumbre de Luxemburgo de 1997, por sus planteamientos de lucha contra la discriminación en el terreno laboral.

2.6. La lucha contra la xenofobia y la discriminación, aspecto de enorme importancia para la integración social, ha sido desarrollada por las instituciones comunitarias, especialmente a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Están ya en vigor dos directivas, una sobre igualdad de trato de todas las personas independientemente de su origen étnico, y otra sobre igualdad de trato en el trabajo, así como un programa de acción para su desarrollo, que constituyen una base sólida para el desarrollo de políticas antidiscriminatorias. Sin embargo, el Comité constata con preocupación los retrasos injustificables que se están produciendo en la transposición de las directivas a las legislaciones nacionales en algunos Estados miembros.

2.7. Es muy importante la creación en 1997 del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, como instrumento de la Unión Europea encargado de elaborar análisis y propuestas para hacer más eficaz el combate contra el racismo y otras formas de discriminación en todo el espacio de la Comunidad.

2.8. Si bien hay una apuesta clara a favor de la integración social por parte de las instituciones públicas, lo cierto es que las políticas desarrolladas hasta el momento son claramente insuficientes. La discriminación que sigue sufriendo la población inmigrada, que se manifiesta en aspectos tan importantes como su situación de desventaja en el acceso al trabajo; la segregación en el espacio urbano y en otros aspectos de la vida social; los conflictos de convivencia que aparecen por distintos puntos de la geografía europea; etc., son claras muestras de la insuficiencia de lo que hasta ahora se ha hecho en este terreno.

2.9. Las políticas de integración social deben recibir un impulso importante en el que se impliquen todas las instituciones, las europeas, las nacionales, las regionales y las locales. En este nuevo impulso también debe implicarse decididamente la sociedad civil organizada, pues sólo así se logrará dotar de la eficacia que tales políticas necesitan. El Comité Económico y Social afirma su voluntad de contribuir decididamente al desarrollo de nuevas políticas de integración social y a asociar a las mismas a la sociedad civil europea.

3. Las políticas para la integración

3.1. Las políticas para la integración de los inmigrantes deben ser desarrolladas por las instituciones públicas y privadas, con amplia participación e implicación de las organizaciones sociales. Tales políticas han de dirigirse a la eliminación de los obstáculos que sufren los inmigrantes en el acceso a bienes, servicios y cauces de participación en nuestra sociedad; a la inserción laboral, al acceso a la vivienda, a la formación básica, profesional y universitaria, etc.

3.2. Estas políticas de integración también se han de dirigir a la sociedad receptora para reducir las actitudes sociales discriminatorias y favorecer la comunicación y la avenencia entre inmigrantes y sociedad receptora, fomentar el intercambio cultural, el conocimiento mutuo y la mutua participación en los más diversos espacios sociales. Por lo tanto, las políticas de integración deben incluir actuaciones dirigidas tanto a la población inmigrante como a la población autóctona.

3.3. Las políticas favorables a la integración social de los inmigrantes no deben conducir a una atención social segregada de los mismos. Deberán existir algunas actuaciones públicas que se realizan específicamente para las personas inmigradas, pero en su mayoría deberán ser actuaciones tendentes a que los inmigrantes utilicen los cauces y servicios ordinarios, y accedan a los bienes que ofrece la sociedad en condiciones de igualdad con el resto de la población.

3.4. El impulso político que requiere la integración de los inmigrantes se debe reflejar en un incremento de los presupuestos de las administraciones públicas. Es necesario que en todos los niveles institucionales -Unión Europea, Estados y niveles regional y local- se elaboren planes de actuación para la integración. Se debe reconocer que lo hecho hasta ahora es claramente insuficiente, pues no podemos considerar satisfactorios los actuales niveles de integración social de las poblaciones inmigradas. Esta petición de mayor esfuerzo a los Estados miembros en políticas de integración la hacemos extensiva a los países candidatos a la ampliación de la Unión Europea.

3.5. El Comité está elaborando un dictamen(8) sobre el método abierto de coordinación para las políticas de inmigración.

3.6. Un Programa Marco Comunitario

3.6.1. Para promover nuevas políticas de integración social se requiere una iniciativa europea lo más rápida y amplia posible, integrada en el conjunto de las políticas comunitarias. En el ámbito comunitario, es necesario que la Comisión Europea tome la iniciativa de elaborar un amplio Programa Marco Comunitario para promover la integración social de los inmigrantes y refugiados. El programa ha de servir de motor para que las demás instituciones, a todos los niveles, incrementen sus políticas de integración. Este Programa Marco debe contar con la más amplia implicación de las organizaciones de la sociedad civil, y para ello, el Comité Económico y Social Europeo puede desempeñar un papel muy importante.

3.6.2. Las políticas públicas han de abarcar desde la primera acogida de las personas inmigradas hasta su plena y efectiva equiparación en derechos y deberes con el resto de la ciudadanía. Ello implica desarrollar actuaciones en múltiples espacios. En este Dictamen no podemos referirnos a todas, pero sí señalaremos algunas de las que nos parecen más importantes.

3.6.3. La primera acogida debe contar con los medios necesarios que permitan que cuando una persona inmigrada se instale en cualquier localidad europea, lo haga en condiciones integradoras. El Comité ha elaborado un dictamen(9) sobre el proyecto de directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de los inmigrantes por motivos económicos proponiendo que la inmigración económica tenga condiciones favorables de acogida. El Comité también ha analizado las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo(10). El Comité ha propuesto en los Dictámenes que se promuevan actuaciones para un alojamiento digno; servicios de asesoramiento sobre los asuntos legales que conciernen a los nacionales de terceros países; servicios de información en distintas lenguas; cursos de idioma a los que toda persona recién llegada pueda acceder; servicios de orientación para el empleo; etc.

3.6.4. La inserción laboral es, sin duda, uno de los ejes de la integración social, ya que sin ella no hay inserción en otros muchos terrenos de la vida social. Las políticas de empleo deben considerar la nueva política de inmigración y facilitar el acceso al empleo de las personas inmigradas(11).

3.6.5. La vivienda y el entorno urbano ponen de manifiesto la situación real de integración o de exclusión social. En muchas localidades la vivienda y el entorno urbano son indicadores alarmantes de la intensidad de la degradación y de la exclusión social de la población inmigrante, no solo para quienes su residencia es reciente, sino también para quienes su residencia es de larga duración.

3.6.6. El pleno acceso a la educación, y que ésta se imparta en condiciones no discriminatorias y de calidad, constituye otro aspecto de enorme trascendencia para el presente y el futuro de la integración social de las poblaciones inmigradas. Mediante los instrumentos europeos que sean adecuados, las autoridades correspondientes reconocerán los títulos académicos y calificaciones profesionales adquiridas en el país de origen evitando cualquier tipo de discriminación.

3.6.7. La sanidad y los demás servicios sociales públicos deben ser accesibles para las personas inmigradas en igualdad de condiciones que para el resto de la población. Ello implica eliminar toda situación discriminatoria y adaptar los servicios y las prestaciones para esta atención igualitaria.

3.6.8. Se necesitan programas de actuación a todos los niveles, para proteger a las personas inmigrantes del racismo, la xenofobia, la violencia y cualquier forma de discriminación. Es imprescindible que los poderes públicos, las empresas, las instituciones privadas, los interlocutores sociales y el conjunto de la sociedad civil se asocien a estos programas de manera preventiva. Prevenir estos problemas sociales es, sin duda, la mejor manera de evitar su desarrollo.

3.6.9. Fomentar entre los europeos la comunicación entre las diferentes culturas y los valores positivos de la pluralidad cultural, debe ser una de las tareas de las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil. La integración cultural de los inmigrantes y sus descendientes deberá hacerse respetando la diversidad de sus valores y tradiciones culturales, tratando de que la interculturalidad sea la forma de desarrollo cultural aceptada con normalidad por la sociedad de acogida.

3.6.10. La participación ciudadana debe contar con los mecanismos adecuados para abrirse a la población inmigrada. La vida asociativa, cultural y ciudadana en general, debe ser accesible a las personas inmigradas en igualdad de condiciones que el resto de la población. Este objetivo debe abordarse desde distintas vertientes. Por una parte, es necesario que las asociaciones existentes en la sociedad receptora acojan a las personas inmigradas: las asociaciones de vecinos, las asociaciones del mundo de la educación, las organizaciones patronales, los sindicatos, los partidos y movimientos políticos, las entidades deportivas, las entidades profesionales, las ONG, etc., deben contar con la participación de las personas inmigradas. Para ello, las propias asociaciones deben eliminar cualquier actitud de discriminación, así como promover actuaciones que favorezcan la participación igualitaria de las personas inmigrantes.

3.6.11. En el diseño de las actividades ciudadanas, sean culturales, deportivas, religiosas, festivas, etc., debe tenerse en cuenta la actual composición de la población de nuestras comunidades, de manera que las personas inmigradas puedan encontrar una cómoda participación en esas actividades.

3.6.12. Las organizaciones de la economía social son organizaciones muy positivas para la integración social de las personas inmigrantes. La participación igualitaria junto a los demás ciudadanos facilita el diálogo y la interacción entre todas las personas.

3.6.13. La integración de las personas inmigradas requiere políticas y actuaciones sostenidas en el tiempo, para evitar las situaciones de exclusión y de segregación social que hoy se producen en numerosas localidades europeas y que afectan a los descendientes de familias inmigradas. Personas que son nacionales de los Estados miembros, descendientes de segunda y tercera generación se ven sometidas en algunas ocasiones a trato discriminatorio de carácter xenófobo y racista.

3.7. Sistema de observación y evaluación de los resultados

3.7.1. Junto con el Programa Marco Comunitario, debe establecerse un sistema de observación que permita evaluar los resultados que van obteniéndose en el desarrollo de las políticas de integración social. Este sistema que debe contar con indicadores cualitativos y cuantitativos para el análisis de los resultados; ha de definir objetivos precisos y planes de actuación concretos, con recomendaciones para las instituciones públicas y la sociedad civil, tanto a nivel comunitario como en cada uno de los Estados miembros.

3.7.2. El sistema de observación y evaluación que proponemos ha de formar parte del Método Abierto de Coordinación que el Consejo aprobará para la política europea de inmigración.

3.7.3. El sistema propuesto ha de contar con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, y particularmente con la implicación del Comité Económico y Social Europeo.

4. El papel de la sociedad civil en la integración social

4.1. El trabajo y las relaciones laborales

4.1.1. Disponer de los recursos económicos adecuados es una condición imprescindible para que las personas no caigan en la exclusión social. El trabajo es la manera más común a través de la cual se obtienen los recursos económicos y se desarrollan las capacidades profesionales. Además, el trabajo constituye un vínculo fundamental en las relaciones sociales entre las personas, tanto en el trabajo autónomo como en el asalariado.

4.1.2. Facilitar a las personas inmigrantes el acceso a la formación profesional, al trabajo y a las prestaciones sociales correspondientes, es básico para lograr la integración social. Sin embargo, no se puede hablar de integración en el trabajo si las personas inmigrantes se ven sometidas a situaciones de discriminación.

4.1.3. En términos generales, la población inmigrada tiene más dificultades que los nacionales para constituir y gestionar una empresa, así como para acceder en igualdad de condiciones al mercado de trabajo y para alcanzar un empleo de calidad. Es cierto que alcanzar un empleo de calidad es una dificultad que afecta a diversos grupos sociales y a numerosas personas; sin embargo, para los inmigrantes esta dificultad se acrecienta notablemente, no sólo para las personas de baja calificación profesional, sino también para los más cualificados. Los colegios profesionales deben promover el ejercicio de la actividad profesional de las personas inmigradas en igualdad de condiciones que el resto de los profesionales, sin ninguna discriminación.

4.1.4. Los servicios públicos de empleo, en colaboración con los interlocutores sociales, deben incorporar criterios útiles para la gestión adecuada de los flujos migratorios. Las personas inmigrantes demandantes de empleo se deben inscribir en los servicios públicos, para lo que se les han de facilitar la información correspondiente. Los sindicatos y las demás organizaciones sociales pueden desempeñar un papel muy importante en la transmisión de la información. En las localidades y regiones donde la población inmigrante tiene problemas específicos para acceder al empleo, los servicios públicos de empleo tienen que disponer de políticas especializadas para facilitar la incorporación efectiva de todas las personas al mercado de trabajo, sin ningún tipo de discriminación.

4.1.5. Los interlocutores sociales, que gestionan en gran medida el funcionamiento del mercado de trabajo y constituyen pilares básicos de la vida económica y social europea, tienen un importante papel que desempeñar para favorecer la integración de las personas inmigradas. Sin embargo, la realidad pone de manifiesto que, en el mercado laboral y en las condiciones de trabajo, muchos inmigrantes están sometidos a condiciones que incumplen las normas laborales y sociales, así como a situaciones inaceptables de discriminación.

4.1.6. Los interlocutores sociales en el ámbito de las negociaciones colectivas y en las relaciones laborales han de asumir la responsabilidad que les corresponde en la integración de los inmigrantes. Para ello, promoverán la eliminación, en los convenios colectivos y en las normas y prácticas laborales, de cualquier aspecto directo o indirecto de discriminación. La discriminación puede ser a causa del género, del origen étnico o nacional, de la cultura, de la religión, de la edad, etc.; y en muchas ocasiones las personas inmigradas acumulan en ellas varios factores de discriminación.

4.1.7. El Comité Económico y Social propone a los interlocutores sociales en el ámbito europeo que, respetando la autonomía que les corresponde, analicen, en el marco del diálogo social, la conveniencia de promover acuerdos sociales e iniciativas para favorecer la integración de las personas inmigrantes a través de la mejora en las relaciones laborales y en las condiciones de trabajo y la eliminación de toda forma de discriminación.

4.1.8. Siempre hay que tener en cuenta los diferentes sistemas de negociación colectiva, de relaciones laborales y de seguridad social existentes en los Estados miembros; pero en todos ellos es necesario que los interlocutores sociales en los diferentes niveles -Estado, región, sector, empresa- constituyan instrumentos de evaluación y de negociación para impulsar la integración de las personas inmigrantes en el ámbito laboral.

4.1.9. La formación continua es un instrumento fundamental para promover la igualdad real de las personas en el mercado de trabajo. Los interlocutores sociales deben reforzar sus actuaciones para que las personas inmigrantes tengan acceso a la formación continua en igualdad de condiciones que los nacionales. Las personas inmigrantes que no conocen las lenguas de la sociedad en la que residen tienen una dificultad añadida para acceder a la formación continua y al empleo, por lo que se requieren actuaciones específicas de formación continua para los inmigrantes alófonos.

4.1.10. En el desarrollo de la carrera profesional, muchas personas se encuentran con dificultades añadidas por el hecho de ser inmigrantes. Por ello, los interlocutores sociales en los diferentes ámbitos se esforzarán en la tarea de favorecer la igualdad real en el desarrollo de las carreras profesionales y en los salarios de todas las personas sin ningún tipo de discriminación.

4.1.11. El Programa Marco comunitario que hemos propuesto con el objetivo de mejorar la integración de las personas inmigrantes debe incorporar objetivos y actuaciones dirigidas especialmente a los interlocutores sociales, que conviene que se asocien a dicho programa.

4.1.12. En las Directrices para el empleo(12) que se elaboran anualmente a través del método abierto de coordinación se deben incorporar los criterios para la gestión de los flujos migratorios, así como objetivos y actuaciones para favorecer la integración a través del empleo de las personas inmigradas.

4.2. La comunidad local

4.2.1. A veces la personas inmigrantes habitan en guetos urbanos degradados y abandonados por las autoridades públicas. Este es un fenómeno de exclusión social que por desgracia se produce en muchas localidades europeas y que está siendo fuente de numerosos conflictos. Se puede hablar de gueto cuando se produce una alta concentración urbana de personas de un mismo origen nacional o cultural, y, a menudo, acompañada de la desatención pública y de degradación urbanística y social. El gueto no lo genera la concentración, sino la falta de atención pública y la discriminación en el acceso a los bienes y a los servicios públicos, así como a la vida social y cívica de la comunidad.

4.2.2. Las personas que habitan en estas condiciones sufren de una manera muy grave condiciones extremas de desigualdad y de discriminación. Sin embargo, la integración social de las personas inmigrantes en la comunidad local debe ser un objetivo prioritario de la sociedad civil europea y de las autoridades públicas.

4.2.3. Las personas inmigrantes se deben inscribir en el censo de vecinos de la localidad donde residan, pues de este hecho administrativo se derivan determinados derechos y obligaciones ciudadanas que constituyen primer paso hacia la integración.

4.2.4. En la mayor parte de las localidades europeas existen diversas asociaciones cívicas que trabajan en colaboración con las autoridades locales en la mejora de la calidad de vida de las personas y para promover unas buenas relaciones sociales de los vecinos. Según las tradiciones de cada país, estas asociaciones tienen características diferentes, pero desarrollan una importante función como organización de la sociedad civil en el ámbito local.

4.2.5. Estas asociaciones deben abrir sus puertas a la participación de las personas inmigrantes, para incorporar sus inquietudes, sus problemas y sus opiniones a los programas y actividades. El objetivo debe ser que todas las personas, también los inmigrantes, formen parte activa de su comunidad local en condiciones de igualdad. La actividad de los voluntarios sociales, colaborando personas inmigrantes con el resto de los ciudadanos, constituye un ejercicio muy positivo de integración social.

4.2.6. En muchas localidades las personas inmigrantes tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda digna. A veces se ven obligadas a residir en situaciones de hacinamiento en viviendas de muy baja calidad, y en concentraciones suburbanas periféricas y degradadas. Facilitar a esas personas el acceso a una vivienda adecuada es la primera responsabilidad de las autoridades públicas especialmente de las autoridades locales. Para ello es imprescindible que las administraciones locales dispongan de viviendas sociales y de ayudas públicas para el abono del precio del alquiler, para las personas que lo necesiten (autóctonas o inmigradas), en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de discriminación. Una buena gestión urbanística y una eficaz política de vivienda son siempre un instrumento necesario para la integración social.

4.2.7. A veces, los propietarios de las viviendas se niegan a alquilarlas a personas inmigrantes en una clara y repudiable actitud de xenofobia y de racismo. Las autoridades locales deben actuar con firmeza en la prevención y en la eliminación de esta conducta que dificulta aún más a los inmigrantes, el acceso a una vivienda adecuada.

4.2.8. Una buena acogida a las personas inmigrantes por parte de la comunidad local es necesaria para la integración, y a veces algunos vecinos acogen a los inmigrantes con prevención y recelo, e incluso con actitudes xenófobas y excluyentes. Numerosas asociaciones de derechos humanos actúan para favorecer la acogida de las personas inmigrantes en su comunidad, desarrollando una importantísima labor de solidaridad e integración social. Estas asociaciones también impulsan campañas informativas entre los vecinos con el fin de que estos eliminen las actitudes minoritarias de carácter xenófobo que se puedan producir. También informan a las personas inmigrantes de sus derechos y obligaciones en la nueva sociedad que les acoge.

4.2.9. Estas asociaciones representativas de la sociedad civil deben ser consultadas por las autoridades públicas para la elaboración y evaluación de los programas de integración; asimismo, sus actividades deben ser respaldadas.

4.3. El sistema educativo

4.3.1. El sistema educativo constituye en nuestras sociedades un ámbito en el que los niños y niñas adquieren conocimientos y habilidades; pero también es un lugar en el que inician y desarrollan su proceso de socialización y de ciudadanía, y se transmiten los valores sociales y culturales. Además tiene la trascendencia política de ser un instrumento fundamental para favorecer la igualdad de oportunidades.

4.3.2. Garantizar el acceso en condiciones de igualdad al sistema educativo desde el pre-escolar de los hijos e hijas de las personas inmigrantes es prioritario para avanzar en la integración social. Sin embargo, a veces, estos niños y niñas encuentran muchas dificultades concretas para acceder a la formación y hacerlo en condiciones de igualdad, sufriendo condiciones claras de discriminación: en centros educativos de baja calidad, con textos y materiales de contenido excluyente, y a veces con trato discriminatorio por parte de profesores y de otros niños y niñas. Las autoridades públicas deben elaborar políticas adecuadas para evitar estas situaciones inaceptables en las democracias europeas. Igualmente la comunidad educativa y las organizaciones y asociaciones que la componen tienen una importantísima tarea que desempeñar.

4.3.3. Es necesario una atención particular a la formación de las mujeres inmigrantes. El aprendizaje de la lengua, el conocimiento de los derechos humanos, cívicos y sociales existentes en la sociedad de acogida, la formación profesional; son instrumentos fundamentales para la integración social de las mujeres inmigrantes y de sus familias, debido al efecto multiplicador que tiene la formación de las mujeres.

4.3.4. Los sindicatos y asociaciones de profesores, los empresarios y la iniciativa social deben asumir la responsabilidad de promover la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas en el sistema educativo, sea cual sea el origen, la etnia, la religión, la lengua o la cultura de los mismos; igualmente vigilarán junto a las autoridades públicas para que en el sistema educativo se transmitan los valores de la tolerancia y la pluralidad.

4.3.5. Se deben analizar los contenidos de los textos y demás instrumentos formativos para eliminar de ellos cualquier consideración negativa hacia las personas inmigrantes y cualquier otra consideración directa o indirecta de contenido racista o xenófobo, aunque sea subliminal, así como cualquier valoración negativa de las culturas diferentes.

4.3.6. Las asociaciones de padres y madres de alumnos tienen un papel muy importante en la participación de la sociedad en las escuelas. Estas asociaciones pueden desempeñar un papel muy positivo en la integración de los hijos e hijas de las personas inmigrantes y que reciban un trato igualitario en el sistema educativo. Estas asociaciones deben abrirse a la participación de las personas inmigrantes para que sus inquietudes y los problemas de sus hijos e hijas sean considerados adecuadamente.

4.3.7. Uno de los problemas más importantes que tienen que afrontar los hijos e hijas de los inmigrantes en la escuela, es el paso a la enseñanza profesional y universitaria. Los poderes públicos y las organizaciones de la sociedad civil se deben implicar para eliminar todos los obstáculos existentes y aplicar políticas positivas para lograr la igualdad real dentro del sistema educativo.

4.3.8. La enseñanza de adultos dentro del sistema educativo tiene una gran importancia en las políticas de integración social. Los poderes públicos, las asociaciones de derechos humanos y las organizaciones que actúan dentro del sistema educativo, tienen que colaborar intensamente para extender la formación en todos sus niveles entre la población inmigrada.

4.3.9. La lengua materna de las personas inmigrantes es un valor cultural para las personas que la utilizan y para la sociedad receptora, por lo que su enseñanza y utilización deben ser promovidas por los poderes públicos en el sistema educativo. Son positivos los acuerdos con las autoridades de los países de origen de los inmigrantes para la promoción de su lengua y cultura.

4.4. Los servicios sanitarios y otros servicios sociales públicos

4.4.1. En la Unión Europea, el derecho de todas las personas a la asistencia sanitaria y a ciertos servicios y prestaciones sociales forma parte del acervo común, por lo que los poderes públicos están comprometidos en su cumplimiento, dentro del marco de los sistemas sanitarios y sociales de cada Estado miembro. Las personas inmigrantes han de tener derecho al uso de los servicios sanitarios públicos y demás servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los nacionales, sin ningún tipo de discriminación. Cuando las personas se encuentran excluidas del sistema sanitario y no pueden utilizar los servicios sociales que necesitan, estamos ante un escenario de discriminación y de exclusión social.

4.4.2. Para eliminar las barreras discriminatorias que en muchas ocasiones dificultan a las personas inmigrantes el uso de los servicios públicos, las asociaciones de profesionales y de usuarios de dichos servicios, así como las ONG desempeñan un papel muy importante.

4.4.3. En algunas circunstancias, muchos inmigrantes desconocen el derecho que les asiste a la utilización de los servicios públicos. Asimismo, ignoran las reglas de funcionamiento de los mismos. Los poderes públicos -nacionales, regionales, locales- promoverán campañas informativas, en los idiomas adecuados, entre las personas inmigradas con el fin de que conozcan las características de los servicios sanitarios públicos y los demás servicios sociales. Las asociaciones de inmigrantes, las ONG y las organizaciones de la sociedad civil que actúan en el ámbito de dichos servicios se asociarán con los poderes públicos en estas campañas informativas.

4.4.4. Son numerosas las asociaciones, comunidades religiosas y ONG que en los Estados miembros actúan en la promoción de la salud y de otros servicios sociales. Dichas asociaciones han de incorporar entre sus miembros a las personas inmigrantes, así como elaborar programas dirigidos a favorecer la utilización de los servicios públicos por parte de las personas inmigradas. También vigilarán que estos servicios públicos dispongan de personal especializado en la atención de las personas inmigrantes cuando sea necesario. En algunas circunstancias será necesario impulsar campañas de formación sanitaria dirigida especialmente hacia la población inmigrada.

4.4.5. Estas asociaciones y ONG deben promover actividades tendentes a que los poderes públicos, en la gestión de los servicios sanitarios y otros servicios sociales, tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas inmigradas, y por lo tanto adapten los servicios en la medida en que sea necesario, especialmente para resolver los problemas lingüísticos en la comunicación entre los profesionales y los usuarios, así como en la consideración de los aspectos culturales y religiosos que deben ser tenidos en cuenta en la relación.

4.4.6. Los sindicatos y las organizaciones profesionales de los trabajadores de los servicios públicos deben estar asociados activamente en los programas que se lleven a cabo para acercar los servicios sanitarios y otros servicios públicos a la población inmigrante. Estos profesionales deberán aumentar su formación para facilitar el uso de estos servicios públicos a las personas inmigrantes.

4.4.7. Las autoridades públicas y las organizaciones de la sociedad civil han de desarrollar amplias campañas de información, para que la población inmigrada conozca la existencia y el funcionamiento de los servicios sanitarios y demás servicios sociales públicos y los puedan utilizar en igualdad de condiciones que el resto de la población.

4.5. Las instituciones y organizaciones religiosas

4.5.1. Las religiones, además de constituir sistemas de creencias particulares y prácticas colectivas, promueven códigos morales y de conducta, que orientan en gran medida la vida de las personas y muy especialmente la de los miembros de las distintas comunidades religiosas. En general, las instituciones y las organizaciones de origen religioso promueven actividades y valores de carácter humanitario y de solidaridad fomentando la participación cívica y actitudes integradoras hacia las personas inmigrantes.

4.5.2. En determinadas circunstancias, planteamientos religiosos extremistas e intolerantes, pueden fomentar la xenofobia y la exclusión. En la propia historia de Europa encontramos ejemplos que debiéramos no olvidar. Las instituciones y organizaciones de origen religioso deben extirpar de su seno cualquier brote de carácter excluyente, sobre todo aquellos que tienen fundamento religioso.

4.5.3. Son numerosas las organizaciones e instituciones promovidas desde las diferentes religiones e iglesias, de carácter humanitario y educativo, que actúan en nuestra sociedad en diferentes ámbitos de la vida social. Estas asociaciones e instituciones desempeñan una importante labor en favor de la integración social de las personas inmigrantes.

4.5.4. Estas asociaciones e instituciones pueden desarrollar campañas entre los fieles y colaborar con las autoridades públicas y otras organizaciones de la sociedad civil para fomentar la convivencia entre las personas de distinta religión y cultura de origen. Así mismo, pueden fomentar la colaboración interreligiosa entre las distintas iglesias o confesiones.

4.6. Las asociaciones deportivas

4.6.1. El deporte en nuestro tiempo es más que una actividad de las personas. En muchas ocasiones, especialmente en los deportes de masas, supone vínculos de identificación colectiva, y referencias de conducta para los niños y los jóvenes.

4.6.2. Aunque a veces tras los aficionados a los grandes deportes de masas se refugian grupos racistas, xenófobos y violentos que deben ser combatidos, la realidad es que en la Europa actual el deporte desempeña una labor muy importante para favorecer la igualdad étnica y cultural y promover la integración social.

4.6.3. Las asociaciones, instituciones y patrocinadores que actúan en los grandes deportes de masas deben de ser muy rigurosos frente a los comportamientos xenófobos y racistas, para extirpar de su seno a los grupos extremistas y promover la reprobación social de dichas conductas, fomentando con sus actuaciones dinámicas y mensajes claros de igualdad entre los seres humanos. El enorme eco social de sus actividades requiere el ejercicio de la responsabilidad.

4.6.4. Más allá del cumplimiento de las leyes, es conveniente que a nivel europeo las grandes instituciones y organizaciones de los deportes de masas elaboren un código ético de conducta para eliminar de su entorno actitudes y grupos que ofenden a la dignidad de las personas, y fomenten comportamientos humanitarios e integradores hacia las personas.

4.6.5. En el seno de las asociaciones y equipos deportivos, debe asegurarse que la participación de personas inmigradas o pertenecientes a minorías étnicas se realiza sin discriminación alguna, y que estas personas no sufran ningún tipo de exclusión en las actividades.

4.7. Las organizaciones de derechos humanos y de derechos civiles

4.7.1. Numerosas asociaciones y organizaciones actúan en los Estados miembros en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y de los derechos civiles de todas las personas. Muchas de estas organizaciones tienen una amplia experiencia en la lucha por la igualdad social y los derechos cívicos.

4.7.2. En la sociedad europea, cada vez más, los problemas respecto a los derechos humanos y los derechos cívicos afectan de manera grave a las personas inmigrantes, por lo que estas asociaciones y ONG desde hace tiempo han incorporado esta cuestión tanto a sus idearios como a sus actividades.

4.7.3. Son especialmente positivas las organizaciones que actúan en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Desarrollan una labor muy importante de denuncia en la violación de los derechos humanos así como de información y de movilización social. Hay que destacar el trabajo de prevención que realizan para evitar estas conductas. El racismo y la xenofobia la padecen también personas descendientes de inmigrantes, de segunda o tercera generación, lo que supone un fracaso grave de las políticas de integración.

4.7.4. Las asociaciones representativas que actúan en este ámbito deben ser consultadas por los poderes públicos cuando elaboren las políticas de integración y se deben asociar a los programas correspondientes.

4.8. Las asociaciones de las personas inmigrantes

4.8.1. En numerosas ocasiones, los propios inmigrantes constituyen asociaciones específicas de muy diverso tipo -de acogida, culturales, religiosas, etc.- que son muy importantes para la identidad social de las personas, así como para facilitar su integración social.

4.8.2. Los poderes públicos y las organizaciones de la sociedad civil deben establecer lazos de cooperación con las asociaciones de inmigrantes, que desempeñan un importante papel de mediación social y un instrumento privilegiado para la transmisión de información entre las personas inmigradas.

4.8.3. Es conveniente que las asociaciones de inmigrantes incluyan entre sus objetivos la integración social de sus miembros, así como que constituyan redes de cooperación.

4.9. Las organizaciones de mujeres

4.9.1. Especial importancia tienen las organizaciones de mujeres que actúan en favor de la igualdad de las personas. De entre las personas inmigrantes, en numerosas ocasiones las mujeres encuentran dificultades específicas: en el acceso al trabajo, en la formación, en el uso de los servicios sociales, y también en lo relativo a los derechos fundamentales. Las organizaciones de mujeres merecen una atención especial y apoyos precisos por parte de las autoridades públicas.

4.9.2. Las mujeres juegan un papel especial en los procesos de integración social, tanto por la necesidad de que vean superadas las barreras particulares que ellas sufren, como por su capacidad para transmitir a sus descendientes los valores que han de hacer compatible la integración social con el mantenimiento de aspectos concretos de su cultura de origen.

4.10. Los medios de comunicación

4.10.1. En la sociedad actual los medios de comunicación de masas son los grandes transmisores, no solo de información, sino también de valores y conductas sociales, así como de actitudes de naturaleza moral y política. En relación con los temas de la inmigración algunas veces se comportan de manera sensacionalista, poco veraz y poco responsable.

4.10.2. Numerosos profesionales y medios de comunicación realizan su trabajo de forma adecuada, promoviendo entre la opinión pública mensajes favorables a la integración. Sin embargo, otros fomentan entre la población sentimientos de temor e inquietud que son un caldo de cultivo para la xenofobia y el racismo.

4.10.3. Es conveniente que, respetando íntegramente los principios de la libertad de expresión y de información consustancial al sistema democrático, los grandes medios concierten conductas contrarias al racismo y a la xenofobia y favorables a la integración de las personas inmigrantes.

4.10.4. Los grandes medios de comunicación de masas deben colaborar con los poderes públicos en la difusión de campañas que fomenten entre los ciudadanos los valores de la tolerancia, la diversidad cultural y la igualdad entre los seres humanos.

4.11. Los partidos políticos

4.11.1. El consenso entre las distintas fuerzas políticas a favor de la equiparación de derechos y de la integración social de la población inmigrada es de enorme importancia para que el conjunto de la sociedad se sitúe en esas mismas coordenadas. El mensaje de los partidos, especialmente en las campañas electorales, debe ser favorable a la integración.

4.11.2. El acuerdo de los partidos políticos europeos, firmado en Utrecht, para prevenir el racismo y la xenofobia ofrece un marco ejemplar que debe ser seguido en otros niveles, nacionales, regionales y locales.

4.11.3. Las personas inmigradas o pertenecientes a minorías étnicas deber integrarse y participar en los partidos y movimientos políticos; éstos impedirán en su seno cualquier tipo de discriminación. Es conveniente que los partidos políticos impulsen medidas de acción positiva para fomentar la participación de las minorías en la actividad política y en las listas electorales, en todos los ámbitos y especialmente en las elecciones locales.

5. Los mismos derechos, los mismos deberes. Ciudadanía y derecho de voto

5.1. Es fundamental para el desarrollo de la Unión Europea como zona de libertad, seguridad y justicia acordada en Tampere(13), garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en los Estados miembros. Para ello, es imprescindible una política de integración dirigida a concederles derechos y obligaciones comparables a los demás ciudadanos de la Unión Europea.

5.2. En un sistema democrático no es aceptable que numerosas personas inmigradas vivan de forma permanente en una situación de inferioridad de derechos. Es razonable que la adquisición de los mismos derechos y el respeto de las mismas obligaciones que el resto de la ciudadanía se haga de forma progresiva, en la medida en que la persona inmigrada aumenta su permanencia en el Estado miembro en el que haya fijado su residencia, pero concluido cierto plazo de tiempo la equiparación debe ser plena.

5.3. En esta dirección se está dando un importante paso adelante con la directiva propuesta por la Comisión Europea sobre el Estatuto de los residentes de larga duración(14). Tal estatuto se adquirirá a los cinco años de residencia y conllevará derechos comparables a los de los ciudadanos comunitarios, entre ellos el de la libertad de circulación y establecimiento en todo el espacio de la Unión Europea. El Comité Económico y Social ha elaborado un Dictamen(15) respaldando estos aspectos de la Directiva y proponiendo algunas modificaciones. Cuando esta Directiva se aprueba se habrá dado un paso importante pero aún no se habrá alcanzado la igualdad de derechos.

5.4. El acceso a la nacionalidad y a la ciudadanía del Estado en el que la persona inmigrada reside es la plena equiparación de derechos y obligaciones. Por lo tanto es muy importante que las leyes nacionales favorezcan la concesión de la nacionalidad y la ciudadanía para los inmigrantes que lo soliciten y que los procedimientos sean transparentes. En la última década algunos países han dado pasos en esa dirección, pero en la mayoría de los Estados miembros los plazos para obtenerla siguen siendo demasiado largos y las dificultades burocráticas excesivas. Las leyes sobre el acceso a la nacionalidad son asunto de competencia de los Estados miembros, y en base al principio de la subsidiaridad deben continuar siéndolo, pero es muy conveniente que se produzca cierta armonización de las mismas y que en toda la Unión Europea el acceso a la nacionalidad y a la ciudadanía para las personas que lo desean se pueda alcanzar con facilidad. Son positivas para la integración las legislaciones de los Estados que permiten la doble nacionalidad para las personas que voluntariamente quieran acogerse a ella.

5.5. Pero la equiparación de derechos y deberes no debe depender únicamente de la posibilidad de acceder a la nacionalidad del Estado en el que se reside. Para muchas personas ésta no será una opción conveniente, porque puede implicar la pérdida de su nacionalidad de origen o por cualquier otro motivo. Ha de haber otra vía para la equiparación y ésta sólo puede ser la del Estatuto del residente de larga duración. La adquisición de tal estatuto debe suponer que la diferencia de status entre el residente de larga duración y el residente comunitario sea mínima y, en todo caso, no afecte a aspectos importantes de la vida social y ciudadana. Para ello se debe avanzar en temas como la ciudadanía y el derecho de voto.

5.6. Ciudadanía Europea

5.6.1. En el artículo 17 y siguientes del Tratado de la Comunidad Europea se define la ciudadanía de la Unión como complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional, que es competencia de cada Estado miembro. La Carta de derechos fundamentales avanza hacia una "ciudadanía cívica" en la Unión Europea para los residentes nacionales de terceros países, como ha indicado la Comisión en la Comunicación(16).

5.6.2. La Europa de los ciudadanos no puede tener en su seno otra Europa de los no ciudadanos. Las personas que residen de forma estable dentro del espacio de la Unión Europea han de tener la misma consideración y reconocerles, en el ámbito comunitario, los mismos derechos y las mismas obligaciones, que a los nacionales de los Estados miembros.

5.6.3. A través de la Convención se ha abierto un proceso para la reforma de los tratados y la elaboración de un nuevo modelo de Unión Europea. La Convención analizará el concepto de ciudadanía europea y el papel de la Carta de derechos fundamentales.

5.6.4. La propuesta de "ciudadanía cívica" basada en la Carta de derechos fundamentales que hace la Comisión Europea en la Comunicación de noviembre de 2000 sobre política comunitaria de inmigración constituye una vía posible para acercar la ciudadanía europea a los residentes de larga duración, pero no es posible su eficacia al no disponer el Tratado de la base jurídica suficiente.

5.6.5. El Comité propone que en la Convención para la reforma de los Tratados se considere la posibilidad de otorgar la ciudadanía europea a los nacionales de terceros países que dispongan del estatuto de residentes de larga duración.

5.7. Derecho de voto

5.7.1. Una propuesta global de equiparación de derechos y deberes y de integración social no puede ser planteada sin incluir el derecho de voto. Éste es un derecho de gran trascendencia para la integración social porque constituye una importante señal a la hora de indicar quien está dentro y quien está fuera de una comunidad. Formar parte de una comunidad implica poder participar en la elección de los representantes de la misma y poder ser elegido como tal. Cuando no se concede el derecho de voto a un sector de la población se le está indicando, en cierto modo, que no forma parte de esta sociedad y ello dificulta cualquier planteamiento de integración social.

5.7.2. Hay Estados miembros que ya han reconocido a los nacionales de terceros países el derecho a votar en elecciones locales. Igualmente, los nacionales de cualquier Estado miembro pueden participar en las elecciones al Parlamento Europeo aunque residan en un Estado miembro distinto al de su nacionalidad.

5.7.3. El Comité propone que en la Convención para la reforma de los Tratados se considere el reconocimiento del derecho de voto en las elecciones locales y en las del Parlamento Europeo, para los nacionales de terceros países que dispongan del estatuto de residentes de larga duración.

6. El Comité Económico y Social Europeo

6.1. El Comité Económico y Social Europeo, como órgano representativo de la sociedad civil organizada, puede desempeñar un papel muy importante en la elaboración y evaluación de iniciativas legislativas europeas que favorezcan la integración social de las personas inmigrantes. Así mismo, los Comités económicos y sociales y otras instituciones similares existentes en los Estados miembros, en sus ámbitos nacionales, pueden desempeñar un papel muy importante.

6.2. El Comité Económico y Social Europeo demanda su participación activa en todos los foros y conferencias que las demás Instituciones comunitarias organicen para el tratamiento de las cuestiones relacionadas con la inmigración. El Comité desea asociarse de manera muy activa con la Comisión, el Consejo y el Parlamento en todo el proceso legislativo sobre la inmigración y el asilo.

6.3. El Comité Económico y Social Europeo tiene previsto organizar junto con la Comisión en el año 2002 una Conferencia sobre inmigración e integración social, en la que participarán los CES de los Estados miembros, los interlocutores sociales, otras organizaciones representativas de la sociedad civil, así como las ONG importantes que actúan en el ámbito de la integración social. En dicha conferencia participarán las demás Instituciones y Órganos de la Unión Europea. Los trabajos de la Conferencia contribuirán positivamente para la elaboración del Programa Marco comunitario para promover la integración social de los inmigrantes.

Bruselas, 21 de marzo de 2002.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) Véase al respecto la Comunicación de la Comisión COM(2000) 757 final.

(2) El concepto de inmigración que se utiliza en este Dictamen incluye también, en algunas circunstancias, a las minorías de origen étnico.

(3) Véase al respecto la propuesta de Directiva sobre las condiciones de entrada y residencia en el DO C 332 E de 27.11.2001, y la Directiva sobre el estatuto de refugiado en el DO C 62 de 27.2.2001.

(4) Véase al respecto el Dictamen aprobado por el CES el 16.1.2002 y el Dictamen del CES en el DO C 193 de 10.7.2001.

(5) Véase al respecto la Comunicación de la Comisión COM(94) 23 final y el Dictamen del CES en el DO C 393 de 31.12.1994.

(6) Véase al respecto la Comunicación de la Comisión COM(2001) 757 final y el Dictamen del CES en el DO C 260 de 17.9.2001.

(7) Véase al respecto el Dictamen del CES en el DO C 75 de 15.3.2000.

(8) Véase al respecto el Dictamen "Método abierto de coordinación en materia de inmigración y asilo".

(9) Véase al respecto el Dictamen aprobado por el CES el 16.1.2002.

(10) Véase al respecto el Dictamen CES en el DO C 48 de 21.2.2002.

(11) Véase al respecto el Dictamen del CES sobre las directrices para el empleo para el año 2002 en el DO C 36 de 8.2.2002.

(12) Véase al respecto el Dictamen del CES en el DO C 36 de 8.2.2002.

(13) Véanse al respecto las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere.

(14) Véase al respecto la propuesta de Directiva en el DO C 240 E de 28.8.2001.

(15) Véase al respecto el Dictamen del CES en el DO C 36 de 8.2.2002.

(16) COM(2000) 757 final.

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