(1)

Debido a la pandemia de COVID-19 y a las medidas adoptadas por los Estados miembros para hacerle frente, todos ellos han encontrado dificultades administrativas para planificar y ejecutar a tiempo el número requerido de controles sobre el terreno. Estas dificultades podrían retrasar la realización de los controles y el subsiguiente pago de las ayudas. Al mismo tiempo, los agricultores son vulnerables a las perturbaciones económicas provocadas por la pandemia y afrontan dificultades financieras y problemas de liquidez.

(2)

Habida cuenta de estas circunstancias sin precedentes, la Comisión adoptó los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/532 (4) y (UE) 2021/725 (5) de la Comisión para paliar estas dificultades estableciendo excepciones a los diferentes reglamentos de ejecución aplicables en el ámbito de la política agrícola común en lo que atañe al calendario y el número de determinados controles administrativos y sobre el terreno. Habida cuenta de la prolongación de las dificultades debidas a la duración de la pandemia de COVID-19 en 2022, procede prever medidas similares también en 2022.

(3)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 de la Comisión (6) establece normas, entre otras cosas, sobre el calendario de los controles sobre el terreno y los porcentajes de control de determinados controles sobre el terreno en el marco del sistema integrado, incluidos los regímenes de ayuda por animales. Además, dicho Reglamento contiene normas relativas a los controles sobre el terreno en lo que atañe a los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones vinculados a las solicitudes de ayuda por ganado y a las solicitudes de pago en el marco de medidas de ayuda relacionadas con los animales, a los porcentajes de control de las medidas de desarrollo rural no relacionadas con la superficie ni con los animales y a los porcentajes mínimos de control relativos a la condicionalidad.

(4)

El artículo 24, apartado 4, el artículo 48, apartado 5, el artículo 49, apartado 1, el artículo 52, apartado 1, el artículo 60, apartado 2 y el artículo 71, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 establecen determinadas normas que la autoridad competente debe cumplir para llevar a cabo controles administrativos o sobre el terreno. A la vista de las circunstancias ocasionadas por la pandemia de COVID-19, conviene fomentar la realización de esos controles mediante teledetección y el uso de nuevas tecnologías, como los sistemas de aeronaves no tripuladas, las fotografías geoetiquetadas, los receptores del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) combinados con el sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario (EGNOS) y Galileo, los datos recopilados por los satélites Sentinel de Copernicus y otros medios de prueba documentales pertinentes a fin de controlar el cumplimiento de los criterios de admisibilidad, los compromisos u otras obligaciones impuestas por el régimen de ayuda o la medida de apoyo de que se trate, así como el cumplimiento de los requisitos y las normas pertinentes en materia de condicionalidad.

(5)

El artículo 26, apartado 4, y el artículo 42, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 contienen normas relativas a los controles sobre el terreno para verificar que todos los criterios de admisibilidad, compromisos y otras obligaciones se cumplen y abarcan todos los animales por los que se hayan presentado solicitudes de ayuda o solicitudes de pago al amparo de los regímenes de ayuda por animales o las medidas de ayuda relacionadas con los animales que deban controlarse. Habida cuenta de la situación actual, procede establecer que, en caso de que los Estados miembros no estén en condiciones de efectuar los controles sobre el terreno exigidos por dichas disposiciones y no se disponga de medios de prueba alternativos, puedan decidir efectuar dichos controles con respecto al año de solicitud de 2022 o al año natural 2022 en cualquier momento del año, en la medida en que sigan permitiendo la comprobación de los criterios de admisibilidad.

(6)

Varias obligaciones derivadas del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, en relación con la condicionalidad, y del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), en relación con los regímenes de ayuda relacionados con los animales y las medidas de ayuda, se basan en plazos temporales específicos y diferenciados para su cumplimiento y, por consiguiente, exigen que los controles sobre el terreno se lleven a cabo dentro de dichos plazos. Las medidas adoptadas por los Estados miembros para hacer frente a la pandemia de COVID-19 afectan a la viabilidad para realizar los controles sobre el terreno de forma correcta y dentro del plazo correspondiente a dichas obligaciones. Puede que algunos tipos de controles no puedan efectuarse con la ayuda de nuevas tecnologías para sustituir las visitas a la explotación. Por lo tanto, en relación con determinados controles que deben realizarse en 2022, resulta necesario establecer excepciones a lo dispuesto en los artículos 30 a 33, 40 bis, 50, 52 y 68, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 y reducir el porcentaje mínimo de controles sobre el terreno, en comparación con los porcentajes de control normales, de los regímenes de ayuda y las medidas de apoyo por superficie y por animales, las medidas de desarrollo rural distintas de las del sistema integrado de gestión y control, y las obligaciones de condicionalidad, respectivamente.

(7)

Con el fin de mantener el efecto preventivo de los controles, la obligación prevista en el artículo 35 y en los artículos 50, apartado 5, y 68, apartado 4, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 de incrementar los porcentajes de control como consecuencia de incumplimientos significativos detectados durante los controles llevados a cabo el año anterior debe mantenerse para el año de solicitud 2022. Los incumplimientos significativos detectados durante los controles sobre el terreno realizados en 2021 exigen que se incremente el nivel de controles sobre el terreno en 2022. Por tanto, los Estados miembros que, en aplicación del artículo 35 o los artículos 50, apartado 5, y 68, apartado 4, de dicho Reglamento, estén obligados a incrementar el porcentaje de control en el año de solicitud de 2022 y decidan aplicar los porcentajes de control reducidos establecidos en el presente Reglamento, deben aplicar dichos incrementos por encima de los porcentajes de control reducidos establecidos en el presente Reglamento.

(8)

Los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 180/2014 (8) y (UE) n.o 181/2014 (9) de la Comisión fijan porcentajes de control de las medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión y las islas menores del Mar Egeo. Debido a las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, que afectan tanto a las regiones ultraperiféricas de la Unión como a las islas menores del mar Egeo, procede establecer excepciones a dichos Reglamentos extendiendo la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías como fuentes alternativas de pruebas en relación con los controles y mediante la adaptación de los porcentajes de realización de controles sobre el terreno de 2022. No obstante, con el fin de mantener el efecto preventivo de los controles de conformidad con los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 180/2014 y (UE) n.o 181/2014, debe mantenerse la obligación de aumentar el porcentaje de control con arreglo al artículo 59, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013. Por tanto, los Estados miembros que, en aplicación del artículo 59, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, estén obligados a incrementar el porcentaje de control en el año de solicitud de 2022 y decidan aplicar los porcentajes de control reducidos establecidos en el presente Reglamento, deben aplicar dichos incrementos por encima de los porcentajes de control reducidos.

(9)

El artículo 24 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 de la Comisión (10) establece que los Estados miembros deben controlar, incluso sobre el terreno, los criterios de reconocimiento de las organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas. Debido a las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, no procede efectuar en 2022 los controles sobre el terreno relativos a los criterios de reconocimiento.

(10)

El artículo 27, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 establece la muestra relativa a los controles sobre el terreno anuales que represente al menos un 30 % de la ayuda total solicitada. Debido a las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, es posible que los Estados miembros no puedan cumplir estos requisitos y, por tanto, en 2022 debe permitírseles llevar a cabo un porcentaje inferior de dichos controles.

(11)

El artículo 27, apartado 7, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 establece que las acciones ejecutadas en las explotaciones individuales de miembros de organizaciones de productores incluidas en la muestra mencionada en el artículo 27, apartado 2, de dicho Reglamento deben ser objeto, como mínimo, de una visita para verificar su ejecución. Debido a las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, es posible que los Estados miembros no puedan cumplir estos requisitos y, por tanto, en 2022 no deben estar sujetos a los requisitos relativos a la frecuencia de las visitas a las organizaciones de productores.

(12)

El artículo 29, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 establece que los controles de primer nivel de las operaciones de retirada deben abarcar el 100 % del volumen de cada uno de los productos retirados del mercado, con excepción de los productos destinados a la distribución gratuita, con respecto a los cuales, de conformidad con el artículo 29, apartado 3, de dicho Reglamento, los Estados miembros pueden efectuar los controles sobre un porcentaje menor, aunque no inferior al 10 % de los volúmenes de que se trate durante la campaña de comercialización de una determinada organización de productores. Debido a las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, es posible que los Estados miembros no estén en condiciones de cumplir este requisito y debe permitírseles en 2022 efectuar los controles sobre un porcentaje menor, aunque no inferior al 10 % de las cantidades de que se trate durante la campaña de comercialización de una determinada organización de productores, también en el caso de todos los demás productos retirados, independientemente del destino previsto.

(13)

Según el artículo 30, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, cada control debe incluir una muestra que represente al menos el 5 % de las cantidades retiradas por la organización de productores durante la campaña de comercialización. Debido a las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, es posible que los Estados miembros no puedan cumplir este requisito y debe permitírseles en 2022 utilizar muestras que representen al menos el 3 % de las cantidades retiradas por la organización de productores durante la campaña de comercialización de 2020.

(14)

Debido a las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, seguirá siendo difícil que los Estados miembros lleven a cabo en 2022 controles sobre el terreno de las solicitudes de ayuda anuales, controles de primer y segundo nivel de las operaciones de retirada y controles de la cosecha en verde y renuncia a efectuar la cosecha, tal como se establece en el artículo 27, apartados 2 y 7, el artículo 29, apartado 2, el artículo 30, apartado 3, y el artículo 31, apartados 1 y 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, respectivamente. Por consiguiente, debe permitirse a los Estados miembros que definan controles equivalentes a los controles sobre el terreno, como fotografías geoetiquetadas, fotografías fechadas, informes fechados de vigilancia con drones, controles administrativos o videoconferencias con los beneficiarios.

(15)

Debido a las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, seguirá siendo difícil que los Estados miembros realicen en 2022 controles sobre el terreno sistemáticos y por muestreo de las operaciones subvencionadas en virtud de los artículos 45 a 52 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11). Por consiguiente, debe introducirse una excepción a lo dispuesto en el artículo 32, apartado 1, y en el artículo 42, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión (12), como ya se hizo en relación con los ejercicios financieros de 2020 y 2021, también con respecto al ejercicio financiero de 2022 a fin de permitir a los Estados miembros definir controles equivalentes a los controles sobre el terreno sistemáticos, como fotografías fechadas, informes fechados de vigilancia con drones, controles administrativos o videoconferencias con los beneficiarios, y garantizar el cumplimiento de las normas aplicables a los programas de apoyo en el sector vitivinícola antes de efectuar los pagos.

(16)

También va a resultar difícil para los Estados miembros llevar a cabo, respecto del ejercicio financiero de 2022, en el plazo establecido en el artículo 43, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, los controles sobre el terreno sistemáticos de las operaciones de cosecha en verde que reciben ayuda en virtud del artículo 47 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. Por tanto, debe introducirse una excepción a fin de posponer la finalización de los controles hasta el 15 de septiembre de 2022.

(17)

El artículo 27, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274 de la Comisión (13) fija el número de muestras de uva fresca que han de tomarse de los viñedos durante el período de vendimia de la parcela en cuestión para la creación de la base analítica de datos isotópicos mencionada en el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2018/273 de la Comisión (14). En los casos en que las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 sigan impidiendo a los Estados miembros llevar a cabo dichos controles, debe permitírseles establecer una excepción respecto al número mínimo de muestras.

(18)

Según el artículo 31, apartado 2, letra b), del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274, los Estados miembros deben realizar anualmente controles sobre el terreno de al menos el 5 % de todos los viticultores identificados en el registro vitícola. Dado que las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 siguen haciendo muy difícil la realización de tales controles en varios Estados miembros productores de vino, este porcentaje debe reducirse para el año 2022. Por el mismo motivo, debe permitirse a los Estados miembros suspender temporalmente en 2022 los controles sobre el terreno sistemáticos contemplados en el artículo 31, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento que han de llevarse a cabo en superficies plantadas de vid que no estén incluidas en ningún expediente de explotación.

(19)

Con respecto a los programas de trabajo para sostener los sectores del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa, el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 615/2014 (15) de la Comisión contiene normas relativas a los controles sobre el terreno para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para la concesión de financiación de la Unión. Las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 pueden dificultar la realización de esos controles tal como exige el artículo 6 de dicho Reglamento. Procede, por tanto, ofrecer flexibilidad a los Estados miembros para que puedan sustituir los controles sobre el terreno en el año natural 2022 por controles alternativos.

(20)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 de la Comisión (16) relativo a las ayudas en el sector de la apicultura contiene normas sobre el seguimiento y los controles relacionados con la correcta ejecución de los programas apícolas nacionales, los gastos reales efectuados y el número correcto de colmenas notificadas por los apicultores. Según el artículo 8, apartado 3, de este Reglamento, los Estados miembros deben velar por que al menos el 5 % de los solicitantes de ayuda en el marco de los programas apícolas estén sujetos a controles sobre el terreno. Las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 pueden dar lugar a dificultades a la hora de realizar el número de controles sobre el terreno necesarios para alcanzar ese umbral. Procede, por tanto, dar flexibilidad a los Estados miembros permitiendo una excepción a este requisito. No obstante, dicha excepción no debe dar lugar a un aumento del riesgo de pagos indebidos. Por lo tanto, cualquier reducción del número de controles sobre el terreno ha de ser compensada, en la medida de lo posible, por controles alternativos.

(21)

Debido a las anteriores opciones de flexibilidad que se han ofrecido a los Estados miembros en los dos últimos años sobre el aumento de los porcentajes de control, es importante restablecer la norma original que tiene un efecto disuasorio significativo y aclarar el año que debe tenerse en cuenta para determinar el aumento del porcentaje de control de conformidad con el artículo 35 y los artículos 50, apartado 5, y 68, apartado 4, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 y el artículo 59, apartado 5, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1306/2013. A la vista de los posibles cambios introducidos por los Estados miembros en sus procedimientos de control tras la detección de incumplimientos, no se considera adecuado aplicar mecanismos correctores relativos a los incumplimientos detectados durante los controles relativos al año de solicitud 2019 y debe tenerse en cuenta el año más reciente. Por consiguiente, es necesario modificar los artículos 3, 5 y 6 del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/725.

(22)

Las excepciones a los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 809/2014, (UE) n.o 180/2014, (UE) n.o 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n.o 615/2014 y (UE) 2015/1368 previstas en el presente Reglamento deben permitir a los Estados miembros evitar retrasos en las medidas de control y en la tramitación de las solicitudes de ayuda, y, por lo tanto, que se acumulen retrasos en los pagos a los beneficiarios correspondientes al año 2022. Sin embargo, es fundamental que dichas excepciones no dificulten la correcta gestión financiera ni el requisito de un nivel suficiente de garantía. En consecuencia, los Estados miembros que se acojan a estas excepciones son responsables de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se eviten los pagos en exceso y que se incentive la recuperación de los importes indebidos. Además, el uso de estas excepciones debe estar cubierto por la declaración sobre la gestión contemplada en el artículo 7, apartado 3, párrafo primero, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 para los ejercicios financieros de 2022 y 2023.

(23)

A fin de garantizar la aplicación sin trabas de las medidas contempladas en el presente Reglamento que son necesarias para que los Estados miembros organicen campañas de control, respetando al mismo tiempo las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y aplicarse con carácter retroactivo de modo que los Estados miembros puedan aplicar las modificaciones previstas desde el principio de las respectivas campañas de control: las medidas incluidas en los capítulos I y II y en el capítulo III, secciones 3 y 4, deben aplicarse a partir del 1 de enero de 2022, correspondiente al año de solicitud en el sistema integrado de gestión y control o al año natural para las medidas de ayuda al desarrollo rural no relacionadas con la superficie ni con los animales y para las medidas en el sector vitivinícola; las medidas incluidas en el capítulo III, secciones 1 y 2, deben aplicarse a partir del 16 de octubre de 2021, correspondiente al ejercicio financiero, y las incluidas en el capítulo III, sección 5, deben aplicarse a partir del 1 de agosto de 2021, correspondiente a la campaña apícola.

(24)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de los Fondos Agrícolas, el Comité de Gestión de Pagos Directos, el Comité de Desarrollo Rural y el Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios.