(1)

Los Estados miembros se han visto afectados por la crisis derivada de las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia de COVID-19 de un modo que no tiene precedentes. La crisis dificulta el crecimiento en los Estados miembros, lo que a su vez agudiza la grave escasez de liquidez debida al incremento repentino y significativo de las inversiones públicas que se necesitan en los sistemas sanitarios de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías. La crisis también ha exacerbado la situación de las personas en riesgo de pobreza, reduciendo así la cohesión social en los Estados miembros. Además, el cierre de las fronteras interiores también ha tenido graves repercusiones en la cooperación económica, en especial en las zonas fronterizas, al afectar a los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo y a la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes). Ello ha generado una situación excepcional que es necesario abordar con medidas específicas, inmediatas y extraordinarias que incidan rápidamente en la economía real.

(2)

A fin de responder al impacto de la crisis, se modificaron los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 (4) y (UE) n.o 1303/2013 (5) del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), para permitir una mayor flexibilidad en la ejecución de los programas operativos financiados con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión (FC) (en conjunto, «Fondos»), y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). No obstante, dado que se agudizaron los graves efectos negativos en las economías y las sociedades de la Unión, ambos Reglamentos fueron modificados de nuevo mediante el Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). Esas modificaciones han proporcionado una mayor flexibilidad de carácter excepcional para permitir a los Estados miembros que puedan concentrarse en la necesaria respuesta a la crisis sin precedentes aumentando la posibilidad de movilizar los recursos no utilizados de los Fondos y simplificando los requisitos de procedimiento relativos a la ejecución y las auditorías de los programas.

(3)

El 23 de abril de 2020, el Consejo Europeo refrendó una «hoja de ruta para la recuperación» con el fin de reparar las enormes perturbaciones de la economía y mitigar, por un lado, las consecuencias sociales y económicas en la Unión derivadas de las restricciones excepcionales establecidas por los Estados miembros para contener la propagación de la COVID-19 y, por otro, el riesgo de una recuperación asimétrica, suscitado por los distintos medios de que disponen los Estados miembros a nivel nacional, lo que a su vez ha tenido graves repercusiones en el funcionamiento del mercado interior. La hoja de ruta para la recuperación tiene un fuerte componente de inversión e insta a la creación del Fondo Europeo de Recuperación. Además, y tal como reiteran las Conclusiones del Consejo Europeo de 21 de julio de 2020, encomienda a la Comisión que analice las necesidades con el fin de orientar los recursos hacia esos sectores y partes geográficas de la Unión más afectados, y aclara también el vínculo con el marco financiero plurianual para el período 2021-2027.

(4)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo (8) y dentro de los límites de los recursos en él asignados, deben aplicarse medidas de recuperación y resiliencia en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a fin de hacer frente al impacto sin precedentes de la crisis de la COVID-19. Esos recursos adicionales deben utilizarse para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento (UE) 2020/2094.

(5)

El presente Reglamento establece normas y disposiciones de ejecución referentes a los recursos adicionales aportados en calidad de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía. Debe ponerse a disposición a título de REACT-UE un importe excepcional adicional de hasta 47 500 000 000 EUR (a precios de 2018) para los compromisos presupuestarios de los Fondos Estructurales para los años 2021 y 2022, a fin de ayudar a los Estados miembros y las regiones que se han visto más afectados por la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales, y que están preparando una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (en lo sucesivo, «recursos REACT-UE»), con vistas a canalizar los recursos rápidamente hacia la economía real a través de los programas operativos existentes. Los recursos REACT-UE proceden del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea. A iniciativa de la Comisión, una parte de los recursos REACT-UE debe asignarse a la asistencia técnica. La Comisión debe establecer el desglose de los recursos REACT-UE para cada Estado miembro siguiendo un método de asignación basado en los últimos datos estadísticos objetivos disponibles sobre la prosperidad relativa de los Estados miembros y el alcance de los efectos de la crisis de la COVID-19 en sus economías y sociedades. Antes de la aplicación del método de asignación de los recursos REACT-UE para el año 2021 y para proporcionar apoyo a los sectores más importantes tras la crisis de la COVID-19 en determinados Estados miembros, debe asignarse un importe de 100 000 000 EUR y 50 000 000 EUR a Luxemburgo y Malta, respectivamente. El método de asignación debe incluir un importe específico adicional para las regiones ultraperiféricas, debido a la vulnerabilidad específica de sus economías y sociedades. A fin de reflejar la naturaleza cambiante de los efectos de la crisis de la COVID-19, el desglose debe revisarse en 2021 sobre la base del mismo método de asignación y utilizando los últimos datos estadísticos disponibles a 19 de octubre de 2021 para distribuir el tramo de recursos REACT-UE correspondiente a 2022.

(6)

Habida cuenta de la importancia de abordar el cambio climático de forma acorde con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los Fondos van a contribuir a integrar la dimensión climática y a alcanzar el objetivo global de que el 30 % de los gastos presupuestarios de la Unión se destine a objetivos climáticos. Se espera que REACT-UE contribuya con el 25 % de la dotación financiera global a los objetivos climáticos. Dada la naturaleza de REACT-UE como instrumento de reparación de la crisis y la flexibilidad que ofrece el presente Reglamento, incluida la ausencia de requisitos de concentración temática y la posibilidad de que los Estados miembros, según sus necesidades, destinen los recursos REACT-UE a apoyar operaciones FEDER o FSE, el nivel de las contribuciones de los Estados miembros a la aspiración de alcanzar ese objetivo puede diferir en función de las prioridades nacionales.

(7)

Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esas normas, que se establecen en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»), determinan, en particular, el procedimiento de establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratación pública, premios, ejecución indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(8)

A fin de que los Estados miembros dispongan de la máxima flexibilidad al adaptar las medidas de reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y al preparar una recuperación verde, digital y resiliente de sus economías, la Comisión debe establecer las asignaciones a nivel de los Estados miembros. Asimismo, debe preverse la posibilidad de utilizar cualesquiera recursos REACT-UE para reforzar la ayuda a las personas más desfavorecidas y a la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). Además, es necesario fijar límites máximos relativos a los importes asignados a la asistencia técnica por iniciativa de los Estados miembros, al mismo tiempo que se concede a estos la máxima flexibilidad para asignarlos dentro de los programas operativos financiados por el FEDER o el FSE. Debe mantenerse la fortaleza operativa del FSE cuando se asignen los recursos REACT-UE en los ámbitos de la política de empleo —en particular el empleo juvenil, en consonancia con el refuerzo de la Garantía Juvenil—, las capacidades y la educación, la inclusión social y la salud, poniendo un empeño especial en llegar a los grupos desfavorecidos y a los niños. Dado que se prevé que los recursos REACT-UE se gasten rápidamente, los compromisos vinculados a ellos solo deben liberarse al cierre de los programas operativos.

(9)

Dado que la pandemia de COVID-19 ha afectado de manera diferente a las regiones y municipios de los Estados miembros, la participación de los agentes regionales y locales de autoridades, interlocutores económicos y sociales y sociedad civil, de conformidad con el principio de asociación, es importante en la preparación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la reparación de la crisis que apoya la iniciativa REACT-UE.

(10)

También debe introducirse la posibilidad de que los recursos REACT-UE sean objeto de transferencias financieras entre el FEDER y el FSE en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo de conformidad con el artículo 25 bis del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. Esas transferencias no deben afectar a los recursos disponibles en el marco del objetivo de cooperación territorial europea ni a la asignación específica para la IEJ.

(11)

Con el fin de complementar las acciones ya disponibles en el ámbito de apoyo del FEDER, tal como lo amplían los Reglamentos (UE) 2020/460 y (UE) 2020/558, se debe seguir permitiendo a los Estados miembros utilizar los recursos REACT-UE principalmente para inversiones en productos y servicios para los servicios de salud, incluidos los servicios transfronterizos y la atención institucional o basada en la comunidad o la familia, para prestar apoyo en forma de capital circulante o de apoyo a la inversión para las pymes, incluido apoyo mediante asesoramiento, en particular en los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19 y que necesitan un revitalización rápida, como el turismo o la cultura, para inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital y verde, para inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos no discriminatorios a los ciudadanos, y para medidas de ayuda económica para las regiones más dependientes de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19. También debe fomentarse una cooperación, una coordinación y una resiliencia más sólidas en el ámbito de la salud. Asimismo, debe apoyarse la asistencia técnica. Conviene que los recursos REACT-UE se centren exclusivamente en el nuevo objetivo temático «Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía», que también debería constituir una prioridad única de inversión, a fin de permitir una programación y aplicación simplificadas de dichos recursos.

(12)

En el caso del FSE, los Estados miembros deben utilizar principalmente los recursos REACT-UE para apoyar el acceso al mercado de trabajo y los sistemas sociales, garantizando el mantenimiento del empleo, en particular mediante regímenes de reducción del tiempo de trabajo y el apoyo a los trabajadores por cuenta propia, los emprendedores y los profesionales independientes, los artistas y los trabajadores creativos. Los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares, en particular para los trabajadores por cuenta propia, tienen por objeto proteger a los trabajadores por cuenta propia y ajena contra el riesgo de desempleo, manteniendo el mismo nivel de condiciones de trabajo y empleo y, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, los salarios. Los recursos REACT-UE asignados a estos regímenes se deben utilizar exclusivamente para apoyar a los trabajadores. En el contexto de las actuales circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia de COVID-19, debe existir la posibilidad de prestar apoyo a regímenes de reducción del tiempo de trabajo para los trabajadores por cuenta propia y ajena, incluso cuando dicho apoyo no se combine con medidas activas del mercado laboral, a menos que tales medidas vengan impuestas por el Derecho nacional. Esa regla también debe aplicarse de manera uniforme a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo que hayan recibido apoyo de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1303/2013, en su versión modificada por los Reglamentos (UE) 2020/460 y (UE) 2020/558 a raíz de la crisis de la COVID-19, y que sigan recibiéndolo en el marco de la prioridad de inversión específica «Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía». El apoyo de la Unión a esos regímenes de reducción del tiempo de trabajo debe estar limitado en el tiempo.

(13)

También debe apoyarse la creación de puestos de trabajo y el empleo de calidad, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad, así como las medidas de inclusión social y erradicación de la pobreza. Las medidas de fomento del empleo juvenil deben ampliarse en consonancia con el refuerzo de la Garantía Juvenil. Deben preverse inversiones en educación, formación y desarrollo de capacidades, incluido el reciclaje y el perfeccionamiento profesionales, en particular para los grupos desfavorecidos. Debe fomentarse la igualdad de acceso a los servicios sociales de interés general, también para los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, las minorías étnicas y las personas sin hogar.

(14)

Además, los Estados miembros deben seguir prestando especial atención a los habitantes de las regiones rurales, fronterizas, menos desarrolladas, insulares, montañosas, escasamente pobladas y ultraperiféricas y de las zonas afectadas por la transición industrial y la despoblación, y cuando sea adecuado destinar los recursos REACT-UE a prestarles apoyo.

(15)

Dado que el cierre temporal de las fronteras entre los Estados miembros ha planteado graves problemas a las comunidades y las empresas transfronterizas, procede permitir a los Estados miembros que también dediquen recursos REACT-UE a los programas transfronterizos existentes en el marco del objetivo de cooperación territorial europea.

(16)

A fin de garantizar que los Estados miembros dispongan de suficientes medios financieros para aplicar rápidamente las medidas de reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de sus economías, es necesario proporcionar un nivel más elevado de pago de la prefinanciación inicial para que las acciones apoyadas por los recursos REACT-UE se ejecuten con rapidez. La prefinanciación inicial que deba pagarse ha de garantizar que los Estados miembros dispongan de medios para realizar pagos por adelantado a los beneficiarios cuando sea necesario y para abonarles los reembolsos con prontitud tras la presentación de las solicitudes de pago.

(17)

Los Estados miembros deben poder asignar los recursos REACT-UE a nuevos programas operativos específicos en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo o a nuevos ejes prioritarios dentro de los programas existentes en el marco de los objetivos de inversión en crecimiento y empleo y de cooperación territorial europea. A fin de permitir una ejecución rápida, para los nuevos programas operativos específicos solo se deben poder especificar autoridades que ya hayan sido designadas para los programas operativos existentes con cargo al FEDER, al FSE o a Fondo de Cohesión. No debe exigirse una evaluación ex ante a los Estados miembros y deben limitarse los elementos necesarios para la presentación del programa operativo a la aprobación de la Comisión.

(18)

Los recursos REACT-UE deben utilizarse de conformidad con los principios de desarrollo sostenible y de «no ocasionar daños», teniendo en cuenta el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Asimismo, la igualdad entre hombres y mujeres, la transversalidad de la dimensión del género y la integración de la perspectiva de género deben tomarse en consideración y promoverse a lo largo de la ejecución de los programas operativos.

(19)

Con el fin de aliviar la carga que pesa sobre los presupuestos públicos en relación con la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía, el gasto en operaciones debe ser subvencionable desde el 1 de febrero de 2020 y los Estados miembros deben tener la posibilidad excepcional de solicitar la aplicación de un porcentaje de cofinanciación de hasta el 100 % para los distintos ejes prioritarios de los programas operativos que reciben apoyo de los recursos REACT-UE.

(20)

Si bien es importante garantizar que el 31 de diciembre de 2023 siga siendo la fecha final de subvencionabilidad para el período de programación 2014-2020, debe quedar claro que durante 2023 aún se pueden seleccionar operaciones para recibir apoyo.

(21)

Al objeto de garantizar la continuidad en la ejecución de determinadas operaciones apoyadas por los recursos REACT-UE, deben aplicarse las disposiciones de ejecución escalonada de un reglamento por el que se establezcan disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados.

(22)

En consonancia con las medidas específicas de flexibilidad en respuesta al brote de COVID-19 incorporadas al Reglamento (UE) n.o 1303/2013 por el Reglamento (UE) 2020/558, también debe ser subvencionable el gasto en operaciones concluidas materialmente o íntegramente ejecutadas que favorezcan la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparen una recuperación verde, digital y resiliente de la economía y reciban apoyo en el marco del correspondiente nuevo objetivo temático, siempre que las operaciones de que se trate se hayan iniciado desde el 1 de febrero de 2020.

(23)

A fin de que los Estados miembros puedan movilizar rápidamente los recursos REACT-UE dentro del período de programación actual, está justificado eximir a los Estados miembros, con carácter excepcional, de la obligación de cumplir las condiciones ex ante y los requisitos relativos a la reserva de rendimiento y a la aplicación del marco de rendimiento, los relativos a la concentración temática, también en relación con los umbrales establecidos para el FEDER en materia de desarrollo urbano sostenible, y los requisitos de elaboración de una estrategia de comunicación para los recursos REACT-UE. No obstante, es necesario que los Estados miembros realicen al menos una evaluación, a más tardar el 31 de diciembre de 2024, sobre la eficacia, la eficiencia, el impacto y la inclusividad de los recursos REACT-UE, así como el modo en que estos han contribuido a lograr el nuevo objetivo temático específico. Para facilitar la disponibilidad de información comparable a escala de la Unión, debe exigirse a los Estados miembros que utilicen, cuando sea pertinente, los indicadores específicos de programa relativos a la COVID-19 que la Comisión ha dispuesto. Además, en el ejercicio de sus responsabilidades en materia de información, comunicación y visibilidad, los Estados miembros y las autoridades de gestión deben fomentar la visibilidad de las medidas y recursos excepcionales aportados por la Unión, garantizando especialmente que los beneficiarios potenciales, los beneficiarios, los participantes, los destinatarios finales de los instrumentos financieros y el público en general sean conscientes de la existencia y el volumen de los recursos REACT-UE y del apoyo adicional que estos proporcionan.

(24)

A fin de permitir que los recursos REACT-UE se destinen a las zonas geográficas donde más se necesiten, como medida excepcional y sin perjuicio de las normas generales para la asignación de los recursos de los Fondos Estructurales, no debe exigirse que los recursos REACT-UE asignados al FEDER y al FSE se desglosen por categoría de región. No obstante, se espera de los Estados miembros que tengan en cuenta las distintas necesidades y niveles de desarrollo de cada región a fin de garantizar que el apoyo encuentre un equilibrio entre las necesidades de las regiones y ciudades más afectadas por las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y la necesidad de prestar especial atención a las regiones menos desarrolladas, en consonancia con los objetivos de la cohesión económica, social y territorial establecidos en el artículo 174 del TFUE. Los Estados miembros también deben involucrar a las autoridades locales y regionales, así como a los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil y los interlocutores sociales, de conformidad con el principio de asociación.

(25)

Salvo en los casos en que el presente Reglamento establezca excepciones, los gastos en el marco de REACT-UE deben estar sujetos a las mismas obligaciones y garantías que el conjunto de la financiación de la cohesión. Estas obligaciones y garantías comprenden el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como la aplicación de medidas eficaces para combatir el fraude con el apoyo de las agencias de lucha contra el fraude existentes al nivel de los Estados miembros y de la Unión, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y, en su caso, la Fiscalía Europea.

(26)

Cuando se adoptan medidas para proteger el presupuesto de la Unión, es esencial salvaguardar adecuadamente el interés legítimo de los destinatarios y beneficiarios finales.

(27)

Con el fin de facilitar las transferencias autorizadas por las modificaciones introducidas en el marco del presente Reglamento, no debe aplicarse a esas transferencias la condición establecida en el artículo 30, apartado 1, letra f), del Reglamento Financiero en relación con la utilización de créditos para el mismo objetivo.

(28)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, responder al impacto de la crisis de la COVID-19 introduciendo medidas de flexibilidad en el ámbito de la concesión de ayudas con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efectos de la acción propuesta, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(29)

Dada la urgencia de la situación relacionada con la pandemia de COVID-19, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(30)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en consecuencia.

(31)

El artículo 135, apartado 2, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (10) establece que las modificaciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo (11) o la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo (12) que se adopten en la fecha de entrada en vigor de dicho Acuerdo o con posterioridad a ella no se han de aplicar al Reino Unido en la medida en que dichas modificaciones incidan en las obligaciones financieras del Reino Unido. El apoyo previsto en el presente Reglamento para 2021 y 2022 se financia mediante un aumento del límite máximo de los recursos propios de la Unión, lo que afectaría a las obligaciones financieras del Reino Unido. Por consiguiente, el presente Reglamento no debe aplicarse al Reino Unido ni en su territorio.