31.7.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 200/46

(1)

El título IV de la tercera parte del Tratado constituye la base jurídica para la adopción de legislación comunitaria en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil.

(2)

La cooperación judicial en materia civil entre los Estados miembros y terceros países se ha regido tradicionalmente por acuerdos entre los Estados miembros y terceros países. Estos acuerdos, que son numerosos, reflejan a menudo vínculos especiales entre un Estado miembro y un tercer país y tienen por objeto proporcionar un marco jurídico adecuado a las necesidades específicas de las partes interesadas.

(3)

El artículo 307 del Tratado exige que los Estados miembros recurran a todos los medios apropiados para eliminar cualquier incompatibilidad entre el acervo comunitario y los acuerdos internacionales celebrados entre Estados miembros y terceros países. Lo anterior puede implicar la necesidad de renegociar tales acuerdos.

(4)

Para proporcionar un marco jurídico adecuado a las necesidades de un determinado Estado miembro en sus relaciones con un tercer país, puede que también exista una necesidad manifiesta de celebrar nuevos acuerdos con terceros países sobre materias relacionadas con la justicia civil que estén incluidas en el ámbito de aplicación del título IV de la tercera parte del Tratado.

(5)

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas confirmó que la Comunidad ha adquirido competencia exclusiva para celebrar un acuerdo internacional como el Convenio de Lugano con terceros países sobre materias que afectan a las normas establecidas en el Reglamento (CE) no 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (2) («Bruselas I»).

(6)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Tratado, corresponde a la Comunidad celebrar acuerdos entre la Comunidad y terceros países en materias que sean competencia exclusiva de la Comunidad.

(7)

El artículo 10 del Tratado exige que los Estados miembros faciliten el cumplimiento de la misión de la Comunidad y se abstengan de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del Tratado. Esta obligación de cooperación leal es de aplicación general y no depende de si la competencia de la Comunidad es o no exclusiva.

(8)

En relación con los acuerdos con terceros países sobre determinadas materias de justicia civil que son competencia exclusiva de la Comunidad, debe establecerse un procedimiento coherente y transparente para autorizar a un Estado miembro a modificar un acuerdo existente o negociar y celebrar un nuevo acuerdo, en particular cuando la propia Comunidad no haya manifestado su intención de ejercer su competencia externa para celebrar un acuerdo mediante un mandato de negociación ya existente o previsto. Este procedimiento debe aplicarse sin perjuicio de la competencia exclusiva de la Comunidad y de las disposiciones de los artículos 300 y 307 del Tratado. Debe considerarse una medida excepcional y tener carácter temporal y alcance limitado.

(9)

El presente Reglamento no debe aplicarse si la Comunidad ya ha celebrado con el tercer país de que se trate un acuerdo sobre la misma materia. Únicamente debe considerarse que dos acuerdos tratan sobre la misma materia cuando regulen en cuanto al fondo las mismas cuestiones jurídicas concretas. No debe considerarse que abordan una misma materia aquellas disposiciones que se limiten a una declaración general de intenciones de cooperar respecto a dichas cuestiones.

(10)

El presente Reglamento también debe aplicarse a determinados acuerdos regionales a los que se hace referencia en actos jurídicos comunitarios vigentes.

(11)

A fin de garantizar que un acuerdo previsto por un Estado miembro no priva de eficacia al Derecho comunitario ni socava el buen funcionamiento del sistema por él establecido, o que no socava la política de relaciones exteriores de la Comunidad que esta haya decidido, el Estado miembro de que se trate debe notificar a la Comisión sus intenciones con vistas a obtener la autorización tanto para iniciar o continuar negociaciones oficiales sobre un acuerdo, como para celebrar. Tal notificación debe efectuarse por carta o en soporte electrónico. Debe contener toda la información y la documentación pertinentes que permitan a la Comisión evaluar el impacto previsto del resultado de las negociaciones sobre el Derecho comunitario.

(12)

Debe evaluarse si existe un interés suficiente para la Comunidad en celebrar un acuerdo bilateral entre esta y el tercer país de que se trate o, cuando proceda, en sustituir un acuerdo bilateral existente entre un Estado miembro y un tercer país por un acuerdo de la Comunidad. Para ello, todos los Estados miembros deben ser informados de cualquier notificación recibida por la Comisión relativa a un acuerdo que un Estado miembro tenga intención de celebrar, con el fin de permitirles manifestar su interés asociándose a la iniciativa del Estado miembro que realice la notificación. Si de dicho intercambio de información resultase un suficiente interés para la Comunidad, la Comisión debe considerar la posibilidad de proponer un mandato de negociación con vistas a la celebración de un acuerdo entre la Comunidad y el tercer país de que se trate.

(13)

Si la Comisión solicita información adicional de un Estado miembro en relación con su evaluación en cuanto a si dicho Estado miembro debe ser autorizado para iniciar negociaciones con un tercer país, dicha solicitud no debe afectar a los plazos en los que la Comisión debe adoptar una decisión motivada sobre la solicitud de dicho Estado miembro.

(14)

Cuando autorice el inicio de negociaciones oficiales, la Comisión debe poder proponer, de ser necesario, directrices de negociación o pedir la inclusión de determinadas cláusulas en el acuerdo previsto. Durante las distintas fases de las negociaciones debe mantenerse plenamente informada a la Comisión en la medida en que las materias tratadas correspondan al ámbito de aplicación del presente Reglamento y debe autorizarse su participación en calidad de observadora en las negociaciones relativas a estas materias.

(15)

Cuando notifiquen a la Comisión su intención de iniciar negociaciones con un tercer país, solo debe exigirse a los Estados miembros que le comuniquen los elementos pertinentes para la evaluación que aquella ha de llevar a cabo. La autorización de la Comisión y cualquier posible directriz de negociación o, en su caso, la negativa de la Comisión deben referirse únicamente a materias que correspondan al ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(16)

Se debe informar a todos los Estados miembros de cualquier notificación dirigida a la Comisión sobre los acuerdos previstos o negociados, así como de toda decisión motivada adoptada por la Comisión en el marco del presente Reglamento. No obstante, dicha información debe cumplir plenamente los posibles requisitos de confidencialidad.

(17)

La Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo debe velar por que cualquier información declarada confidencial se trate conforme al Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (3).

(18)

Cuando, sobre la base de su evaluación, prevea no autorizar el inicio de negociaciones oficiales o la celebración de un acuerdo negociado, la Comisión, antes de adoptar su decisión motivada, debe emitir un dictamen a la atención del Estado miembro interesado. En caso de denegación de la autorización para celebrar un acuerdo negociado, dicho dictamen también debe presentarse al Consejo y al Parlamento Europeo.

(19)

A fin de garantizar que el acuerdo negociado no constituye un obstáculo para la ejecución de la política exterior comunitaria en materia de cooperación judicial en materia civil y mercantil, dicho acuerdo debe prever bien su denuncia total o parcial, cuando se celebre un acuerdo posterior entre la Comunidad o entre esta y sus Estados miembros, por una parte, y el mismo tercer país, por otra, sobre la misma materia, bien la sustitución directa de las disposiciones correspondientes del acuerdo por las disposiciones de ese acuerdo posterior.

(20)

Deben establecerse medidas transitorias que contemplen aquellas situaciones en las que, en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, un Estado miembro ya haya iniciado el proceso de negociación de un acuerdo con un tercer país, o haya concluido las negociaciones pero todavía no haya expresado su consentimiento para quedar vinculado por el acuerdo.

(21)

Para garantizar que se ha adquirido suficiente experiencia en la aplicación del presente Reglamento, la Comisión no debe presentar un informe sobre tal aplicación antes de que hayan transcurrido ocho años desde su adopción. En este informe, y en el ejercicio de sus prerrogativas, la Comisión debe confirmar el carácter transitorio del presente Reglamento o examinar si ha de ser sustituido por un nuevo reglamento que cubra las mismas materias o incluya asimismo materias específicas que sean competencia exclusiva de la Comunidad y se rijan por otros instrumentos comunitarios.

(22)

Si el informe presentado por la Comisión confirma el carácter temporal del presente Reglamento, los Estados miembros deben todavía poder notificar a la Comisión, después de la presentación del informe, las negociaciones en curso o ya anunciadas con vistas a la obtención de autorización para el inicio de negociaciones oficiales.

(23)

De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del Tratado, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar su objetivo.

(24)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(25)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y, por tanto, no está vinculada por este ni sujeta a su aplicación.

a)

un acuerdo bilateral entre un Estado miembro y un tercer país;

b)

los acuerdos regionales a que se refiere el artículo 59, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 2201/2003, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, apartado 2, letra c), y apartado 3, de dicho Reglamento y en el artículo 69, apartado 3, del Reglamento (CE) no 4/2009.

a)

que el Estado miembro de que se trate haya facilitado información que muestre su interés particular en celebrar el acuerdo debido a vínculos económicos, geográficos, culturales, históricos, sociales o políticos que le unen al tercer país de que se trate;

b)

que, a la luz de la información facilitada por el Estado miembro, quepa considerar que el acuerdo previsto no privará de eficacia al Derecho comunitario ni socavará el buen funcionamiento del sistema por él establecido;

c)

que el acuerdo previsto no atente contra el objeto y la finalidad de la política de relaciones exteriores de la Comunidad que esta haya decidido.

a)

la denuncia total o parcial del acuerdo en caso de celebración de un acuerdo posterior entre la Comunidad, o la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y el mismo tercer país, por otra, sobre la misma materia, o

b)

la sustitución directa de las disposiciones pertinentes del acuerdo por las disposiciones de un acuerdo celebrado posteriormente entre la Comunidad, o la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y el mismo tercer país, por otra, sobre la misma materia.

a)

cumple las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, letra b);

b)

cumple la condición establecida en el artículo 4, apartado 2, letra c), en la medida en que se den circunstancias nuevas y excepcionales respecto de tal condición, y

c)

cumple el requisito en virtud del artículo 5, apartado 2.

a)

confirmar que es oportuno que el presente Reglamento caduque en la fecha determinada con arreglo al artículo 14, apartado 1, o bien

b)

recomendar que el presente Reglamento sea sustituido a partir de esa fecha por un nuevo reglamento.